Archivo de la categoría: Bienestar

Una estrategia de política gubernamental y de colaboración social

PARA APOYAR A LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE VIVEN AL DÍA .

Publicado en el sitio WEB del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe (PNUD), parte de Lustig, N. & Tommasi, M. (2020). El COVID-19 y la protección social de los grupos pobres y vulnerables. UNDP. (Próximo a ser publicado)

Ante la emergencia que ha generado la pandemia, es urgente tomar medidas a la brevedad para conservar los empleos formales existentes y proveer de ingresos a todas las personas y familias que pierden la fuente de los mismos en razón de las medidas de aislamiento que se están adoptando.

 

 

Artículo completo

Español                           Inglés

 

Vídeo:

Ampliación de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores no asalariados autónomos o que los hacen por cuenta propia y a los trabajadores asalariados que trabajan en condiciones e informalidad.

Ampliación de la cobertura de la seguridad social a los trabajadores no asalariados autónomos o que los hacen por cuenta propia y a los trabajadores asalariados que trabajan en condiciones e informalidad.

Presentado en el marco de la 2° Semana de la Seguridad Social y el Empleo
Clara Jusidman Rapoport
26 de abril de 2017
Si bien este conversatorio es sobre pensiones suficientes el tema que quisiera yo tocar es el referido a la urgente necesidad de ampliar la cobertura de la seguridad social a todas las personas de manera progresiva si en realidad queremos reducir la desigualdad, enfrentar la pobreza y la exclusión y hacer efectivos los derechos humanos contenidos en los tratados e instrumentos internacionales de los que México es parte. Es un asunto de justicia social.
Como muchos instrumentos de la política social, la seguridad social tal como funciona en México actualmente, contribuye a ampliar la desigualdad: funcionarios públicos que gozan de altas pensiones frente a millones de trabajadores que ni siquiera llegan a obtener alguna.
Entiendo que en las últimas tres décadas la conversación se ha centrado en la sustentabilidad financiera de los esquemas actuales de pensiones y en general de la seguridad social, así como en la suficiencia de los montos que reciben las personas pensionadas. También se han desarrollado las pensiones sociales no contributivas y se estableció el seguro popular que si bien son un paso, no constituyen una red de seguridad social digna para los grupos excluidos de ésta.
Hay varias razones que considero deberían llevarnos a una reflexión más profunda sobre la pertinencia de mantener el enfoque de Bismarck de la seguridad social, limitado a crear una red de protección solamente para los trabajadores asalariados. Si bien el IMSS fue de gran utilidad en la etapa de industrialización del país y durante por lo menos cuatro décadas hasta finales de los años setenta, su pertinencia empezó a ser cuestionada en los años ochenta con el cambio de política económica y de visión sobre el papel del Estado en la provisión de bienestar.
Junto con la pérdida de poder de los sindicatos y confederaciones obreras, inicia una fase de decadencia de los servicios de seguridad social y de su presencia como una de las grandes instituciones del bienestar de las personas en el país. Así, se le deja de ver como una política que contribuye a la mejoría de la vida de las familias obreras para pasar a convertirse en una especie de pesadilla para los gobiernos conservadores.
La política de contención salarial adoptada por esos gobiernos y las bajas tasas de crecimiento del empleo formal contribuyeron a su deterioro. También ha influido la negativa de los gobiernos a ampliar la base contributiva y los impuestos a los sectores de altos ingresos.
Actualmente, la seguridad social en México enfrenta al menos el envejecimiento de la población, la prolongación de la esperanza de vida y el incremento de las enfermedades crónico degenerativas, que implican mayores costos para su atención.
El tema que me interesa destacar es que a casi 75 años de su creación, los intentos de ampliación de la cobertura de la seguridad social hacia otros trabajadores o grupos de población no han sido muy exitosos y se sitúan en el margen de sus servicios: no protegen a toda la población y limitan aquellos servicios que les proporcionan a quienes logran incorporarse mediante seguros voluntarios
La realidad en este momento en el mundo del trabajo, es que si bien cerca de tres cuartas partes de la población ocupada continúa siendo asalariada, por lo menos una tercer parte de ella trabaja en condiciones de informalidad, una de cuyas características es no tener afiliación a la seguridad social y enfrentar condiciones laborales precarias. El otro 25 por ciento es población ocupada no asalariada en la que se encuentran desde profesionistas, técnicos y trabajadores del arte hasta trabajadores en servicios personales, o trabajadores industriales, artesanos y ayudantes y un porcentaje importante de comerciantes.
Si bien es cierto que una proporción de los trabajadores asalariados en condiciones de informalidad son ocupados por empresas medianas y grandes así como por gobiernos que mediante una inspección del trabajo honesta, eficiente y bien aplicada podrían incorporarse al seguro social, otros son subcontratados por empresas que proveen servicios a esos mismos empleadores (outsourcing, terciarización); y un porcentaje alto trabajan para empresas micro y pequeñas que difícilmente alcanzan a cubrir los costos de la contratación. Muchas personas trabajadoras experimentan a lo largo de su trayectoria laboral entradas y salidas al empleo formal, al informal, al desempleo y a la inactividad y no logran alcanzar las semanas de cotización para obtener una pensión.
Este grupo de trabajadores junto con los no asalariados han sido estigmatizados como trabajadores informales en el imaginario colectivo de las élites, son un lastre para la economía por sus bajos niveles de productividad, la ocupación del espacio público para realizar sus actividades, producen y venden piratería, le quitan clientela a las empresas formales, etc.
La narrativa dominante es que la informalidad debe desaparecer, todos deben ser formalizados, son unos parias y el gobierno no debe aplicar un solo centavo del presupuesto en su beneficio o para genera con la participación de ellos, algún o algunos mecanismos de protección frente a enfermedades, accidentes, muerte, vejez y desempleo.
Esa fue la actitud asumida por los partidos conservadores en las recientes discusiones sobre el derecho humano al trabajo y del trabajo en la Constitución política de la Ciudad de México, cuando intentamos que quedara un mandato para que se desarrollaran modalidades de protección social a los trabajadores autónomos, independientes o por cuenta propia.
Otra forma de entender lo que se ha llamado informalidad que incluye a poco más de la mitad de la población ocupada en el país, podría darse si se desglosan los grupos de población que la componen:
1. Personas trabajadores que venden sus servicios a los hogares ya sea a un solo empleador o a varios. Incluye empleados domésticos, jardineros, choferes, cuidadores, enfermeros, pintores, personas que dan mantenimiento a las viviendas, que reparan aparatos domésticos, vehículos, entre otros. Los hogares no son empresas con fines de lucro y muchos de ellos tendrían dificultades para cubrir los costos de la contratación formal de trabajadores, incluyendo el pago de seguridad social.
2. Un amplio sector de ocupaciones y oficios tradicionales que existían antes de que se concibiera la categoría de informales y que se realizan por cuenta propia: artesanos, artistas, operadores de transporte, profesores, músicos, fotógrafos, modistas y costureras.
3. Personas que trabajan para organizaciones y empresas no lucrativas que son contratadas por honorarios o por remuneraciones asimiladas a salarios, con mínimas prestaciones.
4. Una proporción importante de comerciantes que trabajan por su cuenta o con apoyo de trabajadores asalariados, que lo hacen en pequeños establecimientos fijos, semifijos o en forma de ambulantes. Incluye por ejemplo a los locatarios de mercados públicos y tianguis y a vendedores de comida preparada.
Todos estos grupos de personas incluyendo a profesionales, técnicos y trabajadores del arte que trabajan por cuenta propia o como “free lance” no tienen cobertura de seguridad social.
Si se enferman y no pueden trabajar, nadie les cubre al menos una proporción del ingreso que pierden, cuando envejecen tal vez tienen acceso a una pensión social y si mueren sus familias quedan desprotegidas económicamente. Son trabajadores en la pobreza o con alto riesgo de sufrirla en alguna etapa de su vida.
Personalmente me pregunto si la calidad de vida de las élites no se vería afectada de modo importante si desaparecieran los servicios prestados por los llamados trabajadores informales o si la economía mexicana podía haber sostenido las bajas remuneraciones a las personas trabajadoras formales si no existirá una oferta de bajos precios de alimentos preparados y de ropa y calzado. La proliferación de puestos de comida en zonas donde empiezan a surgir oficinas es muy notoria.
En las nuevas modalidades de trabajo están surgiendo lo que se denominan ocupaciones atípicas que no se enmarcan en el tradicional trabajo asalariado, de tiempo completo y para un solo empleador. Un ejemplo es la terciarización o subcontratación, otros es el trabajo desde la casa, los trabajadores con contratos cero que están ahí dispuestos para una empresa que los utiliza y les paga sólo cuando tiene pedidos. La relación trabajador-empleador se va diluyendo bajo nuevas modalidades y con ello la responsabilidad que los segundos tienen para ofrecer condiciones dignas de trabajo.
Desde hace varios años en el país no se generan suficientes empleo formales, ni la precarización de las condiciones en que estos se crean ofrecen incentivos para que las personas opten por un trabajo formal.
Ahora bien, la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos señala “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otros encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”
El derecho de toda persona a la seguridad social se encuentra consagrado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como Protocolo de San Salvador.
La Observación General No 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre la seguridad social, define el contenido y alcance del derecho a la seguridad social y es clara a señalar que “ aunque toda persona tiene derecho a la seguridad social, los Estados Parte deben prestar especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho en particular. Las personas que trabajan en el sector no estructurado (párrafo 31) Además, textualmente establece que “los Estados Parte deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que la cobertura de los sistemas de seguridad social se extienda a las personas que trabajan en la economía no estructurada. Estas medidas podrían incluir a) la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso de esas personas a los planes de seguridad social no tradicionales, como el seguro comunitario; b) el otorgamiento de un nivel mínimo de cobertura de riegos e imprevistos con una expansión progresiva en el tiempo; y c) el respecto y el apoyo a los planes de seguridad social desarrollados en el marco de la economía no estructurada, como los planes de microseguros y otros planes de microcréditos afines” También propone “se podrían desarrollar planes alternativos de bajo costo para ofrecer una cobertura inmediata a los excluidos de la seguridad social, aunque el objetivo debe ser integrarlos a los planes ordinarios de seguridad social. Se podrían adoptar políticas y un marco legislativo para integrar gradualmente a las personas que trabajan en el sector no estructurado o que por otras razones están excluidas a la seguridad social (parr. 54)
La OIT en su Recomendación 204 señala que los Estados Miembro deberían b) promover la protección de la seguridad y la salud en el trabajo y extenderla a los empleadores y los trabajadores de la economía informal.
En las buenas prácticas internacionales se ha observado que las iniciativas de ampliación de la cobertura del seguro social han tenido éxito cuando incluyen la adaptación de las prestaciones, las cotizaciones y las operaciones a las características de algunas categorías de trabajadores de la economía informal. Ente otras cosas, estas podrían consistir en:
– Dar a los beneficiarios la posibilidad de afiliarse a las ramas del seguro social que deseen, según sus necesidad y capacidad de aportar cotizaciones
– Permitir cotizaciones más flexibles a fin de tener en cuenta las fluctuaciones de los ingresos o los ingresos estacionales (por ejemplo en el caso de los trabajadores agrícolas)
– Incluir mecanismos específicos para determinar los niveles de cotización de los empleados y los trabajadores independientes cuando los ingresos reales son difíciles de evaluar
– Reducir los costos del registro y, ofrecer a los contribuyentes en pequeña escala ¨regímenes simplificados¨ en función tanto del riesgo como del cumplimiento de las obligaciones impositivas.
Esquemas como el minitributo desarrollado en Uruguay es un método particular de recaudación de seguridad social, aplicado como una categoría impositiva, para trabajadores autónomos con facturación limitada y pocas actividades comerciales en comunidades y espacios públicos. Tiene principalmente por objeto promover la cobertura de la economía informal.
La extensión universal de los servicios de salud, la creación de mutuales de salud, los regímenes de microseguros, así como diversas modalidades de transferencias monetarias como son las pensiones universales a las personas mayores, a familias con hijos o a determinados grupos, como son las personas con discapacidad, huérfanos y otras personas vulnerables han proliferado en el mundo. La OIT señala que las diferentes “políticas e iniciativas sobre la extensión de la cobertura deberían enmarcarse en el contexto de una estrategia de seguridad social nacional integrada”89ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2001.
Desde hace muchos años he cuestionado el hecho de que las contribuciones a la seguridad social recaigan en las empresas que ofrecen trabajo pues esos pagos encarecen el costo de la fuerza de trabajo y van en contra de las políticas de generación de empleos. Lo mismo ocurre con los socorridos impuestos sobre la nómina. Consideraría más justo que fueran las empresas que se automatizan y buscan evitar la contratación de mano de obra las que deberían cubrir los costos de las prestaciones generales a los trabajadores.
Me parece también injusto que de los impuestos generales se derive la cuota gubernamental para el pago de la seguridad social que beneficia sólo a los trabajadores asalariados y excluye a los no asalariados, particularmente cuando después de tantos años de haberse implantado la seguridad social es más que evidente que estos últimos nunca se convertirán en asalariados en condiciones formales de trabajo y por el contrario están surgiendo un número creciente de trabajos atípicos por el desarrollo tecnológico y los cambios culturales. Esta situación es discriminatoria e injusta dado que seguramente un importante número de trabajadores autónomos hacen contribuciones al presupuesto público, sin recibir la contraprestación de la seguridad social.
Me parecería entonces que la aspiración debería ser un cambio progresivo del financiamiento de la seguridad social por impuestos generales, la aplicación de una reforma tributaria más equitativa que amplíe los ingresos públicos y la incorporación progresiva a la seguridad social de aquellas personas que han sido históricamente excluidas, tomando en cuenta el máximo de recursos disponibles. Esto en el fondo significa para México un cambio profundo en la perspectiva conservadora de las élites gobernantes.

