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Ecos de dos marchas

IMER. 30 de noviembre de 2022.

Acabamos de pasar por dos versiones diferentes de marchas multitudinarias, y pacíficas en la Ciudad de México.

La primera, el domingo 13 de noviembre, convocada por agrupaciones de políticos de oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por personajes y organizaciones que se han arrogado la representación de una sociedad civil sumamente heterogénea, cuando sus liderazgos y recursos provienen de grupos conservadores y de empresas interesadas en preservar sus privilegios.

El número de participantes superó con mucho la respuesta que esperaban sus convocantes, así como sus propias capacidades de movilización. Se reprodujo    en más de 50 ciudades del país e incluso en el extranjero. Las estimaciones de asistencia en CDMX fluctúan ampliamente: entre 200,000 a 600,000 personas. Incluso algunos cálculos llegan a señalar 850,000 asistentes.

Se trataba de defender la llamada democracia electoral, un logro de la sociedad mexicana que tomó varias décadas alcanzar, varios conflictos, detenciones, desapariciones e incluso muertes. Esa democracia electoral derivó de amplios procesos de diálogo y acuerdos entre representantes de la diversidad política. Desde 1977 y hasta 2014 han habido ocho importantes reformas electorales consensadas entre los partidos políticos y no impuestas desde el poder.

A la marcha del 13 de noviembre asistimos varias personas mayores. Muchos habíamos participado en las batallas para acabar con 70 años de gobiernos del PRI. También participaron reconocidos luchadores de la izquierda mexicana, convencidos de que había que defender lo logrado en materia de confianza y autonomía en la organización de las elecciones en México, frente a la propuesta de reforma electoral promovida desde la presidencia de la República.

Lamentablemente los tres gobiernos que siguieron, una vez derrotado el PRI en el año 2000, mantuvieron las políticas económicas y sociales iniciadas por los últimos gobiernos de corte neoliberal de ese partido. Como consecuencia, en los primeros dieciocho años de este siglo, la democracia electoral no se reflejó en el bienestar de la población.

La segunda marcha, del 27 de noviembre pasado, se concentró en la CDMX, fue convocada por el presidente de la República, y se estima que tuvo una asistencia de 1 millón 200 mil personas, muchas de las cuales fueron transladadas a la ciudad, utilizando alrededor de 2,000 autobuses foráneos.

Después de plantearla como una marcha de desagravio por las expresiones calificadas por el propio presidente como “opositoras y conservadores” de la marcha anterior, terminó justificándose como una manifestación popular para reconocer al presidente López Obrador y los logros de la Cuarta Transformación en el contexto del cuarto informe de gobierno.

Se trataba de mostrar el poder de convocatoria del presidente.  Se pusieron en juego todos los recursos de la coalición de partidos que lo apoyan, así como de los gobiernos municipales, estatales y alcaldías que encabeza dicha coalición. Para el efecto se llevó a cabo una gran promoción, previa a la marcha, y se hizo uso de los medios públicos de comunicación para dar seguimiento y difundir su realización.

La propia marcha, encabezada por el presidente de la República quien hizo el recorrido a pie durante cinco horas, se transformó en una gran fiesta popular. Se organizaron espectáculos musicales en varios puntos del trayecto y los participantes portaban mantas y letreros, cantaban y coreaban. Muchos buscaban ver, tocar, saludar y fotografiarse con el presidente por lo que se convirtieron en un obstáculo para permitir a éste un paso fluido. Al llegar al Zócalo todavía dio su informe durante poco más de hora y media.

Los dos eventos descritos se realizaron con tranquilidad, sin daños al entorno; el primero con mucha espontaneidad, el segundo con mayor organización y recursos.

Si bien son expresión de la gran polarización que domina la realidad nacional, en los dos casos es de destacar el interés de la población por encontrar canales de expresión pública de sus inquietudes, preocupaciones, agradecimientos y apoyos.

Es de lamentar que no contemos con espacios y actividades públicas que propicien el encuentro, el diálogo y, por tanto, la escucha entre la diversidad social, para enfrentar colectivamente la profunda desigualdad, la creciente violencia y la falta de acceso a la justicia y a la verdad que padecemos.

¿Es pertinente una reforma electoral en este momento?

IMER. 19 de octubre de 2022.

Sería un gravísimo error del Congreso Federal aprobar una reforma electoral  a diez meses de que inicie, en septiembre próximo, el proceso electoral para las elecciones  en 2024. Ninguna de las reformas electorales realizadas anteriormente se llevó a cabo en tales condiciones.

No alcanzarían a concretarse y a consolidarse las propuestas de cambio en los organismos responsables de la organización de las elecciones como  sustituir al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) haciéndolo responsable de organizar todas las elecciones en el país, con organismos locales que sólo funcionarían en tiempos electorales.

Sería un daño irreparable para la calidad de nuestras elecciones, desaparecer el cuerpo de profesionales que en todo el país como se propone.  Con gran experiencia y apoyados por la ciudadanía, el personal profesional de las juntas locales y distritales trabaja de manera permanente actualizando la cartografía y el padrón electoral, definiendo la ubicación y el número de casillas para facilitar el acceso de los votantes, seleccionando y capacitando a personas para integrar las mesas electorales con ciudadanía imparcial, distribuyendo y recogiendo la papelería electoral, impartiendo educación cívica.

La calidad y certeza del proceso electoral se pondría en grave riesgo y podría desembocar en cientos de conflictos en el país, que de por sí ya está tan polarizado.

Debemos seguir avanzando en una mayor calidad y confianza en las elecciones.  No retroceder en lo hasta ahora logrado que nos garantiza ejercer nuestro derecho al voto en forma libre y secreta, que éste se cuente y se cuente bien y que sea la ciudadanía y personal profesional y con experiencia y no los partidos políticos, los que organicen las elecciones.

Es necesario que el padrón, las listas electorales y nuestras credenciales sigan gozando de nuestra confianza y sigan bajo el control de un organismo autónomo ciudadano. No es posible volver a darle el control del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación y menos con la creciente militarización del país. El padrón y las listas electorales en manos de los gobiernos del PRI eran motivo de controversias, herramienta para el fraude, para hacer ingeniería electoral: mantener personas fallecidas, inflar las listas, eliminar votantes de partidos contrarios.

Fueron muchas batallas y horas destinadas por la ciudadanía organizada y por los partidos de oposición para conseguir un padrón y una credencial electoral confiable, ejemplo a nivel mundial, que nos permite contar con una identificación ampliamente aceptada.

Asimismo, al eliminarle a los partidos políticos la asignación de dinero público para sus gastos ordinarios como se está proponiendo en la reforma electoral de la presidencia de la República estemos exponiéndonos a que la delincuencia organizada y los poderes económicos de hecho se apropien de partidos políticos a través de su financiamiento.

Es cierto, que es necesario reducir las asignaciones de recursos públicos a los partidos revisando la fórmula para asignárselos, pero también tenemos que evitar que reciban dinero por debajo de la mesa de fuentes privadas y condicionado al otorgamiento de privilegios y canonjías. Se dice que por cada peso de recursos públicos para las campañas políticas se reciben 15 de fuentes privadas.

Los programas sociales y mucho dinero son usados por los partidos y por los gobiernos para condicionar y comprar votos. Debemos luchar contra ello, contra el clientelismo y denunciar cuando esto ocurre y las formas como se lleva a cabo.

Fueron muchos años, muchos actores y movimientos sociales y muchas batallas las que dimos para lograr remontar 70 años de represión, pérdida de vidas, encarcelamientos, impedir la participación y la organización de la ciudadanía y sufrir altos niveles de corrupción.

Nuestra democracia electoral ha permitido al menos, la alternancia política para tener representaciones diversas y con distintos proyectos, en los congresos y en los poderes ejecutivos federal y locales. Con ello hemos evitado que todos los poderes del Estado los controle un solo partido político como nos sucedió por siete décadas de gobiernos del PRI. 

Si bien nuestro sistema electoral es perfectible no podemos aceptar una reforma electoral que retroceda en lo que hemos alcanzado ni que se lleve a cabo con premura. Corremos el enorme riesgo de volver al autoritarismo y a que se violen nuestros derechos políticos y civiles.

¿Tiene futuro nuestra democracia?

IMER. 14 de septiembre de 2022.

El pasado 8 de septiembre en el Palacio de Minería, la Universidad Nacional Autónoma de México y el periódico El Universal le hicieron un homenaje al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Para el efecto organizaron un coloquio sobre “Democracia y futuro de México” en cuyo contexto el Ing. Cárdenas realizó una importante reflexión sobre el estado de nuestra democracia y se llevaron a cabo dos mesas: la primera sobre Legalidad, seguridad y democracia en México. La segunda versó sobre La agenda pendiente de la democracia mexicana.

La grabación del evento completo puede escucharse en el sitio de YouTube de El Universal https://www.youtube.com/watch?v=yUfK3btPywM. Uno puede escoger sólo las intervenciones que le interesa escuchar.

