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Edadismo. Discriminación de las personas mayores.

Hace dos semanas se llevó a cabo la reunión de presentación del grupo   MEXICOLECTIVO cuyo propósito es convocar a la construcción de un proyecto de nación, con la confluencia de todas las personas dispuestas a expresar sus opiniones, escuchar a otras y alcanzar consensos sobre el futuro del país.

Originalmente estuvo formado por veinte personas a las cuales, a lo largo de un año, se fueron sumando otras veinte. Cada una tuvo la oportunidad de invitar a diez personas al evento, por lo que la asistencia resultó un tanto variopinta.

Algunos de los integrantes originales, por diversas razones, decidimos no participar, ni convocar a dicho evento. Sin embargo, a pesar de haberlo notificado con oportunidad, nuestros nombres empezaron a salir en la prensa en calidad de convocantes principales cuando en realidad, en su caso, éramos cuarenta integrantes originales.

Un destacado comunicador tuvo la habilidad de obtener la edad de los ocho convocantes destacados por los medios y calculó un promedio de 73 años de edad. Su cuestionamiento principal al grupo era que no había jóvenes. Mencionó como ejemplo el caso de tres que calificó de brillantes, que curiosamente habían desertado de los partidos políticos en los que participaban.

Otro comunicador, de precisamente 73 años, que promueve diálogos en donde no deja intervenir a sus interlocutores, sostuvo que MEXICOLECTIVO era un grupo de viejos que ya habían tenido oportunidad de participar en la vida pública y que no habían aportado nada al país.

A partir de estas posiciones, podríamos concluir que las personas mayores ya no tenemos derechos de ciudadanía, no debemos participar, organizarnos, ni opinar sobre la cosa pública, que son sólo los jóvenes los responsables del futuro del país.

Que es la gerontocracia en los gobiernos, en los partidos políticos, en los poderes judiciales y legislativos, en el manejo de empresas y de universidades la que ha llevado al país a su situación actual.

Pues resulta que, de los 32 gobernadores, 21 tienen menos de 60 años (4 de ellos incluso menos de 40). De 20 integrantes del gabinete presidencial 8 tienen menos de 60 años y 4 de los líderes de los 7 partidos políticos, tienen 50 años y menos.

Los jóvenes están participando en la política, en los gobiernos, en la sociedad civil, en las redes sociales. Muchos se están formando o gozando, con todo derecho, de su juventud. Lamentablemente, representan la mayor proporción de personas en reclusión, desaparecidas y asesinadas. Los jóvenes son a la vez víctimas y victimarios de la violencia normalizada.

La desigualdad, la pobreza, la exclusión y las violencias cada vez más agudas, requieren para enfrentarlas del concurso de todas y todos, de la construcción de un pacto social y del desarrollo de una nueva estatalidad que reconozca la enorme complejidad social.

No estamos frente a problemas que derivan de las omisiones de los viejos. El edadismo, la discriminación de las personas mayores, se ha convertido en una expresión grave de intolerancia.

Intervención en la presentación del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014- 2018

 

Como integrante y en representación de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación me congratulo de la presentación pública de este importante Programa que atiende a uno de los grandes problemas sociales del país que es la desigualdad de trato y de oportunidades que afecta a millones de personas.

La discriminación condena a las personas a permanecer en la pobreza al cerrárseles las oportunidades de trabajo o de educación por su origen étnico o racial, su orientación sexual, o por su edad o condición de discapacidad, entre otras causas. Desigualdad, pobreza y discriminación se combinan en un círculo de exclusión que profundiza la vulneración de derechos humanos.

La desigualdad socioeconómica que caracteriza a nuestra sociedad se agrava cuando las personas en condiciones de pobreza son sujetas de discriminación por las políticas, programas y la institucionalidad pública, así como por las empresas del mercado, las instituciones privadas, las comunidades e incluso sus propias familias.

Lograr la igualdad de trato y de oportunidades significa por lo tanto un enorme reto que el programa intenta abordar. Se requiere de un trabajo consistente y persistente a través de varios años, lo que algunos llamarían una política de Estado, a fin de lograr cambios culturales profundos que conduzcan a aceptar y perderle miedo al o la diferente.

Ello incluye una importante tarea de construcción de confianza.

La institucionalidad pública y en especial los servicios y los servidores públicos que interactúan directamente con la población tienen una gran responsabilidad en dos vertientes en primer lugar, otorgar un trato digno a los usuarios de los servicios públicos con enfoque de derechos y en segundo lugar, ser promotores de la no discriminación entre la población con la que están en contacto.

Es necesario eliminar el mal trato en las ventanillas de trámite y entre los servidores públicos que trabajan en servicios de seguridad, educación, salud, recreación, promoción, entre otros; inclusive en las oficinas de contratos y adquisiciones o de contratación de personal que atiende a proveedores o a aspirantes de empleo. Con frecuencia esas funciones se asumen como espacios de poder que se ejercen en forma discriminatoria y abusiva sobre las personas que acuden a recibir un servicio, realizar un trámite, poner una queja, solicitar información y orientación o vender un producto o un servicio.

Todos y todas experimentamos una ciudadanía truncada donde el ejercicio de nuestros derechos está sujeto a una cadena de favores y a mecanismos de intercambio y por lo tanto sólo es factible para los que cuentan con ellos. Está negado para quienes no tienen los contactos y no acceden al intercambio de favores.

Desde mi óptica el éxito entonces del Programa consistirá en trabajar simultáneamente en tres vertientes para lograr la inclusión del buen trato y de igualdad de oportunidades en las normas, los procesos y las prácticas de la institucionalidad pública:

