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Edadismo. Discriminación de las personas mayores.

La silla rota. 16 de febrero de 2023

Hace dos semanas se llevó a cabo la reunión de presentación del grupo   MEXICOLECTIVO cuyo propósito es convocar a la construcción de un proyecto de nación, con la confluencia de todas las personas dispuestas a expresar sus opiniones, escuchar a otras y alcanzar consensos sobre el futuro del país.

Originalmente estuvo formado por veinte personas a las cuales, a lo largo de un año, se fueron sumando otras veinte. Cada una tuvo la oportunidad de invitar a diez personas al evento, por lo que la asistencia resultó un tanto variopinta.

Algunos de los integrantes originales, por diversas razones, decidimos no participar, ni convocar a dicho evento. Sin embargo, a pesar de haberlo notificado con oportunidad, nuestros nombres empezaron a salir en la prensa en calidad de convocantes principales cuando en realidad, en su caso, éramos cuarenta integrantes originales.

Un destacado comunicador tuvo la habilidad de obtener la edad de los ocho convocantes destacados por los medios y calculó un promedio de 73 años de edad. Su cuestionamiento principal al grupo era que no había jóvenes. Mencionó como ejemplo el caso de tres que calificó de brillantes, que curiosamente habían desertado de los partidos políticos en los que participaban.

Otro comunicador, de precisamente 73 años, que promueve diálogos en donde no deja intervenir a sus interlocutores, sostuvo que MEXICOLECTIVO era un grupo de viejos que ya habían tenido oportunidad de participar en la vida pública y que no habían aportado nada al país.

A partir de estas posiciones, podríamos concluir que las personas mayores ya no tenemos derechos de ciudadanía, no debemos participar, organizarnos, ni opinar sobre la cosa pública, que son sólo los jóvenes los responsables del futuro del país.

Que es la gerontocracia en los gobiernos, en los partidos políticos, en los poderes judiciales y legislativos, en el manejo de empresas y de universidades la que ha llevado al país a su situación actual.

Pues resulta que, de los 32 gobernadores, 21 tienen menos de 60 años (4 de ellos incluso menos de 40). De 20 integrantes del gabinete presidencial 8 tienen menos de 60 años y 4 de los líderes de los 7 partidos políticos, tienen 50 años y menos.

Los jóvenes están participando en la política, en los gobiernos, en la sociedad civil, en las redes sociales. Muchos se están formando o gozando, con todo derecho, de su juventud. Lamentablemente, representan la mayor proporción de personas en reclusión, desaparecidas y asesinadas. Los jóvenes son a la vez víctimas y victimarios de la violencia normalizada.

La desigualdad, la pobreza, la exclusión y las violencias cada vez más agudas, requieren para enfrentarlas del concurso de todas y todos, de la construcción de un pacto social y del desarrollo de una nueva estatalidad que reconozca la enorme complejidad social.

No estamos frente a problemas que derivan de las omisiones de los viejos. El edadismo, la discriminación de las personas mayores, se ha convertido en una expresión grave de intolerancia.

Un país roto

Para Silla Rota.

En memoria del Dr. José Ignacio Chapela Castañares.

La desigualdad, la pandemia, el crimen organizado, la corrupción, la destrucción de instituciones públicas y un gobierno que polariza, tienen a México roto, sin un camino compartido hacia el futuro.

Las conversaciones y los encuentros entre los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo y de escuela se han visto disminuidos por los encerramientos motivados por la COVID19. Si acaso persiste la interacción, es principalmente mediante el uso de plataformas y de dispositivos celulares. Los chats se han vuelto el modo privilegiado de comunicación.

Por su parte, la creciente desconfianza y el miedo que deriva de la presencia protagónica, a la vez que soterrada, de la delincuencia y del crimen organizado en el país, inhiben la expresión libre, promueven el silencio, nos impulsan a encerrarnos.

Nos hemos visto obligados a ocultarnos, a no exponernos, a no reclamar, a no demandar nuestros derechos, a guardar silencio. Es mejor no ser notado en la comunidad, en el transporte, en la escuela, en el trabajo, con el fin de evitar cualquier riesgo de agresión, de violencia, de extorsión, de despojo o de desaparición. Nos hemos convertido en un país sumido en una violencia crónica, en una violencia normalizada, que se ensaña particularmente contra las mujeres, los jóvenes y la niñez.

La destrucción de instituciones y capacidades públicas, pretextando una austeridad republicana o la existencia de corrupción, abona a una sensación de indefensión, de creciente ausencia de autoridades dispuestas a poner orden, a regular las relaciones sociales y económicas y evitar con ello los abusos y la violación de nuestros derechos, de nuestra integridad, de nuestra libertad e incluso, de nuestra vida.

En tanto, en la arena pública, en los medios de comunicación, en las mañaneras del presidente, sólo escuchamos confrontaciones entre los buenos y los malos, peleas anticipadas por el poder político, descalificaciones, acusaciones y mentiras.

Oleadas de información fugaz, noticias que duran el tiempo en que son comunicadas. No acabamos de conocer de una tragedia, de un asesinato múltiple, de la desaparición de personas o de un accidente, cuando ya hay otros cien en la lista de los comunicadores, que se pelean por dar las primicias.

Urge reencontrarnos, reconocernos como parte de un todo, de un país a la deriva que si se hunde, nos hundimos todos.

Escuchar al otro, conversar, disentir civilizadamente, ceder, oír de los dolores que nos aquejan, aceptar nuestra excepcional diversidad y encontrar, como una hazaña colectiva, el material dorado que utilizan los japoneses para reparar las piezas rotas, como nos diría Arnaldo Coen.

Otro golpe al tejido social urbano

Una de las grandes pérdidas experimentadas por la sociedad mexicana, son los espacios físicos y sociales de encuentro de la diversidad social y económica, lastimando profundamente el sentido de comunidad o tejido social.

