Archivo de la categoría: Derechos Humanos

Lo importante es el acceso a la justicia

12 septiembre, 2024JusticiaJusticiaClara Jusidman

Perder el tiempo para atacar de manera artera y carente de verdad al Poder Judicial de la Federación afecta el equilibrio entre poderes, así como a nuestra precaria democracia y pospone la urgente necesidad de atender la falta de acceso a la justicia de la población.

Los tres poderes del estado y los tres niveles de gobierno deberían estar ocupados, articulados y usando su tiempo para resolver la desesperante falta de acceso a la justicia que nos coloca en el lugar 131 de 140 países en el Índice de acceso a la justicia civil (WJP) y con el menor gasto en seguridad pública y en el sistema de justicia de cualquier país de América Latina.

Cientos de miles de víctimas, tanto del crimen organizado como de la delincuencia común, sufren la ineficacia, la corrupción y la insuficiencia de las fiscalías y de los tribunales responsables de procurar e impartir justicia, que además resuelven muy pocos casos.

Las policías y fiscalías se concentran en delitos de poca monta o capturan personas en flagrancia o a quienes les “siembran pruebas”. Llenan las cárceles con población de escasos recursos y por delitos menores.

La percepción de la comunidad es que quienes cometen delitos no sufren consecuencia alguna y que denunciar los crímenes no sirve para nada (Agenda Nacional de Paz).

Se trata de 32 fiscalías y 32 tribunales estatales donde la situación de acceso a la justicia es la peor: sometidos a los gobernadores, sin suficientes recursos, sin capacidades profesionales, ni tecnología actualizada.

Se suman la Fiscalía Federal, también carente de toda autonomía y de profesionalismo, y finalmente, el Poder Judicial de la Federación que ha mejorado su desempeño y está defendiendo su independencia.

Uno se pregunta: si desde el inicio de su administración el presidente sabía de la existencia de los trece fideicomisos del Poder Judicial Federal que pretende desaparecer, ¿por qué hasta ahora quiere pasar los 15 mil millones de pesos que suman sus recursos a una caja negra sin control alguno?

¿Será porque los mecanismos que ha usado para someter a la Corte Federal no le han funcionado? ¿Será porque la composición de esta ha frenado varias de sus iniciativas de ley?

¿Por qué tanto encono del presidente contra la presidente y los ministros de la corte?

Un día sí y otro también, los insulta y los descalifica como recién ocurrió contra el ministro Juan Luis González Alcántara, quien en ejercicio de sus derechos y congruente con su historia de jurista destacado y honorable, acompañó las marchas del domingo pasado para protestar contra este nuevo abuso del poder presidencial.

Lo que menos interesa al gobierno son las necesidades reales de acceso a la justicia de la población. Un derecho humano totalmente conculcado en el país al no haber consecuencias para delitos que agobian y mantienen a la población en una situación de miedo y violencia normalizada y crónica.

Escuchar los dolores de las personas en el territorio

12 septiembre, 2024Bienestar, Derechos HumanosClara Jusidman

1002 conversatorios comunitarios, 50 foros estatales y temáticos, 18,000 personas participantes fueron la base para llevar a cabo el Diálogo Nacional por la Paz en la Universidad Iberoamericana de Puebla del 21 al 23 de septiembre.

Asistimos al evento cerca de 1,200 personas. La organización fue impecable y la calidez de nuestros anfitriones notable. Escuchamos conferencias magistrales, foros de especialistas, de víctimas, migrantes e indígenas y la exposición de buenas prácticas al nivel local en materia de seguridad, justicia y tejido social.

Tuvimos la oportunidad de conversar y conocernos en 44 grupos de 20 personas y al final nos reunimos por estados para evaluar lo ocurrido y mirar hacia el futuro.

Algunos eventos se pueden escuchar en el canal de YouTube de la Ibero Puebla. Considero especialmente valiosos el resumen de los Diálogos Sociales presentado por el P. Hernández Quezada, SJ; la conferencia magistral sobre la realidad del país a cargo de Elena Azaola y Jorge Atilano y el foro sobre buenas prácticas de seguridad ciudadana.

