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Mujeres de poder

Después de varios años de observar la vida política en México, uno puede aventurar que existen tres tipos de mujeres que participan en posiciones de alto nivel: las que son excelentes secretarias ejecutivas, las que son autónomas y las que gustan de estar en el candelero político.

En nuestro país llamamos políticos a las y los que aspiran al poder sobre otros. Lo hacen buscando puestos de elección, ya sea encabezando los poderes ejecutivos o integrando los legislativos.

Hasta ahora, las candidaturas para la presidencia de la República surgían de los integrantes del gabinete saliente o de los gobernadores. Eran personas con experiencia en la administración pública.

En el legislativo, durante varias décadas la experiencia se adquiría pasando de una cámara a otra o a los congresos locales. Con la reforma constitucional de 2014 de los artículos 59, 115 y 116 se incluyó la reelección de senadores, diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos.

Las y los políticos en México se mueven en tribus o en mafias: el jefe o jefa tiene la obligación de colocar a las personas que integran su tribu. Así, son las tribus en las cúpulas de los partidos políticos las que deciden a quiénes postularán para las siguientes legislaturas. Poco tiene que ver su experiencia o su desempeño previo en la promoción y defensa de los derechos ciudadanos.

Al observar a las mujeres que participan actualmente en puestos políticos de alto nivel, uno puede aventurar que son de tres tipos:

Las que funcionan como directoras o secretarias ejecutivas. Tienen elevadas capacidades de concreción de proyectos, recursos para resolver requerimientos o problemas, una gran lealtad y obediencia hacia sus jefes. Estos, que son generalmente hombres, funcionan como generales dando órdenes, teniendo ocurrencias o haciendo promesas, siendo ellas las que logran ponerlas en práctica. Su destino político está en manos de sus jefes, que las explotan y en ocasiones, las promueven como una forma de prolongar su poder y asegurar a su tribu. Por ello, gozan de poco margen para formar sus equipos de trabajo.

Las mujeres autónomas. Son fuertes, inteligentes, creativas, con opiniones y posiciones propias; saben decir no, tienen mayor libertad para moverse, cuentan con recursos para resolver problemas y son más directas para hacerlo. Generalmente no cargan con tribus. Forman sus equipos considerando las capacidades y conocimientos de las personas.

Las mujeres que se prestan a llenar cuotas. Les gusta figurar y estar en los candeleros políticos, tener posiciones e ingresos. Buscan constantemente el reconocimiento y la alabanza. Dependen mucho de sus equipos de trabajo.  Saltan de un partido a otro. Se prestan a apoyar y promover todo lo que les instruya quién las subió al poder.

En los gobiernos y congresos actuales es posible identificar nombres de mujeres representativas de cada una de estas categorías. Por el bien de la creciente participación de las mujeres en política, ojalá y el balance futuro no se incline hacia el tercer grupo.

Familias y Violencia. Comentario a la ponencia de la Dra. Gina Zabludovsky*

Lo que nos plantea Gina Zabludovsky en su presentación, es que la cultura del trabajo, del trabajo por pago, sigue siendo una cultura fundada en una concepción en que existe un ganador de pan, una persona remunerada en cada familia y que las mujeres se dedican esencialmente a la reproducción de la fuerza de trabajo.

Es este modelo androcéntrico en términos de la cultura de trabajo, donde se espera que el hombre sea el que obtenga el dinero y que por ello esté disponible para el trabajo remunerado a tiempo completo. De ahí deriva la enorme dificultad de las mujeres para poder entrar a este mundo regido por una serie de jerarquías, horarios, estructuras basadas en la disponibilidad total, en tanto que ellas tienen que realizar otras tareas de cuidado y reproducción. La distribución entre sexos de las tareas domésticas y de obtención de ingresos siguen siendo muy inequitativa.

Cuando la mujer entra a realizar estudios superiores no se libera de reproducir los roles para los cuales fue socializada a nivel de las familias; entra a estudios en los campos de la educación, los cuidados en salud, la atención de otros y eso hace que también al insertarse en las empresas, las ocupaciones en donde lo hacen más mujeres sean generalmente aquellas que son una extensión de su función en el hogar. Lo que me parece interesante del planteamiento de Gina es que, aún a niveles directivos, en el desempeño al interior del trabajo, cuando llegan a ocupar posiciones de dirección, reproducen nuevamente tareas que se relacionan mucho con su construcción social y cultural como mujeres.

Uno de los temas incluido en las demandas actuales del movimiento feminista, es la conciliación o armonización entre el trabajo y la vida familiar. Es uno de los temas donde se está dando una lucha en dos vertientes: una por el lado del “parental leave” o permiso parental en el que se ha estado avanzando con cierta rapidez al incluirse en la legislación de varios estados, y por otra parte se plantea la necesidad de crear sistemas de cuidado que puedan ayudar y suplir algunas de las tareas en la atención, desarrollo y protección de los seres humanos, que lamentablemente, por varias causas que comentaré después, han sido desatendidas. Se observa una disminución de los tiempos que los miembros adultos de las familias destinan al cuidado de las nuevas generaciones. Ese es el tema que desde INCIDE Social, nos ha preocupado, porque consideramos que es una de las causas de las múltiples violencias que estamos experimentando.

En INCIDE Social estudiamos a las familias desde hace 20 años y nos ha preocupado más lo que ocurre con éstas en los últimos años por la guerra en la que estamos y por la crisis humanitaria que vivimos. En esta guerra terrible nos preguntamos qué ha pasado con las familias en su rol de reproducción de seres humanos, en su papel como espacio fundamental para la socialización de la infancia y lo que hemos encontrado es que las familias son una construcción social y cultural que ha estado cambiando permanentemente, por factores económicos, sociales, demográficos, culturales e incluso políticos; que observamos ya la presencia de una serie de estructuras familiares que no nos hubiéramos imaginado anteriormente. Hay por ejemplo algo que llaman las familias “dona”, que son aquéllas en la que están solo los abuelos con los nietos debido a que la generación intermedia, padre y madre, migraron o fueron desplazados o asesinados. Hay familias donde sólo viven hermanos y hermanas, sin adultos. Observamos un cambio muy importante en las estructuras familiares y uno de ellos es que el 25% de las familias están encabezadas por mujeres.