  • Desde arriba mediante el reconocimiento explícito por parte de la institucionalidad pública de sus obligaciones en materia de discriminación y la eliminación de obstáculos y resistencia que dificulten enfrentarla y eliminarla. Esto significa armonizar legislación, normas, reglamentos procedimientos y manuales de operación; lograr que el diseño y la puesta en práctica de las políticas, los programas y los presupuestos se realicen con un enfoque de igualdad y buen trato y sin sesgos de exclusión o de invisibilización de ciertos grupos; además, generar sistemas de monitoreo y evaluación y de consulta y participación ciudadana. Este trabajo que es necesario y de gran importancia con frecuencia toma mucho tiempo y esfuerzo y los resultados concretos en el cambio de la cultura del trato no son percibidos ni recibidos por los usuarios con la oportunidad y urgencia necesarias.
  • Por ellos, la segunda vertiente consiste en atacar el problema desde abajo con resultados en el corto plazo, al revisar los procedimientos de ventanilla y la prestación de servicios públicos directos para adecuarlos a las características culturales de la población usuaria en el territorio; seleccionar al personal que cuenta con cualidades para ofrecer buen trato y otorgándole al mismo un buen trato; “traducir” y difundir la información de los programas y servicios a un lenguaje comprensible para la población y por medios que accedan a ella y trasparentar y difundir los mecanismos y procedimientos de queja. Ello para eliminar lo más posible los sesgos de exclusión de los usuarios por falta de información, de comprensión y conocimiento respecto del derecho a la no discriminación.
  • El tercer ámbito consiste en trabajar con los propios usuarios de los programas, servicios y ventanillas para que se reconozcan como titulares de derechos, se generen en ellos capacidades de agencia, conozcan la manera de acceder y usar la información y los mecanismos de exigibilidad y participen en el monitoreo de la calidad y el buen trato en los servicios y en las ventanillas.

El Programa para adquirir credibilidad y presencia debe encontrar la manera de mostrar a la población en el corto plazo que algo concreto está cambiando en su interacción con la institucionalidad pública y evitar limitarse a las negociaciones y las discusiones con las altas jerarquías burocráticas y a modificaciones en el papel de legislación, políticas, programas y procedimientos o en la elaboración de indicadores.

Es urgente que el buen trato y la igualdad de oportunidades se aplique en la práctica concreta de la gestión pública, en el territorio concreto, para recuperar confianza en las instituciones públicas y eliminar esa percepción de ciudadanía truncada que está aumentando en todo el país.

 

 

Palabras de Clara Jusidman en el Informe de Gestión de Ricardo Bucio al frente de CONAPRED

Estamos reunidos hoy en razón del cierre de un ciclo de la administración del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación que inició hace tres años y que estuvo presidido por Ricardo Bucio, quien fue acompañado por un activo equipo de profesionales comprometidos con los derechos humanos y la igualdad.

La tarea encomendada al Consejo no es nada fácil en un país profundamente desigual, injusto y excluyente. Son más y más poderosos los procesos y los intereses que contribuyen a recrear esas condiciones de desigualdad, injusticia y exclusión que los recursos y las herramientas que tienen los diversos órganos de Estado que se han ido creando para revertirlas, entre los que se encuentra el Consejo.

Sin embargo, con un enorme empeño, esfuerzo y bajo fuerte presión, el equipo que hoy cierra este ciclo de la vida de la institución hizo uso de muy diversas y creativas estrategias e instrumentos dentro del tramo de sus acotadas posibilidades, para contribuir a hacernos conscientes de ese terrible lastre de nuestra cultura que es la desigualdad de trato entre las personas que habitamos y transitamos por la República Mexicana.

Bien sea por nuestro origen, lugar de nacimiento, edad, sexo, orientación sexual, religión, etnia, condición física, creencias y afiliaciones pero fundamentalmente por las profundas diferencias socioeconómicas, los mexicanos no nos reconocemos como iguales e infringimos en los que consideramos diferentes el mal trato, la indiferencia, la desconsideración e incluso la violencia.

De manera natural y normalizada, no vemos ni hablamos con los adultos mayores ni con los niños y niñas; aceptamos la violencia contra las mujeres como una condición natural a sus relaciones de pareja; no nos conmueve el hecho de que más del 80% de las poblaciones indígenas vivan en condiciones de pobreza; los crímenes por homofobia y los feminicidios sólo se agregan al sangriento paisaje de los miles de muertes violentas que ocurren en el país; la criminalización de los jóvenes de las colonias populares por los cuerpos policiacos no es indiferente; no reconocemos el resentimiento creciente hacia los sectores urbanos de altos ingresos y las pugnas y conflictos por las preferencias partidarias nos parecen naturales.

Por ello y con todas las limitaciones presupuestales y de apoyo gubernamental que ha tenido el CONAPRED, y además después del enorme error cometido de haberlo considerado como una institución de asistencia social y no de una que es responsable de reivindicar el derecho a la no discriminación, el actual equipo de la institución se dedicó a incidir en un cambio cultural y de las actitudes de los mexicanos mexicanas mediante varias interesantes y valiosas campañas, eventos y publicaciones.

Además buscó hacerlo con evidencias científicas promoviendo diversas investigaciones como son la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2010) y el recientemente publicado Estudio Diagnóstico sobre el estado que guarda la discriminación en México o los esfuerzos por construir un Índice de la Discriminación. Ahora conocemos mejor los orígenes de la discriminación, los ámbitos donde se ejerce y los grupos afectados, incluso sabemos cuál es su incidencia diferenciada en el territorio. Es evidente que entre más nos demos cuenta de cuáles son las modalidades y las conductas concretas a través de las cuales manifestamos actitudes discriminatorias podremos empezar a revertirlas.

Al concluir la gestión de Ricardo Bucio el próximo tres de diciembre y en mi calidad de integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo me pregunto qué va a suceder con éste Consejo en la nueva administración federal.

Desde hace varios años he sostenido que los principales problemas sociales de México son la desigualdad, la discriminación, la pobreza y la exclusión. En este sexenio debemos agregar la creciente inseguridad por la integridad personal, la vida y la propiedad. Miles de personas han muerto o han perdido a sus familiares y como consecuencia, están siendo discriminadas y excluidas de sus comunidades, otras se encuentran desaparecidas, otras más han perdido sus trabajos, sus propiedades y sus actividades económicas, viéndose obligadas a desplazarse, otras han sido secuestradas, victimizadas y convertidas en victimarios contra su voluntad y las más, que viven en territorios dominados por el crimen organizado, se encuentran aterrorizadas, inmovilizadas y recluidas en sus hogares. Nuevos grupos de personas sujetas a discriminación están surgiendo de esta absurda guerra contra el crimen organizado: los desplazados, las viudas y huérfanos de los asesinados, los hijos y familias de las policías, los migrantes, los jóvenes en pobreza, las víctimas-victimarios, entre otros. La creciente intolerancia y la falta de solidaridad acompañan a esta obscura noche de nuestra historia; es así que a los déficits históricos en materia de maltrato y discriminación que debía enfrentar el CONAPRED se le agregan estas nuevas y en algunos casos inéditas situaciones de trato desigual en nuestro país.