La del propio Ingeniero Cárdenas no debe perderse pues hace una magnifica y sintética exposición sobre lo que significa e implica la democracia en un sentido amplio y no sólo referida a lo electoral cito “reflejada sólo en la validez y respeto del voto, que todos puedan votar sin trabas, sin presiones de la autoridad o de intereses determinados, y que resulten elegidos, quienes en esas condiciones reciban la mayoría de los votos¨.

En su concepción amplia de democracia señala,  cito de nuevo, si “se refiere a un régimen político, lo primero que debe verse es cuáles son sus alcances, por ejemplo: si está limitada al sistema electoral, imponiendo el respeto al voto y reglamentando la vida de los partidos; si la igualdad se da ante la ley, la sociedad y las oportunidades de mejoramiento; si los derechos legalmente reconocidos son universales o su ejercicio se reduce a determinados grupos sociales, si los derechos legalmente reconocidos a todos, son ejercitables en la práctica y exigibles ante el Estado, o si están en la letra pero por impedimentos diversos no pueden ejercerse universalmente, o está previsto el acceso a su ejercicio con gradualidad”

Agrega otros elementos importantes como es la vigencia del Estado de derecho, es decir, que se cumplan y hagan cumplir los mandatos constitucionales y de las leyes; observa como lastimado ese Estado de Derecho en México por la corrupción, cito “la creciente presencia de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, así como la gran desigualdad social y económica”

En las mesas varios coincidimos y bordamos en torno de los planteamientos iniciales, comprensivos y sintéticamente expuestos por el Ing. Cárdenas respecto de los alcances amplios de la democracia.

Destacaría sólo dos temas que personalmente considero centrales.

  1. El que la democracia no puede limitarse a lo electoral, que su vigencia requiere del respeto al Estado de Derecho y que, en su caso, los cambios a la Constitución y a las leyes deben provenir de una voluntad y participación amplia y expresa de la población y no de definiciones cupulares o autoritarias o de legisladores subordinados a los poderes políticos y económicos y que no representan a la población.
  2. En segundo lugar, que es muy importante que la vigencia de un régimen democrático se refleje en el bienestar y en el cierre de las brechas de desigualdad al hacer efectivo y exigible el acceso universal a los derechos sociales y económicos o por lo menos, el tener un compromiso, un proyecto y recursos para irlos haciendo realidad de manera paulatina.

Indudablemente la democracia no funciona frente a los niveles de corrupción, inseguridad, violencia y autoritarismo en que ha operado nuestro país desde el año 2000 en que finalmente logramos quitar del poder al partido que lo detentó por 70 años.

Muchas personas en el mundo y en México han dejado de creer en la democracia pues su supuesta vigencia no ha tenido un efecto concreto y palpable sobre sus condiciones de vida. Con la inseguridad y las violencias descontroladas, incluso han perdido libertades, patrimonio, fuentes de ingreso, paz, confianza, sentido de comunidad y muchos, incluso amigos y familiares.

Por ello, mi participación en el coloquio se llamó “La democracia que no fue” y sostuve que si en 1988 el Ing. Cárdenas hubiese llegado a la Presidencia de la República habría hecho todo lo que estuviera a su alcance para cambiar el rumbo del país hacia un régimen con mayor justicia social, mayor participación ciudadana y mayor presencia y responsabilidad del Estado.

La democracia que no fue

Coloquio Democracia y futuro de México

Mesa 2.- La agenda pendiente de la democracia mexicana

Palabras de Clara Jusidman en el marco del Homenaje el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

8 de septiembre 2022                                                         Palacio de Minería

En la segunda mitad del siglo XX varios luchamos por diversas vías y con costos diferenciados, por instaurar una democracia que nos permitiera avanzar hacia la justicia social para reducir la desigualdad y la pobreza y crear un Estado Social y Democrática de Derecho.

Sin embargo, la avaricia, la violación a la dignidad de los seres humanos, la estupidez y la destrucción de nuestros bienes naturales, de capacidades estatales y del sentido de comunidad, han marcado en nuestro país los últimos 40 años del ejercicio del poder.

Desde mi óptica en ese período ha habido tres momentos donde alcanzamos un límite de malestar político, social y económico e intentamos impulsar una vía pacífica y civilizada de cambios de rumbo que finalmente, no llegaron a concretarse. Tres momentos donde el hartazgo social causado por los abusos de poder, los niveles de corrupción y de impunidad, el autoritarismo, la injusticia y el fallido modelo económico exigían un cambio en la estructura política para terminar con los privilegios y abusos de las élites y avanzar hacia una justicia social que beneficiara a las mayorías.

En las tres oportunidades hicimos una apuesta por la democracia, con miras a que todas y todos pudiéramos dialogar, alcanzar consensos y aportar sobre el necesario cambio de régimen político y de estrategia económica, para que nuestros derechos humanos se hicieran efectivos y recuperáramos el sentido de colectividad.

El primero de esos momentos fue 1988 cuando pusimos las esperanzas en que la corriente democrática del PRI, posteriormente transformada en un partido político de izquierda, lograra llevar a la presidencia al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El espectacular fraude cometido mediante una institucionalidad electoral y pública totalmente dominadas por el PRI y sus socios corporativos, así como de los poderosos medios de comunicación, nos llevó por un rumbo totalmente  contrario al que muchos deseábamos: se privilegió la economía de mercado, se redujo la presencia del Estado en la economía, se abatió la disponibilidad y calidad de los servicios públicos para la población y se abrió sin restricción alguna, la economía a la globalización con un espectacular sacrificio de la planta industrial que tanto nos había costado.

Desapareció la política industrial que desde los años cuarenta fue el motor de la economía. Se privilegiaron los tratados y la política comercial. No sólo se deterioró el salario social, sino que se mantuvo y profundizo una política salarial de despojo a las familias trabajadoras con el objetivo de competir con mano de obra barata en el mercado mundial. Esta política tuvo un efecto muy nocivo en la construcción y desarrollo de la infancia y juventud de las últimas cuatro décadas.

Lo único positivo del periodo 1988 al 2000 fue la profundización de los cambios a la legislación y a la institucionalidad electoral iniciados desde 1977. El gobierno comprendió que ya no podían estirar más la liga en el manejo de las elecciones. Se creó el IFE “ciudadano” y un padrón electoral renovado.

Pero la caldera social continuó calentándose ante el fraude del 88 y por el curso tomado por la política económica y social del país.

La sociedad nacional volvió a colocar sus esperanzas de cambio de rumbo en las elecciones del 2000.  Se generó un amplio movimiento democrático de la sociedad civil, antecedido por varios importantes movimientos sociales y compartido por los partidos de oposición y que recibe además, un gran impulso con el levantamiento zapatista de 1994.

En las elecciones del año 2000 finalmente se logra la salida del PRI del Gobierno Federal. Entra el primer gobierno del PAN en elecciones organizadas por un IFE conducido por un consejo ciudadano-académico autónomo.

Nuevamente las esperanzas de avanzar en una democracia donde se escucharan y respondiera a las preocupaciones y las voces de la población en todo el territorio nacional y se introdujera una necesaria reforma de Estado que transformara la institucionalidad heredada de 70 años de gobiernos del PRI y 20 años de funcionarios neoliberales, se vieron frustradas. Se mantuvieron las instituciones, los marcos legales y la política económica que respondían a los intereses de las élites. Se eligió el camino de la tolerancia y la negociación con el PRI. La estructura del Estado pasó a beneficiar a las élites conservadoras elegidas ¨democráticamente¨ para dirigir la nación. Políticos y empresarios sin experiencia colonizaron la administración pública.

Se mantuvo y profundizó la política económica pro mercado, la contención salarial, la precarización de las condiciones laborales, la política social limitada a sobrellevar la pobreza, la colusión con los dueños de los medios de comunicación y los liderazgos sindicales corruptos.

Se abrieron nuevas oportunidades de negocios para las élites empresariales  como fue el mercado de los consumidores pobres con los programas de transferencias monetarias y el mayor debilitamiento de los servicios sociales públicos, la subrogación de servicios de salud, el acceso a grandes y valiosas extensiones de  tierras y recursos  mediante la compra de “derechos ejidales”, la adquisición de suelo urbano a precios ridículos y los desarrollos de vivienda social que crearon al ogro inmobiliario, las concesiones mineras y de agua, así como los casinos.

La violencia criminal se extendió en el territorio nacional, se ampliaron los delitos como el secuestro, el despojo, el robo de autos y en carreteras, la producción y tráfico de estupefacientes, los asesinatos y desapariciones, la colusión de autoridades con el crimen organizado. Se declaró la guerra contra el narco. Nuevas identidades surgieron en el país como víctimas de las violencias: los huérfanos, la personas con discapacidades por armas de fuego, personas adictas a drogas duras, mujeres y familias víctimas que perdieron a alguno de sus integrantes, personas despojadas y desplazadas, jóvenes sicarios y halcones sometidos al poder de los capos, migrantes desaparecidos.

