Bajar presentación: El modelo del Comité Conciudadano

México entra al 2012 experimentando varias crisis y cambios complejos. Una primera crisis refiere a los niveles alcanzados de violencia que si bien son más agudos en ciertos municipios, parecerían estarse extendiendo en la medida que el Estado enfrenta a los grandes cárteles del crimen organizado y estos se fragmentan y dispersan por otros territorios y se dedican a extraer recursos a la población local, por medio de diferentes delitos. La afectación a la población civil de la guerra contra el narcotráfico en un contexto de impunidad e incapacidad de las instituciones de seguridad y justicia, será cada vez mayor.

Una segunda crisis deriva del precario desempeño económico de México, donde el crecimiento, la generación de empleos y los endebles mecanismos de distribución del ingreso y la riqueza han derivado en mayor empobrecimiento, un aumento en la desigualdad y un mayor deterioro del tejido social.

Una tercera crisis se relaciona con el cambio climático donde medio país se encuentra en situación de sequía, otra mitad con inundaciones repetidas anualmente, la presencia de fuertes heladas y un cambio en los patrones del tiempo que rigen las vocaciones de cultivos en el territorio. Además de los daños directos en el patrimonio de las familias y en la infraestructura económica, social y cultural, la pérdida de cosechas pone al país en riesgos de una crisis de hambre, misma que en algunas ciudades ya está ocurriendo por la destrucción de fuentes de trabajo y actividades económicas.

Una cuarta crisis se observa en la gestión de los poderes del Estado en los tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. La inadecuación de la arquitectura política e institucional de los gobiernos municipales dificulta cada vez más la gobernanza a ese nivel y conlleva la captura de territorios completos por mafias de distinto tipo, desde las criminales, hasta los caciques locales y los nuevos poderes fácticos como son las empresas inmobiliarias, turísticas y las mineras. Los gobiernos estatales y el federal tampoco están exentos de su captura por intereses privados, personales o de grupo, que se han apropiado de los presupuestos, de las instituciones, los recursos y el patrimonio público. La corrupción y la impunidad cubren con su manto al país en general.

Finalmente, estamos viviendo un cambio tecnológico que está modificando profundamente conductas y formas de relacionamiento social, modos de acceso al conocimiento y a la información, incluso formas de realizar el trabajo y las actividades económicas. Este cambio presenta oportunidades de acceso a recursos de información, de entretenimiento, de educación y a la formación de redes y relaciones sociales, pero también significa riesgos como la manipulación de la vida privada, la imposición de modelos aspiracionales y una serie de delitos cibernéticos que apenas empezamos intuir.

Ante tal panorama, la pregunta respecto del año electoral que viviremos, es si las y los políticos que finalmente se convertirán en candidatos y candidatos, así como los partidos políticos que los postularán, están a la altura de los retos que enfrenta México. Considero que lamentablemente no es así, pues teniendo en cuenta los desempeños previos en funciones de gobierno o legislativa de algunas y algunos de las y los políticos que parecerían estar accediendo a esas candidaturas, la escases de hombres y mujeres de Estado es preocupante.

A qué me refiero con el calificativo de mujeres y hombres de Estado: se trata de aquellos y aquellas que tienen un claro sentido de la importancia del papel y responsabilidades del Estado en una sociedad tan compleja, desigual y rota como la mexicana, que conocen a las instituciones del Estado y que tienen una clara visión de cómo reformarlas, pero fundamentalmente, que colocan como prioridad el bienestar colectivo por encima de sus intereses personales y de grupo. Son aquellos y aquellas cuyo objetivo al acceder al poder radica en la posibilidad de generar efectos positivos en beneficio de su comunidad y de su país.

Pero que además, en las circunstancias de polarización que seguramente se agudizarán en el curso del proceso electoral, entiendan y promuevan con autenticidad y compromiso, un gran pacto nacional para desarrollar y aplicar un Proyecto Nacional encaminado a enfrentar las mencionadas crisis y realizar una profunda reforma de Estado, definiendo una trayectoria compartida y sustentable de desarrollo del país para los próximos 40 años.

Los institutos políticos también han perdido su capacidad de cumplir y sostener por medio de sus gobiernos y legisladores, sus proyectos de país sustentados en sus principios y valores. Varios se han convertido en agencias de colocación de políticos y políticas en el gran negocio del poder público o son franquicias al servicio de los poderes fácticos.

Lamentablemente, la profunda desigualdad social y ahora el creciente miedo ante la violencia, la inseguridad y la impunidad, dificultan la construcción de coaliciones ciudadanas amplias que puedan revertir la situación y que obliguen a los partidos políticos a elegir hombres y mujeres de Estado para las candidaturas. Obligarlos al menos, a que mediante sus portales y otros medios, pongan a disposición del electorado toda la información necesaria para mostrar quiénes son sus candidatos y candidatas, por qué los eligieron, cómo los eligieron y cuáles son sus cualidades y méritos probados.

Experiencias previas de observación electoral como las de Congreso con Rostro, han mostrado que los procesos de selección de candidaturas por los partidos son poco democráticos y más corporativos y que varios de los partidos ni siquiera cuentan con información curricular de los candidatos y candidatas que postulan.

Menos aún existen las coaliciones ciudadanas que obliguen a los partidos políticos a generar un gran pacto nacional para apoyar un proyecto de país que tome en cuenta los retos y amenazas que enfrentamos y aproveche las oportunidades y fortalezas para sacarnos del abismo en el que estamos cayendo.

Por lo expuesto, las elecciones del 2012 no auguran el cambio profundo y urgente que el país está requiriendo. Esperemos que al menos, no sean un impulso más hacia el abismo y la mayor fragmentación social.