La gran marcha hacia las ciudades, así como la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, fueron despoblando las pequeñas comunidades y localidades rurales. Se crearon áreas metropolitanas muy desordenas y divididas económica y socialmente como las megalópolis de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, que aun así mantuvieron la presencia de colonias, barrios, vecindades, habitadas por personas originarias o provenientes de los mismos pueblos o estados.

Los cambios introducidos al artículo 27 de la Constitución en 1992, en la presidencia de Carlos Salinas, abrieron al mercado las tierras que estaban en manos de ejidos y comunidades. Esa apertura propició un aumento irracional y abusivo de suelo urbano.

En el sexenio de Vicente Fox aparecieron las llamadas “vivienderas” que, comprando terrenos muy baratos en las colindancias de las ciudades, desarrollaron unidades de vivienda de baja calidad y propiciaron el crecimiento horizontal de las urbes.

En años más recientes la llamada gentrificación de las ciudades generada por empresas inmobiliarias y políticos y gobiernos corruptos, asestó un nuevo golpe al tejido social urbano. La Colonia del Valle en Ciudad de México es un claro ejemplo de la paulatina sustitución de casas habitación unifamiliares por edificios de departamentos de varios pisos.

Los dueños del capital inmobiliario se han convertido en un poder de hecho en el país: financian campañas electorales, influyen en la expedición de leyes y corrompen funcionarios para lograr sus fines. A la vez destruyen barrios y colonias y la cohesión de sus habitantes expulsándolos de sus ámbitos históricos de residencia.

Ahora bien, a partir del confinamiento propiciado por la pandemia de COVID 19, se modificaron muchos aspectos de nuestras formas de convivir, aprender, trabajar, comprar e informarnos.

Uno de los cambios más profundos, consiste en la posibilidad de trabajar por medio de plataformas digitales.

Actualmente, una persona puede comunicarse con su empleador por medio de su laptop o teléfono celular y trabajar desde otro país, otra ciudad, desde un barco, la playa o la selva.

Ha surgido un nuevo tipo de trabajador, el llamado “nómada digital” que puede moverse con toda libertad por el mundo, decidir sus horas y horarios de trabajo, firmar contratos comerciales en lugar de contratos de trabajo, auto explotarse si así lo determina.

Esta nueva forma de trabajo está teniendo un gran impacto en las modalidades de poblamiento en varias ciudades de nuestro país. Los nómadas digitales buscan espacios para vivir, que les resulten atractivos y que sean comparativamente más baratos que lo que pagarían en sus lugares de trabajo.

La Ciudad de México, se convirtió en un lugar sumamente atractivo para jóvenes y personas de mediana edad que querían huir de las restricciones de movilidad impuestas en sus lugares de residencia.

Las colonias Condesa y Roma, habitadas y transformadas en lugares atractivos de convivencia por jóvenes provenientes de otros barrios y otras ciudades del país, se fueron poblando de personas extranjeras. Algunas llegan por temporadas, otras adquieren los nuevos departamentos que se edifican con la gentrificación de esas colonias.

Actualmente estamos viviendo el surgimiento de otro gran negocio que irrumpe en la vida comunitaria de varias ciudades, eleva las rentas y expulsa a los inquilinos, principalmente jóvenes, que no pueden pagar las nuevas rentas.

Se trata de la concentración del alquiler temporal de muchos espacios de vivienda por empresas de plataforma como Mr. W, que a su vez aprovechan la plataforma de Airbnb. Los dueños originales dejan en manos de esas empresas el alquiler de sus propiedades, reciben su parte y se despreocupan de las dificultades para encontrar y tratar con inquilinos.

Otra tuerca que se aprieta en contra de la convivencia en beneficio de empresarios con pocos escrúpulos.

Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos

La Silla Rota. 06 de diciembre de 2022.

Militantes de los partidos políticos de oposición, que ocuparon puestos en el poder legislativo o en los gobiernos, buscan actualmente a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)con el propósito de formar alianzas y proyectar una imagen ciudadana frente a la población.

Están realmente preocupados por el rechazo popular a sus partidos debido a la absoluta ausencia de democracia en su operación, sus fallidas gestiones en el poder, así como probados niveles de corrupción y enriquecimiento de muchos de sus miembros.

Todos los partidos han sido temerosos y a veces antagónicos de las OSC. Durante décadas, cualquier organización que surgiera en el país era cooptada o destruida por el PRI. A partir del cambio democrático del 2000, los partidos mantuvieron un cierto nivel de prudencia frente a ellas.

En el sexenio de Vicente Fox varios líderes de las organizaciones se incorporaron a puestos a su gobierno. Impulsaron un medio ambiente público más amigable para el desarrollo de las OSC.

Esa prudencia se terminó con el actual gobierno. Las OSC han sido colocadas por el presidente como parte de las élites, del conservadurismo y de la intermediación corrupta; calificativos que hace extensivos a todo tipo de organizaciones, no sólo a las OSC.

Tengo treinta años de participar en organizaciones de la sociedad civil y de analizarlas. Inicié mi participación en organizaciones en lucha por la democracia invitada por Miguel Basáñez al Acuerdo Nacional por la Democracia, ACUDE. Era una organización integrada por intelectuales que habían desertado de sus partidos político, provenían de la administración pública   o de la academia. Fueron mis compañeros José Agustín Ortiz Pinchetti, Amalia García, Demetrio Sodi, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jaime González Graff, Rubén Aguilar, Bernardo Bátiz, José Antonio Crespo, entre otros. Nuestro interés era liberar de manos de la Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones para posibilitar un cambio democrático en procesos electorales organizados en forma autónoma por la ciudadanía.

En 1994, ya como presidente de ACUDE junto con otras seis organizaciones civiles, convocadas por Sergio Aguayo, creamos Alianza Cívica.