Como economista, algo que me interesa es estudiar a la unidad familiar como unidad generadora de ingresos y como unidad de gasto, y lo que hemos visto es que las fuentes principales de ingreso de las familias, que es casi el casi el 70% se obtiene de trabajo asalariado y el 11% de trabajo independiente. Estas fuentes de ingreso familiar han sido muy dañadas por la política económica adoptada por nuestro país por cerca de 40 años. Los niveles de ingreso familiar tienen mucho que ver con la fijación del salario mínimo en este país, misma que ha permitido que ese salario vaya cayendo espectacularmente. Actualmente se requiere de cuatro personas pagadas con un salario mínimo para ganar lo que una sola obtenía en 1976 o sea, si uno ve las gráficas de salario mínimo es para ponerse a llorar, estamos con un salario mínimo por debajo incluso de los países más pobres de AL, debido a que la estrategia de contención salarial es la base de la ventaja comparativa que ofrece México en la economía globalizada, es decir, mano de obra barata.

Y esto ha tenido un efecto perverso en las familias, que han debido usar a todos sus miembros adultos y aveces hasta a los niños para poder obtener ingresos en una economía de mercado.

Ya estamos hablando de cerca del 80% de la población de México que vive en zonas urbanas, que para poder cubrir sus necesidades tienen que salir obligadamente a obtener el ingreso fuera de su hogar y esto ha provocado una desatención de las tareas de cuidado particularmente de niños y adolecentes.

Lo que encontramos es que muchos niños y adolecentes de este país, y particularmente en las zonas de maquila, que son las ciudades más violentas en el norte del país, Tijuana, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, los niños, estos llamados peyorativamente “ninis” (lo que me parece un error que se les llame así), se encuentran solos, viven mucho tiempo solos, porque sus padres trabajan en la maquila en horas cambiantes e inciertos. Lo que planteamos es que este país como constructor de seres humanos ha fallado y ello tiene mucho que ver con los niveles de violencia que vivimos.

Por el lado del consumo, las familias de menores ingresos ocupan el 50% de su ingreso en alimentos, 11% en transporte y otro 11% en energía y combustibles y esos tres ámbitos del consumo han experimentado incrementos de precios espectaculares, porque hemos generado una dependencia alimentaria del exterior, así como de los combustibles. Entonces cuando hay problemas internacionales como los que hubo en el 2007 y 2008, con un incremento notable de los precios de los alimentos, las familias sufrieron mucho y se empobrecieron debido a esa dependencia.

Así, tanto por el lado del ingreso como por el lado del consumo las familias de menores ingresos se están viendo muy agobiadas. Un mecanismo de compensación también usado por las familias ha sido el mandar trabajadores al exterior que les permite la obtención de remesas, así como los programas de transferencia monetaria de ingreso. En la actualidad el 10% de población en el extremo de la pobreza deriva el 37% de sus ingresos de transferencias monetarias. En este momento el programa más grande de transferencias monetarias alcanza a más de 6 millones de familias.

En un contexto de este tipo uno se pregunta cómo no vamos a tener un país violento, si hemos construido niños abandonados, solos. Las escuelas ya no ejercen una función de socialización adecuada, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, los maestros cada vez se separan más de los niños, les tienen miedo y ya no ejercen una función de contención y acompañamiento.

Lo que hemos destruido debido a diversos factores son las capacidades de contención de los grupos familiares, de las escuelas y de las comunidades. Hemos fomentado en cambio el individualismo y la competencia.

El tema es cómo podemos desarrollar políticas de familia que permitan recuperar, no sé si se puedan recuperar, esas capacidades de contención y de fijación de límites y reglas que tenían las familias.

Desde esa óptica, vemos el surgimiento de grupos de víctimas consecuencia de la guerra en México: 310 mil personas desplazadas en el país, miles de viudas, huérfanos, personas discapacitadas por armas de fuego y adicciones. En 15 años ha habido 330 mil homicidios dolosos, en una mayor proporción hombres, lo que implica quitarle a las familias a uno de sus miembros para la obtención de ingresos. Las familias están también afectadas por desapariciones de sus integrantes que se calculan en cerca de 34 mil, así como por los desplazamientos, por los que están perdiendo sus patrimonios, se han tenido que salir de las zonas donde no solo está el crimen organizado sino incluso empresas mineras que están en colusión con el crimen organizado y acaban expulsando a las familias de sus comunidades. La delincuencia está despojando a personas de sus tierras y de su patrimonio en varios estados de México.

En conclusión, desde mi punto de vista,hay una presión externa muy fuerte sobre las realidades y las tareas que tendrían que cumplir las familias como constructoras de seres humanos dignos, particularmente las familias de más bajos ingresos en el país.

 

*International Conference: Inequalities and families: an interdisciplinary perspective 29-30 November & 1 December 2017 Mexico City Committee on Family Research, RC06, International Sociological Association & National Autonomous University of Mexico.

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres

El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981. Es decir, hace exactamente veinte años. Se eligió ese día para recordar el violento asesinato de las hermanas Mirabal en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en la República Dominicana.

La Asamblea General de Naciones Unidas le dio carácter oficial a esa fecha en 1999. Considera que la violencia contra las mujeres y niñas constituye un problema de proporciones pandémicas. Señala que al menos, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato: ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte de alguien conocido.

Ese día también constituye el punto de partida de 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género que se prolongan hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Con ello, las instituciones y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las mujeres, realizan diversas actividades, cuyo propósito es hacer visible la persistencia del problema e insistir en la necesidad de mantener y ampliar los recursos que se destinan a su atención.

Un gran logro de las movilizaciones realizadas por el movimiento amplio de mujeres en el mundo, es reconocer la existencia del problema y haberlo sacado de la esfera privada, para colocarlo como un problema de la humanidad que exige atención pública.

En primer lugar, es necesario lograr que las propias mujeres afectadas, reconozcan que están siendo violentadas de alguna forma: física, sexual, económica, patrimonial o psicológicamente; que acepten que son millones de mujeres que enfrentan situaciones similares a las de ellas- eso le da el carácter de pandemia- y por lo tanto, que ellas no tienen de qué avergonzarse, que no es su culpa y que tiene derecho a una vida sin violencia. El mantener el silencio de las mujeres y alentar su miedo a la denuncia, sigue siendo uno de los peores lastres sociales y culturales en esta materia.