Lo poco positivo que pudiera rescatarse de esa etapa fue la incorporación del discurso de Derechos Humanos en la esfera pública, la creación de algunos organismos autónomos para fortalecer los contrapesos al poder y cámaras legislativas con mayor pluralidad. La articulación con la economía resultó beneficiosa para ciertas actividades y regiones.

En las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 las élites volvieron a  colocar  a sus candidatos con estrategias concebidas desde influyentes medios de comunicación y controlando el resultado de las elecciones.

El retorno del PRI en 2012 profundizó la tragedia nacional. Los problemas se agudizaron, el crimen organizado empezó a desarrollar gobiernos paralelos y a penetrar las actividades económicas como la producción y exportación de aguacate, la extorsión y el pago de piso. El extractivismo de recursos naturales por empresas coludidas con bandas del crimen organizado sometió a comunidades enteras, las despojó, contaminó sus recursos y las obligó a desplazarse. El tráfico de personas surgió como un gran negocio con migrantes, infancia y mujeres. Crecieron los feminicidios.

Las políticas sociales y económicas que privilegian al mercado y favorecen la concentración de la riqueza, se prolongaron por dieciocho años. La inseguridad y desigualdad, así como la percepción de las mismas, se agudizó. La corrupción y los abusos del gobierno peñista se hicieron evidentes e incontenibles.

Así llegamos a la elección de 2018 con un malestar social renovado y potenciado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Pensamos que en esta tercera ocasión si tendríamos un gobierno que avanzaría en la reconstrucción de los servicios públicos de salud, educación, vivienda,  acceso al agua y a energías limpias para reducir las brechas de desigualdad y enfrentar la pobreza; que respetaría y promovería los derechos de las poblaciones sujetas a discriminación como las mujeres, la infancia, los jóvenes, las personas con discapacidad; que revertiría el despojo a los pueblos originarios de sus tierras y recursos y respetaría su cultura y procesos colectivos; que combatiría con efectividad la corrupción y la impunidad; enfrentaría y controlaría al crimen organizado y la delincuencia;  daría fin a la política de contención salarial y precarización laboral; protegería nuestras riquezas naturales y revertiría las concesiones extractivistas; respetaría a la libertad de expresión; apoyaría el acceso a la justicia y a la verdad de los cientos de miles de víctimas, impulsaría una política migratoria decente y digna y avanzaría en la construcción de una Estado Social y Democrático de Derecho.

En fin, que finalmente llegaba al poder un gobierno que escucharía a la población, atendería sus preocupaciones y avanzaría en una democracia participativa donde todas y todos tuviéramos vías para contribuir a un nuevo pacto social y  a un proyectos distinto de país, aspecto que ha preocupado al Ingeniero desde hace varios años.

La mayoría de esas expectativas no han sido cumplidas. Por el contrario, nos enfrentamos a una concentración del poder en la figura presidencial, a una polarización promovida desde la presidencia, que confronta un día sí y otro también, la libertad de expresión;  destruye capacidades estatales, científicas y tecnológicas valiosas y costosas; soslaya el despojo de tierras y recursos naturales de las poblaciones originarias; permite la apropiación privada de los recursos públicos y   maneja los programas y la institucionalidad estatal para cautivar y mantener clientelas políticas.

Al mismo tiempo, las conductas discriminatorias de las élites urbanas y su incapacidad y desinterés por entender las preocupaciones de la mayoría de la población profundizan el malestar y la desigualdad social.

En un panorama como el descrito uno podría concluir que “la democracia nunca nos alcanzó” y la posibilidad de lograrlo se aleja cada vez más.

Finalizo con algunas razones de ello:

  1. Amplios sectores de la población ya no creen que la democracia mejorará sus condiciones de vida, ni abatirá la inseguridad.
  2. Las juventudes afectadas por nuestro fracaso social y la cultura individualista, muestran poco interés en la política, en las elecciones, en la participación y en la construcción colectiva de un proyecto de país.
  3. Las herramientas de la democracia representativa como los partidos políticos, las elecciones y el congreso o bien están desprestigiadas o se miran como inútiles.
  4. Las y los políticos profesionales se preocupan más por su permanencia en el poder y por el acceso a recursos públicos que por el bienestar de la población. Se mueven en un mercado donde se compran y venden votos, saltan de un partido a otro, aceptan posiciones para las que no cuentan con preparación alguna, cuando son legisladores se mantienen muy lejos de las poblaciones que representan, optan por obedecer a quien les garantiza  permanencia en posiciones de poder.
  5. Las benditas redes sociales, la utilización maliciosa de la inteligencia artificial, la posverdad y las fake-news propalan mentiras, alimentan el conflicto y la polarización, manipulan a las personas, alientan el consumismo y el individualismo, generan personajes que influyen a miles de seguidores. El voto informado, libre y secreto se ha ido al cajón de los recuerdos.
  6. Las organizaciones de la sociedad civil son cada vez más combatidas por regímenes autoritarios y populistas en todo el mundo.
  7. El miedo es actualmente una emoción dominante por el aumento de la inseguridad y la violencia, la interminable pandemia, la incertidumbre económica, el ejercicio abusivo del poder, la fragilidad de las fuentes de ingreso, la inflación, el poder de las empresas globales y los conflictos en el mundo. No es una emoción propicia para la construcción de democracia. Esto requiere de tiempos, disposición al diálogo, aceptación del conflicto y cesión de privilegios.

En fin, llevo muchos años luchando por la participación, la organización y el respeto a los derechos de la población, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y creo que lo que estamos viviendo tiene dos cursos de salida: a partir del aprovechamiento de los avances tecnológicos llevarnos a nuevas y más amplias posibilidades de participación ciudadana y de construcción y control del poder político, o bien conducirnos a una mayor concentración del poder y al agravamiento de nuestro deterioro social.

Ingeniero Cárdenas, es una pena que usted no hubiese llegado a la presidencia de la República de 1988. Seguramente hubiera cambiado el rumbo del país hacia un régimen con mayor justicia social, mayor participación y mayor presencia y responsabilidad del Estado. No sabremos si hubiera usted podido enfrentar las tendencias económicas dominantes en Occidente, ni someter a las estructuras de poder político, económico y mediático de la época. Yo estoy cierta que hubiera usted hecho todo lo que estuviera a su alcance.

Palabras de Clara Jusidman en el lanzamiento de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo Nueva República

21/07/22

Me da mucho gusto participar en el lanzamiento de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo, Nueva República, por dos razones fundamentales. La primera por ser una institución que permitirá recuperar y sistematizar los aportes de Porfirio Muñoz Ledo al desarrollo político, social e institucional, del país, así como a la política internacional y la segunda, porque la Fundación se constituirá en un centro de reflexión y construcción de opciones políticas, sociales y culturales para México en un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa.

Conocí a Porfirio Muñoz Ledo durante la Comisión Nacional Tripartita, un evento de gran trascendencia para actualizar el pacto social entre el gobierno, las organizaciones obreras y las patronales convocado por el presidente Luis Echeverría en 1971. Este pacto le había permitido a México en las décadas previas, llevar a cabo un proceso de industrialización y la creación de un sistema dual de seguridad social.

Era necesario renovarlo y fortalecerlo mejorando las condiciones de vida de los trabajadores asalariados y sus familias ante el agotamiento del impulso económico previo.

Como producto del proceso de la Comisión Nacional Tripartita se crearon varias instituciones en beneficio del sector obrero. Destacan entre ellas el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, el INFONAVIT, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT y el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario de los Trabajadores, el CONAMPROST. Ese proceso continuó con la creación en 1975 del Instituto Nacional del Consumidor y de la respectiva Procuraduría y culminó con un aumento a los salarios mínimos del 23% en 1976, instruido por el presidente, frente a una devaluación del peso mexicano.   

Entre 1973 y 1976 la Secretaría del Trabajo experimentó cambios fundamentales ampliando sus funciones al fomento del empleo y la productividad, al desarrollo de capacidades profesionales de los trabajadores, así como a la investigación y formación de cuadros especializados en la administración del sector laboral.

Porfirio Muñoz Ledo como secretario del Trabajo y Previsión Social en esos años, estuvo detrás de los resultados de la Comisión Nacional Tripartita, de la creación de las instituciones de protección al consumo y de los fundamentales cambios a la Secretaría del Trabajo.  Cuando llegó Arsenio Farell como secretario destruyó todo y regresó a la Secretaría a su función de mediadora en los conflictos laborales, donde se encontraban sus intereses particulares.

En el gobierno de José López Portillo, Porfirio Muñoz Ledo pasó a ser secretario de Educación, pero por conflictos con un personaje oscuro y poderoso de esa administración, tuvo que dejar esa Secretaría.  Siempre he pensado que, de haber permanecido Muñoz Ledo como secretario de Educación, no tendríamos el desastre en la educación pública mexicana que actualmente experimentamos.

En esos años Porfirio me invitó a participar como directora técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos argumentándome que en la Dirección General de Estadística donde estaba encargada de sentar las bases de la actual Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, no tendría posibilidades de crecer. Acepté su oferta, pero mi decisión se basó en la pérdida de interés del nuevo director de Estadística por ampliar y potenciar el campo de las encuestas por muestreo que apenas iniciaba en el país.

