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Edadismo. Discriminación de las personas mayores.

Derechos Humanos, Discriminación, Sociedad civil, Tejido social, Uncategorized

La silla rota. 16 de febrero de 2023

Hace dos semanas se llevó a cabo la reunión de presentación del grupo   MEXICOLECTIVO cuyo propósito es convocar a la construcción de un proyecto de nación, con la confluencia de todas las personas dispuestas a expresar sus opiniones, escuchar a otras y alcanzar consensos sobre el futuro del país.

Originalmente estuvo formado por veinte personas a las cuales, a lo largo de un año, se fueron sumando otras veinte. Cada una tuvo la oportunidad de invitar a diez personas al evento, por lo que la asistencia resultó un tanto variopinta.

Algunos de los integrantes originales, por diversas razones, decidimos no participar, ni convocar a dicho evento. Sin embargo, a pesar de haberlo notificado con oportunidad, nuestros nombres empezaron a salir en la prensa en calidad de convocantes principales cuando en realidad, en su caso, éramos cuarenta integrantes originales.

Un destacado comunicador tuvo la habilidad de obtener la edad de los ocho convocantes destacados por los medios y calculó un promedio de 73 años de edad. Su cuestionamiento principal al grupo era que no había jóvenes. Mencionó como ejemplo el caso de tres que calificó de brillantes, que curiosamente habían desertado de los partidos políticos en los que participaban.

Otro comunicador, de precisamente 73 años, que promueve diálogos en donde no deja intervenir a sus interlocutores, sostuvo que MEXICOLECTIVO era un grupo de viejos que ya habían tenido oportunidad de participar en la vida pública y que no habían aportado nada al país.

A partir de estas posiciones, podríamos concluir que las personas mayores ya no tenemos derechos de ciudadanía, no debemos participar, organizarnos, ni opinar sobre la cosa pública, que son sólo los jóvenes los responsables del futuro del país.

Que es la gerontocracia en los gobiernos, en los partidos políticos, en los poderes judiciales y legislativos, en el manejo de empresas y de universidades la que ha llevado al país a su situación actual.

Pues resulta que, de los 32 gobernadores, 21 tienen menos de 60 años (4 de ellos incluso menos de 40). De 20 integrantes del gabinete presidencial 8 tienen menos de 60 años y 4 de los líderes de los 7 partidos políticos, tienen 50 años y menos.

Los jóvenes están participando en la política, en los gobiernos, en la sociedad civil, en las redes sociales. Muchos se están formando o gozando, con todo derecho, de su juventud. Lamentablemente, representan la mayor proporción de personas en reclusión, desaparecidas y asesinadas. Los jóvenes son a la vez víctimas y victimarios de la violencia normalizada.

La desigualdad, la pobreza, la exclusión y las violencias cada vez más agudas, requieren para enfrentarlas del concurso de todas y todos, de la construcción de un pacto social y del desarrollo de una nueva estatalidad que reconozca la enorme complejidad social.

No estamos frente a problemas que derivan de las omisiones de los viejos. El edadismo, la discriminación de las personas mayores, se ha convertido en una expresión grave de intolerancia.

Un país roto

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Para Silla Rota.

En memoria del Dr. José Ignacio Chapela Castañares.

La desigualdad, la pandemia, el crimen organizado, la corrupción, la destrucción de instituciones públicas y un gobierno que polariza, tienen a México roto, sin un camino compartido hacia el futuro.

Las conversaciones y los encuentros entre los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo y de escuela se han visto disminuidos por los encerramientos motivados por la COVID19. Si acaso persiste la interacción, es principalmente mediante el uso de plataformas y de dispositivos celulares. Los chats se han vuelto el modo privilegiado de comunicación.

Por su parte, la creciente desconfianza y el miedo que deriva de la presencia protagónica, a la vez que soterrada, de la delincuencia y del crimen organizado en el país, inhiben la expresión libre, promueven el silencio, nos impulsan a encerrarnos.

Nos hemos visto obligados a ocultarnos, a no exponernos, a no reclamar, a no demandar nuestros derechos, a guardar silencio. Es mejor no ser notado en la comunidad, en el transporte, en la escuela, en el trabajo, con el fin de evitar cualquier riesgo de agresión, de violencia, de extorsión, de despojo o de desaparición. Nos hemos convertido en un país sumido en una violencia crónica, en una violencia normalizada, que se ensaña particularmente contra las mujeres, los jóvenes y la niñez.

