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La integración de la Asamblea Constituyente de la CDMX

La integración de la Asamblea Constituyente de la CDMX.

Clara Jusidman.

El 15 de septiembre pasado tomaron protesta los diputados y diputadas de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Con una integración cuestionada de origen y definida  en la Reforma Política del Distrito Federal aprobada en febrero pasado, la Asamblea quedó integrada por 100 personas: 60  elegidas por listas de partidos en junio pasado con una votación de sólo el 28% de la lista nominal de electores de la Ciudad y 40  designados por poderes ya constituido: 28 por las Cámaras del Congreso, 6 por el Presidente de la República y otros 6 por el Jefe de Gobierno de la Ciudad.

La integración final de la Asamblea Constituyente nada tiene que ver con la distribución de las preferencias electorales de los habitantes de la Ciudad de México. Veamos qué ha pasado.

Sin incluir la filiación partidista de los designados por el Jefe de Gobierno y por el Presidente y al distribuir por partidos a los designados por las Cámaras de Senadores y de Diputados, Morena contará con 22 diputados, el PRD con 23, el PAN con 15 y el PRI y sus partidos satélite con 24, dos más pertenecen al Movimiento Ciudadano. Hay un sólo diputado independiente.

Al agregar los designados por Mancera y Peña Nieto a pesar de las triquiñuelas introducidas en la Reforma Constitucional en la conformación de la Asamblea, es muy probable que la izquierda cuente con 54 representantes, el PRI y sus aliados con 30 y el PAN con 15.

Las protestas expresadas por Morena respecto de la integración final de la Asamblea se sustentan en la enorme desconfianza que se tiene respecto de los manejos parlamentarios del PRI. Tres hechos relacionados con la Asamblea lo prueban: en primer lugar 20 diputaciones de las 30 que tienen del PRI y sus aliados se obtuvieron por la vía de las designaciones del Congreso y del Presidente. Un segundo hecho se relaciona con la distribución de asientos en la antigua sede del Senado donde el PRI y sus aliados ocupan los asientos colocados en medio de sala, exactamente enfrente del presídium, en tanto que los diputados y las diputadas de Morena fueron enviados casi a la galería. El tercer hecho fue la enorme habilidad del PRI para conseguir un representante entre los designados por el Presidente, para que fungiera como presidente de la Junta Instaladora de la Asamblea, posición que recayó en la persona de Augusto Gómez Villanueva.

En este momento 12 de los integrantes de la Asamblea están discutiendo el reglamento que regirá sus trabajos, seguramente encontraremos más sorpresas donde el PRI, un partido claramente minoritario en la Ciudad de México, buscará imponer su control. Sería una pena que lo lograra en un proceso tan valorado por la ciudadanía activa y organizada de la Ciudad y tan importante para sus habitantes.

No obstante que ya existe un Proyecto de Constitución para la Ciudad que fue entregado por el Dr. Mancera al instalarse la Asamblea, los poderes de hecho,  frecuentemente acogidos por los partidos políticos, buscarán conservar sus privilegios y avanzar en el usufructo de la plusvalía y de los ingresos que se generan en la Ciudad. Tendremos que estar muy alertas.

Carta al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong sobre el nombramiento de Arturo Escobar

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Septiembre 10,2015

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong                                      

Secretario de Gobernación

Presente

Sr. Secretario:

Incide Social A.C. es una organización que desde hace más de diez años ha venido investigando las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en México. Iniciamos con el análisis de la situación social de Ciudad Juárez en el año 2003, con motivo de los frecuentes feminicidios que ocurren en esa ciudad.

A partir de nuestro trabajo de investigación nos queda claro que la existencia de un floreciente mercado de drogas, armas y personas con Estados Unidos y Europa es una causa global que incide en la tragedia humanitaria que estamos viviendo en México. Ello además frente a un modelo económico vigente en nuestro país desde hace más de treinta años, que ha sido incapaz de ofrecer condiciones de ingreso y de movilidad a los millones de jóvenes que se han incorporado a la vida activa en ese mismo lapso.

Estos jóvenes son víctimas y muchos de ellos también victimarios, de lo que podríamos considerar una fábrica social de seres humanos fracasada, que no ha sabido cumplir su función principal de ofrecer una vida digna a sus integrantes y que está por lo tanto, generando personas en condiciones de miseria, inseguridad, mala educación, pobre salud, ninguna perspectiva de futuro y lo más triste, con una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y del respeto a la integridad del otro. Eso porque ellos mismo no han sido respetados, no son considerados como seres humanos valiosos e irrepetibles, han sido usados y desechados,  ponen el cuerpo para defender la vida privilegiada de los sectores de altos ingresos o los territorios y mercados de los señores del crimen organizado.

Hemos sido una organización que ha pugnado por una política de prevención social de las violencias y la delincuencia que, sin sustituir una política certera y correcta de seguridad pública donde sea requerida, si buscara ofrecer oportunidades y generar capacidades personales, familiares y comunitarias para evitar que el cáncer de la violencia y del crimen organizado continuara esparciéndose en el territorio.

Vimos con gran interés y entusiasmo la decisión del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de colocar como una de sus prioridades, el llevar a cabo un Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; sabíamos que éste no podía sustituir las intervenciones necesarias en materia de seguridad pública, pero abría una esperanza de que finalmente se asumía la prevención social como una política de Estado.

Observamos la estrategia adoptada en la materia en el PRONAPRED, que se centra en la prevención secundaria, atendiendo a poblaciones en riesgo en polígonos de alta peligrosidad; cuestionamos lo limitado y riesgoso de una estrategia de prevención centrada en territorios que más bien requerían ser rescatados de situaciones de violencia crónica; también cuestionamos la selección de los polígonos y hemos permanecido atentos a la evolución del aprendizaje de los servidores públicos que fueron responsabilizados de dar inicio a este cambio de política. Fuimos una de las organizaciones no convocadas a la construcción de la estrategia de prevención; permanecimos observando y dando tiempo.

Entendimos que siendo algo nuevo había necesidad de desarrollar capacidades estatales para ponerlo en marcha; superar por ejemplo, la corrupción en el uso y ejercicio de los recursos públicos de prevención social y en general de seguridad, que pasan por las manos de gobiernos  municipales profundamente corruptos y que llevó al desarrollo de toda una plataforma para controlar diariamente el ejercicio de los recursos.

Sólo apenas hace unos meses nos buscaron de la Subsecretaría y empezamos a tratar de aportar lo que hemos aprendido en materia de prevención, principalmente sobre los factores de riesgo contextuales y los factores precursores, detonadores y de contención de las violencias.