Agradezco la invitación de la Dra. María Isabel Monroy   y del Dr. Tomás Calvillo para participar en este coloquio en memoria del natalicio del Dr. Salvador Nava a quien no tuve el gusto de conocer personalmente pero a quien aprecié a través de muchos de mis amigos y amigas del movimiento democrático de los años noventa. Para todos Don Salvador era un referente importante y las huellas de su compromiso ciudadano y ético quedaron plasmadas en varias organizaciones e iniciativas de esa década y en la formación de varios actores destacados de las reformas a la legislación e institucionalidad electoral.

Participé en el Consejo del Movimiento Ciudadano por la Democracia el MCD, una red de organizaciones civiles en todo el país creada por iniciativa de la familia Nava y que jugó un papel importante en el desarrollo de la observación ciudadana de las elecciones que dio inició gracias al Dr. Nava. El MCD también jugó un importante rol en 1994 en la contención del enfrentamiento entre las fuerzas armadas y el EZLN, convocando a la construcción de un cerco ciudadano de protección en torno a la zona zapatista, a diez días de la insurrección.

Mi iniciación en el mundo del activismo cívico lo tuve en la observación de la elección en Yucatán en el año de 1991 acompañando a Luis y Patricia Nava. Ellos me salvaron de un posible atropellamiento por una camioneta blanca del Gobierno del Estadoque en ese momento estaba en manos de Cervera Pacheco. La camioneta blanca pasaba constantemente amedrentándonos durante toda la jornada pues en esos años,la observación de elecciones no estaba legalizada ylos gobiernos del PRI nos veían como intrusos.

Tuvo el privilegio de pasar por todo el proceso de formación del activismo ciudadano en lucha por la democracia que floreció en los años noventa a partir de la semilla sembrada por el Dr. Nava. Participé en varias iniciativas de ese movimiento: en la presidencia de ACUDE, en la creación de Alianza Cívica, en los 20 Compromisos por la Democracia, en el Grupo San Angel, en los Compromisos por la Nación y en Causa Ciudadana APN. Dejé de hacerlo hasta el año 2012 cuando desde INCIDE Social A.C. la organización civil de la que formo parte, convocamos a la integración de la tercera y última ronda del Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE). Se trata de una redde personasy organizaciones de varios estadosdel país que en 2005 y 2006 realizó una observación de los procesos de selección y capacitación de los funcionarios de casilla, en 2007 hizo una Propuesta Ciudadana de reforma electoral, en 2009 llevó a cabo una evaluación de la independencia del Consejo del Instituto Federal Electoral y del apego del Tribunal Federal Electoral a los principios de Brandemburgo.

En 2012 analizamos la calidad democrática de los partidos políticos desde varias dimensiones: su transparencia y rendición de cuentas, la promoción de la igualdad y no discriminación y sus procedimientos de selección de sus candidaturas para puestos de elección popular y de sus consejos y comités nacionales y locales.

Entrando en la materia de esta conversación, en esas últimas investigaciones del CCOE, que realiza lo que yo calificaría como observación electoral de segunda generación, donde más que la jornada estudiamos a los actores institucionales que intervienen en los proceso electorales, comprobamosentre otras varias cosas: la baja calidad democrática de todos los institutos políticos; la inconsistencia entre su discurso democrático, su marco normativo, sus procedimientos y sus prácticas; la total desconsideración de los derechos de sus propios militantes; la concentración del poder y de los recursos en sus cúpulas; la simulación discursiva de sus postulados de inclusión e igualdad y la inaccesibilidad para el ingreso de los ciudadanos a sus filas.

Las reformas democrático-electorales, por las que tantos luchamos como movimiento ciudadano amplio desde el gran fraude en las elecciones federales de 1988, fueron de amplio beneficio para los llamados partidos políticos de oposiciónal abrírseles la posibilidad de acceder al poder político y a los recursos que este significa, sin cambiar la cultura política de control cupular y profundamente corrupta. La gran bolsa de recursos y poder en lugar de quedarse en manos de una mafia única, ahora se distribuye esencialmente entre tres mafias.

El movimiento democrático ciudadano no consiguió por la vía pacífica, la transformación estructural de la violencia que domina los procesos electorales en México. Sólo se ampliaron las élites políticas para dar cabida a miembros de los partidos de oposición cuyas conductas corruptas e impunes son similares a las del viejo partido de estado. La vinculación entre élites económicas, políticas e incluso del crimen organizado, es cada vez más estrecha y son quienes deciden el destino del país. Un ejemplo reciente fue el Pacto por México donde las cúpulas de los partidos políticos decidieron las reformas estructurales que requería nuestro país y las élites económicas se han encargado de cabildearlas y de difundir sus supuestas bondades entre la población.

La distancia de esas élites con respecto de los sectores subordinadoses cada vez mayor y las prácticas clientelares, con los enormes recursos públicos y privados que reciben los partidos políticos, continúan vigentes y cada vez más sofisticadas.

Si bien en los años noventa logramos incorporar en la legislación varias instancias públicas de deliberación como son los consejos de políticas públicas;y a lo largo de los últimos 25 años, se han venido creando diversos órganos “autónomos”para hacer contrapeso a los poderes del Estado y surgieron una gran cantidad de organizaciones civiles en diversos temas, la participación ciudadana y el diálogo en políticas públicas y en última instancia, el debate sobre el proyecto nacional han sido realmente inexistentes o en el mejor de los casos, absolutas simulaciones.

Pienso que varias personas que nos incorporamos a la lucha por la democracia en México buscamos una forma pacífica -no violenta- para alcanzar la justicia, la igualdad y la libertad. Escogimos como primer paso la transformación de los procesos e instituciones electorales pensando que con elecciones limpias, creíbles y transparentes tendríamos una mejor representación de la pluralidad ideológica y de la diversidad nacional en las instancias del Estado y que por la vía dela participación ciudadana y el diálogo democrático lograríamos revertir las violencias estructurales que aquejan alpaís. Por ello, promovimos la creación de las mencionadas instancias de deliberación en políticas públicas y los consejos ciudadanos de los órganos autónomos, pugnamos por el desarrollo de legislación en materia de participación ciudadana. Ejemplos recientes son la aprobación de la iniciativa ciudadana, las candidaturas ciudadanas y la consulta popular, figuras que aunque han sido aprobadas en la legislación, los partidos políticos se han encargado de obstaculizar en su puesta en práctica con requisitos verdaderamente inalcanzables.