La destrucción de instituciones y capacidades públicas, pretextando una austeridad republicana o la existencia de corrupción, abona a una sensación de indefensión, de creciente ausencia de autoridades dispuestas a poner orden, a regular las relaciones sociales y económicas y evitar con ello los abusos y la violación de nuestros derechos, de nuestra integridad, de nuestra libertad e incluso, de nuestra vida.

En tanto, en la arena pública, en los medios de comunicación, en las mañaneras del presidente, sólo escuchamos confrontaciones entre los buenos y los malos, peleas anticipadas por el poder político, descalificaciones, acusaciones y mentiras.

Oleadas de información fugaz, noticias que duran el tiempo en que son comunicadas. No acabamos de conocer de una tragedia, de un asesinato múltiple, de la desaparición de personas o de un accidente, cuando ya hay otros cien en la lista de los comunicadores, que se pelean por dar las primicias.

Urge reencontrarnos, reconocernos como parte de un todo, de un país a la deriva que si se hunde, nos hundimos todos.

Escuchar al otro, conversar, disentir civilizadamente, ceder, oír de los dolores que nos aquejan, aceptar nuestra excepcional diversidad y encontrar, como una hazaña colectiva, el material dorado que utilizan los japoneses para reparar las piezas rotas, como nos diría Arnaldo Coen.

Otra forma de corrupción

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Noticiero IMER.

Uno de los mayores placeres de muchos de las y los viejos servidores públicos era ver cómo lograban hacer realidad una nueva institución, un servicio, un sistema de información, una obra o cualquier otro mecanismo gubernamental que contribuyera a mejorar el bienestar de la población.

Había un claro sentido del servicio público: aportar al desarrollo del país para avanzar hacia una mayor justicia social. Existía un orgullo de trabajar en el gobierno, ya sea como maestro, enfermera, profesionista o empleado de oficina.  El gobierno se constituía en una opción para servir, no para servirse.

Se tenía entonces la oportunidad de construir capacidades públicas para ir respondiendo tanto a las viejas como a las nuevas necesidades de una creciente población, así como de una complejidad cada vez mayor del país y del mundo.

Programas y políticas iban y venían, pero las instituciones, las obras públicas, los servicios de salud o de educación, los archivos y sistemas de información quedarían al servicio de futuras generaciones y se irían ampliando y perfeccionando.

Constituía entonces un orgullo decir que se había estudiado en una escuela pública. Las personas buscaban acceder a los buenos servicios de salud del seguro social.

Los puestos de dirección de las instituciones públicas eran ocupados por personas profesionistas expertas en las respectivas materias: ingenieros civiles o hidráulicos; médicos, profesoras, economistas, abogados e intelectuales reconocidos. La UNAM formaba a los profesionistas necesarios para el desarrollo del país.

Nunca nos imaginamos que vendría una etapa, iniciada en los años ochenta del siglo pasado, donde el afán gubernamental se orientó a reducir la calidad de los servicios públicos, asignándoles presupuestos cada vez más raquíticos, mal pagando y maltratando al personal y propiciando su privatización; asimismo, reduciendo la inversión pública necesaria para el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura productiva, social y cultural del país  o propiciando que empresas nacionales industriales y financieras fueran vendidas a inversionistas extranjeros.

El servicio público se fue desprestigiando y perdiendo dignidad. Los salarios de los profesores, los policías y de los burócratas en general, se fueron deteriorando al igual que los salarios del resto de la población.

Pero muchos guardamos la esperanza y por ello luchamos, de que con el tránsito a “la democracia” los servicios públicos volverían a recuperar su importante papel para el bienestar de la población. Por el contrario, los puestos en la administración pública se volvieron botín de los partidos políticos: legisladores salientes se convertían en delegados de desarrollo social, políticos y empresarios sin experiencia de gestión pública, eran designados como directivos de las instituciones y entidades gubernamentales.

La corrupción floreció al aceptar posiciones públicas para las que no se tenía preparación y al considerar éstas como espacios para utilizar los recursos en beneficio personal o político.

Ahora bien, ¿a qué viene esta reflexión? Me explico.

México ocupa uno de los primeros cinco lugares de los países megadiversos del mundo. En la secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) acaba de ser designada una persona sin experiencia ni antecedente alguno en relación con sistemas de generación y gestión del conocimiento sobre biodiversidad.

Ante lo sucedido, lamentablemente para el país, el Dr. José Sarukhán, prominente científico y servidor público, decidió retirarse de la Coordinación de esa Comisión después de haberla creado y cuidado durante 30 años.

CONABIO es una institución ejemplar, reconocida a nivel mundial: “ha generado un invaluable acervo de información científica sobre la biodiversidad mexicana y desarrollado un conjunto de herramientas de acceso público, que permiten conocer, proteger y manejar sustentablemente el patrimonio natural de México” (CeiBA).

