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La violencia como la basura, la producimos todos y todas

La pandemia y el consecuente encerramiento, la inseguridad y la violencia prevalecientes, la polarización política y el aumento del tiempo utilizado en las redes sociales están afectando nuestras relaciones de convivencia, destruyendo tejido social, generando soledad y abonando a más violencia.

Ya no nos reconocemos en los otros, ni nos interesamos por el bien de los demás. Estamos ensimismados, muchos buscando un sentido de vida, otros el éxito y el reconocimiento personal, otros más esperanzados en que el gobierno les resuelva la vida, o aquellos que viven en sus espacios de alabanzas mutuas.

Las semanas recientes fuimos testigos de más actos de violencia. El problema es que ya nos son sólo los actos resultantes del crimen organizado y del nivel de crueldad que ejerce al destruir vidas, cancelar libertades y someter a nuevas esclavitudes.

Cada vez es más evidente que nos hemos convertido en una sociedad violenta, que nuestras relaciones cotidianas son violentas, así el joven que maltrata al vigilante o al mesero, aquellos que hacen caer a una persona mayor en la calle y la patean, los automovilistas que agreden a los ciclistas o los motociclistas que ponen en peligro sus vidas y las de otros o los niños y niñas que se relacionan a golpes con sus compañeros.

Lamentablemente los más frecuente son las prácticas de violencias de todo tipo en los hogares, incluso asesinando a las parejas. Quienes la ejercen ponen el ejemplo de la violencia como forma de ejercer el poder o resolver conflictos a las generaciones jóvenes. Convierten el ser violento como un patrón para ser reconocido y poderoso.

Los actos disruptivos ejercidos por militantes de un partido político en el Congreso de Nuevo León el 29  de noviembre en desacato a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial son un claro ejemplo del nivel de violencia e impunidad que hemos alcanzado.

La creciente ausencia del Estado Mexicano en el uso legítimo de la fuerza para facilitar una convivencia con claros límites a la trasgresión de las normas que determinan nuestro pacto social y la polarización alentada desde el poder político están llevándonos por un camino de confrontación que puede estallar en el próximo proceso electoral.

Muchos nos preguntamos ¿qué podemos hacer personalmente para detener la espiral de violencia en que vivimos? Lo primero es hacer conciencia de nuestras propias prácticas de violencia  como maltratar a nuestros hijos, no saludar y reconocer la presencia de otras personas en los espacios públicos, sumergirnos y aislarnos en nuestros teléfonos celulares, no pagar dignamente  los trabajos que otros realizan para nosotros, utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para insultar, burlarse, difundir mentiras y agresiones o no respetar las reglas de tránsito y ser corteses con otros usuarios de las calles.

La violencia, como la basura, la producimos todos y todas. Para detener la espiral de violencia hagamos conciencia de nuestras propias conductas violentas y procedamos a cambiarlas.

Índice de Paz México 2023

El pasado martes el Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer la décima edición del Índice de Paz México, un esfuerzo que permite seguir las tendencias de las violencias y de la paz en nuestro país, tanto a nivel nacional como por estados.

De la valiosa información sistematizada en el documento sólo destacaré algunos datos sobre las tendencias entre 2015 y 2022.

En ese periodo la paz en México se ha deteriorado en 14.8 %, aunque ha mejorado 3.6% en los últimos tres años. Es decir, estamos muy lejos de alcanzar siquiera los ya de por sí bajos niveles de paz que teníamos en 2015.

La tasa nacional de homicidios aumentó en 63% de 15.1 a 24.5 muertes por cada 100,000 habitantes y la de delincuencia organizada en 64.2 % desde 2015, impulsada por un aumento del 149% de la tasa de delitos de narcomenudeo.

En la última década, México se ha convertido en un lugar altamente peligroso para los activistas sociales en defensa de los derechos humanos y ambientales. Ocupa el segundo lugar más mortífero en el mundo para periodistas. En 2022 un total de 403 policías fueron asesinados. Agregaría que un número creciente de sacerdotes son asesinados, 33 en la última década. El más reciente, el de Javier García Villafaña, cometido el lunes en Michoacán. 

Desde mi óptica el tráfico de estupefacientes ha sido la actividad principal del crimen organizado en nuestro país. Lamentablemente, cambios importantes en la composición de la demanda de drogas en Estados Unidos producen mucha inestabilidad en las ganancias que recibe la delincuencia organizada. De un elevado consumo de mariguana, cambió a una mayor demanda de cocaína y a opiáceos sintéticos como el fentanilo, en los últimos años. Las drogas de diseño complejizan las posibilidades de participación en su producción y comercialización.

La política prohibicionista impuesta por el gobierno de Estados Unidos, conlleva la ilegalidad y a que las disputas entre grupos delincuenciales se diriman, con violencia. 

Al ver reducidas sus ganancias, situados en la ilegalidad, con elevados niveles de impunidad y con una política de seguridad laxa, penetran y controlan crecientemente actividades económicas legales. Someten y extraen ingresos de productores y comerciantes por la vía de la extorsión, cobro de piso, control de proveedores y de las ventas.

Asimismo, expanden su actividad a otros delitos como la trata de personas, los desalojos para tomar tierras, bosques y fuentes de agua o la extracción ilícita de combustibles, minerales y especies animales, entre otros.