Desde entonces, que son casi 50 años, Porfirio me ha invitado a participar en diversas iniciativas que ha impulsado. Todas ellas con una especial visión de futuro y un compromiso con la construcción de capacidades estatales.

En ese sentido me invitó en 1994 a participar en un Comité Técnico que debía vigilar las auditorías al nuevo padrón electoral elaborado por el Gobierno de Carlos Salinas para remontar una de las mayores objeciones a las elecciones controladas desde la Secretaría de Gobernación, que era la calidad de las listas electorales que se utilizaban. Porfirio Muñoz Ledo estaba muy activo en el proceso de cambio de legislación electoral para arribar a la reforma de 1997 que finalmente “ciudadanizó” la realización de las elecciones a través de la creación del Instituto Nacional Electoral.

En 1999 me convocó al desarrollo de una Reforma del Estado cuando fue la elección de Vicente Fox. Como era en el contexto de esa candidatura, no acepté. Ahora reconozco que Porfirio fue el único que vislumbró la necesidad de contar con una estrategia clara de reforma del Estado una vez que se diera el cambio de partido en el poder.

Muchos habíamos participado en lograr ese cambio, pero no teníamos una propuesta para completar la transición. Lamentablemente se perdió una oportunidad histórica para el país debido a personajes del Gobierno de Fox que prefirieron no hacer olas, permitieron la sobrevivencia del PRI y desecharon la Reforma del Estado propuesta por Porfirio Muñoz Ledo y respaldada por 200 especialistas.

Acudo a esos recuerdos porque refieren a cuatro campos incluidos en las múltiples preocupaciones y acciones de Porfirio Muñoz Ledo en su larga y fructífera vida. 

Es fundamental estudiar a profundidad y entender el papel que jugarán esos cuatro ámbitos en el cambio de época que estamos viviendo: la educación y la formación de capacidades profesionales, los cambios en el mundo del trabajo, las modificaciones en las formas y niveles de los consumos y las estructuras políticas que deberán sustentar la reorganización del Estado y de la gobernanza global.

La velocidad de los cambios en materia tecnológica, resultado de las cuarta y quinta revoluciones industriales, están incidiendo en el contenido y la práctica de la educación, en los niveles y modalidades del consumo y en las ocupaciones, la organización y las relaciones laborales. Inclusive las formas de prestación de servicios públicos estatales están experimentando modificaciones aceleradas: la telemedicina, la educación por medio de plataformas y a distancia, el tipo de conocimientos y capacidades requeridas en el mundo del trabajo; las compras por medios de plataformas; la excesiva información sobre consumo distribuida en redes sociales. La riesgosa evolución de la inteligencia artificial. Estas tendencias están modificando profundamente los patrones de uso del tiempo, de ingreso y de gasto, de movilidad y de relaciones entre las personas y las familias. Las estructuras y las capacidades de las instituciones del Estado deberán actualizarse, modernizarse y hacerse accesibles en todo el territorio nacional.

Además del reto que significa anticipar esos cambios y sus posibles efectos para maximizar sus beneficios y minimizar sus daños, se vuelve indispensable convocar a diálogos en el territorio que conduzcan a un pacto social constitucional renovado, reiterada aspiración de Porfirio Muñoz Ledo y del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Necesariamente deberá actualizarse el pacto social ante la presencia de identidades que no han sido reconocidas hasta ahora en los pactos implícitos vigentes una vez que se abandonó y deterioró el pacto tripartito. Identidades con presencia poderosa como son las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, las personas mayores, los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, las identidades territoriales, entre otros, deberán ser convocados a diálogos donde sus requerimientos y derechos sean tomados en cuenta.

Este cambio de época y las problemáticas que estamos viviendo en México en materia de inseguridad, desigualdad, pobreza, discriminación, destrucción de capacidades estatales, polarización, mayores retrocesos en nuestra precaria democracia y riesgos climático y económico, demandan de centros de reflexión que, fundamentados en las capacidades de convocatoria, confianza y escucha, puedan aportar a la construcción de una nueva Constitución.

Es urgente avanzar en el cambio y actualización de las leyes, instituciones y prácticas políticas construidas a lo largo de 100 años por las élites económicas, sociales y políticas del país, en su propio beneficio. Ello demanda tener claridad en el proyecto de organización política que se requiere establecer, acordado por todos los sectores y estratos sociales en el territorio nacional.

La Fundación cuya creación hoy celebramos, permitirá recoger la visión sobre el futuro de Porfirio Muñoz Ledo, como político, intelectual y persona de estado y aportará importantes elementos para los debates.

Bienvenida la iniciativa y los mejores augurios.

Requisitos mínimos para una política de prevención social de las violencias y del delito

Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia:

hacia una política de Estado centrada en los Derechos Humanos.

 

 

 

Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la invitación para participar en esta segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

Se nos ha pedido comentar sobre la importancia de las políticas de prevención social y comunitaria para promover y proteger derechos relacionados con la seguridad ciudadana, sobre las características de esas políticas, o sobre casos de éxito o lecciones aprendidas en la aplicación de políticas de prevención social y comunitaria.

Después de haber realizado un esfuerzo importante desde INCIDE Social A.C. durante al menos 20 años, para que gobiernos de los tres órdenes comprendieran y adoptaran políticas gubernamentales para la prevención social de las violencias, aprovecharía esta oportunidad para hacer una reflexión sobre las lecciones aprendidas frente a un intento fracasado para lograr ese propósito.

Una aclaración que me parece necesario formular consiste establecer una diferencia entre una política o un programa de prevención social y comunitaria de las violencias diseñado y operado por el Estado que puede contar o no con apoyo de actores no estatales, respecto de un programa de prevención social y comunitaria donde quienes operan son los actores no estatales o las organizaciones comunitarias y civiles y el Estado financia sus proyectos. Es decir, considero que hay una gran diferencia entre una política gubernamental o pública diseñada y ejecutada por el Estado, respecto de modelos o experiencias de intervención concretas de actores no estatales. La primera tiene escala en todo el territorio nacional o en territorios seleccionados y las segundas sólo pueden reproducirse en la medida en que el actor no estatal o la organización civil cuente con los medios, los recursos humanos y de dirección necesarios y sostenibles en el tiempo.

El trabajo de INCIDE Social A.C. ha estado orientado a tratar de incidir en el desarrollo de políticas públicas para la prevención social de las violencias.

Como antecedente mencionaré muy brevemente algunas de las acciones que emprendimos en primer lugar desde el Gobierno del Distrito Federal entre 1998 al 2000, las que llevamos a cabo en segundo lugar, en apoyo a la construcción de una política de prevención social en Ciudad Juárez entre 2003 al 2010, en tercer lugar los trabajos para sustentar mediante investigaciones diagnósticas, programas de prevención en cuatro áreas metropolitanas y varios municipios y finalmente, en cuarto lugar, la formulación de un manual para evaluar proyectos de desarrollo inmobiliario con criterios de seguridad ciudadana.

En el Gobierno de la ahora Ciudad de México desarrollamos un programa denominado Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) que consistió en recuperar cerca de trescientos espacios públicos entre centros de desarrollo social, casas de cultura y centros deportivos con el propósito de ofrecer a la diversidad de vecinos de las comunidades circundantes actividades y talleres en tres vertientes principales: salud mental comunitaria, arte y cultura y deporte y recreación. Los objetivos para seleccionar y desarrollar las actividades y talleres consistían en: a) permitir un uso constructivo del tiempo libre particularmente de la infancia y las juventudes, dada la cortedad de los horarios escolares y las actividades de trabajo de los padres; b) construir ciudadanía mediante actividades concretas que permitieran desarrollar valores de respeto, convivencia, solidaridad, confianza, aprendizaje de límites y aceptación de reglas; c) construir comunidad y tejido social mediante la convivencia, el desarrollo de proyectos colaborativos y de redes de protección en la comunidad circundante y d) detectar con oportunidad condiciones personales de salud mental que de no ser atendidas en sus expresiones primarias podían poner en peligro la vida o integridad  de la persona  o de otros.

El SECOI se puso en práctica después de un proceso de negociación con las autoridades de las Delegaciones quienes tenían el control de los espacios públicos mencionados. Estos fueron actualizados y equipados con ludotecas, talleres de estimulación temprana, libroclubs, talleres de ciencias y de artes, entre otros; se capacitaron 1500 promotores en 17 modelos de intervención, además de 1500 educadoras para la salud: También se concertaron actividades con algunos actores no estatales que cumplían con el diseño del programa como los del Teatro del Pueblo.

SECOI tuvo una vida de año y medio. Al entrar en 2000 el nuevo gobierno de la Ciudad se canceló. No se le dio el tiempo suficiente de vida como para probar sus bondades o sus fallas.

En 2003, ya como una organización civil que pretende hacer incidencia en políticas públicas, iniciamos en Ciudad Juárez un ciclo de investigaciones diagnósticas para tratar de conocer las causas de las violencias, particularmente agudas en determinadas ciudades y municipios. El propósito era poner en evidencia la necesidad de programas de prevención social de las violencias para enfrenten con anticipación la evolución de los procesos que conducen a éstas.