Me pregunto si no incurre en corrupción quien acepta una función directiva en una institución pública tan especializada como la CONABIO para la que no está preparado, no cuenta con experiencia y con ello, pone en riesgo una riqueza nacional en información y conocimiento desarrollados y conservados por servidores públicos tan comprometidos como el Dr. Sarukhán.

Sólo es una pregunta.

Vivir con miedo

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Noticiero IMER 2022.

En México el miedo es posiblemente una de las emociones más compartidas y presentes entre la población. A la percepción de peligros que derivan del hecho de estar vivo, donde los riesgos surgen de causas naturales o generadas por acciones humanas involuntarias, se suman aquellas llevadas a cabo con toda intencionalidad con miras a ejercer el poder sobre otras personas, para subordinarlas, explotarlas y conculcarles sus libertades.

Algunas razones que conducen a las personas a vivir con miedo es el riesgo de perder algo que se logró o se obtuvo y de lo que depende su bienestar. Me refiero al temor de perder el trabajo y caer en la pobreza, a perder las cosechas por eventos climáticos, a fracasar en una empresa, perder patrimonio por cambios en la economía, a enfermar, por ejemplo. Esos miedos son parte natural de la vida.

Sin embargo, una forma de ejercer el poder sobre otras personas consiste en infundirles miedo, generarles inseguridad, incertidumbre y a partir de ello, obtener beneficios de ellas, explotarlas, someterlas. Tres formas de hacerlo son las siguientes:

Amenazar e infundir terror- La delincuencia organizada en México avanza cada día en el territorio nacional a través de acosar e infundir miedo a personas de todo nivel: aquellas que reciben pensiones, las que viven de sembrar y producir alimentos, los comerciantes y empresarios medianos y grandes, los comunicadores y especialmente a las autoridades.

Los recientes acontecimientos en varias ciudades de Baja California, en Jalisco,  Guanajuato, Michoacán  y en Ciudad Juárez, donde quemaron autobuses de pasajeros, vehículos particulares y tiendas de conveniencia e incluso, mataron a civiles, de acuerdo a algunos opiniones, parecerían querer enviar un mensaje al gobierno de México para que no acepte, con el de Estados Unidos, convenios de extradición de grandes capos de las mafias del narcotráfico y de la trata de personas o continúe con decomisos de drogas. Según expertos en la materia, de ser ese el caso, de acuerdo a diversas definiciones y al artículo 139 del Código Penal Federal, estaríamos hablando de terrorismo.

Ahora bien, una segunda modalidad como el cobro de piso incluso a vendedores ambulantes, el financiamiento a pequeños productores de alimentos obligándolos a que entreguen sus productos para que sean las bandas que los comercialicen, o el crédito “gota a gota”. Son sólo algunas de las innumerables formas que ha encontrado la delincuencia organizada para obligar a la población a trabajar para ellos. Significan una creciente penetración de las bandas criminales en el corazón de las actividades económicas del país.

Como resultado de este tipo de acciones que se expanden en todo el territorio, las poblaciones están abandonando sus comunidades. Hay un crecimiento notable de población desplazada, cerca de 30,000 personas en 2021 (CMDPDH), fenómeno que hasta hace 15 años era desconocido en México. También se estima que un 40% de los migrantes que llegan a Estados Unidos son mexicanos desplazados por la inseguridad y el miedo. Nuevamente, como dice Tonatiuh Guillén la migración se desbordó.

Se trata de una creciente normalización de la violencia, del nivel de victimización que hemos alcanzado; evidencias de la impotencia, el cansancio, y de la pérdida de esperanza de que la situación cambie.

Pero en México existe una tercera forma de ejercer y conservar el poder infundiendo miedo. Desde hace muchos años, los gobiernos y los partidos políticos utilizan los programas sociales consistentes en entregas de dinero, así como las dádivas en las campañas, para obligar a aquellos que las reciben a ejercer el voto en su favor. Se conoce como “compra y coacción del voto”.  A pesar de todas las reformas a las leyes electorales que hemos tenido en las últimas décadas, esta forma de conculcar la libertad del voto no ha podido frenarse.

En este caso, la población tiene miedo de perder los recursos que recibe de los programas sociales o durante las campañas políticas y está dispuesta a ejercer su voto en favor de aquéllos que le garantizan seguir recibiendo esos beneficios. Es una forma de corromper la democracia representativa pues las personas no eligen con libertad quién las representará.