El establecimiento de servicios y mecanismos, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, a los cuales puedan acudir las mujeres sujetas de violencia, cualquier día de la semana, durante las veinticuatro horas del día, es la acción social más importante para brindarles seguridad y protegerlas. La experiencia muestra que los eventos de violencia se agudizan los fines de semana.

El desarrollo de refugios y albergues para que las mujeres puedan alejarse de los ámbitos violentos, junto con sus hijos, es otro servicio de primera importancia.

Una vez superado el temor para denunciar, las mujeres requieren de servicios de acceso a la justicia para evitar la repetición del daño, así como de apoyo psicoemocional para entender lo que les está ocurriendo y que ello no es natural y no tienen por qué tolerarlo.

Pero en la cadena para cambiar su situación de víctimas, resulta fundamental apoyarlas para que puedan superar la dependencia económica de los perpetradores de violencia, pues son miles de mujeres que o bien no se liberan del yugo o vuelven a él porque no encuentran la forma de sobrevivir y sostener a sus hijos. Por ello, los programas que les proporcionan opciones de trabajo o de ingresos y apoyos para la vivienda y la alimentación, resultan un eslabón central en esa cadena de liberación. Es a partir de esos apoyos que las mujeres pueden empoderarse, sentirse más seguras y evitar caer nuevamente en relaciones violentas.

El establecimiento de servicios esenciales y directos hacia las mujeres víctimas de violencia en el seno de sus familias, han requerido del desarrollo de legislación -125 países ya cuentan con leyes específicas que penalizan la violencia doméstica-; demanda de la formulación de programas públicos integrales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia, de sistemas de información oportunos y pertinentes, así como de recursos presupuestales suficientes y de la capacitación permanente de las personas que se encargan de los servicios relacionados como son policías, jueces, defensores de oficio, personal de salud, abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas.

Pero lo más importante es lograr la voluntad política y la presión social para que los servicios directos, las leyes, los programas, los sistemas de información y los recursos destinados a la atención de la violencia contra las mujeres se mantengan en el tiempo, avancen de manera progresiva y se extiendan en el territorio.

En México, con luces y sombras, esta parecería ser la tendencia general a partir de la existencia de coaliciones sociales y políticas que impulsan el continuar avanzando en la eliminación de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, llevando la delantera por mucho, el Distrito Federal, en la instrumentación de medidas concretas para enfrentar el problema.

Al nivel federal, la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reproducción al nivel de las legislaciones estatales, representan un logro central de un esfuerzo que en materia legislativa empezó desde finales del siglo pasado. La red de refugios que se ha montado en el país en los últimos diez años, es otro valioso ejemplo, aunque lamentablemente ha enfrentado serios problemas de recursos para su sostenimiento. En varias ciudades de México se han empezado a crear Centros de Justicia para las mujeres, promovidos por la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, y esta tiene actualmente una amplia campaña en medios de comunicación para sensibilizar sobre el tema de violencia de género y ofrecer atención.

Sin embargo, el escalamiento de la violencia de género, que va más allá de la doméstica, e incluye el feminicidio, la trata y explotación sexual, la violencia en los ámbitos laborales y escolares, la violencia perpetrada por los cuerpos de seguridad y la violencia en el noviazgo, se constituyen en áreas de enorme y creciente preocupación. La violencia contra las mujeres se inicia en el ámbito doméstico y se va extendiendo y agudizando en el ámbito público. Los esfuerzos para enfrentarla deben ampliarse, sostenerse y seguir profundizándose.

 

Las mujeres en el activismo cívico y sus agendas.

En mi presentación deseo proporcionar un panorama a vuelo de pájaro de la participación de las mujeres en tres ámbitos de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las agendas que en esos ámbitos están reivindicando. Se trata de su participación en la búsqueda de la igualdad sustantiva de género, en la consecución de la democracia, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana y finalmente, su participación en la promoción del desarrollo social y comunitario.

Introducción

Varios filósofos y psicoanalistas sostienen que toda relación humana implica una relación de poder entre una persona que subordina y otra que es subordinada. Es el llamado poder sobre otros u otras, el poder que se ejerce de manera autoritario dado que se trata del control y la imposición de una o un grupo de personas sobre el pensamiento, las creencias, la conducta, las libertades, el nivel de bienestar, el trabajo, los ingresos, el cuerpo y la sexualidad, las posesiones y muchos otros aspectos de la vida de otras personas.

Las mujeres representan el grupo humano más grande que a lo largo de la historia de la humanidad han sido objeto de subordinación, sometimiento, discriminación, violencia y de una profunda y la mayoría de las veces oculta, injusticia. Han sido históricamente excluidas del ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos como seres humanos. Actualmente la condición de la mayoría de las mujeres del mundo continúa siendo de una profunda sujeción, a pesar de los avances logrados por las mujeres de los países ricos de occidente y las pertenecientes a los grupos de ingresos medios y altos y elevados niveles de educación.

Una de las mayores revoluciones del siglo XX fue el ingreso de de las mujeres a la vida pública y su acceso a una serie de libertades así como el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la condición de pobreza e ignorancia en la que viven la mayoría de las mujeres del mundo, así como el control de los varones sobre la institucionalidad religiosa y sobre el poder político, económico y del conocimiento continúan siendo obstáculos para el avance de la condición y posición de las mujeres.

En la práctica, en la vida cotidiana, miles de millones de mujeres siguen siendo discriminadas, maltratadas, excluidas, invisibilisadas, violentadas incluyendo la muerte o el llamado feminicidio por su condición de mujer.

Pero además, las mujeres han aprendido que ninguno de los logros alcanzados en materia de emancipación son irreversibles, y que existen épocas en la historia de los pueblos en donde se ha retrocedido para volver a condiciones que restringen sus derechos y libertades. Son ejemplificativos los casos de Irán a la salida del Shah Reza Pahlevi en 1979, así como de otros países musulmanes como Sudán donde el poder político ha pasado a manos de los sectores más conservadores del islamismo. Pero también tenemos experiencias más cercanas como fue la casi desaparición de la política de planificación familiar y por tanto, del acceso a medios de control natal para las mujeres en los gobiernos panistas y el reconocimiento de la vida desde la concepción, en las constituciones de varios estados mexicanos. Ese último retroceso ha condenado a varias mujeres a la cárcel con juicios similares a los que se practicaban en la época de la Inquisición en donde se exageran los castigos. Los feminicidios son también muestra de un retroceso propiciado por los altos niveles de violencia social en que vivimos y que permite a los varones ejercer el poder de la muerte sobre las mujeres.

