Clara Jusidman

La Silla Rota

19-12-2024

En México estamos viviendo una etapa de constitucionalismo abusivo ejercido por un movimiento de izquierda que busca concentrar el poder, eliminar contrapesos, hacer un uso discrecional de los recursos públicos e imponer su ideología por medio del adoctrinamiento de la niñez y las juventudes.

En sólo tres meses, Morena y sus partidos aliados hicieron 72 modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nunca en la historia del país había sucedido algo así (A. López Cruz).

El diálogo, la escucha o siquiera el interés por aprender de quienes conocen las distintas materias de la administración pública o por conocer y reconocer los graves problemas que vive la población en el territorio y el surgimiento de nuevas vulnerabilidades, están eliminados de la agenda pública.

Además de ignorancia, incompetencia y falta de experiencia de muchos de las y los nuevos funcionarios y  legisladores de la 4T, hay soberbia y un autoritarismo que somete y silencia e impide el intercambio.

De los regímenes de matriz socialista o de “izquierda” que logro distinguir en América Latina y que colocan como prioridad, el combate a la desigualdad y el logro de la justicia social encuentro dos grupos.

El primero está formado por Uruguay, Chile, Brasil y Costa Rica los cuales, aún con periodos de presencia intermitente de gobiernos conservadores, lograron avanzar en la instauración de regímenes socialdemócratas con la presencia de partidos políticos que compiten en elecciones confiables, hay diálogo social, una población que participa y se provee de servicios públicos de salud, educación y protección social a su ciudadanía. Son democracias sociales donde se combina el respeto a las libertades y derechos políticos y civiles, se procura honrar los económicos, sociales y culturales, así como reducir las brechas por medio de agendas progresistas. Los gobiernos mantienen un buen nivel de regulación sobre los mercados.

El segundo grupo, formado por Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, el México actual y en una época Ecuador, cuentan con gobiernos de “izquierda” que llegaron al poder por la vía de procesos democráticos confiables.  Dicen representar al pueblo y buscar su bienestar. Se proponen superar las desigualdades económicas y sociales, el colonialismo y la explotación de las clases subordinadas.

Sin embargo, se han instalado en un “constitucionalismo abusivo”. Han centralizado en sus presidencias los poderes del Estado y han eliminado cualquier contrapeso. Se han apoderado de los sistemas electorales. No permiten el desarrollo y controlan cualquier tipo de organizaciones económicas, políticas, sociales y civiles. Conculcan el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Son opacos en el ejercicio de los presupuestos públicos y propician la desinformación de la población.

La expulsión de millones de personas de sus territorios, como es el caso de Venezuela o de miles como en Cuba y Nicaragua y el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, también compartido por Bolivia, son claros indicadores de que esa ruta provoca malestar y sufrimiento, destruye capital económico, social y humano y es difícil de revertir.

Clara Jusidman

La Silla Rota

5/12/2024

Con frecuencia nos preguntamos ¿Qué es la 4T? ¿Qué es lo que se proponen? ¿Qué es lo que están construyendo? ¿Por qué tanta destrucción y tanto enojo? Intentaré describir lo que observo.

Parece ser claro que lo que pretenden es reivindicar a lo que consideran “pueblo” que entiendo, según su propia clasificación, son todas las personas que se encuentran en los niveles bajos de ingreso, en condiciones de pobreza.  Personas que consideran han sido explotadas por las que llaman “élites” o personas con privilegios.

En esta última categoría incluyen desde los empresarios pequeños y medianos, pasando por los intelectuales, los artistas, los comunicadores, los académicos y profesionales, los investigadores, los funcionarios y los servidores públicos, los ministros, jueces y magistrados, los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), es decir, todas y todos los que formamos las clases medias.

Pretenden que sus denominadas “élites” dejen de beneficiarse de cualquier recurso que provenga del presupuesto público. Los consideran privilegios. Por ello destruyen o reducen toda modalidad de apoyo público a la cultura, a las artes, a la investigación, a la comunicación independiente, a proyectos de las OSCs, a la protección del medio ambiente.

Cambian a los funcionarios de las instituciones públicas que dejan en pie por personas de su confianza, amigos, conocidos, gente del “pueblo” aunque no tengan la más mínima idea ni el conocimiento sobre la función que van a desempeñar. Trasladan los privilegios de los anteriores a una nueva élite constituida por sus incondicionales que seguramente jamás pensaron llegar a los niveles de ingreso que reciben ahora.  Para no dejar de beneficiarse de su nuevo estatus, serán los más fieles seguidores de la 4T, votando leyes sin siquiera leerlas, cancelando juicios de quienes los apoyen, metiendo a la cárcel con los delitos recién incluidos en prisión preventiva a quien se atreva a criticar u oponerse a su movimiento. Con ello han disminuido la capacidad de operación del gobierno. La población sufre cada día más el deterioro en la atención pública en sus trámites, y en los servicios públicos. La pérdida de tiempos para cualquier relación con alguna oficina gubernamental se torna en una pesadilla. Además de centralizar el poder en la presidencia han abandonado funciones de regulación y ordenamiento de la vida social y de respeto y protección de nuestros derechos humanos.

Clara Jusidman

La Silla Rota

21.11.2024

El pasado 12 de noviembre se realizó un montaje verdaderamente vergonzoso en el Senado de la República, que terminó con la reelección de la Sra. Rosario Piedra Ibarra para presidir algo que continúa llamándose Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Tan malo fue el desempeño de la Sra. Piedra durante cinco años, que varios pensábamos que esa Comisión ya había sido cercenada por la afilada y certera hacha de la “austeridad republicana”. No es así, los contribuyentes seguiremos pagando los sueldos de la señora y su equipo por cinco años más.

El director del sainete fue el Sr. Adán Augusto López debidamente instruido por la superioridad al tratarse, según se expresó, de un asunto de estado. Contó con el acompañamiento del escenógrafo Sr. Gerardo Fernández Noroña y los coros de las y los senadores de Morena.

Uno se pregunta, pero qué necesidad había de montar un espectáculo que mostró la bajísima calidad y la sarta de mentiras utilizadas por la bancada morenista para defender a un personaje como Rosario Piedra Ibarra.

La señora usó a la CNDH en sentido contrario a su naturaleza que es la de proteger y defender a las personas de las violaciones a derechos humanos que cometen actores del Estado. Por el contrario, encubrió entre otros al ejército, a las autoridades migratorias y a las fuerzas de seguridad, de las múltiples violaciones que cometieron durante los años de su gestión.

En lugar de acompañar a las víctimas se puso del lado de las y los violadores de derechos humanos. La verdadera razón para su vergonzosa reelección es asegurarse de que no interferirá con los abusos de poder y del uso de la fuerza que de nueva cuenta están aflorando con la muerte y desaparición de civiles realizadas por agentes estatales en el territorio nacional.

Pero qué necesidad había de que dos comisiones del Senado realizaran una convocatoria a posibles aspirantes para ocupar la presidencia de la CNDH; revisaran y verificaran el cumplimiento de los requisitos de 66 de estos; realizaran un parlamento abierto con varias organizaciones civiles; llevaran a cabo durante tres días, entrevistas de manera pública a 48 personas y finalmente, eligieran mediante su voto de entre 15 finalistas, a aquellas que integrarían la terna a ser elevada al pleno.

Muchos pensamos que fue un proceso responsable por parte de las comisiones del Senado encargadas y que su decisión sería respetada. Gran sorpresa cuando en la terna final apareció la Sra. Piedra Ibarra quien tuvo el peor desempeño de entre las 15 finalistas.

Mayor sorpresa cuando después de una larga sesión el sainete terminó con la reelección de esa señora por razones de estado. Ello a pesar de sensatas e informadas expresiones de inconformidad por parte de la oposición, tanto contra la reelección de la Sra. Piedra como contra la coerción ejercida sobre el voto de la bancada de Morena y aliados.

Si ya sabían que el Ejército quería que se quedara la Sra. Piedra ¿qué necesidad había de agraviar a las y los senadores de las comisiones encargadas, a las personas que se atrevieron a postularse, a las organizaciones que participaron en el parlamento abierto, a las personas que se sujetaron a las entrevistas, y en especial, a las otras dos candidatas integrantes de la terna?

Es el humanismo mexicano alguien diría.

Clara Jusidman

La Silla Rota

24.10.2024

El reciente asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de las Casas, es un nuevo e infame golpe para las comunidades y pueblos originarios de Chiapas y para quienes promovemos la paz y la reconstrucción del desquebrajado tejido social en nuestro cada vez más violento y lastimado país.

El padre Marcelo era uno de los presbíteros indígenas que trabajan en la diócesis de San Cristóbal al que acudían en busca de ayuda, consejo y orientación centenares de pobladores de la región y en quien confiaban para resolver problemas intercomunitarios o con las autoridades. Un hombre sencillo, inteligente y un comprometido promotor de la paz y la justicia.

Su muerte es una evidencia más del despojo, el desalojo, las desapariciones, los secuestros y los asesinatos que se han ensañado especialmente con las comunidades y pueblos indígenas en Chiapas, en la Sierra Tarahumara, en la Montaña de Guerrero, en Michoacán y en la zona maya.

Son una muestra del nivel de barbarie en que estamos sumidos y del avance de la destrucción de nuestra casa común.

La colusión entre autoridades, caciques y bandas del crimen, utilizando grupos paramilitares, parecen haberse hecho el propósito de acabar con los últimos vestigios de tejido social comunitario y explotar lo que queda de recursos naturales en donde aún habitan pueblos originarios.

