A la preocupación por avanzar en una política social que permita enfrentar la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación se suma ahora la necesidad de prevenir y mitigar las violencias que agobian a un número importante de personas en varios territorios del país.

En la evolución de la política social en México a los programas relacionados con los sectores sociales históricos: salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad social, se agregaron a partir de los años setenta, los focalizados dirigidos a grupos en pobreza y a zonas marginadas principalmente rurales, en los noventas se sumaron programas dispersos y enfoques trasversales a partir de instituciones especializadas relacionados con género, jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGTTTBI. El agregado más reciente son los programas de prevención del delito que en una visión reduccionista incluyen atención y prevención de adicciones, recuperación de espacios públicos y promoción de actividades productivas, con los que supuestamente se busca reconstruir tejido social, y que fueron retomados como una prioridad por Peña Nieto al anunciar el 1 de diciembre sus 13 decisiones iniciales.

De acuerdo a las trece decisiones del discurso de Peña Nieto del 1 de diciembre su interés inmediato en lo social se concentra en prevenir el delito, atacar el hambre y mejorar la calidad de los servicios educativos, ofrecer un seguro de vida a las madres jefas de familia y universalizar las pensiones para las personas de 65 años y más.

Sin embargo, la creciente complejidad social incluye diversas dimensiones:

1. a) las cinco problemáticas mencionadas: desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación e inseguridad;
2. b) los ámbitos sociales sectoriales (equiparables a los derechos sociales mencionados en el PIDESC y en el Protocolo de san Salvador),
3. c) los grupos poblacionales, que además se van diversificando por la visibilización de las problemáticas de los migrantes, la población desplazada, las víctimas de la inseguridad, las personas sujetas a trata, etc.
4. d) las condiciones diversas que se viven en el territorio que dificultan generalizaciones e intervenciones sociales homogéneas y biunívocas,
5. e) las transformaciones de las familias que enfrentan crecientes dificultades para cumplir su rol de reproducción social de las personas.

Una posición bastante compartida por los grupos progresistas en política social señalaría que desde la federación deberían definirse y manejarse los programas destinados a garantizar igualdad de acceso y de disponibilidad de servicios de calidad para realizar los derechos económicos, sociales y culturales universales de todas y todos los mexicanos. es decir, definir los estándares básicos o los pisos de partida de bienes y servicios para de cumplimiento al acceso para todos a educación, salud, alimentación, infraestructura básica de servicios, vivienda, remuneraciones y prestaciones laborales, seguridad social incluyendo seguros de desempleo y pensiones.

Sin embargo, en razón de la complejidad mencionada considero que no basta exigir a la política social la universalización de acceso a un piso básico de bienes y servicios, que resultarían de programas y acciones aplicados desde los sectores sociales de la administración pública. Si bien esto ayudaría a atender la problemática de la desigualdad y de la pobreza, no bastaría para revertir las enormes brechas entre los grupos socioeconómicos y el avance de la conflictividad por la disparidad en los niveles de vida. Asimismo la descentralización de al menos tres herramientas fundamentales: el aparato de educación pública, el de salud y el DIF hará que persistan los problemas de desigualdad en la calidad de los servicios en el territorio: servicios de calidad para los ricos y servicios pobres para los pobres si no se encuentra una estrategia para revertir esa situación, tal vez ofreciendo mejores remuneraciones al personal docente y de salud que trabaje en zonas de menores ingresos.

Para la incorporación de la perspectiva de los grupos sociales en situación de discriminación si bien es importante su inclusión en igualdad de condiciones a los bienes y servicios de tipo sectorial social (educación ,salud, vivienda,etc) habrá que hacer algunas previsiones en las instalaciones y en los modelos de atención para considerar las necesidades específicas de algunos de estos grupos: por ejemplo, hacer accesibles las instalaciones físicamente, atender las problemáticas de salud específicas por sexo y grupos etarios y desarrollar el personal y las instalaciones y equipamientos apropiados para su atención, desarrollar una oferta educativa para los distintos grupos etarios, considerar la accesibilidad lingüística de los programas de educación y de salud, promover remuneraciones iguales por trabajos iguales.

Pero la atención de grupos de población específicos significa el desarrollo de acciones e intervenciones que van más allá de las tradicionalmente consideradas en los sectores sociales sectoriales en razón de que responden a problemáticas específicas de los grupos y que derivan de relaciones sociales conflictivas, de actitudes discriminatorias, de desconsideración y abandono. La modificación de este tipo de situaciones significa la puesta en práctica de programas de tipo cultural (campañas contra la discriminación), de acceso a la justicia (violencia intrafamiliar y de género), de apoderamiento y organización ciudadana, de salud mental, de convivencia, cuidado y protección (albergues, centros de día, unidades de rehabilitación, etc.) entre otras. Muchos de estos programas deben ser instrumentadas muy cerca de los ciudadanos, en el territorio, de manera de que sean accesibles y cercanos a las personas.

Este tipo de intervenciones han sido abandonadas por el gobierno federal, las pocas que tenía el DIF han sido reducidas a algunas intervenciones realizadas por interés de algunos DIF municipales, con poca sostenibilidad en el tiempo por la naturaleza de las administraciones municipales que sólo duran tres años. En otros casos se han transferido o son realizadas por entes privados de tipo empresarial o de organizaciones de la sociedad civil, especialmente de tipo asistencial.

Con la pérdida de control del personal docente y del personal de salud, ahora trasladado a los gobiernos estatales, el Gobierno Federal no tiene agentes que trabajen en el territorio y tiene que depender de la concertación con autoridades estatales para introducir algunos programas que atacan las problemáticas descritas.

Es así que la diversidad de problemáticas que afectan a los distintos grupos de población en el territorio, representan un reto para la política social del futuro pues el interés y la capacidad para instrumentar programas dirigidos a atenderlas varía grandemente dentro del heterogéneo mundo de los municipios mexicanos. Los programas de prevención del delito como los llamó EPN o los de prevención social de las violencias requieren de un aterrizaje y adecuación a las condiciones específicas en los distintos territorios; no es lo mismo aplicarlos en territorios aún libres de violencia criminal que en aquellos que ya se encuentran en una situación de violencia crónica. Asimismo requieren ser sostenidos en el tiempo pues inciden en aspectos de tipo cultural que tardan en ser asumidos. La arquitectura institucional de los gobiernos municipales no garantiza la posibilidad ni de implementarlos adecuadamente y menos de sostenerlos en el tiempo.

Para mí, la gran interrogante en este momento es desde dónde y cómo se podrá realizar una política social en el territorio que atienda los nuevos riesgos sociales y cuáles son precondiciones necesarias para poder hacerlo. Ello en un contexto en donde las familias se han transformado y cambiado su capacidad para construir seres humanos dotados de atributos que les permitan navegar en el proceloso mar de las ambiciones y los conflictos humanos.

Finalmente la interrogante es ¿cuáles deberían ser las prioridades de la política social y quiénes deberían responsabilizarse de la instrumentación de ésta o qué aspecto le toca al Estado (poderes y gobiernos municipales, estatales y federal), al mercado, a las familias y a los individuos?

No creo que la política social pueda seguir concentrándose en la atención de la pobreza. Pienso que se requiere de una política social compleja pero no veo quién la pueda diseñar y operar y si hay los recursos suficientes para hacerlo.