Señores y señoras  representantes de diversas organizaciones sociales y civiles de la Ciudad de México.

Señores y señoras integrantes de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de la Ciudad, así como de sus órganos autónomos

Autoridades delegacionales.

Compañeros y compañeras ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal.

En mi calidad de habitante de esta compleja, entrañable y profundamente desigual e injusta Ciudad, quisiera iniciar mi intervención haciendo un amplio reconocimiento a los integrantes de las organizaciones civiles y sociales que desde 2007 han llevado a cabo una labor intensa y persistente para lograr que hoy 13 de julio, arribemos a la firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Un reconocimiento también al Gobierno de la Ciudad por haber acogido e impulsado esta importante iniciativa ciudadana.

El enorme valor e importancia del instrumento que hoy nos entregan y el compromiso para su cumplimiento se ratifica con la presencia de las más altas autoridades de la Ciudad y de cerca de 3000 representantes sociales y habitantes del Distrito Federal.

El proceso mismo de construcción de la Carta ha sido ejemplar y consistente con la vocación democrática que caracteriza a sus promotores. Las consultas y los foros realizados a lo largo de tres años permitieron enriquecer su contenido y tomar en cuenta las diferentes posiciones y puntos de vista en una Ciudad particularmente diversa. El haber llegado a un texto  con un amplio consenso muestra que si bien los procesos de participación ciudadana toman su tiempo para el desarrollo de acuerdos para la convivencia, estos si son posibles y exitosos aún en contextos de tanta complejidad y  presencia de intereses contrapuestos. Pero además los procesos participativos permiten que en la Carta se acuerden y asuman las funciones, responsabilidades y obligaciones de los diferentes agentes sociales que intervienen en la Ciudad,  para que en su momento, ante su incumplimiento les pueden ser exigidas por los demás.

No se trató de imposiciones, sino de construcción de consensos en un contexto de convivencia civilizada. Esperemos que tampoco se convierta en simulaciones y en un nuevo motivo de defraudación de las expectativas ciudadanas.

Si bien se trata de un juego de corresponsabilidades en donde todos deben cumplir sus compromisos,  ello no exenta al Estado como responsable último de la realización de los derechos humanos de las personas,  estando obligado por la legislación internacional a protegerlos, respetarlos y realizarlos,  como debidamente lo señala la Carta en su último capítulo.

La importancia del instrumento que hoy se presenta a firma, parte del reconocimiento de que vivir en ciudad requiere de  la innovación en materia de derechos humanos e implica una  ampliación de las responsabilidades del Estado. Conduce a aceptar que para la vida urbana ya no son suficientes los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales e incorporados en nuestra Carta Magna. Significa una nueva generación de derechos que queda comprendida bajo el concepto comprensivo  de Derecho a la Ciudad.

La catástrofe natural que está viviendo actualmente la Zona Metropolitana de Monterrey por la intensidad de las lluvias que han destruido vidas y propiedades y han causado daños inmensos a la infraestructura urbana de la ciudad, junto con la catástrofe humana que se observa en Ciudad Juárez,  cuyas élites políticas y económicas la convirtieron en una Ciudad Maquila y relegaron la reproducción, el cuidado y la protección de sus habitantes y el respeto de sus derechos humanos, son casos emblemáticos de las ciudades dejadas al libre juego de las fuerzas del mercado, son las ciudades mercancía, donde todo se compra y todo se vende, incluso la vida y la dignidad de las personas.

Representan décadas de ceguera en el país respecto de la enorme transformación urbana que estaba ocurriendo, del desmantelamiento de los primeros esfuerzos y esquemas de planeación urbana que se estaban montando, de la falta de desarrollo de una arquitectura institucional municipal con capacidad, atribuciones y duración suficiente como para afrontar los enormes y nuevos retos que significa administrar grandes ciudades, de la ausencia de acuerdos y modalidades de gestión de zonas metropolitanas integradas por varios municipios, en fin de ausencias y retrocesos que subyacen en los problemas de convivencia y sustentabilidad en las ciudades, de la violencia y la inseguridad que las caracteriza y de la falta de cohesión social, equidad y justicia.