Pero en este momento estamos absolutamente alarmados y sorprendidos ante la designación de Arturo Escobar como nuevo subsecretario del área de la secretaría de Gobernación encargada del ámbito de la prevención social del delito. Son varias preguntas que nos hacemos y que le formulamos a usted:

¿Por qué a mediados de la administración de gobierno se designa a una persona que no sabe  del tema de prevención social,  de seguridad pública,  de crimen organizado, de delitos o violencia?

¿Por qué suponen que una persona del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) que ha hecho gala de conductas ilegales, violando sistemáticamente la ley, puede hacerse  cargo de un programa que promueve la cultura de la legalidad como necesidad para fundar nuevas relaciones sociales?

¿Por qué una persona del PVEM que ha promovido la pena de muerte, la reducción de la edad penal, la cadena perpetua y  otras medidas de corte absolutamente fascista y autoritario, va a poder entender la complejidad y la delicadeza de los que significa reconstruir confianza, solidaridad, relaciones pacíficas, respeto a la vida y a la dignidad?

¿Por qué una persona que jamás ha sido servidor público podrá conducir las responsabilidades que significan operar un programa tan complejo, que demanda de articulaciones de varios niveles de gobierno, de varias secretarias y de varios actores no gubernamentales?

¿Por qué tomar esta decisión en un ámbito donde nos urge como país, desarrollar capacidades estatales sustentables para empezar a cambiar lastres que se han venido acumulando y que nos han llevado al enorme deterioro social donde la vida, la integridad y la libertad de las personas son constantemente vulneradas?

¿Por qué en fin, se toma  una decisión tan inapropiada, tan destructiva, tan absurda en un ámbito donde se intentaba hacer algo nuevo, algo diferente y que parecía ser una de las políticas emblemáticas y privilegiadas por esta administración?

Como personas interesadas en la cuestión pública, como ciudadanas y ciudadanos que contribuimos con el pago de nuestros impuestos y tratamos de aportar para mejorar la calidad de nuestra convivencia, expresamos nuestro rotundo rechazo a este inesperado nombramiento.

Nos negamos a que nuestros impuestos sean usados para retribuir a un personaje que no cuenta con los méritos, ni la capacidad para la función que se le está encomendando y que es además  representante de un partido político que debería haber perdido su registro  por las constantes violaciones a la Ley.

Agradecemos su atención y  su respuesta a nuestras preguntas.

Atentamente

 

María Enriqueta Cepeda Ruiz                             Clara JusidmanRapoport

Directora Ejecutiva                                              Presidenta Honoraria y Fundadora

Pronunciamiento sobre el nombramiento de Arturo Escobar

Organizaciones-civiles

Jueves 17 de septiembre de 2015.

 

 

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto

Sr. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong

 

¿Por qué se designó a Arturo Escobar como subsecretario de prevención y participación ciudadana en la Secretaría de Gobernación?

 

  • Arturo Escobar es la antítesis del funcionario que se requiere para un programa tan complejo como el de Prevención del Delito y la Participación Ciudadana.
  • Arturo Escobar y el PVEM representan la cultura de la ilegalidad, el clientelismo, el oportunismo y el desprecio por la vida, la justicia y  la libertad.
  • Han promovido medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua y la reducción de la edad penal.
  • Exigimos se revoque su designación

 

Somos organizaciones de la sociedad civil y personas que hemos dedicado nuestro trabajo  a construir y desarrollar políticas, programas y acciones  destinadas a crear y fomentar capacidades personales, familiares, comunitarias y estatales para prevenir con herramientas sociales y culturales, la expansión de las violencias y la delincuencia en nuestro país. Hacemos investigación, formulamos propuestas de política, atendemos y trabajamos directamente con mujeres, juventudes, adolescentes, niños y niñas en distintas regiones del país; defendemos los derechos humanos de la población y de los defensores de derechos humanos. Acompañamos a víctimas y promovemos el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

 

Estamos convencidas que la ruptura de la convivencia pacífica de manera tan violenta y generalizada en el territorio nacional a partir de 2008, que ha provocado tantos miles de víctimas, de homicidios dolosos, de desapariciones forzadas, de desplazamiento;  tanto sufrimiento, tanta desesperanza y tanta impotencia, tiene causas estructurales derivadas de la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación. Fue detonada por la incapacidad del Estado para ejercer su obligación de brindar protección y seguridad a la población frente al crecimiento del crimen organizado y el auge de los mercados de droga, armas y personas.

La “Guerra contra las drogas” iniciada por Felipe Calderón sólo sirvió para atizar la violencia, para evidenciar los niveles de destrucción de las capacidades estatales en materia  de seguridad y justicia, así como la complicidad entre agentes del Estado, crimen organizado y empresas del mercado,  provocando la  indefensión y subordinación de  las y los ciudadanos frente a los poderes de hecho.

 

Estamos convencidas que las intervenciones para disminuir la violencia basadas en policías, militares y capacidad de fuego han demostrado su insuficiencia y generan  enormes daños: más muertos, más personas desaparecidas, más personas discapacitadas, más huérfanos y un aumento de la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y hacia las instituciones del Estado en general.

 

 

Hemos sostenido desde hace varios años la necesidad de que el Estado mexicano lleve a cabo una política  amplia e integrada en materia de prevención de las violencias y la delincuencia; una política que ataque las causas estructurales y que permita desarrollar las capacidades de contención o de resiliencia en las personas, las familias, las comunidades y el Estado en todos sus niveles y poderes, además de atender a los grupos en mayor riesgo y buscar medidas para mitigar situaciones de violencia crónica y reintegrar socialmente a aquellos que de víctimas se convirtieron en victimarios.

 

La aceptación de una política y un programa de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia desde el inicio de la actual administración fue una grata sorpresa para nuestras organizaciones. Ofrecimos nuestro conocimiento y experiencia,  algunas fuimos convocadas, otras estuvimos a la expectativa viendo como al menos, la nueva Subsecretaría creada para llevar a cabo esta política atraía a algunas personas que habían participado en buenas prácticas en distintas regiones del país. Observamos también como varias organizaciones que tenían influencia en la política de seguridad “dura” empezaron a transitar hacia el paradigma de prevención social. Vimos como en estos tres años la Subsecretaría fue teniendo aprendizajes, recuperó esfuerzos anteriores  y empezó a crear herramientas para enfrentar algunos de los obstáculos que nosotros ya habíamos advertido.  Teníamos esperanza en la construcción de una capacidad estatal tan necesaria y urgente para revertir la expansión de la cultura de la guerra, de la violencia, de la corrupción, de las complicidades y de la impunidad.

