Los derechos humanos en México en 2016. Una apreciación general[1]
Clara Jusidman
Por México Hoy
El avance en materia legislativa que logramos en 2011 al incorporar los derechos humanos como eje rector de la Constitución Federal, se puede considerar como un punto culminante de un proceso de aceptación del enfoque de derechos humanos en la política pública de nuestro país y de apertura de México al escrutinio de los organismos internacionales en la materia.
Este proceso se inició a finales de la década de los años noventa del siglo pasado. Caminó en paralelo con la llamada “ciudadanización” del Instituto Federal Electoral concretada con la reforma política de 1996/97.
De 1997 a 2003 podríamos afirmar que el país avanzo en materia de democracia electoral y de derechos humanos. En 2003 realizamos un importante diagnóstico sobre los obstáculos que impedían la realización de estos últimos en México que contenía 31 recomendaciones y se inició la elaboración participación ciudadana el primer Programa Nacional de Derechos Humanos. Se empezó también a recibir relatores especializados de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se instaló una Oficina en México de esa Alta Comisionada.
Sin embargo desde 2003 los partidos políticos empezaron a repartirse las instituciones, las posiciones y los recursos de los tres poderes del Estado Nacional, así como de los gobiernos de los Estados, incluyendo a los consejos y directivos de los órganos autónomos. Desde ese año lo que hemos llamado “partidocracia”, sustituyó al autoritarismo del Partido de Estado. La pluralidad de partidos en México ha conspirado contra los avances democráticos y bloqueado la participación ciudadana en los procesos políticos. Tenemos cúpulas partidarias crecientemente corruptas y alejadas de la población que negocian entre ellas cuotas de poder.
En 2016 enfrentamos un discurso retórico que abusa del concepto de derechos humanos incompatible con la profunda crisis humanitaria en la que el país es sumido.
En la actualidad todos estamos agobiados por las violaciones generalizadas a los derechos civiles cometidas por diversos agentes: el crimen organizado, las empresas transnacionales, los diversos poderes de hecho, las policías, el ejército, los políticos en el poder; esas violaciones afectan a todo tipo de personas jóvenes, mujeres, niños y niñas, adolescentes, migrantes; ocurren en todo el territorio nacional y se expresan en muy diversas modalidades de violación: homicidios dolosos, desapariciones forzadas, despojos, secuestros, extorsiones, desplazamientos, violaciones y trata de mujeres, niñas y niños, sometimiento y esclavitud, tortura y malos tratos. Estos son los términos y las realidades que se han incorporado a la vida y al léxico de los mexicanos en la última década. Nuestro derecho al Estado, nuestro derecho a una buena administración, se encuentra conculcado profundamente. Reflejan una ausencia grave de Estado.
Los derechos políticos son conculcados mediante el manejo clientelar de las elecciones, la compra de votos, el abuso de los recursos públicos, los reiterados fraudes y el control de las instituciones electorales. Las campañas y procesos electorales han corrompido la vida pública y aumentan la conflictividad social.
En materia de derechos económicos, sociales y culturales los programas de transferencias monetarias condicionadas que pronto celebrarán 20 años de estar operando con su programa emblemático Progresa/ Opotunidades/Prospera, lo más que han logrado es mantener los niveles de pobreza iguales a los que prevalecían en 1992. Se montaron en un aparato de educación y salud que fue desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial que se ha venido deteriorando en su calidad y pertinencia y que en nada contribuye a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Las brechas de desigualdad permanecen iguales.
El trabajo y el salario en lugar de fortalecerse como mecanismos redistributivos del ingreso para permitir a las familias acceder a mejores niveles de bienestar así como a una reproducción saludable, digna y positiva de la fuerza de trabajo, se han convertido en mecanismos de control y empobrecimiento de los sectores asalariados y han propiciado la fuga de muchos jóvenes a la migración y hacia actividades informales, ilegales e incluso criminales.
Ni que decir del desastre que priva en el campo mexicano a partir de las reformas al 27 constitucional y la firma del TLC: la destrucción del ejido y la propiedad comunal, el neolatifundismo, la competencia en el uso del suelo y de los recursos hídricos, la irracional expansión horizontal de las ciudades y la aparición de nuevos agentes económicos extraños en la vida de las comunidades rurales, la entrega del subsuelo a las empresas mineras que sumados a las consecuencias del cambio climático han acelerado las migraciones del campo, el abandono del campo, el desalojo de comunidades enteras, la ruptura de identidades y tejidos social y el aumento de la dependencia alimentaria del país.
El discurso político oficial en materia de derechos humanos no se compadece con lo que realmente está ocurriendo en el territorio nacional en materia de violación sistemática y generalizada de la dignidad, la integridad, el patrimonio y la vida de las personas. Sólo las miradas y críticas externas han obligando a nuestros precarios, fallidos y omisos gobiernos a mirarse al espejo y darse cuenta que mientras ellos viven en las nubes el país se está deshaciendo.
La triste realidad es que la tan esperada transición a la democracia se convirtió en una transición al desastre, a la dispersión del poder entre múltiples agentes económicos y políticos que no encuentran límites ni contrapeso a sus desmedidas ambiciones y que pueden cometer todo tipo de arbitrariedades sin consecuencia alguna.
Porque la transición fue trunca, se limitó a la materia electoral y por ello fue rápidamente revertida. Ni el perjudicial modelo económico neoliberal fue cambiado, frustrando con ello el cierre de brechas de desigualdad y el tránsito hacia una democracia económica; ni la concentración del poder mediático fue alterada persistiendo el duopolio informativo y una renovada violación a la libertad de expresión; ni el aparato de justicia se movió un ápice de sus espacios de privilegio y confort, consintiendo la corrupción y la impunidad que permea toda la vida pública del país.
Varias preguntas surgen:
¿Por qué ante tal desastre permanecemos impasibles?
¿Por qué no estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestros propósitos para construir consensos que nos permitan avanzar?
¿Por qué no encontramos agendas que nos unifiquen y modalidades que nos permitan cambiar este estado de cosas, sin esperar que sean los grupos en el poder político y económico los que cambien?
Cambiar el modelo económico dominante, recuperar al Estado, democratizar los medios de comunicación y recuperar la libertad de expresión, alcanzar una profunda reforma de la justicia, enfrentar el deterioro ambiental y el cambio climático y conseguir una sociedad que conviva en paz, son sólo algunos de los posibles temas de confluencia.
Necesitamos construir fortalezas ciudadanas, encontrar formas de organizarnos para frenar y sancionar la corrupción y la impunidad, empoderarnos económicamente y enfrentar los abusos que se sustentan en la subordinación y pobreza de millones de mexicanos; echar mano de las acciones y amparos colectivos, protestar frente a cada agravio que proviene de decisiones de los tres poderes del Estado, de los partidos políticos y de los poderes de hecho, aprovechar en fin, nuestro poder como trabajadores, consumidores, educadores, mujeres organizadas, padres y madres de familia, estudiantes, víctimas, activistas cívicos y defensores de derechos humanos.
[1] Intervención en el Espacio de Diálogo para a Articulación de Agendas 12/05/2016