La circularidad de la historia es vivida y experimentada constantemente por las mujeres. Así aquellas mujeres del sur del país que escaparon del sometimiento ejercido por sus familias y comunidades hacia las utopías falsas de las ciudades maquiladoras para trabajar y tener ingresos, fueron nuevamente sometidas pero esta vez por las plantas maquiladoras y el machismo dominante en la cultura del norte que conduce a muchas de ellas a la muerte o a la esclavitud de la trata y el trabajo sexual.

Es en razón del reconocimiento de que las relaciones de género son relaciones de poder y que la emancipación de la mujer pasa por el control de su propio cuerpo y del ejercicio libre de su sexualidad que esos dos temas son ejes centrales de los movimientos de mujeres: el acceso al poder y el reconocimiento y realización plena de sus derechos sexuales y reproductivos.

El acceso al poder

En el eje de acceso al poder los movimientos y organizaciones de mujeres introducen otros conceptos de poder como son el poder para lograr objetivos comunes a partir de un liderazgo, el poder compartido con otras mujeres para superar condiciones adversas y el empoderamiento personal como medio para remontar situaciones de violencia, injusticia, discriminación o exclusión en la vida cotidiana.

Es así que los temas seleccionados para esta mesa de diálogo se relacionan con las reivindicaciones del movimiento feminista de acceso al poder.

Desde mi óptica, las mujeres en la academia han optado por introducirse en el mundo de la generación y difusión del conocimiento para tener voz y reconocimiento en primer lugar, pero también para influir en el curso de la historia y de la humanidad y poder cambiar las condiciones de injusticia y discriminación en que viven miles de millones de seres humanos y algunas en particular, mejorar la situación de las mujeres.

Por su parte las mujeres que aspiran y participan en el poder público presentan a veces una dualidad de objetivos: el de alcanzar prestigio, reconocimiento y poder personal y/o el de ser agentes de cambio social y mejorar las condiciones en que viven las mujeres. Lamentablemente en este ámbito suele ocurrir que algunas se mimetizan a los modelos del poder subordinador, controlador y autoritario de los hombres y en ocasiones en el que el afán por alcanzarlo, aceptan ser utilizadas por los varones para contener los avances en las libertades y derechos de las mujeres o bien, por no perder su posición política evitan ser calificadas como feministas y no defienden la mayor igualdad de género.

 El tercer ámbito de participación en lo público

Un tercer ámbito de acceso al poder por parte de las mujeres se presenta en las organizaciones sociales y civiles. Este grupo escogió el camino del activismo cívico y la participación en el espacio público pero fuera de las instituciones políticas. Ello en parte debido a los obstáculos que estas instituciones presentan para el ingreso y la libre participación, o bien porque defienden intereses y grupos específicos y porque tiene un control cupular masculino. Los partidos políticos en México son de las instituciones más impermeables y resistentes a la igualdad de género. Un ejemplo, acaba de ocurrir al habérsele conculcado el derecho de acceder a la presidencia de la Cámara de Diputados a Aleida Alavez, una mujer que por detentar la vicepresidencia en dicha Cámara le correspondía presidirla. El machismo que domina a las cúpulas del Pan, del PRI y del PRD logró relegarla.

La participación de las mujeres en las llamadas organizaciones de la sociedad civil es amplia y destacada aún cuando este sector también es afectado por la presencia conspicua de liderazgos masculinos, que operan con modelos de subordinación semejantes a los del ámbito político y académico.

Destacaría tres ámbitos en donde organizaciones de mujeres o encabezadas por mujeres han realizado aportes importantes para el cambio social:

  • La agenda de igualdad de género
  • La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana
  • Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

La agenda de igualdad de género

La sociedad civil es el espacio donde las mujeres han podido organizarse y participar en defensa de sus derechos y libertades e influir en las decisiones de legislación y políticas públicas que tomen en cuenta sus intereses. Desde los años sesenta empezaron a surgir organizaciones ciudadanas de mujeres fuera del control del partido en el poder y con una influencia y apoyo importante de movimientos y organizaciones feministas de otros países. De manera destacada Argentina y Estados Unidos.

Se trata de organizaciones donde confluyen académicas con activistas cívicas y con frecuencia logran alianzas con mujeres que participan en espacios políticos como son las legisladoras, cuando coinciden en puntos de la agenda feminista.

Para Alma Rosa Sánchez, la presencia organizada de las mujeres en los últimos quince años del siglo XX significó la reivindicación del derecho a la diferencia, a construir una identidad femenina como sujeto político que crítica el ejercicio del poder. (SÁNCHEZ, 2004, p.88).

 

Considera que el movimiento amplio de mujeres (MAM) se construyó a partir de cinco sectores, que plantearon su participación en dos planos, en la lucha por democracia y en la defensa de derechos para las mujeres. Estos cinco sectores serían:

  1. a) El movimiento feminista; constituido principalmente por académicas, periodistas, escritoras, políticas, mujeres de clase media.
  2. b) El movimiento urbano popular; con demandas materiales, servicios, vivienda, agua, drenaje, educación, entre otros, sector marginal urbano.
  3. c) El movimiento de campesinas e indígenas; reclamos sobre acceso a crédito, propiedad, tecnología y capacitación.
  4. d) El movimiento de trabajadoras asalariadas; ampliación de mercado de trabajo, mejoras salariales, denuncias de hostigamiento sexual, entre otras, y;
  5. e) Mujeres militantes de partidos políticos y funcionarias; aquí se asumen como feministas y denuncian las condiciones desiguales de participación de la mujer en México (SÁNCHEZ, 2004, p.90-91).