En la historia de las OSC mexicanas la experiencia de Alianza Cívica ha sido la única donde junto con cientos de organización civiles depusieron sus agendas y se integraron en un gran movimiento ciudadano. El propósito era observar las elecciones presidenciales de 1994 en todo el país y avanzar hacia el cambio democrático.

Ahora bien, el ámbito de las OSC en México es crecientemente heterogéneo. Sus campos de acción se han ido diversificando y ampliando. Además de preocupaciones auténticas para motivar su constitución y un innegable aporte de trabajo voluntario – ante la gran ausencia de una cultura de filantropía y participación de la ciudadanía mexicana – fueron cayendo en dependencia del crecientemente escaso financiamiento externo.

En México fuera de un disminuido fondo de inversión que hasta este gobierno operaba el desparecido Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), los gobiernos de los distintos partidos se han negado a considerar la asignación de recursos públicos para financiar las importantes tareas que llevan a cabo las OSC. Estas defienden derechos de grupos discriminados, trabajan directamente con las comunidades, protegen los recursos comunes y colocan en la agenda pública temas que surgen de los dolores que padece la población y que el gobierno no alcanza a percibir, y menos a atender.

Las OSC generalmente están integradas por muy pocas personas, no representan, ni pretenden hacerlo, a grandes grupos de población. Defienden agendas de los derechos y atiende a personas maltratadas, victimizadas, discriminadas o excluidas.

En las dos últimas décadas con la participación de jóvenes con altas calificaciones académicas, algunas se han constituido en observadores de la gestión de los gobiernos y a veces son financiadas por el sector privado.

Cubren todo el espectro político desde las más intransigentes en el reconocimiento de derechos humanos hasta las que promueven todos los derechos incluidos en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales. Se originan en la diversidad social y económica. Lamentablemente son muy pocas comparativamente con lo que ocurre en países como Chile, Brasil o Estados Unidos.

Pretender lavar la cara de los partidos políticos o de sus candidatos mediante alianzas con OSC y pensar que eso será atractivo para la ciudadanía, corrobora el enorme desconocimiento que los políticos profesionales tienen sobre la sociedad civil organizada a la que ellos mismos han obstaculizado durante décadas.

Ecos de dos marchas

IMER. 30 de noviembre de 2022.

Acabamos de pasar por dos versiones diferentes de marchas multitudinarias, y pacíficas en la Ciudad de México.

La primera, el domingo 13 de noviembre, convocada por agrupaciones de políticos de oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por personajes y organizaciones que se han arrogado la representación de una sociedad civil sumamente heterogénea, cuando sus liderazgos y recursos provienen de grupos conservadores y de empresas interesadas en preservar sus privilegios.

El número de participantes superó con mucho la respuesta que esperaban sus convocantes, así como sus propias capacidades de movilización. Se reprodujo    en más de 50 ciudades del país e incluso en el extranjero. Las estimaciones de asistencia en CDMX fluctúan ampliamente: entre 200,000 a 600,000 personas. Incluso algunos cálculos llegan a señalar 850,000 asistentes.

Se trataba de defender la llamada democracia electoral, un logro de la sociedad mexicana que tomó varias décadas alcanzar, varios conflictos, detenciones, desapariciones e incluso muertes. Esa democracia electoral derivó de amplios procesos de diálogo y acuerdos entre representantes de la diversidad política. Desde 1977 y hasta 2014 han habido ocho importantes reformas electorales consensadas entre los partidos políticos y no impuestas desde el poder.

A la marcha del 13 de noviembre asistimos varias personas mayores. Muchos habíamos participado en las batallas para acabar con 70 años de gobiernos del PRI. También participaron reconocidos luchadores de la izquierda mexicana, convencidos de que había que defender lo logrado en materia de confianza y autonomía en la organización de las elecciones en México, frente a la propuesta de reforma electoral promovida desde la presidencia de la República.

Lamentablemente los tres gobiernos que siguieron, una vez derrotado el PRI en el año 2000, mantuvieron las políticas económicas y sociales iniciadas por los últimos gobiernos de corte neoliberal de ese partido. Como consecuencia, en los primeros dieciocho años de este siglo, la democracia electoral no se reflejó en el bienestar de la población.

La segunda marcha, del 27 de noviembre pasado, se concentró en la CDMX, fue convocada por el presidente de la República, y se estima que tuvo una asistencia de 1 millón 200 mil personas, muchas de las cuales fueron transladadas a la ciudad, utilizando alrededor de 2,000 autobuses foráneos.

Después de plantearla como una marcha de desagravio por las expresiones calificadas por el propio presidente como “opositoras y conservadores” de la marcha anterior, terminó justificándose como una manifestación popular para reconocer al presidente López Obrador y los logros de la Cuarta Transformación en el contexto del cuarto informe de gobierno.

Se trataba de mostrar el poder de convocatoria del presidente.  Se pusieron en juego todos los recursos de la coalición de partidos que lo apoyan, así como de los gobiernos municipales, estatales y alcaldías que encabeza dicha coalición. Para el efecto se llevó a cabo una gran promoción, previa a la marcha, y se hizo uso de los medios públicos de comunicación para dar seguimiento y difundir su realización.

La propia marcha, encabezada por el presidente de la República quien hizo el recorrido a pie durante cinco horas, se transformó en una gran fiesta popular. Se organizaron espectáculos musicales en varios puntos del trayecto y los participantes portaban mantas y letreros, cantaban y coreaban. Muchos buscaban ver, tocar, saludar y fotografiarse con el presidente por lo que se convirtieron en un obstáculo para permitir a éste un paso fluido. Al llegar al Zócalo todavía dio su informe durante poco más de hora y media.

Los dos eventos descritos se realizaron con tranquilidad, sin daños al entorno; el primero con mucha espontaneidad, el segundo con mayor organización y recursos.