 

Y ahora resulta  que es precisamente esa cultura la que por vía del nombramiento de Arturo Escobar como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana se va a hacer cargo primero de destruir lo que con tanto esfuerzo se había venido construyendo  y después  seguramente, se dedicará a impulsar medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua, la reducción de la edad penal, la criminalización de las juventudes, así como a utilizar los recursos del PRONAPRED para pagar complicidades, crear clientelas, aprovechar de manera patrimonial los recursos y principalmente, posponer por varios años la posibilidad de realmente avanzar en prevención social de las violencias y la delincuencia.

Porque Arturo Escobar y su partido el Verde Ecologista Mexicano, eso es lo que representan: la cultura de la ilegalidad, la corrupción, el clientelismo, el oportunismo, la simulación   y el desprecio por la vida,  la justicia y  la libertad.

 

Por ello las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación se revoque el nombramiento de Arturo Escobar para la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

 

Arturo Escobar no conoce de la materia, no es un servidor público confiable, no practica los principios éticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana.

 

Espacio Social para el Diálogo Estratégico:Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C., Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Cauce Ciudadano, A. C., Iniciativa Ciudadana yDesarrollo Social, INCIDE Social, A.C., Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A. C., Organización Popular Independiente A.C., RIRIKI, Intervención Social S.C.,Sin Fronteras IAP,Spatium Libertas A.C.

 

Organizaciones de la Sociedad Civil

24 horas sin violencia A.C., 24-0 México, Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C., AFLUENTES SC,Afrodescendencias en México, A.C., Alarbo, A.C., Alconsumidor, A.C., Alianza por los Derechos de la Mujer en el Estado de México, ArsSocialis, A.C., Asamblea Popular de Familias Migrantes, Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad A.C., Barzón Chihuahua, Barrio Activo, A.C., Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia AC), CASLOMA, A.C., Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, CEFIMEX, Centro Ciudadano de Estudios y Evaluación de Políticas Públicas A.C., Centro Cultural el Faro A.C., Centro de Análisis y Formación de Capacidades S.C., Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos de la Infancia A.C., Centro de Atención a la Mujer Trabajadora A.C., Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria, O.P.», A.C., Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., Centro de Estudios Ecuménicos, Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social, A.C., Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo CIPE, Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A. C., Centro Terapéutico Vista, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. CADHAC, Circo Volador, A.C., Colectiva Ciudad y Género, AC., Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (COMEMIRE), Comité Médico Ciudadano de Cd. Juárez, Consejo Masónico del Estado de Michoacán, A.C.,ConArte!, Consorcio Oaxaca, A.C.,Copevi Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C., DECA Equipo Pueblo, A.C., Educación y Ciudadanía, Escuela Latinoamericana de Actoria Social Juvenil, Espacio Libre Independiente Marabunta,ENLACE, Comunicación y Capacitación A.C., El Grupo Saltimbanqui, El Instituto de Investigación y Práctica Social, El Valor como Deporte Universal A.C., Episteme A.C., Familias Diversas A.C., FIAN México, Formación y Habilitación Down´s A.C., Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P., FUNDEM región de centro, GENDES, A.C., Grupo de Educación Popular con Mujeres GEM, Grupo de Mujeres de SanCristóbal las Casas, A. C, Grupo Espacio Siete, Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A. C. GIMTRAP, Grupo Observa Ciudadan@, Hermosa A.C., Inclusión, Género y Ciudadanía A.C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C., Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, A. C., Instituto Galileo de Innovación Educativa A.C., Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario. A.C. (IMDEC), Investigación, Organización, Acción Comunitaria Altepetl, A.C., Lupa Ciudadana, Morritos, A.C., Mujeres en Movimiento, A.C., Mujeres, Democracia y Ciudadanía A.C., Observa los Medios A.C., Observatorio Ciudadano CERO Trata, Observatorio de los Derechos de las y los Jóvenes Ojo Ambulante, Observatorio Género Violencias y Derechos Humanos,Pensamiento No Delinque, Proyecto Teatro Ensamble (Agrupación teatral), Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de San Luis Potosí, Red Internacional de Migración y Desarrollo, Red por la Participación Ciudadana A.C., Red por los derechos de la infancia en Cd. Juárez, REDGE, Red Retoño de Prevención Social de la Delincuencia Organizada, Salud, Arte y Educación, A.C.,Servicios Educativo de Promoción Familiar A.C., SinCeraSer A.C., Sociedad Cultural “Miguel Hidalgo”, A.C., Sociedad de Estudiantes de El Colegio de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ZihuameMochilla A. C.

 