Se les quiere desaparecer, dispersar, desalojar para apropiarse de sus recursos: de su bosque, de su tierra, de su agua, de sus minerales, de las especies que habitan en su entorno, que ellas y ellos han cuidado y protegido por tanto siglos.

Es una nueva ola de colonización extractivista para explotar al máximo sus recursos naturales, destruir sus culturas o utilizar su ubicación en rutas de interés para el tráfico de personas, de droga, de precursores, de especies reservadas, así como para imponer proyectos de “desarrollo” como el turismo, la porcicultura y el tren maya en Yucatán, la termoeléctrica en Morelos o, en su momento, la siembra de amapola en Guerrero.

Alguna vez en las comunidades, barrios, vecindarios y pueblos había confianza, solidaridad, colaboración, reglas a respetar y como consecuencia, menos inseguridad y violencia. Si alguien se atrevía a atentar contra esa confianza recibía una sanción del colectivo: era reconvenido y exhibido frente al grupo, se le asignaban tareas en beneficio de la comunidad o era aislado y aún expulsado como castigo. Las comunidades indígenas eran lo que nos quedaba de esa convivencia, aún con sus conflictos religiosos y territoriales.

Actualmente vivimos en la total impunidad: quienes cometen faltas, inclusive violentas como asesinatos, secuestros, tortura, violaciones, saben que no hay quien les reclame, ni quien los sancione. Es la destrucción del Estado, de las organizaciones sociales y civiles, del tejido social y el más profundo desapego a la ley, aún por quienes deberían ser las y los primeros en acatarlas.

Hace treinta años el EZLN se rebeló. La voz y las demandas de los pueblos indígenas se escucharon en todo el mundo. Hoy nuevamente son agredidos, amenazados y despojados.

Clara Jusidman

La Silla Rota

27.09.2024

En cuatro días Andrés Manuel López Obrador dejará la presidencia, pero no podía privarse de dar un último empellón al país para lanzarlo al vacío.

Un lanzamiento realizado con el apoyo de millones de personas, políticos, empresarios, delincuentes, mandos militares, gobernadores, legisladores a las y los que embelesó con sus mentiras y su flauta de Hamelín o que compró, sobornó o sometió con una enorme derrama de dinero y con violaciones sistemáticas a las leyes para exhibir, amenazar y perseguir.  

Esa derrama de dinero deriva del uso discrecional del presupuesto y de la austeridad neoliberal (perdón, “republicana”), en cuyo nombre se destruyeron instituciones de gobierno, se tomaron los recursos de múltiples fideicomisos y se realizaron “ahorros” en servicios públicos indispensable.  Se agregaron además grandes aportes de dinero provenientes de fuentes poco claras.

AMLO tenía que dejar una muestra del enorme poder que alcanzó, en la Cuarta Regresión, perdón nuevamente, la “Cuarta Transformación” y ratificar que seguirá siendo el mánager y patrón de todas y todos los mexicanos.

Hay varios autores  como Anne Applebaum, Steven Levitsky y Daniel Ziblat que muestran como las democracias mueren paulatinamente y son sustituidas por regímenes autoritarios, dictaduras, autocracias, populismos de derecha y de izquierda.  Lamentablemente, México se convertirá en un caso de estudio de un proceso de ese tipo.

Mientras tanto las huestes políticas del morenismo se aprestan a preparar el tercer piso de la 4T, pues el segundo piso se usará como plataforma de despegue para ello. No será para atender los graves problemas del país que se heredan de la fallida construcción del primer piso y que seguramente se agudizarán como resultado del último empellón de AMLO, el llamado Plan C.

En los medios de comunicación abundan en estos días los recuentos del desastre de país que deja la presidencia de AMLO, así como de previsiones sobre cómo México seguirá cayendo al vacío.

Tenemos que reconocer que no pudimos frenarlos, que no encontramos los mecanismos para que abandonaran su enorme soberbia y su profunda sordera. Ellos y ellas tienen la verdad rebelada, saben lo que quiere el pueblo; son su voz y sus únicos representantes, aunque sólo comprenden el 35 por ciento del padrón electoral.

Todas y todos los que pedimos ser escuchados y escuchadas, una apertura al diálogo, a la discusión colectiva y constructiva, al reconocimiento de la gran diversidad de tragedias y víctimas que han ido creciendo y extendiéndose en el territorio nacional, somos sus enemigos. Somos los “conservadores” que mentimos e inventamos esas tragedias por que queremos conservar nuestros privilegios.

Y como ellos y ellas son los poseedores de la verdad, tienen que mantenerse en el poder por muchos años para liberar al pueblo explotado de su mentalidad de sometimiento y propiciar un cambio cultural mediante la Nueva Escuela Mexicana.

Triste futuro, enorme impotencia, malos augurios y una gran soledad en un mundo donde cada persona y cada nación se encuentran enfrascadas en resolver sus propios problemas y los organismos internacionales han dejado de tener utilidad en un mundo tan convulso y complejo.

El valor y la vigencia de la socialdemocracia Iberoamericana

Clara Jusidman

2 de diciembre 2024

Lejos estamos de la época de oro de la socialdemocracia y de los estados de bienestar que tuvo lugar entre 1945 a 1973 en los estados del norte y centro de Europa.

Más lejos estamos aún de las condiciones políticas y económicas que dieron origen al surgimiento de un régimen alternativo al nacionalsocialismo, al comunismo estalinista y de los imperios coloniales que se enfrentaron en las dos grandes guerras del siglo pasado.

Sin embargo, no estamos tan lejos de las condiciones sociales y culturales que dieron lugar a los totalitarismos de la primera mitad del siglo pasado con grandes sectores de las poblaciones nacionales que sienten que el mejoramiento en sus niveles de vida no fue impactado por el triunfo de las democracias liberales, ni por la irrupción del capitalismo financiero, ni de la globalización. Se perciben, además, crecientemente amenazadas por el aumento de las catástrofes climáticas, las revoluciones tecnológicas en curso y por el florecimiento y expansión del crimen organizado transnacional.

Ahora bien, la socialdemocracia, como una de las vertientes suaves del socialismo, ha tenido siempre como mira la lucha contra la desigualdad y la apuesta por la distribución de la riqueza, sin atentar directamente contra la propiedad privada.

El auge de los regímenes socialdemócratas europeos en las tres décadas mencionadas tiene lugar básicamente en economías industrializadas, con un componente importante de trabajadores organizados y sociedad civil organizada, que dieron lugar al surgimiento de partidos políticos o se aliaron con estos. Contaban además con poblaciones bastante homogéneas social y culturalmente; sus mercados laborales y de capitales estaban protegidos de la competencia externa y desarrollaron capacidades estatales para proveer servicios y protección social de buena calidad y de carácter universal. Estos servicios eran usados y apreciados por los diversos estratos sociales por lo que había disposición de la población a contribuir en su sostenimiento y mejora.

Es decir, esas socialdemocracias estaban fundadas en cuatro pilares:

1. poblaciones bastante homogéneas y dispuestas a contribuir económicamente;

2. comunidades de exigencia constituidas por trabajadores industriales y sociedad civil organizados y con partidos políticos sólidos;

3. mercados cerrados a la competencia externa y

4. capacidades estatales para regular las desigualdades que generan los mercados y para proveer servicios y protección social de calidad.

En esos años también, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidad integrada por 50 estados, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un gran pacto entre los países de economías capitalistas de libre mercado de Occidente con las economías socialistas de Europa del Este en el que los gobiernos se obligan a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de sus poblaciones. Era un pacto entre los gobiernos y sus poblaciones para impedir abusos de los primeros sobre las segundas.

Desde mi perspectiva el gran debate entre los regímenes capitalistas y los socialistas de la época era la defensa y mayor prioridad otorgada por los primeros a las libertades individuales y por lo tanto a los derechos civiles y políticos, así como a la propiedad privada, en tanto, que para los segundos eran más importantes los derechos colectivos orientados a aminorar las desigualdades y alcanzar la justicia social que se plasmaron en los derechos humanos económicos sociales y culturales de la Declaración Universal. Estas diferencias dan lugar posteriormente a los dos pactos de derechos humanos el de civiles y políticos y el de económicos, sociales y culturales con el propósito de la comunidad internacional de recalcar que el respeto de ambos grupos tiene igual importancia.

Los regímenes socialdemócratas buscaron conciliar libertades con justicia social y enfrentar las desigualdades con la provisión de servicios sociales universales de carácter estatal en un régimen de economía mixta.

Las perspectivas del desarrollo de la socialdemocracia en América Latina.