Resumo lo que más me impactó del evento

En primer lugar, el buen espíritu y la cordialidad que privaba. Había un deseo de escuchar, intercambiar, aprender y fundamentalmente, de encontrar alguna ruta para salir del abismo que vivimos ante una violencia inaudita y descontrolada.

En segundo lugar, la importancia del reconocimiento. Todas las personas son valiosas y merecen ser bien tratadas, desde los niños y niñas pequeñas, las juventudes, las mujeres, las personas indígenas y las mayores, así como aquellas que nos brindan un servicio y que muchas veces portan uniformes como los policías, las que limpian los espacios públicos, las meseras, entre muchos otros. Basta saludarnos y mirarnos para sentirnos reconocidos.

Los jóvenes entran a la delincuencia para tener reconocimiento por las camionetas, la ropa o las armas que portan. Quieren ser “influencers” para obtener muchos “likes” y ganar dinero.

En tercer lugar, la importancia de las autoridades locales y la necesidad de fortalecer a los gobiernos y policías municipales. En los diálogos se hizo evidente el miedo, la ansiedad, el estrés y el daño a su salud mental que experimentan los servidores públicos locales y sus familias. Sin embargo, se hizo muy claro que recuperar la seguridad en las comunidades, barrios y colonias sólo puede ser logrado por los gobiernos locales. Dignificar la función de policías, maestras y personal sanitario, en contacto directo con los ciudadanos, cambiaría la desconfianza hacia los gobernantes. Se advirtió del enorme riesgo que corremos si por la vía electoral, ese nivel de gobierno es capturado por la delincuencia.

Varios grupos se han venido reuniendo para proponer agendas a las y los candidatos. Convendría que escucharan los dolores expresados por la población en los diálogos sociales, promovidos por los jesuitas y apoyados por toda la iglesia católica en todo el territorio. Sería recomendable también que revisaran la Agenda Nacional de Paz que resulta de ese proceso.

Privatizar el bienestar

12 septiembre, 2024Bienestar, Derechos Humanos, SaludClara Jusidman

En los últimos días han abundado los debates sobre si los niveles de pobreza y desigualdad disminuyeron entre 2018 y 2022, si lo hicieron ¿en cuánto? y, en su caso, ¿por qué?

Para unos la reducción de los índices de pobreza por ingresos de 49.9% a 43.5% es decir, de 61.8 a 56.1 millones de personas, así como de pobreza extrema de 14.0 % a 12.1% que bajó 17.3 a 15.5 millones de personas (CONEVAL) son prueba de que las políticas del gobierno de la 4T han sido un éxito, a pesar de la pandemia vivida.

Señalan que los buenos resultados, son producto de los aumentos en los salarios mínimos y las políticas laborales, incluyendo la reducción del outsourcing; los programas de transferencias monetarias directas, en particular la pensión para adultos mayores, y los proyectos de inversión en el Sureste del país: Dos Bocas, Tren Maya y el Transístmico que generan empleo e ingresos en estados pobres.

Los críticos señalan que los programas de transferencias monetarias directas tienen un impacto muy pequeño en la reducción de la pobreza medida por ingresos (menos del 2%).

Reconocen que si ésta se mide por carencias de acceso a derechos, se observa una pequeña disminución en los índices de pobreza total pero ninguna en los de pobreza extrema. Por ejemplo, en la medición de la pobreza multidimensional se encuentra un incremento de 16.2% a 39.1% de las personas con carencia de acceso a los servicios de salud lo que significa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas entre 2018 y 2022. Se señala que esto se debe al fracaso de la transición del Seguro Popular a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Además, con datos de la OCDE, muestran que el por ciento del Producto Interno Bruto dedicado a la política social no ha variado y que está muy por debajo del que se observa en otros países como son Costa Rica, Chile o Colombia. Además, que la proporción del gasto social dirigido a las transferencias monetarias directas ha aumentado en contra de la que se destina a los servicios públicos sociales como son los de salud y educación.

