Bajar presentación:Requerimientos para la vida y nuevos riesgos sociales

A la preocupación por avanzar en una política social que permita enfrentar la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación se suma ahora la necesidad de prevenir y mitigar las violencias que agobian a un número importante de personas en varios territorios del país.

En la evolución de la política social en México a los programas relacionados con los sectores sociales históricos: salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad social, se agregaron a partir de los años setenta, los focalizados dirigidos a grupos en pobreza y a zonas marginadas principalmente rurales, en los noventas se sumaron programas dispersos y enfoques trasversales a partir de instituciones especializadas relacionados con género, jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGTTTBI. El agregado más reciente son los programas de prevención del delito que en una visión reduccionista incluyen atención y prevención de adicciones, recuperación de espacios públicos y promoción de actividades productivas, con los que supuestamente se busca reconstruir tejido social, y que fueron retomados como una prioridad por Peña Nieto al anunciar el 1 de diciembre sus 13 decisiones iniciales.

De acuerdo a las trece decisiones del discurso de Peña Nieto del 1 de diciembre su interés inmediato en lo social se concentra en prevenir el delito, atacar el hambre y mejorar la calidad de los servicios educativos, ofrecer un seguro de vida a las madres jefas de familia y universalizar las pensiones para las personas de 65 años y más.

Sin embargo, la creciente complejidad social incluye diversas dimensiones:

1. a) las cinco problemáticas mencionadas: desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación e inseguridad;
2. b) los ámbitos sociales sectoriales (equiparables a los derechos sociales mencionados en el PIDESC y en el Protocolo de san Salvador),
3. c) los grupos poblacionales, que además se van diversificando por la visibilización de las problemáticas de los migrantes, la población desplazada, las víctimas de la inseguridad, las personas sujetas a trata, etc.
4. d) las condiciones diversas que se viven en el territorio que dificultan generalizaciones e intervenciones sociales homogéneas y biunívocas,
5. e) las transformaciones de las familias que enfrentan crecientes dificultades para cumplir su rol de reproducción social de las personas.

Una posición bastante compartida por los grupos progresistas en política social señalaría que desde la federación deberían definirse y manejarse los programas destinados a garantizar igualdad de acceso y de disponibilidad de servicios de calidad para realizar los derechos económicos, sociales y culturales universales de todas y todos los mexicanos. es decir, definir los estándares básicos o los pisos de partida de bienes y servicios para de cumplimiento al acceso para todos a educación, salud, alimentación, infraestructura básica de servicios, vivienda, remuneraciones y prestaciones laborales, seguridad social incluyendo seguros de desempleo y pensiones.

Sin embargo, en razón de la complejidad mencionada considero que no basta exigir a la política social la universalización de acceso a un piso básico de bienes y servicios, que resultarían de programas y acciones aplicados desde los sectores sociales de la administración pública. Si bien esto ayudaría a atender la problemática de la desigualdad y de la pobreza, no bastaría para revertir las enormes brechas entre los grupos socioeconómicos y el avance de la conflictividad por la disparidad en los niveles de vida. Asimismo la descentralización de al menos tres herramientas fundamentales: el aparato de educación pública, el de salud y el DIF hará que persistan los problemas de desigualdad en la calidad de los servicios en el territorio: servicios de calidad para los ricos y servicios pobres para los pobres si no se encuentra una estrategia para revertir esa situación, tal vez ofreciendo mejores remuneraciones al personal docente y de salud que trabaje en zonas de menores ingresos.

Para la incorporación de la perspectiva de los grupos sociales en situación de discriminación si bien es importante su inclusión en igualdad de condiciones a los bienes y servicios de tipo sectorial social (educación ,salud, vivienda,etc) habrá que hacer algunas previsiones en las instalaciones y en los modelos de atención para considerar las necesidades específicas de algunos de estos grupos: por ejemplo, hacer accesibles las instalaciones físicamente, atender las problemáticas de salud específicas por sexo y grupos etarios y desarrollar el personal y las instalaciones y equipamientos apropiados para su atención, desarrollar una oferta educativa para los distintos grupos etarios, considerar la accesibilidad lingüística de los programas de educación y de salud, promover remuneraciones iguales por trabajos iguales.