De manera central buscamos la posibilidad de abrir el diálogo social, es decir, la posibilidad de escucha y reconocimiento entre los diversos y las diferencias para la construcción de consensos que nos llevaran a un desempeño de la sociedad mexicana que se centrara más en la consecución del bienestar y la calidad de vida de la población que en el crecimiento, la eficiencia y la productividad.

Creo que cometimos el error de no tener una clara propuesta de reforma del Estado una vez que se diera la alternancia en el poder federal. Las mesas que en la materia se abrieron a principios del siglo XXI en la Secretaría de Gobernación en ese momento a cargo de Santiago Creel, -un personaje que supuestamente se había beneficiado del movimiento democrático nacional al acceder como consejero ciudadano al nuevo IFE- fueron un fracaso. Las organizaciones de la sociedad civil no teníamos una agenda clara de reforma excepto en algunos temas como la democratización de los medios de comunicación. Además las autoridades políticas fueron incapaces de conducir los procesos de diálogo en las mesas de Reforma del Estado hasta que estas desaparecieron, sin mayores avances.

Como en muchas otras acciones de la sociedad civil, nos fijamos un objetivo y pensamos que al lograrlo todo lo demás ocurrirá de forma automática. Desde ese momento empezamos a perder lo logrado y si bien tuvimos un breve periodo de elecciones confiables, los doce años de gobiernos panistas fueron de transición de gobiernos autoritarios y corruptos del PRI a gobiernos autoritarios y corruptos de los tres grandes partidos en alianza con las élites económicas y el crimen orgnizado.

Es obvio que los gobiernos del PAN no estuvieron a la altura del gran cambio que significó la elección del 2000 y aceleraron la profunda desestructuración del Estado Mexicano que se inició desde la década de los años ochenta del siglo pasado. No supieron y seguramente no quisieron tampoco   por su ideología en favor del mercado, desarrollar una institucionalidad estatal democrática. Tiraron el agua con todo y niño como popularmente se diría.

El modelo económico vigente es una violencia estructural que hemos padecido por más de treinta años que ha permanecido inmune a los cambios políticos. La desigualdad, la pobreza, y la exclusión de millones de jóvenes de la posibilidad de alcanzar una vida digna, están en el fondo de nuestro fracaso democrático. No es posible avanzar en la ciudadanía política y civil si no están sustentadas en la ciudadanía social. Las generaciones del llamado “bono demográfico” se han incorporado a una sociedad que no les ofrece perspectiva alguna de futuro.

Como movimiento democrático ciudadano seguramente creímos que tendríamos ciudadanos activos e involucrados de manera independiente y autónoma en los procesos electorales si resolvíamos la cuestión electoral y que después participarían en la definición de políticas públicas y en la construcción de un nuevo proyecto nacional. Desarrollamos una utopía falsa que no se sustenta por las profundas relaciones subordinadas que caracterizan a las sociedades desiguales y racistas como la nuestra y por la creciente apatía y desconfianza de la población hacia las instituciones.

Tuvimos algunos logros como es el avance de la presencia de mujeres en los espacios de poder; la misma alternancia política en los gobiernos de distintos niveles; la incorporación de los derechos humanos en el debate público y en la Constitución, así como la posibilidad de escrutinio internacional de los gobiernos en esa materia; algunos avances en legislación e institucionalidad para proteger los derechos de varios grupos de población como la infancia, la juventud, las mujeres, la población LGTTTB, etc.;legislación e instituciones para la transparencia el acceso a la información y la rendición de cuentas; posiblemente una mayor libertad de expresión (que actualmente está volviendo a ser conculcada mediante las viejas prácticas del PRI), aunque no avanzamos en la democratización de los medios de comunicación, aspecto que algunos consideramos fundamental para alcanzar la efectiva democratización de país.

Pero también aparecieron otros demonios como es la violencia criminal y el surgimiento con ello y con el tipo de política del estado adoptado en materia de seguridad, de una nueva problemática social profunda: el fantasma de la violencia crónica con miles de víctimas que resultaron de la guerra iniciada por el Gobierno de Calderón: desaparecidos, asesinados, huérfanos y viudas, desplazados, personas con discapacidad, personas empobrecidas y una herida muy profunda por la incapacidad del Estado Mexicano para asegurar acceso a la verdad, a la justicia y la reparación del daño.

Tenemos ahora la evidencia de que estamos frente a una debilidad del Estado Mexicano que en mucho deriva del modelo de economía de mercado que mencionaba yo antes. El postulado de más mercado y menos Estado nos ha conducido a esta situación de indefensión frente a la violencia criminal y a la violencia económica provocada por los intereses de las empresas globales.

Así a las violencias estructurales históricas se han sumado violencias de nuevo cuño, que tal vez siempre existieron pero se encontraban sumergidas o eran relativamente controladas por el Estado Mexicano.

La pregunta entonces es cómo frente a este panorama de violencias históricas estructurales y de nuevas violencias, con un estado debilitado y profundamente corrupto y unas élites económicas y políticas también corruptas e impunes, podemos utilizar estrategias de activismo cívico.

Veo dos situaciones que nos dificultan las posibilidades de un activismo cívico exitoso: no encuentro la materia, el tema que provocaría la unificación de los ciudadanos activos y organizados actualmente y la incorporación de nuevos ciudadanos a la participación activa. También observo el agotamiento de la herramientas utilizadas en las luchas ciudadanas.

Respecto de las causas que generaron algún tipo de confluencia: las reformas electorales, la reforma del Estado, las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas para atacar la corrupción y la impunidad, la democratización de los medios de comunicación, los derechos de las mujeres y más recientemente los derechos de las víctimas y los derechos de los jóvenes, ni siquiera la gravedad de la situación de la violencia que estamos viviendo, logran despertar una conciencia ciudadana amplia dispuesta a provocar un urgente y necesario cambio en la vida política, social y económica del país a través de prácticas de activismo cívico.