Es indudable que los aumentos a los salarios mínimos han mejorado de manera importante, al menos en 20 %, los ingresos de las familias que viven fundamentalmente de la venta de su fuerza de trabajo y que se encuentran en los estratos más bajos de ingreso. Fue ese aumento lo que permitió reducir las carencias en materia de alimentación pues esta necesidad se cubre comprando alimentos en el mercado privado. No existen programas públicos de provisión de alimentos, ni tampoco de control de precios de alimentos. Posiblemente también permitió el mayor gasto de las familias en medicamentos y en servicios de salud privados.

El problema es que el gobierno no tiene la capacidad ni el interés, de vigilar la calidad, los precios, ni el tipo de productos y servicios que ofrecen los mercados privados a la población como son los alimentos ultra-procesados o los servicios de médicos de las farmacias.

Es el camino neoliberal a una privatización del bienestar, como ya ocurrió con la producción de viviendas: en lugar de ser un derecho ahora es una mercancía.

La soberbia conduce a la violencia

10 septiembre, 2024Derechos HumanosClara Jusidman

06.07.2023

La Silla Rota

Pensar que uno es superior a otras personas por raza, religión, color de piel, conocimientos, cultura, riqueza, posición o poder político, conduce a diversos tipos de violencia, provoca discriminación, maltrato, exclusión, explotación, abuso e incluso, la muerte de otras personas.

El 2 de julio pasado participé en la presentación de un libro que contiene el relato de una persona de origen judío, Bronislaw Zajbert, que vivió, de los 7 a los 12 años, en el gueto de Lodz, en Polonia. Con su padre, su madre y su hermanito, estuvieron recluidos en la cocina de una casa del gueto de 1940 a 1945.

Este era un campo de trabajos forzados, donde se fabricaban diversos productos de consumo para la población alemana, incluso ropa interior para mujeres.

Los nazis sustituyeron con trabajo esclavo judío a los trabajadores alemanes que reclutaron para sus ejércitos de conquista territorial. Crearon más de mil cien guetos en territorios ocupados, desde Polonia hasta Rusia. Cerca de la mitad de los judíos que vivían en esa área fueron deportados a un gueto.

Cuando el gueto de Lodz fue creado en 1940, los nazis encerraron a 163 mil 177 judíos en el mismo. A la llegada de las tropas de los países aliados, la familia de Broni fue parte de los 877 judíos que quedaron con vida.

Era un gueto totalmente cerrado al exterior, del cual salían camiones con judíos para los campos de exterminio. Los habitantes del gueto pensaban que eran trasladados a otros campos de trabajo, no sabían que su destino era la muerte.

No puedo imaginarme el grado de soberbia y perversidad de los nazis, perpetradores de una violencia ejercida durante tantos años, en tan diversas formas y con tanta sangre fría, en contra de seres humanos a los que no consideraban como tales. Buscaron, idearon y probaron diversos métodos masivos para borrar la existencia de razas y culturas como fueron 6 millones de judíos, 250 mil romaníes, 312 mil serbios, 250 mil personas con discapacidad, además de miles de comunistas, sacerdotes y personas homosexuales.

Sólo han pasado 80 años de las brutales torturas, de los inhumanos experimentos médicos, de las cámaras de gas, de las muertes por fusilamiento, por ahogamiento, por enfermedades desatendidas o por hambre y frío, ante el enclaustramiento y hacinamiento de miles de seres humanos en guetos y campos de concentración y exterminio.

Las masacres sólo fueron reconocidas por los países aliados, al término de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aún tuvieron que pasar varias décadas para que la magnitud y la naturaleza de las mismas fueran investigadas y documentadas, y para que las comunidades judías procesaran el enorme trauma con sus secuelas, e hicieran un esfuerzo de recuperación de la memoria.