Si bien son expresión de la gran polarización que domina la realidad nacional, en los dos casos es de destacar el interés de la población por encontrar canales de expresión pública de sus inquietudes, preocupaciones, agradecimientos y apoyos.

Es de lamentar que no contemos con espacios y actividades públicas que propicien el encuentro, el diálogo y, por tanto, la escucha entre la diversidad social, para enfrentar colectivamente la profunda desigualdad, la creciente violencia y la falta de acceso a la justicia y a la verdad que padecemos.

¿Es pertinente una reforma electoral en este momento?

IMER. 19 de octubre de 2022.

Sería un gravísimo error del Congreso Federal aprobar una reforma electoral  a diez meses de que inicie, en septiembre próximo, el proceso electoral para las elecciones  en 2024. Ninguna de las reformas electorales realizadas anteriormente se llevó a cabo en tales condiciones.

No alcanzarían a concretarse y a consolidarse las propuestas de cambio en los organismos responsables de la organización de las elecciones como  sustituir al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) haciéndolo responsable de organizar todas las elecciones en el país, con organismos locales que sólo funcionarían en tiempos electorales.

Sería un daño irreparable para la calidad de nuestras elecciones, desaparecer el cuerpo de profesionales que en todo el país como se propone.  Con gran experiencia y apoyados por la ciudadanía, el personal profesional de las juntas locales y distritales trabaja de manera permanente actualizando la cartografía y el padrón electoral, definiendo la ubicación y el número de casillas para facilitar el acceso de los votantes, seleccionando y capacitando a personas para integrar las mesas electorales con ciudadanía imparcial, distribuyendo y recogiendo la papelería electoral, impartiendo educación cívica.

La calidad y certeza del proceso electoral se pondría en grave riesgo y podría desembocar en cientos de conflictos en el país, que de por sí ya está tan polarizado.

Debemos seguir avanzando en una mayor calidad y confianza en las elecciones.  No retroceder en lo hasta ahora logrado que nos garantiza ejercer nuestro derecho al voto en forma libre y secreta, que éste se cuente y se cuente bien y que sea la ciudadanía y personal profesional y con experiencia y no los partidos políticos, los que organicen las elecciones.

Es necesario que el padrón, las listas electorales y nuestras credenciales sigan gozando de nuestra confianza y sigan bajo el control de un organismo autónomo ciudadano. No es posible volver a darle el control del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación y menos con la creciente militarización del país. El padrón y las listas electorales en manos de los gobiernos del PRI eran motivo de controversias, herramienta para el fraude, para hacer ingeniería electoral: mantener personas fallecidas, inflar las listas, eliminar votantes de partidos contrarios.

Fueron muchas batallas y horas destinadas por la ciudadanía organizada y por los partidos de oposición para conseguir un padrón y una credencial electoral confiable, ejemplo a nivel mundial, que nos permite contar con una identificación ampliamente aceptada.

Asimismo, al eliminarle a los partidos políticos la asignación de dinero público para sus gastos ordinarios como se está proponiendo en la reforma electoral de la presidencia de la República estemos exponiéndonos a que la delincuencia organizada y los poderes económicos de hecho se apropien de partidos políticos a través de su financiamiento.

Es cierto, que es necesario reducir las asignaciones de recursos públicos a los partidos revisando la fórmula para asignárselos, pero también tenemos que evitar que reciban dinero por debajo de la mesa de fuentes privadas y condicionado al otorgamiento de privilegios y canonjías. Se dice que por cada peso de recursos públicos para las campañas políticas se reciben 15 de fuentes privadas.

Los programas sociales y mucho dinero son usados por los partidos y por los gobiernos para condicionar y comprar votos. Debemos luchar contra ello, contra el clientelismo y denunciar cuando esto ocurre y las formas como se lleva a cabo.

Fueron muchos años, muchos actores y movimientos sociales y muchas batallas las que dimos para lograr remontar 70 años de represión, pérdida de vidas, encarcelamientos, impedir la participación y la organización de la ciudadanía y sufrir altos niveles de corrupción.

Nuestra democracia electoral ha permitido al menos, la alternancia política para tener representaciones diversas y con distintos proyectos, en los congresos y en los poderes ejecutivos federal y locales. Con ello hemos evitado que todos los poderes del Estado los controle un solo partido político como nos sucedió por siete décadas de gobiernos del PRI. 

Si bien nuestro sistema electoral es perfectible no podemos aceptar una reforma electoral que retroceda en lo que hemos alcanzado ni que se lleve a cabo con premura. Corremos el enorme riesgo de volver al autoritarismo y a que se violen nuestros derechos políticos y civiles.

¿Tiene futuro nuestra democracia?

IMER. 14 de septiembre de 2022.

El pasado 8 de septiembre en el Palacio de Minería, la Universidad Nacional Autónoma de México y el periódico El Universal le hicieron un homenaje al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Para el efecto organizaron un coloquio sobre “Democracia y futuro de México” en cuyo contexto el Ing. Cárdenas realizó una importante reflexión sobre el estado de nuestra democracia y se llevaron a cabo dos mesas: la primera sobre Legalidad, seguridad y democracia en México. La segunda versó sobre La agenda pendiente de la democracia mexicana.

La grabación del evento completo puede escucharse en el sitio de YouTube de El Universal https://www.youtube.com/watch?v=yUfK3btPywM. Uno puede escoger sólo las intervenciones que le interesa escuchar.

La del propio Ingeniero Cárdenas no debe perderse pues hace una magnifica y sintética exposición sobre lo que significa e implica la democracia en un sentido amplio y no sólo referida a lo electoral cito “reflejada sólo en la validez y respeto del voto, que todos puedan votar sin trabas, sin presiones de la autoridad o de intereses determinados, y que resulten elegidos, quienes en esas condiciones reciban la mayoría de los votos¨.