Es así como la población ha llegado a estar sometida, explotada y abusada por los carteles y las bandas del crimen organizado. Sus actividades, además, están coludidas y protegidas por políticos, empresarios y militares que, con ello, acrecientan su riqueza y su poder.

En razón de esta gravísima situación, varias organizaciones de la sociedad civil han colocado como prioridad en sus agendas, la consecución de paz y la reducción de las violencias.

Requisitos mínimos para una política de prevención social de las violencias y del delito

Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia:

hacia una política de Estado centrada en los Derechos Humanos.

 

 

 

Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la invitación para participar en esta segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

Se nos ha pedido comentar sobre la importancia de las políticas de prevención social y comunitaria para promover y proteger derechos relacionados con la seguridad ciudadana, sobre las características de esas políticas, o sobre casos de éxito o lecciones aprendidas en la aplicación de políticas de prevención social y comunitaria.

Después de haber realizado un esfuerzo importante desde INCIDE Social A.C. durante al menos 20 años, para que gobiernos de los tres órdenes comprendieran y adoptaran políticas gubernamentales para la prevención social de las violencias, aprovecharía esta oportunidad para hacer una reflexión sobre las lecciones aprendidas frente a un intento fracasado para lograr ese propósito.

Una aclaración que me parece necesario formular consiste establecer una diferencia entre una política o un programa de prevención social y comunitaria de las violencias diseñado y operado por el Estado que puede contar o no con apoyo de actores no estatales, respecto de un programa de prevención social y comunitaria donde quienes operan son los actores no estatales o las organizaciones comunitarias y civiles y el Estado financia sus proyectos. Es decir, considero que hay una gran diferencia entre una política gubernamental o pública diseñada y ejecutada por el Estado, respecto de modelos o experiencias de intervención concretas de actores no estatales. La primera tiene escala en todo el territorio nacional o en territorios seleccionados y las segundas sólo pueden reproducirse en la medida en que el actor no estatal o la organización civil cuente con los medios, los recursos humanos y de dirección necesarios y sostenibles en el tiempo.

El trabajo de INCIDE Social A.C. ha estado orientado a tratar de incidir en el desarrollo de políticas públicas para la prevención social de las violencias.

Como antecedente mencionaré muy brevemente algunas de las acciones que emprendimos en primer lugar desde el Gobierno del Distrito Federal entre 1998 al 2000, las que llevamos a cabo en segundo lugar, en apoyo a la construcción de una política de prevención social en Ciudad Juárez entre 2003 al 2010, en tercer lugar los trabajos para sustentar mediante investigaciones diagnósticas, programas de prevención en cuatro áreas metropolitanas y varios municipios y finalmente, en cuarto lugar, la formulación de un manual para evaluar proyectos de desarrollo inmobiliario con criterios de seguridad ciudadana.

En el Gobierno de la ahora Ciudad de México desarrollamos un programa denominado Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) que consistió en recuperar cerca de trescientos espacios públicos entre centros de desarrollo social, casas de cultura y centros deportivos con el propósito de ofrecer a la diversidad de vecinos de las comunidades circundantes actividades y talleres en tres vertientes principales: salud mental comunitaria, arte y cultura y deporte y recreación. Los objetivos para seleccionar y desarrollar las actividades y talleres consistían en: a) permitir un uso constructivo del tiempo libre particularmente de la infancia y las juventudes, dada la cortedad de los horarios escolares y las actividades de trabajo de los padres; b) construir ciudadanía mediante actividades concretas que permitieran desarrollar valores de respeto, convivencia, solidaridad, confianza, aprendizaje de límites y aceptación de reglas; c) construir comunidad y tejido social mediante la convivencia, el desarrollo de proyectos colaborativos y de redes de protección en la comunidad circundante y d) detectar con oportunidad condiciones personales de salud mental que de no ser atendidas en sus expresiones primarias podían poner en peligro la vida o integridad  de la persona  o de otros.

El SECOI se puso en práctica después de un proceso de negociación con las autoridades de las Delegaciones quienes tenían el control de los espacios públicos mencionados. Estos fueron actualizados y equipados con ludotecas, talleres de estimulación temprana, libroclubs, talleres de ciencias y de artes, entre otros; se capacitaron 1500 promotores en 17 modelos de intervención, además de 1500 educadoras para la salud: También se concertaron actividades con algunos actores no estatales que cumplían con el diseño del programa como los del Teatro del Pueblo.

SECOI tuvo una vida de año y medio. Al entrar en 2000 el nuevo gobierno de la Ciudad se canceló. No se le dio el tiempo suficiente de vida como para probar sus bondades o sus fallas.

En 2003, ya como una organización civil que pretende hacer incidencia en políticas públicas, iniciamos en Ciudad Juárez un ciclo de investigaciones diagnósticas para tratar de conocer las causas de las violencias, particularmente agudas en determinadas ciudades y municipios. El propósito era poner en evidencia la necesidad de programas de prevención social de las violencias para enfrenten con anticipación la evolución de los procesos que conducen a éstas.