El matrimonio igualitario dentro de la reconfiguración de los arreglos familiares

El matrimonio igualitario dentro de la reconfiguración de los arreglos familiares.

Clara Jusidman Rapoport

21 de septiembre 2016

Foro en el Senado de la República

Las familias son construcciones sociales que responden a los cambios económicos, sociales, culturales y políticos que ocurren con la evolución de las sociedades. Su configuración, su estructura y los roles que se asignan a sus miembros van variando de acuerdo a las necesidades que deben cubrir para estos integrantes. Es así que, por ejemplo, las familias en las sociedades feudales debían asumir una serie de funciones para la sobrevivencia de sus miembros muy distinta a las que ahora cumplen las familias en sociedades modernas, secularizadas, urbanas y más educadas en las cuales los Estados y el mercado juegan un papel importante en la cobertura de las necesidades de los seres humanos. En la actualidad por ejemplo, en nuestro país un número creciente de los miembros de las familias y de sus tiempos de trabajo deben dedicarse a la obtención de ingresos para la sobrevivencia de los grupos, reduciendo los tiempos destinados al cuidado y a la reproducción de los seres humanos.

Las personas se reúnen en familias con propósitos muy diversos. Si bien es cierto que varias lo hacen con fines de procreación y subsistencia otras privilegian la convivencia, el afecto, la protección, el cuidado o la seguridad económica actual y futura. No pocas forman familias para evitar la soledad y lo hacen particularmente en la vejez y en la juventud.

Las familias contribuyen en la construcción de los seres humanos ofreciendo medios de subsistencia, afecto, transmitiendo valores y dotando de habilidades para la vida, pero aun estas funciones tan fundamentales pueden ser compartidas por otras estructuras sociales como son las organizaciones comunitarias, las escuelas, el Estado o las empresas del mercado.