Personas

Adriana E. Ibarra Loya, Adriana Luna Parra, Aidé García Hernández, Alberto Athie, Alberto Aziz Nassif, Alberto J. Olvera Rivera, Alberto Serdán Rosales, Alejandra Balduvin Álvarez, Alicia Rubio, Alma Gómez Caballero, Alma Irene Nava Bello, Ana María Salazar Sánchez, Ana Stern, Ana Zagury, Andrea Rendón, Antonio Medina Trejo, Antonio Yunez Naude, Araceli Burguete, Araceli Burguete Cal y Mayor, Araceli Díaz Wood, Arturo Villegas, Carlos Alberto Cruz Santiago, Carlos Alberto Zetina Antonio, Carmen Farías Campero, Catalina A. Denman, Cecilia Castro G., Ciria Gómez Lacuona, Clara Jusidman, Claudia Castello Rebollar, Claudia Cruz Santiago, Consuelo Morales E., Dan González Ortega, Daniel Gershenson, Denise Dresser, Dinorah López, Edna Jaime, Eduardo Albarrán Oscós, Eduardo González Ortega, Elena Azaola Garrido, Elio Villaseñor Gómez, Elsa Conde, Elsa Jiménez Larios, Elsa María Arroyo Hernández, Elvia R. Martínez Medrano, Emma González, Enrique Calderón Alzati, Eric Eduardo Bravo Gutiérrez, Erika I. Llanos Hernández, Ernesto Camou Healy, Eugenia Mata, Eugenio Anguiano Roch, Fátima Patricia Hernández Alvizo, Felipe Alatorre Rodríguez, Fernando Hernández, Flavio Lazos G., Flor de Luz Castilla P., Francisca Jiménez Barrientos, Francisco Javier Camas Reyes, Gabino Gómez Escárcega, Gabriela Delgado, Gabriela Rodríguez, Gloria Ramírez, Guadalupe Cruz Cárdenas, Guadalupe Marina Burgos Jiménez, Guadalupe Ordaz Beltrán, Guadalupe Rodríguez Gómez, Héctor Bialostozky,Héctor Castillo Berthier, Hilda de la Vega Cobos, Ingrith Carreón, Irma Saucedo, Isabel Sepúlveda, Ismael Acosta García, Iván Alonso Torres, Iván Orellana Mejía, Jacobo Dayán, Jesús Cantú, Jesús Robles Maloof, Jorge Cerpa Velázquez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, José Bautista Farías, José Luis Hernández Palmerin, José Luis Manzo Ramírez, José Manuel Zorrilla Ríos, José Merino, Juan Machín, Juan Pedro Barbosa García, Juan Villoro, Laura Adriana Godínez Esparza, Laura Alvarado Castellanos, Laura Breña Huerta, Laura Carrera, Laura Martínez Rodríguez, Leticia Chavarría, Lilia Monroy Limón, Lilian Chapa, Koloffon, Lorenzo Meyer, Lucha Castro, Lucia Melgar, Luis F. Pérez Torner, Luz Lozoya, Luz Rosales Esteva, Ma. De Lourdes Alemán Cadena, Magda Coss, Magdalena Villarreal, Manuel Arriaga Chimal, Manuel Canto, Marcela Andrea Godínez Esparza, Marco Villa, María Concepción Sánchez Ávila, María Cristina Safa Barraza, María Elena Martínez Carranza, María Enriqueta Cepeda Ruiz, María Eugenia de Alba, María Eugenia Suarez de Garay, María González Valencia, María Guadalupe Pérez Vázquez, María Isabel Martínez Rocha, María Luisa Cabral Bowling, María Luisa Rubio González, Maricarmen Morales Méndez, Mariclaire Acosta, Marta Lamas, Martha Gpe. Figueroa Mier, Martha Delia González, Mauricio de Máría y Campos, Miguel Concha Malo, Moisés Domínguez, Mónica del Val Locht, Mónica Rivas, Montserrath Gheno Vázquez, Nahela Becerril, Nancy Pérez García, Nashieli Ramírez, Norma Alicia Del Río Lugo, Olgalina Franco Jarquin, Olivia, Tena Guerrero, Paloma Bonfil S., Paola Contreras, Patricia Chavero Gómez, Pepe Frank, Perla, Aparicio Nieto, Pilar Puertas, Rafael Reygadas Robles Gil, Rafael Rodríguez Castañeda, Raúl Bretón Salinas, Raúl Ramírez Baena, Rene Torres-Ruiz, Renée de la Torre, Ricardo Castañeda, Roberto Eibenschutz, Rocío Mejía Flores, Rodolfo García Zamora, Rogelio Córdova  Nava, Rogelio Gómez Hermosillo M., Rogelio Marcial, Rossana Reguillo, Samuel Jiménez Juárez, Sandra Alejandra Romero Torres, Sara Román Esquivel, Sara San Martín R, Saúl Escobar Toledo, Sergio Aguayo,Sergio Ramírez Caloca, Silvia Gómez Tagle, Sofía Irene Córdova Nava, Susana Lerner Sigal, Teresa Zorrilla Palomar.

Ideas que animan al encuentro cívico (X Encuentro Cívico Iberoamericano )

 

La idea central que anima a este X Encuentro Cívico Iberoamericano es tratar de encontrar una forma para generar un verdadero y fructífero diálogo entre los gobiernos de Iberoamericana y sus sociedades civiles organizadas: verdadero en el sentido de superar simulaciones y lograr abrir la capacidad de escucha y mutuo aprendizaje entre los dos actores, en este caso los gobiernos por una parte y las organizaciones de la sociedad civil por la otra; fructífero en el propósito de que ese diálogo beneficie y mejore las condiciones de vida y bienestar de los millones de iberoamericanos que enfrentan la persistente desigualdad, la exclusión, la discriminación y agudas condiciones de pobreza.

Es en razón de esto último que para las discusiones del Foro Cívico se ha decidido situar los ámbitos sociales seleccionados para la Cumbre de Presidentes referidos a la educación y la cultura como dos poderosas herramientas para enfrentar los graves problemas de desigualdad y exclusión, mismos que han impedido crear sociedades cohesionadas, justas y solidarias en la región. No se quiso asumirlos fundamentalmente como ámbitos que permiten a los individuos ser más productivos, competitivos y eficientes para que logran insertarse con capacidades aumentadas en los mercados de bienes y servicios cuya liberación desde hace cerca de 35 años, fue presentada como el camino al desarrollo y a la modernidad. En realidad la supuesta liberación de los mercados ha sido acompañada por una sostenida devaluación del trabajo humano y de los ingresos que derivan de su venta, propiciando una profundización de la desigualdad y la exclusión.

La educación bajo esta última lógica ha ido perdiendo su papel de formadora de seres humanos para la vida colectiva y para la realización plena de las personas para pasar a ser considerada principalmente como transmisora de capacidades técnico-productivas y como credencial para ingresar a los mercados de trabajo.

Por su parte, la cultura en su más amplio sentido, ha permanecido como un ámbito del quehacer humano que puede relegarse en la agenda pública, destinándosele cada vez menos recursos de los presupuestos gubernamentales, cuando su fomento contribuye al reconocimiento de la diversidad social, a revalorar los saberes que subyacen en la cotidianeidad y a la recreación del tejido social.

Se trata entonces repito en este Encuentro Cívico de recuperar el valor de la educación y de la cultura como dos poderosos instrumentos para enfrentar la desigualdad, la exclusión, la discriminación e incluso las violencias y la delincuencia que afectan la vida de muchas comunidades en la región.

Es en razón de esto último que se decidió que el propósito del encuentro fuera dialogar sobre la innovación social que surge en las organizaciones civiles para la educación y la cultura dirigida a contribuir a la inclusión y a la igualdad.

La globalización y los desarrollos tecnológicos están generando un cambio de época en donde existe una disonancia entre los arreglos sociales e institucionales y la velocidad de los cambios que están ocurriendo en el acceso a información y conocimiento, en las comunicaciones, en la movilidad y en las relaciones entre seres humanos.

Las familias, las escuelas, las relaciones entre pares y los medios de comunicación como agentes socializadores de los seres humanos están experimentando transformaciones muy intensas por el cambio de los contextos tecnológicos, económicos, sociales, culturales y políticos.

La institucionalidad pública tiene una muy escasa capacidad para adecuarse a la velocidad requerida por las transformaciones que se están dando en las sociedades de la región iberoamericana y en ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil por su flexibilidad, tamaño y permanente contacto con las realidades cambiantes en las comunidades, se constituyen en agentes de detección temprana de esos cambios y tienen mayores posibilidades para el desarrollo de innovaciones sociales que potencien los aspectos positivos de los cambios y atenúen sus efectos negativos.