La contribución que pretendió hacer INCIDE Social en esa etapa fue la de elevar el interés público y político por la adopción de medidas de prevención social y no sólo de seguridad pública policial o militar. Algún efecto tuvimos en la  inclusión de una política y de programas de prevención social a finales del gobierno de Felipe Calderón y posiblemente incluso con el propósito inicial, posteriormente cancelado, del Gobierno actual, de poner en práctica un Programa de Prevención Social de las Violencias.

También desarrollamos un manual que permite verificar si los proyectos de desarrollo inmobiliario tienen previsiones para elevar la seguridad de sus ocupantes o usuarios. Ello en razón de que encontramos en las investigaciones diagnósticas que una causa que contribuye a las violencias es el crecimiento y la caótica urbanización que hemos experimentado particularmente en los últimos 25 años, a partir de que se modificó el artículo 27 constitucional y se liberó el mercado de tierras.

¿Qué lecciones aprendimos después de poco más de 15 años de buscar colocar la prevención social de las violencias en la mira de las políticas públicas de seguridad ciudadana?

  1. Persiste una falta de acuerdo sobre qué debería entenderse por programas de prevención social de las violencias, además de una desafortunada competencia entre los funcionarios responsables de promoverla y en su caso, ejecutarla. A esto contribuimos también las propias organizaciones civiles al competir por los recursos destinados a proyectos de las organizaciones.
  2. La equívoca decisión de considerar que la prevención social de las violencias es parte de la seguridad pública y por tanto debe estar a cargo de las agencias de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Estas no la entienden y no saben cómo llevarla a cabo. Desde mi óptica se requiere articular intervenciones de las secretarías sociales como salud, educación, desarrollo urbano y vivienda e incluso de desarrollo económico. Es un error que la Subsecretaría encargada de la prevención social de las violencias sea parte de la Secretaría de Gobernación y que sean las áreas de seguridad de los municipios y de los estados las que manejen los programas y los recursos de prevención social.
  3. Hay una dependencia total de acciones y proyectos realizados por organizaciones civiles y comunitarias sin que exista una estructura propia de los gobiernos municipales, estatales y federal. Se hace lo que se llama acupuntura social sin que esta tenga efecto en todo el cuerpo social, ni alcance la escala de una política pública. La simulación y la discrecionalidad, en un ambiente de corrupción e impunidad, conlleva a un enorme desvío de los recursos destinados a la prevención social.
  4. La suposición de que con intervenciones de prevención terciaria o de mitigación,el grave problema de violencia y la crisis humanitaria que vive el país se van a revertir o dejarán de crecer. Las acciones se concentran en territorios afectados por las violencias o en grupos como son: las víctimas, las personas con adicciones, las pandillas juveniles, la población en reclusorios.
  5. La enorme dificultad para mantener el tiempo necesario los programas y acciones de prevención social de las violencias para empezar a dar resultados en el desarrollo de resiliencia personal y comunitaria, en la recuperación del tejido social y de la confianza, en la creación de una cultura de paz y el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, en la construcción de autoconfianza y el desarrollo de proyectos de vida entre los y las jóvenes, por ejemplo.
  6. Los constantes cambios de gobierno, la destrucción de programas iniciados por gobiernos previos, la ausencia de presupuestos multianuales y la exigencia de cumplir con metas e indicadores programáticos ajenos a las complejas realidades en las que actúan los programas de prevención, anulan toda la posibilidad de permanecer el suficiente tiempo para dar resultados. Esto genera la sensación entre muchos funcionarios de que estos programas son una pérdida de dinero y tiempo pues los resultados no se reflejan en los índices de criminalidad.
  7. Personalmente la principal lección aprendida es que la destrucción del Estado mexicano, la pérdida de estatalidad, que ya lleva por lo menos 35 años, impide o al menos dificulta, el diseño y puesta en práctica de una política pública de prevención social que efectivamente sea llevada a cabo con presupuesto y con personal de gobierno y con la escala social suficiente para atender a la población en general (prevención primaria), así como a las comunidades y a la población que están en riesgo (prevención secundaria) y a la que ya está siendo afectada por las violencias (prevención terciaria)

Por lo anterior, para diseñar y poner en práctica una política de prevención social y comunitaria de las violencias sería necesario:

  1. Que las agencias que participen se pongan de acuerdo en qué se entenderá por prevención social de las violencias y que clarifiquen cuáles serán sus contribuciones y compromisos.
  2. Que la coordinación del programa se ubique en una Secretaría de Desarrollo Social renovada que amplié sus miras y salga de ser una secretaría antipobreza.
  3. Que se defina un programa a por lo menos 20 años cuyo cumplimiento sea obligatorio para todas las agencias estatales que participen y para el cual se prevean mecanismos de ajuste y actualización frente a los cambios que ocurran.
  4. Que este programa y los que de él deriven al nivel de territorios, sean protegidos por ley de modo que al cambio de gobiernos estos se vean obligados a mantener los programas, excepto que demuestren que es necesario hacer cambios.
  5. Que se garantice la disponibilidad de recursos en el tiempo para las acciones clave del Programa: formación y contratación de promotores, desarrollo y adecuación de modelos de intervención, participación y contraloría ciudadana, entre otros.
  6. Que se pongan en práctica metodologías de evaluación de resultados pertinentes a la naturaleza de un programa de prevención con resultados a largo plazo y que se apliquen de manera que puedan aportar para la corrección de rumbos y la superación de errores.
  7. Que el programa sea diseñado y ejecutado por administradores públicos con conocimiento en la materia y se eliminen los tramos de discrecionalidad que facilitan la corrupción.