En ese sentido, la agenda del movimiento amplio de mujeres ha ido modificándose a través de los años. Iniciaron y lograron amplios resultados en ir eliminando los obstáculos que impedían a las mujeres participar en los beneficios del desarrollo y en la mejoría de su bienestar como fue el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a los créditos y fondos económicos y a la alimentación. Con la política poblacional de los años setenta lograron avanzar en algunos de sus derechos reproductivos al incorporarse una política de planificación demográfica.

En la actualidad se concentran en cinco aspectos fundamentales:

  • la erradicación de la violencia contra las mujeres,
  • la eliminación del maltrato y la discriminación, es decir la igualdad sustantiva,
  • el mayor acceso a posiciones de toma de decisión en los ámbitos público y privado,
  • la promoción del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y
  • la conciliación entre trabajo y vida familiar.

La persistencia del machismo, el recrudecimiento debido a la cultura dominante y ampliamente difundida de los grupos criminales, así como la utilización de las mujeres como objetos de trata y explotación, determina que la lucha contra la violencia contra las mujeres en lugar de ir ganando terreno se está perdiendo. Jóvenes que viven en situaciones de pobreza y sin esperanza de salir de la misma, aceptan convertirse en objeto de uso y abuso por parte de los varones frente al espejismo y la riqueza del poder criminal. Ven su vínculo con delincuentes como una forma de salir de sus condiciones de miseria.

Igualmente, la persistencia de desigualdad y maltrato en los ámbitos laborales y en las oportunidades de desarrollo, en la procuración e impartición de justicia, así como los efectos diferenciados por sexo de la ola de violencia que agobia al país determina que varias organizaciones de mujeres, e incluso varias de las organizaciones de derechos humanos hayan tomado la defensa de casos de mujeres víctimas llevándolos incluso a las instancias internacionales para exigir justicia y reparación del daño.

Si bien es mayor el número de víctimas masculinas directas que caen en esa ola de violencia, el número de mujeres víctimas indirectas es creciente debido a la muerte o desaparición de sus parejas o de sus hijos, a la pérdida del patrimonio familiar y al desplazamiento de sus hogares y lugares de origen.

El mayor acceso a posiciones de toma de decisiones ha tenido avances esencialmente en razón de la introducción de acciones afirmativas para la integración de los congresos, sin embargo no es tan evidente en las ramas del ejecutivo y del poder judicial, ni en ámbitos del sector privado y la academia. La mayor resistencia se observa en las instituciones religiosas que además se constituyen en las que mayores obstáculos ponen al avance de los derechos y las libertades de las mujeres.

Posiblemente el tema más difícil por la resistencia de las iglesias y de los sectores moralmente conservadores que existen en todas las ideologías políticas, incluso en las de izquierda, es el del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Refiere esencialmente a la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y que la maternidad o la cancelación del goce de su sexualidad les sea impuesta por su cultura y por instituciones que deciden qué pueden y qué no pueden hacer, pero que además las sancionan duramente cuando trasgreden las normas sociales impuestas.

Finalmente, dentro de la agenda feminista se ha venido incorporando paulatinamente la demanda de armonización entre vida familiar y vida de trabajo y la exigencia de que se distribuyan equitativamente las responsabilidades de la vida familiar entre sexos y generaciones y se tengan políticas y programas públicos de apoyo a las familias. También incluye la necesidad de modificar las condiciones de trabajo para reconocer que ya no son trabajadores hombres de disponibilidad total los que participan en las actividades económicas sino que es creciente la participación de mujeres y que tanto hombres como mujeres tienen que cumplir responsabilidades y disfrutar de la vida familiar.

La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana

Varias de las organizaciones en lucha por los derechos de las mujeres se integraron a las actividades y a las importantes redes que se constituyeron en todo el país en la década de los años noventa para promover el cambio político y la instalación de una democracia en el país. Formaron grupos de observación electoral en sus estados y realizaron campañas para la promoción del voto libre y secreto.

Las mujeres que se integraron a los liderazgos de las organizaciones y redes como el Movimiento Ciudadano por la Democracia y Alianza Cívica en 1994, provenían de organizaciones de base de la iglesia católica progresista, de los llamados grupos eclesiales de base, quienes por su trabajo en las comunidades rurales y en la colonias proletarias se percataban del nivel de deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de la población y habían hecho un compromiso con los pobres. Optaron por el cambio político por la vía pacífica.

Esta matriz católica progresista fue también el origen de la mayor parte de las organizaciones en defensa de los derechos humanos que empezaron a surgir en México en la década de los años setenta, cuando el Vaticano decidió atacar a la Teología de la Liberación en América Latina y muchos hombres que veían en la iglesia un espacio para realizar su compromiso con los pobres tuvieron que refugiarse en otros espacios. Es la razón de que en este ámbito de trabajo de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos, el número de participantes y los liderazgos son mayormente hombres.

En los años más recientes el ingreso de mujeres a las organizaciones de defensa de derechos humanos tiene su origen en el aumento de opciones de formación académica en la materia, tanto a nivel nacional como en otros países. Actualmente en México hay un importante número de mujeres con diplomados, maestrías y doctorados en derechos humanos aunque todavía no acceden a los puestos de mayor nivel en las instituciones ni en las organizaciones ubicadas en este campo; siguen siendo varones los jefes.

El creciente número de activistas cívicos, organizaciones y redes que trabajan por la paz y la no violencia, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y promueven la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, comparte sus orígenes y de alguna manera derivan de esa misma matriz. En estas organizaciones la participación y el liderazgo de mujeres son más frecuentes.

Otras instancias de participación de mujeres en el campo de la lucha por la democracia, en su integración a los consejos estatales y distritales del anterior IFE y en los órganos electorales estatales. La selección de los integrantes de los organismos públicos locales electorales que se está llevando a cabo en el INE ya prevé una equidad en la participación, es decir %0% hombres y 50% mujeres.

La experiencia señala también que en los funcionarios de casilla los días de la jornada electoral son en una proporción más alta mujeres que hombres.

Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

El trabajo de base en comunidades pobres, indígenas, rurales y en zonas marginadas urbanas y la creación de organizaciones para luchar por el acceso a programas sociales de vivienda, abasto, caminos, servicios urbanos, programas de transferencias monetarias, ha sido un espacio importante de participación y construcción de liderazgos femeninos.

