Con el fin de intentar hacer un examen somero de los medios que actualmente utilizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas para incidir en las políticas públicas y en su gestión parto del reconocimiento de la gran diversidad que caracteriza a las OSC en México. Si bien por definición son grupos organizados de personas con algún fin relacionado al beneficio colectivo y sin fines de lucro, las grandes diferencias socioeconómicas que caracterizan la desigualdad en México también se observan en este sector de la sociedad. Hay organizaciones civiles que derivan de promociones y fondos de empresas como son las grandes fundaciones que generalmente financian a su vez a otras organizaciones; hay un creciente número de organizaciones promovidas por partidos y organizaciones políticas e incluso por instituciones de gobierno; otras son creadas y financiadas con fondos de iglesias o de organizaciones internacionales que promueven determinadas agendas en todo el mundo. Pero cuando uno piensa en OSC generalmente, se considera que hay dos grandes grupos:

1. Aquellas que se han ido formando históricamente para brindar asistencia privada a los grupos de población que experimentan alguna vulnerabilidad como son personas y familias pobres, personas con alguna discapacidad, población callejera, indigentes, huérfanos, personas afectadas por VIH/Sida, entre otros. Se financian con recursos de la asistencia privada y crecientemente con recursos públicos al estárseles transfiriendo funciones de prestación de servicios que anteriormente eran brindados por instituciones públicas (guarderías, escuelas, cuidado de adultos mayores, etc.) Por su número y por el volumen de recursos que manejan son las más en el mundo de lo que ahora se llama sociedad civil.
2. Organizaciones que promueven una agenda de defensa de derechos humanos o de los derechos de algunos grupos de población afectados por situaciones adversas o desconsiderados en las agendas de gobierno. Son organizaciones que hacen incidencia en políticas públicas y que también reflejan intereses de diversos sectores socioenómicos. Por ejemplo, la agenda relacionada con la seguridad pública de creciente importancia en los últimos ocho a diez años, es encabezada en su mayor parte por víctimas provenientes de grupos de altos ingresos y sólo más recientemente, a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, han venido emergiendo víctimas organizadas de otros estratos socioeconómicos. Una parte importante de las organizaciones de incidencia están conformadas por activistas civiles de estratos medios, que son profesionistas, académicos, comunicadores, personas de iglesias, exfuncionarios públicos y exmilitantes en partidos políticos que encuentran en las OSC un espacio de mayor libertad y autonomía para promover agendas de política pública relacionada con la defensa de intereses colectivos.

La división anterior refiere más bien a la materia principal de trabajo de las OSC y no significa que el primer grupo no realice también algunas acciones de incidencia en política pública, por ejemplo en la formulación de legislación relacionada con el grupo de población que atiende: ni que el segundo grupo lleve a cabo la prestación de algún servicio como es la investigación, la contraloría social, la observación y vigilancia de servicios públicos, el apoyo a grupos de población vulnerables como son las poblaciones migrantes, o las mujeres sujetas de violencia, etc.

Ahora bien, al entrar en la materia objeto de esta ponencia inicio señalando algunas tendencias generales que se observan en el país y que impactan el nivel de desarrollo y la capacidad de incidencia de las organizaciones mexicanas. Mi mirada parte de la experiencia desde una organización[1] cuyo propósito es incidir en política pública en varios ámbitos: la promoción de la democracia, la participación y el diálogo social, la promoción del desarrollo social y de los derechos económicos sociales y culturales y la incidencia en particular, en política social.