Quisiera destacar las diferencias que existen actualmente en América Latina respecto de los cuatro pilares que dieron lugar a las socialdemocracias europeas:

1. Sus poblaciones son bastante heterogéneas, con proporciones altas en situación de pobreza y clases medias y altas poco dispuestas a contribuir económicamente con el Estado. En la región existe una gran heterogeneidad cultural entre sus habitantes cuyos conceptos de bienestar difieren. Es asimismo la región más desigual del mundo con bases de contribuyentes y regímenes fiscales muy limitados. En 2022 sólo se recaudó el 21.5% del PIB en América Latina en comparación con el 34% recaudado en los países de la OCDE.
2. Ausencia de comunidades de exigencia constituidas por trabajadores industriales y sociedad civil organizados. Partidos políticos sin bases sociales. En América Latina la tasa de población ocupada en la industria manufacturera es baja y una porción menor de la misma está sindicalizada. La mayor ocupación se presenta en el sector de servicios, o trabajan en micro y pequeños establecimientos. Se registran elevadas tasas de ocupación informal. En México de la población ocupada sólo el 16.1% trabaja en manufacturas; dos terceras partes lo hacen en el sector agrícola y en micro y pequeños establecimientos y el 54.2 % se ocupa en condiciones de informalidad. También en México las organizaciones de trabajadores – importantes hasta la década de los años setenta-las de campesinos, populares urbanas, de sociedad civil y los movimientos territoriales nunca alcanzaron coberturas amplias; venían decreciendo y en la última administración de gobierno fueron marginadas y maltratadas.
3. Mercados de capitales, de mercancías y de mano de obra totalmente abiertos a la competencia externa. En los últimos cuarenta años el neoliberalismo y el capitalismo financiero auspiciaron la globalización económica, liberando el flujo de mercancías y de capitales, pero manteniendo restricciones a la libre movilidad de la fuerza de trabajo. La competencia por la inversión privada se basó en remuneraciones bajas a los trabajadores, en sistemas fiscales reprimidos y en apertura a la explotación de recursos naturales para las industrias extractivas globales. La desigualdad a nivel mundial se agudizó, surgieron poderosas empresas globales con mayor capacidad de influencia que los gobiernos nacionales y que el sistema de organizaciones internacionales que estos habían creado. Bajo estas condiciones de competencia resulta difícil para los países de la región avanzar en la creación de empleos en condiciones dignas de trabajo, así como obtener los recursos necesarios para ampliar y mejorar su oferta de servicios públicos y de protección social.
4. El cuarto pilar de las socialdemocracias europeas fue la posibilidad de desarrollar capacidades estatales para regular mercados y proveer servicios y protección social. En América Latina, la disminución de la participación de los estados en las economías, la austeridad neoliberal iniciada en la década perdida de los ochenta y el impulso a la privatización de servicios de educación, salud, pensiones y vivienda, significaron para la mayoría de los países de la región al menos cuarenta años de retroceso en las capacidades de los gobiernos para ofrecer acceso universal a servicios y protección social y pública de calidad. Si bien hay ejemplos destacados de buenos servicios públicos sociales y de modalidades interesantes de protección social que se lograron alcanzar en las décadas de los años sesenta y setentas del siglo pasado, con la década perdida y el Consenso de Washington, la cobertura, la actualización y la calidad de esos servicios se vino abajo.

Los regímenes de matriz socialista en América Latina.

A partir de este marco general examinemos lo que está ocurriendo en América Latina. Tal vez la situación de España podría asemejarse a alguno de las dos tipas de regímenes de matriz socialista que personalmente logro distinguir en la región y que colocan como prioridad, el combate a la desigualdad y el logro de la justicia social.

En ese sentido observo dos tipos de regímenes políticos en la región.

Aún con periodos de presencia intermitente de gobiernos conservadores, Uruguay y Chile y en algunas épocas, Brasil y Costa Rica lograron avanzar en la instauración de regímenes socialdemócratas donde se observa la presencia de partidos políticos que se disputan en elecciones confiables, la población participa, se provee de servicios públicos sociales a sus poblaciones, aunque difícilmente de carácter universal, y en algunos casos, poco actualizados. Son democracias sociales donde se combina el respeto a las libertades y derechos políticos y civiles, se procura honrar los económicos, sociales y culturales, así como reducir las brechas económicas, sociales, de género, de origen y de etnias, de la diversidad sexual incluidas en las agendas progresistas. Los gobiernos mantienen un buen nivel de regulación sobre los mercados.

El segundo grupo formado por Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, actualmente México y en una época Ecuador, con gobiernos de “izquierda” que llegaron al poder por la vía de procesos democráticos confiables.  Dicen representar al pueblo y buscar su bienestar. Se proponen superar las desigualdades económicas y sociales y la explotación de las clases subordinadas.

Sin embargo, se han instalado en un “constitucionalismo abusivo” han centralizado en sus presidencias los poderes del Estado, el judicial, el legislativo y eliminado cualquier tipo de contrapeso. Se han apoderado de los sistemas electorales. Sus liderazgos se mantienen en el poder por periodos prolongados o son sustituidos por liderazgos afines. No permiten el desarrollo y controlan cualquier tipo de organizaciones políticas, sociales y civiles, conculcan el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Son opacos en el ejercicio de los presupuestos públicos y propician la desinformación de la población.

Con un gobierno de ultraderecha El Salvador se asemeja mucho a este grupo de países que ejercen un fuerte control sobre sus poblaciones, privilegiando en este caso la seguridad y aplicando políticas muy abusivas contra las libertades. Lamentablemente, parece que Costa Rica y Ecuador han entrado en esta corriente autoritaria de ejercicio del poder.

A modo de conclusión.

América Latina se encuentra polarizada: gobiernos confrontados como los de México con Ecuador y Perú o a punto de confrontarse como Venezuela y Brasil. Su población ha sido dividida entre “élites” y “pueblo” definidos así por líderes populistas de derecha e izquierda.

Continúa siendo una región muy desigual y sus habitantes están agobiados por diversas crisis:

Una muy importante es de seguridad que se extiende principalmente por Centroamérica y los países de la costa Pacífico, provocada por los grupos del crimen organizado que ya no solo trafican con droga, sino con personas, con armas, con especies reservadas, extorsión, cobro de piso, secuestros, entre otros delitos. Además de altas tasas de homicidio generan nuevas vulnerabilidades sociales: miles de huérfanos, víctimas directas e indirectas, personas esclavizadas, familias desplazadas o desalojadas, personas que pierden todo su patrimonio.

Otra deriva de catástrofes por el cambio climático como son incendios forestales, sequías, inundaciones, huracanes, aumentos del nivel del mar, presencia de dengue, entre otras. A estas se suman las de tipo antropogénico como es la deforestación, la expansión del gusano barrenador, el crecimiento urbano sin control y la carencia de viviendas, o bien, crisis energéticas como las que viven Cuba y Ecuador. Generan migraciones por razones ambientales.

Una crisis de los partidos políticos y una tendencia a gobiernos populistas de izquierda y de derecha, autoritarios, concentradores de poder, tienden a la militarización, son abusivos de las constituciones, limitan la información y la organización de la población, persiguen a las organizaciones civiles (Ley del Odio de Venezuela), a las y los comunicadores, son antagónicos a los movimientos feministas, de la diversidad sexual, de defensa de derechos humanos y del medio ambiente.

Además, destruyen capacidades estatales, al cancelar instituciones y expulsar personal capacitado provocando dificultades para atender las necesidades en materia de salud, educación, vivienda, alimentación y protección social de la población, así como crisis de gobernanza.

Más que en una etapa de construcción para enfrentar los persistentes problemas de desigualdad, pobreza, y discriminación y apoyar una agenda progresista, los gobiernos de la región tienen que encarar la pérdida de vidas, la desaparición y el comercio de personas, la destrucción de la naturaleza y de actividades económicas, la expulsión y desalojo de poblaciones y las grandes migraciones, el deterioro de los servicios públicos sociales.

 Frente a la gran incertidumbre sobre el futuro que generan los cambios tecnológicos, así como el resurgimiento de los nacionalismos, de gobiernos de ultraderecha en los países de Europa y Norteamérica, con guerras y confrontación de dos bloques económicos, América Latina está desarticulada sin un proyecto regional de futuro, ni con organismos, ni centros potentes de pensamiento.

No estamos preparándonos para el cambio de época que está ocurriendo.

Bibliografía

Borja Barragué Calvo Las raíces filosóficas del proyecto socialdemócrata: entre el liberalismo y el republicanismo Astrolabio: revista internacional de filosofía, ISSN-e 1699-7549, Nº. 15, 2013, págs. 25-31

Francisco de Paula Puy Muñoz La socialdemocracia y su parentela ideológica Anuario de filosofía del derecho, ISSN 0518-0872, Nº 10, 1993, págs. 73-88 Idioma: español

Duque Daza, J. (2012). Ludolfo Paramio. La socialdemocracia (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010), 88 pp.. Revista Mexicana de Sociologí­a, 74(4). doi: http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.2012.4.34457

Cristina Monge ^[1] [1] Política La socialdemocracia se juega en la batalla contra el miedo  Nueva sociedad, ISSN 0251-3552, Nº. 297, 2022 (Ejemplar dedicado a: La socialdemocracia ha muerto, viva la socialdemocracia), págs. 81-90Idioma: español

Manzano Viera, J. R. (2018). La Socialdemocracia en América Latina.: Los casos de Chile y Uruguay. MUUCH’ XÍIMBAL CAMINEMOS JUNTOS, (6), 185–203. https://doi.org/10.26457/mxcj.v0i6.2289

Kenneth Roberts, ¿Es posible una socialdemocracia en América Latina?  ISSN: 0251-3552 Nueva Sociedad, Nueva Sociedad 217, Septiembre – Octubre 2008

Tomás Straka, Nueva Sociedad o el nacimiento de una socialdemocracia global Nueva Sociedad, Nueva Sociedad, Septiembre 2022

Martin Rein, Gøsta Esping-Andersen, Lee RainwaterStagnation and Renewal in Social Policy (1 enero 1987) Routledge; Edición Abridged ISBN-10: ‎ 0873323904 ISBN- 13: ‎ 978-0873323901

1. The Comparison of Policy Regimes: An Introduction, Gøsta Esping-Andersen, págs. 3-14
2. Social Policy and Accumulation: A Critique of The New Consensus, Fred Block, págs. 13-31

7.   From Welfare State to Welfare Society. Martin Rein, Lee Rainwater, págs. 143-159

17° Diálogo Nacional por un México Social

Panel 4. La agenda de riesgos sociales y el desarrollo

Clara Jusidman

Grupo Nuevo Cuso de Desarrollo

21 de noviembre 2024

Agradezco la invitación de las instituciones organizadores de este decimoséptimo diálogo por un México Social para participar en este panel sobre riesgos sociales y desarrollo.