Finalmente, estoy personalmente convencida de la importancia de una articulación positiva entre los programas de prevención social y comunitaria de las violencias con los programas de seguridad pública. Los primeros no sustituyen a los segundos. Incluso habrá territorios donde no se podrán realizar acciones de prevención si no existe un programa de seguridad pública que proteja y de cobertura a las acciones de prevención.

Familias y Violencia. Comentario a la ponencia de la Dra. Gina Zabludovsky*

Lo que nos plantea Gina Zabludovsky en su presentación, es que la cultura del trabajo, del trabajo por pago, sigue siendo una cultura fundada en una concepción en que existe un ganador de pan, una persona remunerada en cada familia y que las mujeres se dedican esencialmente a la reproducción de la fuerza de trabajo.

Es este modelo androcéntrico en términos de la cultura de trabajo, donde se espera que el hombre sea el que obtenga el dinero y que por ello esté disponible para el trabajo remunerado a tiempo completo. De ahí deriva la enorme dificultad de las mujeres para poder entrar a este mundo regido por una serie de jerarquías, horarios, estructuras basadas en la disponibilidad total, en tanto que ellas tienen que realizar otras tareas de cuidado y reproducción. La distribución entre sexos de las tareas domésticas y de obtención de ingresos siguen siendo muy inequitativa.

Cuando la mujer entra a realizar estudios superiores no se libera de reproducir los roles para los cuales fue socializada a nivel de las familias; entra a estudios en los campos de la educación, los cuidados en salud, la atención de otros y eso hace que también al insertarse en las empresas, las ocupaciones en donde lo hacen más mujeres sean generalmente aquellas que son una extensión de su función en el hogar. Lo que me parece interesante del planteamiento de Gina es que, aún a niveles directivos, en el desempeño al interior del trabajo, cuando llegan a ocupar posiciones de dirección, reproducen nuevamente tareas que se relacionan mucho con su construcción social y cultural como mujeres.

Uno de los temas incluido en las demandas actuales del movimiento feminista, es la conciliación o armonización entre el trabajo y la vida familiar. Es uno de los temas donde se está dando una lucha en dos vertientes: una por el lado del “parental leave” o permiso parental en el que se ha estado avanzando con cierta rapidez al incluirse en la legislación de varios estados, y por otra parte se plantea la necesidad de crear sistemas de cuidado que puedan ayudar y suplir algunas de las tareas en la atención, desarrollo y protección de los seres humanos, que lamentablemente, por varias causas que comentaré después, han sido desatendidas. Se observa una disminución de los tiempos que los miembros adultos de las familias destinan al cuidado de las nuevas generaciones. Ese es el tema que desde INCIDE Social, nos ha preocupado, porque consideramos que es una de las causas de las múltiples violencias que estamos experimentando.

En INCIDE Social estudiamos a las familias desde hace 20 años y nos ha preocupado más lo que ocurre con éstas en los últimos años por la guerra en la que estamos y por la crisis humanitaria que vivimos. En esta guerra terrible nos preguntamos qué ha pasado con las familias en su rol de reproducción de seres humanos, en su papel como espacio fundamental para la socialización de la infancia y lo que hemos encontrado es que las familias son una construcción social y cultural que ha estado cambiando permanentemente, por factores económicos, sociales, demográficos, culturales e incluso políticos; que observamos ya la presencia de una serie de estructuras familiares que no nos hubiéramos imaginado anteriormente. Hay por ejemplo algo que llaman las familias “dona”, que son aquéllas en la que están solo los abuelos con los nietos debido a que la generación intermedia, padre y madre, migraron o fueron desplazados o asesinados. Hay familias donde sólo viven hermanos y hermanas, sin adultos. Observamos un cambio muy importante en las estructuras familiares y uno de ellos es que el 25% de las familias están encabezadas por mujeres.

Como economista, algo que me interesa es estudiar a la unidad familiar como unidad generadora de ingresos y como unidad de gasto, y lo que hemos visto es que las fuentes principales de ingreso de las familias, que es casi el casi el 70% se obtiene de trabajo asalariado y el 11% de trabajo independiente. Estas fuentes de ingreso familiar han sido muy dañadas por la política económica adoptada por nuestro país por cerca de 40 años. Los niveles de ingreso familiar tienen mucho que ver con la fijación del salario mínimo en este país, misma que ha permitido que ese salario vaya cayendo espectacularmente. Actualmente se requiere de cuatro personas pagadas con un salario mínimo para ganar lo que una sola obtenía en 1976 o sea, si uno ve las gráficas de salario mínimo es para ponerse a llorar, estamos con un salario mínimo por debajo incluso de los países más pobres de AL, debido a que la estrategia de contención salarial es la base de la ventaja comparativa que ofrece México en la economía globalizada, es decir, mano de obra barata.

Y esto ha tenido un efecto perverso en las familias, que han debido usar a todos sus miembros adultos y aveces hasta a los niños para poder obtener ingresos en una economía de mercado.