Actualmente hay un interés especial por obtener testimonios como el de Bronislaw Zajbert, pues los sobrevivientes de esa gran masacre están despareciendo. “Mi nombre es Broni” es el de un adulto de 90 años que vivió y vio truncada su niñez, durante el Holocausto.

Destruir capacidades de producción de alimentos

4 septiembre, 2024Alimentación, Derechos HumanosMéxicoClara Jusidman

Cada mañana despertamos con la noticia de la desaparición de alguna institución, de alguna norma, del cambio de una ley o de la reducción de un presupuesto.

Las capacidades para gobernar, para ordenar la vida colectiva, están siendo sistemáticamente destruidas por un gobierno crecientemente centralizado y autoritario.

Bajo lo que llaman “austeridad republicana”, combate al conservadurismo y respeto a una supuesta voluntad del “pueblo”, un día sí y otro también, destruyen al Estado. Gobiernan con soberbia, resentimiento, confrontando, e imponiendo.

Son los únicos que saben lo que el “pueblo” quiere, no dudan, no preguntan, no dialogan. No consultan ni a la población que afectan con sus decisiones, ni a los expertos, a quienes desprecian profundamente.

Ahora abandonan a su suerte, no obstante, lo que prescribe la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a los productores comerciales de grano de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato y de los estados del Golfo de México, que pertenecen tanto al sector social, como al privado.

Se trata de productores de maíz, trigo, sorgo que fueron sometidos por los gobiernos, a partir de los tratados de libre comercio de América del Norte, a la competencia con una agricultura tecnificada y altamente subsidiada de Estados Unidos, así como a precios impuestos por las poderosas comercializadoras trasnacionales de granos.

Los productores nacionales pasan actualmente una situación crítica. Operan en distritos de riego deteriorados, además han enfrentado una fuerte sequía. El gobierno actual redujo a los huesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y destruyó, recientemente, los últimos instrumentos que aún ayudaban a los productores como la Financiera Rural (FND), debido a deficiencias en su manejo.

En el Acuerdo de Cajeme que elaboraron recientemente, los productores se quejan “de una caída estrepitosa de los precios internacionales que se cruza con incrementos exponenciales en los costos de producción”.

Advierten que “Si el gobierno federal se mantiene sin ver ni oír, sin dimensionar las consecuencias de no acudir al rescate de los productores nacionales, estaremos sufriendo una herida cuyas repercusiones económicas, políticas y sociales tendrán un impacto de consecuencias impredecibles para todos los mexicanos”

Marcan la urgencia de una redefinición absoluta de la política alimentaria, la reinstalación de los instrumentos para lograr duplicar la producción de granos básicos como son precios de garantía, crédito, un sistema nacional de acopio, producción de semillas, extensionismo e infraestructura hidráulica.

México importa en la actualidad el 52 % de su consumo total de granos y oleaginosas. Para 2022 se cubrió un 39% del consumo interno de maíz con importaciones y con 65%, el de trigo. Somos el tercer importador de sorgo en el mundo.

¿A la destrucción de capacidades estatales sigue la destrucción de capacidades productivas?

Índice de Paz México 2023

4 septiembre, 2024Derechos Humanos, Estado de derecho, Seguridad, ViolenciasMéxicoClara Jusidman

El pasado martes el Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer la décima edición del Índice de Paz México, un esfuerzo que permite seguir las tendencias de las violencias y de la paz en nuestro país, tanto a nivel nacional como por estados.

De la valiosa información sistematizada en el documento sólo destacaré algunos datos sobre las tendencias entre 2015 y 2022.

En ese periodo la paz en México se ha deteriorado en 14.8 %, aunque ha mejorado 3.6% en los últimos tres años. Es decir, estamos muy lejos de alcanzar siquiera los ya de por sí bajos niveles de paz que teníamos en 2015.