Considero que lo ocurrido particularmente durante los últimos dos meses y medio tanto en el país, como en Estados Unidos y en el mundo refuerza las tendencias que han ido socavando las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que, con avance y retroceso, se fueron consolidando en los últimos 80 años: democracias liberales, en estados nación fundados en pactos sociales, organizaciones y acuerdos internacionales de los gobiernos nacionales, predominancia del capitalismo financiero y extractivista y aumento de empresas globales legales e ilegales.

Coloca asimismo una interrogante sobre el futuro y sobre el significado del desarrollo, así como respecto de los agentes que intervendrán en el mismo, si antes no ocurre una catástrofe mundial generada por factores naturales o antropogénicos.

Posiblemente el lastre más grande que nos deja la época que está por terminar es la persistencia y profundización de los niveles de desigualdad en acceso a condiciones dignas y seguras de vida para miles de millones de personas.

La pobreza extrema sigue cercenando la esperanza de vida de millones de seres humanos mientras el 1.5% de la población adulta, 58 millones de personas, posee el 47.5% de la riqueza mundial[1] 

En las últimas décadas se han hecho evidentes otras desigualdades en materia de oportunidades y de trato que afectan a las mujeres, a las personas afrodescendientes, a los pueblos originarios, a las minorías étnicas y religiosas, a las poblaciones migrantes y de la diversidad sexual y a las personas con discapacidad. El reconocimiento de la injusticia social y racial y la conciencia sobre la explotación colonial sufrida por muchas personas en muy diversos países han hecho surgir reclamos culturales profundos como es el llamado movimiento “woke” que de Estados Unidos se ha extendido a los países europeos.

El signo de los tiempos es la polarización política, social y cultural que hace aflorar sentimientos y actitudes hacia los que son considerados como diferentes. Estos conflictos ya no pueden ser atajados por los pactos sociales previos, ni por los estados nacionales debilitados y minimizados en sus capacidades y recursos y que están siendo capturados por posiciones extremistas de izquierda y de derecha.

Hay una crisis de las formas de representación política y de los partidos políticos, de la eficacia de los estados nacionales, así como de los organismos e instituciones internacionales creadas por acuerdos de esos gobiernos. Incluso hay una crisis del marco cultural de los derechos humanos surgido al término de la Segunda Guerra Mundial, e indudablemente, una crisis climática que ya está afectando y desplazando a millones de personas de sus hábitats originales.

Es decir, el conflicto ya no sólo se expresa en guerras o en violencia armada y criminal. Cruza varias áreas de la convivencia humana incluyendo las familias, las escuelas y universidades, las comunidades, los barrios y colonias, las empresas, las organizaciones políticas, sociales y civiles, las divisiones territoriales internas y los países.

En esta intervención me propongo tocar dos temas relacionados con la importancia de la promoción de la paz y la cuestión social.

En el primero comentaré los resultados de un estudio recientemente publicado sobre el efecto de los conflictos armados en la población que vive en pobreza y en el segundo lo relacionado con las iniciativas de promoción de la paz en México, desde organizaciones e instituciones no estatales.

Conflicto y pobreza

El estudio del PNUD y del Oxford Poverty and Human Development Iniciatives[2] que incluye a 112 países y a 6,300 millones de personas estima que de esta población 1,100 millones de personas, 17.4% vive en situaciones de pobreza multidimensional extrema, utilizando el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Alkire y Foster.

Una gran proporción carece de servicios sanitarios adecuados (828 millones), vivienda (886 millones) o combustible para cocinar (998 millones). 637 millones viven con una persona desnutrida en su hogar.

En el estudio se estima que el 40% de esa población pobre vive en contextos de guerra, fragilidad y/o con escasa paz. Es decir, 455 millones viven en contextos de conflictos armados.[3]  La pobreza es tres veces mayor que en los países que no sufren conflictos. Las carencias son especialmente agudas en nutrición, acceso a electricidad, acceso al agua y al saneamiento.

Achim Steiner, Administrador del PNUD apunta que “Los conflictos se han intensificado y multiplicado en los últimos años, alcanzando récords en víctimas, desplazando a millones de personas y causando una gran interrupción en sus vidas y medios de subsistencia” [4]

Los conflictos tienen efectos catastróficos sobre la reducción de la pobreza.

Sabina Alkire, directora de OPHI refiere que “según el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala[5], en los países en guerra, más de una de cada tres personas viven en situación de pobreza (34.8 %), comparado con una de cada nueve (10.9 %) en los países sin conflictos. Lamentablemente, además, lleva más tiempo reducir la pobreza en situaciones de conflicto, por lo que las personas pobres en estos escenarios se están quedando atrás. Estas cifras exigen una respuesta: no podemos acabar con la pobreza sin invertir en la paz”.

Más de la mitad de los 1.100 millones de personas pobres son niños menores de 18 años (584 millones). A nivel mundial, el 27.9 % de los niños vive en la pobreza, comparado con el 13.5 % de los adultos.

En los países afectados por conflictos, los niños pasan más tiempo en la oscuridad, ya que más de una de cada cuatro personas pobres carece de acceso a la electricidad, en comparación con poco más de una de cada veinte en las regiones más estables. La asistencia a la escuela se desploma, el 17.7% de la población pobre tiene un hijo en edad de asistir a la escuela primaria que no asiste a la escuela, en comparación con el 4.4% en entornos no conflictivos. En el número de hogares de las zonas de conflicto hay un miembro desnutrido de cualquier edad menor de 70 años (20.8% frente a 7.2%). Y, lo que es más desgarrador, una mayor proporción de hogares ha experimentado la muerte de un niño en los cinco años anteriores (8% frente a 1,1%).

Sr. Achim Steiner, Administrador del PNUD reconoce que “La paz sigue siendo el terreno fértil del progreso, el terreno fértil donde las personas pueden plantar las semillas de las oportunidades y escapar de la tierra estéril de la pobreza».

Señala también que se necesitan recursos y acceso a intervenciones especializadas en desarrollo y recuperación temprana para romper el ciclo de la pobreza y las crisis. Un esfuerzo en ese sentido fue llevado a Cabo por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, lo que le permitió reducir la pobreza en 5 millones de personas. El expresidente de Colombia de 2010 a 2018 relata las medidas de política, los programas y las instituciones creadas en Colombia para abatir la pobreza en un entorno de conflicto armado en un libro de reciente publicación  [6].

Violencia, conflicto y paz en México

México ha estado inmerso en un conflicto no estatal armado entre grupos del crimen organizado y con grupos de autodefensas a partir de que dejaron de operar los acuerdos de reparto de territorios y de rutas del comercio de drogas entre autoridades locales y federales con las bandas de narcotraficantes.

El conflicto se agudizó desde 2006 cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas y se procedió a desarticular estructuras de varias organizaciones criminales, mediante la estrategia de descabezamiento de liderazgos. 

A partir de entonces y en lugar de disminuir, la presencia de grupos delictivos y cárteles de crimen organizado se fue extendiendo en el territorio nacional, aumentó el número de bandas y grupos y se multiplicó el tipo de delitos cometidos pasando del tráfico y producción de estupefacientes y al de armas a por lo menos 24 tipo de delitos.

De ser un grave problema de violencia que afectaba ciertas regiones y ciudades y derivaba fundamentalmente, sus ingresos del mercado externo, los abusos de las bandas delictivas y del crimen organizado empezaron a incidir cada vez más en la vida y las actividades económicas y sociales de la población nacional, así como de aquella que transita por nuestro territorio. En las últimas elecciones ocuparon directamente un número mayor de posiciones en los poderes ejecutivos y legislativos del Estado, se han beneficiado de los presupuestos públicos y del poder que esas posiciones les da en el control de tierras, vías de comunicación, recursos naturales y población. Se han constituido como estructuras estatales paralelas. Cobran de alguna manera impuestos a la población y en ocasiones, ofrecen bienes y servicios.

La desaparición de hombres jóvenes como leva para los ejércitos de sicarios, así como de mujeres, niños niñas y adolescentes de migrantes con fines de trata; las cuotas a actividades de producción de aguacate, limón y otros frutales; el despojo de propiedades rurales, de ganado, de explotaciones mineras, de bosques; el cobro de piso y la extorsión o el control del comercio de pollo, lácteos, materiales de construcción, bebidas, entre otros, han alterado de manera severa la vida cotidiana de millones de mexicanos y mexicanas, así como su paz, convivencia y  tranquilidad; han generado incertidumbre, miedo y dependencia y han  normalizado la violencia.

Desde la perspectiva de la cuestión social dos efectos graves emergen de las violencias armadas que han estado afectando al país.

Por una parte, el surgimiento de nuevas vulnerabilidades que requieren de políticas y programas muy especializados en materia social y de salud como son las víctimas directas e indirectas de homicidios, secuestros, desapariciones, trata, esclavitud, violencia física y emocional, despojo y desalojo. A estas alturas ya hay miles de huérfanos, de personas discapacitadas por armas de fuego, de personas desplazadas, de madres buscadoras, de personas mayores abandonadas, de otras afectadas en su salud mental por violencia, por adicciones, por explotación sexual, por la pérdida de un familiar. Otros miles que son esclavizados como sicarios y ejércitos de las bandas o bien, parejas forzadas. Miles de migrantes que caen en las redes de los coyotes o son obligados a trabajar para el crimen.

