Carta al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong sobre el nombramiento de Arturo Escobar

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Septiembre 10,2015

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong                                      

Secretario de Gobernación

Presente

Sr. Secretario:

Incide Social A.C. es una organización que desde hace más de diez años ha venido investigando las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en México. Iniciamos con el análisis de la situación social de Ciudad Juárez en el año 2003, con motivo de los frecuentes feminicidios que ocurren en esa ciudad.

A partir de nuestro trabajo de investigación nos queda claro que la existencia de un floreciente mercado de drogas, armas y personas con Estados Unidos y Europa es una causa global que incide en la tragedia humanitaria que estamos viviendo en México. Ello además frente a un modelo económico vigente en nuestro país desde hace más de treinta años, que ha sido incapaz de ofrecer condiciones de ingreso y de movilidad a los millones de jóvenes que se han incorporado a la vida activa en ese mismo lapso.

Estos jóvenes son víctimas y muchos de ellos también victimarios, de lo que podríamos considerar una fábrica social de seres humanos fracasada, que no ha sabido cumplir su función principal de ofrecer una vida digna a sus integrantes y que está por lo tanto, generando personas en condiciones de miseria, inseguridad, mala educación, pobre salud, ninguna perspectiva de futuro y lo más triste, con una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y del respeto a la integridad del otro. Eso porque ellos mismo no han sido respetados, no son considerados como seres humanos valiosos e irrepetibles, han sido usados y desechados,  ponen el cuerpo para defender la vida privilegiada de los sectores de altos ingresos o los territorios y mercados de los señores del crimen organizado.

Hemos sido una organización que ha pugnado por una política de prevención social de las violencias y la delincuencia que, sin sustituir una política certera y correcta de seguridad pública donde sea requerida, si buscara ofrecer oportunidades y generar capacidades personales, familiares y comunitarias para evitar que el cáncer de la violencia y del crimen organizado continuara esparciéndose en el territorio.

Vimos con gran interés y entusiasmo la decisión del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de colocar como una de sus prioridades, el llevar a cabo un Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; sabíamos que éste no podía sustituir las intervenciones necesarias en materia de seguridad pública, pero abría una esperanza de que finalmente se asumía la prevención social como una política de Estado.

Observamos la estrategia adoptada en la materia en el PRONAPRED, que se centra en la prevención secundaria, atendiendo a poblaciones en riesgo en polígonos de alta peligrosidad; cuestionamos lo limitado y riesgoso de una estrategia de prevención centrada en territorios que más bien requerían ser rescatados de situaciones de violencia crónica; también cuestionamos la selección de los polígonos y hemos permanecido atentos a la evolución del aprendizaje de los servidores públicos que fueron responsabilizados de dar inicio a este cambio de política. Fuimos una de las organizaciones no convocadas a la construcción de la estrategia de prevención; permanecimos observando y dando tiempo.

Entendimos que siendo algo nuevo había necesidad de desarrollar capacidades estatales para ponerlo en marcha; superar por ejemplo, la corrupción en el uso y ejercicio de los recursos públicos de prevención social y en general de seguridad, que pasan por las manos de gobiernos  municipales profundamente corruptos y que llevó al desarrollo de toda una plataforma para controlar diariamente el ejercicio de los recursos.

Sólo apenas hace unos meses nos buscaron de la Subsecretaría y empezamos a tratar de aportar lo que hemos aprendido en materia de prevención, principalmente sobre los factores de riesgo contextuales y los factores precursores, detonadores y de contención de las violencias.

Pero en este momento estamos absolutamente alarmados y sorprendidos ante la designación de Arturo Escobar como nuevo subsecretario del área de la secretaría de Gobernación encargada del ámbito de la prevención social del delito. Son varias preguntas que nos hacemos y que le formulamos a usted:

¿Por qué a mediados de la administración de gobierno se designa a una persona que no sabe  del tema de prevención social,  de seguridad pública,  de crimen organizado, de delitos o violencia?

¿Por qué suponen que una persona del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) que ha hecho gala de conductas ilegales, violando sistemáticamente la ley, puede hacerse  cargo de un programa que promueve la cultura de la legalidad como necesidad para fundar nuevas relaciones sociales?

¿Por qué una persona del PVEM que ha promovido la pena de muerte, la reducción de la edad penal, la cadena perpetua y  otras medidas de corte absolutamente fascista y autoritario, va a poder entender la complejidad y la delicadeza de los que significa reconstruir confianza, solidaridad, relaciones pacíficas, respeto a la vida y a la dignidad?

¿Por qué una persona que jamás ha sido servidor público podrá conducir las responsabilidades que significan operar un programa tan complejo, que demanda de articulaciones de varios niveles de gobierno, de varias secretarias y de varios actores no gubernamentales?

¿Por qué tomar esta decisión en un ámbito donde nos urge como país, desarrollar capacidades estatales sustentables para empezar a cambiar lastres que se han venido acumulando y que nos han llevado al enorme deterioro social donde la vida, la integridad y la libertad de las personas son constantemente vulneradas?

¿Por qué en fin, se toma  una decisión tan inapropiada, tan destructiva, tan absurda en un ámbito donde se intentaba hacer algo nuevo, algo diferente y que parecía ser una de las políticas emblemáticas y privilegiadas por esta administración?

Como personas interesadas en la cuestión pública, como ciudadanas y ciudadanos que contribuimos con el pago de nuestros impuestos y tratamos de aportar para mejorar la calidad de nuestra convivencia, expresamos nuestro rotundo rechazo a este inesperado nombramiento.

Nos negamos a que nuestros impuestos sean usados para retribuir a un personaje que no cuenta con los méritos, ni la capacidad para la función que se le está encomendando y que es además  representante de un partido político que debería haber perdido su registro  por las constantes violaciones a la Ley.

Agradecemos su atención y  su respuesta a nuestras preguntas.

Atentamente

 

María Enriqueta Cepeda Ruiz                             Clara JusidmanRapoport

Directora Ejecutiva                                              Presidenta Honoraria y Fundadora