Ahora bien, la reciente decisión del Congreso de aceptar la propuesta del presidente electo para resectorizar al CONAPRED a la Secretaría de Desarrollo Social genera incertidumbre. Por una parte, la experiencia hasta ahora de su sectorización en la Secretaría de Gobernación no ha reportado beneficios particulares a las funciones encomendadas a la institución. A pesar de ser esa Secretaría la que encabeza en el gobierno federal el ámbito del cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y el tratar de garantizar que toda la administración pública federal incluya el respeto de los mismos como parte inherente a su trabajo, en realidad su compromiso y sus logros al respecto han sido más que precarios, incluso cada vez menores. En ese contexto se ha ubicado el trabajo del CONAPRED.

Si bien en la propuesta de reforma a la administración pública de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación se vuelve más poderosa y al quedar como cabeza del gabinete podría impulsar la incorporación del enfoque de derechos humanos, también es de considerarse que queda al mando de los cuerpos de seguridad civiles. El riesgo de tener en el mismo ámbito administrativo estas dos encomiendas y dada la importancia de los temas de seguridad pública, es posible que la función de promover y proteger los derechos humanos quede subordinada a lo primero. Es previsible entonces que continúe desdibujándose la coordinación que debe ejercer la SEGOB en la incorporación del respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos en toda la administración pública federal.

El traslado del CONAPRED a la Secretaría de Desarrollo Social presenta un riesgo pero también posibilita una oportunidad. El riesgo es que continúe dominando la idea de que la SEDESOL es la secretaría encargada de la política de asistencia social del gobierno federal, centrada en los programas de combate a la pobreza y que la población pobre, siga siendo considerada como beneficiaria de programas de asistencia social y no como titular de derechos sociales. Bajo esa óptica, el riesgo de la inclusión en SEDESOL de las instancias de atención a la violencia contra las mujeres y a las responsables de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad y otros grupos sujetos a discriminación, es que estos grupos también sean considerados “vulnerables” y por lo tanto, potenciales beneficiarios de programas de asistencia social.

Si en cambio la SEDESOL pasa a ser considerada como  responsable de promover la ciudadanía social y por lo tanto, los derechos sociales universales y con ello contribuir a superar las condiciones de desigualdad, pobreza, exclusión y discriminación que agobian a amplios sectores de la población mexicana, la incorporación de CONAPRED en esta rama de la administración pública podría resultar positiva para el mejor cumplimiento de los fines de la institución.

Por mi experiencia personal en la administración pública el destino futuro del CONAPRED estará finalmente condicionado a la persona que quede a cargo de la SEDESOL y a la visión que esta tenga sobre el objetivo fundamental de la política social y del papel y la aportación que CONAPRED pueda hacer al logro de ese objetivo. Esperemos que sea una persona comprometida con los derechos humanos y con la construcción de ciudadanía como la opción para remontar los problemas sociales que nos agobian y con ello enfrentar la violencia estructural que vive el país.

En la incertidumbre siempre hay un espacio para la esperanza.

 

 

 

Presentación del libro Caminos por la Igualdad. Ciudadanía y discriminación. CONAPRED

Me da mucho gusto poder participar en este evento que forma parte de los festejos del noveno aniversario de la CONAPRED una de las instituciones emblemáticas de lo que debió ser la modernización y transformación del Estado Mexicano después del cambio democrático del año 2000. La expedición de la Ley en materia de discriminación y la creación del CONAPRED representan el reconocimiento de un déficit histórico de nuestro país con las personas que por su edad, su origen nacional, su etnia, su sexo, su condición física o mental, su orientación sexual, su nivel socioeconómico, su actividad ocupacional o su condición migratoria han sido excluidas, relegadas e incluso maltratadas. Han tenido que remontar condiciones adversas para su crecimiento y desarrollo y sus derechos como personas dignas aún siguen siendo conculcados.

El CONAPRED ha emprendido el arduo camino de una batalla cultural para cambiar percepciones, actitudes y prácticas, reducir temores, visibilizar grupos relegados, propiciar encuentros para el reconocimientos de las diferencias y demostrar que todos somos seres humanos iguales en esas diferencias. Lo ha realizado con un enorme esfuerzo, con pocos recursos y con frecuencia en un contexto institucional que no entiende la enorme trascendencia que su labor tiene para la paz y el desarrollo.

Por ello me da gusto participar en la presentación de este texto Caminos por la Igualdad. Ciudadanía y discriminación que reúne 15 aportaciones realizadas por activistas cívicos de muy diversos orígenes y que defienden un rico abanico de agendas. Felicito el proyecto, a Ricardo Bucio por promoverlo y a Yoloxochitl Casas y sus compañeros por su realización. Me parece una excelente idea haber alentado a distintos miembros de la sociedad civil organizada para que presentaran sus reflexiones sobre la forma en que se han construido esos caminos por la igualdad en nuestro país o como personalmente han aportado a su construcción y han transitado por ellos.

La edición está muy cuidada, las fotos muy bien seleccionadas y los textos resultan muy fáciles y amenos en su lectura.

Lo que me pareció más interesante del contenido son las diferentes ventanas desde donde los autores y autoras se aproximan al tema. Desde relatos de trayectorias personales en la defensa de los derechos humanos en general o de un grupo en particular, el recuento de aportes realizados por las organizaciones en las que hemos trabajando, la exposición de las situaciones en las que viven y sufren los grupos o el relato de la historia de determinados movimiento sociales y cívicos como el de las mujeres que hace Lucía Lagunes, todos los textos expresan un compromiso con las agendas, reconocen el aporte que hemos hecho las organizaciones civiles en la visibilización de los temas, en la legislación, en la institucionalidad y en cambios en las prácticas; también destacan los enormes obstáculos e intereses que tienen que superarse y lo más importante, marcan mapas de ruta posibles.

En mi texto me interesó destacar como de una política social construida después de la segunda guerra mundial en donde se trataba de ofrecer servicios homogéneos para toda la población en materia de educación, salud, infraestructura sanitaria y urbana, vivienda, etc. bajo una concepción de familia formada por padre, madre e hijos y la imagen hegemónica del hombre, blanco. Católico y afluente. Estas fueron las percepciones sobre las que se fundamentó la construcción de los servicios sociales que funcionaron con relativa eficiencia y progresividad hasta la década de los años ochenta.