La tasa nacional de homicidios aumentó en 63% de 15.1 a 24.5 muertes por cada 100,000 habitantes y la de delincuencia organizada en 64.2 % desde 2015, impulsada por un aumento del 149% de la tasa de delitos de narcomenudeo.

En la última década, México se ha convertido en un lugar altamente peligroso para los activistas sociales en defensa de los derechos humanos y ambientales. Ocupa el segundo lugar más mortífero en el mundo para periodistas. En 2022 un total de 403 policías fueron asesinados. Agregaría que un número creciente de sacerdotes son asesinados, 33 en la última década. El más reciente, el de Javier García Villafaña, cometido el lunes en Michoacán.

Desde mi óptica el tráfico de estupefacientes ha sido la actividad principal del crimen organizado en nuestro país. Lamentablemente, cambios importantes en la composición de la demanda de drogas en Estados Unidos producen mucha inestabilidad en las ganancias que recibe la delincuencia organizada. De un elevado consumo de mariguana, cambió a una mayor demanda de cocaína y a opiáceos sintéticos como el fentanilo, en los últimos años. Las drogas de diseño complejizan las posibilidades de participación en su producción y comercialización.

La política prohibicionista impuesta por el gobierno de Estados Unidos, conlleva la ilegalidad y a que las disputas entre grupos delincuenciales se diriman, con violencia.

Al ver reducidas sus ganancias, situados en la ilegalidad, con elevados niveles de impunidad y con una política de seguridad laxa, penetran y controlan crecientemente actividades económicas legales. Someten y extraen ingresos de productores y comerciantes por la vía de la extorsión, cobro de piso, control de proveedores y de las ventas.

Asimismo, expanden su actividad a otros delitos como la trata de personas, los desalojos para tomar tierras, bosques y fuentes de agua o la extracción ilícita de combustibles, minerales y especies animales, entre otros.

Es así como la población ha llegado a estar sometida, explotada y abusada por los carteles y las bandas del crimen organizado. Sus actividades, además, están coludidas y protegidas por políticos, empresarios y militares que, con ello, acrecientan su riqueza y su poder.

En razón de esta gravísima situación, varias organizaciones de la sociedad civil han colocado como prioridad en sus agendas, la consecución de paz y la reducción de las violencias.

Franquicias sociales ante la nueva ola de inversiones industriales

4 septiembre, 2024Educación, SaludMéxico, salud, socialClara Jusidman

Sería una ingenuidad esperar que en México los gobiernos y las nuevas empresas prevean y realicen las inversiones requeridas para atender las necesidades de servicios sociales de las personas trabajadoras y sus familias, que se movilizarán en busca de empleos e ingresos, ante la relocalización industrial que está teniendo lugar.

Por años hemos atestiguado la insuficiencia de los servicios públicos de salud, educación, transporte y de infraestructura urbana como calles pavimentadas, drenaje, distribución de agua, así como la falta de mantenimiento de los existentes. Con los cambios de gobiernos programas sociales que daban alguna esperanza como las escuelas de tiempo completo, la recuperación de espacios públicos, las estancias infantiles, de prevención de las violencias, han sido abandonados.

Hemos vivido con la esperanza de que el Estado provea servicios de salud, educación, seguridad social, energía y acceso al agua de calidad con cobertura universal o al menos, para quienes no pueden acceder con sus propios recursos. Con cada cambio de gobierno nuestras expectativas se ven frustradas.

Las tendencias de los últimos tiempos parecen apuntar hacia rumbos distintos. Se trata del surgimiento de una serie de iniciativas de servicios sociales que son realizados por entes privados a bajo costo, para las poblaciones de menores recursos.

Un ejemplo son los consultorios adyacentes a las farmacias que proporcionan el nivel básico de salud, tan abandonado por los gobiernos. Dan una atención rápida y cercana, a cambio de comprar los medicamentos en la farmacia correspondiente. En 2021 proporcionaron una de cada cinco consultas médicas en el país.