En su concepción amplia de democracia señala,  cito de nuevo, si “se refiere a un régimen político, lo primero que debe verse es cuáles son sus alcances, por ejemplo: si está limitada al sistema electoral, imponiendo el respeto al voto y reglamentando la vida de los partidos; si la igualdad se da ante la ley, la sociedad y las oportunidades de mejoramiento; si los derechos legalmente reconocidos son universales o su ejercicio se reduce a determinados grupos sociales, si los derechos legalmente reconocidos a todos, son ejercitables en la práctica y exigibles ante el Estado, o si están en la letra pero por impedimentos diversos no pueden ejercerse universalmente, o está previsto el acceso a su ejercicio con gradualidad”

Agrega otros elementos importantes como es la vigencia del Estado de derecho, es decir, que se cumplan y hagan cumplir los mandatos constitucionales y de las leyes; observa como lastimado ese Estado de Derecho en México por la corrupción, cito “la creciente presencia de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, así como la gran desigualdad social y económica”

En las mesas varios coincidimos y bordamos en torno de los planteamientos iniciales, comprensivos y sintéticamente expuestos por el Ing. Cárdenas respecto de los alcances amplios de la democracia.

Destacaría sólo dos temas que personalmente considero centrales.

  1. El que la democracia no puede limitarse a lo electoral, que su vigencia requiere del respeto al Estado de Derecho y que, en su caso, los cambios a la Constitución y a las leyes deben provenir de una voluntad y participación amplia y expresa de la población y no de definiciones cupulares o autoritarias o de legisladores subordinados a los poderes políticos y económicos y que no representan a la población.
  2. En segundo lugar, que es muy importante que la vigencia de un régimen democrático se refleje en el bienestar y en el cierre de las brechas de desigualdad al hacer efectivo y exigible el acceso universal a los derechos sociales y económicos o por lo menos, el tener un compromiso, un proyecto y recursos para irlos haciendo realidad de manera paulatina.

Indudablemente la democracia no funciona frente a los niveles de corrupción, inseguridad, violencia y autoritarismo en que ha operado nuestro país desde el año 2000 en que finalmente logramos quitar del poder al partido que lo detentó por 70 años.

Muchas personas en el mundo y en México han dejado de creer en la democracia pues su supuesta vigencia no ha tenido un efecto concreto y palpable sobre sus condiciones de vida. Con la inseguridad y las violencias descontroladas, incluso han perdido libertades, patrimonio, fuentes de ingreso, paz, confianza, sentido de comunidad y muchos, incluso amigos y familiares.

Por ello, mi participación en el coloquio se llamó “La democracia que no fue” y sostuve que si en 1988 el Ing. Cárdenas hubiese llegado a la Presidencia de la República habría hecho todo lo que estuviera a su alcance para cambiar el rumbo del país hacia un régimen con mayor justicia social, mayor participación ciudadana y mayor presencia y responsabilidad del Estado.

La democracia que no fue

Coloquio Democracia y futuro de México

Mesa 2.- La agenda pendiente de la democracia mexicana

Palabras de Clara Jusidman en el marco del Homenaje el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

8 de septiembre 2022                                                         Palacio de Minería

En la segunda mitad del siglo XX varios luchamos por diversas vías y con costos diferenciados, por instaurar una democracia que nos permitiera avanzar hacia la justicia social para reducir la desigualdad y la pobreza y crear un Estado Social y Democrática de Derecho.

Sin embargo, la avaricia, la violación a la dignidad de los seres humanos, la estupidez y la destrucción de nuestros bienes naturales, de capacidades estatales y del sentido de comunidad, han marcado en nuestro país los últimos 40 años del ejercicio del poder.

Desde mi óptica en ese período ha habido tres momentos donde alcanzamos un límite de malestar político, social y económico e intentamos impulsar una vía pacífica y civilizada de cambios de rumbo que finalmente, no llegaron a concretarse. Tres momentos donde el hartazgo social causado por los abusos de poder, los niveles de corrupción y de impunidad, el autoritarismo, la injusticia y el fallido modelo económico exigían un cambio en la estructura política para terminar con los privilegios y abusos de las élites y avanzar hacia una justicia social que beneficiara a las mayorías.

En las tres oportunidades hicimos una apuesta por la democracia, con miras a que todas y todos pudiéramos dialogar, alcanzar consensos y aportar sobre el necesario cambio de régimen político y de estrategia económica, para que nuestros derechos humanos se hicieran efectivos y recuperáramos el sentido de colectividad.

El primero de esos momentos fue 1988 cuando pusimos las esperanzas en que la corriente democrática del PRI, posteriormente transformada en un partido político de izquierda, lograra llevar a la presidencia al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El espectacular fraude cometido mediante una institucionalidad electoral y pública totalmente dominadas por el PRI y sus socios corporativos, así como de los poderosos medios de comunicación, nos llevó por un rumbo totalmente  contrario al que muchos deseábamos: se privilegió la economía de mercado, se redujo la presencia del Estado en la economía, se abatió la disponibilidad y calidad de los servicios públicos para la población y se abrió sin restricción alguna, la economía a la globalización con un espectacular sacrificio de la planta industrial que tanto nos había costado.

Desapareció la política industrial que desde los años cuarenta fue el motor de la economía. Se privilegiaron los tratados y la política comercial. No sólo se deterioró el salario social, sino que se mantuvo y profundizo una política salarial de despojo a las familias trabajadoras con el objetivo de competir con mano de obra barata en el mercado mundial. Esta política tuvo un efecto muy nocivo en la construcción y desarrollo de la infancia y juventud de las últimas cuatro décadas.

Lo único positivo del periodo 1988 al 2000 fue la profundización de los cambios a la legislación y a la institucionalidad electoral iniciados desde 1977. El gobierno comprendió que ya no podían estirar más la liga en el manejo de las elecciones. Se creó el IFE “ciudadano” y un padrón electoral renovado.