Ya estamos hablando de cerca del 80% de la población de México que vive en zonas urbanas, que para poder cubrir sus necesidades tienen que salir obligadamente a obtener el ingreso fuera de su hogar y esto ha provocado una desatención de las tareas de cuidado particularmente de niños y adolecentes.

Lo que encontramos es que muchos niños y adolecentes de este país, y particularmente en las zonas de maquila, que son las ciudades más violentas en el norte del país, Tijuana, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, los niños, estos llamados peyorativamente “ninis” (lo que me parece un error que se les llame así), se encuentran solos, viven mucho tiempo solos, porque sus padres trabajan en la maquila en horas cambiantes e inciertos. Lo que planteamos es que este país como constructor de seres humanos ha fallado y ello tiene mucho que ver con los niveles de violencia que vivimos.

Por el lado del consumo, las familias de menores ingresos ocupan el 50% de su ingreso en alimentos, 11% en transporte y otro 11% en energía y combustibles y esos tres ámbitos del consumo han experimentado incrementos de precios espectaculares, porque hemos generado una dependencia alimentaria del exterior, así como de los combustibles. Entonces cuando hay problemas internacionales como los que hubo en el 2007 y 2008, con un incremento notable de los precios de los alimentos, las familias sufrieron mucho y se empobrecieron debido a esa dependencia.

Así, tanto por el lado del ingreso como por el lado del consumo las familias de menores ingresos se están viendo muy agobiadas. Un mecanismo de compensación también usado por las familias ha sido el mandar trabajadores al exterior que les permite la obtención de remesas, así como los programas de transferencia monetaria de ingreso. En la actualidad el 10% de población en el extremo de la pobreza deriva el 37% de sus ingresos de transferencias monetarias. En este momento el programa más grande de transferencias monetarias alcanza a más de 6 millones de familias.

En un contexto de este tipo uno se pregunta cómo no vamos a tener un país violento, si hemos construido niños abandonados, solos. Las escuelas ya no ejercen una función de socialización adecuada, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, los maestros cada vez se separan más de los niños, les tienen miedo y ya no ejercen una función de contención y acompañamiento.

Lo que hemos destruido debido a diversos factores son las capacidades de contención de los grupos familiares, de las escuelas y de las comunidades. Hemos fomentado en cambio el individualismo y la competencia.

El tema es cómo podemos desarrollar políticas de familia que permitan recuperar, no sé si se puedan recuperar, esas capacidades de contención y de fijación de límites y reglas que tenían las familias.

Desde esa óptica, vemos el surgimiento de grupos de víctimas consecuencia de la guerra en México: 310 mil personas desplazadas en el país, miles de viudas, huérfanos, personas discapacitadas por armas de fuego y adicciones. En 15 años ha habido 330 mil homicidios dolosos, en una mayor proporción hombres, lo que implica quitarle a las familias a uno de sus miembros para la obtención de ingresos. Las familias están también afectadas por desapariciones de sus integrantes que se calculan en cerca de 34 mil, así como por los desplazamientos, por los que están perdiendo sus patrimonios, se han tenido que salir de las zonas donde no solo está el crimen organizado sino incluso empresas mineras que están en colusión con el crimen organizado y acaban expulsando a las familias de sus comunidades. La delincuencia está despojando a personas de sus tierras y de su patrimonio en varios estados de México.

En conclusión, desde mi punto de vista,hay una presión externa muy fuerte sobre las realidades y las tareas que tendrían que cumplir las familias como constructoras de seres humanos dignos, particularmente las familias de más bajos ingresos en el país.

 

*International Conference: Inequalities and families: an interdisciplinary perspective 29-30 November & 1 December 2017 Mexico City Committee on Family Research, RC06, International Sociological Association & National Autonomous University of Mexico.

Bienestar, tejido social y violencias.

Agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al Sr. Rector Alejandro Vega Jiménez y a Javier Sicilia la invitación para participar en estos diálogos que se estánrealizando motivados por la consternación que ha producido en la comunidad universitaria y en la sociedad morelense la muerte violenta del Prof. Alejandro Chao y de su esposa Sarah Rebolledo.

Las preguntas que todos nos hacemos ante las violencias que nos acosan, son al menos tres:

  1. ¿Qué nos ha pasado como sociedad que estamos construyendo seres humanos enojados, violentos, sin control de sus emociones de ira y de miedo y sin temor a las consecuencias de sus actos que violentan lo sagrado de la vida y la integridad de otros seres humanos?
  2. ¿Que nos ha pasado en nuestra convivencia que ya no funcionan los mecanismos de control derivados de las normas y costumbres culturales y sociales que ponían límites claros y castigos a quienes las infringían?
  3. ¿Qué ha sucedido con el Estado Mexicano cuya función principal es la de salvaguardar el orden y el respeto a la Ley para lo cual supuestamente se hemos construido un entramado legal e institucional costoso para investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que atentan contra el Estado de derecho?

A partir de estos interrogantes básicos quisiera en esta reflexión aportar algunos hallazgos derivados de investigaciones que hemos venido realizando o promoviendo desde INCIDE Social A.C. la organización civil donde participo desde hace 10 años, investigaciones que se relacionan con nuestro interés sobre el bienestar y el desarrollo social y más recientemente, sobre los determinantes económicos, sociales y culturales de las violencias.