La formación en este trabajo comunitario de base y la apertura de espacios de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas facilitó que en la última década de los noventa del siglo pasado y en la primera de este siglo las organizaciones sociales y civiles empezaran a hacer incidencia en política pública esencialmente social.

Se trata de organizaciones que fueron introduciendo en la agenda pública la necesidad de desarrollar políticas y programas dirigidos a grupos poblacionales específicos como la infancia, la juventud, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población callejera, la población con orientación sexual diversa.

En otra vertiente son las que han luchado por el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, al nivel más alto de salud, a la educación y a la cultura, a trabajo y a condiciones dignas de trabajo, lo que ahora constituyen la agenda ciudadana por los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA.

En estas materias así como en otras agendas de la sociedad civil como son las de seguridad pública y ciudadana, las de migración, las relacionadas con adicciones y víctimas y de manera destacada e histórica, las organizaciones que realizan actividades de asistencia social, las mujeres tienen liderazgos reconocidos y una amplia participación.

El espacio del activismo cívico ofrece muchas oportunidades de desarrollo y de compromiso social para las mujeres. Es un ámbito donde se produce innovación social, se forman personas frente a los nuevos riegos sociales, se desarrollan novedosos modelos de intervención social, se construye ciudadanía y liderazgos y se promueve la participación ciudadana.

Las mujeres hemos contribuido grandemente al desarrollo de un espacio de responsabilidad social que no pasa necesariamente por los gobiernos, ni por el mercado y que busca responder con mayor flexibilidad y oportunidad a las profundas transformaciones que están modificando la vida y el bienestar de las personas.

Entender el papel de la sociedad civil y de las organizaciones que la forman y crear sinergias con ellas por parte de las instituciones del Estado y las empresas en lugar de combatirlas o suplantarlas, abriría una opción fundamental para la mayor participación ciudadana en el ámbito público y para un acercamiento del sistema político con la ciudadanía. Abonaría a la democracia y a un desarrollo compartido y menos desigual.

 

La reivindicación de los derechos políticos de las mujeres en México

Uno de los principales hitos del Siglo XX fue la incorporación de las mujeres al ámbito público y el reconocimiento de sus derechos humanos políticos, civiles, económicos sociales y culturales. La historia del Siglo XX fue de lucha por el reconocimiento de sus derechos primero en las leyes y después por su concreción en la práctica. Fue el siglo en donde las mujeres adquirieron ciudadana plena.

Las Revoluciones Industriales y las dos Guerras Mundiales obligaron a las economías del mundo occidental a incorporar a la fuerza de trabajo femenina en la producción industrial, cuando los hombres tuvieron que acudir a combate. Con ello se quebró la tradicional limitación de las mujeres al ámbito de lo privado, al cuidado de la familia y a la crianza de los hijos. Los derechos laborales y la mayor equidad en las relaciones familiares surgen como las primeras demandas por la igualdad de las mujeres, a la par de la demanda por el ejercicio del voto.

Algunas autoras europeas consideran que la segunda ola del feminismo (liberal sufragista) reivindica principalmente el derecho al voto de las mujeres. Esta nueva época del feminismo se extendió desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, al final de la segunda Guerra Mundial.

Comienza con la Declaración de Seneca Falls, de 1848 donde mujeres y hombres pertenecientes a movimientos sociales y organizaciones de EEUU tomando como base la declaración de Independencia norteamericana, exigen cambios en las costumbres y moral de la época y en la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres.

Durante la primera mitad del siglo XX el derecho de las mujeres a votar se va incorporando a las legislaciones democráticas, a veces limitada en edad, estrato social o nivel educativo. Socialmente, el activismo se extiende a las clases media y baja.

El primer estado en ofrecer el sufragio universal (y también permitir a las mujeres presentarse a elecciones para el parlamento) fue Australia del Sur en 1902 (según otros en 1894) y Tasmania en 1903. En Europa las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto por primera vez en Finlandia en 1907, llegando a ocupar incluso escaños en el parlamento (primer caso en el mundo). Le siguieron pocos años después Noruega y Suecia (Wikipedia). En Gran Bretaña se les otorgó en 1917 y en Estados Unidos en 1920 dos países en donde hubo importantes y combativos movimientos sufragistas ampliamente difundidos en la prensa y conocidos a nivel mundial.

El primer país en América Latina en aprobar el sufragio femenino fue Uruguay en 1927. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada en 1948.

El 20 de diciembre de 1952 la Convención sobre los derechos políticos de la mujer [] adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, explicita el derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos públicos en su Artículo I donde dispone:

  1. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna

Con distintos ritmos, con diferentes historias nacionales, con el concurso de los organismos internacionales y vínculos entre movimientos de varios países las mujeres fueron alcanzando sus derechos ciudadanos y avanzando en su ejercicio cotidiano. En algunos casos fueron movimientos amplios de mujeres y hombres que lucharon por su obtención, en otros fueron grupos de mujeres políticas los que lograron su aprobación.

La historia de la consecución de los derechos políticos de las mujeres en México fue lenta. Durante la primera mitad del Siglo XX las mujeres mexicanas tuvieron que luchar por que el derecho al voto se incorporara en la legislación lo que lograron hasta 1953. Durante la segunda mitad del siglo tuvieron que luchar para que ese derecho efectivamente se concretara, al menos en los puestos de elección popular.

Momentos significativos para el reconocimiento de la ciudadanía política de las mujeres en México

Fue en los clubes de mujeres y en las revistas donde se empezó a plantear la reivindicación del voto femenino. En 1824, un grupo de mujeres de Zacatecas envía una carta al Gobierno solicitando ser reconocidas como ciudadanas plenas, dada su contribución activa a la lucha por la Independencia.

En 1884-1887 en la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, se planteó la demanda del sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Diversas asociaciones feministas se unen a Madero, entre ellas el Club Femenil Antireeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc” fundado por Dolores Jiménez y Muro. Esta agrupación se convirtió en una importante organización feminista de finales del porfiriato. Sus integrantes protestaron por el fraude en las elecciones y demandaron la participación política de las mujeres mexicanas.