Las crisis de esa década y la entrada una perspectiva neoliberal del manejo de la economía y de la sociedad empiezan a destejer esa institucionalidad, a deconstruir capacidades del estado y es precisamente entonces cuando las agendas de derechos de los diversos grupos poblacionales emergen con mayor claridad promovidas por las organizaciones civiles que empiezan a surgir en todo el territorio nacional

 

 

 

 

 

A partir de la década de los años setenta del siglo pasado la lucha por el cambio social se enriquece con la surgimiento de la defensa de agendas de derechos de grupos sociales que reivindican su reconocimiento a un trato igualitario teniendo en cuenta su diferencia. Se trata de grupos en situación histórica de discriminación en un modelo hegemónico construido a partir de la figura del hombre, blanco, católico y económicamente poderoso.

El movimiento más emblemático y exitoso de esta ola de nuevas organizaciones ciudadanas es el del feminismo, seguido por los defensores de derechos humanos principalmente civiles, los medioambientalistas y posteriormente, los de defensa de los derechos de la infancia, de las personas con discapacidad y de la población LGTBTTT. 1994 marca un hito en la historia de los movimientos con el surgimiento de la agenda de los pueblos indígenas en un enfrentamiento con la sociedad mestiza y criolla que los ha mantenido subordinados y excluidos en su propio territorio.

Hasta entonces el partido en el poder había organizado su militancia por sectores y procuraba darles representación en el Poder Legislativo para que desarrollaran legislación que atendiera sus demandas. Se trataba del sector obrero, del campesino y del popular, este último conformado por organizaciones de profesionistas, pequeños y medianos empresarios, comerciantes y lo que podríamos considerar los sectores urbanos emergentes. Los grandes empresarios y los principales liderazgos sindicales tramitaban directamente con el Ejecutivo la obtención de privilegios bajo un esquema absolutamente corporativo y excluyente del resto de la población.

Recuerdo alguna conversación a principios de los noventa con Angélica Luna Parra que entonces colaboraba con Silvia Hernández en ese entonces líder del sector popular del PRI, donde le comenté que la división sectorial del Partido estaba siendo rebasada por el surgimiento de agendas de grupos de población como el de las mujeres, los jóvenes, la infancia, las personas con discapacidad y que el Partido tendría que actualizarse. Ya para entonces las mujeres priistas intentaban tener una representación específica de su agenda y liberarse de las imposición de liderazgos provenientes de los sectores del partido como fue el caso de Hilda Anderson impuesta por el sector obrero y una de las mujeres más opuestas a las reivindicaciones feministas.

La incorporación de la agenda de los grupos de población en situación de discriminación

 

En el presente texto hago una reflexión sobre la forma y las razones por las que varias organizaciones de la sociedad civil (osc) se fueron creando en torno a la visibilización y la defensa de los derechos humanos de los distintos grupos de la población que en México experimentan situaciones de discriminación y en varios casos, incluso, riesgos particulares que los convierten en poblaciones altamente vulnerables. Estas organizaciones han contribuido ampliamente al desarrollo de políticas públicas dirigidas a la atención de esos grupos, como son los instrumentos internacionales y leyes nacionales que protegen sus derechos, y las instituciones y presupuestos públicos para su atención. Además de esta incidencia en políticas públicas varias organizaciones ofrecen servicios directamente a la población que experimenta discriminación, capacitan y sensibilizan mediante campañas y talleres, a diversos agentes sociales para evitar actos de discriminación y exclusión.

Plantearé tres premisas para sentar las bases de la reflexión. La primera es que después de la segunda Guerra Mundial, el desarrollo de México privilegió un enfoque sectorial para el tratamiento de la cuestión social en el país. En tal sentido, se asignó mayor énfasis a la generación de capacidades nacionales para incorporar a toda la población en edad escolar en oportunidades educativas, construir un sistema de seguridad social que fuera incorporando a la población asalariada urbana, ofrecer servicios básicos de salud a la población que no ingresaba a los servicios de la seguridad social, proveer servicios e infraestructura urbana (calles, agua, energía eléctrica, drenaje) y asegurar la disponibilidad de alimentos.

Ese enfoque acompañó y apoyó el proyecto nacional dominante fundado en la modernización de la economía mexicana a partir del desarrollo de la industria. Los traslados de población rural dedicada a la producción agropecuaria hacia las nacientes urbes para incorporarla como fuerza de trabajo industrial se sustentaron con una oferta creciente de servicios sociales en las ciudades: educación, salud, servicios urbanos, incluso viviendas, subsidios en alimentación y transporte, la garantía de un salario mínimo legal y condiciones de trabajo protegidas.

Se profundizó bajo este modelo la discriminación que históricamente ha existido en México respecto de los pobladores de las zonas rurales, que en muchos territorios son predominantemente indígenas, y se contribuyó al aumento de la desigualdad, exclusión y pobreza diferenciada entre lo rural y lo urbano.

La segunda premisa se refiere al presupuesto de homogeneidad de todos los habitantes del país sobre el que se construyó la oferta de servicios sociales a lo largo de muchos años. Los servicios que se ofrecían no consideraban las diferencias de oportunidades, condiciones y características de la población por sexo, edad, capacidades, situación socioeconómica, ni culturales, ni étnicas. Como han señalado los movimientos feministas, se trataba de modelos androcéntricos construidos en torno al ideal del hombre adulto, blanco y católico, representativo de la elite criolla dominante. Lamentablemente ese modelo subsiste hasta nuestros días.

Otra premisa sobre las que se montó el modelo social de posguerra en México, se refiere a la presunción de que la organización familiar nuclear representaba el tipo de relaciones familiares dominantes. Esto supone el ejercicio de responsabilidades diferenciadas entre sexos y generaciones, y la asignación de roles de género en la construcción social de los seres humanos: el hombre como proveedor, la mujer como cuidadora y los hijos como dependientes. Tal modelo se asienta en una limitación de las libertades y de la autonomía de los distintos miembros de las familias e incluso conlleva una limitación en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Como puede verse, existe en estas bases del desarrollo social moderno de México una clara situación de discriminación y de no reconocimiento de la diversidad.