En el Gobierno de Vicente Fox se intentó llevar a cabo un “blindaje de los programas sociales” como “Oportunidades” obligando a que fueran estos fueran transparentes, se publicaran y difundiera de manera accesible las reglas para acceder a ellos, así como los padrones de beneficiarios.

En la actualidad, con una política social ejercida a partir de programas de entregas de dinero a la población y la carencia total de información de cómo operan y quienes las reciben, las personas y las familias viven con un gran miedo de perderlas.

Una acción más que contribuye a vivir con miedo y aceptar sujetarse al poder de otros.

Ampliación de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores no asalariados autónomos o que los hacen por cuenta propia y a los trabajadores asalariados que trabajan en condiciones e informalidad.

Bienestar, Ciudadanía, Constitución CdeM, Derechos Humanos, Política Social, Uncategorized

Ampliación de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores no asalariados autónomos o que los hacen por cuenta propia y a los trabajadores asalariados que trabajan en condiciones e informalidad.

Presentado en el marco de la 2° Semana de la Seguridad Social y el Empleo
Clara Jusidman Rapoport
26 de abril de 2017
Si bien este conversatorio es sobre pensiones suficientes el tema que quisiera yo tocar es el referido a la urgente necesidad de ampliar la cobertura de la seguridad social a todas las personas de manera progresiva si en realidad queremos reducir la desigualdad, enfrentar la pobreza y la exclusión y hacer efectivos los derechos humanos contenidos en los tratados e instrumentos internacionales de los que México es parte. Es un asunto de justicia social.
Como muchos instrumentos de la política social, la seguridad social tal como funciona en México actualmente, contribuye a ampliar la desigualdad: funcionarios públicos que gozan de altas pensiones frente a millones de trabajadores que ni siquiera llegan a obtener alguna.
Entiendo que en las últimas tres décadas la conversación se ha centrado en la sustentabilidad financiera de los esquemas actuales de pensiones y en general de la seguridad social, así como en la suficiencia de los montos que reciben las personas pensionadas. También se han desarrollado las pensiones sociales no contributivas y se estableció el seguro popular que si bien son un paso, no constituyen una red de seguridad social digna para los grupos excluidos de ésta.
Hay varias razones que considero deberían llevarnos a una reflexión más profunda sobre la pertinencia de mantener el enfoque de Bismarck de la seguridad social, limitado a crear una red de protección solamente para los trabajadores asalariados. Si bien el IMSS fue de gran utilidad en la etapa de industrialización del país y durante por lo menos cuatro décadas hasta finales de los años setenta, su pertinencia empezó a ser cuestionada en los años ochenta con el cambio de política económica y de visión sobre el papel del Estado en la provisión de bienestar.
Junto con la pérdida de poder de los sindicatos y confederaciones obreras, inicia una fase de decadencia de los servicios de seguridad social y de su presencia como una de las grandes instituciones del bienestar de las personas en el país. Así, se le deja de ver como una política que contribuye a la mejoría de la vida de las familias obreras para pasar a convertirse en una especie de pesadilla para los gobiernos conservadores.
La política de contención salarial adoptada por esos gobiernos y las bajas tasas de crecimiento del empleo formal contribuyeron a su deterioro. También ha influido la negativa de los gobiernos a ampliar la base contributiva y los impuestos a los sectores de altos ingresos.
Actualmente, la seguridad social en México enfrenta al menos el envejecimiento de la población, la prolongación de la esperanza de vida y el incremento de las enfermedades crónico degenerativas, que implican mayores costos para su atención.
El tema que me interesa destacar es que a casi 75 años de su creación, los intentos de ampliación de la cobertura de la seguridad social hacia otros trabajadores o grupos de población no han sido muy exitosos y se sitúan en el margen de sus servicios: no protegen a toda la población y limitan aquellos servicios que les proporcionan a quienes logran incorporarse mediante seguros voluntarios
La realidad en este momento en el mundo del trabajo, es que si bien cerca de tres cuartas partes de la población ocupada continúa siendo asalariada, por lo menos una tercer parte de ella trabaja en condiciones de informalidad, una de cuyas características es no tener afiliación a la seguridad social y enfrentar condiciones laborales precarias. El otro 25 por ciento es población ocupada no asalariada en la que se encuentran desde profesionistas, técnicos y trabajadores del arte hasta trabajadores en servicios personales, o trabajadores industriales, artesanos y ayudantes y un porcentaje importante de comerciantes.