El surgimiento del Estado y del mercado redistribuyó funciones en el desarrollo de los seres humanos que anteriormente eran sólo competencia de las familias y las comunidades: la provisión de alimentos, de educación, de salud, de transporte, entre otras. Las llamadas organizaciones de la sociedad civil ofrecen ahora talleres y cursos sobre valores y habilidades para la vida.

La evolución de las sociedades desde el siglo XIX donde se inicia el reconocimiento de los derechos humanos de las personas hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y a la secuela de instrumentos internacionales que derivan de la misma, introducen un cambio fundamental en las relaciones que se dan al interior de las familias entre sexos y generaciones.

Las relaciones familiares experimentan modificaciones importantes frente al reconocimiento de las mujeres como personas con igualdad de derechos y obligaciones que los varones, el reconocimiento de los niños y las niñas como personas de pleno derecho y la postulación del interés superior de la infancia, así como la aceptación de la existencia de diversidad sexual entre los seres humanos. Las relaciones de subordinación de las mujeres y los miembros jóvenes de las familias con respecto a la autoridad de los hombres sufre un vuelco al reconocerse los derechos humanos de todos y todas y la cultura machista que tanto dolor y violencia causa resultó profundamente cuestionada.

A ello se agregan varios derechos reconocidos para todo ser humano: a la igualdad, a la no discriminación, a la autodeterminación, a la libertad de creencia, a la autonomía personal, a la dignidad, a una vida libre de violencia, entre otros.

Desde mi perspectiva, la compartición de funciones que antes eran exclusivas de las familias con el Estado y el mercado, el reconocimiento de que todas las personas tenemos derechos humanos y los avances en las ciencias de la reproducción humana determinan cambios sustanciales en la configuración de las familias de principios del siglo XXl.

Al nivel del Estado  obligan a la actualización de los marcos jurídicos y de las políticas y programas públicos dirigidos a las personas y las familias. Al nivel de la vida social generan modificaciones que paulatinamente van siendo aceptadas y que rompen con concepciones rígidas que ya no se adaptan a la realidad.

Así la negativa a reconocer configuraciones familiares que no se ajustan a la concepción de la llamada familia “natural” o nuclear formada por hombre y mujer unidos por matrimonio civil y religioso y sus hijos, cuyo propósito es la procreación, está siendo controvertida por las constantes transformaciones sociales que ocurren en la realidad y que van modificando los arreglos familiares que realizan las personas para la convivencia cotidiana.

Desde la creciente presencia de familias monoparentales, familias recompuestas formadas por personas que tuvieron matrimonios o arreglos de convivencia previos, las familias extensas, las familias de parejas homosexuales,  las formadas por parientes o incluso por no parientes sólo con fines de convivencia, protección, crianza y cuidado determinan que la proporción de familias nucleares de parejas heterosexuales se vaya reduciendo  en el extenso y diverso mundo de los arreglos familiares.

Es en razón de esta realidad que se transforma permanentemente y  honrando los derechos humanos de la personas de la diversidad sexual se hace indispensable en el marco jurídico que rige nuestras relaciones sociales, económicas y políticas que el matrimonio igualitario entre parejas de igual sexo sea reconocido de manera que estas parejas puedan disfrutar de iguales derechos que las de personas heterosexuales, incluyendo la herencia, la seguridad social, la propiedad compartida de bienes e incluso la adopción.

Cossío Díaz y Orozco y Villa señalan que si bien debe establecerse que en nuestro país ”existen otras figuras- como el concubinato y la sociedad de convivencia, que pueden dar protección jurídica a las parejas homosexuales-, nos parece que sería un error no reconocer el peso que aún tiene el matrimonio como institución y mecanismo de legitimación de las relaciones sociales”

El matrimonio continúa teniendo un valor simbólico importante en el compromiso de convivencia que realizan las parejas, aunque también se observa en el país que la tasa de matrimonios de parejas heterosexuales se va reduciendo en el tiempo y la edad para contraerlo se va retrasando.

Diversos estudios realizados muestran que son las mujeres, las personas con ideología progresista, las que habitan en zonas urbanas, las personas jóvenes, las personas con mayor número de años de educación y  aquellas con mayores niveles de ingreso las que muestran mayor aceptación de los matrimonios igualitarios.

La mayor resistencia y oposición se presenta entre los hombres, las personas mayores que fueron socializadas en otras épocas, los habitantes en territorios rurales, las personas con menores grados de educación y con niveles económicos más bajos y aquellas para los cuales la religión es muy importante y acuden a reuniones de grupos religiosos.

México junto con Canadá, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia son los países de América donde existe mayor aceptación de la población al matrimonio entre personas del mismo sexo.

El reconocimiento de la diversidad sexual y de los derechos de la población LGTBITTT, así como del matrimonio igualitario son parte de la evolución en las relaciones sociales en una sociedad moderna, secular, con mayor educación e información y crecientemente urbana.

Referencias:

Cossío, J y L. Orozco (2016), “Reconfigurando las familias desde el derecho y el matrimonio igualitario”, Coyuntura demográfica, Núm. 10, pp- 15-23.

Lodola, G y M. Corral (2010), “Apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo en América Latina”, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas, Núm. 44, disponible en http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0844.esrevised.pdf

Maldonado, A (2015), “Matrimonio entre personas del mismo sexo resuena fuertemente entre los jóvenes en las Américas”, Barómetro de la Américas: Actualidad, LAPOP, disponible en http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB021es.pdf

 

Los derechos humanos en México en 2016. Una apreciación general.

Los derechos humanos en México en 2016. Una apreciación general[1]

Clara Jusidman

Por México Hoy

El avance en materia legislativa que logramos en 2011 al incorporar los derechos humanos  como eje rector de la Constitución Federal, se puede considerar como un punto culminante de un proceso de aceptación del enfoque de derechos humanos en la política pública de nuestro país y de apertura de México al escrutinio de los organismos internacionales en la materia.

Este proceso se inició a finales de la década de los años noventa del siglo pasado. Caminó en paralelo con la llamada “ciudadanización” del Instituto Federal Electoral concretada con la reforma política de 1996/97.

De 1997 a 2003 podríamos afirmar que el país avanzo en materia de democracia electoral y de derechos humanos. En 2003 realizamos un importante diagnóstico sobre los obstáculos que impedían la realización de estos últimos en México que contenía 31 recomendaciones y se inició la elaboración participación ciudadana el primer Programa Nacional de Derechos Humanos. Se empezó también a recibir relatores especializados de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se instaló una Oficina en México de esa Alta Comisionada.

Sin embargo desde 2003 los partidos políticos empezaron a repartirse las instituciones, las posiciones y los recursos de los tres poderes del Estado Nacional, así como de los gobiernos de los Estados, incluyendo a los consejos y directivos de los órganos autónomos. Desde ese año lo que hemos llamado “partidocracia”, sustituyó al autoritarismo del Partido de Estado. La pluralidad de partidos en México ha conspirado contra los avances democráticos y bloqueado la participación ciudadana en los procesos políticos. Tenemos cúpulas partidarias crecientemente corruptas y alejadas de la población que negocian entre ellas cuotas de poder.

En 2016 enfrentamos un discurso retórico que abusa del concepto de derechos humanos incompatible con la profunda crisis humanitaria en la que el país es sumido.

En la actualidad todos estamos agobiados por las violaciones generalizadas a los derechos civiles cometidas por diversos agentes: el crimen organizado, las empresas transnacionales, los diversos poderes de hecho,  las policías, el ejército, los políticos en el poder; esas violaciones afectan a todo tipo de personas jóvenes, mujeres, niños y niñas, adolescentes, migrantes; ocurren en todo el territorio nacional y se expresan en muy diversas modalidades de violación: homicidios dolosos, desapariciones forzadas, despojos, secuestros, extorsiones,  desplazamientos, violaciones y trata de mujeres, niñas y niños, sometimiento y esclavitud, tortura y malos tratos. Estos son los términos y las realidades que se han incorporado a la vida y al léxico de los mexicanos en la última década. Nuestro derecho al Estado, nuestro derecho a una buena administración, se encuentra conculcado profundamente. Reflejan una ausencia grave de Estado.