Pero la atención de grupos de población específicos significa el desarrollo de acciones e intervenciones que van más allá de las tradicionalmente consideradas en los sectores sociales sectoriales en razón de que responden a problemáticas específicas de los grupos y que derivan de relaciones sociales conflictivas, de actitudes discriminatorias, de desconsideración y abandono. La modificación de este tipo de situaciones significa la puesta en práctica de programas de tipo cultural (campañas contra la discriminación), de acceso a la justicia (violencia intrafamiliar y de género), de apoderamiento y organización ciudadana, de salud mental, de convivencia, cuidado y protección (albergues, centros de día, unidades de rehabilitación, etc.) entre otras. Muchos de estos programas deben ser instrumentadas muy cerca de los ciudadanos, en el territorio, de manera de que sean accesibles y cercanos a las personas.

Este tipo de intervenciones han sido abandonadas por el gobierno federal, las pocas que tenía el DIF han sido reducidas a algunas intervenciones realizadas por interés de algunos DIF municipales, con poca sostenibilidad en el tiempo por la naturaleza de las administraciones municipales que sólo duran tres años. En otros casos se han transferido o son realizadas por entes privados de tipo empresarial o de organizaciones de la sociedad civil, especialmente de tipo asistencial.

Con la pérdida de control del personal docente y del personal de salud, ahora trasladado a los gobiernos estatales, el Gobierno Federal no tiene agentes que trabajen en el territorio y tiene que depender de la concertación con autoridades estatales para introducir algunos programas que atacan las problemáticas descritas.

Es así que la diversidad de problemáticas que afectan a los distintos grupos de población en el territorio, representan un reto para la política social del futuro pues el interés y la capacidad para instrumentar programas dirigidos a atenderlas varía grandemente dentro del heterogéneo mundo de los municipios mexicanos. Los programas de prevención del delito como los llamó EPN o los de prevención social de las violencias requieren de un aterrizaje y adecuación a las condiciones específicas en los distintos territorios; no es lo mismo aplicarlos en territorios aún libres de violencia criminal que en aquellos que ya se encuentran en una situación de violencia crónica. Asimismo requieren ser sostenidos en el tiempo pues inciden en aspectos de tipo cultural que tardan en ser asumidos. La arquitectura institucional de los gobiernos municipales no garantiza la posibilidad ni de implementarlos adecuadamente y menos de sostenerlos en el tiempo.

Para mí, la gran interrogante en este momento es desde dónde y cómo se podrá realizar una política social en el territorio que atienda los nuevos riesgos sociales y cuáles son precondiciones necesarias para poder hacerlo. Ello en un contexto en donde las familias se han transformado y cambiado su capacidad para construir seres humanos dotados de atributos que les permitan navegar en el proceloso mar de las ambiciones y los conflictos humanos.

Finalmente la interrogante es ¿cuáles deberían ser las prioridades de la política social y quiénes deberían responsabilizarse de la instrumentación de ésta o qué aspecto le toca al Estado (poderes y gobiernos municipales, estatales y federal), al mercado, a las familias y a los individuos?

No creo que la política social pueda seguir concentrándose en la atención de la pobreza. Pienso que se requiere de una política social compleja pero no veo quién la pueda diseñar y operar y si hay los recursos suficientes para hacerlo.

Es muy frecuente que los expertos en política y desarrollo social o en algunas de sus ramas como es la alimentaria, la de salud, la del trabajo o la de vivienda mencionen derechos humanos y sociales, o derechos humanos y laborales. No se acaba de asumir que los derechos humanos incluyen no sólo a los civiles y políticos sino también a los económicos, sociales, culturales y ambientales.

La tradición y la concepción dominante es que los derechos humanos tienen que ver esencialmente con libertades como la de expresión, la de movimiento, de reunión, de trabajo o con las protecciones a la vida y a la integridad como el derecho al debido proceso, a no ser sujeto a tortura y malos tratos, a ser privado de la libertad, etc. y refieren a la no interferencia del Estado en la libertad y la vida de las personas.