Pero la caldera social continuó calentándose ante el fraude del 88 y por el curso tomado por la política económica y social del país.

La sociedad nacional volvió a colocar sus esperanzas de cambio de rumbo en las elecciones del 2000.  Se generó un amplio movimiento democrático de la sociedad civil, antecedido por varios importantes movimientos sociales y compartido por los partidos de oposición y que recibe además, un gran impulso con el levantamiento zapatista de 1994.

En las elecciones del año 2000 finalmente se logra la salida del PRI del Gobierno Federal. Entra el primer gobierno del PAN en elecciones organizadas por un IFE conducido por un consejo ciudadano-académico autónomo.

Nuevamente las esperanzas de avanzar en una democracia donde se escucharan y respondiera a las preocupaciones y las voces de la población en todo el territorio nacional y se introdujera una necesaria reforma de Estado que transformara la institucionalidad heredada de 70 años de gobiernos del PRI y 20 años de funcionarios neoliberales, se vieron frustradas. Se mantuvieron las instituciones, los marcos legales y la política económica que respondían a los intereses de las élites. Se eligió el camino de la tolerancia y la negociación con el PRI. La estructura del Estado pasó a beneficiar a las élites conservadoras elegidas ¨democráticamente¨ para dirigir la nación. Políticos y empresarios sin experiencia colonizaron la administración pública.

Se mantuvo y profundizó la política económica pro mercado, la contención salarial, la precarización de las condiciones laborales, la política social limitada a sobrellevar la pobreza, la colusión con los dueños de los medios de comunicación y los liderazgos sindicales corruptos.

Se abrieron nuevas oportunidades de negocios para las élites empresariales  como fue el mercado de los consumidores pobres con los programas de transferencias monetarias y el mayor debilitamiento de los servicios sociales públicos, la subrogación de servicios de salud, el acceso a grandes y valiosas extensiones de  tierras y recursos  mediante la compra de “derechos ejidales”, la adquisición de suelo urbano a precios ridículos y los desarrollos de vivienda social que crearon al ogro inmobiliario, las concesiones mineras y de agua, así como los casinos.

La violencia criminal se extendió en el territorio nacional, se ampliaron los delitos como el secuestro, el despojo, el robo de autos y en carreteras, la producción y tráfico de estupefacientes, los asesinatos y desapariciones, la colusión de autoridades con el crimen organizado. Se declaró la guerra contra el narco. Nuevas identidades surgieron en el país como víctimas de las violencias: los huérfanos, la personas con discapacidades por armas de fuego, personas adictas a drogas duras, mujeres y familias víctimas que perdieron a alguno de sus integrantes, personas despojadas y desplazadas, jóvenes sicarios y halcones sometidos al poder de los capos, migrantes desaparecidos.

Lo poco positivo que pudiera rescatarse de esa etapa fue la incorporación del discurso de Derechos Humanos en la esfera pública, la creación de algunos organismos autónomos para fortalecer los contrapesos al poder y cámaras legislativas con mayor pluralidad. La articulación con la economía resultó beneficiosa para ciertas actividades y regiones.

En las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 las élites volvieron a  colocar  a sus candidatos con estrategias concebidas desde influyentes medios de comunicación y controlando el resultado de las elecciones.

El retorno del PRI en 2012 profundizó la tragedia nacional. Los problemas se agudizaron, el crimen organizado empezó a desarrollar gobiernos paralelos y a penetrar las actividades económicas como la producción y exportación de aguacate, la extorsión y el pago de piso. El extractivismo de recursos naturales por empresas coludidas con bandas del crimen organizado sometió a comunidades enteras, las despojó, contaminó sus recursos y las obligó a desplazarse. El tráfico de personas surgió como un gran negocio con migrantes, infancia y mujeres. Crecieron los feminicidios.

Las políticas sociales y económicas que privilegian al mercado y favorecen la concentración de la riqueza, se prolongaron por dieciocho años. La inseguridad y desigualdad, así como la percepción de las mismas, se agudizó. La corrupción y los abusos del gobierno peñista se hicieron evidentes e incontenibles.

Así llegamos a la elección de 2018 con un malestar social renovado y potenciado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Pensamos que en esta tercera ocasión si tendríamos un gobierno que avanzaría en la reconstrucción de los servicios públicos de salud, educación, vivienda,  acceso al agua y a energías limpias para reducir las brechas de desigualdad y enfrentar la pobreza; que respetaría y promovería los derechos de las poblaciones sujetas a discriminación como las mujeres, la infancia, los jóvenes, las personas con discapacidad; que revertiría el despojo a los pueblos originarios de sus tierras y recursos y respetaría su cultura y procesos colectivos; que combatiría con efectividad la corrupción y la impunidad; enfrentaría y controlaría al crimen organizado y la delincuencia;  daría fin a la política de contención salarial y precarización laboral; protegería nuestras riquezas naturales y revertiría las concesiones extractivistas; respetaría a la libertad de expresión; apoyaría el acceso a la justicia y a la verdad de los cientos de miles de víctimas, impulsaría una política migratoria decente y digna y avanzaría en la construcción de una Estado Social y Democrático de Derecho.

En fin, que finalmente llegaba al poder un gobierno que escucharía a la población, atendería sus preocupaciones y avanzaría en una democracia participativa donde todas y todos tuviéramos vías para contribuir a un nuevo pacto social y  a un proyectos distinto de país, aspecto que ha preocupado al Ingeniero desde hace varios años.

La mayoría de esas expectativas no han sido cumplidas. Por el contrario, nos enfrentamos a una concentración del poder en la figura presidencial, a una polarización promovida desde la presidencia, que confronta un día sí y otro también, la libertad de expresión;  destruye capacidades estatales, científicas y tecnológicas valiosas y costosas; soslaya el despojo de tierras y recursos naturales de las poblaciones originarias; permite la apropiación privada de los recursos públicos y   maneja los programas y la institucionalidad estatal para cautivar y mantener clientelas políticas.