Los derechos políticos  son conculcados mediante el manejo clientelar de las elecciones, la compra de votos, el abuso de los recursos públicos, los reiterados fraudes y el control de las instituciones electorales. Las campañas y procesos electorales han corrompido la vida pública y aumentan la conflictividad social.

En materia de derechos económicos, sociales y culturales los programas de transferencias monetarias condicionadas que pronto celebrarán 20 años de estar operando con su programa emblemático Progresa/ Opotunidades/Prospera, lo más que han logrado es mantener los niveles de pobreza iguales a los que prevalecían en 1992. Se montaron en un aparato de educación y salud que fue desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial que se ha venido deteriorando en su calidad y pertinencia y que en nada contribuye a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Las brechas de desigualdad permanecen iguales.

El trabajo  y el salario en lugar de fortalecerse como mecanismos redistributivos del ingreso para permitir a las familias acceder a mejores niveles de bienestar así como a una reproducción saludable, digna  y positiva de la fuerza de trabajo, se han convertido en mecanismos de control y empobrecimiento de los sectores asalariados y han propiciado la fuga de muchos jóvenes a la migración y hacia actividades informales, ilegales e incluso criminales.

Ni que decir del desastre que priva en el campo mexicano a partir de las reformas al 27 constitucional y la firma del TLC: la destrucción del ejido y la propiedad comunal, el neolatifundismo, la competencia en el uso del suelo y de los recursos hídricos, la irracional expansión horizontal de las ciudades y la aparición de nuevos agentes económicos extraños en la vida de las comunidades rurales, la entrega del subsuelo a las empresas mineras que sumados a las consecuencias del cambio climático han acelerado las migraciones del campo, el abandono del campo, el desalojo de comunidades enteras, la ruptura de identidades y tejidos social y el aumento de la dependencia alimentaria del país.

El discurso político oficial en materia de derechos humanos no se compadece con lo que realmente está ocurriendo en el territorio nacional en materia de violación sistemática y generalizada de la dignidad,  la integridad, el patrimonio y  la vida de las personas. Sólo las miradas y críticas externas  han obligando a nuestros precarios, fallidos y omisos gobiernos a mirarse al espejo y darse cuenta que mientras ellos viven en las nubes el país se está deshaciendo.

La triste realidad es que la tan esperada transición a la democracia se convirtió en una transición al desastre, a la dispersión del poder entre múltiples agentes económicos y políticos que no encuentran límites ni contrapeso a sus desmedidas ambiciones y que pueden cometer todo tipo de arbitrariedades sin consecuencia alguna.

Porque la transición fue trunca, se limitó a la materia electoral y por ello fue rápidamente revertida. Ni el perjudicial modelo económico neoliberal fue cambiado, frustrando con ello el cierre de brechas de desigualdad y  el tránsito hacia una democracia económica; ni la concentración del poder mediático fue alterada persistiendo el duopolio informativo y una renovada violación a la libertad de expresión; ni el aparato de justicia se movió un ápice de sus espacios de privilegio y confort, consintiendo la corrupción y la impunidad que permea toda la vida pública del país.

Varias  preguntas surgen:

¿Por qué ante tal desastre permanecemos impasibles?

¿Por qué no estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestros propósitos para construir consensos que nos permitan avanzar?

¿Por qué no encontramos agendas que nos unifiquen y modalidades que nos permitan cambiar este estado de cosas, sin esperar que sean los grupos en el poder político y económico  los que cambien?

Cambiar el modelo económico dominante, recuperar al Estado, democratizar los medios de comunicación y recuperar la libertad de expresión, alcanzar una profunda reforma de la justicia, enfrentar el deterioro ambiental y el cambio climático y conseguir una sociedad que conviva en paz, son sólo algunos de los posibles temas de confluencia.

Necesitamos construir fortalezas ciudadanas, encontrar formas de organizarnos para frenar y sancionar la corrupción y la impunidad, empoderarnos económicamente y enfrentar los abusos que se sustentan en la subordinación y pobreza de millones de mexicanos; echar mano de las acciones y amparos colectivos, protestar frente a cada agravio que proviene de decisiones de los tres poderes del Estado, de los partidos políticos y de los poderes de hecho, aprovechar en fin, nuestro poder como trabajadores, consumidores, educadores, mujeres organizadas, padres y madres de familia, estudiantes, víctimas, activistas cívicos y defensores de derechos humanos.

 

[1] Intervención en el Espacio de Diálogo para a Articulación de Agendas 12/05/2016

¿Por qué es necesario reivindicar el derecho a la ciudad? Obstáculos para reivindicar el derecho a la ciudad en México

Seminario Internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad

Panel 1 En la nueva etapa de urbanización mundial, ¿por qué es necesario reivindicar el derecho a la ciudad?

Obstáculos para reivindicar el derecho a la ciudad en México

Abril 20, 2015

Las ciudades mexicanas han experimentado una gran transformación en los últimos 20 años. Esa transformación ha ido en sentido contrario a la realización del derecho a la ciudad de sus habitantes. Las ciudades mexicanas se han convertido en lugares poco propicios para una vida digna con bienestar y seguridad para las personas, dificultan la convivencia y la creación de solidaridad y comunidad. Son aglomeraciones humanas desordenadas, saturadas, conflictivas, contaminadas ambientalmente y con altos niveles de segregación socioeconómica.

Cuando uno recorre el territorio mexicano y particularmente las zonas donde se asientan las grandes ciudades, uno se cuestiona si realmente en algún momento en el futuro en México será posible alcanzar el derecho a la ciudad considerada ésta como un espacio de vida digna para quienes la habitan. Las heridas profundas que se han infringido a las ciudades y al paisaje urbano en los últimos veinte años que derivan de fuertes inversiones en desarrollos inmobiliarios de vivienda y comerciales, así como de vialidades para el transporte en automóvil privado; la destrucción imparable del patrimonio arquitectónico y de colonias emblemáticas en varias de esas ciudades, así como la destrucción del medio ambiente físico; el abuso de los recursos hídricos y los niveles alcanzados de contaminación del aire, de ruido y del espacio por medio de anuncios espectaculares, la privatización del espacio público, representan grandes obstáculos para recuperar ciudades para el bienestar y la convivencia  humana.

Al poner en el horizonte la realización del derecho a la ciudad como un gran objetivo, considero que es indispensable reconocer esos obstáculos con el propósito de distinguir aquellos que son irremontables porque constituyen heridas profundas en el entorno urbano, de aquellos otros sobre los que hay que actuar de inmediato para evitar la profundización del daño aunque se obtengan resultados hasta el mediano y largo plazos. Por ello en esta exposición quisiera referirme al origen y a la naturaleza de algunos de estos obstáculos que al ser reconocidos por el Estado y los causantes de su existencia conduciría a  un compromiso y a una política de Estado para frenar su crecimiento y de ser posible, revertirlos.

Varios factores han detonado lo que podríamos considerar una crisis urbana en México. Entre ellos destacan los siguientes:

1.El desorden y la ilegalidad en las formas de poblamiento precario de las periferias urbanas a través de la adquisición ilegal de predios en terrenos agrícola circundantes o de invasiones propiciadas por liderazgos políticos.

