Como integrante y en representación de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación me congratulo de la presentación pública de este importante Programa que atiende a uno de los grandes problemas sociales del país que es la desigualdad de trato y de oportunidades que afecta a millones de personas.

La discriminación condena a las personas a permanecer en la pobreza al cerrárseles las oportunidades de trabajo o de educación por su origen étnico o racial, su orientación sexual, o por su edad o condición de discapacidad, entre otras causas. Desigualdad, pobreza y discriminación se combinan en un círculo de exclusión que profundiza la vulneración de derechos humanos.

La desigualdad socioeconómica que caracteriza a nuestra sociedad se agrava cuando las personas en condiciones de pobreza son sujetas de discriminación por las políticas, programas y la institucionalidad pública, así como por las empresas del mercado, las instituciones privadas, las comunidades e incluso sus propias familias.

Lograr la igualdad de trato y de oportunidades significa por lo tanto un enorme reto que el programa intenta abordar. Se requiere de un trabajo consistente y persistente a través de varios años, lo que algunos llamarían una política de Estado, a fin de lograr cambios culturales profundos que conduzcan a aceptar y perderle miedo al o la diferente.

Ello incluye una importante tarea de construcción de confianza.

La institucionalidad pública y en especial los servicios y los servidores públicos que interactúan directamente con la población tienen una gran responsabilidad en dos vertientes en primer lugar, otorgar un trato digno a los usuarios de los servicios públicos con enfoque de derechos y en segundo lugar, ser promotores de la no discriminación entre la población con la que están en contacto.

Es necesario eliminar el mal trato en las ventanillas de trámite y entre los servidores públicos que trabajan en servicios de seguridad, educación, salud, recreación, promoción, entre otros; inclusive en las oficinas de contratos y adquisiciones o de contratación de personal que atiende a proveedores o a aspirantes de empleo. Con frecuencia esas funciones se asumen como espacios de poder que se ejercen en forma discriminatoria y abusiva sobre las personas que acuden a recibir un servicio, realizar un trámite, poner una queja, solicitar información y orientación o vender un producto o un servicio.

Todos y todas experimentamos una ciudadanía truncada donde el ejercicio de nuestros derechos está sujeto a una cadena de favores y a mecanismos de intercambio y por lo tanto sólo es factible para los que cuentan con ellos. Está negado para quienes no tienen los contactos y no acceden al intercambio de favores.

Desde mi óptica el éxito entonces del Programa consistirá en trabajar simultáneamente en tres vertientes para lograr la inclusión del buen trato y de igualdad de oportunidades en las normas, los procesos y las prácticas de la institucionalidad pública:

• Desde arriba mediante el reconocimiento explícito por parte de la institucionalidad pública de sus obligaciones en materia de discriminación y la eliminación de obstáculos y resistencia que dificulten enfrentarla y eliminarla. Esto significa armonizar legislación, normas, reglamentos procedimientos y manuales de operación; lograr que el diseño y la puesta en práctica de las políticas, los programas y los presupuestos se realicen con un enfoque de igualdad y buen trato y sin sesgos de exclusión o de invisibilización de ciertos grupos; además, generar sistemas de monitoreo y evaluación y de consulta y participación ciudadana. Este trabajo que es necesario y de gran importancia con frecuencia toma mucho tiempo y esfuerzo y los resultados concretos en el cambio de la cultura del trato no son percibidos ni recibidos por los usuarios con la oportunidad y urgencia necesarias.
• Por ellos, la segunda vertiente consiste en atacar el problema desde abajo con resultados en el corto plazo, al revisar los procedimientos de ventanilla y la prestación de servicios públicos directos para adecuarlos a las características culturales de la población usuaria en el territorio; seleccionar al personal que cuenta con cualidades para ofrecer buen trato y otorgándole al mismo un buen trato; “traducir” y difundir la información de los programas y servicios a un lenguaje comprensible para la población y por medios que accedan a ella y trasparentar y difundir los mecanismos y procedimientos de queja. Ello para eliminar lo más posible los sesgos de exclusión de los usuarios por falta de información, de comprensión y conocimiento respecto del derecho a la no discriminación.
• El tercer ámbito consiste en trabajar con los propios usuarios de los programas, servicios y ventanillas para que se reconozcan como titulares de derechos, se generen en ellos capacidades de agencia, conozcan la manera de acceder y usar la información y los mecanismos de exigibilidad y participen en el monitoreo de la calidad y el buen trato en los servicios y en las ventanillas.

El Programa para adquirir credibilidad y presencia debe encontrar la manera de mostrar a la población en el corto plazo que algo concreto está cambiando en su interacción con la institucionalidad pública y evitar limitarse a las negociaciones y las discusiones con las altas jerarquías burocráticas y a modificaciones en el papel de legislación, políticas, programas y procedimientos o en la elaboración de indicadores.

Es urgente que el buen trato y la igualdad de oportunidades se aplique en la práctica concreta de la gestión pública, en el territorio concreto, para recuperar confianza en las instituciones públicas y eliminar esa percepción de ciudadanía truncada que está aumentando en todo el país.