La contribución que pretendió hacer INCIDE Social en esa etapa fue la de elevar el interés público y político por la adopción de medidas de prevención social y no sólo de seguridad pública policial o militar. Algún efecto tuvimos en la  inclusión de una política y de programas de prevención social a finales del gobierno de Felipe Calderón y posiblemente incluso con el propósito inicial, posteriormente cancelado, del Gobierno actual, de poner en práctica un Programa de Prevención Social de las Violencias.

También desarrollamos un manual que permite verificar si los proyectos de desarrollo inmobiliario tienen previsiones para elevar la seguridad de sus ocupantes o usuarios. Ello en razón de que encontramos en las investigaciones diagnósticas que una causa que contribuye a las violencias es el crecimiento y la caótica urbanización que hemos experimentado particularmente en los últimos 25 años, a partir de que se modificó el artículo 27 constitucional y se liberó el mercado de tierras.

¿Qué lecciones aprendimos después de poco más de 15 años de buscar colocar la prevención social de las violencias en la mira de las políticas públicas de seguridad ciudadana?

  1. Persiste una falta de acuerdo sobre qué debería entenderse por programas de prevención social de las violencias, además de una desafortunada competencia entre los funcionarios responsables de promoverla y en su caso, ejecutarla. A esto contribuimos también las propias organizaciones civiles al competir por los recursos destinados a proyectos de las organizaciones.
  2. La equívoca decisión de considerar que la prevención social de las violencias es parte de la seguridad pública y por tanto debe estar a cargo de las agencias de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Estas no la entienden y no saben cómo llevarla a cabo. Desde mi óptica se requiere articular intervenciones de las secretarías sociales como salud, educación, desarrollo urbano y vivienda e incluso de desarrollo económico. Es un error que la Subsecretaría encargada de la prevención social de las violencias sea parte de la Secretaría de Gobernación y que sean las áreas de seguridad de los municipios y de los estados las que manejen los programas y los recursos de prevención social.
  3. Hay una dependencia total de acciones y proyectos realizados por organizaciones civiles y comunitarias sin que exista una estructura propia de los gobiernos municipales, estatales y federal. Se hace lo que se llama acupuntura social sin que esta tenga efecto en todo el cuerpo social, ni alcance la escala de una política pública. La simulación y la discrecionalidad, en un ambiente de corrupción e impunidad, conlleva a un enorme desvío de los recursos destinados a la prevención social.
  4. La suposición de que con intervenciones de prevención terciaria o de mitigación,el grave problema de violencia y la crisis humanitaria que vive el país se van a revertir o dejarán de crecer. Las acciones se concentran en territorios afectados por las violencias o en grupos como son: las víctimas, las personas con adicciones, las pandillas juveniles, la población en reclusorios.
  5. La enorme dificultad para mantener el tiempo necesario los programas y acciones de prevención social de las violencias para empezar a dar resultados en el desarrollo de resiliencia personal y comunitaria, en la recuperación del tejido social y de la confianza, en la creación de una cultura de paz y el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, en la construcción de autoconfianza y el desarrollo de proyectos de vida entre los y las jóvenes, por ejemplo.
  6. Los constantes cambios de gobierno, la destrucción de programas iniciados por gobiernos previos, la ausencia de presupuestos multianuales y la exigencia de cumplir con metas e indicadores programáticos ajenos a las complejas realidades en las que actúan los programas de prevención, anulan toda la posibilidad de permanecer el suficiente tiempo para dar resultados. Esto genera la sensación entre muchos funcionarios de que estos programas son una pérdida de dinero y tiempo pues los resultados no se reflejan en los índices de criminalidad.
  7. Personalmente la principal lección aprendida es que la destrucción del Estado mexicano, la pérdida de estatalidad, que ya lleva por lo menos 35 años, impide o al menos dificulta, el diseño y puesta en práctica de una política pública de prevención social que efectivamente sea llevada a cabo con presupuesto y con personal de gobierno y con la escala social suficiente para atender a la población en general (prevención primaria), así como a las comunidades y a la población que están en riesgo (prevención secundaria) y a la que ya está siendo afectada por las violencias (prevención terciaria)

Por lo anterior, para diseñar y poner en práctica una política de prevención social y comunitaria de las violencias sería necesario:

  1. Que las agencias que participen se pongan de acuerdo en qué se entenderá por prevención social de las violencias y que clarifiquen cuáles serán sus contribuciones y compromisos.
  2. Que la coordinación del programa se ubique en una Secretaría de Desarrollo Social renovada que amplié sus miras y salga de ser una secretaría antipobreza.
  3. Que se defina un programa a por lo menos 20 años cuyo cumplimiento sea obligatorio para todas las agencias estatales que participen y para el cual se prevean mecanismos de ajuste y actualización frente a los cambios que ocurran.
  4. Que este programa y los que de él deriven al nivel de territorios, sean protegidos por ley de modo que al cambio de gobiernos estos se vean obligados a mantener los programas, excepto que demuestren que es necesario hacer cambios.
  5. Que se garantice la disponibilidad de recursos en el tiempo para las acciones clave del Programa: formación y contratación de promotores, desarrollo y adecuación de modelos de intervención, participación y contraloría ciudadana, entre otros.
  6. Que se pongan en práctica metodologías de evaluación de resultados pertinentes a la naturaleza de un programa de prevención con resultados a largo plazo y que se apliquen de manera que puedan aportar para la corrección de rumbos y la superación de errores.
  7. Que el programa sea diseñado y ejecutado por administradores públicos con conocimiento en la materia y se eliminen los tramos de discrecionalidad que facilitan la corrupción.

Finalmente, estoy personalmente convencida de la importancia de una articulación positiva entre los programas de prevención social y comunitaria de las violencias con los programas de seguridad pública. Los primeros no sustituyen a los segundos. Incluso habrá territorios donde no se podrán realizar acciones de prevención si no existe un programa de seguridad pública que proteja y de cobertura a las acciones de prevención.

Ampliación de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores no asalariados autónomos o que los hacen por cuenta propia y a los trabajadores asalariados que trabajan en condiciones e informalidad.

Ampliación de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores no asalariados autónomos o que los hacen por cuenta propia y a los trabajadores asalariados que trabajan en condiciones e informalidad.

