Me da mucho gusto participar en este evento para conformar LA COALICIÓN CIUDADANA DEMOCRACIA Y MEDIOS: La telecracia no es democracia, una convocatoria de AMEDI para que un mayor número de personas y organizaciones exijamos a la clase política que controla los poderes del Estado que se libere de la subordinación, extorsión y amenazas del duopolio televisivo, lleve a cabo un cambio de política pública en materia de telecomunicaciones y promulgue las leyes que amplíen el acceso de otros actores a los servicios de radio y televisión, reconozcan y fortalezcan los medios públicos y comunitarios y regulen el funcionamiento del sector de telecomunicaciones en beneficio de todos los mexicanos.

Se trata también de mostrar a las poderosas empresas televisoras que la ciudadanía está harta de los daños que causan, de las enormes ganancias que obtienen y del poder de hecho que detentan. La democracia en el país se encuentra obstaculizada por la concentración de los medios de comunicación, por la pésima calidad de sus contenidos y por las limitaciones que imponen a la expresión y al encuentro de la diversidad social, económica, étnica, generacional y territorial.

 

 

En este contexto quisiera usar mi intervención para contar brevemente un episodio de esta vieja lucha por la democratización de los medios de comunicación, conocido por muchos de los presentes, pero me parece útil recordarlo por el momento de la historia del cambio democrático en que tuvo lugar. Quiero también señalar las consecuencias sociales que derivan del poder del duopolio televisivo y del enorme daño que causa a nuestra convivencia.

Hace diez años en 2002, un grupo de organizaciones civiles, expertos y académicos nos avocamos a desarrollar una propuesta del Ley de Radio y Televisión conscientes de que para los partidos políticos resultaba muy difícil hacer y promover una propuesta de democratización de los mismos por la subordinación que tenían y siguen teniendo respecto del duopolio televisivo, y que podría resumirse en algo así como “enfrentárseles es suicidarse políticamente”.

Reconocíamos además que ni la Secretaría de Gobernación entonces a cargo de Santiago Creel, ni la presidencia de la República tenían un compromiso verdadero con la transición democrática del país y que no se esforzarían por promover las reformas de Estado tan necesarias para desarmar la institucionalidad del régimen autoritario que vivimos por setenta años.

 

 

Las mesas para la reforma del Estado montadas por la SEGOB después de la entrada del PAN a la presidencia, no eran más que simulaciones para mediatizar los ánimos democratizadores que motivaban a muchas organizaciones y personas. Pero la señal de que todo había cambiado para quedar peor como hemos visto en estos doce años, fue el famoso beso de Martha Sahagún a Bernardo Gómez alto funcionario de TELEVISA después del acuerdo donde el Estado Mexicano cedía a las televisoras tiempos de Estado que servían para difundir información del sector público.

Lamentablemente y contra todo lo esperado, los gobiernos panistas poco han hecho para que la democracia sea percibida por los mexicanos como un mejor régimen político y además, nos han conducido a una situación de emergencia nacional por vía de la guerra declarada contra el narcotráfico.

A pesar del esfuerzo realizado por cuatro senadores Corral, Bartlett, Vicencio y ………. para promover una reforma legislativa que democratizara los medios de comunicación, la poderosa telebancada encabezada por Emilio Gamboa en el Senado de la República, la negativa de la fracción del PRI para apoyar la nueva legislación, la tibieza del Poder Ejecutivo y la sistemática presión, amenaza y extorsión que ejercen las empresas televisoras sobre legisladores y servidores públicos, condujo en 2005 a la aprobación de una contrareforma en materia de radio y televisión diseñada desde el área jurídica de Televisa.

 

 

De entonces a la fecha los beneficios del gobierno hacia las empresas televisoras han continuado avanzando y a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia para modificar varios artículos de la Ley Televisa, el Congreso ha sido omiso. Fuera de la reforma electoral del 2007-2008, el Congreso ha sido anuente al aumento del poder de las televisoras.

Sé que este es sólo un pequeño y conocido fragmento de una histórica batalla y que antes y después ha habido diversos esfuerzos para acabar con ese enorme poder de hecho. El papel de AMEDI ha sido fundamental en este propósito en los últimos años.

A estas alturas de nuestra frustrada democracia, como consecuencia de las omisiones, la corrupción, el miedo y la subordinación del gobierno federal y de las cúpulas y fracciones partidarias tenemos un engendro imparable que violenta impunemente las leyes. Utiliza a sus ejércitos de abogados para destruir vidas, arrebatar propiedades y cometer fraudes financieros como lo ha hecho el Sr. Ricardo Salinas, ejemplo de la mala ética privada en el país, o que como es el caso de TELEVISA construye y promueve candidatos a la presidencia del país, tiene capturadas diversas áreas del Estado y concentra y controla el negocio del deporte y del entretenimiento y con ello la vida y destino de miles de personas que se ocupan en estos sectores.

Pero lo que quisiera destacar en esta intervención es el enorme costo social que para el país ha significado la concentración privada de los medios de comunicación electrónica por más de cincuenta años.

Estoy convencida que muchos de los síntomas graves de esto que estamos llamando emergencia nacional tienen que ver con construcciones históricas perversas que como sociedad hemos tolerado y dejado que ocurran y que además se han acelerado a partir del modelo de liberación del mercado y reducción del Estado, vigente en el país desde hace 30 años.

En esas construcciones históricas perversas los medios electrónicos han contribuido de manera destacada. Son causa eficiente de la obesidad y malnutrición, de la normalización de la violencia, de la ruptura de tejido social y la creciente individuación y del consumismo como forma de realización personal.

Los medios de comunicación junto con las familias, la escuela y los grupos de pares son los agentes de socialización de las personas. Son agentes que transmiten la cultura a los nuevos seres humanos que se incorporan a las sociedades: influyen en la alimentación, en la forma de hablar y decir las cosas, en la forma de resolver los conflictos, en los modelos de cortejo y relación con otros, en la forma de relacionarnos con el medio ambiente, entre otras muchas cosas.

Los medios son una herramienta fundamental de la cultura y la civilización actual y es para México una verdadera desgracia que paulatinamente hayan quedado en las manos de empresarios privados cuya calidad moral es muy cuestionable y que los gobiernos y los poderes legislativos hayan renunciado a su función reguladora y a su obligación de proteger los derechos de todos y todas frente a las intervenciones de terceros.

Los medios electrónicos no están interesados ni comprometidos con la formación de seres humanos dignos, responsables, conscientes, críticos. Su objetivo es convertirnos a todos en consumidores acríticos.

Al hacer uso de los conocimientos más actualizados de la psicología nos colocan modelos aspiracionales de consumo, de comportamiento y nos proponen ídolos. Ellos nos establecen el deber ser y alimentan con ello las conductas violentas para alcanzar esos modelos, ante una sociedad tan profundamente desigual y excluyente como la nuestra.

Para la sociedad mexicana representa una alto costo y tiene consecuencias graves las miles de horas que los niños, las niñas y los adolescentes pasan frente a las llamadas “cajas idiotas” con una programación insulsa, de pésima calidad y malintencionada para convertirlos en consumidores desde pequeños y en votantes dóciles de adultos.

 

Construyamos la Coalición Cuidadana Democracia y Medios y demos la bienvenida a esta lucha al movimiento de los jóvenes universitarios. Harían una enorme contribución a la historia de este país si lograran la ruptura del duopolio privado de los medios de comunicación, obligando a los poderes del Estado mexicano a cumplir sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos de todas y todos y entre ellos el derecho al acceso al conocimiento y a los desarrollos tecnológicos y científicos más actualizados. el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.