En razón de ello es que el X Encuentro Cívico busca detectar, rescatar y visibilizar esa capacidad de innovación social de las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos de educación y cultura, en especial la que coadyuva a disminuir las brechas de desigualdad y contribuye a la inclusión social, con el fin de generar evidencia para que los gobiernos de los países la tomen en cuenta y la incorporen en sus políticas y programas públicos.

Además se considera indispensable encontrar las rutas concretas en tiempo y forma, que permitan que esas innovaciones sociales sean incorporadas y escaladas en la gestión de los gobiernos iberoamericanos mediante su sistematización, intercambio, adecuación a distintos contextos y en su caso, su mejora.

Reconocer las capacidades de innovación social de las organizaciones de la sociedad civil por parte de los gobiernos conducirá por una parte a generar ambientes propicios para su desarrollo y por otra a mejorar o potenciar un diálogo social ampliado que incluya a esas organizaciones como agentes de cambio.

Es necesario modificar la mirada actual de muchos gobiernos de la región que acuden a las organizaciones de la sociedad civil como proveedoras baratas de servicios sociales que les facilitan suplir sus capacidades públicas disminuidas para atender a la población.

El reto que tenemos en estos dos días consiste en definir una hoja de ruta que permita crear alianzas estratégicas entre los gobiernos y la sociedad civil que lleven a mejorar la accesibilidad, la disponibilidad, la pertinencia y la calidad de los servicios públicos sociales, en particular los de educción y cultura.

No quisiera terminar sin expresar mi enorme pesar por la barbarie que acaba de cometerse con 74 personas en la Ciudad de Iguala, Guerrero: seis de ellas han muerto, 25 fueron heridas y 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapan sufrieron desaparición forzada y muy posiblemente fueron asesinados por la connivencia entre autoridades locales y el crimen organizado. Es un hecho lamentable que la vida de estos jóvenes de comunidades muy pobres que ven en las normales rurales su única posibilidad para salir de la pobreza haya sido cercenada por la ambición de poder y dinero y por la podredumbre que caracteriza la vida política de mi país.

Las mujeres en el activismo cívico y sus agendas.

En mi presentación deseo proporcionar un panorama a vuelo de pájaro de la participación de las mujeres en tres ámbitos de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las agendas que en esos ámbitos están reivindicando. Se trata de su participación en la búsqueda de la igualdad sustantiva de género, en la consecución de la democracia, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana y finalmente, su participación en la promoción del desarrollo social y comunitario.

Introducción

Varios filósofos y psicoanalistas sostienen que toda relación humana implica una relación de poder entre una persona que subordina y otra que es subordinada. Es el llamado poder sobre otros u otras, el poder que se ejerce de manera autoritario dado que se trata del control y la imposición de una o un grupo de personas sobre el pensamiento, las creencias, la conducta, las libertades, el nivel de bienestar, el trabajo, los ingresos, el cuerpo y la sexualidad, las posesiones y muchos otros aspectos de la vida de otras personas.

Las mujeres representan el grupo humano más grande que a lo largo de la historia de la humanidad han sido objeto de subordinación, sometimiento, discriminación, violencia y de una profunda y la mayoría de las veces oculta, injusticia. Han sido históricamente excluidas del ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos como seres humanos. Actualmente la condición de la mayoría de las mujeres del mundo continúa siendo de una profunda sujeción, a pesar de los avances logrados por las mujeres de los países ricos de occidente y las pertenecientes a los grupos de ingresos medios y altos y elevados niveles de educación.

Una de las mayores revoluciones del siglo XX fue el ingreso de de las mujeres a la vida pública y su acceso a una serie de libertades así como el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la condición de pobreza e ignorancia en la que viven la mayoría de las mujeres del mundo, así como el control de los varones sobre la institucionalidad religiosa y sobre el poder político, económico y del conocimiento continúan siendo obstáculos para el avance de la condición y posición de las mujeres.

En la práctica, en la vida cotidiana, miles de millones de mujeres siguen siendo discriminadas, maltratadas, excluidas, invisibilisadas, violentadas incluyendo la muerte o el llamado feminicidio por su condición de mujer.

Pero además, las mujeres han aprendido que ninguno de los logros alcanzados en materia de emancipación son irreversibles, y que existen épocas en la historia de los pueblos en donde se ha retrocedido para volver a condiciones que restringen sus derechos y libertades. Son ejemplificativos los casos de Irán a la salida del Shah Reza Pahlevi en 1979, así como de otros países musulmanes como Sudán donde el poder político ha pasado a manos de los sectores más conservadores del islamismo. Pero también tenemos experiencias más cercanas como fue la casi desaparición de la política de planificación familiar y por tanto, del acceso a medios de control natal para las mujeres en los gobiernos panistas y el reconocimiento de la vida desde la concepción, en las constituciones de varios estados mexicanos. Ese último retroceso ha condenado a varias mujeres a la cárcel con juicios similares a los que se practicaban en la época de la Inquisición en donde se exageran los castigos. Los feminicidios son también muestra de un retroceso propiciado por los altos niveles de violencia social en que vivimos y que permite a los varones ejercer el poder de la muerte sobre las mujeres.

La circularidad de la historia es vivida y experimentada constantemente por las mujeres. Así aquellas mujeres del sur del país que escaparon del sometimiento ejercido por sus familias y comunidades hacia las utopías falsas de las ciudades maquiladoras para trabajar y tener ingresos, fueron nuevamente sometidas pero esta vez por las plantas maquiladoras y el machismo dominante en la cultura del norte que conduce a muchas de ellas a la muerte o a la esclavitud de la trata y el trabajo sexual.

Es en razón del reconocimiento de que las relaciones de género son relaciones de poder y que la emancipación de la mujer pasa por el control de su propio cuerpo y del ejercicio libre de su sexualidad que esos dos temas son ejes centrales de los movimientos de mujeres: el acceso al poder y el reconocimiento y realización plena de sus derechos sexuales y reproductivos.

El acceso al poder

En el eje de acceso al poder los movimientos y organizaciones de mujeres introducen otros conceptos de poder como son el poder para lograr objetivos comunes a partir de un liderazgo, el poder compartido con otras mujeres para superar condiciones adversas y el empoderamiento personal como medio para remontar situaciones de violencia, injusticia, discriminación o exclusión en la vida cotidiana.

Es así que los temas seleccionados para esta mesa de diálogo se relacionan con las reivindicaciones del movimiento feminista de acceso al poder.

Desde mi óptica, las mujeres en la academia han optado por introducirse en el mundo de la generación y difusión del conocimiento para tener voz y reconocimiento en primer lugar, pero también para influir en el curso de la historia y de la humanidad y poder cambiar las condiciones de injusticia y discriminación en que viven miles de millones de seres humanos y algunas en particular, mejorar la situación de las mujeres.