Presentado en el marco de la 2° Semana de la Seguridad Social y el Empleo
Clara Jusidman Rapoport
26 de abril de 2017
Si bien este conversatorio es sobre pensiones suficientes el tema que quisiera yo tocar es el referido a la urgente necesidad de ampliar la cobertura de la seguridad social a todas las personas de manera progresiva si en realidad queremos reducir la desigualdad, enfrentar la pobreza y la exclusión y hacer efectivos los derechos humanos contenidos en los tratados e instrumentos internacionales de los que México es parte. Es un asunto de justicia social.
Como muchos instrumentos de la política social, la seguridad social tal como funciona en México actualmente, contribuye a ampliar la desigualdad: funcionarios públicos que gozan de altas pensiones frente a millones de trabajadores que ni siquiera llegan a obtener alguna.
Entiendo que en las últimas tres décadas la conversación se ha centrado en la sustentabilidad financiera de los esquemas actuales de pensiones y en general de la seguridad social, así como en la suficiencia de los montos que reciben las personas pensionadas. También se han desarrollado las pensiones sociales no contributivas y se estableció el seguro popular que si bien son un paso, no constituyen una red de seguridad social digna para los grupos excluidos de ésta.
Hay varias razones que considero deberían llevarnos a una reflexión más profunda sobre la pertinencia de mantener el enfoque de Bismarck de la seguridad social, limitado a crear una red de protección solamente para los trabajadores asalariados. Si bien el IMSS fue de gran utilidad en la etapa de industrialización del país y durante por lo menos cuatro décadas hasta finales de los años setenta, su pertinencia empezó a ser cuestionada en los años ochenta con el cambio de política económica y de visión sobre el papel del Estado en la provisión de bienestar.
Junto con la pérdida de poder de los sindicatos y confederaciones obreras, inicia una fase de decadencia de los servicios de seguridad social y de su presencia como una de las grandes instituciones del bienestar de las personas en el país. Así, se le deja de ver como una política que contribuye a la mejoría de la vida de las familias obreras para pasar a convertirse en una especie de pesadilla para los gobiernos conservadores.
La política de contención salarial adoptada por esos gobiernos y las bajas tasas de crecimiento del empleo formal contribuyeron a su deterioro. También ha influido la negativa de los gobiernos a ampliar la base contributiva y los impuestos a los sectores de altos ingresos.
Actualmente, la seguridad social en México enfrenta al menos el envejecimiento de la población, la prolongación de la esperanza de vida y el incremento de las enfermedades crónico degenerativas, que implican mayores costos para su atención.
El tema que me interesa destacar es que a casi 75 años de su creación, los intentos de ampliación de la cobertura de la seguridad social hacia otros trabajadores o grupos de población no han sido muy exitosos y se sitúan en el margen de sus servicios: no protegen a toda la población y limitan aquellos servicios que les proporcionan a quienes logran incorporarse mediante seguros voluntarios
La realidad en este momento en el mundo del trabajo, es que si bien cerca de tres cuartas partes de la población ocupada continúa siendo asalariada, por lo menos una tercer parte de ella trabaja en condiciones de informalidad, una de cuyas características es no tener afiliación a la seguridad social y enfrentar condiciones laborales precarias. El otro 25 por ciento es población ocupada no asalariada en la que se encuentran desde profesionistas, técnicos y trabajadores del arte hasta trabajadores en servicios personales, o trabajadores industriales, artesanos y ayudantes y un porcentaje importante de comerciantes.
Si bien es cierto que una proporción de los trabajadores asalariados en condiciones de informalidad son ocupados por empresas medianas y grandes así como por gobiernos que mediante una inspección del trabajo honesta, eficiente y bien aplicada podrían incorporarse al seguro social, otros son subcontratados por empresas que proveen servicios a esos mismos empleadores (outsourcing, terciarización); y un porcentaje alto trabajan para empresas micro y pequeñas que difícilmente alcanzan a cubrir los costos de la contratación. Muchas personas trabajadoras experimentan a lo largo de su trayectoria laboral entradas y salidas al empleo formal, al informal, al desempleo y a la inactividad y no logran alcanzar las semanas de cotización para obtener una pensión.
Este grupo de trabajadores junto con los no asalariados han sido estigmatizados como trabajadores informales en el imaginario colectivo de las élites, son un lastre para la economía por sus bajos niveles de productividad, la ocupación del espacio público para realizar sus actividades, producen y venden piratería, le quitan clientela a las empresas formales, etc.
La narrativa dominante es que la informalidad debe desaparecer, todos deben ser formalizados, son unos parias y el gobierno no debe aplicar un solo centavo del presupuesto en su beneficio o para genera con la participación de ellos, algún o algunos mecanismos de protección frente a enfermedades, accidentes, muerte, vejez y desempleo.
Esa fue la actitud asumida por los partidos conservadores en las recientes discusiones sobre el derecho humano al trabajo y del trabajo en la Constitución política de la Ciudad de México, cuando intentamos que quedara un mandato para que se desarrollaran modalidades de protección social a los trabajadores autónomos, independientes o por cuenta propia.
Otra forma de entender lo que se ha llamado informalidad que incluye a poco más de la mitad de la población ocupada en el país, podría darse si se desglosan los grupos de población que la componen:
1. Personas trabajadores que venden sus servicios a los hogares ya sea a un solo empleador o a varios. Incluye empleados domésticos, jardineros, choferes, cuidadores, enfermeros, pintores, personas que dan mantenimiento a las viviendas, que reparan aparatos domésticos, vehículos, entre otros. Los hogares no son empresas con fines de lucro y muchos de ellos tendrían dificultades para cubrir los costos de la contratación formal de trabajadores, incluyendo el pago de seguridad social.
2. Un amplio sector de ocupaciones y oficios tradicionales que existían antes de que se concibiera la categoría de informales y que se realizan por cuenta propia: artesanos, artistas, operadores de transporte, profesores, músicos, fotógrafos, modistas y costureras.
3. Personas que trabajan para organizaciones y empresas no lucrativas que son contratadas por honorarios o por remuneraciones asimiladas a salarios, con mínimas prestaciones.
4. Una proporción importante de comerciantes que trabajan por su cuenta o con apoyo de trabajadores asalariados, que lo hacen en pequeños establecimientos fijos, semifijos o en forma de ambulantes. Incluye por ejemplo a los locatarios de mercados públicos y tianguis y a vendedores de comida preparada.
Todos estos grupos de personas incluyendo a profesionales, técnicos y trabajadores del arte que trabajan por cuenta propia o como “free lance” no tienen cobertura de seguridad social.
Si se enferman y no pueden trabajar, nadie les cubre al menos una proporción del ingreso que pierden, cuando envejecen tal vez tienen acceso a una pensión social y si mueren sus familias quedan desprotegidas económicamente. Son trabajadores en la pobreza o con alto riesgo de sufrirla en alguna etapa de su vida.
Personalmente me pregunto si la calidad de vida de las élites no se vería afectada de modo importante si desaparecieran los servicios prestados por los llamados trabajadores informales o si la economía mexicana podía haber sostenido las bajas remuneraciones a las personas trabajadoras formales si no existirá una oferta de bajos precios de alimentos preparados y de ropa y calzado. La proliferación de puestos de comida en zonas donde empiezan a surgir oficinas es muy notoria.
En las nuevas modalidades de trabajo están surgiendo lo que se denominan ocupaciones atípicas que no se enmarcan en el tradicional trabajo asalariado, de tiempo completo y para un solo empleador. Un ejemplo es la terciarización o subcontratación, otros es el trabajo desde la casa, los trabajadores con contratos cero que están ahí dispuestos para una empresa que los utiliza y les paga sólo cuando tiene pedidos. La relación trabajador-empleador se va diluyendo bajo nuevas modalidades y con ello la responsabilidad que los segundos tienen para ofrecer condiciones dignas de trabajo.
Desde hace varios años en el país no se generan suficientes empleo formales, ni la precarización de las condiciones en que estos se crean ofrecen incentivos para que las personas opten por un trabajo formal.
Ahora bien, la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos señala “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otros encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”
El derecho de toda persona a la seguridad social se encuentra consagrado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como Protocolo de San Salvador.
La Observación General No 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre la seguridad social, define el contenido y alcance del derecho a la seguridad social y es clara a señalar que “ aunque toda persona tiene derecho a la seguridad social, los Estados Parte deben prestar especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho en particular. Las personas que trabajan en el sector no estructurado (párrafo 31) Además, textualmente establece que “los Estados Parte deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que la cobertura de los sistemas de seguridad social se extienda a las personas que trabajan en la economía no estructurada. Estas medidas podrían incluir a) la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso de esas personas a los planes de seguridad social no tradicionales, como el seguro comunitario; b) el otorgamiento de un nivel mínimo de cobertura de riegos e imprevistos con una expansión progresiva en el tiempo; y c) el respecto y el apoyo a los planes de seguridad social desarrollados en el marco de la economía no estructurada, como los planes de microseguros y otros planes de microcréditos afines” También propone “se podrían desarrollar planes alternativos de bajo costo para ofrecer una cobertura inmediata a los excluidos de la seguridad social, aunque el objetivo debe ser integrarlos a los planes ordinarios de seguridad social. Se podrían adoptar políticas y un marco legislativo para integrar gradualmente a las personas que trabajan en el sector no estructurado o que por otras razones están excluidas a la seguridad social (parr. 54)
La OIT en su Recomendación 204 señala que los Estados Miembro deberían b) promover la protección de la seguridad y la salud en el trabajo y extenderla a los empleadores y los trabajadores de la economía informal.
En las buenas prácticas internacionales se ha observado que las iniciativas de ampliación de la cobertura del seguro social han tenido éxito cuando incluyen la adaptación de las prestaciones, las cotizaciones y las operaciones a las características de algunas categorías de trabajadores de la economía informal. Ente otras cosas, estas podrían consistir en:
– Dar a los beneficiarios la posibilidad de afiliarse a las ramas del seguro social que deseen, según sus necesidad y capacidad de aportar cotizaciones
– Permitir cotizaciones más flexibles a fin de tener en cuenta las fluctuaciones de los ingresos o los ingresos estacionales (por ejemplo en el caso de los trabajadores agrícolas)
– Incluir mecanismos específicos para determinar los niveles de cotización de los empleados y los trabajadores independientes cuando los ingresos reales son difíciles de evaluar
– Reducir los costos del registro y, ofrecer a los contribuyentes en pequeña escala ¨regímenes simplificados¨ en función tanto del riesgo como del cumplimiento de las obligaciones impositivas.
Esquemas como el minitributo desarrollado en Uruguay es un método particular de recaudación de seguridad social, aplicado como una categoría impositiva, para trabajadores autónomos con facturación limitada y pocas actividades comerciales en comunidades y espacios públicos. Tiene principalmente por objeto promover la cobertura de la economía informal.
La extensión universal de los servicios de salud, la creación de mutuales de salud, los regímenes de microseguros, así como diversas modalidades de transferencias monetarias como son las pensiones universales a las personas mayores, a familias con hijos o a determinados grupos, como son las personas con discapacidad, huérfanos y otras personas vulnerables han proliferado en el mundo. La OIT señala que las diferentes “políticas e iniciativas sobre la extensión de la cobertura deberían enmarcarse en el contexto de una estrategia de seguridad social nacional integrada”89ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2001.
Desde hace muchos años he cuestionado el hecho de que las contribuciones a la seguridad social recaigan en las empresas que ofrecen trabajo pues esos pagos encarecen el costo de la fuerza de trabajo y van en contra de las políticas de generación de empleos. Lo mismo ocurre con los socorridos impuestos sobre la nómina. Consideraría más justo que fueran las empresas que se automatizan y buscan evitar la contratación de mano de obra las que deberían cubrir los costos de las prestaciones generales a los trabajadores.
Me parece también injusto que de los impuestos generales se derive la cuota gubernamental para el pago de la seguridad social que beneficia sólo a los trabajadores asalariados y excluye a los no asalariados, particularmente cuando después de tantos años de haberse implantado la seguridad social es más que evidente que estos últimos nunca se convertirán en asalariados en condiciones formales de trabajo y por el contrario están surgiendo un número creciente de trabajos atípicos por el desarrollo tecnológico y los cambios culturales. Esta situación es discriminatoria e injusta dado que seguramente un importante número de trabajadores autónomos hacen contribuciones al presupuesto público, sin recibir la contraprestación de la seguridad social.
Me parecería entonces que la aspiración debería ser un cambio progresivo del financiamiento de la seguridad social por impuestos generales, la aplicación de una reforma tributaria más equitativa que amplíe los ingresos públicos y la incorporación progresiva a la seguridad social de aquellas personas que han sido históricamente excluidas, tomando en cuenta el máximo de recursos disponibles. Esto en el fondo significa para México un cambio profundo en la perspectiva conservadora de las élites gobernantes.