Respecto de los instrumentos o herramientas de protesta y propuesta ciudadana pienso que las elites políticas y económicas se encuentran vacunadas y el cinismo y la codicia que las domina las hace inmunes. Las marchas, los plantones, el cierre de vías de circulación, los desplegados, las denuncias públicas mediante los medios de comunicación masiva, incluso el escrutinio y el reclamo internacional ya no funcionan. La calidad moral de las élites políticas y económicas es tan baja y tan compartida que se encubren y perdonan entre sí, negociando en el legislativo y mediante los poderes judiciales de manera que la impunidad es un hecho cotidiano y una bofetada constante en la cara de la población. Un ejemplo emblemático de ello es el encubrimiento creciente de la red de prostitución operada por Cuauhtémoc Gutiérrez el líder del PRI en el D.F. Al PRI nacional y al Presidente Peña Nieto no le conviene ese desprestigio cuando la intención es recuperar el control del D.F. y hay líderes de otros partidos que participan en negocios similares.

Un camino nuevo de protesta y movilización se plantea mediante el uso de las redes sociales y por la vía de la judicialización de los reclamos. Sin embargo, esta último sólo es posible si se cuenta con jueces imparciales y autónomos, cosa que también está en entredicho por la deplorable actuación de varios de ellos protegiendo casinos, empresas inmobiliarias y muchos negocios ilícitos.

Parecería que en realidad la única vía que actualmente brinda alguna esperanza es la recomposición de lo político, lo social y lo económico desde la base territorial, desde lo local, reconstruyendo la confianza, la solidaridad y una paz activa.

San Luis Potosí, 20 de mayo de 2014.

INCIDE Social A.C.

Las ponencias presentadas en el Seminario Un Balance de las Elecciones de 2012 que se publican en este número de la revista fueron formuladas por un grupo de académicos y especialistas que desde hace varios años dan seguimiento a las elecciones en el país, pero que además han realizado un activismo cívico y editorial comprometido con la democracia en el país. Los textos muestran con claridad sus preocupaciones centrales y ayudan a entender mejor la complejidad subyacente en los procesos electorales y en las relaciones de los diversos actores participantes.

La evaluación de los ciudadanos respecto de la calidad del proceso electoral federal 2011-2012 difiere ampliamente. Como lo señala Alberto Aziz en su texto la percepción de un sector importante de la población es que la contienda no fue equitativa y estuvo plagada de intervenciones interesadas y de violaciones a la legislación frente a las cuales la institucionalidad electoral no fue capaz de dar certidumbre y confianza. Algunos estudiosos del tema perciben crecientes dificultades para desarrollar reglas y herramientas que permitan contener y sancionar esas intervenciones ilegales y violaciones pues se realizan en espacios privados con total opacidad y con la complicidad característica de los niveles de corrupción e impunidad que padecemos.

No obstante la diferencia de 3.3 millones de votos, 6.62%, entre el primer y segundo lugar para la Presidencia de la República y de la participación del 63.3 % de la lista nominal de electores -siete puntos porcentuales por encima de la registrada en 2006- muchas personas, no sólo las que apoyaron a los candidatos perdedores, quedaron con la percepción de que la contienda fue desigual. Además consideran que esa desigualdad se fue construyendo desde antes de que iniciara formalmente el proceso electoral en octubre del 2011.

No existe un consenso sobre lo ocurrido aun cuando los procesos básicos de organización y calificación de la elección se cumplieron con apego a la norma. Se instalaron las más de 143 mil casillas en todo el país y se integraron debidamente las mesas de funcionarios electorales, se efectuó una distribución apegada a la Ley de los tiempos en medios, y se realizó un monitoreo adecuado de los mismos con los límites que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se realizaron los debates previstos entre los candidatos, se efectuó un amplio recuento de votos (54.8%) mediante un trabajo intensivo y comprometido de los consejos distritales en un plazo muy corto, los procedimientos para tener cifras oportunas de los resultados como el conteo rápido y el PREP se llevaron a cabo sin problemas, se resolvieron múltiples procedimientos especiales sancionadores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal calificó y declaró válida la elección y otorgó las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, etc. etc. etc.

Sin embargo, el control de varios de los factores intervinientes que desde la óptica de muchas personas no permiten considerarla como una elección equitativa está fuera de las atribuciones, posibilidades y tiempos de intervención de la institucionalidad electoral actual. En cada elección los partidos políticos ponen en práctica viejas estrategias como es el clientelismo o la recepción encubierta de recursos privados para desequilibrar la contienda y surgen nuevas modalidades como fue en esta ocasión, la construcción mediática de candidatos con mucha anticipación o el uso de las encuestas como propaganda. Como lo señala claramente Alberto Aziz en su texto y Ana Saiz lo menciona de algún modo, se trata de un ciclo en donde mediante reformas a la legislación electoral se busca prevenir la repetición de situaciones que desequilibraron la contienda electoral previa, se fortalecen los instrumentos y la institucionalidad, pero en cada nueva elección aparecen nuevas modalidades para obtener ventajas y se tiene que entrar de nuevo a reformar la legislación electoral. José Antonio Crespo considera que esa búsqueda de los partidos políticos y candidatos para obtener ventajas sobre sus competidores forma parte de los procesos democráticos y que se observa también en muchos otros países.

Aziz por su parte señala que cada elección se pone en disputa el modelo de reglas electorales con las que se compite. Se trata dice, de ciclos complicados que inician por elecciones que no terminan por resolverse en las instancias institucionales y que generan conflictos y luego llegan reformas para modificar las reglas y corregir los excesos y vacíos legales.