En segundo lugar, el cambio de hábitos que, junto con el mayor acceso a dispositivos de comunicación a distancia, están contribuyendo al aislamiento de las personas y de las familias y con ello, a la ruptura de tejidos sociales que sostienen la comunalidad y brindan protección.

Datos del INEGI para 2023 señalan que el 61.4% de las personas ya no permiten que sus hijos menores de edad salgan; 45.9% ya no sale de noche; 31.4% ya no sale a caminar; casi 30% ya no visita a parientes o amigos; alrededor de 1 de cada cinco ya no va al cine o al teatro, no sale a comer, no va al estadio.[7]

Claudio Lomnitz sostiene que se ha roto el tejido social, cito: “la violencia hoy cotidiana en México profana los valores morales más arraigados: el secuestro mancilla el valor de la libertad; la violación, el de la integridad de la persona; el asesinato violenta el derecho de existir, y el desmembramiento de los cadáveres le roba la dignidad a todo indefenso. De hecho, la desaparición de una persona niega incluso el duelo de quienes compartieron el mundo con ella. Todas estas formas de violencia son moneda común en el México actual, y no tenemos siquiera una narrativa o épica en que se puedan reconocer, lamentar e ir sanando estos ultrajes” (Lomnitz, 2021). 

El Estado mexicano ha sido incapaz de frenar la expansión territorial, el aumento del tipo de delitos, el control y corrupción de estructuras gubernamentales, el sometimiento de la población nacional por las bandas delincuenciales y su colusión con integrantes de la vida política y de la empresarial. Algunos de esos grupos criminales se han convertido en empresas globales, operan en varios países y cuentan con las tecnologías más avanzadas para la realización de sus actividades, contratan a personas altamente calificadas en ingenierías, telecomunicaciones, química, finanzas. Su efecto negativo en el costo de la vida en nuestro país es innegable a través del traslado de sus cobros ilegales a la población económicamente activa, por la vía de los precios de bienes y servicios.

La agenda de paz

El debilitamiento intencionado y la falta de una política pública sostenida de fortalecimiento de los gobiernos municipales, así como la colusión entre delincuencia, políticos, ejército y empresarios, colocan a la población en condiciones graves de indefensión. Esto han motivado que actualmente la agenda de paz ocupe un interés central en la vida de muchas personas, colectivos e instituciones, después de esperar durante varias décadas, que los gobiernos pudieran controlar y aminorar los terribles daños causados en las vidas, en la integridad y en la tranquilidad de las personas.

La participación de agentes no estatales en la promoción de la paz

Desde hace años las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, la academia y diversas comunidades han venido ocupándose de investigaciones, educación, cultura, diversas iniciativas y prácticas en materia de paz. Ejemplos de ello son el Movimiento por la Paz con Justica y Dignidad encabezado por Javier Sicilia, Guerrero es Primero, Mesas de seguridad y paz, la Alta Escuela para la construcción de la Paz que acaba de celebrar su décimo aniversario, el Índice de Paz México que ya va en su décima primera edición, los acuerdos entre Cinco Articulaciones para la Paz que están en curso, así como las experiencias comunitarias como las de Ostula y Cherán, en Michoacán.

Me referiré a una de las iniciativas en las que he venido colaborando desde hace varios meses para terminar resumiendo algunas de las principales conclusiones que derivan del trabajo de éstas.

Desde el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos y el laico Pedro Palma en Cerocahui, municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara, el 20 de junio de 2022 la comunidad jesuita de México apoyada por el Centro de Investigación y Acción por la Paz (CIASporlapaz) desató un amplio proceso para la construcción de una Agenda Nacional por la Paz y una Red de Paz.

Para la formulación de la Agenda un grupo de expertos y expertas sintetizó los resultados de 1,002 conversatorios por la paz llevados a cabo en 20 estados, así como de 50 Foros de Justicia efectuados en las 32 entidades. La Agenda fue presentada en una reunión Diálogo Nacional por la Paz en septiembre de 2023 a la que asistieron 1200 personas en la Universidad Iberoamericana y fue acogida por la cúpula de la Iglesia Católica.

La Agenda considera que “La paz es un camino de construcción de condiciones sociales para que sea posible el buen convivir de las personas con su entorno. Se trata de acciones múltiples que atiendan las causas culturales y estructurales de las violencias y de esta forma hacer sostenible la vida en el planeta. Para lograr la paz se necesita atender tres elementos: tejido social, justicia y seguridad”

Asimismo, el Diálogo Nacional promovió la redacción por otro grupo de expertos y expertas de la academia y de la sociedad civil, de los llamados Compromisos por la paz para que fueran asumidos por las personas candidatas a la presidencia de la República, a las gobernaturas de los estados, a las presidencias municipales y a las alcaldías que se renovarían en junio pasado.  

Estos Compromisos se elaboraron considerando el material recabado en el proceso y lo planteado en la Agenda. Se abordaron siete temas: tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos. Con propuestas de estrategias y políticas de gobierno en esas materias, los Compromisos fueron presentados y firmados en marzo de este año por las tres personas candidatas a la presidencia y por las y los candidatos para encabezar gobiernos estatales y presidencias municipales.

El proceso del Diálogo ha continuado por dos vertientes una que busca que los gobernantes que firmaron los compromisos los cumplan, desarrollen sus agendas de paz, procurando allegarles buenas prácticas de políticas y programas públicos para el propósito.

La otra vertiente consiste en involucrar y dialogar con los diversos actores no estatales para que desde lo local lleven a cabo buenas prácticas comunitarias, sociales, escolares y empresariales. Los grupos estatales, municipales y de comunidad que se han logrado poner en marcha dialogan entre sí y con las autoridades que aceptan hacerlo, sobre acciones para reconstruir tejido social y desarrollar prácticas alternativas en materia de seguridad y justicia. Estos grupos están integrados en la Red Nacional de Paz.

De la Agenda Nacional de Paz se desprenden 14 acciones locales para reconstruir el tejido social, mejorar la seguridad y la justicia en nuestro país. Son acciones que pueden ser realizadas por grupos de pastoral, vecinos, maestros, empresarios, colectivos o jóvenes.

1. Impulsar el apoyo hacia las víctimas de la violencia
2. Generar espacios de diálogo interinstitucional para la construcción de la paz
3. Promover procesos de salud mental en las familias y comunidades para atender las secuelas de las violencias.
4. Promover en las escuelas una educación para la paz y ambientes que ayuden a una mejor convivencia social.
5. Promover actividades para recuperar el espacio público como lugar de encuentro y la organización comunitaria para resolver las necesidades colectivas.
6. Promover acuerdos laborales que mejoren las condiciones de trabajo y de vida.
7. Impulsar comunidades comprometidas con la cultura del cuidado y la corresponsabilidad.
8. Fortalecer la cultura de la hospitalidad con los migrantes, refugiados y desplazados.
9. Impulsar programas de prevención y atención de las adicciones.
10. Realizar acciones de cuidado del medio ambiente.
11. Promover la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas de seguridad.
12. Promover la justicia restaurativa, mediación y resolución positiva de conflictos en las familias, las escuelas, las iglesias, las comunidades y el trabajo.
13. Reconocer, dignificar y recuperar el liderazgo de las policías municipales y comunitarias.
14. Impulsar instituciones, procedimientos y acciones que garanticen la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades[8]

El Diálogo ha logrado recoger 300 buenas prácticas que se encuentran brevemente descritas y clasificadas en su página. En ella se encuentra también todo el material del proceso y se va subiendo lo que va surgiendo.

Se ha iniciado un intercambio entre personas, colectivos y gobiernos que han realizado o están llevando a cabo buenas prácticas de paz con aquellos que están en interesados en conocerlas, aprender y llevarlas a cabo en sus comunidades. Asimismo, se están elaborando Agendas de Paz para algunos estados, municipios y alcaldías.

A modo de conclusión

El trabajo que se ha venido realizando parte del reconocimiento de que la paz tiene que construirse o restaurarse desde lo local, desde el territorio, con la confluencia de personas, organizaciones, instituciones y en su caso, gobiernos municipales comprometidos en lograrlo. Tiene que ver con la paz en las personas, las familias y las comunidades rurales y urbanas.

El nivel de gobierno que resulta central en procesos de paz es el municipal por ser el que se encuentra más cercano a la población y que puede desatar políticas de proximidad como son las policías, la activación de espacios y actividades de encuentro de la población, de cuidado del medio ambiente, de articulación de autoridades, que reconstruyan tejidos sociales y generen confianza entre la población, así como modalidades de mediación y resolución de conflictos.

Lamentablemente, es el nivel de gobierno más debilitado por las políticas estatales y federales, es el que tiene un marco legal menos actualizado a los cambios de la realidad, no cuenta con servidores públicos capacitados, ni recibe suficiente presupuesto; además, en ciertos territorios, especialmente los rurales, es el más capturado por la delincuencia. Sería urgente una política nacional de recuperación y desarrollo del municipio y de sus gobiernos.

Frente a este panorama y la sostenida destrucción de capacidades estatales federales, la esperanza de avanzar en materia de paz radica en actores no estatales. Es la razón del activismo de la iglesia católica, de las organizaciones sociales, civiles y comunitarias y de sus articulaciones, así como de la academia.