  1. La liberación del mercado de tierras ejidales y comunales a partir de la Reforma al Artículo 27 de nuestra Constitución en 1992 que eliminó los cinturones afgrícolas que limitaban la expansión horizontal de varias ciudades.
  2. La transferencia del control del uso del suelo a los gobiernos municipales sin haberlos dotado de capacidades y estructuras institucionales para regular y controlar las expansiones ilegales, ni de recursos para la adquisición de tierras, la constitución de reservas territoriales y la dotación de servicios sociales y de seguridad e infraestructura urbana para los nuevos desarrollos sean estos formales o precarios.
  1. La presencia ancestral de especuladores de la tierra que promueven la revalorización de terrenos cercanos a las ciudades en connivencia con las autoridades locales y que han aprovechado la liberación del mercado de tierras para aumentar sus riquezas.
  2. El crecimiento del capital inmobiliario y de las llamadas empresas vivienderas y la transformación de la participación del Estado de promotor y productor de vivienda a financiador de los desarrollos de éstas.
  3. La desaparición de las políticas y programas gubernamentales de desarrollo urbano a través de los planes reguladores del crecimiento urbano, de institutos de planeación y desarrollo, así como de diversas medidas, instituciones y normas que permitían ordenar el crecimiento de las ciudades. En su caso también, la violación sistemática de las normas de uso del suelo y de los planes de desarrollo urbano cuando estos existen por pobladores, constructoras y funcionarios con total impunidad.
  4. Altos niveles de corrupción de los funcionarios, legisladores y regidores relacionados con el ordenamiento y planeación urbana y uso de la dotación de terrenos y viviendas para la formación de clientelas políticas con fines electorales.
  5. Presencia de la delincuencia y el crimen organizado en muchas ciudades donde crean gobiernos paralelos, extorsionan y cobran uso del suelo, venden protección y seguridad y reclutan jóvenes para el sicariato.
  6. La profunda desigualdad socioeconómica y el traslado de la pobreza rural hacia las ciudades por el abandono de políticas de apoyo y promoción a los pequeños productores rurales.
  7. La utilización de la dotación de viviendas con financiamiento bancario como un mecanismo de control de la protesta social al convertir a las familias de bajos recursos en propietarias.

Este conjunto de factores han contribuido a que el crecimiento urbano y el desarrollo de las ciudades en los últimos 20 años tenga entre otras tres  características que me permitiría destacar:

  1. Un crecimiento horizontal de las ciudades que con frecuencia excede al crecimiento de la población. Hay tres fuentes principales de ese crecimiento horizontal:

A) La invasión u ocupación de tierras de mala calidad o en zonas de riesgo en las periferias urbanas por pobladores pobres expulsados de actividades económicas del campo como fue el caso de Mérida con el desalojo de trabajadores al caer la industria henequenera, el desplazamiento creciente de poblaciones por el crimen organizado o por las empresas mineras como ocurre en Guerrero, Sinaloa o Chihuahua o en sentido inverso, la atracción de trabajadores por el desarrollo de nuevas actividades como fueron las maquiladoras en las ciudades de la frontera norte o el desarrollo de centros turísticos como Cancún o Acapulco.

B) Un segundo factor que contribuye al crecimiento urbano horizontal ha sido el desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda alejados de los centros de la ciudades muchas veces de gran tamaño que se ha extendido en todo el país, y que tiene su origen en la adquisición de terrenos de bajo costo, las enormes ganancias del capital inmobiliario y la connivencia con autoridades locales o financiadoras. En zonas circundantes de las ciudades mexicanas ahora es frecuente observar grandes desarrollos de vivienda aislados en medio del campo o construidos encima de montes, que se asemejan a palomares por la gran cantidad de viviendas con lotes y tamaños ínfimos y en ocasiones con una baja calidad de construcción como ocurre en la Ciudad de Chihuahua.

C) La construcción de instalaciones públicas alejadas de las ciudades como son centros universitarios, centros de oficinas gubernamentales o incorporación interesada y corrupta al fundo urbano de terrenos para parques industriales  como es el caso de San Jerónimo en Ciudad Juárez. Esta estrategia permite la revaloración de las tierras que quedan entre la ciudad y esos desarrollos, tierras que con frecuencia están en manos de especuladores vinculados con los políticos locales o municipales. Es el caso también en Ciudad Juárez por ejemplo de la Ciudad del Conocimiento construida por la UACJ a 25 km. de distancia del centro de esa ciudad.

Estos tres procesos provocan que las ciudades se vayan extendiendo pues aparecen corredores de servicios y comercios, servicios de transporte hacia las nuevas instalaciones públicas o hacia los nuevos desarrollos de vivienda.

Algunos de los efectos en la vida de las personas y de las familias de ese crecimiento horizontal conllevan a la ruptura del tejido familiar y social en razón de que las familias recién formadas tienden a buscar vivienda en los nuevos desarrollos alejándose de sus familias de origen. Las visitas y el mantenimiento de los lazos con estas se dificultan por la carencia, alto costo y tiempo prolongado que toma el trasportarse.

Así, la horizontalización de las ciudades mexicanas conlleva un aumento en el tiempo de traslado e impacta al gasto de las familias destinando una mayor proporción al pago de transporte que se convierte en irreductible. Provoca desgaste, cansancio, conflictos y enojo de la población.

Otro efecto se relaciona con la descolocación de la infraestructura de servicios sociales y comerciales desarrollada en las zonas céntricas de las ciudades con inversiones públicas a lo largo de muchos años, debido al abandono de esas zonas por las familias y su traslado a los nuevos desarrollos. Ello obliga a nuevas inversiones para el desarrollo de infraestructura, servicios sociales y comerciales en las zonas de nuevo poblamiento, para lo cual las autoridades municipales nunca disponen de suficientes recursos o como en el caso de las inversiones para infraestructura de salud, se quedan en manos y han sido desviadas por los gobiernos estatales.

La ocupación de terrenos no aptos para la construcción de vivienda que es frecuente en esos nuevos desarrollos como son humedales, zonas de bajadas de agua, terrenos con fracturas subterráneas o con grandes pendientes ponen permanentemente en riesgo a las poblaciones que habitan esos desarrollos ante fenómenos ambientales provocando catástrofes y el colapso de nuevos desarrollos inmobiliarios como ha ocurrido en Tabasco, Guerrero, Monterrey con las tormentas y huracanes de los últimos años.

Desde la mirada del derecho a la ciudad habría que impedir esa expansión horizontal, obligar a la redensificación de las colonias céntricas que ya cuentan con infraestructura urbana, servicios sociales y comerciales, respetando sin embargo los usos del suelo, las construcciones emblemáticas, pero adecuando las normas y actualizando y modernizando las vialidades, el transporte público  y la  servicios urbanos de manera que los pobladores originales no recientan la invasión de sus territorios y la destrucción de su entorno.

Impedir desarrollos urbanos en terrenos no aptos y riesgosos y en terrenos alejados de la ciudad, no autorizando las construcciones y no dotándolos de servicios públicos; también serviría evitar proyectos gubernamentales alejados de los centros de las ciudades.

  1. Una segunda tendencia que caracteriza la transformación de las ciudades mexicanas en los últimos años es que han sido ciudades construidas para los automóviles y no para las personas que las habitan.

El crecimiento horizontal de las ciudades y la insuficiencia y baja calidad de la transportación pública alientan el uso de transporte individual o determinan que las personas tengan que destinar varias horas del día para trasladarse, así como una proporción de su gasto para el pago de traslados como ya señalamos.

Una queja sistemática de los habitantes de muchas ciudades mexicanas se relaciona con el congestionamiento vial y el uso y apropiación de los espacios públicos para el tránsito y estacionamiento de vehículos. Son los el caso de Apatzingan o de Tijuana. La pérdida de tiempo, el cansancio, la contaminación, la inseguridad y el enojo permean la vida de los habitantes de las ciudades para el automóvil.

Por muchos años las autoridades de las ciudades mexicanas han destinado fuertes inversiones para el desarrollo de vialidades para el transporte particular. Un ejemplo son las inversiones para los segundos pisos en el Área Metropolitana de la Ciudad de México o de puentes, periféricos y pasos a desnivel como Monterrey, Jalapa, Zacatecas o Aguascalientes.