Las primeras que empezaron a organizarse para demandar la igualdad de derechos fueron las mujeres. En las décadas de los setenta y ochenta del siglo xx, se formaron varias organizaciones civiles de mujeres y comenzó un amplio movimiento feminista que reclamaba el derecho de las mujeres al desarrollo. En sentido estricto se demandaba igualdad de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la vivienda.

Como ocurrió con otros grupos poblacionales que a partir de esos años empezaron a visibilizar sus agendas específicas de derechos, las conferencias mundiales organizadas por el sistema de Naciones Unidas en torno a grupos poblacionales específicos desempeñaron un papel fundamental para decantar y clarificar los derechos de esos grupos. Por ejemplo, se establecieron diálogos y se intercambiaron apoyos entre las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de diversos países del mundo. Las conferencias se convirtieron en espacios de socialización de experiencias y construcción de agendas regionales y mundiales que desembocaron en la formulación de instrumentos regionales e internacionales de protección de derechos de los grupos poblacionales diversos, que obligan a los países parte a su cumplimiento.[1]

La crisis mundial de principios de los años ochenta afectó de manera especial a las mujeres y a la infancia, y varios estudios promovidos por Unicef hicieron evidente esa situación; por ello, a finales de esa década la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño[2] y en la década de los noventa del siglo xx convocó a la Cumbre Mundial a favor de la Infancia.

En nuestro país la década de los noventa fue particularmente importante para colocar el tema de la diversidad y para cambiar el paradigma de la igualdad por el de la equidad, entendido como la igualdad en la diferencia.

El levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas colocó en la escena internacional la discriminación, explotación y despojo sufridos por los pueblos indios desde la Colonia, así como la situación de pobreza a que han sido relegados. Muchas organizaciones civiles, en particular las dedicadas a los derechos humanos y al medio ambiente, fortalecieron sus actividades a favor de los derechos colectivos de los pueblos indios y los defendieron ante las sistemáticas violaciones derivadas de las acciones y omisiones del Estado mexicano. La discriminación de los pueblos originarios se convirtió a partir de ese histórico levantamiento en un tema de debate internacional y motivó el encuentro de esos pueblos en reuniones internacionales para converger sus agendas e impulsar instrumentos de protección de sus derechos de alcance mundial.[3]

El vínculo entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos con los pueblos indios se estrechó en la primera década de este siglo, y actualmente la defensa de violaciones de sus derechos individuales y colectivos motiva nuevas estrategias de defensa utilizadas por las osc, como los llamados litigios estratégicos. Los casos de Vicente Radilla, Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, así como el de las hermanas González Pérez han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de evidenciar a nivel internacional la total desconsideración que el aparato de justicia mexicano tiene respecto de las violaciones de derechos humanos y la discriminación que siguen padeciendo los pueblos indios en nuestro país.

La falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que marcan los compromisos derivados de los diálogos entre el Ejército Zapatista y el gobierno mexicano sigue siendo un reclamo a las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno. A ellos se han agregado, en años recientes, nuevas demandas acompañadas por organizaciones civiles y sus redes en la defensa del subsuelo que está siendo entregado para la explotación minera a empresas monopólicas mexicanas y extranjeras. También la defensa del agua y de las costas ha pasado a ser materia de litigios ante la avaricia de empresas francesas y españolas, apoyadas por autoridades mexicanas corruptas.

Las comunidades indígenas, acompañadas por diversas organizaciones civiles y movimientos sociales, se han convertido en las mayores defensoras de los llamados bienes comunes ante el embate de las empresas globalizadas a las que sólo les interesa aumentar sus ganancias aun a costa de la destrucción ambiental, del tejido social comunitario y de los bienes culturales, con lo que contribuyen al despojo de los pueblos originarios y a la generación de violencia.

En la década de los noventa del siglo xx los poderes del Estado empezaron a cambiar las visiones puramente sectoriales de la política social mexicana para incorporar el tema de la diversidad y reconocer la existencia en el país de una cultura fuertemente discriminatoria hacia los pueblos indios, las mujeres, la comunidad lgbttti, las personas con discapacidad, las y los jóvenes de sectores pobres y las personas adultas mayores. Este reconocimiento entre los tomadores de decisiones tiene su fundamento en el activismo de las organizaciones civiles cuya agenda y razón de ser ha sido la defensa de los derechos de los grupos sujetos de discriminación.

En el segundo lustro de esa década comenzó la formulación de legislación específica sobre los derechos de algunos de estos grupos, la creación de instituciones especializadas en la protección de sus derechos y la asignación de presupuestos directamente vinculados a su atención; todas esas acciones continuaron en primer lustro de este siglo xxi. De manera importante, se impulsó la transversalización de las políticas, programas y acciones de los tres poderes del Estado mexicano con las perspectivas de género y de juventud. El ritmo y el paso en este sentido han sido marcados por las organizaciones de mujeres y las que defienden la igualdad de género, que históricamente han innovado en materia de incidencia en políticas públicas.

Sin embargo, el reconocimiento de la existencia de prácticas y conductas discriminatorias hacia los diversos grupos poblacionales afectados y el subsiguiente reconocimiento de sus derechos y la promoción de políticas públicas específicas e integradas han sido muy desiguales. Tal vez esto se relaciona también con una desigual evolución y poder de organizaciones civiles que asuman la defensa de las agendas de las y los jóvenes, de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, por ejemplo, frente a los poderes del Estado.

Si bien, existen muchas organizaciones de jóvenes y para jóvenes que trabajan con este grupo poblacional a nivel territorial, se trata de organizaciones que ofrecen servicios de distinto tipo, acompañan procesos y apoyan a jóvenes que enfrentan circunstancias de riesgo, pero no muestran mayor interés en trabajar con las instituciones. Ello es también reflejo de la falta de confianza que la población juvenil tiene hacia las instituciones del Estado o incluso hacia las privadas.

Hasta la fecha y a pesar de la importancia que desde hace varios años tienen las y los jóvenes en la estructura demográfica del país, se observa la ausencia de políticas y programas, de legislación, de instituciones y de presupuestos públicos dirigidos a su atención y desarrollo. Sus problemas se miran desde la lupa de la educación y los aumentos de la matrícula; por lo tanto, las acciones se reducen a la ampliación de becas escolares. La solución a los problemas de salud de este sector se traducen en centros para la atención de adicciones.