Algunos de los temas que interesan y en los que se trabaja es en diversas estrategias y prácticas para la reconstrucción del tejido social, en reducción de la violencia familiar, atención a la salud mental, promoción de la cultura del cuidado, mediación y resolución de conflictos y atención a las juventudes.

La tarea de construcción de paz es enorme y muy difícil en un contexto de conflicto armado entre bandas de la delincuencia organizada, a lo que se suma la ausencia de una política de seguridad y justicia sostenida en el tiempo, la colusión entre delincuencia, políticos, empresarios y ejército, el asesinato de lideres sociales y defensores de derechos humanos y del medio ambiente en el territorio y una política que persigue y desalienta a las organizaciones sociales y civiles.

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[1] Global Wealth Report 2024 de UBS; Bankinter, blog de economía y finanzas; Distribución de la riqueza: Cuánto dinero tiene el 1% más rico del Mundo?

[2] OPHI y PNUD (2024). Global multidimensional Poverty Index 2024. Poverty amid conflict. PNUD/OPHI. Abarca 112 países y 6,300 millones de personas.

[3] El Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala divide los conflictos armados en tres categorías: «conflicto basado en el Estado», «conflicto no estatal» y «violencia unilateral». El conflicto basado en el estado se refiere a lo que la mayoría de la gente percibe intuitivamente como «guerra»: luchar entre dos estados, o entre un estado y un grupo rebelde que lo desafía, el cual resulta en al menos 25 muertes relacionadas con la batalla en un año calendario. Los conflictos no estatales son aquellos en los que ninguna de las partes beligerantes es un Estado, como el conflicto Fatah-Hamas,  conflictos entre grupos étnicos y la violencia entre cárteles en la Guerra contra las Drogas en México. La violencia unilateral se define como: «El uso de la fuerza armada por el gobierno de un Estado o por un grupo formalmente organizado contra civiles que resulta en al menos 25 muertes en un año». Los ejemplos incluyen acciones de los gobiernos de Sudán, Myanmar y Siria contra civiles, así como acciones de organizaciones no estatales como Los Zetas, al-Qaeda y el Ejército de Resistencia del Señor contra civiles. https://en.wikipedia.org/wiki/Uppsala_Conflict_Data_Program

[4] https://www.undp.org/es/comunicados-de-prensa/1100-

[5] Op. cit

[6] Santos, Juan Manuel, (1923)    La batalla contra la pobreza. Publicado por Planeta. https://www.planetadelibros.com/libro-la-batalla-contra-la-pobreza/385038

[7] INEGI Consulta18/11/24 14;28

[8] https://dialogonacionalporlapaz.org.mx/acciones.php

Clara Jusidman

 Octubre 17 ,2024

Zoom

Agradezco a los autores del libro Rolando E. Díaz-Caravantes, Fernanda Elizalde Castillo y Pablo Armando Escoboza Castillo la oportunidad de presentar su valioso texto y de comentar su aportación en el diseño y puesta en práctica de políticas sociales y de acciones para la construcción de paz.

Además de proponer una muy interesante forma de aproximarse a una comunidad por agentes externos, sean estatales o no estatales, los autores nos ofrecen la metodología, la secuencia y las herramientas para hacerlo. En particular, exponen los valores que deben respetarse al hacer esas aproximaciones.

Desde hace muchos años me he preguntado cómo desarrollar políticas sociales que efectivamente les sean de utilidad a las personas y a sus comunidades. Eso se podría traducir en ¿cómo contribuir a construir ciudadanía y comunidad con las herramientas y los recursos de la política social en un sentido amplio?

Por política social en ese sentido, incluyo educación formal y no formal, salud, protección social, empleo e ingresos, servicios urbanos, vivienda, alimentación, arte, cultura y deporte y programas contra la pobreza, contra la discriminación y para el cierre de brechas de desigualdad.

Lamentablemente, desde hace treinta y cinco años, abandonamos la rica concepción de política social que se venía construyendo y experimentando en México, Se redujo a programas de transferencias monetarias de ingreso con el fin de combatir o evitar la reproducción de la pobreza. Se abandonó el enfoque que trataba de articular las políticas sociales sectoriales y también, con la política económica.

Desde mi punto de vista, construir ciudadanía desde agencias estatales significa la realización de los derechos humanos de las personas, tanto los políticos como los civiles y los económicos, sociales y culturales, reconociendo la diversidad social y la necesidad de cerrar brechas de desigualdad.

Esto significa apoyar el ejercicio de ciudadanía plena, y no sólo en los aspectos materiales. Para lograrlo se requiere construir y actualmente reconstruir, las capacidades del Estado para cumplir con sus obligaciones de respetar, garantizar, proteger y promover la realización de esos derechos.

Esa visión de planificación con perspectiva de derechos humanos, impulsada por organizaciones de la sociedad civil en México a principios de este siglo, permitiría definir una hoja de ruta de largo plazo para el desarrollo progresivo de esas capacidades especialmente en materia social, económica y cultural y la construcción de un Estado Social de Derecho que garantizara el ejercicio de los derechos civiles y políticos y dentro de ello, las libertades fundamentales.

En paralelo, la construcción y reconstrucción de comunidad, de cohesión social o del tejido social se refiere a la vida colectiva, con el desarrollo o preservación de relaciones de confianza, de empatía, de solidaridad, de respeto, de transmisión de saberes culturales y de habilidades para la vida, de solución pacífica de conflictos, de diálogo y escucha. Es decir, la vida en común, en paz,  en conjuntos de personas que son responsables de contribuir a la construcción y a la felicidad de seres humanos, desde las familias, comunidades, colonias, barrios, vecindades, escuelas, iglesias, empresas, organizaciones y movimiento sociales, civiles y particulares.

Desde la mirada de política social macro y meso, la construcción de comunidad o de colectivos a nivel micro, posiblemente podría traducirse en evitar realizar intervenciones que minen la convivencia pacífica, el tejido social y por el contrario, generen un ambiente propicio para el mejor desarrollo del sentido de pertenencia, de identidad y confianza en esos colectivos.

Un ejemplo para aclarar a qué me refiero. Cuando Santiago Levy propuso como política social el programa originalmente llamado Progresa, después conocido como Oportunidades y Prospera, cuyo fin era evitar la reproducción de la pobreza, planteaba que las transferencias se dirigieran solamente a los NNA de las familias que estaban estudiando y reunían ciertos requisitos.

Afortunadamente, los demógrafos que en ese tiempo estaban en el Consejo Nacional de Población, convencieron a Levy y a su equipo, que ese enfoque minaría y generaría mayor desigualdad al interior de las familias; que era mejor otorgar la transferencia a éstas, a través de las mujeres para asegurar que efectivamente se usara en bien de las familias.

Un ejemplo positivo, en cambio, es la política que procura ampliar y mantener espacios públicos y activarlos mediante actividades culturales, deportivas, recreativas de encuentro social o apoyar la celebración de las fiestas religiosas y tradicionales de las comunidades para preservar sus identidades y recuperar sus historias.

En la actualidad, muchas personas, organizaciones e instituciones sociales, civiles y particulares nos hemos preguntado qué podemos hacer y cómo podemos contribuir a construir ciudadanía y comunidad, además de enfrentar los graves niveles de violencia que padecemos.

Esto ante la experiencia de los últimos seis años en donde la política social se ha convertido en transferencias monetarias individuales directas no condicionadas, otorgadas por el presidente de la República, de manera poco transparente, que no necesariamente llegan a las personas en pobreza extrema, ni tampoco generan una ciudadanía libre, sino dependiente y subordinada.

A lo anterior se suma el deterioro de los servicios públicos de educación, salud y protección social iniciado desde hace 40 años y que parecería irreversibles. Además de las brutales e inhumanas violencias que están sufriendo muchas personas, familias y comunidades en el territorio nacional en lo que podemos estimar, en una cifra gruesa, que ya debe haber por lo menos un millón y medios de personas vivas afectadas por los asesinatos, desaparición y secuestros de sus familiares, los desplazamientos, los despojos, la discapacidad por uso de armas, la orfandad y la explotación sexual, entre otros.

En este contexto, muchos activistas, defensores de derechos humanos y académicos reconocemos que el diálogo y la escucha por parte de la mayoría de los gobiernos municipales, estatales y claramente, del federal, están en su más bajo nivel y que tratar de incidir en políticas de gobierno, es una pérdida de tiempo. Sus capacidades institucionales en materia de seguridad, por ejemplo, están destruidas o tomadas por las bandas delincuenciales.

Asimismo, consideramos que recuperar enfoques y políticas sociales que operaron en otras épocas, tampoco parecería pertinente dado el cambio civilizatorio que estamos viviendo con grandes riesgos para la humanidad como la crisis climática y el surgimiento de nuevas vulnerabilidades consecuencia de las violencias. La globalización ha impuestos limitaciones a los gobiernos nacionales para enfrentar los cambios.

Volvamos ahora al texto de Activación comunitaria desde sus Recursos y la contribución que este hace a las dos reflexiones señaladas.

Personalmente en los espacios de sociedad civil y académicos en que me muevo he estado insistiendo en la necesidad de escuchar los dolores de las personas y de las comunidades: ¿qué les preocupa?, ¿qué los agobia?, ¿qué les hace falta? Para ver cómo podemos ayudar desde los gobiernos o las organizaciones civiles o filantrópicas.