El 13 de enero 1916 se celebra el Primer Congreso Feminista impulsado por el general Salvador Alvarado como Gobernador de Yucatán. Tiene lugar en Mérida con la asistencia de poco más de 600 mujeres, la mayoría maestras en escuelas primarias. En el Congreso se plantea abiertamente la necesidad de que la mujer rompa con la tutela social y las tradiciones que la habían mantenido en un segundo plano y se discute “cuál debería ser la participación de la mujer en el México revolucionario y cómo podía ésta contribuir a la construcción de una nueva sociedad»(Ana Lau y Carmen Ramos, ‘Mujeres y revolución 1910-1917’. (Fuente: Revista Nosotras).Uno de los principales acuerdos a los que se llegó fue demandar que se otorgará el voto ciudadano a las mujeres.

En el Plan de Guadalupe como parte del argumento de lucha por la libertad de la Revolución Mexicana, se incluía el asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley. Sin embargo, al proclamarse la Constitución Mexicana de 1917, considerada altamente progresista en el reconocimiento de derechos colectivos y garantías individuales, el artículo sobre ciudadanía permaneció igual que en la Constitución de 1857. No negaba el derecho al voto a las mujeres pero identificaba el sufragio universal como un derecho exclusivamente masculino.

En la redacción de la Constitución no se le otorgó el voto a la mujer ya que se argumentaba que “[…] en el estado en que se encuentra nuestra sociedad […] las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido”. El argumento más fuerte era a favor de la protección de la integridad de la familia, expresando lo siguiente: “El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstos deban concederse a la mujer como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa”.

El artículo 34 de la Constitución quedó redactado de la siguiente manera: “Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y II. Tener un modo honesto de vivir”.

El hecho de que estuviera escrito en masculino fue lo que argumentaron los diputados para negarle el voto a la mujer, pero a la vez, fue de lo que algunas mujeres activistas se agarraron para exigir su voto y ser votadas.

En 1918, Hermila Galindo, la mayor activista en favor del sufragio femenino en tiempos revolucionarios tomó ese argumento para postularse como diputada. Solo pudo recibir los votos de sus amigos varones ya que no se dejó votar a sus seguidoras.

Otra importante activista política de la época Inés Malavaez sostenía que “el sufragio no debería otorgarse a las mujeres porque consideraba que su actividad daría mejores frutos si se centraba en obras educativas y asistenciales, evitando involucrarse en el mundo de la política, plagado de vicios y capaz de corromper la moralidad atribuida a las mujeres, consideradas como espíritus  nobles y elevados a causa de su vocación maternal”. Gabriela Cano (Nexos, 2013)

Durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en el Estado de Yucatán (1922-1924), se produjeron importantes avances en la lucha por los derechos de las mujeres a través de la creación de las Ligas Feministas, que tenían por objeto ser autogestoras del mejoramiento de la situación de la mujer en todos los aspectos, reconociéndose el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales. También durante este periodo se produjo un gran escándalo en el ámbito nacional al intentar introducir temas relativos a la educación sexual y planificación familiar, por lo que fue instaurado el 10 de mayo como el Día de las Madres, para contrarrestar dicho escándalo.

En 1923 cuando el estado de Yucatán reconoció el voto tanto municipal como estatal tres mujeres participaron como candidatas a diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce.

El derecho al voto de las mujeres en Yucatán no duró mucho ya que cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue asesinado ellas fueron obligadas a dejar su puesto y el voto de las mujeres fue anulado..

En ese mismo año de 1923 del 20 al 30 de mayo, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México, con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales conclusiones en lo político estuvieron referidas a impulsar las siguientes solicitudes:

  • La igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos (en ese momento, los ayuntamientos eran cargos administrativos, no políticos) y
  • El decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales.

En esa época el discurso igualitario tiene dos posiciones discursivas: Hermila Galindo consideraba que las mujeres y los hombres eran ciudadanos iguales poseedores de los mismos derechos

Por su parte la posición representada por el mencionado Congreso Feminista Panamericano planteaba que las mujeres deben tener derechos de ciudadanía no porque ellas sean ciudadanas iguales a los hombres sino porque como esposas y madres de familia su participación en el proceso electoral tiene un efecto moralizados en los procesos políticos.

Como consecuencia de ese Primer Congreso el 13 de julio de ese mismo año 1923, el gobernador de San Luis Potosí, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres que supieran leer y escribir, tomar parte en los procesos electorales municipales y estatales.

Posteriormente, en 1925 Tabasco y Chiapas legislaron el derecho al voto de las mujeres durante los gobiernos de Tomás Garrido Canabal y César Córdoba, respectivamente. A pesar de tratarse de regiones muy distintas entre sí, los tres gobernadores contaban con el apoyo de partidos locales de orientación política socialista y radical y sostenían posturas anticlericales en grado diverso, además de fomentar la educación de las mujeres. (Gabriela Cano, Nexos 2013)

Las reformas potosina y tabasqueña tuvieron corta vida ya que fueron derogadas a los pocos años de su establecimiento; la legislación chiapaneca, en cambio, se mantuvo.

La insuficiente preparación de las mujeres fue un argumento recurrente de la élite posrevolucionaria para restringir, posponer o rechazar el voto femenino. Las posturas gradualistas y aquellas a favor del sufragio femenino restringido predominaron. Estas posturas admitían la igualdad ciudadana entre hombres y mujeres como un principio abstracto de justicia social, pero consideraban necesario postergar el reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres hasta que estuvieran preparadas para ejercer el voto.

El voto restringido que limitaba el derecho a un sector de la población femenina que cumpliera ciertos requisitos de edad, educación o situación civil fue aceptado incluso como una medida gradualista para avanzar. Las reformas de San Luis Potosí y Tabasco establecieron el voto femenino, pero negaban el derecho al voto a las mujeres analfabetas y a las creyentes.

En 1929 surgen nuevas asociaciones de mujeres, cuyo principal objetivo es obtener los derechos políticos plenos: el partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias.

En 1934 durante la campaña presidencial del General Lázaro Cárdenas se conforma el Frente de Mujeres Mexicanas en 1935 y por primera vez las mujeres participan en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR).

En 1935 se fundó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) que llegó a contar con 50 mil mujeres afiliadas. Rreunía a 800 agrupaciones femeninas de todo el país y de diversas posturas ideológicas que comparten un mismo objetivo: conquistar el derecho a votar y ser elegidas.