No se contempla la heterogeneidad de las poblaciones juveniles, los distintos niveles de riesgo y de amenazas que enfrentan, así como su diversidad territorial. La criminalización de las poblaciones juveniles de bajos ingresos por los cuerpos de seguridad policial y militar se ha convertido en uno de los más serios problemas de discriminación en el país, pues las y los jóvenes son perseguidos, desaparecidos, torturados y asesinados por su edad y apariencia física; entre ellos se incluye a las y los jóvenes migrantes centroamericanos. Las poblaciones en los reclusorios mexicanos están integradas sobre todo por personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad, en su gran mayoría primodelincuentes, por delitos menores a tres mil pesos.

México no ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (cidj), tratado internacional firmado el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España, es el primer y único tratado internacional que reconoce a la juventud como un grupo poblacional con derechos específicos.

En relación con las poblaciones con discapacidad fuera de los avances logrados en la década de los noventa del siglo xx en la formulación y adopción de legislaciones locales y la adaptación de algunas instalaciones públicas para hacerlas accesibles, no fue sino hasta la administración de Vicente Fox en que se alcanzaron mayores logros. En ese entonces México desempeñó un papel central en la promoción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el sistema de Naciones Unidas, y logró la adopción de ésta en 2006.

Un grupo que aún no logra una visibilización fuerte en el ámbito de la toma de decisiones públicas son las personas adultas mayores. Aun cuando desde hace años existe una institución nacional que con distintas denominaciones ha logrado promover ciertas prestaciones y servicios a la población adulta mayor, el nivel de asociatividad de esta población y su poder de incidencia aún es muy débil.

Esta mirada a vuelo de pájaro de la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la consecución del reconocimiento de los derechos y el abatimiento de la discriminación en contra de ciertos grupos poblacionales sólo nos habla de los largos caminos que todavía hay que recorrer. Se trata del impulso de cambios culturales necesarios en la población mexicana para que se reconozca a los otros, se acepte su calidad de seres humanos dignos y con derechos, y se enfatice la necesidad de lograr una sociedad más justa, igualitaria y equitativa.

Lamentablemente la situación de guerra interna y de polarización política en que nos encontramos no parece ofrecer muchas esperanzas para seguir avanzando en ese camino. Por el contrario, las miradas progresistas sobre la no discriminación están siendo derrotadas por las miradas conservadoras que han logrado introducir cambios legislativos e institucionales que nos regresan a tiempos de intolerancia y de la imposición de valores y de la legalidad de las elites dominantes: masculinas, católicas, blancas, urbanas y afluentes.

Estamos avanzando a pasos agigantados hacia la intolerancia, el miedo, el aislamiento y el desprecio y la desconsideración de lo diferente y diverso. Se trata de un camino que abona a la violencia y a la guerra, y que atenta contra la construcción de la paz.

[1] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), adoptada y abierta a firma y ratificación el 18 de diciembre de 1979 y en vigor a partir del 3 de septiembre de 1981; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Convención de Belém do Pará, adoptada el 6 de septiembre de 1994.

[2] Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a firma el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.

[3] Sin embargo, fue hasta el 13 de septiembre de 2007 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con la firma de 143 Estados a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América) y 11 abstenciones entre las que se incluyen Colombia y la Federación Rusa. La Declaración aborda, entre otros temas, los derechos individuales y colectivos que abarcan aspectos referentes a la identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma; también condena la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les atañen.

Ciudades y discriminación

En una sociedad como la mexicana con una creciente complejidad cultural, social y económica, las estadísticas y los estudios a nivel nacional resultan insuficientes para comprender las rápidas transformaciones que están ocurriendo en la vida de las personas y las familias; y por lo tanto, resultan limitados para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

Si bien desde hace varias décadas las grandes diferencias por regiones del país, observadas en varios indicadores, han sido objeto de análisis, la importancia del estudio de las ciudades y de las zonas metropolitanas tiene una historia más reciente. Una de las grandes limitaciones ha sido la carencia de bases de información que permitan observar la evolución de los entornos urbanos y a la fecha continúa siendo la información censal, la que cada cinco años, permite actualizar los estudios.

Son pocas aún las encuestas por muestreo y los registros administrativos que permiten tener una mirada más frecuente sobre la evolución urbana comparada por ciudades y zonas metropolitanas. Son menos las encuestas de tipo cualitativo que arrojan resultados a ese nivel. Tampoco la organización política del territorio donde el último nivel de la administración pública es el municipio, favorece el desarrollo de sistemas de información de ciudades.

De ahí la importancia de que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México ENADIS 2010, nos permita acercarnos y comparar algunos indicadores sobre prácticas discriminatorias, al menos para diez ciudades y zonas metropolitanas del norte y centro del país, donde habitan 35 millones de personas, es decir, la tercera parte de la población nacional.

Las ciudades son entidades en constante cambio. Son como organismos vivos que crecen, se transforman, algunos de sus territorios mueren y posteriormente se renuevan. Son la expresión territorial de la modernidad donde se desarrolla la vida de millones de seres humanos. Son también espacios de encuentro de la diversidad. Algunas, de manera más clara, acogen a personas de muy diversas partes del territorio nacional e incluso de otros países; otras son centros regionales a los que se acercan las poblaciones de los entornos cercanos; otras más son ciudades de paso para los crecientes flujos de migrantes que transitan por el territorio.

De este modo, las ciudades mexicanas son diversas y en constante transformación. Sin embargo, su ubicación y sus características climáticas influyen en su desarrollo: ciudades de frontera, ciudades de costa, ciudades en desiertos, en montes o en valles. Existen hitos en sus historias que permanecen y las marcan como por ejemplo, su origen, las razones de su fundación, las actividades económicas que se fueron desarrollando en su interior, el uso y apropiación de su territorio original y sus formas de poblamiento posteriores, la existencia o no de comunidades como barrios y pueblos, que se fueron integrando a la conurbación, la calidad de sus gobiernos. Todo ello influye en la cultura, en las formas de relacionarse entre género y generaciones, en la forma de mirar y aceptar a los otros, a los foráneos, así como en las creencias y en las ideologías dominantes.

Actualmente, las ciudades están sujetas a los cambios en la economía mundial, a la apertura y a la liberación de los mercados y por tanto, a la mayor movilidad de los factores de la producción: el capital y el trabajo.