Si bien es cierto que una proporción de los trabajadores asalariados en condiciones de informalidad son ocupados por empresas medianas y grandes así como por gobiernos que mediante una inspección del trabajo honesta, eficiente y bien aplicada podrían incorporarse al seguro social, otros son subcontratados por empresas que proveen servicios a esos mismos empleadores (outsourcing, terciarización); y un porcentaje alto trabajan para empresas micro y pequeñas que difícilmente alcanzan a cubrir los costos de la contratación. Muchas personas trabajadoras experimentan a lo largo de su trayectoria laboral entradas y salidas al empleo formal, al informal, al desempleo y a la inactividad y no logran alcanzar las semanas de cotización para obtener una pensión.
Este grupo de trabajadores junto con los no asalariados han sido estigmatizados como trabajadores informales en el imaginario colectivo de las élites, son un lastre para la economía por sus bajos niveles de productividad, la ocupación del espacio público para realizar sus actividades, producen y venden piratería, le quitan clientela a las empresas formales, etc.
La narrativa dominante es que la informalidad debe desaparecer, todos deben ser formalizados, son unos parias y el gobierno no debe aplicar un solo centavo del presupuesto en su beneficio o para genera con la participación de ellos, algún o algunos mecanismos de protección frente a enfermedades, accidentes, muerte, vejez y desempleo.
Esa fue la actitud asumida por los partidos conservadores en las recientes discusiones sobre el derecho humano al trabajo y del trabajo en la Constitución política de la Ciudad de México, cuando intentamos que quedara un mandato para que se desarrollaran modalidades de protección social a los trabajadores autónomos, independientes o por cuenta propia.
Otra forma de entender lo que se ha llamado informalidad que incluye a poco más de la mitad de la población ocupada en el país, podría darse si se desglosan los grupos de población que la componen:
1. Personas trabajadores que venden sus servicios a los hogares ya sea a un solo empleador o a varios. Incluye empleados domésticos, jardineros, choferes, cuidadores, enfermeros, pintores, personas que dan mantenimiento a las viviendas, que reparan aparatos domésticos, vehículos, entre otros. Los hogares no son empresas con fines de lucro y muchos de ellos tendrían dificultades para cubrir los costos de la contratación formal de trabajadores, incluyendo el pago de seguridad social.
2. Un amplio sector de ocupaciones y oficios tradicionales que existían antes de que se concibiera la categoría de informales y que se realizan por cuenta propia: artesanos, artistas, operadores de transporte, profesores, músicos, fotógrafos, modistas y costureras.
3. Personas que trabajan para organizaciones y empresas no lucrativas que son contratadas por honorarios o por remuneraciones asimiladas a salarios, con mínimas prestaciones.
4. Una proporción importante de comerciantes que trabajan por su cuenta o con apoyo de trabajadores asalariados, que lo hacen en pequeños establecimientos fijos, semifijos o en forma de ambulantes. Incluye por ejemplo a los locatarios de mercados públicos y tianguis y a vendedores de comida preparada.
Todos estos grupos de personas incluyendo a profesionales, técnicos y trabajadores del arte que trabajan por cuenta propia o como “free lance” no tienen cobertura de seguridad social.
Si se enferman y no pueden trabajar, nadie les cubre al menos una proporción del ingreso que pierden, cuando envejecen tal vez tienen acceso a una pensión social y si mueren sus familias quedan desprotegidas económicamente. Son trabajadores en la pobreza o con alto riesgo de sufrirla en alguna etapa de su vida.
Personalmente me pregunto si la calidad de vida de las élites no se vería afectada de modo importante si desaparecieran los servicios prestados por los llamados trabajadores informales o si la economía mexicana podía haber sostenido las bajas remuneraciones a las personas trabajadoras formales si no existirá una oferta de bajos precios de alimentos preparados y de ropa y calzado. La proliferación de puestos de comida en zonas donde empiezan a surgir oficinas es muy notoria.
En las nuevas modalidades de trabajo están surgiendo lo que se denominan ocupaciones atípicas que no se enmarcan en el tradicional trabajo asalariado, de tiempo completo y para un solo empleador. Un ejemplo es la terciarización o subcontratación, otros es el trabajo desde la casa, los trabajadores con contratos cero que están ahí dispuestos para una empresa que los utiliza y les paga sólo cuando tiene pedidos. La relación trabajador-empleador se va diluyendo bajo nuevas modalidades y con ello la responsabilidad que los segundos tienen para ofrecer condiciones dignas de trabajo.
Desde hace varios años en el país no se generan suficientes empleo formales, ni la precarización de las condiciones en que estos se crean ofrecen incentivos para que las personas opten por un trabajo formal.
Ahora bien, la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos señala “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otros encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”
El derecho de toda persona a la seguridad social se encuentra consagrado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como Protocolo de San Salvador.