Palabras de la Diputada Clara Jusidman sobre grupos de atención prioritaria en asamblea Constituyente

Estoy tomando la palabra en esta ocasión para pronunciarme en contra del Dictamen de la Comisión de Carta de Derechos al Artículo 16. Este Artículo debería expresar el compromiso de los habitantes de la Ciudad de México y de sus autoridades con grupos de población que por su edad, sexo, condición social, jurídica o de discapacidad, su preferencia o identidad sexual, origen étnico o territorial somos discriminados  al ser invisibilizados, excluidos y desconsiderados como personas con derechos.

No se trata de grupos “vulnerables”, sino de grupos vulnerabilizados por la forma en que se nos ve, por el maltrato de que somos objeto, por el aislamiento que experimentamos o por la desconfianza o la compasión que se nos tiene por ser viejos o jóvenes, personas con discapacidad,  indígenas, niños o niñas, indigentes, o al tener una piel más obscura o hablar diferente.

En el Proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno al desarrollar este artículo, el Grupo Redactor intentó hacerlo con una perspectiva de derechos humanos, que expusiera con claridad para los habitantes de la  Ciudad los derechos que tenemos los integrantes de estos grupos y que nos resulta de particular importancia, que sean respetados y garantizados por los demás miembros de la sociedad y por las autoridades, por nuestra dignidad como personas.

Sin embargo, al revisar el resultado del dictamen me encuentro con un cambio de enfoque donde de titulares de derechos, pasamos a ser considerados sujetos de protección y solidaridad social. Esto seguramente como resultado de una metodología impuesta a la Comisión en razón de la cual nunca se revisó y discutió colectivamente el Proyecto del Jefe de Gobierno y que desde el principio, se manejó como un acuerdo paralelo de los Partidos Políticos.

Esta visión adultocéntrica como suele denominarse, nos convierte en personas dependientes, en personas disminuidas, o incluso en personas peligrosas que requerimos ser protegidas o contenidas por nuestros padres o nuestros hijos, por la sociedad adulta y blanca  o en el mejor de los casos, por un sistema de asistencia social dado que no podemos valernos por nosotras mismas.

El primer párrafo del Artículo 16 fue cambiado para iniciar diciendo “La Ciudad de México reconoce las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los grupos de personas que, debido a la desigualdad estructural padecen discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y riesgo de afectación constante a sus derechos y libertades fundamentales. Se les protegerá y se les garantizará una atención prioritaria para el pleno ejercicio de sus derechos”

En el texto inicial del Proyecto del Jefe de Gobierno en este Artículo se reconoce que se les protegerá porque enfrentan, no padecen, discriminación, exclusión, maltrato, abuso etc. por lo que se les garantiza una atención prioritaria. Se señala con claridad además que “las autoridades y la sociedad son corresponsables para que estas personas puedan ejercer plenamente todos los derechos reconocidos por esta Constitución especialmente:

  1. A vivir en igualdad de condiciones en la comunidad
  2. A una vida digna y libre de discriminación y violencia
  3. A decidir sobre su persona y su patrimonio
  4. A la libertad, independencia, privacidad, intimidad y a la autonomía personal
  5. Al buen trato, al afecto, a la convivencia armónica y al cuidado por parte de sus familiares, las autoridades y la sociedad
  6. A la plena inclusión y la participación en la comunidad
  7. Al trato igualitario y al amparo frente a situaciones de desprotección”

Todos estos derechos que son aplicables a todos los grupos de atención prioritaria, fueron eliminados en el Dictamen o tomados con el enfoque asistencialista dominante en el mismo.

En el seno de esta Asamblea se ha difundido una preocupación compartida por varios interesados en la agenda de niños, niñas y adolescentes. Se percataron de que a estos en el Dictamen no  los reconoce como sujetos de derechos, por lo que ya han introducido varias reservas.  Pero igual sucede con los jóvenes, con las personas mayores, con los migrantes y las personas sujetas de protección internacional, con las víctimas, con las personas en situación de calle. Los incisos donde se expresaban sus derechos en el proyecto original fueron eliminados y sólo se privilegió la actuación de “protección” que deberían tener las autoridades respecto de esos grupos. Además en varios de estos, que no en todos los incluidos en el Artículo 16, se inician los incisos correspondientes con la protección que la Constitución debe darles.

Un ejemplo que me parece dramático personalmente porque me atañe directamente, es el texto del apartado F del artículo 16 del Dictamen que señala: Las personas mayores serán protegidas por esta Constitución en razón del principio de la solidaridad social.

Yo no quiero ser protegida por un principio de solidaridad social. Yo como persona mayor quiero ser reconocida en mi calidad de titular de derechos de recibir un trato digno y con afecto, de poder decidir sobre mi vida y sobre mi patrimonio,  sobre los tratamientos médicos que me van a aplicar o sobre mi muerte con dignidad ypoder demandar el desarrollo de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbanos que consideren mis crecientes dificultades de movilidad.

En fin quiero que mis derechos humanos sean reconocidos por todas y todos y por las autoridades, no quiero caridad, no quiero protección, no quiero asistencia social y cuando la requiera es porque ejerzo un derecho y no porque la recibo como dádiva.

Mi propuesta es que la Comisión de Carta de Derechos recupere el enfoque de derechos humanos en el Artículo 16 y que se rescaten los incisos del Proyecto donde se enlistan aquellos derechos que son de especial importancia para el grupo correspondiente.

Posicionamiento de la Diputada Clara Jusidman sobre el artículo relativo a trabajadores no asalariados

Posicionamiento de la reserva presentada por la Diputada Clara Jusidman Rapoport, en la que se propuso modificación al artículo 15, Apartado B, del Dictamen de la Comisión de Carta de Derechos

Trabajadores no asalariados

Los trabajadores no asalariados representan el 25% de la población ocupada de la Ciudad de México, más de un millón de personas. Son empleadores que trabajan en su propio negocio, empresa, establecimiento o predio agrícola, otros trabajan por cuenta propia en empresas familiares o de manera  unipersonal, se incluye también a las personas que trabajan sin pago en el negocio o predio familiar o no familiar.

Entre la población no asalariada hay profesionistas que trabajan por honorarios (médicos, abogados, masajistas, entrenadores, maestros de diversas materias, trabajadores independientes de las artes y de la cultura, deportistas profesionales, periodistas). Otros lo hacen por cuenta propia en empresas  unipersonales o familiares (choferes de taxi o de microbus, artesanos, floristas, ferieros, comerciantes, aseadores de calzado, reparadores de vehículos o de artículos eléctricos, etc.). También se incluye a  personas que ofrecen sus servicios a los hogares como  jardineros, choferes, trabajadores domésticos, plomeros, electricistas, albañiles, entre otros.

Al no tener un patrón, carecen de las protecciones laborales y de seguridad social tanto ellos como sus familias. Cuando enferman, sufren una discapacidad o tienen un accidente deja de recibir ingresos e incurre en gastos de atención médica. Tampoco acceden a una pensión al retirarse y tienen por lo tanto, que mantenerse en activo hasta edades muy avanzadas. Es decir, es una población trabajadora que vive con gran inseguridad y poca estabilidad económica.

Como resultado, en la Ciudad de México uno de cada cuatro habitantes se encuentra en una desprotección social casi total excepto por los servicios de salud gratuitos y universales que ofrecen las instituciones de salud y por las pensiones para el adulto mayor. Los que pueden sufragarlos, utilizan seguros médicos y hospitalarios privados y en general, incurren en fuertes gastos de bolsillo frente a adversidades de salud.

Además, varios de los trabajadores no asalariados pagan sus impuestos por la vía del impuesto sobre la renta o por el IVA y contribuyen al ingreso del gobierno federal que será usado para financiar el presupuesto general. En esta lógica, una proporción de las contribuciones de estos trabajadores ayudan a cubrir las aportaciones del Gobierno Federal a las instituciones de seguridad social con lo cual están apoyando la protección social de los trabajadores asalariados, en tanto que ellos no reciben beneficio alguno.

