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Privatizar el bienestar

En los últimos días han abundado los debates sobre si los niveles de pobreza y desigualdad disminuyeron entre 2018 y 2022, si lo hicieron ¿en cuánto? y, en su caso, ¿por qué?  

Para unos la reducción de los índices de pobreza por ingresos de 49.9%   a 43.5% es decir, de 61.8 a 56.1 millones de personas, así como de pobreza extrema de 14.0 % a 12.1% que bajó 17.3 a 15.5 millones de personas (CONEVAL) son prueba de que las políticas del gobierno de la 4T han sido un éxito, a pesar de la pandemia vivida.

Señalan que los buenos resultados, son producto de los aumentos en los salarios mínimos y las políticas laborales, incluyendo la reducción del outsourcing; los programas de transferencias monetarias directas, en particular la pensión para adultos mayores, y los proyectos de inversión en el Sureste del país: Dos Bocas, Tren Maya y el Transístmico que generan empleo e ingresos en estados pobres.

Los críticos señalan que los programas de transferencias monetarias directas tienen un impacto muy pequeño en la reducción de la pobreza medida por ingresos (menos del 2%).

Reconocen que si ésta se mide por carencias de acceso a derechos, se observa una pequeña disminución en los índices de pobreza total pero ninguna en los de pobreza extrema.  Por ejemplo, en la medición de la pobreza multidimensional se encuentra un incremento de 16.2% a 39.1% de las personas con carencia de acceso a los servicios de salud lo que significa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas entre 2018 y 2022. Se señala que esto se debe al fracaso de la transición del Seguro Popular a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Además, con datos de la OCDE, muestran que el por ciento del Producto Interno Bruto dedicado a la política social no ha variado y que está muy por debajo del que se observa en otros países como son Costa Rica, Chile o Colombia. Además, que la proporción del gasto social dirigido a las transferencias monetarias directas ha aumentado en contra de la que se destina a los servicios públicos sociales como son los de salud y educación.

Es indudable que los aumentos a los salarios mínimos han mejorado de manera importante, al menos en 20 %, los ingresos de las familias que viven fundamentalmente de la venta de su fuerza de trabajo y que se encuentran en los estratos más bajos de ingreso. Fue ese aumento lo que permitió reducir las carencias en materia de alimentación pues esta necesidad se cubre comprando alimentos en el mercado privado. No existen programas públicos de provisión de alimentos, ni tampoco de control de precios de alimentos. Posiblemente también permitió el mayor gasto de las familias en medicamentos y en servicios de salud privados.

El problema es que el gobierno no tiene la capacidad ni el interés, de vigilar la calidad,  los precios, ni el tipo de productos y servicios que ofrecen los mercados privados a la población como son los alimentos ultra-procesados o los servicios de médicos de las farmacias.

Es el camino neoliberal a una privatización del bienestar, como ya ocurrió con la producción de viviendas: en lugar de ser un derecho ahora es una mercancía.

Franquicias sociales ante la nueva ola de inversiones industriales

Sería una ingenuidad esperar que en México los gobiernos y las nuevas empresas prevean y realicen las inversiones requeridas para atender las necesidades de servicios sociales de las personas trabajadoras y sus familias, que se movilizarán en busca de empleos e ingresos, ante la relocalización industrial que está teniendo lugar.

Por años hemos atestiguado la insuficiencia de los servicios públicos de salud, educación, transporte y de infraestructura urbana como calles pavimentadas, drenaje, distribución de agua, así como la falta de mantenimiento de los existentes. Con los cambios de gobiernos programas sociales que daban alguna esperanza como las escuelas de tiempo completo, la recuperación de espacios públicos, las estancias infantiles, de prevención de las violencias, han sido abandonados.  

Hemos vivido con la esperanza de que el Estado provea servicios de salud, educación, seguridad social, energía y acceso al agua de calidad con cobertura universal o al menos, para quienes no pueden acceder con sus propios recursos. Con cada cambio de gobierno nuestras expectativas se ven frustradas.

Las tendencias de los últimos tiempos parecen apuntar hacia rumbos distintos. Se trata del surgimiento de una serie de iniciativas de servicios sociales que son realizados por entes privados a bajo costo, para las poblaciones de menores recursos.