La Observación General No 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre la seguridad social, define el contenido y alcance del derecho a la seguridad social y es clara a señalar que “ aunque toda persona tiene derecho a la seguridad social, los Estados Parte deben prestar especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho en particular. Las personas que trabajan en el sector no estructurado (párrafo 31) Además, textualmente establece que “los Estados Parte deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que la cobertura de los sistemas de seguridad social se extienda a las personas que trabajan en la economía no estructurada. Estas medidas podrían incluir a) la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso de esas personas a los planes de seguridad social no tradicionales, como el seguro comunitario; b) el otorgamiento de un nivel mínimo de cobertura de riegos e imprevistos con una expansión progresiva en el tiempo; y c) el respecto y el apoyo a los planes de seguridad social desarrollados en el marco de la economía no estructurada, como los planes de microseguros y otros planes de microcréditos afines” También propone “se podrían desarrollar planes alternativos de bajo costo para ofrecer una cobertura inmediata a los excluidos de la seguridad social, aunque el objetivo debe ser integrarlos a los planes ordinarios de seguridad social. Se podrían adoptar políticas y un marco legislativo para integrar gradualmente a las personas que trabajan en el sector no estructurado o que por otras razones están excluidas a la seguridad social (parr. 54)
La OIT en su Recomendación 204 señala que los Estados Miembro deberían b) promover la protección de la seguridad y la salud en el trabajo y extenderla a los empleadores y los trabajadores de la economía informal.
En las buenas prácticas internacionales se ha observado que las iniciativas de ampliación de la cobertura del seguro social han tenido éxito cuando incluyen la adaptación de las prestaciones, las cotizaciones y las operaciones a las características de algunas categorías de trabajadores de la economía informal. Ente otras cosas, estas podrían consistir en:
– Dar a los beneficiarios la posibilidad de afiliarse a las ramas del seguro social que deseen, según sus necesidad y capacidad de aportar cotizaciones
– Permitir cotizaciones más flexibles a fin de tener en cuenta las fluctuaciones de los ingresos o los ingresos estacionales (por ejemplo en el caso de los trabajadores agrícolas)
– Incluir mecanismos específicos para determinar los niveles de cotización de los empleados y los trabajadores independientes cuando los ingresos reales son difíciles de evaluar
– Reducir los costos del registro y, ofrecer a los contribuyentes en pequeña escala ¨regímenes simplificados¨ en función tanto del riesgo como del cumplimiento de las obligaciones impositivas.
Esquemas como el minitributo desarrollado en Uruguay es un método particular de recaudación de seguridad social, aplicado como una categoría impositiva, para trabajadores autónomos con facturación limitada y pocas actividades comerciales en comunidades y espacios públicos. Tiene principalmente por objeto promover la cobertura de la economía informal.
La extensión universal de los servicios de salud, la creación de mutuales de salud, los regímenes de microseguros, así como diversas modalidades de transferencias monetarias como son las pensiones universales a las personas mayores, a familias con hijos o a determinados grupos, como son las personas con discapacidad, huérfanos y otras personas vulnerables han proliferado en el mundo. La OIT señala que las diferentes “políticas e iniciativas sobre la extensión de la cobertura deberían enmarcarse en el contexto de una estrategia de seguridad social nacional integrada”89ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2001.
Desde hace muchos años he cuestionado el hecho de que las contribuciones a la seguridad social recaigan en las empresas que ofrecen trabajo pues esos pagos encarecen el costo de la fuerza de trabajo y van en contra de las políticas de generación de empleos. Lo mismo ocurre con los socorridos impuestos sobre la nómina. Consideraría más justo que fueran las empresas que se automatizan y buscan evitar la contratación de mano de obra las que deberían cubrir los costos de las prestaciones generales a los trabajadores.
Me parece también injusto que de los impuestos generales se derive la cuota gubernamental para el pago de la seguridad social que beneficia sólo a los trabajadores asalariados y excluye a los no asalariados, particularmente cuando después de tantos años de haberse implantado la seguridad social es más que evidente que estos últimos nunca se convertirán en asalariados en condiciones formales de trabajo y por el contrario están surgiendo un número creciente de trabajos atípicos por el desarrollo tecnológico y los cambios culturales. Esta situación es discriminatoria e injusta dado que seguramente un importante número de trabajadores autónomos hacen contribuciones al presupuesto público, sin recibir la contraprestación de la seguridad social.
Me parecería entonces que la aspiración debería ser un cambio progresivo del financiamiento de la seguridad social por impuestos generales, la aplicación de una reforma tributaria más equitativa que amplíe los ingresos públicos y la incorporación progresiva a la seguridad social de aquellas personas que han sido históricamente excluidas, tomando en cuenta el máximo de recursos disponibles. Esto en el fondo significa para México un cambio profundo en la perspectiva conservadora de las élites gobernantes.