Otro ejemplo son los servicios de Salud Digna que incluyen consultas médicas, lentes, estudios de imagen y de laboratorio a precios muy accesibles. Existen más de 170 en 80 ciudades en México.

Nada que ver con las cadenas privadas que aprovechan el mercado de las poblaciones pobres ofreciendo una variedad de productos chatarra y servicios financieros abusivos para despojarlas de sus precarios ingresos.

Frente a la incapacidad y el desinterés de larga data, mostrado por el Estado mexicano para ampliar el presupuesto y mejorar la calidad y la disponibilidad de servicios sociales públicos ¿será posible que empresas socialmente responsables desarrollen otros servicios sociales accesibles y de calidad para combatir la enorme desigualdad que prevalece en el país?

En ese propósito podrían crearse sinergias interesantes entre organizaciones civiles, sociales y comunitarias y agentes desarrolladores de modelos de atención, bajo un formato de franquicias sociales. Su debida puesta en práctica, sus precios y su funcionamiento sería vigilado por mecanismos de contraloría ciudadana, frente a la destrucción intencionada de capacidades de regulación del Estado.

Edadismo. Discriminación de las personas mayores.

16 febrero, 2023Derechos Humanos, Discriminación, Sociedad civil, Tejido social, UncategorizedClara Jusidman

Hace dos semanas se llevó a cabo la reunión de presentación del grupo MEXICOLECTIVO cuyo propósito es convocar a la construcción de un proyecto de nación, con la confluencia de todas las personas dispuestas a expresar sus opiniones, escuchar a otras y alcanzar consensos sobre el futuro del país.

Originalmente estuvo formado por veinte personas a las cuales, a lo largo de un año, se fueron sumando otras veinte. Cada una tuvo la oportunidad de invitar a diez personas al evento, por lo que la asistencia resultó un tanto variopinta.

Algunos de los integrantes originales, por diversas razones, decidimos no participar, ni convocar a dicho evento. Sin embargo, a pesar de haberlo notificado con oportunidad, nuestros nombres empezaron a salir en la prensa en calidad de convocantes principales cuando en realidad, en su caso, éramos cuarenta integrantes originales.

Un destacado comunicador tuvo la habilidad de obtener la edad de los ocho convocantes destacados por los medios y calculó un promedio de 73 años de edad. Su cuestionamiento principal al grupo era que no había jóvenes. Mencionó como ejemplo el caso de tres que calificó de brillantes, que curiosamente habían desertado de los partidos políticos en los que participaban.

Otro comunicador, de precisamente 73 años, que promueve diálogos en donde no deja intervenir a sus interlocutores, sostuvo que MEXICOLECTIVO era un grupo de viejos que ya habían tenido oportunidad de participar en la vida pública y que no habían aportado nada al país.

A partir de estas posiciones, podríamos concluir que las personas mayores ya no tenemos derechos de ciudadanía, no debemos participar, organizarnos, ni opinar sobre la cosa pública, que son sólo los jóvenes los responsables del futuro del país.

Que es la gerontocracia en los gobiernos, en los partidos políticos, en los poderes judiciales y legislativos, en el manejo de empresas y de universidades la que ha llevado al país a su situación actual.

Pues resulta que, de los 32 gobernadores, 21 tienen menos de 60 años (4 de ellos incluso menos de 40). De 20 integrantes del gabinete presidencial 8 tienen menos de 60 años y 4 de los líderes de los 7 partidos políticos, tienen 50 años y menos.

Los jóvenes están participando en la política, en los gobiernos, en la sociedad civil, en las redes sociales. Muchos se están formando o gozando, con todo derecho, de su juventud. Lamentablemente, representan la mayor proporción de personas en reclusión, desaparecidas y asesinadas. Los jóvenes son a la vez víctimas y victimarios de la violencia normalizada.

La desigualdad, la pobreza, la exclusión y las violencias cada vez más agudas, requieren para enfrentarlas del concurso de todas y todos, de la construcción de un pacto social y del desarrollo de una nueva estatalidad que reconozca la enorme complejidad social.