Si bien es cierto, que estos ciclos repetidos de elecciones-reforma legislativa- adecuación de las instituciones, han contribuido a una mejoría sostenida de las reglas, procedimientos e instrumentos para lograr elecciones competidas, equitativas y confiables es evidente que la organización de elecciones en México es cada vez más costosa tanto por los recursos legales como los ilegales que se utilizan y que muchas de las dificultades que se observan en los procesos electorales tienen que ver más con el contexto general del país. En este sentido el país enfrenta una corrupción generalizada, ausencia del imperio de la Ley, creciente captura de espacios del Estado y de territorios por poderes de hecho, dentro de ello destacadamente el crimen organizado, opacidad en el uso de recursos públicos especialmente por los gobiernos locales y persistencia de omisiones importantes de legislación en materia de telecomunicaciones, partidos políticos y lavado de dinero, por ejemplo. Es decir, en tal contexto deberíamos apreciar que el proceso electoral reciente pudo llevarse a cabo y fue posible realizarlo sin tropiezos graves en materia de violencia. finalmente como señala Aziz la elección fue legal pero no legítima entendida esta como la apropiación social de los procesos; sostiene que los procesos electorales llevan a un distanciamiento entre legalidad y legitimidad. En su artículo analiza las situaciones que afectaron la calidad y la legitimidad del proceso electoral reciente analizando varias paradojas.

Lo que parece evidente en varios de los textos de los autores de este número de Desacatos es que los cambios legales e institucionales y los procesos electorales mismos se alejan cada vez más de los intereses de los ciudadanos y de la protección, respeto y garantía de sus derechos políticos. Ana Saiz lo destaca al señalar cómo la reforma política del 2007-2008 disminuyó y acotó las posibilidades de intervención de los consejeros electorales ciudadanos al limitar su participación en comisiones del Instituto Federal Electoral (IFE) y permitiendo la participación de los partidos políticos en las mismas; quitándoles también la unidad de fiscalización de su control directo al otorgarle autonomía técnica y de gestión o al designar el Congreso al Contralor Interno del Instituto, y también sometiendo a los consejeros locales y distritales a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Desde mi óptica los consejeros ciudadanos a varios niveles de la estructura, además deben ahora destinar una gran cantidad de tiempo para dirimir los conflictos entre los partidos y los candidatos al tener que resolver los llamados Procedimientos Especiales Sancionadores en detrimento del tiempo que destinan a participar y dar seguimiento a la organización de las elecciones en todo el territorio nacional.

Si anteriormente eran pocos los consejeros electorales del Consejo General que recorrían el país y los distritos electorales para constatar lo que efectivamente estaba sucediendo en el terreno, el agobio que ahora tuvieron para resolver los conflictos entre partidos políticos y confrontar la presión ejercida sobre ellos por representantes de los medios de comunicación, los alejo más del contacto con toda la estructura ciudadana y profesional del IFE que es la que realmente organiza todo el proceso. Esto a la larga se convierte en un problema de pérdida de integración y sentido de cuerpo de los ciudadanos y funcionarios electorales con respecto a la institución, pues en muchas ocasiones tienen que afrontar circunstancias muy difíciles e incluso riesgosas ante amenazas de los representantes de los partidos políticos y de los poderes de hecho locales, así como conflictos entre los propios consejeros ciudadanos y los miembros del servicio profesional electoral.

En el mismo sentido sobre la creciente desvinculación de la legislación electoral con la protección de los derechos de los ciudadanos Ana Saiz en su artículo realiza un análisis detallado y con varios ejemplos para probar que las disposiciones incluidas en la mencionada Reforma Electoral respecto al recuento de votos, asunto nodal en el conflicto postelectoral del 2006, no se hicieron para darle seguridad a los ciudadanos de que sus votos se contaron y se contaron bien. Nuevamente se trata de disposiciones para que los partidos políticos y los candidatos puedan controvertir los resultados de casillas específicas o para obligar a recuentos en donde una vez ratificados los resultados originales, proceden a buscar la eliminación de casillas argumentando deficiencias con el propósito último de cambiar los resultados de las votaciones, ello a costa de invalidar votos de los ciudadanos.

Es decir, los procesos electorales están cada día más secuestrados por las cúpulas de los partidos políticos y las élites económicas y sociales pues son estos actores quienes se distribuyen las candidaturas al Congreso y a los poderes ejecutivos, ejercen presión y con frecuencia intervienen en las decisiones de las instituciones electorales y se esfuerzan por inducir el voto mediante presiones.

Los ciudadanos en cambio, poco o nada participan en la selección de los candidatos de los partidos, ni aun siendo miembros activos de estos y no tienen derecho a conocer los curriculum de esos candidatos a fin de ejercer un voto informado, como lo han mostrado las investigaciones realizadas por el Comité Conciudadano para la Observación Electoral[1]. Además padecen las campañas electorales con incontables espots y no se atiende su exigencia por un mayor número de debates para conocer las posturas de los candidatos. Aquellos ciudadanos que tienen posiciones subordinadas por cuanto a su trabajo o a sus ingresos son sujetos de presión para decidir por quién votar. Todos enfrentan el riesgo de que sus votos sean invalidados por las disputas entre partidos o candidatos y terminan siendo gobernados y representados por integrantes de las élites y de los poderes de hecho, que se encargan de gobernar y legislar colocando sus intereses particulares por sobre los colectivos.

El hartazgo que tal situación ha venido generando en la población fue retomado por los jóvenes universitarios del movimiento #YoSoy132. El artículo de Jorge Alonso expone con claridad y detalle las razones del surgimiento del Movimiento, el contenido y el origen de sus demandas, su expansión y articulación en todo el territorio y con otros movimientos sociales, sus formas alternativas de organización, sus mecanismos pacíficos, lúdicos y creativos de protesta y las estrategias para enfrentar la represión. A pesar de ser un movimiento de jóvenes rechazan centralmente las formas de hacer política y ejercer el poder de las administraciones priistas y por lo tanto, enfocaron su protesta contra el candidato presidencial de ese partido y contra los consorcios televisivos que obstaculizan la democratización de los medios de comunicación es decir lo que Jesús Cantú llama la pluralidad interna y externa de medios.