Un ejemplo son los consultorios adyacentes a las farmacias que proporcionan el nivel básico de salud, tan abandonado por los gobiernos. Dan una atención rápida y cercana, a cambio de comprar los medicamentos en la farmacia correspondiente.   En 2021 proporcionaron una de cada cinco consultas médicas en el país.

Otro ejemplo son los servicios de Salud Digna que incluyen consultas médicas, lentes, estudios de imagen y de laboratorio a precios muy accesibles. Existen más de 170 en 80 ciudades en México.

Nada que ver con las cadenas privadas que aprovechan el mercado de las poblaciones pobres ofreciendo una variedad de productos chatarra y servicios financieros abusivos para despojarlas de sus precarios ingresos.

Frente a la incapacidad y el desinterés de larga data, mostrado por el Estado mexicano para ampliar el presupuesto y mejorar la calidad y la disponibilidad de servicios sociales públicos ¿será posible que empresas socialmente responsables desarrollen otros servicios sociales accesibles y de calidad para combatir la enorme desigualdad que prevalece en el país?

En ese propósito podrían crearse sinergias interesantes entre organizaciones civiles, sociales y comunitarias y agentes desarrolladores de modelos de atención, bajo un formato de franquicias sociales. Su debida puesta en práctica, sus precios y su funcionamiento sería vigilado por mecanismos de contraloría ciudadana, frente a la destrucción intencionada de capacidades de regulación del Estado.

Colaboraciones semanales con el Instituto Mexicano de la radio

  1. COVID19. Frente a la pandemia trabajemos juntos en armonía (22 abr 2020).
  2. La irresponsabilidad personal, la ignorancia y los riesgos de fatiga ante el COVID19 (06 may 2020).
  3. Los estragos del COVID-19 en la realización del derecho a la salud en México (20 may 2020).
  4. COVID19 y la crisis del estado (03 jun 2020).
  5. Aprendizajes derivados de la pandemia sobre la importancia de recuperar el protagonismo del Estado (16 jun 2020).
  6. Urge una política de Estado en materia de prevención social de las violencias y la delincuencia (01 julio 2020).
  7. La elección de cuatro consejeros para el Consejo General de INE (15 jul 2020).

 

 

Comentarios de Clara Jusidman Rapoport al Cuaderno de Transparencia Núm. 19 del IFAI.

El acceso a la información en la sociedad de consumo: de la comida chatarra a los productos milagro. Autor: Alejandro Calvillo UNNA

El Cuaderno de Transparencia que hoy se presenta, elaborado por Alejandro Calvillo Unna es un texto muy claro, bien estructurado y de una gran calidad didáctica que introduce al lector en los vericuetos y alianzas bajo las que operan las grandes empresas de alimentos industrializados y las comercializadoras de productos milagro en nuestro país. Muestra asimismo las insuficiencias, omisiones y complicidades de las autoridades que conllevan al sistemático engaño hacia los consumidores, vulnerando su derechos al nivel más alto de salud y a la información.

El autor describe de manera clara y contundente como la actuación de estos agentes económicos provoca efectos nocivos en la salud de los mexicanos e induce grandes cambios en la cultura alimentaria nacional que se inician con un condicionamiento y desarrollo de hábitos, preferencias e incluso adicciones, en la infancia mediante la publicidad tramposa que utiliza premios y regalos y crea vínculos afectivos de los niños con las marcas mediante el uso de personajes reales y ficticios.

No es gratuito señala Calvillo que nuestro país ocupe el primer lugar mundial en materia de obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer -y yo agregaría el creciente número de alergias- están relacionadas con el consumo de alimentos procesados con elevados contenidos de azucares libres, sal, grasa saturadas y ácidos grasos de tipo trans.

El texto adopta como eje conductor de su exposición el derecho a la información de los consumidores en México e incluye una gran cantidad de ejemplos concretos tanto del país como de otros lugares y de organismos internacionales involucrados en la salud y la alimentación.

En ese propósito se analiza la importancia de la disponibilidad de información mediante el etiquetado de los productos para que las personas tomen decisiones adecuadas; el desarrollo de legislación y de normas para que los productores tengan información sobre los parámetros a los que deberán apegar sus procesos de producción y su publicidad, supuestamente para evitar daño a las personas e informarlas adecuadamente; aborda también el importante campo de la publicidad tomado como un importante mecanismo de divulgación de información.