Muchas de ellas Juárez, Torreón, Tijuana y Monterrey por ejemplo, han sido fuertemente impactadas por la economía globalizada del crimen organizado y enfrentan graves problemas de violencia. Dada su débil institucionalidad cuentan con muy pocas herramientas y capacidades de gobierno para enfrentar esos cambios reduciendo los daños en la población. De ahí surgen y se hacen visibles nuevas modalidades y prácticas de discriminación o bien se agudizan y vuelven más violentas esas prácticas como la explotación sexual infantil, el tráfico de personas, la criminalización de los jóvenes, la muerte de mujeres jóvenes o feminicidios, entre otras.

En razón de lo anterior se revela la importancia de los materiales que hoy nos entrega CONAPRED en esta publicación. El análisis comparativo de las percepciones y creencias de la población sobre la discriminación en las diez ciudades analizadas, nos ilumina sobre algunos factores que pudieran estar subyacentes en los comportamientos violentos que observamos en varios territorios urbanos, a la vez que nos proporciona elementos para el desarrollo de políticas públicas para enfrentarlos.

Destaca la desigualdad socioeconómica como causa importante de los comportamientos discriminatorios, parecería ser una situación que urge modificar pues en las ciudades se hace más evidente, es más cercana, se experimenta todos los días y genera conflictos, resentimiento y violencia. En la ENADIS la desigualdad trasciende al dato duro de los coeficientes de Gini o de las brechas entre deciles de ingreso y se mira como un componente fundamental de la cultura, de las percepciones de la población y de la forma como nos relacionamos.

La discriminación es violencia contra los otros, los diferentes, los desconocidos. Penetrar en sus entrañas para poderla eliminar, empieza por comprender sus orígenes. El material que a continuación se presenta para las ciudades mexicanas es un intento para aportar a esa importante tarea.

JUVENTUD, DISCRIMINACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Algunos criterios básicos

1.- El estudio de la juventud no es mi campo de especialidad, pero si es uno de mis ámbitos de preocupación desde hace varios años. Reconozco la existencia de una creciente literatura de investigación y de organizaciones e instituciones que trabajan el tema juvenil y les expreso mi respeto.

2.- Desde hace varios años he buscado cómo aproximarme a los temas y políticas juveniles desde la mirada de las políticas sociales. Hace ya casi doce años llevamos a cabo algunos enfoques de política juvenil desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D.F. de forma exploratoria, de pequeña escala, pocos recursos y por un breve tiempo, obteniendo tres aprendizajes importantes. Las intervenciones con jóvenes deben:

a) Crear confianza entre los agentes de las instituciones y los grupos de jóvenes y para ello se requiere de acercamientos respetuosos, suaves, lentos, sostenidos y dialogantes. Toman tiempo e implican trabajo en el territorio. Hay que acercarse a ellos y no esperar que ellos y ellas se acerquen a las instituciones.

b) Esa construcción de procesos debe ser sinceramente participativa, como suele decirse: nada para los jóvenes sin los jóvenes

c) La principal demanda de la población juvenil de la Ciudad de México en ese momento, era la posibilidad de contar con espacios públicos: donde encontrarse con sus coetáneos, donde realizar actividades colectivas, donde expresarse en su diversidad. Me queda claro que una de las transiciones en la etapa juvenil de la vida es pasar del mundo de lo privado al mundo de lo público y de lo colectivo.

3.- Pero las cosas han cambiado fuertemente de entonces para acá y las transformaciones más importantes se han dado en el contexto social, económico, político y cultural afectando de manera particular la vida y el desarrollo de la población juvenil conduciendo a varios fenómenos que si bien, ya se venían presentando, nunca con la velocidad y magnitud que observamos en la última década:

a) Migración. Una salida espectacular de hombres y mujeres jóvenes hacia Estados Unidos para encontrar opciones de trabajo y nuevos cursos de vida. Con ello la pérdida de una gran cantidad de jóvenes con educación diversa, incluso de posgrado y una transformación de los contextos familiares por las ausencias físicas, aunque con las contribuciones de remesas para completar el gasto familiar. Desde la óptica nacional podemos afirmar que hemos estado trasladando parte del bono demográfico mexicano y de las inversiones en educación y salud realizadas en la población mexicana, para beneficio de la economía estadounidense y de su población envejecida. Representa la pérdida para el país de un promedio anual de 500 mil mexicanos en su mayor parte jóvenes, a cambio de un flujo de remesas que paulatinamente se irá reduciendo en el tiempo. Otros opinarían que decidimos exportar seres humanos al mercado internacional.

b) La profundización de una cultura adulta de discriminación, criminalización y exclusión hacia las poblaciones juveniles y la incomprensión de su diversidad, donde los cuerpos de seguridad se han convertido en el instrumento principal para perseguir y agredir a los jóvenes, principalmente a los hombres.

c) Un retroceso en los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las poblaciones jóvenes y principalmente de las mujeres, ante una clase política crecientemente conservadora.

d) La presencia de una economía de la delincuencia y del crimen organizado que se ha apoderado de territorios completos en el país: municipios y estados, que utiliza a los jóvenes como sus trabajadores, ofreciéndoles oportunidades de ingreso, pero también como sus principales víctimas: como consumidores de droga, de materiales pirata y de contrabando, de sus asesinatos (juvenicidios y feminicidios), víctimas principales del secuestro y del desarrollo de nuevos delitos.

e) El uso de jóvenes como miembros del ejército y de las fuerzas públicas y privadas de seguridad para proteger a las élites y las clases medias urbanas en todo el país.

f) Una oferta insuficiente de opciones educativas en los niveles de media superior y profesional, en paralelo del deterioro creciente de la educción por la falta de calidad y relevancia de los contenidos para la realidad que viven y enfrentan actualmente las poblaciones juveniles. Recientemente en algunas investigaciones se ha encontrado que los jóvenes se aburren en las escuelas.

g) Un modelo económico que al privilegiar la economía de la producción y las ganancias privadas, altamente concentradas, ha desatendido la reproducción de su población, afectando particularmente el desarrollo de la infancia y la juventud, al precarizar los salarios y las prestaciones y flexibilizar en la realidad, los términos de las relaciones laborales. Ello además, ante la ausencia de una política de estado distributiva del ingreso y la riqueza, por los bajos niveles de carga fiscal y los privilegios que se otorgan en la materia y por el tipo de política social adoptada que se focaliza en la atención de la pobreza y no en la garantía, promoción, respeto y protección de derechos humanos.

h) Como consecuencia se observa una transformación de las familias que conlleva una precarización de la economía del cuidado y de los ámbitos de protección, aprendizaje y desarrollo de las poblaciones infantiles y juveniles frente a la ausencia de intervenciones oportunas, suficientes, adecuadas e integrales del Estado para apoyar esa economía y esos ámbitos.