La cuestión social en México

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En mi intervención quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre la cuestión social en México de manera general.

Tradicionalmente al referirnos a lo “social” buscábamos examinar cómo andábamos en materia educativa, analizábamos los avances o déficits en materia de acceso de la población a servicios de salud, a viviendas e infraestructura como agua potable, energía, drenaje, la incorporación de personas a los sistemas de seguridad social o bien, revisábamos qué estaba ocurriendo en materia de empleo e ingresos de las personas y las familias.

Educación, salud, seguridad social, vivienda, infraestructura urbana, empleo e ingreso se constituyeron en las vertientes del bienestar humano que como sociedad nos preocupaban y que  colocamos durante muchos años en la mira como los campos del bienestar social sobre las cuales tendríamos que trabajar como sociedad para acceder a mejores niveles de vida.

Es importante reconocer que como sociedad, realizamos avances importantes, construimos una gran infraestructura: escuelas y universidades, hospitales y clínicas, grandes urbes con  servicios, conjuntos habitacionales que llegaron a ser reconocidos como los más grandes de América Latina y protegimos a cerca del 50% de la población  por la seguridad social. Desarrollamos servicios de transporte y comunicación, instalaciones deportivas y de recreación, bibliotecas, parques.

Fue un esfuerzo colectivo enorme y lo logramos porque en paralelo, tuvimos un crecimiento de la economía que durante varias décadas alcanzó en promedio cada año, de seis por ciento. Este crecimiento de la economía y la naturaleza de las actividades económicas en las que estaba basado, fundamentalmente las industriales, generaron durante varias décadas suficientes fuentes de trabajo e ingresos para las personas que vivían en las ciudades y para aquellas que se trasladaron  desde las zonas rurales. Hablábamos del milagro mexicano.

Pero en la década de los años setenta del siglo pasado algo se quebró en la trayectoria de crecimiento y mejoría en el bienestar de la población. La inflación apareció como un fenómeno alarmante, la economía ya no generaba suficientes empleos protegidos y decentes como se llaman ahora, el modelo de crecimiento fundado en el desarrollo del mercado interno y la protección de la industria de la competencia externa, ya no podía prolongarse más por los altos precios que estaba pagando la población y por los precarios esfuerzos que los industriales realizaron para mejorar su productividad y competitividad.

Fue en esa década que comprobamos que a pesar de los esfuerzos realizados, la pobreza de amplios sectores de la población persistía, y el modelo adoptado no logaba abatir en la medida de lo esperado, la enorme desigualdad entre los pobladores del campo y los de la ciudad. Para entonces se empezó a hablar del surgimiento de actividades informales y de amplias zonas de poblamientos marginales en las ciudades. Netzhualcoyotl como un enorme conglomerado urbano marginado, aparece como una gran sorpresa en el Censo de Población de 1970.

En la cuestión social empezamos en ese entonces a debatir un programa de empleo y se realizó un enorme esfuerzo por recuperar y reconocer el aporte de la economía campesina como generadora de alimentos para las ciudades y de  divisas provenientes de sus exportaciones, para financiar el desarrollo industrial y urbano del país, todo ello a costa de  la pobreza de millones de habitantes de las zonas rurales del país.

También en la década de los años setenta del siglo pasado, empezaron a hacerse visibles organizaciones ciudadanas que promovían y defendían agendas de derechos humanos, de las mujeres y del medio ambiente. Incorporaron así el tema de la diversidad en el debate de lo social y cultural, lo que en décadas posteriores se fue enriqueciendo con las organizaciones y movimientos sociales en defensa de las agendas de derechos de la infancia, de la población indígena, de las personas con discapacidad y de la población LGTB. Fue entonces cuando también empieza a fracturarse el Pacto de Gobierno, Empresarios y Trabajadores que subyacía en el modelo del milagro mexicano anterior y que tuvo su último impulso en la Comisión Nacional Tripartita de 1973.