Pero desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho al trabajo y del trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida digno, al nivel más alto de salud, etc. ya formaban parte de esta concepción más amplia de los derechos humanos pues hacen a la dignidad de las personas e incluso se plantea que son:

• Universales-Corresponden a todas las personas y todas las personas tienen igual condición con respecto a esos derechos
• Indivisidibles– Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales son igualmente necesarios para una vida digna. No hay una jerarquía entre ellos. No se pueden reprimir algunos para promover otros.
• Inalienables– No se puede ser despojado de ellos por otros, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente
• Interdependientes
• Exigibles

Hay que recordar que la Declaración y los subsiguientes Pactos de Derechos Políticos y Civiles y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en conjunto integran la Carta de las Naciones Unidas, son el resultado del consenso entre los países de economía de mercado que privilegian los derechos civiles y políticos y los países socialistas que ponen énfasis en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales

Por su parte la política social puede tener muchos enfoques como es el de brindar asistencia social a los grupos más desprotegidos o marginados, centrarse en la superación de la pobreza, atacar las desigualdades, proporcionar seguridad social a ciertos grupos e incluso compensar y controlar a los sectores excluidos de la corriente principal del desarrollo.

Desde INCIDE Social pensamos que el enfoque de derechos humanos en la política social contiene propósitos más comprensivos pues parte de reconocer la dignidad de las personas y de iluminar sobre cuáles son los derechos frente al Estado que traducen el significado de vida digna.

Los derechos humanos son aquellos que determinan la relación de las personas con el Estado y este tiene la obligación de respetarlos, protegerlos, satisfacerlos y promoverlos y por ello la política social sería la estrategia y los programas que el Estado adopta para cumplir sus obligaciones en materia principalmente de los DESC. En el enunciado original de la Carta de Naciones Unidas los DESC incorporados consideran los aspectos del desarrollo de la vida humana que aseguran la subsistencia y el desarrollo de la calidad humana de las personas: la alimentación, la salud, la vivienda, el vestido, la educación, el trabajo y la seguridad social, a los beneficios de la cultura y del progreso científico y tecnológico, a la protección y asistencia de la familia, al medio ambiente. Más recientemente se han incorporado el derecho al agua y al desarrollo.

La política social en un sentido amplio incorpora esos campos de trabajo y desarrolla las herramientas como programas, acciones, servicios para atenderlos.

La política social se enriquece enormemente al incorporar en su concepción el enfoque de derechos humanos pues arroja claridad sobre lo qué significa cada uno de esos campos de los social, cuáles son las garantías en forma de bienes y servicios que deben garantizarse y como irlos satisfaciendo de manera progresiva. Establece también principios generales como la no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, la participación y la trasparencia y rendición de cuentas.

Las llamadas Observaciones Generales aclaran con detalle el significado de cada derecho y su traducción en garantías. Los informes de los relatores especiales por su parte, esclarecen el tipo de problemáticas nuevas que van surgiendo a través de los años y contribuyen grandemente a las definiciones conceptuales. Es decir hay un gran y continuo trabajo de actualización de los contenidos de los derechos acordes con la evolución de la humanidad.

Nos hacen ver por ejemplo, las dimensiones que deben considerarse para evaluar en qué medida los derechos se realizan o no, y en cuáles dimensiones se presentan omisiones. Estas son la accesibilidad física y económica del bien o servicio, la disponibilidad de infraestructura, de insumos, de personal, para proporcionar el bien o servicio, la calidad necesaria de estos y la asequibilidad para incorporar la diversidad. Muchas veces en la política social le damos prioridad a la cobertura (acceso), pero olvidamos la calidad o su adecuación a diferentes culturas y si estas no cumplen con ciertos estándares la violación de los derechos humanos sigue presente.

Desde esta mirada el derecho universal a la educación básica no se cumple en México pues si bien los niveles llegan a tener cobertura universal, la calidad del servicio es tan deficiente, o las instalaciones y el personal docente son tan insuficientes que se incumple lo acordado en instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte.

En INCIDE Social buscamos:

• Promover la incorporación del enfoque de derechos humanos en la política social
• Aportar al debate sobre la operacionalización del enfoque de DDHH en el diseño, ejecución y evaluación de la política social
• Desarrollar herramientas para el control ciudadano de la política social

El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social se construyó esencialmente como una herramienta de control ciudadano pero también aporta a los dos primeros objetivos.