Por ello, es bienvenida la Carta  por el Derecho a la Ciudad pues intenta colocar por acuerdo de los agentes sociales que habitan, transitan, utilizan y aprovechan la Ciudad de México, nuevas reglas del juego a fin de rescatar lo que aún es rescatable y tratar de prevenir el mayor deterioro de la convivencia social relevando los derechos que todos tenemos a una vida digna y plena, con equidad, sin discriminación, con apego a la ley, con respeto y tolerancia y con derecho al Estado.

El reto ahora es encontrar cómo utilizarla para efectuar una evaluación de todo aquello que está ocurriendo en la ciudad con la intervención de los diferentes actores, privados, públicos y sociales, a fin de revisar su apego real a los principios establecidos en la Carta y detectar aquellos que atentan contra una sana convivencia.

Los términos de la Carta permitirían así, realizar un escrutinio cuidadoso y detallado de las políticas,  programas y acciones gubernamentales actuales, estatales y delegacionales e incluso, de aquellos federales que se concretan en el territorio de la ciudad, a fin de verificar su apego a los principios, criterios y prioridades establecidos en la misma, de manera que sea posible encontrar sus omisiones y establecer una trayectoria clara para ir corrigiendo sus fallas. Por ejemplo, la ausencia de auténticos y suficientes espacios de participación en el ciclo de las políticas públicas, la prevalencia de sistemas discriminatorios, la elevada discrecionalidad en el otorgamiento de beneficios, la ausencia de rendición de cuentas, la insostenibilidad ambiental de ciertas actividades, el daño y abuso de los mantos freáticos y las zonas de captación de agua de la ciudad, la destrucción de zonas verdes, la creciente  privatización y captura de los espacios y servicios públicos, entre muchos otros.

Permitiría también encontrar aquellos aspectos y propuestas de la Carta para las que no hay políticas, programas y acciones y establecer los criterios que deben regir  el funcionamiento de espacios e instalaciones públicas.

Proporciona asimismo un mapa de navegación para el poder legislativo de la Ciudad a fin ir incorporando en las leyes,  los nuevos derechos humanos considerados en la Carta, así como ir definiendo los mecanismos de exigibilidad y justiciablidad de todos los derechos considerados, a fin de permitir su concreción efectiva. Pasar con ello de la utopía y el enunciado políticamente correcto a la posibilidad real de su ejercicio, construyendo legislación, desarrollando institucionalidad y reasignando presupuestos y reiterar el carácter innovador de la legislación que ha caracterizado a nuestra ciudad.

La Carta facilita también el  diseño de un protocolo de evaluación de impacto en el derecho a la Ciudad de los nuevos proyectos públicos y privados que se pretendan llevar a cabo tanto por el sector público como el social y el privado, o de nuevos diseños legislativos.

Las posibilidades que brinda la carta para rescatar de manera ampliamente participativa nuestra ciudad de los riesgos naturales y humanos inminentes y de las injusticias prevalecientes, son en fin muy diversas. Por ello la importancia de su amplia difusión, de su traducción a términos accesibles a todos los habitantes de la Ciudad para que se la apropien, la utilicen en la promoción de sus derechos y la apliquen en el ejercicio de las responsabilidades que les corresponden.

Junto con el Programa de Derechos Humanos, la Carta se convierte en una herramienta fundamental para la gestión de la Ciudad con enfoque de derechos humanos, adecuados a la vida urbana.

Con la esperanza de que todos y todas estemos a la altura y asumamos con conciencia y verdad, los compromisos que nos demanda como autoridades, como organizaciones y como personas que habitamos y transitamos por la Ciudad de México,  bienvenido sea este importante esfuerzo colectivo.