La falta de equidad en la contienda electoral

Ahora bien, cuatro parecen ser las razones esgrimidas para considerar que no fue una elección equitativa: primero la estrategia y los recursos puestos en práctica desde el 2006 por los consorcios televisivos para colocar en el imaginario de los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de toda la colectividad de que sólo había un candidato viable para ser presidente, es decir, la construcción mediática de un candidato; en segundo lugar una cantidad tal de recursos destinados por los partidos y sus aliados a las campañas políticas que se rebasaron los límites establecidos por ley y dentro de ello, la incorporación de recursos provenientes de fuentes privadas y de gobiernos locales en apoyo a las campañas; en tercer lugar, prácticas compartidas por todos los partidos de compra de votos e inducción de votantes y finalmente, el papel jugado por las empresas encuestadoras que más que informar contribuyeron a orientar los votos.

Las evidencias aportadas a las instituciones electorales sobre diversos incidentes registrados durante el proceso y detectados por los mismos consejeros distritales del IFE, por los observadores ciudadanos nacionales e internacionales, por los diversos partidos y por jóvenes del Movimiento #YoSoy132 no fueron lo suficientemente contundentes como para conducir a una anulación del proceso. Así lo declaró el Tribunal Electoral del Poder Judicial al emitir su dictamen sobre las impugnaciones y quejas recibidas en torno a la calidad y legalidad de la elección.

Varios miembros del Movimiento #Yo Soy132 decidieron convertirse tardíamente en observadores después de comprobar que sus protestas en contra de las mentiras, la simulación y la corrupción de los medios de comunicación y de los poderes fácticos no cambiarían el triunfo del candidato impulsado por estos.

Entre varios ciudadanos quedó la percepción de que si bien, todos los partidos incurrieron en faltas de apego a la Ley y en el clientelismo, las instituciones electorales no hicieron lo suficiente para profundizar en la investigación de los incidentes que les fueron informados mediante quejas y denuncias, ni actuaron de oficio ante la sospecha de falta de equidad en la contienda, por el interés y la prisa por declarar válida la elección.

Tres de los textos incluidos en este número de la Revista hacen referencia a algunos   aspectos que generaron la percepción difundida sobre falta de equidad en la contienda y contribuyen con información, argumentos y dudas.

El texto de Jesús Cantú al analizar la información sobre los candidatos presidenciales difundida por los dos noticieros más vistos de TELEVISA y TV Azteca y en tres periódicos de circulación nacional: El Universal, La Jornada y Reforma concluye que la igualdad política en la competencia electoral fue vulnerada por la intervención de los consorcios televisivos en favor de una candidato desde antes de iniciarse el proceso electoral. Al revisar el número de notas, su duración, su tono y su distribución en el tiempo, durante tres periodos desde el 1 de abril de 2011 hasta el 1 de julio del 2012 concluye que en la televisión no existe ni pluralismo interno ni externo y que seguramente tienen una gran influencia en la orientación del voto por el elevado porcentaje de mexicanos que se informan principalmente por este medio. De acuerdo a la ENCUP[2] 2012 se trata del 76% de los mexicanos. Respecto de los medios escritos observados concluye que si bien no existe pluralismo interno, si se encuentra pluralismo externo al favorecer cada uno de ellos en mayor o menor medida, a un candidato o a un partido. Sin embargo, de acuerdo a la misma Encuesta solamente el 5.4% de la población tiene ese medio como su principal fuente de información. Con los datos que sustentan el análisis de este autor, aunque limitada a pocos medios de comunicación de gran influencia, existe evidencia de que la balanza llegó cargada a las elecciones en razón de la estrategia de los medios de comunicación, principalmente las televisoras, de colocar a Enrique Peña Nieto como el candidato presidencial que triunfaría.

Por su parte, José Antonio Crespo en un minucioso análisis y con una acuciosa argumentación sustentada en el análisis de información busca mostrar el por qué la izquierda no logra llegar al poder. Desmenuza varias de las impugnaciones presentadas por el Movimiento Ciudadano con miras a la anulación de la elección. Señala las inconsistencias en las posiciones sostenidas en diferentes momentos por el Movimiento Ciudadano y principalmente por su candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Así mientras en un momento de la campaña alienta AMLO a los electores a aceptar los regalos y beneficios que les son ofrecidos a cambio de su voto, uno de los principales puntos de su demanda ante las instituciones electorales se relaciona con la compra e inducción del voto.

Crespo descarta con datos sobre la intención del voto y sobre la posición de los electores frente a los diferentes candidatos, la posibilidad de que la diferencia de más de tres millones de votos entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto tenga su origen en una gran operación de compra de votos y en otras estrategias para alterar la voluntad de los electores. Muestra como el candidato de la izquierda llegó a la contienda con mayor rechazo de los electores (negativos) que apoyos (positivos) y cómo estaba obligado a remontar el alejamiento de los electores independientes que habían votado por él en la elección del 2006. Sostiene que muchos de ellos dejaron de apoyarlo por sus actos posteriores a la elección y por su desconocimiento de la institucionalidad, aún cuando los partidos de izquierda habían participado en su desarrollo.

Crespo cuestiona la estrategia de campaña de AMLO y en general de la izquierda, que se dirige fundamentalmente a sus votantes duros y aleja a los votantes independientes más mesurados, menos radicales y menos anuentes al conflicto y también más volátiles. Está convencido de que la única manera de que la izquierda llegue al poder radica en que sus estrategias de campaña logren suficientes votos de los electores independientes en niveles tales que les permita superar la desventaja proporcional que tienen en materia de votantes duros, comparativamente con los otros dos partidos. Para este autor lo ocurrido en la elección del 2012 respecto de la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar se relaciona con una mala estrategia política de los partidos de izquierda, más que con el peso que pudieron tener las anomalías registradas y denunciadas por el Movimiento Ciudadano.