Las nuevas vialidades, especialmente las vías rápidas con puentes y pasos a desnivel se constituyen en barreras infranqueables para las personas que se mueven a pie o en vehículos de menor tamaño como son las bicicletas. Rompen el tejido social de las comunidades, colonias y barrios, aumentan la inseguridad por accidentes viales y propician el aislamiento de las familias al interior de sus viviendas.

Asimismo, las inversiones público-privadas en el desarrollo de vialidades cuyo uso implica un pago, profundizan la segregación socioeconómica y abonan a la conflictividad urbana.

Cambiar esta tendencia de construir ciudades para automóviles y transformarlas en ciudades para los seres humanos, demandaría de un proyecto consistente y sostenido de transformación en el largo plazo  de las ciudades mexicanas. Requeriría de una mejoría sustantiva en el desarrollo de transporte público y en su calidad para provocar que los propietarios de automóviles estén dispuestos a abandonar o reducir su utilización. Esta tarea ya se ha iniciado en varias ciudades con el desarrollo de transporte público en carriles confinados.

También implicaría alentar otro tipo de movilidad humana como es la peatonal o la de bicicletas o pequeños transportes de proximidad lo que requeriría de una transformación profunda en los usos del suelo de manera que se permitiera la combinación de usos comerciales, de trabajo, escolares, de recreación con usos de vivienda para evitar los traslados largos y prolongados entre vivienda y trabajo, vivienda y escuela, vivienda y  servicios sociales y recreativos, a fin de que las personas pudieran caminar a donde tiene que acudir durante el día.

Pero el aspecto más difícil de cambiar tiene que ver con la cultura del automóvil como símbolo de estatus social y económico, alentado por los fabricantes de automóviles, las empresas financiadoras y los medios de comunicación. Estos son poderes de hecho que representan obstáculos poderosos para el cambio cultural.

  1. Una tercera característica de las ciudades mexicanas es su creciente segregación socioeconómica que profundiza en algunas de ellas, una vieja segregación étnica.

Desde la colonia varias ciudades como Puebla, Mérida y San Cristobal de las Casas tenían zonas destinadas a los pueblos indios y las mejores zonas destinadas a las poblaciones criollas y españolas. En algunas otras como en San Andrés Tuxtepec las comunidades indígenas fueron despojadas y expulsadas de sus tierras colindantes con la ciudad.

En todas las ciudades mexicanas existe una segregación física de los distintos estratos socio económicos de manera tal que la desigualdad característica de la sociedad mexicana se consolida mediante una segregación física. Las viviendas de los distintos estratos sociales no conviven, están claramente separadas por zonas, colonias y barrios; la Mérida del sur es donde habitan los pobres y la del norte es de los ricos; en el poniente de Ciudad Juárez se desarrollaron los asentamientos para los trabajadores de las maquilas; Iztapalapa y Gustavo A. Madero son delegaciones dominadas por familias de ingresos bajos y medio bajos y el poniente de la ciudad donde se ubica Cuajimalpa y Miguel Hidalgo concentran colonias de altos ingresos.

La desigualdad se acentúa por la desigualdad en la disponibilidad y calidad de los servicios e infraestructura urbana y de los servicios sociales como son el acceso a agua potable de calidad y con suministro constante, el mantenimiento y la pavimentación de calles y avenidas, la disponibilidad de espacios públicos de recreación y entretenimiento, la calidad y presencia de servicios de seguridad pública, de recolección de basura, entre otros.

En las últimas décadas han surgido colonias y fraccionamientos cerrados por murallas y con controles severos de acceso, o también colonias de población pobre que quedan atrapadas por los desarrollos de vialidades o por el poblamiento desordenado e ilegal y que enfrentan grandes dificultades de acceso como ocurre en algunas colonias pobres del Área Metropolitana de Guadalajara. Este fenómeno se conoce como la guetización de las ciudades.

Una tendencia interesante está ocurriendo con el retorno o la llegada de jóvenes a ocupar las zonas céntricas de algunas ciudades en razón del menor costo de las rentas por el previo abandono de las viviendas en esas zonas. Los jóvenes recuperan la vida social de las colonias viejas a las que llegan, disfrutan del uso combinado del suelo al convivir comercios, oficinas y viviendas y finalmente revalorizan el terreno  lo que lo vuelve atractivo para el capital inmobiliario. Este llega con agresividad a desalojar a los viejos habitantes en casas y vecindades deterioradas y levanta edificios sin el mayor sentido de preservación de la estética urbana específica. Estos edificios son adquiridos por población joven yuppie y retorna el modelo desigual. Un caso emblemático es el de la Colonia Roma de la Ciudad de México.

Sería posible continuar caracterizando la evolución de las ciudades en México con temas como la carencia, descuido, abandono, deterioro y privatización de espacios públicos, áreas verdes y recreativas y la apropiación privada de éstos; las crecientes dificultades para acceder a fuentes de agua potable, el problema que representa la contaminación ambiental y la gran cantidad de desechos sólidos y residuos tóxicos; la presencia de terrenos baldíos y de viviendas abandonadas; el hacinamiento de viviendas y en viviendas; la inseguridad urbana;; la ausencia de armonización del desarrollo urbano con el desarrollo de las zonas agropecuarias proveedoras de alimentos, etc.

En conclusión, la realización del derecho a la ciudad en el caso mexicano implica enfrentarse a intereses económicos y políticos arraigados, a inversiones ya realizadas que marcan en forma permanente la configuración deshumanizada de las ciudades y a una cultura depredadora y poco respetuosa de los espacios y el medio ambiente urbano.

Exigiría la mayor participación efectiva de sus habitantes en la gestión de las ciudades, la presencia de funcionarios y servidores públicos honestos y que se apeguen a la ley, la recuperación de los planes y capacidades gubernamentales  de ordenamiento del desarrollo urbano, de nueva normatividad acorde a esos nuevos planes, de jueces que no amparen los abusos cometidos por los especuladores de la tierra, por las empresas inmobiliarias y por líderes políticos; del desarrollo de programas de movilidad humana que cambien profundamente la organización de las ciudades y las hagan más vivibles; de la redensificación planeada, controlada y con participación de sus pobladores de determinadas zonas con buena infraestructura urbana y baja densidad de construcciones y población, entre otros aspectos.

Insistiría en que si no empezamos ahora a recuperar el control de las ciudades como espacios de vida digna para las personas, los intereses de hecho y la enorme corrupción e impunidad que prevalece en el sistema político mexicano, están conduciendo a muchas de ellas al colapso. Baste recordar lo que ocurrió a las grandes ciudades prehispánicas que fueron abandonadas por catástrofes derivadas del abuso de sus habitantes de los recursos para que sobrevivieran como fueron los alimentos y el acceso al agua.

 

Bienestar, tejido social y violencias.

Bajar presentación: Bienestar, violencia y tejido social

Agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al Sr. Rector Alejandro Vega Jiménez y a Javier Sicilia la invitación para participar en estos diálogos que se están realizando motivados por la consternación que ha producido en la comunidad universitaria y en la sociedad morelense la muerte violenta del Prof. Alejandro Chao y de su esposa Sarah Rebolledo.

Las preguntas que todos nos hacemos ante las violencias que nos acosan, son al menos tres:

  1. ¿Qué nos ha pasado como sociedad que estamos construyendo seres humanos enojados, violentos, sin control de sus emociones de ira y de miedo y sin temor a las consecuencias de sus actos que violentan lo sagrado de la vida y la integridad de otros seres humanos?
  2. ¿Que nos ha pasado en nuestra convivencia que ya no funcionan los mecanismos de control derivados de las normas y costumbres culturales y sociales que ponían límites claros y castigos a quienes las infringían?
  3. ¿Qué ha sucedido con el Estado Mexicano cuya función principal es la de salvaguardar el orden y el respeto a la Ley para lo cual supuestamente se hemos construido un entramado legal e institucional costoso para investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que atentan contra el Estado de derecho?