Una situación que demanda de una respuesta normativa urgente es la que viven los trabajadores no asalariados que ejercen su actividad en el espacio público de la Ciudad de México. Se trata de una de las problemáticas más complejas que enfrenta la ciudad, al presentarse conflictos entre derechos.

La realización de actividades económicas en el espacio público es una realidad en la ciudad debido a la falta de oportunidades laborales y de trabajos dignos. Un número creciente de personas encuentran como única posibilidad de obtener ingresos, autoemplearse en el espacio público. No cuentan con el capital suficiente para instalarse en locales fijos o bien su posibilidad de proporcionar sus servicios o vender sus productos y obtener ingresos, depende de su ubicación cercana a los lugares a donde acude la población.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha recibido una gran cantidad de quejas debido a obstáculos e irregularidades que limitan el acceso a permisos para realizar sus actividades; la falta de la posibilidad de ejercerlas dignamente y de seguridad jurídica; el cobro excesivo de derechos por el uso del espacio público; la extorsión o el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades capitalinas en el marco de operativos en su contra; corrupción entre las autoridades y los líderes de asociaciones de comerciantes que afectan a las y los trabajadores no agremiados e incluso a las y los agremiados. Asimismo, se han presentado quejas por parte de personas vecinas que denuncian verse afectadas en sus derechos por la realización de estas actividades en el espacio público, en particular, por los residuos sólidos que se generan, tanto de origen orgánico e inorgánico, o por las condiciones insalubres en las que se desarrollan esas actividades, el congestionamiento vial, la obstaculización de los accesos a domicilios particulares, escuelas o áreas recreativas, entre otras.

Las  personas que trabajan en el espacio público no cuentan con  seguridad jurídica por lo que son sujetos de extorsión y clientelismo por parte de las autoridades y los líderes. Son vulnerables a violaciones de sus derechos humanos como el trabajo digno, la vida, la libertad e integridad personales, a la salud, al debido proceso y garantías judiciales, entre otros.

El trabajo en el espacio público es un tema presente en distintas partes del mundo. Hay países con mayores avances en su tratamiento y regulación que representan experiencias valiosas para analizar; asimismo, hay organizaciones que han impulsado procesos para lograr el reconocimiento y respecto de los derechos de los trabajadores informales. La revisión de algunas de estas experiencias permite rescatar aspectos de utilidad en la generación de propuestas para el caso de la Ciudad de México, por lo tanto, se presentan de manera sintética algunas de ellas.

La India desde hace algunos años ha ido estableciendo un conjunto de normas jurídicas, medidas y acciones dirigidas a proteger los derechos de distintos grupos de población trabajadora en el espacio público, en específico  el comercio ambulante en la vía pública.[1]

En América Latina, Colombia es un referente de utilidad como experiencia de armonización entre el derecho al trabajo de  los comerciantes en la vía pública con el derecho al uso del espacio público. En este país, la Constitución establece en su artículo 82 “[el] deber del Estado [de] velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.

En la ciudad de Nueva York, la venta en los espacios públicos está regulada por la autoridad local, quien expide las licencias para su ejercicio y los clasifica en cinco grandes categorías (vendedores de comida, vendedores de mercancía en general, vendedores “de la primera enmienda”, veteranos vendedores y vendedores sin licencia).

En Uruguay existe un método particular de recaudación de seguridad social llamado monotributo, aplicado como una categoría impositiva, para trabajadores autónomos con facturación limitada y pocas actividades comerciales en comunidades y entornos públicos. La Dirección General Impositiva transfiere luego una fracción de los impuestos recaudados por medio del régimen de monotributo al Instituto de Seguridad Social para financiar la cobertura de seguridad social (con excepción de las prestaciones de desempleo).

En el modelo económico adoptado por México después de la segunda Guerra Mundial se tenía como expectativa que la mayor parte de la población sería absorbida por empresas formales modernas como asalariados. En apoyo a ese proceso se crearon varias instituciones de protección social y jurídica para los trabajadores asalariados, de manera destacada el IMSS y años después el INFONAVIT. La evolución de la economía mexicana al menos en los últimos cincuenta años, es que esa expectativa no se cumplió y no se cumplirá en el futuro. La creación de empleos en el sector formal de la economía no avanza al ritmo de la nueva demanda por trabajo de la población que se incorpora a la búsqueda de ocupación y menos aún tiene la capacidad para absorber a los trabajadores  asalariados que trabajan en condiciones informales, ni a la población que se ocupa en actividades informales.

En la Ciudad de México alrededor del 48 % de la población ocupada está fuera del sector formal de la economía y enfrenta gran inseguridad jurídica.

La Ciudad de México podría adelantarse en el desarrollo de un marco normativo que contemple la seguridad jurídica de los trabajadores no asalariados en el desempeño de su trabajo con dignidad, eleve la calidad de los servicios y productos que ofrecen, les de seguridad y certidumbre al eliminar las vías de extorsión y explotación de que son objeto, regule y ordene sus actividades cuando éstas se llevan a cabo en el espacio público y las armonice con los vecinos de los lugares donde trabajan y también, logre establecer mecanismos claros, transparentes y no discrecionales para que contribuyan al erario público.

Por lo expuesto es de suma importancia que quede explícitamente definido en la Constitución de la Ciudad de México los derechos que tienen los trabajadores no asalariados y se propone se recuperen parte de la redacción del proyecto de Constitución.

[1] Para más información véase, por ejemplo, OIT, La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas apoyando la transición hacia la formalidad, op. cit.

Palabras de la Diputada Clara Jusidman sobre el derecho al cuidado en Asamblea Constituyente

Esta reserva que introduje viene acompañada por 40 compañeros y compañeras diputadas y diputados y hace referencia, más que nada, a tratar de aclarar la forma en que el dictamen dejó el concepto del derecho al cuidado, porque, como quedó registrado puede prestarse a una interpretación equívoca.

El derecho a cuidar, ser cuidado y a cuidarse tiene su correlato en la obligación de cuidar y se relaciona con la posibilidad de construir seres humanos cuyo desarrollo físico y psico-emocional, les otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de todo su ciclo de vida.

Por naturaleza, mujeres y hombres somos seres sociales interdependientes. En distintas etapas de la vida, todos y todas necesitamos atención, cuidados, reconocimiento y apoyo, ya sea en una dimensión social, afectiva, física, emocional, laboral o económica.

El derecho al cuidado es universal y requiere medidas sólidas para lograr su efectiva materialización. Prestar y recibir atención y cuidados son acciones fundamentales para el bienestar individual y colectivo. Por lo tanto, cuando se habla sobre la provisión de cuidados se hace referencia tanto a acciones de cuidar como ala preocupación de su organización y su gestión.

La provisión de servicios de cuidado a terceras personas,  ha sido un trabajo asignado mayoritariamente a las mujeres. Por ende, se debe tener presente el papel prioritario y desigual que actualmente desempeñan éstas y como  afecta a sus vidas.

Es necesario promover su prestación compartida, corresponsable entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares, así como entre hombres y mujeres y entre generaciones.

El derecho al cuidado se realiza mediante el conjunto de servicios incluidos en los sistemas de protección social, de políticas públicas y de prestaciones   que maximicen la autonomía y garanticen los derechos, la dignidad y el bienestar y el disfrute de tiempo libre de las familias y las personas, especialmente de las mujeres, cuyo trabajo no remunerado debe ser reconocido.

En nuestro país, por políticas salariales restrictivas muchas familias han tenido que destinar mayor tiempo de sus integrantes jóvenes y adultos, incluso a niñas y niños, a actividades para la obtención de ingresos para sostener su vida material. Con ello se ha reducido el tiempo que pueden destinar al cuidado, tanto personal como de terceros. Esta situación, sostenida por casi cuatro décadas, ha tenido un efecto negativo en la calidad de seres humanos que, como sociedad, hemos venido construyendo.

Los servicios y las políticas de cuidado se refieren a todas y todos y así debe quedar claramente establecido en la Constitución que estamos desarrollando.

Debe atender de manera  prioritaria, a las personas en situación de dependencia por enfermedad,  discapacidad, ciclo vital, especialmente, la infancia y la vejez, así como a las personas  que de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado, pero no exclusivamente a estos grupos de personas.

Una de las innovaciones de esta Constitución será consagrar el cuidado como un derecho, pero en la forma como quedó expresado en el dictamen, podría confundirse con un sistema de asistencia social, por ello lo que estamos planteando es que quede claramente en el párrafo que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.

Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas.

El sistema atenderá de manera prioritaria, pero no únicamente a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, etcétera, y a quienes de manera no remunerada están a cargo de su cuidado.

Es decir, el riesgo que tenemos como quedó redactado es que realmente estemos postulando un derecho a la asistencia social y lo que hay que plantear es que el derecho al cuidado es un derecho de todas y todos en todo el ciclo de nuestra vida.