La pregunta que cabría hacerse es si es posible pensar en elecciones equitativas, igualitarias y transparentes en México, donde se permita a los ciudadanos elegir de manera libre e informada y asegurar que su voto será respetado, dada la profunda desigualdad existente en el país, el déficit de ciudadanía social y civil que padecen millones de mexicanos, el grado de concentración del poder económico y de los medios electrónicos de comunicación, la presencia de conspicuos poderes de hecho que se han colocado por encima y han capturado a los partidos y a los políticos, el manejo cupular y la ausencia de vida y prácticas democráticas en los partidos políticos y en varias organizaciones sociales y la presencia de corrupción diseminada y compartida.

Tres situaciones marcaron la elección pasada: el retorno del PRI al poder después de doce años de gobiernos panistas de baja calidad democrática y elevados niveles de corrupción, el surgimiento espontáneo del movimiento de jóvenes universitarios #Yo soy 132 y la profunda crisis del PAN, después de haber estado en el poder.

Considero que otra situación que se constató es la captura de los procesos electorales por las cúpulas de los partidos políticos y por los poderes de hecho situación que fue ampliamente denunciada por el Movimiento #YoSoy132. Ni los militantes de los partidos políticos, mucho menos las y los ciudadanos tuvieron intervención en la postulación de candidatos, ni a la presidencia de la República ni al Congreso; un número creciente de legisladores elegidos son representantes de intereses particulares de grupos económicos, de fracciones partidarias y seguramente, incluso del crimen organizado. Las elecciones tienen cada vez menos que ver con la vida y decisión de las personas y son usadas para legitimar decisiones previamente tomadas por las élites para preservar sus intereses.

Difícilmente lograremos elecciones en las que confluya la legalidad y la legitimidad en un entorno tan poco propicio. Es cada vez más claro que no basta hacer cambios a la legislación e instituciones electorales para corregir vacíos y excesos cometidos en la elección previa. Ese modelo se ha agotado y resulta altamente costoso. Es necesario entrar a una revisión profunda de la institucionalidad en la que operan actualmente todos los agentes interesados en el acceso al poder incluyendo al menos la legislación que regula la vida de los partidos políticos, las actividades políticas y de cabildeo de las empresas, las organizaciones y los gobiernos, las leyes relativas a la participación y organización ciudadana, las relacionadas con el crimen organizado, con las telecomunicaciones y los servicios financieros en el país.

Un aspecto central es rescatar la institucionalidad electoral en todo el país y ponerla en manos de ciudadanos y ciudadanas independientes que puedan realizar una función de arbitraje profesional, equilibrada y equitativa; asimismo separar la atención a la de conflictividad entre los contendientes de la organización de los procesos a fin de garantizar igualdad en las contiendas. La creación de un Instituto Nacional de Elecciones como fue propuesto por el Comité Conciudadano en 2007[3] parecería una vía interesante para abatir además el costo de los procesos electorales.

[1] Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C. (2006) Por un Congreso con rostro. ¿Qué representan los que quieren representarnos?, México,D.F.; Comité Conciudadano para la Observación Electoral/INCIDE Social (2011), Observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009. Consejo General del IFE y Tribunal Electoral del Poder Judicial pág. 119 y 158, México D.F.

[2] Encuesta Nacional de Cultura Política

[3] Comité Conciudadano para la Reforma Electoral/INCIDE Social A.C. (2007) Propuesta Ciudadana para la reforma Electoral, México, D.F.

Al leer los textos de Alonso y Alberto Azis, el primero que habla de las etapas del proceso seguido en el surgimiento del Movimiento #132 y el segundo de ocho paradojas electorales se me vino a la mente otra forma de mirar los contextos externos e internos del proceso electoral reciente y del propio Movimiento de jóvenes universitarios a partir de las tensiones que parecen reflejarse en los textos expuestos.

En un ambiente general en el país de ausencia de imperio de la Ley, avaricia y creciente corrupción de las élites, debilitamiento y desestructuración del Estado e incluso, captura del mismo en algunos territorios: ¿Por qué podríamos haber esperado que las instituciones y los agentes que participan en los procesos electorales, destacadamente los partidos políticos, podrían haber actuado en favor del interés general y no de sus intereses particulares?

¿Cómo era posible que las instituciones electorales pudieran haber brindado confianza y certeza a los ciudadanos sobre la calidad del proceso electoral?

Sólo teniendo fuerzas sociales de observación y vigilancia lo suficientemente poderosas se hubiera logrado darle un giro a lo sucedido e impedir lo que finalmente ocurrió.

¿Y qué ocurrió? Que elegimos a un candidato a la Presidencia proveniente del viejo partido autoritario, que a su vez ejerció una gubernatura autoritaria y nada respetuosa de los derechos humanos de la población y que detrás del mismo está el expresidente Carlos Salinas y Pedro Aspe que siguen actuando para profundizar las reformas neoliberales que no lograron completar. Que además tenemos un congreso tomado por los consorcios televisivos (al menos 25 posiciones) y por otros grupos económicos poderosos como son las empresas mineras, que ya mostraron su rostro cambiando la minuta de la Reforma Laboral y que seguramente irán apareciendo los de las empresas farmacéuticas, alimentarias, de energía, turísticas, etc. Que el seudo-Partido Verde Ecologista consiguió un mayor número de posiciones en el congreso.

En cambio, las oposiciones de derecha y de izquierda se han fragmentado, desdibujado y han entrado en situaciones críticas. Contamos con muy pocas organizaciones civiles, desigualmente distribuidas en el territorio nacional, crecientemente debilitadas por la escasez de fondos y agobiadas por la catástrofe humana que nos deja el gobierno de Calderón.

Ahora bien, en los doce años de administraciones panistas ocurrió un cambio significativo en los términos de relación entre poder político y poder económico, incluyendo de manera destacada a los consorcios televisivos. En la actualidad las relaciones de subordinación están invertidas y la clase política está sometida a los intereses de las élites económicas, incluso ha sido penetrada por miembros de esas élites o por sus leales empleados que llegan al Congreso. Basten los ejemplos de Ninfa Salinas o del Senador Mendoza.