No estamos frente a problemas que derivan de las omisiones de los viejos. El edadismo, la discriminación de las personas mayores, se ha convertido en una expresión grave de intolerancia.

Recepción de la Medalla al Mérito de derechos humanos

10 diciembre, 2019Biográfico, Derechos HumanosClara Jusidman

El Congreso de la Ciudad de México entregó la Medalla al Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la Ciudad de México a la economista y activista Clara Jusidman y a la asociación civil Espacio Libre Independiente Marabunta.

Al recibir el galardón, Jusidman agradeció la distinción y afirmó que a pesar del trabajo de los defensores de derechos humanos en distintos niveles, frente a la crisis de violencia que se vive en el país y que se convierte en crisis humanitaria, se está perdiendo la batalla en el tema.

“Estamos realmente buscando un cambio cultural que ponga en el centro de la organización de nuestras sociedades el respeto y reconocimiento de la dignidad de todas las personas, para que podamos remontar tanta miseria, tanta avaricia, tanta maldad”, dijo.

Afirmó que otra forma de ejercer la defensa de los derechos humanos es mediante la denuncia, la exposición pública de violaciones e investigación de hechos que conmueven y pasan desapercibidos.

En ese sentido destacó la labor de los periodistas. “Los comunicadores que han sido objeto de persecución, desaparición, ejecuciones, hasta alcanzar este año la vergonzosa y triste cifra de 17 periodistas asesinados en nuestro país”, expuso ante diputados locales y la ombudsperson Nasheli Ramírez.

También hizo un reconocimiento a los defensores de derechos humanos “en esta triste etapa histórica de México”, en que desde organizaciones y en lo individual defienden o exigen justicia.

Además los que buscan justicia a las personas ante despojo de bienes comunales a comunidades indígenas, desplazamiento forzado, actos de discriminación a personas con discapacidad, adultos mayores o poblaciones callejeras o del encarcelamiento injusto.

Además de mujeres por causas de aborto, que son las que enfrentan la debilidad de las instituciones para cumplir con su obligación de proteger a la población o que abusan de su autoridad y ellas mismas cometen violaciones.

“Estos defensores y defensoras, con su comprometida acción cotidiana, visibilizan el desastroso estado en que se encuentra nuestro país, que provoca la grave crisis de derechos humanos que nos agobia”, dijo.

La exconstitucionalista consideró que hay muchas maneras de defender los derechos humanos y luchar por la justicia social, la democracia y la paz: desde buscando posiciones políticas donde procuran que se gobierne, legisle o se aplique la justicia con este enfoque.

Otros, afirmó, se incorporan a las instituciones que defienden derechos humanos, es decir son defensores desde las instituciones del propio Estado.

Destacó la Carta de Derechos contenida en la Constitución de la Ciudad de México, en la cual quedaron incorporados aquellos derechos ya reconocidos por la Constitución nacional, pero además nuevas garantías emergentes para alcanzar una vida digna.

Entre ellos mencionó el derecho a la movilidad, a la seguridad urbana y protección civil, al tiempo libre, al espacio público, y confió que en poco tiempo exista una legislación del derecho al cuidado, a la muerte digna, al deporte y a la buena administración.

En el marco del Día de los Derechos Humanos, los diputados de todas las bancadas hicieron un reconocimiento a Jusidman por su trabajo como activista y académica, conocedora y defensora de los derechos humanos, diputada Constituyente, entre otros.

El Congreso local también entregó la Medalla al Mérito a la asociación civil Espacio Libre Independiente Marabunta, por sus tareas de protección de derechos humanos, impulsar y defender causas vecinales y porque contribuye a la eliminación de ambientes violentos.

Sus integrantes participan como pacificadores, mediadores y defensores en movilizaciones en la Ciudad de México, porque promueven la convivencia respetuosa y sin violencia, además son voluntarios que trabajan por la paz con perspectiva humanista.

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