A partir de estos interrogantes básicos quisiera en esta reflexión aportar algunos hallazgos derivados de investigaciones que hemos venido realizando o promoviendo desde INCIDE Social A.C. la organización civil donde participo desde hace 10 años, investigaciones que se relacionan con nuestro interés sobre el bienestar y el desarrollo social y más recientemente, sobre los determinantes económicos, sociales y culturales de las violencias.

Lo que nos está ocurriendo en México en materia de bienestar, tejido social y violencias es resultado de un contexto general que se caracteriza desde hace más de 30 años, por cambios en los papeles que juegan los cuatro agentes proveedores de bienestar: las personas mismas, las familias, el mercado y el Estado en los siguientes aspectos:

Se parte de un país históricamente desigual, con altos niveles de discriminación, pobreza y corrupción y crecientes problemas para generar trabajo digno para su población joven; que adoptó en la década de los años ochenta un modelo económico centrado en la producción de bienes y servicios para la exportación colocando la productividad, la eficiencia y la competitividad como objetivos del desarrollo del país, en lugar de centrarse en alcanzar el bienestar o la felicidad de los mexicanos y las mexicanas, cuestión que debería ser el objetivo de toda sociedad.

  1. Los personas en ese proyecto se convierten en proveedores de trabajo, por una parte, y consumidores y clientes de lo que se produce y vende en los mercados, por la otra.
  2. Como probables trabajadores se ha insistido en la obligación que tienen de desarrollar sus capacidades de “empleabilidad” mediante la educación escolarizada para poder ser competitivos en los mercados de trabajo y pasar a formar parte si tienen mucha suerte, de los esclavos con título de doctorado de grandes empresas transnacionales, con disponibilidad completa y sin poder tener ni vida propia ni de familia. La gran mayoría, que no alcanza títulos de posgrado, está condenada a subsistir en condiciones precarias, con gran inseguridad y con ingresos y condiciones de trabajo indignas. De acuerdo al proyecto económico vigente esas mayorías son las culpables de su situación por no haber aprovechado las “fantásticas oportunidades de educación” que brinda la sociedad nacional y por ser “flojas, improductivas e incompetentes”. El slogan preferido del proyecto de economía de mercado es “Edúcate y alcanzarás el paraíso”
  3. Como clientes y consumidores su obligación en el proyecto es estar atentos a todas las innovaciones tecnológicas en productos de consumo para adquirir los últimos modelos promovidos por los medios de comunicación masiva y desechar los viejos aunque estos aún sirvan, pues el importante papel que juega la población en las economías del mercado es de dinamizadores de la producción de miles de cosas, muchas de ellas absolutamente innecesarias y superfluas. La felicidad y el bienestar de las personas se homologan entonces con el número, variedad y calidad de las cosas y bienes que poseen y de los servicios a los que pueden acudir.
  4. Las familias, el segundo agente social proveedor de bienestar, se ven obligadas a echar mano de todo el tiempo de trabajo disponible de sus integrantes para lograr obtener ingresos y poder subsistir. Ello en razón de una política de salarios contenidos sostenida desde finales de la década de los años setenta, por lo que el pago que se recibe por unidad de trabajo ha venido disminuyendo. Un salario mínimo legal actual equivale a una cuarta parte del que estuvo vigente en 1976, año en que se inició una vertiginosa caída de los salarios mínimos. Las familias entonces se ven obligadas a dedicar más tiempo y a todos sus miembros con posibilidades de trabajar, a realizar cualquier tipo de actividades -legales e ilegales- que les permitan la obtención de ingresos, incluso envían a alguno o algunos de sus miembros a Estados Unidos para conseguir trabajo. El tejido y el capital social familiar se va destruyendo dado que el tiempo que destinan a actividades para la generación de ingresos va en detrimento del tiempo que dedican a la economía del cuidado incluyendo el cuidado personal, la crianza y la atención de la infancia y la juventud y ahora, de los adultos mayores, así como al mantenimiento de sus redes sociales.
  5. El mercado, tercer agente proveedor de bienestar, ofrece una gran variedad de productos y servicios con el único objetivo de generar ganancias para las empresas de todo tipo que participan en el mismo. Por ello existe un mercado de drogas, de armas, e incluso de personas y órganos, puesto que en la obtención de lucro no existen limitantes éticos. Los mercados son amorales. Se vende y compra todo lo que se pueda vender y comprar.

El mercado y el afán de lucro destruyen las pequeñas actividades de subsistencia de las familias pobres: la agricultura campesina, la pequeña industria y el pequeño comercio (misceláneas, farmacias, panaderías, tortillerías), los diversos talleres de servicios de reparación, por ejemplo. Se generan cadenas de establecimientos que sustituyen esas actividades y que terminan enriqueciendo a los dueños del capital y condenan a los anteriores trabajadores por cuenta propia y familiares, a subcontratarse en empresas de servicios sin protección laboral alguna. Uno de las áreas de mayor desarrollo y potencial del mercado de los últimos años ha sido la referida a la provisión de bienes y servicios para las poblaciones pobres: desde las farmacias de similares y genéricos, los Oxos los Seven Eleven hasta la proliferación de casas de empeño.

Se rompe con ello, algo en lo que Javier Sicilia insiste con frecuencia, las relaciones de proximidad y confianza generadas por los pequeños establecimientos de barrio donde los clientes conversan y conocen a sus dueños, donde estos les facilitan mercancía a granel y a crédito, donde grupos de vecinos se pueden pasar un rato tomando una cerveza, un café o un refresco, donde se repara innumerables veces la licuadora o la televisión para que duren más, etc. Se destruye un actor fundamental en el tejido social territorial que son esos pequeños establecimientos que además proporcionan ingreso y trabajo en el vecindario o en el pueblo.

  1. El Estado, el cuarto actor del bienestar, ha venido siendo desmantelado como proveedor de bienes y servicios públicos para el bienestar de las personas. De manera paulatina pero sostenida, se trasladan los recursos y las funciones sociales del Estado a empresas del mercado y a organizaciones de la sociedad civil. Se recarga en las familias la atención de población en condiciones de vulnerabilidad como la infancia, la población con discapacidad o los adultos mayores. Asimismo, se ha venido entregando el control y explotación de recursos y sectores estratégicos del desarrollo de la nación a empresas incluso trasnacionales. En esta misma lógica, se substituye crecientemente la provisión de bienes y servicios públicos por transferencias monetarias de ingreso para que las personas en pobreza o en situación de vulnerabilidad acudan al mercado a comprar alimentos, educación, salud, vivienda, servicios de agua, energía, etc. El papel del Estado en la generación de bienestar va desapareciendo y su función de provisión de seguridad y justicia se va desdibujando por la presencia de altos niveles de corrupción en el ejercicio de la función pública, aumentando los índices de violencia, delincuencia e impunidad   creando un ambiente de indefensión de los ciudadanos frente a los abusos de las empresas del mercado y de la delincuencia común y organizada. El Estado renuncia a sus obligaciones de respetar, proveer y proteger los derechos humanos de las personas y se convierte en un facilitador para las empresas del mercado permitiendo que estas vulneren esos derechos al no regular adecuadamente su funcionamiento.

Ahora bien, en un contexto de esa naturaleza ¿qué está ocurriendo con el desarrollo, construcción y socialización de las y los mexicanos?

El bienestar de las personas está dependiendo de la capacidad de su contexto para satisfacer cuatro categorías de requerimientos: los materiales, los psicoemocionales, los de seguridad y los culturales.