Pero el proyecto más ambicioso en este proceso de toma del poder político fue la construcción de un candidato presidencial por TELEVISA, empresa que desde el inicio de la gubernatura de Peña Nieto se hizo cargo de televisión mexiquense, de la organización y difusión de sus informes y de toda su campaña en medios para construir y posicionar su imagen.

Este argumento de telenovela no pudo ser modificado por la compleja y detallada institucionalidad electoral, ni por el notable cambio en los términos de relación entre los candidatos y los ciudadanos organizados que obligó a los primeros a dejar el blindaje de su rígida estructura de campaña para salir a encontrarse y enfrentar el escrutinio y las agendas de los grupos ciudadanos. Dentro de esto último el Movimiento #YoSoy 132 jugó un papel destacado: cuestionó lo que representaba Peña Nieto, obligó a los candidatos a tener un debate abierto y menos estructurado al cual Peña no asistió y enfrentó el poder de las televisoras exigiendo la democratización de los medios de comunicación electrónica como su principal punto de agenda.

Dada la debilidad de la sociedad civil mexicana lo mejor que nos pudo haber pasado es el surgimiento de un movimiento de jóvenes universitarios que en términos pacíficos, lúdicos, festivos y de encuentro de la diversidad nos muestran el desastre social y político que les estamos heredando. La esperanza ahora es que logren sostener su movimiento, que puedan superar la invisibilización de que son objeto por parte de los poderes mediáticos, que logren comunicarse con los sectores mayoritarios de la población y que vayan teniendo resultados para cambiar la situación del país.

Aquí es donde quisiera entrar a las tensiones que yo observo en el Movimiento #YoSoy132 a partir de los textos presentados:

1. ¿Cómo organizarse de manera que se mantenga una amplia participación en todo el territorio y un funcionamiento democrático del movimiento sin caer en el asambleismo? Son las asambleas locales, estatales y/o las regionales las que confluyen en la Asamblea General Interuniversitaria o hay un esquema escalonado donde los representantes de las locales, forman las estatales y los de las estatales las regionales y finalmente estos son los que llegan a la Asamblea General, como lo señala Alonso en su trabajo?
2. ¿Cómo articularse con otros movimientos sociales y populares y con organizaciones sociales y civiles, sin ser absorbidos por las agendas de estos, ni imponer su propia agenda?
3. ¿Cómo superar la desconfianza al riesgo de ser utilizados, cooptados o subsimidos a proyectos de otros o de los grupos poderosos?¿Cómo blindarse a los riesgos de cooptación, división y destrucción?
4. ¿Cómo ser humildes y superar lo que a veces pudiese parecer soberbia y autosuficiencia en los diálogos con los otros y saber aprovechar los avances que existen sobre temas del interés del Movimiento?
5. ¿Cuáles son los temas de agenda que el Movimiento está dispuesto a asumir o a agregar a su propia agenda?
6. La tensión entre el activismo de corto plazo para mantener la visibilidad y el activismo estratégico que vaya sumando actividades para el logro de metas predefinidas.

Hay cuatro cosas que destaca el documento de Jorge que han logrado: uno impedir los protagonismos que se vuelven altamente riesgosos para la permanencia del Movimiento (ejemplo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad) y obligar a la circulación flexible de voceros; dos haber encontrado la forma de registrar consensos y disensos; tres mantenerse como un movimiento pacífico, apartidista, autónomo y cuatro haber logrado el encuentro entre universidades públicas y privadas.

Por cuanto al proceso electoral las tensiones que me parece se destacan son:

1. La percepción generalizada y compartida de que algo estuvo mal como es la compra de votos y los elevados gastos de campaña frente a la debilidad y a veces falta de atribuciones legales y herramientas para evidenciarlo y combatirlo por parte de las instituciones electorales.
2. La posición del IFE que se refleja en la respuesta al Informe Final de la Misión de Expertos de la UE que señala que “el Instituto Federal electoral manifiesta que trabaja bajo el principio de estricta legalidad, ceñido a la letra de las disposiciones normativas, de tal manera que los actores, partidos y candidatos, adquieren confianza en el proceso porque tienen la certeza de que la autoridad sigue un riguroso camino de cumplimiento previsto con toda anticipación en la ley, de manera constante y coherente, sin desviaciones, y bajo la permanente vigilancia y participación de los partidos políticos”. Al final los ciudadanos y sus derechos políticos no importan, no importa su percepción de que la competencia no fue equitativa y que los jugadores y los árbitros sólo trabajan para ellos mismos. No importa finalmente la democracia, sino cumplir con la Ley escrita por los equipos en competencia.
3. La tensión en la aplicación de las nuevas disposiciones previstas en las últimas reformas electorales y las nuevas tretas y mecanismos que desarrollan los partidos para mantener la falta de equidad en las contiendas. Las reformas tapan los agujeros de los procesos electorales anteriores y los partidos se dedican a crear nuevos agujeros.
4. La tensión al interior de cuerpos colegiados donde existe corrupción y cooptación de algunos de sus miembros y el acoso permanente de los dueños de los medios de comunicación y de los partidos políticos.
5. La tensión entre las instituciones electorales.
6. La tensión entre dar certeza mediante decisiones rápidas pero poco informadas o tardar las decisiones, generar incertidumbre temporal, pero llegar a decisiones más informadas y más equitativas.

Al final toda la organización del proceso electoral estuvo bien, especialmente teniendo en cuenta la violencia presente en muchas zonas del territorio. Sin embargo la percepción por una parte importante de la población es que la contienda no fue equitativa y estuvo plagada de intervenciones interesadas frente a las cuales la institucionalidad electoral no fue capaz de dar certidumbre y confianza.

Reflexión sobre su magnitud, sus resultados y sus especificidades

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