De acuerdo con las tesis planteadas por el texto que hoy presentamos eso podría traducirse en una visión paternalista: díganme qué necesitan que yo les pueda dar, conseguir u ofrecer para que resuelvan su problema. No les preguntamos qué soluciones reales piensan que pueden desarrollar a partir de sus propios recursos y qué efectivamente requieren de los agentes externos que inciden actualmente en su vida colectiva.

Ese es el cambio de enfoque que nos proponen las personas autoras del libro.

En este, exponen detalladamente una metodología para construir o recuperar sentido de comunidad y hacer conciencia a sus integrantes de los recursos que poseen, tanto en su interior como provenientes de agentes externos y para definir de manera colaborativa, los proyectos comunes que quieran llevar a cabo.

Después del proceso de activación comunitaria conducido con todo respeto por facilitadores externos y con conectores surgidos de la propia comunidad, el propósito buscado es que la comunidad pueda  llevar a cabo esos nuevos proyectos  de manera autónoma y a partir de sus propios recursos.

Se trata de una aproximación sumamente respetuosa pues consiste esencialmente en detectar a personas de la comunidad que puedan funcionar como conectores para activar proyectos comunes, generar confianza y permitir que la propia comunidad reconozca los recursos que tiene.

Es una metodología que avanza sobre las experiencias de promover diagnósticos comunitarios o participativos con el fin de detectar necesidades comunes para, a partir de ello, desarrollar intervenciones de gobierno o de organizaciones sociales y civiles.

Como señalaba antes, las soluciones son generalmente diseñadas por los agentes externos de acuerdo con lo que asumen es la mejor forma para resolver los problemas que expresan las comunidades. O presuponen que su papel es de intermediación entre las necesidades de la población y las tecnologías más modernas para resolverlas. La historia social está llena de esas buenas intenciones

Un ejemplo que recuerdo, proveniente de experiencias del Banco Interamericano de Desarrollo, fue la instalación de letrinas con miras a reducir los problemas de insalubridad que sufría la comunidad beneficiada. Al regresar pocos meses después, los promotores del Banco encontraron las letrinas abandonadas o usadas con fines totalmente distintos, pues no habían considerado que serían las mujeres las encargadas de mantenerlas y éstas no tenían interés alguno o ya estaban sobrecargadas de tareas.

Recuerdo también que en encuestas que se hacían hace años, previas a las elecciones para tratar de que las y los candidatos ofrecieran en sus campañas las soluciones que proponía la ciudadanía, las respuestas  de las personas consultadas estaban sesgadas hacia aquellas cosas o soluciones que tradicionalmente les habían ofrecido las autoridades  o que sabían podían proporcionarles las organizaciones.

El texto parte de reconocer cito ¨la falta de cohesión interna en las comunidades, como la ausencia de relaciones entre vecinos o la falta de sentido de pertenencia, limita la capacidad de respuesta ante las adversidades y ante la desatención de las instituciones gubernamentales”

Es decir, expresa el gran deterioro que han sufrido los tejidos sociales tanto en el medio rural como en el urbano, así como la ausencia de Estado y por, lo tanto de respuesta de las instituciones frente a las adversidades y peligros que están viviendo muchos colectivos en el país.

Se parte de la hipótesis en la metodología propuesta que cito “la gente es la respuesta y el cambio en la comunidad se logra movilizándola”

Opta por lo tanto por proponer cito “generar patrones de participación para aumentar la confianza de la comunidad en su propio potencial y con ello reforzar su cohesión”

Define al enfoque de ACR como “método que busca el fortalecimiento o construcción de las capacidades comunitarias al conectarse los recursos ya existentes, además de desarrollar el potencial de las personas como promotoras de la identidad, confianza y participación comunitaria”

El método desarrollado se divide en dos etapas:

La primera denominada Aprendiendo de la comunidad en la cual los facilitadores externos escuchan, conversan y aprenden de la comunidad.

La segunda etapa Propuesta de activación consta de tres fases con la participación del grupo: la revaloración de la historia comunitaria, la visión comunitaria de futuro y finalmente la selección y realización de alguna actividad en beneficio de la comunidad.

Quisiera destacar dos aspectos que me llamaron particularmente la atención de la metodología propuesta.

Primero el papel y los valores que deben cuidar aquellas personas que participan como facilitadores. Se señala que “es fundamental la escucha, la observación y adaptación por parte del equipo que acompaña el proceso de activación” Se insiste en que deben ser discretos, respetuosos, no asumir protagonismo y no sustituir a las personas de la comunidad que funcionan como conectores. Sólo facilitan y guían el proceso de acuerdo con el método propuesto, no son los actores de éste.

Con mucha frecuencia, la aproximación de las organizaciones civiles a las comunidades o a los movimientos sociales busca imponer una agenda o un proyecto acordado con financiadoras internacionales bajo el supuesto de que es algo positivo para ellas y que no la aplican porque desconocen su existencia o sus bondades. Pienso, por ejemplo, en la promoción de la interrupción legal del embarazo, que seguramente libera a muchas mujeres del machismo mexicano que sostiene que: como “las escopetas, cargaditas y en un rincón, las mujeres se ven más bonitas” pero no se combina con otras estrategias para la vida digna de las familias. En alguna época se promovió el uso de agroquímicos y fertilizantes para aumentar los rendimientos en el campo y se destruyó el cultivo de milpa o asociado. Con el espectacular desarrollo de nuevas tecnologías digitales, los riesgos de imposición externa  son mayores.

El segundo aspecto se refiere al mapa de recursos que proponen de acuerdo al texto McKnight y Kretzman (1996) que  dividen en primarios que son aquellos ubicados dentro de la comunidad y controlados por ella, distintos a los secundarios que si bien están ubicados geográficamente en la comunidad, no son controlados por ella y los de tercer orden que son los recursos originados fuera de la comunidad y controlados por externos pero que pueden incidir en la comunidad, como son los programas gubernamentales y las remesas.

Esta interesante herramienta incluida en la metodología propuesta en el texto, me hizo recordar una que me hizo un amigo ingeniero experto en fotografías aéreas e inventarios de usos y recursos en el territorio. Me proponía levantar un inventario de recursos humanos en el territorio. Imaginemos la utilidad que tendría saber dónde hay una médica neuróloga cercana a nuestros domicilios, o un pintor, o un experto en bombas hidráulicas.

Y termino mi comentario.

La lectura, muy recomendable del texto, en una etapa de tanta incertidumbre, tanto miedo, tanto individualismo, tanta polarización nos proporciona esperanza, nos muestra posibilidades, nos aporta herramientas metodológicas.

Nos recuerda que somos seres gregarios, que vivimos como otros animales en manada, que formamos colectivos; que para subsistir y crecer necesitamos de otros, de ser acogidos, identificados, reconocidos, respetados, amados y que nuestra vida y nuestros derechos, son sagrados y debemos protegerlos y defenderlos.

Que frente a las vicisitudes de la vida actual podemos navegar mejor juntas y juntos, que confrontados.

9 de octubre de 2024

Centro Cultural Universitario

Agradezco la invitación a participar en este importante evento. Considero de gran importancia que la UNAM esté promoviendo actividades en una materia tan importante para nuestro país como es la cultura de paz. Entiendo que el propósito de estas mesas es relatar nuestras experiencias en la promoción de una cultura de paz.

En 1997 renuncié a la dirección del Registro Nacional de Electores cuando el Consejo General del IFE decidió y me ordenó la impresión de los listados de electores incluyendo su fotografía. Ello para entregárselas a los partidos políticos con el fin de que estos tuvieran certeza de que quien ejercía el voto era la persona en la fotografía. Me pareció una violación al derecho a la privacidad de las personas, además de ponerlas en riesgo frente a la delincuencia que ya estaba en aumento. Desde entonces el IFE se preocupaba más por tener contentos a los partidos que honrar los derechos políticos de la ciudadanía.

Posteriormente, desde mi participación como secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, de 1997 al 2000, he tratado de promover la importancia del  fortalecimiento de los tejidos sociales o de la cohesión social en la agenda pública.

Ya para entonces empezaban a hacerse estudios y mediciones sobre las violencias y sus causas. Entramos en contacto con Antanas Mokus un genial alcalde de Bogotá y con expertos del BID que empezaban a medir, estudiar y proponer políticas para enfrentar las diversas violencias. Desde entonces me preocupaba que en las escuelas primarias no se incluyera la educación para la paz.

Desde la secretaria promovimos y pusimos en práctica una estrategia para construir ciudadanía y promover tejido social urbano. Estábamos convencidas que la comunidad tenía que recuperar su capacidad para contener y sancionar las violencias practicadas por alguno de sus integrantes o que se ejercían en su entorno.

Montamos con mucha dificultad, sin recursos y con un gobierno de sólo tres años lo que llamamos Servicios Comunitarios Integrados (SECOI). Recuperamos y pusimos en operación alrededor de 220 centros de desarrollo social, deportivos, casas de cultura que ya existían en la ciudad.

Localizamos y desarrollamos varias buenas prácticas para la construcción de ciudadanía esencialmente en tres ámbitos: deporte, cultura y salud mental. Las prácticas debían fomentar valores de convivencia, diálogo, respeto, trabajo en equipos, apego a reglas, solución pacífica de controversias, entre otros. Montamos talleres de ciencias, libro clubs, cuenta cuentos, teatro en atril, ludotecas, talleres de estimulación temprana, pequeños espacios de rehabilitación, actividades de deporte y recreación para personas mayores, servicios de salud mental comunitaria, atención grupal a personas afectadas por violencia doméstica. Algunos de los Centros se especializaron en estar al servicio de juventudes.