 

Con las transformaciones señaladas de los cuatro agentes sociales que intervienen en la provisión de bienestar a las personas encontramos las siguientes situaciones:

  1. Históricamente en las políticas sociales se ha dado prioridad a la satisfacción de los requerimientos materiales de las personas (vivienda, salud, alimentación, ingreso, infraestructura social, etc.) y en los últimas tres décadas, especialmente de las poblaciones pobres. Además como ya señalamos anteriormente de haberse considerado la provisión de bienestar como una responsabilidad pública en la segunda mitad el siglo XX a partir de los exitosos modelos de economías del bienestar instaurados en los países nórdicos, ahora esa provisión se está trasladando al mercado.
  2. Existe una total desatención a los requerimientos de desarrollo psicoemocional de las personas. Esta se ha dejado como responsabilidad de las familias y principalmente de las mujeres, con alguna participación de las escuelas, de los compañeros y pares y de la comunidad. La socialización de las personas y su integración a la comunidad está dependiendo fundamentalmente de su adecuado desarrollo psicoemocional y de la transmisión de saberes para la vida (cómo y de qué alimentarse, cómo relacionarse con los otros, cómo resolver conflictos, el aseo e higiene personal y de la casa, los hábitos de crianza, etc.)

 

 

 

En este sentido la promoción del individualismo y la competencia por la economía de mercado, ha impactado la construcción de valores de solidaridad, responsabilidad compartida, sentido de comunidad, reconocimiento y respeto de los otros, y ha erosionado por lo tanto, el sentido de pertenencia, de identidad y de colectividad, destruyendo la idea de que existe una sociedad que se va a ocupar y preocupar por el bienestar y la felicidad de las personas que la integran. Cada persona de acuerdo al capitalismo de mercado vigente, tiene que preocuparse por sí misma y por su futuro, no tiene responsabilidades por nadie más excepto si establece contratos de matrimonio que lo obliguen, pero también estos están resultando cada vez más en relaciones frágiles, fugaces, poco estables.

Como mencioné anteriormente las familias tienen cada vez menos posibilidades de atender al desarrollo y construcción saludable de sus integrantes lo que significa deficiencias crecientes en su desarrollo psicoafectivo y en la transmisión de saberes para la vida.

Asimismo, el rol de las escuelas en el desarrollo psicoafectivo del los niños y en la consolidación de saberes para la vida como ha salido a la luz en relación con el lamentable caso de bullying en Tamaulipas, se encuentra colapsado ante la desconfianza en las relaciones entre adultos e infancia, debido a la ocupación de plazas de maestros por personas sin la preparación como tales y por la ausencia de un proyecto educativo que tenga como objetivo el desarrollo de seres humanos autónomos, responsables, solidarios y participativos.

Los medios de comunicación masiva y actualmente las redes sociales ocupan un rol muy importante en la socialización de las personas y en la transmisión de saberes para la vida. La infancia y los jóvenes pasan muchas horas frente a ellos. Los primeros tienen una programación destinada claramente a desarrollar consumidores y clientes para el mercado y las segundas por su naturaleza de comunicación a distancia, disminuyen las posibilidades de interactuar y convivir directamente con otros.

Es decir, los cuatro agentes socializadores de la infancia y la juventud: las familias, las escuelas, los grupos de pares los medios de comunicación están fallando seriamente en la construcción de seres humanos saludables  y por el contrario, hay un número creciente de jóvenes apáticos, desesperanzados, enojados y resentidos con una sociedad que no los incluye.

  1. Por cuanto a los requerimientos de seguridad para el bienestar o para la vida, dos de las columnas del andamiaje para dar seguridad a las personas a saber, la generación de empleos formales dignos y estables y la seguridad social se encuentran en crisis creciente. Se habla incluso de la desaparición del trabajo.

A ello se puede agrega un sistema de seguridad pública y de justicia que no garantiza ni protección, ni acceso a la verdad, ni en su caso, el debido proceso. La delincuencia impunemente despoja de bienes, de libertad e incluso de la vida a las personas.

El sistema financiero y el fiscal abusan permanentemente de los ahorros y de los ingresos que genera el ciudadano común y en cualquier momento pueden sumirlo en la pobreza,

Los creciente problemas de inseguridad ambiental donde los efectos del cambio climático arrebatan pertenencias y vidas en un instante.

La incertidumbre, la volatilidad y la ausencia de seguridad son la característica de los tiempos actuales y eso provoca desconfianza y miedo e impide el desarrollo de relaciones y de sentido de comunidad y por lo tanto de tejido social. Somos ciudadanos indefensos y frustrados ante poderes legales y extralegales, permanentemente explotados, expoliados o en constante riesgo de serlo.

  1. Respecto de los requerimientos culturales para la vida digna como son el acceso al conocimiento, a la información a la educación, a la cultura, a la tecnología encontramos enormes disparidades entre estratos sociales.

Finalmente, no quisiera dejar de tocar un tema que se evidenció de manera muy fuerte en los estudios diagnóstico que promovimos desde INCIDE Social sobre los determinantes económicos, sociales y culturales de las violencias y que tiene una muy fuerte influencia en la destrucción del tejido social. Este se refiere a la forma en que en los últimos 20 años ha tenido lugar el crecimiento de las ciudades en el país.

Los cambios al Artículo 27 constitucional de principios de los años noventa, la especulación de la tierra, la enorme ambición de las desarrolladoras de vivienda y la gran corrupción gubernamental en el uso del territorio, han causado un desastre en la urbanización del país. Observamos ciudades que crecen en extensión más rápidamente que su población, ciudades horizontales con problemas de accidentes viales y de tránsito en aumento, ciudades segmentadas socioeconómicamente, guetizadas, despersonalizadas por centros comerciales, mobiliario y arte urbano(esculturas de Sebastían) y transporte homogéneos, con hacinamiento de viviendas y dentro de éstas mismas debido a su pequeño tamaño.

Por un malentendido afán de modernización, que nuevamente encubre corrupción, lavado de dinero y deseo de lucro, (queremos parecernos a Taiwán dijo hace poco un destacado político), estamos viviendo un proceso de destrucción del tejido urbano que continúa avanzando en varias ciudades y en este momento ha tomado como presa preferida a la Ciudad de México.

Se destruyen o dividen barrios y colonias, se cambian usos del suelo, se congestionan y privatizan vialidades. Las personas que habitan las ciudades y los nuevos desarrollos de vivienda son desconocidos entre sí que provienen de muchos lugares y diferentes historias y culturas, que experimentan una gran desconfianza por sus vecinos y que se mudan antes de construir alguna confianza. Las relaciones cotidianas son frágiles y fugaces o son de conflicto por la pelea de espacios en las calles, en los transportes colectivos, en las escuelas, en los estadios y en los espacios públicos, en general.

Los esfuerzos públicos y organizados para reconstruir o construir comunidad y tejido social son escasos y las más de las veces poco sostenidos en el tiempo. Programas como Habitat o el de Espacios Públicos o la Línea Verde y el Convive Féliz en Aguascalientes, no se mantienen en el tiempo. Nuevos gobiernos desconocen lo hecho por los anteriores e inventan nuevos programas cada tres o seis años. Son ciclos interminables de destrucción y abandono y de poca construcción inteligente y duradera.

Las personas en las ciudades destinan muchas horas para trasladarse, viven con estrés y en riesgo permanente de violencia y accidentes, son maltratadas en su calidad de ciudadanos por autoridades abusivas, acosadoras e irrespetuosas, pagan impuestos y no reciben servicios públicos suficientes y de calidad.

Al final las aglomeradas ciudades producen grandes soledades, conspiran contra la convivencia, generan desesperanza y una enorme apatía ciudadana.

El recuento del desastre en el bienestar y en el tejido social en México podría continuar por varias horas.

Al final termino con otras preguntas:

  • cómo reconstruimos lo público desde abajo,
  • cómo consensamos reglas de convivencia que no signifiquen tener un policía detrás de cada uno de nosotros para que nos portemos bien y respetemos a los otros,
  • cómo definimos nuevos pactos entre los actores del bienestar: las personas, las familias, el Estado y el mercado
  • cómo incluimos y reconocemos en esos pactos las cuatro categorías de requerimientos para la vida de las personas: los materiales, los psicoemocionales, los de seguridad y los culturales; y
  • cómo recuperamos la construcción y socialización de seres humanos solidarios, respetuosos, responsables y con sentido de lo colectivo.
  • cómo construimos confianza, comunidad y ciudadanía.