Todos los aspectos de la realidad social mexicana que emergieron en la agenda pública durante el último cuarto del siglo pasado como son:

  • la persistencia de la pobreza rural y el surgimiento de la pobreza urbana;
  • la presencia de la desigualdad en el ingreso y en la riqueza entre clases sociales y en el territorio nacional,
  • la existencia de discriminación y exclusión por género, grupos etarios, etnia, reiligió y diversidad sexual

nos daban claros indicios de la necesidad de repensar el modelo sectorial de política social y de promover una profunda Reforma Social basada en derechos y que reconociera la heterogeneidad y diversidad de la sociedad mexicana. Una reforma que recuperara el objetivo del bienestar de la población, que se preocupara por la cohesión social y protegiera el tejido social. Pero fundamentalmente, que nos permitiera ver un nuevo horizonte hacia el cual avanzar en forma solidaria y mantuviera la idea de nación.

Treinta años han pasado de esa década de rupturas con el modelo de crecimiento estabilizador de las décadas previas. En los ochentas iniciamos una profunda Reforma Económica conservadora y ortodoxa, que hasta la fecha no muestra efectos claros en materia de crecimiento y generación de empleos decentes, principal gozne entre lo económico y lo social. En los noventas concretamos una Reforma Electoral que no política, que nos permitió tener elecciones creíbles en 1997, 2000 y 2003 y avanzar en lo que  pensamos sería una sociedad más democrática.

Pero examinemos ahora cuál es el saldo en materia social, que ha contribuido -al igual que lo económico, lo político y lo cultural- al desastre en materia de violencia social y criminal y a los retrocesos que en materia de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales  enfrentamos actualmente en todo el territorio nacional:

  • Instituciones y políticas sectoriales en educación y salud, capturadas por intereses de grupos, y que no logran actualizarse ni en infraestructura, personal y tecnología, ni integrarse, universalizar el acceso y homologar sus servicios en todo el territorio nacional, y ser más pertinentes a la compleja realidad actual.
  • Instituciones y políticas de vivienda e infraestructura urbana que por avaricia e irresponsabilidad pública y privada, nos dejan un reguero de desarrollos de vivienda en todo el territorio nacional, alejados de las ciudades, con tamaños mínimos de las viviendas y ausencia de espacios sociales para la convivencia y un  caldo de cultivo para la violencia.
  • 150 programas sociales federales y seguramente muchos más estatales y municipales, desarticulados, focalizados en poblaciones específicas pero que en el territorio no se encuentran ni coordinan, ni provocan sinergias que realmente contribuyan a mejor las condiciones de vida de los grupos más marginados a los cuales están focalizados.
  • La creación de institutos e instancias para las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, para los temas de discriminación (CONAPRED) y Derechos Humanos y múltiples intentos por hacer transversales los enfoques de género, medio ambiente y derechos humanos en los programas sectoriales y en las actividades de todos los poderes del Estado y órdenes de gobierno.

Constatamos algunas ausencias importantes:

  1. Una política integral para juventud en una etapa crítica en la historia demográfica del país y de la cual depende que seamos un país viable en el futuro o continuemos en el despeñadero, destrucción y retrocesos en que hemos caído.
  2. Una política de infancia que reconozca que los seres humanos somos también una construcción social y no solo requerimos de bienes materiales para nuestro desarrollo, sino de ambientes psico-afectivos, de seguridad y culturales propicios.
  3. Una política hacia las familias que reconozca su aporte a la construcción de seres humanos, su diversidad y las enormes dificultades que enfrentan frente a las múltiples crisis que estamos viviendo.
  4. Una política relacionada con el envejecimiento que permita prever y construir los servicios y capacidades que serán necesarios ante el proceso de cambio de la estructura de edades de la población mexicana.
  5. Una política social urbana que asuma la complejidad de las relaciones sociales que se dan en las ciudades, el desorden y segmentación que existe en su desarrollo territorial y la intolerable convivencia de la desigualdad.

En fin, en una sociedad crecientemente compleja, diversa y profundamente desigual y crecientemente violenta, constatamos la ausencia de una  Reforma Social fundada en derechos, que recupere la solidaridad y la corresponsabilidad de todos y todas. Una reforma que surja de un nuevo Pacto Social que incluya a los nuevos actores y colectivos sociales y las demandas e intereses territoriales.

Es una reforma demasiado importante como para dejarla en manos de los traficantes de la política y de las voraces élites económicas. Su construcción e instauración tiene que ser un  proceso colectivo de diálogo y construcción de consensos desde las comunidades, pueblos y ciudades de manera que se constituyan en agendas de cambio que recuperen la centralidad del ser humano en el proyecto de país y obliguen a aquellos y aquellas que quieran acceder a posiciones de poder público a comprometerse con ellas y a cumplirlas.

Es urgente que empecemos a encontrarnos, a organizarnos y a dialogar fuera de los marcos que nos determinan los intereses políticos actuales, y que construyamos un enorme movimiento ciudadano en torno a  una Reforma Social Posible.