La idea era que los SECOIs se convirtieran en centros de encuentro de las comunidades aledañas y que pudieran desarrollarse redes de protección entre establecimientos circundantes: escuelas, iglesias, tiendas, empresas, servicios diversos.

Capacitamos en las buenas prácticas sin recursos,  a 1500 facilitadores que operaban los servicios en los centros y a 1500 educadoras para la salud que recorrían las colonias, particularmente las de mayor marginación, para detectar problemáticas personales especialmente de salud, y las pudieran referir a los SECOIs o  los servicios de salud.

Pudimos operar el proyecto durante año y medio pues nos tomo otro año y medio poner en orden el desastroso aparato administrativo que nos dejo el gobierno anterior en manos del PRI y desarrollar conceptualmente los SECOIs.

Al llegar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la persona que entro a mi posición, Raquel Sosa decidió que lo que estábamos haciendo sólo beneficiaba a 15 mil personas, eran sus datos primicia de “yo tengo otros datos”, y ellos iban a hacer acciones más masivas.

Estoy segura que los Pilares de Claudia Sheinbaum y las Utopías de Clara Brugada tomaron como base el trabajo que realizamos en el primer gobierno electo democráticamente en la Ciudad y de izquierda.

Al final del Gobierno del Ing. Cárdenas, en diálogo con Pedro Peñaloza, uno de los primeros expertos en violencias en el país, empezamos a explorar la posibilidad de desarrollar políticas de prevención de violencias en las familias, las escuelas y las unidades habitacionales.

Además, montamos las primeras Unidades de Atención a la Violencia Familiar en 16 delegaciones, dos albergues para mujeres violentadas y el primer Faro de la Ciudad en Ixtapalapa. La Cárcel de Mujeres se convirtió en Casa Libertad con un  SECOI, una clínica de salud, una estancia de las madres educadoras, un proyecto de teatro del pueblo y la primera preparatoria del gobierno de la Ciudad.

Frente a los feminicidios en Ciudad Juárez, en colaboración con varias y diversas organizaciones de la sociedad civil e INCIDE Social  emprendimos un diagnóstico sobre las causas sociales de las violencias en esa Ciudad.

Fue un trabajo pionero que iluminó las causas estructurales demográficas y de composición familiar, de desarrollo urbano y económico, en los servicios sociales y las condiciones laborales, en la participación de los medios de comunicación, en las agencias de justicia y seguridad que habían llevado a convertir a Ciudad Juárez en una de las ciudades más violentas del mundo. Propusimos varias intervenciones y políticas públicas, pero a la ausencia de Estado impidió su puesta en práctica. Ni el gobierno federal, ni los estatales, ni los gobiernos municipales funcionaban en la ciudad, ni se interesaban por la tragedia que estaba ocurriendo en la misma.

Clara Jusidman

Aniversario 60 del Centro de Estudios Económicos del COLMEX.

23 de agosto 2024

Mi vínculo con El Colegio de México se origina en un trabajo previo con el Sr. Víctor Urquidi.

En 1963 entré como asistente de investigación, a un proyecto auspiciado por el Banco de México y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para realizar proyecciones de la demanda y oferta de maíz y frijol de México a los años 1970 y 1975.

Como consejeros del proyecto estaban el Sr. Urquidi que por entonces tenía una oficina en la Torre Latinoamericana. Los otros dos consejeros eran Leopoldo Solís, reconocido economista y el Ingeniero Emilio Alanís Patiño apreciado en el gremio de ingenieros agrónomos, ambos funcionarios del Banco de México.

Como base del proyecto se llevó a cabo en 1963, la primera encuesta de ingreso gasto en México a cargo del Dr. José Nieto de Pascual, pionero en el uso de encuestas por muestreo en nuestro país.

Al término del proyecto en 1964, Don Víctor nos planteó la opción de integrarnos al El Colegio o al Banco de México.

Como yo había sido considerada como un espécimen raro para integrarme al personal del Banco de México, que fue mi intención original en 1963, y además, me negaba a que me pusieran el sello de “propiedad del Banco” como hacían con los ejemplares del periódico Excelsior, opté por incorporarme al COLMEX con el Sr. Urquidi.

Llegué en 1964 a una oficina que le habían puesto al Sr. Urquidi en la calle de Querétaro, junto con dos brillantes economistas Luis Cosío quien lamentablemente falleció a muy temprana edad y Sergio Ghigliazza que había sido mi profesor y trabajaba en la oficina técnica del Banco de México. Dominaban en ese entonces la economía del país y la administración pública una generación de economistas keynesianos, muchos formados en la Universidad de Yale.

Entré como auxiliar de investigación en apoyo de Don Víctor para aplicar la metodología del Proyecto Regional del Mediterráneo, desarrollada para hacer proyecciones sobre las necesidades de recursos humanos. El objetivo era orientar a las instituciones de educación superior sobre el tipo de carreras que serían demandadas frente a la previsible evolución de la economía del país.

La metodología implicaba contar con proyecciones de matrices de insumo-producto para estimar el crecimiento y composición sectorial de la economía. La tarea, encomendada al Banco de México, nunca se pudo concretar.

A mí me tocó extraer, de una muestra del uno por ciento del Censo de Población de 1960, en colaboración con la Dirección General de Estadística, las estructuras ocupacionales de las diferentes actividades económicas, al mayor detalle posible. El COLMEX no contaba con un centro de cómputo.

En 1964 estaba por iniciarse la Maestría en Demografía que según recuerdo fue diseñada por la Srita. Consuelo Meyer. Decidí no entrar a la maestría porque que me gustaba el trabajo que estaba realizando.

En esos años el ambiente en el CEED estaba dominado por los demógrafos, aprendí por ósmosis algo de demografía de buenos amigos y maestros como Pepe Morelos, Gustavo Cabrera y Raúl Benítez Centeno, pioneros de esa disciplina en México. Empecé a convertirme en una especie de experta en los estudios sobre las actividades económicas de la población.

Para 1966 Don Víctor al ser nombrado presidente de El Colegio ya se había cambiado al edificio de Guanajuato. Yo pasé a compartir una oficina en ese edificio con otro investigador.

Me apasioné por el estudio del tema del empleo por ser el espacio de encuentro de la economía con la población y con sus oportunidades para obtener ingresos.

En complejo y crucial año de 1968 impartí un curso de microeconomía a los estudiantes de la maestría de historia del COLMEX. Ahí me convencí que no me gustaba la economía ni tampoco dar clases. Cerré de por vida, mi participación en la docencia.

Fue el año en que balacearon la oficina del Sr. Urquidi en el primer piso del edificio de Guanajuato. El Sr. Arriaga, el conserje, estaba en ese momento en la oficina de Don Víctor y se agachó oportunamente.

En El Colegio, se generó un movimiento de estudiantes que asistió a la plaza de Tlatelolco en apoyo al movimiento. También se formó un grupo de profesores contarios a éste. Había un desagradable clima de confrontación.

En 1969 la Dirección General de Estadística invitó al COLMEX a participar en los trabajos de preparación del Censo de Población de 1970. Eduardo Cordero (+), demógrafo formado en El Colegio y yo fuimos designados para colaborar bajo la coordinación del Profesor Jorge Arévalo de CELADE que cumplía una estadía temporal en el Colmex.

Terminamos asumiendo la elaboración del cuestionario, de los instructivos y de las clasificaciones necesarias para captar la información. Hicimos un cambio sustantivo a los instrumentos que habían sido utilizados en los censos previos. Yo tuve oportunidad de actualizar todo lo relativo a la captación de las actividades económicas de la población.

Como cierre de nuestra colaboración, organicé un proyecto de observación del levantamiento del Censo con los alumnos de la maestría en demografía. Para organizarla me tocó correr por varios aeropuertos embarazada y jalando a mis dos pequeñas hijas. Creo que para muchos estudiantes observar el trabajo de los empadronadores ciudadanos en campo se convirtió en una gran experiencia.

Al regresar a El Colegio después de dar a luz a mi hijo, que nació 15 días después del levantamiento del Censo, creo que permanecí uno o dos años más sin encontrar mi sitio y también concluir, que la investigación no era lo mío.

En 1973 dejé El Colegio me incorporé a la Dirección General de Estadística para establecer la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, la primera encuesta contínua del país, destinada a captar datos sobre población en los períodos intercensales.

Hoy se conoce como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Es una encuesta que utilizan desde hace años, varios investigadores y especialmente investigadoras, del COLMEX de los diversos centros.

Su establecimiento fue posible gracias a las varias oportunidades que me dio el Sr. Urquidi y el COLMEX. Personalmente escogí el camino de construcción de institucionalidad pública en materia de empleo y salarios.

Para concluir: en El Colegio tuve la oportunidad de ser parte de los primeros egresados de la maestría en demografía. Es la generación a la que pertenezco, conservo hasta ahora amistad con varios investigadores y profesores de esa generación.

Formo parte del Centro Tepoztlán, creado por el Sr. Víctor Urquidi hace casi 45 años para debatir sobre los temas que eran de su interés como gran prospectivista: población, cambio climático, cambio tecnológico, economía, asuntos internacionales. Recién el martes se recordaron los 20 años de su fallecimiento.

Indudablemente seguí un proceso de formación profesional heterodoxo en esta institución y decidí que mi camino no estaba en la docencia, ni en la investigación, sino en el servicio público y posteriormente, en el activismo cívico.