Al mismo tiempo, las conductas discriminatorias de las élites urbanas y su incapacidad y desinterés por entender las preocupaciones de la mayoría de la población profundizan el malestar y la desigualdad social.

En un panorama como el descrito uno podría concluir que “la democracia nunca nos alcanzó” y la posibilidad de lograrlo se aleja cada vez más.

Finalizo con algunas razones de ello:

  1. Amplios sectores de la población ya no creen que la democracia mejorará sus condiciones de vida, ni abatirá la inseguridad.
  2. Las juventudes afectadas por nuestro fracaso social y la cultura individualista, muestran poco interés en la política, en las elecciones, en la participación y en la construcción colectiva de un proyecto de país.
  3. Las herramientas de la democracia representativa como los partidos políticos, las elecciones y el congreso o bien están desprestigiadas o se miran como inútiles.
  4. Las y los políticos profesionales se preocupan más por su permanencia en el poder y por el acceso a recursos públicos que por el bienestar de la población. Se mueven en un mercado donde se compran y venden votos, saltan de un partido a otro, aceptan posiciones para las que no cuentan con preparación alguna, cuando son legisladores se mantienen muy lejos de las poblaciones que representan, optan por obedecer a quien les garantiza  permanencia en posiciones de poder.
  5. Las benditas redes sociales, la utilización maliciosa de la inteligencia artificial, la posverdad y las fake-news propalan mentiras, alimentan el conflicto y la polarización, manipulan a las personas, alientan el consumismo y el individualismo, generan personajes que influyen a miles de seguidores. El voto informado, libre y secreto se ha ido al cajón de los recuerdos.
  6. Las organizaciones de la sociedad civil son cada vez más combatidas por regímenes autoritarios y populistas en todo el mundo.
  7. El miedo es actualmente una emoción dominante por el aumento de la inseguridad y la violencia, la interminable pandemia, la incertidumbre económica, el ejercicio abusivo del poder, la fragilidad de las fuentes de ingreso, la inflación, el poder de las empresas globales y los conflictos en el mundo. No es una emoción propicia para la construcción de democracia. Esto requiere de tiempos, disposición al diálogo, aceptación del conflicto y cesión de privilegios.

En fin, llevo muchos años luchando por la participación, la organización y el respeto a los derechos de la población, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y creo que lo que estamos viviendo tiene dos cursos de salida: a partir del aprovechamiento de los avances tecnológicos llevarnos a nuevas y más amplias posibilidades de participación ciudadana y de construcción y control del poder político, o bien conducirnos a una mayor concentración del poder y al agravamiento de nuestro deterioro social.

Ingeniero Cárdenas, es una pena que usted no hubiese llegado a la presidencia de la República de 1988. Seguramente hubiera cambiado el rumbo del país hacia un régimen con mayor justicia social, mayor participación y mayor presencia y responsabilidad del Estado. No sabremos si hubiera usted podido enfrentar las tendencias económicas dominantes en Occidente, ni someter a las estructuras de poder político, económico y mediático de la época. Yo estoy cierta que hubiera usted hecho todo lo que estuviera a su alcance.

Otra forma de corrupción

Noticiero IMER.

Uno de los mayores placeres de muchos de las y los viejos servidores públicos era ver cómo lograban hacer realidad una nueva institución, un servicio, un sistema de información, una obra o cualquier otro mecanismo gubernamental que contribuyera a mejorar el bienestar de la población.

Había un claro sentido del servicio público: aportar al desarrollo del país para avanzar hacia una mayor justicia social. Existía un orgullo de trabajar en el gobierno, ya sea como maestro, enfermera, profesionista o empleado de oficina.  El gobierno se constituía en una opción para servir, no para servirse.

Se tenía entonces la oportunidad de construir capacidades públicas para ir respondiendo tanto a las viejas como a las nuevas necesidades de una creciente población, así como de una complejidad cada vez mayor del país y del mundo.

Programas y políticas iban y venían, pero las instituciones, las obras públicas, los servicios de salud o de educación, los archivos y sistemas de información quedarían al servicio de futuras generaciones y se irían ampliando y perfeccionando.

Constituía entonces un orgullo decir que se había estudiado en una escuela pública. Las personas buscaban acceder a los buenos servicios de salud del seguro social.

Los puestos de dirección de las instituciones públicas eran ocupados por personas profesionistas expertas en las respectivas materias: ingenieros civiles o hidráulicos; médicos, profesoras, economistas, abogados e intelectuales reconocidos. La UNAM formaba a los profesionistas necesarios para el desarrollo del país.

Nunca nos imaginamos que vendría una etapa, iniciada en los años ochenta del siglo pasado, donde el afán gubernamental se orientó a reducir la calidad de los servicios públicos, asignándoles presupuestos cada vez más raquíticos, mal pagando y maltratando al personal y propiciando su privatización; asimismo, reduciendo la inversión pública necesaria para el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura productiva, social y cultural del país  o propiciando que empresas nacionales industriales y financieras fueran vendidas a inversionistas extranjeros.

El servicio público se fue desprestigiando y perdiendo dignidad. Los salarios de los profesores, los policías y de los burócratas en general, se fueron deteriorando al igual que los salarios del resto de la población.

Pero muchos guardamos la esperanza y por ello luchamos, de que con el tránsito a “la democracia” los servicios públicos volverían a recuperar su importante papel para el bienestar de la población. Por el contrario, los puestos en la administración pública se volvieron botín de los partidos políticos: legisladores salientes se convertían en delegados de desarrollo social, políticos y empresarios sin experiencia de gestión pública, eran designados como directivos de las instituciones y entidades gubernamentales.

La corrupción floreció al aceptar posiciones públicas para las que no se tenía preparación y al considerar éstas como espacios para utilizar los recursos en beneficio personal o político.