Lo que nos está ocurriendo en México en materia de bienestar, tejido social y violencias es resultado de un contexto general que se caracteriza desde hace más de 30 años, por cambios en los papeles que juegan los cuatro agentes proveedores de bienestar: las personas mismas, las familias, el mercado y el Estado en los siguientes aspectos:

Se parte de un país históricamente desigual, con altos niveles de discriminación, pobreza y corrupción y crecientes problemas para generar trabajo digno para su población joven; que adoptó en la década de los años ochenta un modelo económico centrado en la producción de bienes y servicios para la exportación colocando la productividad, la eficiencia y la competitividad como objetivos del desarrollo del país, en lugar de centrarse en alcanzar el bienestar o la felicidad de los mexicanos y las mexicanas, cuestión que debería ser el objetivo de toda sociedad.

  1. Los personasen ese proyecto se convierten en proveedores de trabajo, por una parte, y consumidores y clientes de lo que se produce y vende en los mercados, por la otra.
  2. Como probables trabajadores se ha insistido en la obligación que tienen de desarrollar sus capacidades de “empleabilidad” mediante la educación escolarizada para poder ser competitivos en los mercados de trabajo y pasar a formar parte, si tienen mucha suerte, de los esclavos con título de doctorado de grandes empresas transnacionales, con disponibilidad completa y sin poder tener ni vida propia ni de familia. La gran mayoría, que no alcanza títulos de posgrado, está condenada a subsistir en condiciones precarias, con gran inseguridad y con ingresos y condiciones de trabajo indignas. De acuerdo al proyecto económico vigente esas mayorías son las culpables de su situación por no haber aprovechado las “fantásticas oportunidades de educación” que brinda la sociedad nacional y por ser “flojas, improductivas e incompetentes”. El slogan preferido del proyecto de economía de mercado es “Edúcate y alcanzarás el paraíso”
  3. Como clientes y consumidores su obligación en el proyecto es estar atentos a todas las innovaciones tecnológicas en productos de consumo para adquirir los últimos modelos promovidos por los medios de comunicación masiva y desechar los viejos aunque estos aún sirvan, pues el importante papel que juega la población en las economías del mercado es de dinamizadores de la producción de miles de cosas, muchas de ellas absolutamente innecesarias y superfluas. La felicidad y el bienestar de las personas se homologan entonces con el número, variedad y calidad de las cosas y bienes que poseen y de los servicios a los que pueden acudir.
  4. Las familias, el segundo agente social proveedor de bienestar, se ven obligadas a echar mano de todo el tiempo de trabajo disponible de sus integrantes para lograr obtener ingresos y poder subsistir. Ello en razón de una política de salarios contenidos sostenida desde finales de la década de los años setenta, por lo que el pago que se recibe por unidad de trabajo ha venido disminuyendo. Un salario mínimo legal actual equivale a una cuarta parte del que estuvo vigente en 1976, año en que se inició una vertiginosa caída de los salarios mínimos. Las familias entonces se ven obligadas a dedicar más tiempo y a todos sus miembros con posibilidades de trabajar, a realizar cualquier tipo de actividades-legales e ilegales-que les permitan la obtención de ingresos, incluso envían a alguno o algunos de sus miembros a Estados Unidos para conseguir trabajo. El tejido y el capital social familiar se va destruyendo dado que el tiempo que destinan a actividades para la generación de ingresos va en detrimento del tiempo que dedican a la economía del cuidado incluyendo el cuidado personal, la crianza y la atención de la infancia y la juventud y ahora, de los adultos mayores, así como al mantenimiento de sus redes sociales.
  5. El mercado, tercer agente proveedor de bienestar, ofrece una gran variedad de productos y servicios con el único objetivo de generar ganancias para las empresas de todo tipo que participan en el mismo. Por ello existe un mercado de drogas, de armas, e incluso de personas y órganos, puesto que en la obtención de lucro no existen limitantes éticos. Los mercados son amorales. Se vende y compra todo lo que se pueda vender y comprar.

El mercado y el afán de lucro destruyen las pequeñas actividades de subsistencia de las familias pobres: la agricultura campesina, la pequeña industria y el pequeño comercio (misceláneas, farmacias, panaderías, tortillerías), los diversos talleres de servicios de reparación, por ejemplo. Se generan cadenas de establecimientos que sustituyen esas actividades y que terminan enriqueciendo a los dueños del capital y condenan a los anteriores trabajadores por cuenta propia y familiares, a subcontratarse en empresas de servicios sin protección laboral alguna. Uno de las áreas de mayor desarrollo y potencial del mercado de los últimos años ha sido la referida a la provisión de bienes y servicios para las poblaciones pobres: desde las farmacias de similares y genéricos, los Oxos los Seven Eleven hasta la proliferación de casas de empeño.

Se rompe con ello, algo en lo que Javier Sicilia insiste con frecuencia, las relaciones de proximidad y confianza generadas por los pequeños establecimientos de barrio donde los clientes conversan y conocen a sus dueños, donde estos les facilitan mercancía a granel y a crédito, donde grupos de vecinos se pueden pasar un rato tomando una cerveza, un café o un refresco, donde se repara innumerables veces la licuadora o la televisión para que duren más, etc. Se destruye un actor fundamental en el tejido social territorial que son esos pequeños establecimientos que además proporcionan ingreso y trabajo en el vecindario o en el pueblo.