Por su parte las mujeres que aspiran y participan en el poder público presentan a veces una dualidad de objetivos: el de alcanzar prestigio, reconocimiento y poder personal y/o el de ser agentes de cambio social y mejorar las condiciones en que viven las mujeres. Lamentablemente en este ámbito suele ocurrir que algunas se mimetizan a los modelos del poder subordinador, controlador y autoritario de los hombres y en ocasiones en el que el afán por alcanzarlo, aceptan ser utilizadas por los varones para contener los avances en las libertades y derechos de las mujeres o bien, por no perder su posición política evitan ser calificadas como feministas y no defienden la mayor igualdad de género.

 El tercer ámbito de participación en lo público

Un tercer ámbito de acceso al poder por parte de las mujeres se presenta en las organizaciones sociales y civiles. Este grupo escogió el camino del activismo cívico y la participación en el espacio público pero fuera de las instituciones políticas. Ello en parte debido a los obstáculos que estas instituciones presentan para el ingreso y la libre participación, o bien porque defienden intereses y grupos específicos y porque tiene un control cupular masculino. Los partidos políticos en México son de las instituciones más impermeables y resistentes a la igualdad de género. Un ejemplo, acaba de ocurrir al habérsele conculcado el derecho de acceder a la presidencia de la Cámara de Diputados a Aleida Alavez, una mujer que por detentar la vicepresidencia en dicha Cámara le correspondía presidirla. El machismo que domina a las cúpulas del Pan, del PRI y del PRD logró relegarla.

La participación de las mujeres en las llamadas organizaciones de la sociedad civil es amplia y destacada aún cuando este sector también es afectado por la presencia conspicua de liderazgos masculinos, que operan con modelos de subordinación semejantes a los del ámbito político y académico.

Destacaría tres ámbitos en donde organizaciones de mujeres o encabezadas por mujeres han realizado aportes importantes para el cambio social:

  • La agenda de igualdad de género
  • La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana
  • Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

La agenda de igualdad de género

La sociedad civil es el espacio donde las mujeres han podido organizarse y participar en defensa de sus derechos y libertades e influir en las decisiones de legislación y políticas públicas que tomen en cuenta sus intereses. Desde los años sesenta empezaron a surgir organizaciones ciudadanas de mujeres fuera del control del partido en el poder y con una influencia y apoyo importante de movimientos y organizaciones feministas de otros países. De manera destacada Argentina y Estados Unidos.

Se trata de organizaciones donde confluyen académicas con activistas cívicas y con frecuencia logran alianzas con mujeres que participan en espacios políticos como son las legisladoras, cuando coinciden en puntos de la agenda feminista.

Para Alma Rosa Sánchez, la presencia organizada de las mujeres en los últimos quince años del siglo XX significó la reivindicación del derecho a la diferencia, a construir una identidad femenina como sujeto político que crítica el ejercicio del poder. (SÁNCHEZ, 2004, p.88).

 

Considera que el movimiento amplio de mujeres (MAM) se construyó a partir de cinco sectores, que plantearon su participación en dos planos, en la lucha por democracia y en la defensa de derechos para las mujeres. Estos cinco sectores serían:

  1. a) El movimiento feminista; constituido principalmente por académicas, periodistas, escritoras, políticas, mujeres de clase media.
  2. b) El movimiento urbano popular; con demandas materiales, servicios, vivienda, agua, drenaje, educación, entre otros, sector marginal urbano.
  3. c) El movimiento de campesinas e indígenas; reclamos sobre acceso a crédito, propiedad, tecnología y capacitación.
  4. d) El movimiento de trabajadoras asalariadas; ampliación de mercado de trabajo, mejoras salariales, denuncias de hostigamiento sexual, entre otras, y;
  5. e) Mujeres militantes de partidos políticos y funcionarias; aquí se asumen como feministas y denuncian las condiciones desiguales de participación de la mujer en México (SÁNCHEZ, 2004, p.90-91).

En ese sentido, la agenda del movimiento amplio de mujeres ha ido modificándose a través de los años. Iniciaron y lograron amplios resultados en ir eliminando los obstáculos que impedían a las mujeres participar en los beneficios del desarrollo y en la mejoría de su bienestar como fue el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a los créditos y fondos económicos y a la alimentación. Con la política poblacional de los años setenta lograron avanzar en algunos de sus derechos reproductivos al incorporarse una política de planificación demográfica.

En la actualidad se concentran en cinco aspectos fundamentales:

  • la erradicación de la violencia contra las mujeres,
  • la eliminación del maltrato y la discriminación, es decir la igualdad sustantiva,
  • el mayor acceso a posiciones de toma de decisión en los ámbitos público y privado,
  • la promoción del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y
  • la conciliación entre trabajo y vida familiar.

La persistencia del machismo, el recrudecimiento debido a la cultura dominante y ampliamente difundida de los grupos criminales, así como la utilización de las mujeres como objetos de trata y explotación, determina que la lucha contra la violencia contra las mujeres en lugar de ir ganando terreno se está perdiendo. Jóvenes que viven en situaciones de pobreza y sin esperanza de salir de la misma, aceptan convertirse en objeto de uso y abuso por parte de los varones frente al espejismo y la riqueza del poder criminal. Ven su vínculo con delincuentes como una forma de salir de sus condiciones de miseria.

Igualmente, la persistencia de desigualdad y maltrato en los ámbitos laborales y en las oportunidades de desarrollo, en la procuración e impartición de justicia, así como los efectos diferenciados por sexo de la ola de violencia que agobia al país determina que varias organizaciones de mujeres, e incluso varias de las organizaciones de derechos humanos hayan tomado la defensa de casos de mujeres víctimas llevándolos incluso a las instancias internacionales para exigir justicia y reparación del daño.

Si bien es mayor el número de víctimas masculinas directas que caen en esa ola de violencia, el número de mujeres víctimas indirectas es creciente debido a la muerte o desaparición de sus parejas o de sus hijos, a la pérdida del patrimonio familiar y al desplazamiento de sus hogares y lugares de origen.

El mayor acceso a posiciones de toma de decisiones ha tenido avances esencialmente en razón de la introducción de acciones afirmativas para la integración de los congresos, sin embargo no es tan evidente en las ramas del ejecutivo y del poder judicial, ni en ámbitos del sector privado y la academia. La mayor resistencia se observa en las instituciones religiosas que además se constituyen en las que mayores obstáculos ponen al avance de los derechos y las libertades de las mujeres.

