Museo Interactivo de Economía

Agradezco al Instituto Nacional Electoral y al Dr. Lorenzo Córdova la invitación para participar en la presentación de este importante y valioso trabajo sobre la calidad de la ciudadanía en México. Entiendo que estoy en este presídium en representación de aquellas personas que han intentado ejercer una ciudadanía autónoma, comprometida y organizada a lo largo de varios años. Ello con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad donde la institucionalidad democrática verdaderamente permita que como ciudadanos y ciudadanas nos sintamos representados, escuchados y respetados y contemos con medios para exigir la rendición de cuentas y en su caso la reparación de daños por omisiones del Estado en el respeto, protección y promoción de nuestros derechos humanos.

Los resultados obtenidos en esta encuesta de gran tamaño, así como del ejercicio de consulta a líderes comunitarios y sociales permiten niveles geográficos de representación muy valiosos que seguramente conducirán a análisis detallados sobre la calidad de la ciudadanía en cada uno de los estados y regiones incluidos. Al estudiarse los resultados en contextos más específicos será posible entender mejor los procesos que conducen a niveles diferenciados de calidad ciudadana y que en este primer ejercicio de análisis más global parecen vislumbrarse como hipótesis. Corroborar si la calidad de la ciudadanía realmente cambia con la alternancia de partidos en los gobiernos, con un mejor desempeño de la institucionalidad en materia de contrapesos y controles al desempeño de los poderes: como sería el funcionamiento autónomo de comisiones de derechos humanos y de transparencia y rendición de cuentas, la presencia de un mayor número de organizaciones ciudadanas y de mayor capital social, una clara libertad de expresión y de prensa y una mayor autonomía del poder legislativo y del judicial, entre otros.

Quisiera hacer tres reflexiones motivadas por la lectura del texto que analiza los resultados y que fue preparado por seis destacados investigadores.

En la evolución del significado de Estado de Derecho que actualmente comprende como lo señala el texto comentado, la realización de los derechos civiles y políticos, en congruencia con las bases de lo planteado por T.H. Marshall, sería de esperar que en la concepción de Estado de Derecho se fueran incorporando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ampliaran los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de esos derechos. La firma en el Senado de la República del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales daría una clara señal del interés de uno de los poderes del Estado por aportar a la construcción de ciudadanía social.

Es claro que la participación ciudadana requiere de tiempo pero mucho más de seguridad al menos en tres sentidos: a) una seguridad económica y social que no pueda ser vulnerada en represalia por la participación y que hace directamente al tema de ciudadanía socia; b) que la participación se dé en un marco de respeto a las leyes tanto por parte del ciudadano como de las autoridades de manera que no se adopten medidas extralegales para inhibirla o castigarla y c) que algún resultado por pequeño que este sea, se logre con la participación, al menos por ejemplo, la escucha interesada y la consideración de los argumentos esgrimidos por parte de los servidores públicos y de los representantes electos.

Como se señala en alguno de los capítulos del texto la falta de resultados a la participación de los ciudadanos y ciudadanas y el creciente alejamiento de las élites económicas y políticas respecto de los intereses y las demandas de los ciudadanos, está induciendo cada vez más a prácticas de participación llamadas disruptivas: toma de calles y espacios públicos, de edificios, quema de transportes, destrucción de instalaciones privadas como son los comercios en las marchas. Muchos sentimos que hay un agotamiento de los medios de participación y protesta legales por ineptitud y desinterés de los partidos políticos, de los gobiernos y de los poderes legislativos y judiciales y que ello empuja a formas cada vez más violentas de protesta. Sin embargo, habría que señalar que con frecuencia, esas formas violentas son auspiciadas e incluso financiadas por políticos en pugna como recientemente ocurrió en el informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o con la presencia de los llamados “anarquistas” en las marchas de la Ciudad de México. Es decir las disputas entre políticos y grupos políticos se están dirimiendo no en las urnas, sino en los espacios de participación ciudadana y con las herramientas de protesta e incidencia de ésta.

A pesar de los avances en la institucionalidad democrática muchos sentimos que ejercemos una ciudadanía truncada, constantemente frustrada, de muy baja calidad y crecientemente despojada de los medios legales y pacíficos e incluso de los medios disruptivos, para ser escuchados e incidir en las decisiones que adoptan las élites económicas y políticas en nuestro país, mismos que mantienen y recrean la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la exclusión y alientan la profunda desconfianza. Yo diría que nos sentimos permanentemente abusados por esas élites que utilizan los recursos del presupuesto y su poder para seguir enriqueciéndose, empoderándose, generando legislación y tomando decisiones que profundizan el abuso y la subordinación de la mayoría de la población del país. Que la creatividad ciudadana para participar es frecuentemente capturada y utilizada para las disputas por el poder y no para consolidar una sociedad democrática.

Muchas gracias.