Destaca el uso distorsionado y obscuro de información que hacen los productores en etiquetas y publicidad para inducir al consumo de alimentos procesados y de productos milagro y la insuficiencia de la legislación y de las autoridades regulatorias para modificar conductas reiteradas que claramente atentan contra el bienestar de las personas. Muestra como legislación “sin dientes” por lo bajo de sus multas, permite esas conductas violatorias reiteradas y al fin, la burla a las autoridades y a la población.

Podríamos decir que el autor prueba como la disponibilidad de información sobre los productos procesados que comemos a diario es no sólo insuficiente e inaccesible, sino incluso mentirosa, atribuyendo a los productos promocionados beneficios al consumidor que nunca se demuestran. Utiliza para ello los ejemplos de los jugos y de los panes integrales, dos productos que se publicitan y se han incorporado a los hábitos alimentarios como saludables y convenientes, siendo que en realidad están llenos de azúcares y de harinas refinadas y resultan altamente riesgosos. El caso de las margarinas que son el mejor ejemplo de los ácidos grasos de tipo trans, representa otro de los grandes mitos sobre alimentos saludables mencionados por el autor. No se digan los productos milagro a través de cuya venta Genoma Lab una empresa mexicana, ya está vendiendo abalorios en 14 países.

El texto publicado por el IFAI es un testimonio muy bien sustentado sobre los trágicos resultados en la salud de los mexicanos de la reforma neoliberal de Estado iniciada a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Esta reforma se confrontó en los ochenta con las instituciones y programas construidos durante la vigencia en nuestro país del inconcluso Estado de Bienestar, protagónico y proveedor. Se consolidó en la década de los noventa con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y fue asumida y profundizada por los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.

Desde la mirada que nos ofrece el autor sobre el acceso a la información en la sociedad de consumo con énfasis en alimentos procesados y en productos milagro se puede documentar lo que ha venido ocurriendo en muchos otros sectores de la economía real del país y las consecuencias de las reformas neoliberales en el bienestar de la población.

Queda clara la forma como se han venido articulando la alianza entre los intereses económicos de las grandes empresas de alimentos procesados y comercializadoras de productos milagro con las empresas televisoras y de publicidad, donde el Estado incluyendo al Congreso, a las autoridades de economía y en menor medida a las de salud y educación han sido en el mejor de los casos omisas y complacientes, pero con mayor frecuencia cómplices, en tanto que los ciudadanos hemos mostrado una sistemática incapacidad para organizarnos y ejercer nuestro poder como consumidores.

La avidez y la codicia insaciables de los grandes intereses económicos se juntan con la irresponsabilidad, corrupción e ineficacia de muchos servidores públicos y legisladores, frente a la pasividad y el desinterés de la población.

La crisis de obesidad, sobrepeso y agregaría malnutrición, que hoy enfrentamos y que de acuerdo al Dr. Calvillo tiene a las autoridades de salud en una situación crítica que se prevé empeore en los próximos años, es una ejemplo de lo que podríamos llamar violencia estructural construida y ejercida por las élites económicas y políticas del país a lo largo de muchas décadas en una sociedad profundamente desigual, donde incluso las asimetrías entre productores se hacen evidentes.

Sin estridencias el Cuaderno de transparencia que hoy presentamos muestra con gran claridad los mecanismos y procesos mediante los cuales a través de la información, las grandes empresas de alimentos procesados y las comercializadoras de productos milagro colocan el interés de la ganancia por encima de la salud de las personas y como el Estado ha sido anuente a esta situación.

El ejemplo que relata el autor sobre la Ley Federal de Metrología y Normalización promulgada en 1992 en el Gobierno de Carlos Salinas en los años previos a la firma del TLC y la institucionalidad que derivó de su instrumentación, es emblemático de esto que estoy denominando la reforma neoliberal de Estado. En síntesis condujo a que los regulados fueran los que definieran los términos de la regulación, es decir, la iglesia en manos de Lutero.

En la década previa la Secretaría de Comercio y recuerdo muy bien a la entonces directora de normas, Consuelo Sáez, desarrolló un enorme esfuerzo para meter orden en el desarrollo de normas técnicas para la regulación de la producción, procesamiento y comercialización de diversos productos industriales. Me tocó participar como directora del desparecido Instituto Nacional del Consumidor.