Posiblemente el tema más difícil por la resistencia de las iglesias y de los sectores moralmente conservadores que existen en todas las ideologías políticas, incluso en las de izquierda, es el del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Refiere esencialmente a la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y que la maternidad o la cancelación del goce de su sexualidad les sea impuesta por su cultura y por instituciones que deciden qué pueden y qué no pueden hacer, pero que además las sancionan duramente cuando trasgreden las normas sociales impuestas.

Finalmente, dentro de la agenda feminista se ha venido incorporando paulatinamente la demanda de armonización entre vida familiar y vida de trabajo y la exigencia de que se distribuyan equitativamente las responsabilidades de la vida familiar entre sexos y generaciones y se tengan políticas y programas públicos de apoyo a las familias. También incluye la necesidad de modificar las condiciones de trabajo para reconocer que ya no son trabajadores hombres de disponibilidad total los que participan en las actividades económicas sino que es creciente la participación de mujeres y que tanto hombres como mujeres tienen que cumplir responsabilidades y disfrutar de la vida familiar.

La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana

Varias de las organizaciones en lucha por los derechos de las mujeres se integraron a las actividades y a las importantes redes que se constituyeron en todo el país en la década de los años noventa para promover el cambio político y la instalación de una democracia en el país. Formaron grupos de observación electoral en sus estados y realizaron campañas para la promoción del voto libre y secreto.

Las mujeres que se integraron a los liderazgos de las organizaciones y redes como el Movimiento Ciudadano por la Democracia y Alianza Cívica en 1994, provenían de organizaciones de base de la iglesia católica progresista, de los llamados grupos eclesiales de base, quienes por su trabajo en las comunidades rurales y en la colonias proletarias se percataban del nivel de deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de la población y habían hecho un compromiso con los pobres. Optaron por el cambio político por la vía pacífica.

Esta matriz católica progresista fue también el origen de la mayor parte de las organizaciones en defensa de los derechos humanos que empezaron a surgir en México en la década de los años setenta, cuando el Vaticano decidió atacar a la Teología de la Liberación en América Latina y muchos hombres que veían en la iglesia un espacio para realizar su compromiso con los pobres tuvieron que refugiarse en otros espacios. Es la razón de que en este ámbito de trabajo de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos, el número de participantes y los liderazgos son mayormente hombres.

En los años más recientes el ingreso de mujeres a las organizaciones de defensa de derechos humanos tiene su origen en el aumento de opciones de formación académica en la materia, tanto a nivel nacional como en otros países. Actualmente en México hay un importante número de mujeres con diplomados, maestrías y doctorados en derechos humanos aunque todavía no acceden a los puestos de mayor nivel en las instituciones ni en las organizaciones ubicadas en este campo; siguen siendo varones los jefes.

El creciente número de activistas cívicos, organizaciones y redes que trabajan por la paz y la no violencia, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y promueven la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, comparte sus orígenes y de alguna manera derivan de esa misma matriz. En estas organizaciones la participación y el liderazgo de mujeres son más frecuentes.

Otras instancias de participación de mujeres en el campo de la lucha por la democracia, en su integración a los consejos estatales y distritales del anterior IFE y en los órganos electorales estatales. La selección de los integrantes de los organismos públicos locales electorales que se está llevando a cabo en el INE ya prevé una equidad en la participación, es decir %0% hombres y 50% mujeres.

La experiencia señala también que en los funcionarios de casilla los días de la jornada electoral son en una proporción más alta mujeres que hombres.

Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

El trabajo de base en comunidades pobres, indígenas, rurales y en zonas marginadas urbanas y la creación de organizaciones para luchar por el acceso a programas sociales de vivienda, abasto, caminos, servicios urbanos, programas de transferencias monetarias, ha sido un espacio importante de participación y construcción de liderazgos femeninos.

La formación en este trabajo comunitario de base y la apertura de espacios de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas facilitó que en la última década de los noventa del siglo pasado y en la primera de este siglo las organizaciones sociales y civiles empezaran a hacer incidencia en política pública esencialmente social.

Se trata de organizaciones que fueron introduciendo en la agenda pública la necesidad de desarrollar políticas y programas dirigidos a grupos poblacionales específicos como la infancia, la juventud, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población callejera, la población con orientación sexual diversa.

En otra vertiente son las que han luchado por el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, al nivel más alto de salud, a la educación y a la cultura, a trabajo y a condiciones dignas de trabajo, lo que ahora constituyen la agenda ciudadana por los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA.

En estas materias así como en otras agendas de la sociedad civil como son las de seguridad pública y ciudadana, las de migración, las relacionadas con adicciones y víctimas y de manera destacada e histórica, las organizaciones que realizan actividades de asistencia social, las mujeres tienen liderazgos reconocidos y una amplia participación.

El espacio del activismo cívico ofrece muchas oportunidades de desarrollo y de compromiso social para las mujeres. Es un ámbito donde se produce innovación social, se forman personas frente a los nuevos riegos sociales, se desarrollan novedosos modelos de intervención social, se construye ciudadanía y liderazgos y se promueve la participación ciudadana.

Las mujeres hemos contribuido grandemente al desarrollo de un espacio de responsabilidad social que no pasa necesariamente por los gobiernos, ni por el mercado y que busca responder con mayor flexibilidad y oportunidad a las profundas transformaciones que están modificando la vida y el bienestar de las personas.

Entender el papel de la sociedad civil y de las organizaciones que la forman y crear sinergias con ellas por parte de las instituciones del Estado y las empresas en lugar de combatirlas o suplantarlas, abriría una opción fundamental para la mayor participación ciudadana en el ámbito público y para un acercamiento del sistema político con la ciudadanía. Abonaría a la democracia y a un desarrollo compartido y menos desigual.

 

1994 un año agitado para el activismo cívico

1994 fue un año particularmente importante y agitado para el activismo cívico en México que empezaba a hacerse más visible y articulado en esa década, tanto mediante el surgimiento de nuevas organizaciones civiles como de movimientos y movilizaciones y a través de lapromoción de agendas comunes.

Una primera e importante manifestación de este nuevo fenómeno social fue el movimiento civil generado a raíz del levantamiento zapatista del 1° de enero de 1994. Participaron organizaciones ciudadanas de todo el país para impedir una respuesta militar violenta del gobierno en contra del levantamiento indígena, inicialmente pronunciándose en los medios de comunicación en contra de ese tipo de respuesta y después organizando el 12 de enero en Chiapas un cerco civil entre el ejército y las fuerzas rebeldes del zapatismo con la participación de miles de personas de orígenes muy diversos. Ciudadanos independientes y organizaciones civiles continuaron brindando un acompañamiento a la rebelión indígena en todo el proceso de diálogo con el gobierno, en la difusión pública amplia de la situación en la zona evitando un cerco de silencio, así como en la construcción de las nuevas formas de gobierno que adoptaron los grupos indígenas.