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas mandó una iniciativa de reforma del artículo 34 de la Constitución Mexicana. La iniciativa señalaba: “Son ciudadanos de la República todos los hombres y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y II. Tener un modo honesto de vivir”. []

La iniciativa fue aprobada por las cámaras y 21 legislaturas de los estados, pero no llegó al cómputo y declaratoria para que fuera vigente. Esto sucedió porque el Partido Nacional Revolucionario (padre político del PRI) argumentó que las mujeres se verían influenciadas en su voto por los curas.

Si bien el presidente Lázaro Cárdenas promovió el voto de las mujeres, abandonó su postura ante el temor de que las mujeres inclinaran la balanza electoral a favor del candidato opositor Juan Andreu Almazán, quien competía contra Manuel  Ávila Camacho.

El Frente Único Pro Derechos de la Mujer decide en 1938, incorporarse al PNR considerando que bien valía perder la autonomía en aras de hacer ver a los opositores del movimiento femenino que no eran “ni mochas ni comunistas y que su lealtad estaba con la revolución”.

Se inicia así el debate sobre el voto feminista al interior del partido en el gobierno y de ahí en adelante se convierte en una demanda de las mujeres políticas que participaban en ese partido.

Casi treinta años pasaron desde la posibilidad de que en la Constitución de 1917 México fuera uno de los primeros países en el mundo y el primero en América Latina en aprobar la ciudadanía política de las mujeres para que el 24 de diciembre de 1946 la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó al Artículo 115 Constitucional, que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Entrando en vigor el 12 de febrero del siguiente año.

Según Gabriela Cano (Nexos 2013) el principal argumento que se esgrimió entonces era la cercanía y semejanza entre la vida familiar (considerada el ámbito fundamental de la vida de las mujeres) y la del municipio. Tal perspectiva reducía nuevamente el papel de las mujeres al ámbito de madre, esposa y ama de casa.

Para la década de los cincuenta la mayor parte de los países de América Latina habían establecido el sufragio universal femenino. México era signatario de la Carta de los Derechos Humanos que establecía de manera explícita la igualdad de hombres y mujeres, por lo que era una flagrante inconsecuencia haber reconocido el voto femenino sólo en el nivel municipal y mantener a las mujeres al margen de los derechos electorales estatales y federales, cuando el gobierno se había comprometido con la igualdad entre los sexos en foros internacionales.

El 9 de diciembre de 1952 el presidente Adolfo Ruiz Cortines presentó su iniciativa para reformar el Artículo 34 que la ser aceptada por el Congreso, se público en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1953 y establece que: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”. Se gana el derecho de votar y de ser candidatas en las elecciones nacionales, obteniendo el sufragio universal.

El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mujeres mexicanas ejercieron su derecho de sufragio. Aacudieron a emitir su voto a las urnas, para elegir Diputados Federales XLIII Legislatura. La primera elección presidencial donde participan las mujeres es la de 1958 donde salió triunfante Adolfo López Mateos como presidente de la República.

Gabriela Cano sostiene que la ciudadanía política llega tan tarde a México en razón de la tensión entre “el impulso sufragista, bajo la égida de algunos partidos socialistas estatales y de discursos igualitaristas y de justicia social que buscaban dar a las mujeres las mismas oportunidades educativas y los mismos derechos individuales que tenían los hombres, se enfrentó con el arraigado prejuicio relativo a que la inclinación política conservadora atribuida a las mujeres podía poner en riesgo la continuidad de las reformas y del régimen” La idea de la inclinación de las mujeres por las ideas políticas tradicionalistas y el clero estaba muy extendida entre las élites revolucionarias y posrevolucionarias y se utilizó para privarlas de sus derechos políticas durante varias décadas.

Al final de esta primera etapa en la lucha por la ciudadanía política de las mujeres en México el sufragio femenino se logró desde las instituciones del estado mediante leyes que fueron impulsadas directamente por mujeres en la política.

A modo de conclusiones

La lucha por alcanzar y avanzar en los derechos políticos de las mujeres se inicia a partir de la demanda del voto y de poder ser elegidas para puestos de elección popular.

Sin embargo en la concreción de ese derecho en cuanto a lograr posiciones en el Congreso, en las presidencias municipales y en los gobiernos estatales tuvieron que transcurrir varias décadas.

Las mujeres no llegaron a ocupar más del 12 % de los escaños en las Cámaras del Congreso hasta 1991-1993. Había una especie  de techo de cristal.

En 1993 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se insta a los partidos a promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular.

Ante la dificultad para remontar los obstáculos para que las mujeres mexicanas accedieran a puestos de elección popular, se instaura el sistema de cuotas en la reforma electoral de 1996. Las llamadas acciones afirmativas buscan romper el mencionado techo de cristal y provocar un cambio cultural en el ámbito político para ampliar las oportunidades de participación política de las mujeres. Se estableció entonces que en sus estatutos los partidos políticos considerarán que “las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género”.

En 2002 se volvió a modificar la legislación electoral adicionando a la cuota máxima de 70 por ciento para candidatos de un mismo sexo. En 2007 se modifica de nuevo el COFIPE para dejar al 60% la cuota máxima de candidatos de un solo sexo. Actualmente en la reforma política que se está debatiendo está la propuesta de paridad en las candidaturas: el 50%.

El avance logrado en puestos para el Congreso ha sido notable a partir del sistema de cuotas, no así en otros puestos de elección popular. El 33.5% del Senado está integrado por mujeres y el 36.8%   de la Cámara de diputados en la legislatura 2012-2015.

En presidencias municipales se mantiene una proporción muy baja; para 2012 sólo el 6.8% de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres. Después de tener en un momento simultáneamente cuatro mujeres gobernadoras, actualmente no hay ninguna.

En el Siglo XXI el gran el reto para las mujeres es acceder a otras posiciones de toma de decisiones en los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, así como en los órganos autónomos y en el mundo de las empresas, de la cultura y la academia y de las organizaciones sociales y civiles.

La demanda por los derechos de las mujeres está cruzada por la desigualdad. Lograr la paridad en las posiciones políticas es un sueño de las mujeres principalmente de los sectores medios.

Lentamente con rezagos comparativamente con otros países, en el Siglo XXI las mujeres mexicanas seguramente seguirán avanzando hacia la igualdad sustantiva.