El esfuerzo que estaba haciendo Consuelo era tratar por una parte, de acabar con las asimetrías en el desarrollo de normas debida a la presencia en los comités respectivos de representantes de las grandes empresas trasnacionales. Estos representantes estaban más interesados en introducir estándares de producción en las normas que llevaran a la salida del mercado de sus competidores nacionales medianos y pequeños.

El esfuerzo desde la Secretaria de Comercio trataba también de recuperar el protagonismo y la responsabilidad del Estado como ente regulador y promover con ello la protección de los consumidores. Fue la época en que se introdujeron las normas ISO-9000.

Este enorme esfuerzo fue tirado por la borda cuando tres de los cuatro jinetes de la apocalipsis neoliberal: Carlos Salinas, Pedro Aspe y José Córdova, lograron apoderarse de la presidencia de la República y bajo el pretexto de la negociación del TLC se empeñaron con éxito en destruir, desarticular y reducir a su mínima expresión al Estado mexicano y dentro de ello, sus ya de por si precarias capacidades y responsabilidades de regulación de las relaciones entre lo que ahora se llama actores no estatales. Estas intervenciones de regulación eran consideradas por esos personajes como hasta la fecha ocurre, obstáculos para la libertad de los mercados cuya mano invisible se encargaría de poner todas las cosas en su lugar.

De este modo se revirtieron los esfuerzos en materia de normatividad de la década de los ochenta y los comités correspondientes fueron entregados a los grandes intereses económicos que siempre han obstaculizado todo esfuerzo por meterlos en cintura y moderar sus enormes ganancias, ejerciendo el cohecho, las amenazas y las represalias a los servidores públicos,

Aura bien, el autor concentra su análisis sobre el acceso a la información en un tramo de la cadena alimentaria, fundamentalmente el de procesamiento o industrialización de alimentos; posiblemente la opacidad informativa es aún mayor en otros tramos de la misma cadena donde hasta la fecha no hemos desarrollado suficientemente las obligaciones y las modalidades para que los productores y los comerciantes nos alleguen información a los consumidores.

Así muchos de los que consideraríamos alimentos naturales, no procesados, están siendo producidos con la intervención de sustancias y procesos fisicoquímicos que provocan alteraciones en su calidad y contenido. Desde la aplicación de la ingeniería genética en la producción de semillas transgénicas, pasando por la utilización de fertilizantes y agroquímicos, hormonas, antibióticos, colorantes y alimentos industrializados para producir granos, frutas, vegetales, carnes y pescados, los métodos naturales de cultivo y producción de alimentos han sido sustituidos por modelos industriales de producción masiva y controlada que alteran a veces, muy fuertemente, la calidad y naturaleza del producto final.

Hasta la fecha no he visto una etiqueta en un pollo extrañamente amarillo que me explique que le dieron de comer, que medicamentos le aplicaron y como lo estresaron para que tuviera ese tamaño y ese color. Ni tampoco encuentro que en los empaques de barbero o de blanco del Nilo me aclaren qué alimentos les dieron al ser cultivados y que medicamentos pusieron en los estanques. Pero sería aún mejor si me informaran de los riesgos que corro como consumidor vía la ingesta indirecta de hormonas, antibióticos, colorantes, plaguicidas, etc.

Otras cajas negras respecto de la información que recibimos como consumidores, son los tramos de distribución y comercialización de alimentos y el de elaboración y venta de alimentos preparados. Pensamos inocentemente que o los productores y comercializadores son lo suficiente inteligentes como para no envenenarnos de manera rápida, aunque lo hacen de manera lenta y sostenida, o que las autoridades regulatorias agroalimentarias y sanitarias funcionan eficientemente evitando riesgos para la población.

Para terminar reconozco y agradezco al IFAI y al Dr. Calvillo el esfuerzo que hacen en este Cuaderno de transparencia número 19 al proporcionarnos elementos sobre un ámbito tan importante del derecho a la información como es el que se relaciona con aquello que ingerimos todos los días.

Les agradezco también la invitación porque me hizo recordar los tiempos en que como funcionaria pública me dediqué a construir institucionalidad y desarrollar capacidades en lo público para lograr una mejor protección de los derechos de los consumidores en nuestro país, particularmente en materia de alimentos. He sido testigo a lo largo de los años de la destrucción de políticas, programas e instituciones relacionadas con la alimentación de los mexicanos considerada ésta no como una dádiva derivada de programas asistenciales sino como uno de nuestros derechos humanos.