Ahora bien, ¿a qué viene esta reflexión? Me explico.

México ocupa uno de los primeros cinco lugares de los países megadiversos del mundo. En la secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) acaba de ser designada una persona sin experiencia ni antecedente alguno en relación con sistemas de generación y gestión del conocimiento sobre biodiversidad.

Ante lo sucedido, lamentablemente para el país, el Dr. José Sarukhán, prominente científico y servidor público, decidió retirarse de la Coordinación de esa Comisión después de haberla creado y cuidado durante 30 años.

CONABIO es una institución ejemplar, reconocida a nivel mundial: “ha generado un invaluable acervo de información científica sobre la biodiversidad mexicana y desarrollado un conjunto de herramientas de acceso público, que permiten conocer, proteger y manejar sustentablemente el patrimonio natural de México” (CeiBA).

Me pregunto si no incurre en corrupción quien acepta una función directiva en una institución pública tan especializada como la CONABIO para la que no está preparado, no cuenta con experiencia y con ello, pone en riesgo una riqueza nacional en información y conocimiento desarrollados y conservados por servidores públicos tan comprometidos como el Dr. Sarukhán.

Sólo es una pregunta.

Vivir con miedo

Noticiero IMER 2022.

En México el miedo es posiblemente una de las emociones más compartidas y presentes entre la población. A la percepción de peligros que derivan del hecho de estar vivo, donde los riesgos surgen de causas naturales o generadas por acciones humanas involuntarias, se suman aquellas llevadas a cabo con toda intencionalidad con miras a ejercer el poder sobre otras personas, para subordinarlas, explotarlas y conculcarles sus libertades.

Algunas razones que conducen a las personas a vivir con miedo es el riesgo de perder algo que se logró o se obtuvo y de lo que depende su bienestar. Me refiero al temor de perder el trabajo y caer en la pobreza, a perder las cosechas por eventos climáticos, a fracasar en una empresa, perder patrimonio por cambios en la economía, a enfermar, por ejemplo. Esos miedos son parte natural de la vida.

Sin embargo, una forma de ejercer el poder sobre otras personas consiste en infundirles miedo, generarles inseguridad, incertidumbre y a partir de ello, obtener beneficios de ellas, explotarlas, someterlas. Tres formas de hacerlo son las siguientes:

Amenazar e infundir terror- La delincuencia organizada en México avanza cada día en el territorio nacional a través de acosar e infundir miedo a personas de todo nivel: aquellas que reciben pensiones, las que viven de sembrar y producir alimentos, los comerciantes y empresarios medianos y grandes, los comunicadores y especialmente a las autoridades.

Los recientes acontecimientos en varias ciudades de Baja California, en Jalisco,  Guanajuato, Michoacán  y en Ciudad Juárez, donde quemaron autobuses de pasajeros, vehículos particulares y tiendas de conveniencia e incluso, mataron a civiles, de acuerdo a algunos opiniones, parecerían querer enviar un mensaje al gobierno de México para que no acepte, con el de Estados Unidos, convenios de extradición de grandes capos de las mafias del narcotráfico y de la trata de personas o continúe con decomisos de drogas. Según expertos en la materia, de ser ese el caso, de acuerdo a diversas definiciones y al artículo 139 del Código Penal Federal, estaríamos hablando de terrorismo.

Ahora bien, una segunda modalidad como el cobro de piso incluso a vendedores ambulantes, el financiamiento a pequeños productores de alimentos obligándolos a que entreguen sus productos para que sean las bandas que los comercialicen, o el crédito “gota a gota”. Son sólo algunas de las innumerables formas que ha encontrado la delincuencia organizada para obligar a la población a trabajar para ellos. Significan una creciente penetración de las bandas criminales en el corazón de las actividades económicas del país.

Como resultado de este tipo de acciones que se expanden en todo el territorio, las poblaciones están abandonando sus comunidades. Hay un crecimiento notable de población desplazada, cerca de 30,000 personas en 2021 (CMDPDH), fenómeno que hasta hace 15 años era desconocido en México. También se estima que un 40% de los migrantes que llegan a Estados Unidos son mexicanos desplazados por la inseguridad y el miedo. Nuevamente, como dice Tonatiuh Guillén la migración se desbordó.

Se trata de una creciente normalización de la violencia, del nivel de victimización que hemos alcanzado; evidencias de la impotencia, el cansancio, y de la pérdida de esperanza de que la situación cambie.

Pero en México existe una tercera forma de ejercer y conservar el poder infundiendo miedo. Desde hace muchos años, los gobiernos y los partidos políticos utilizan los programas sociales consistentes en entregas de dinero, así como las dádivas en las campañas, para obligar a aquellos que las reciben a ejercer el voto en su favor. Se conoce como “compra y coacción del voto”.  A pesar de todas las reformas a las leyes electorales que hemos tenido en las últimas décadas, esta forma de conculcar la libertad del voto no ha podido frenarse.

En este caso, la población tiene miedo de perder los recursos que recibe de los programas sociales o durante las campañas políticas y está dispuesta a ejercer su voto en favor de aquéllos que le garantizan seguir recibiendo esos beneficios. Es una forma de corromper la democracia representativa pues las personas no eligen con libertad quién las representará.

En el Gobierno de Vicente Fox se intentó llevar a cabo un “blindaje de los programas sociales” como “Oportunidades” obligando a que fueran estos fueran transparentes, se publicaran y difundiera de manera accesible las reglas para acceder a ellos, así como los padrones de beneficiarios.

En la actualidad, con una política social ejercida a partir de programas de entregas de dinero a la población y la carencia total de información de cómo operan y quienes las reciben, las personas y las familias viven con un gran miedo de perderlas.

Una acción más que contribuye a vivir con miedo y aceptar sujetarse al poder de otros.