Las políticas hacia, con y para la población joven en México.

 A partir de lo anterior me parece que el reto en materia de políticas juveniles tiene al menos, tres ejes:

a) El reconocimiento de la importancia de una política nacional de juventud de gran envergadura e integral, con sus claras expresiones y adecuaciones al nivel territorial y definición de responsabilidades por niveles de gobierno y con suficientes apoyos legislativos, institucionales y presupuestales. Personalmente creo que si los Institutos de Juventud han de servir para algo es para convocar y conducir el diseño de esa política nacional y de transversalizar el enfoque juvenil en todas las políticas gubernamentales y para convertirlas realmente en políticas públicas, garantizar una participación en su diseño, instrumentación y evaluación de representantes juveniles.

b) La creación de un ambiente propicio para la protección, el aprendizaje y el desarrollo de las poblaciones juveniles con cambios en las políticas económica, social, cultural y ambiental y también, en los procesos e instituciones políticas. Es decir, actuar sobre el entorno o el contexto desde la perspectiva juvenil.

c) El desarrollo de políticas públicas de, para y con los jóvenes con un enfoque de integralidad y de derechos que podríamos enunciar en los siguientes rubros en términos de derechos humanos:

  • derecho a la no discriminación y a la igualdad de género
  • derechos sexuales y reproductivos
  • derecho al disfrute del nivel más altos de salud física, mental y social
  • derecho al trabajo y del trabajo y a un nivel de vida adecuado
  • derecho a la educación
  • derechos culturales y reacceso a la tecnología y el conocimiento científico
  • derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, de respeto a las libertades fundamentales como libertad de expresión y de acceso a la información, de reunión y de asociación, a la privacidad y al honor, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de movimiento.
  • Derecho a la vivienda
  • Derecho a un medio ambiente sano

Rogelio Marcial  considera que los espacios de mayor riesgo en la actualidad para las poblaciones juveniles tienen que ver con los campos de: sexualidad, educación, empleo, consumo de sustancias y jóvenes en conflicto con la ley lo que podría orientar las prioridades de políticas. Estas deberían ser las prioridades en el diseño de una política integral en el corto plazo.

Desde la mirada del tema que nos convoca que es la discriminación, algunos de los campos anteriores de derechos tendrían mayor relevancia, aunque en todos ellos las prácticas de exclusión de ciertos grupos de jóvenes tendrían que enfrentarse.

Siempre he pensado que la superación o atenuación de conductas discriminatorias tiene que ver con la forma en que construimos y desarrollamos a los seres humanos y que hace a cambios profundos en la cultura y que una de las intervenciones que ha probado su eficacia en esta materia, son las acciones positivas que obligan a la convivencia cotidiana de representaciones diversas.

Si en la primera infancia, etapa de la vida fundamental en el desarrollo de valores, es más difícil la intervención intencionada para propiciar la convivencia de la diversidad económica, social, cultural, religiosa, étnica, racial, de género, política y de capacidades físicas y mentales, si es factible propiciarla en las instituciones, espacios y programas públicos en etapas posteriores de la vida. Esa convivencia de la diversidad debería ser en las políticas juveniles un criterio fundamental en el desarrollo de programas públicos de educación, salud, culturales, recreativos, deportivos, laborales y de servicios y utilización de los espacios  públicos, en general.

Es necesario combatir la creciente segmentación que se observa en los ámbitos de educación como son las universidades, en los servicios de salud o en las actividades culturales y de recreación, por ejemplo, y propiciar más espacios de encuentro y convivencia de la diversidad.

Las acciones afirmativas que obliguen a la convivencia de la diversidad deberían aplicarse a los servicios privados también como son las escuelas y universidades, donde la formación de los hijos de las clases medias y altas se lleva a cabo de manera aislada sin contacto con la infancia y los jóvenes provenientes de las clases populares y en pobreza. No se trata de que acepten a uno o dos jóvenes de familias de bajos ingresos, sino que para tener un impacto real, al menos, treinta por ciento de la matrícula de escuelas particulares debería asignarse y en su caso, sea apoyada con recursos públicos, para niños, niñas y jóvenes de origen diverso.

Finalmente quisiera referirme a un tema de creciente preocupación entre la población juvenil y que es su relación con los cuerpos de seguridad ante la creciente violencia criminal e institucional en la vida de todos los mexicanos. Algunos autores señalan que los cuerpos de seguridad asumen como suyos los valores de las clases dominantes y que verán como peligrosos a aquellas personas que son consideradas como tales por las élites.

Al no existir un proyecto de las élites económicas y políticas mexicanas para la enorme población juvenil en la estructura demográfica actual del país, pues no asumen como su responsabilidad la creación de una economía que crezca, genere empleos, distribuya y sea sustentable, los jóvenes -por su energía, cuestionamiento de la autoridad y las instituciones, defensa del ejercicio de su libertad-, son colocados como poblaciones peligrosas, pues no aceptan su pertenencia a los sectores subordinados.

Los cuerpos de seguridad se convierten entonces en el instrumento para subordinarlos y si se revelan  acaban en el mejor de los casos, en los reclusorios, que tiene un elevado y creciente porcentaje de población entre 18 y 29 años, y en el peor, entre los miles de muertos por la violencia criminal e institucional.

Son las élites económicas y políticas las que deben entender el enorme riesgo en que están colocando la viabilidad del país al no reconocer y asumir el enorme valor actual y  futuro que representa la elevada proporción de jóvenes en la estructura poblacional del país. Es en etapas similares de la historia poblacional de los países desarrollados donde se hizo posible el despegue económico por las bajas tasas de dependencia.

En México en cambio, hemos elegido acosarlos, correrlos del país o destruirlos. Un grave error histórico, además de una profunda tragedia humana.