  1. El Estado, el cuarto actor del bienestar, ha venido siendo desmantelado como proveedor de bienes y servicios públicos para el bienestar de las personas. De manera paulatina pero sostenida, se trasladan los recursos y las funciones sociales del Estado a empresas del mercado y a organizaciones de la sociedad civil. Se recarga en las familias la atención de población en condiciones de vulnerabilidad como la infancia, la población con discapacidad o los adultos mayores. Asimismo, se ha venido entregando el control y explotación de recursos y sectores estratégicos del desarrollo de la nación a empresas incluso trasnacionales. En esta misma lógica, se substituye crecientemente la provisión de bienes y servicios públicos por transferencias monetarias de ingreso para que las personas en pobreza o en situación de vulnerabilidad acudan al mercado a comprar alimentos, educación, salud, vivienda, servicios de agua, energía, etc. El papel del Estado en la generación de bienestar va desapareciendo y su función de provisión de seguridad y justicia se va desdibujando por la presencia de altos niveles de corrupción en el ejercicio de la función pública, aumentando los índices de violencia, delincuencia e impunidad   creando un ambiente de indefensión de los ciudadanos frente a los abusos de las empresas del mercado y de la delincuencia común y organizada. El Estado renuncia a sus obligaciones de respetar, proveer y proteger los derechos humanos de las personas y se convierte en un facilitador para las empresas del mercado permitiendo que estas vulneren esos derechos al no regular adecuadamente su funcionamiento.

Ahora bien, en un contexto de esa naturaleza ¿qué está ocurriendo con el desarrollo, construcción y socialización de las y los mexicanos?

El bienestar de las personas está dependiendo de la capacidad de su contexto para satisfacer cuatro categorías de requerimientos: los materiales, los psicoemocionales, los de seguridad y los culturales.

Con las transformaciones señaladas de los cuatro agentes sociales que intervienen en la provisión de bienestar a las personas encontramos las siguientes situaciones:

  1. Históricamente en las políticas sociales se ha dado prioridad a la satisfacción de los requerimientos materiales de las personas (vivienda, salud, alimentación, ingreso, infraestructura social, etc.) y en los últimas tres décadas, especialmente de las poblaciones pobres. Además como ya señalamos anteriormente de haberse considerado la provisión de bienestar como una responsabilidad pública en la segunda mitad el siglo XX a partir de los exitosos modelos de economías del bienestar instaurados en los países nórdicos, ahora esa provisión se está trasladando al mercado.

 

  1. Existe una total desatención a los requerimientos de desarrollo psicoemocional de las personas. Esta se ha dejado como responsabilidad de las familias y principalmente de las mujeres, con alguna participación de las escuelas, de los compañeros y pares y de la comunidad. La socialización de las personas y su integración a la comunidad está dependiendo fundamentalmente de su adecuado desarrollo psicoemocional y de la transmisión de saberes para la vida (cómo y de qué alimentarse, cómo relacionarse con los otros, cómo resolver conflictos, el aseo e higiene personal y de la casa, los hábitos de crianza, etc.)

 

En este sentido la promoción del individualismo y la competencia por la economía de mercado, ha impactado la construcción de valores de solidaridad, responsabilidad compartida, sentido de comunidad, reconocimiento y respeto de los otros, y ha erosionado por lo tanto, el sentido de pertenencia, de identidad y de colectividad, destruyendo la idea de que existe una sociedad que se va a ocupar y preocupar por el bienestar y la felicidad de las personas que la integran. Cada persona de acuerdo al capitalismo de mercado vigente, tiene que preocuparse por sí misma y por su futuro, no tiene responsabilidades por nadie más excepto si establece contratos de matrimonio que lo obliguen, pero también estos están resultando cada vez más en relaciones frágiles, fugaces, poco estables.

Como mencioné anteriormente las familias tienen cada vez menos posibilidades de atender al desarrollo y construcción saludable de sus integrantes lo que significa deficiencias crecientes en su desarrollo psicoafectivo y en la transmisión de saberes para la vida.

Asimismo, el rol de las escuelas en el desarrollo psicoafectivo del los niños y en la consolidación de saberes para la vida como ha salido a la luz en relación con el lamentable caso de bullying en Tamaulipas, se encuentra colapsado ante la desconfianza en las relaciones entre adultos e infancia, debido a la ocupación de plazas de maestros por personas sin la preparación como tales y por la ausencia de un proyecto educativo que tenga como objetivo el desarrollo de seres humanos autónomos, responsables, solidarios y participativos.

Los medios de comunicación masiva y actualmente las redes sociales ocupan un rol muy importante en la socialización de las personas y en la transmisión de saberes para la vida. La infancia y los jóvenes pasan muchas horas frente a ellos. Los primeros tienen una programación destinada claramente a desarrollar consumidores y clientes para el mercado y las segundas por su naturaleza de comunicación a distancia, disminuyen las posibilidades de interactuar y convivir directamente con otros.

Es decir, los cuatro agentes socializadores de la infancia y la juventud: las familias, las escuelas, los grupos de pares los medios de comunicación están fallando seriamente en la construcción de seres humanos saludables y por el contrario, hay un número creciente de jóvenes apáticos, desesperanzados, enojados y resentidos con una sociedad que no los incluye.