Una segunda expresión del activismo cívico que afloró en 1994 se dio en torno la agenda por el cambio democrático que se concreto con la creación de Alianza Cívica a partirdel acuerdo y articulación de siete organizaciones con perfiles ideológicos distintos. La red inicial realizó una amplia convocatoria a organizaciones en todo el país algunas de las cuales ya estaban trabajando en articuladas como Convergencia de Organismos Civiles y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. La movilización civil generada a partir de Alianza Cívica esencialmente para llevar a cabo un amplio y organizado proceso de observación de las elecciones federales de ese año, permitió la participación de miles de ciudadanos de todas las edades, de todos los orígenes sociales, niveles académicos y especialidadescuyas vidas quedaron marcadas por esa experiencia y que han continuado promoviendo la participación ciudadana en muy diversos ámbitos.

Como integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica decidí participar en 1994 en dos procesos para contribuir al cambio democrático y a la lucha por la reivindicación de los derechos civiles, políticos y sociales de la población. Por una parte, me tocó encabezar la brigada de integrantes de Alianza Cívica que acudió a observar la realización de las elecciones en la zona zapatista a petición expresa del EZLN y por otra, acepté la invitación para participar en el grupo técnico que daría seguimiento a la auditoría del Padrón Electoral que la Secretaría de Gobernación y en particular el Dr. Jorge Carpizo como Secretario de esta, decidió organizar.

No tengo conocimientos estadísticos o en informática comparables con los de los otros integrantes del Grupo Técnico, pero tenía la experiencia de haber montado y participado en algunos sistemas de producción de información estadística como los Censos de Población de 1960 y 1970, el inicio de la actual Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación y de una de las primeras encuestas de ingreso gasto realizadas en México en 1963.

Además por mi participación previa en experiencias ciudadanas de observación electoral,mi contribución al grupo técnico consistió en aportar información sobre las dudas que las organizaciones civiles tenían en torno a la calidad del padrón y de las listas de electores. Varios amigos de las OSC se habían formado haciendo revisiones cuidadosas de las listas de electores y conocían dónde estaban los problemas. De manera que aporté al grupo la histórica suspicacia de los ciudadanos sobre la calidad del Padrón Electoral y algunas sugerencias sobre metodologías de verificación por medio de ejercicios en campo o comparativos de archivos electrónicos.

Recuerdo que parte de la diversión de participar en este ejercicio consistía precisamente en tratar de sorprender a los equipos técnicos del Registro Federal de Electores solicitándoles de manera sorpresiva pruebas que desarrollábamos sin darles tiempo para realizar manipulaciones previas a fin de obtener buenos resultados.

Personalmente, quedé convencida de que el Gobierno realmente se había hecho el propósito de lograr un Padrón Electoral creíble y confiable y otorgar a partir de éste credenciales de muy difícil falsificacióna los ciudadanos. Como todo lo que ha pasado en materia de organización de elecciones en México, finalmente se había logrado remontar a un costo altísimo la tradicional desconfianza en uno de los instrumentos más importantes en los procesos electorales.

Es de reconocerse el trabajo realizado por los funcionarios del RFE que acometieron la enorme tarea de meter orden y dar credibilidad a las listas de electores a principios de la década de los noventa. La elección de 1994 fue la primera en contar con un Padrón Electoral confiable, habiendo tenidos partidos políticos amplio acceso al proceso y a los listados resultantes para realizar ellos mismos verificaciones.

Rendición de Cuentas

 

4 de mayo OPAM

Posiblemente uno de los pocos avances importantes en la arquitectura del Estado Mexicano después de doce años del cambio del partido en el poder y del tránsito hacia un régimen democrático, ha sido la incorporación de normas, instituciones y procedimientos para que los ciudadanos accedamos a la información pública y para que exista transparencia en la gestión pública.

La creación de organismos especializados en esas materias en los diversos niveles de gobierno ha permitido que los ciudadanos podamos pedir y obtener información sobre la forma en que se concretan las responsabilidades y funciones asignadas a las instituciones públicas y el modo en que se utiliza el presupuesto y los recursos públicos. Sin embargo, este avance disperso y fragmentado y a veces abusado, para el escándalo mediático, no satisface la necesidad de los ciudadanos de exigibilidad a los representantes que eligió para el manejo de las instituciones del Estado, para que les rindan cuentas sobre la forma en que han cumplido sus mandatos y han usado los recursos públicos y el presupuesto.

Ello ha impedido que la población cuente con elementos ciertos, claros y confiables para que pueda recompensarlos o castigarlos por la misma vía electoral o en su caso, mediante procesos administrativos o penales. La difusión fragmentada o trunca de abusos cometidos por varios servidores públicos con los recursos de todos, es causa eficiente de la desilusión que expresan los mexicanos con la democracia.

Según Latin-barómetro la confianza de los mexicanos en la democracia ha venido disminuyendo. El 36 por ciento declara que da lo mismo un gobierno autoritario que uno democrático y el 14 de plano prefiere un gobierno autoritario, es decir el 50%. Para América Latina el promedio es que el 58% prefiere la democracia y en México sólo el 40% de la población. Sólo Guatemala está por debajo de ese nivel

Es decir, si bien como parte del avance democrático y la mayor libertad de prensa la población tiene más información sobre los desvíos del presupuesto y el uso patrimonialista de los recursos públicos, muy pocas veces, conoce cual es el curso seguido por los procesos para castigar ese abuso y restituir los bienes o dineros mal-habidos.

En el imaginario colectivo se acrecienta la idea de que todos los políticos y los servidores públicos son corruptos y que además, esto ocurre con total impunidad. Es frecuente escuchar la idea que los que pagan son los servidores públicos de menor jerarquía en tanto que los funcionarios públicos de primer nivel continúan enriqueciéndose utilizando para beneficio propio su puesto o al menos con enormes salarios y prestaciones que se autodefinen, como los famosos casos de varias presidencias municipales.

Considero que dos consecuencia de lo anterior son: en primer lugar la normalización de la cultura de la corrupción en donde se piensa que si las élites políticas y económicas se aprovechan de los recursos públicos sin consecuencias se justifica que todos lo podemos hacer; en segundo lugar, propicia la aceptación de regímenes autoritarios en los cuales todas las decisiones y acciones sobre el uso de los recursos públicos son secretas, y no se publicitan y ni de lejos, existen mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, sin embargo se da idea de que todo funciona tersamente.

De este modo, en la medida que no tengamos avances sustantivos en la rendición de cuentas los riesgos de retorno a sistemas autoritarios están en la puerta de la casa.