  1. Por cuanto a los requerimientos de seguridad para el bienestar o para la vida, dos de las columnas del andamiaje para dar seguridad a las personas a saber, la generación de empleos formales dignos y estables y la seguridad social se encuentran en crisis creciente. Se habla incluso de la desaparición del trabajo.

A ello se puede agrega un sistema de seguridad pública y de justicia que no garantiza ni protección, ni acceso a la verdad, ni en su caso, el debido proceso. La delincuencia impunemente despoja de bienes, de libertad e incluso de la vida a las personas.

El sistema financiero y el fiscal abusan permanentemente de los ahorros y de los ingresos que genera el ciudadano común y en cualquier momento pueden sumirlo en la pobreza,

Los crecientes problemas de inseguridad ambiental donde los efectos del cambio climático arrebatan pertenencias y vidas en un instante.

La incertidumbre, la volatilidad y la ausencia de seguridad son la característica de los tiempos actuales y eso provoca desconfianza y miedo e impide el desarrollo de relaciones y de sentido de comunidad y por lo tanto de tejido social. Somos ciudadanos indefensos y frustrados ante poderes legales y extralegales, permanentemente explotados, expoliados o en constante riesgo de serlo.

  1. Respecto de los requerimientos culturales para la vida digna como son el acceso al conocimiento, a la información a la educación, a la cultura, a la tecnología encontramos enormes disparidades entre estratos sociales.

Finalmente, no quisiera dejar de tocar un tema que se evidenció de manera muy fuerte en los estudios diagnóstico que promovimos desde INCIDE Social sobre los determinantes económicos, sociales y culturales de las violencias y que tiene una muy fuerte influencia en la destrucción del tejido social. Este se refiere a la forma en que en los últimos 20 años ha tenido lugar el crecimiento de las ciudades en el país.

Los cambios al Artículo 27 constitucional de principios de los años noventa, la especulación de la tierra, la enorme ambición de las desarrolladoras de vivienda y la gran corrupción gubernamental en el uso del territorio, han causado un desastre en la urbanización del país. Observamos ciudades que crecen en extensión más rápidamente que su población, ciudades horizontales con problemas de accidentes viales y de tránsito en aumento, ciudades segmentadas socioeconómicamente, guetizadas, despersonalizadas por centros comerciales, mobiliario y arte urbano (esculturas de Sebastián) y transporte homogéneos, con hacinamiento de viviendas y dentro de éstas mismas debido a su pequeño tamaño.

Por un malentendido afán de modernización, que nuevamente encubre corrupción, lavado de dinero y deseo de lucro, (queremos parecernos a Taiwán dijo hace poco un destacado político), estamos viviendo un proceso de destrucción del tejido urbano que continúa avanzando en varias ciudades y en este momento ha tomado como presa preferida a la Ciudad de México.

Se destruyen o dividen barrios y colonias, se cambian usos del suelo, se congestionan y privatizan vialidades. Las personas que habitan las ciudades y los nuevos desarrollos de vivienda son desconocidos entre sí que provienen de muchos lugares y diferentes historias y culturas, que experimentan una gran desconfianza por sus vecinos y que se mudan antes de construir alguna confianza. Las relaciones cotidianas son frágiles y fugaces o son de conflicto por la pelea de espacios en las calles, en los transportes colectivos, en las escuelas, en los estadios y en los espacios públicos, en general.

Los esfuerzos públicos y organizados para reconstruir o construir comunidad y tejido social son escasos y las más de las veces poco sostenidos en el tiempo. Programas como Habitat o el de Espacios Públicos o la Línea Verde y el Convive Feliz en Aguascalientes, no se mantienen en el tiempo. Nuevos gobiernos desconocen lo hecho por los anteriores e inventan nuevos programas cada tres o seis años. Son ciclos interminables de destrucción y abandono y de poca construcción inteligente y duradera.

Las personas en las ciudades destinan muchas horas para trasladarse, viven con estrés y en riesgo permanente de violencia y accidentes, son maltratadas en su calidad de ciudadanos por autoridades abusivas, acosadoras e irrespetuosas, pagan impuestos y no reciben servicios públicos suficientes y de calidad.

Al final las aglomeradas ciudades producen grandes soledades, conspiran contra la convivencia, generan desesperanza y una enorme apatía ciudadana.

El recuento del desastre en el bienestar y en el tejido social en México podría continuar por varias horas.

Al final termino con otras preguntas:

  • cómo reconstruimos lo público desde abajo,
  • cómo consensamos reglas de convivencia que no signifiquen tener un policía detrás de cada uno de nosotros para que nos portemos bien y respetemos a los otros,
  • cómo definimos nuevos pactos entre los actores del bienestar: las personas, las familias, el Estado y el mercado
  • cómo incluimos y reconocemos en esos pactos las cuatro categorías de requerimientos para la vida de las personas: los materiales, los psicoemocionales, los de seguridad y los culturales; y
  • cómo recuperamos la construcción y socialización de seres humanos solidarios, respetuosos, responsables y con sentido de lo colectivo.
  • cómo construimos confianza, comunidad y ciudadanía.