1. Empezaría señalando que la administración de gobierno que termina no ha tenido una gestión verdaderamente interesada en avanzar en una democracia participativa que reconozca la diversidad y complejidad de la sociedad civil mexicana, propicie un ambiente adecuado con políticas activas para fomentar el asociacionismo y la construcción de una ciudadanía moderna y empoderada, ni aliente espacios de diálogo y construcción de consensos en materia de desarrollo del amplio espectro de las políticas públicas. Desde mi óptica, comparada con la primera administración de gobierno panista, me parece que el saldo es un retroceso en la consolidación de una sociedad civil organizada.
2. Sin embargo se observa un crecimiento del número de organizaciones que han obtenido su CLUNI[2] pues esta es necesaria para acceder a distintos programas y recursos del Gobierno Federal en ámbitos donde se están trasladando responsabilidades públicas a supuestas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo supongo que otras instituciones como partidos y organizaciones políticas, empresas, sindicatos, universidades, movimientos entre otros, han encontrado en la creación de fundaciones y asociaciones civiles alguna ventaja para la obtención y procesamiento de recursos o para la evasión de impuestos. Es decir, desde mi personal percepción y sin evidencias más que dispersas, considero que han surgido organizaciones de la sociedad civil simuladas y subordinadas a otros intereses.
3. También se observa un cambio en los temas de las agendas que promueven las organizaciones civiles tanto por razones lógicas como sería la transformación social por la situación que vivimos que hace surgir asuntos de mayor interés, como son las agendas de seguridad pública, protección y defensa de víctimas o bien, en razón de las prioridades marcadas por las financiadoras internacionales como son los temas de migración, indígenas, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. En cambio temas con déficits históricos como democracia, derechos de las mujeres, derechos de la infancia, derechos humanos en general, y medio ambiente han venido enfrentado una creciente escases de apoyo en recursos, además de un deterioro en los espacios de diálogo en políticas con el Poder Ejecutivo Federal, moviéndose en algunos casos en consecuencia hacia una mayor interlocución con los poderes legislativos federal y locales.
4. El desmantelamiento del Estado mexicano iniciado hace 30 años por la ideología neoliberal que ha dominado a la administración pública federal, sin que se haya desarrollado una nueva estatalidad más acorde con un país supuestamente democrático, ha tenido como consecuencia crecientes vacíos en el desarrollo de políticas públicas necesarias y una destrucción de herramientas del Estado para poner en práctica esas políticas públicas. Simplemente observemos lo que actualmente ocurre en el sector agroalimentario, incluyendo el pesquero y el de comercialización de alimentos frente a una crisis de precios y de oferta de algunos productos fundamentales.
5. La distribución de responsabilidades para la convivencia social entre Estado, mercado y sociedad ha llevado a una preeminencia del mercado, a una disminución del Estado y a la asignación de nuevas responsabilidades a una sociedad poco organizada. Esto se traduce en un vaciamiento de políticas públicas en las cuales se debería estar incidiendo en razón del interés colectivo; pues resulta que en realidad no hay interlocutor público o éste ya no cuenta con herramientas para poner en práctica los acuerdos alcanzados en los espacios de interlocución dado que su sector se ha dejado a merced del mercado o está dedicado a proteger y alentar a las empresas privadas (casos de los sectores de telecomunicaciones, de energía, del medio ambiente, inmobiliario). En México y a nivel mundial es notable lo que está ocurriendo con el sector financiero y la crisis internacionales a que nos ha llevado la desregulación total de estos servicios.
6. Una precaria luz se observa en el camino futuro y se refiere al cambio en los términos de relación entre la sociedad y los candidatos de los partidos políticos que se pudo observar en los procesos electorales recientes. Por primera vez los candidatos tuvieron que seguir un guión que les fue marcado por instituciones y organizaciones de la sociedad teniendo que asistir a eventos y a lugares donde anteriormente jamás habrían acudido como son universidades, espacios de comunicadores autónomos y reuniones de organizaciones civiles. Se vieron obligados por la competencia electoral, a definir posición frente a una serie de preguntas que les fueron formuladas por diversas instancias de la sociedad y se tuvieron que salir de la agenda rígida que solían marcarles sus jefes de campaña. ¿Significará esto en el futuro próximo el reconocimiento de nuevos términos de relación en el desarrollo de planes y programas y de políticas públicas del nuevo gobierno con una interlocución más amplia con la ciudadanía?

Ahora bien, en el contexto descrito qué ha ocurrido con la incidencia en políticas públicas de la sociedad civil en los últimos años, qué estrategias se han utilizado para obligar al Estado Mexicano a reaccionar y adoptar posiciones frente al desatre de violencia que estamos viviendo.

1. Obviamente la agenda de la sociedad civil ha estado marcada por algunos temas centrales, a saber, la seguridad pública, la transparencia y rendición de cuentas, las migraciones, las víctimas y las violaciones a derechos humanos. Se observan graves retrocesos en los derechos de las mujeres y la creciente criminalización de los jóvenes. Esta situación ha alentado el surgimiento de nuevas organizaciones de víctimas y de varias interesadas en la política de seguridad pública que han sido invitadas por el Ejecutivo Federal a los diálogos en materia de la política de seguridad pública, han sido beneficiadas con recursos públicos y han asumido funciones de observación o veeduría de algunos procesos dentro de las instituciones de gobierno que conforman ese sector.

Las relaciones, muchas veces personales, con algunos funcionarios de la seguridad pública han permitido el desarrollo de propuestas y proyectos de la sociedad civil en el campo de esa política generando en algunos casos innovaciones interesantes y un mayor involucramiento de la sociedad en el tema de las violencias y la delincuencia. Asimismo varias organizaciones han promovido un cambio de paradigma en la política de seguridad pública a fin de incorporar un intervención mayor en materia de prevención social de las violencias mediante la realización de diagnósticos, planes, la creación de observatorios y de consejos, el trabajo con mujeres y jóvenes y la formación de investigadores y profesionales que puedan apoyar los trabajos de prevención. Otras más se han opuesto con firmeza a una Ley de Seguridad Nacional que militariza la seguridad pública y confunde las funciones de la milicia y las policías civiles. Promueven una visión de seguridad ciudadana y humana.

2. La afectación a la vida, la libertad y a la integridad de miles de personas que transitan por el país ha determinado que las organizaciones que trabajan con población migrante se vuelvan centrales y busquen influir en la política migratoria de México por ejemplo en las leyes y reglamentos que recogen la política mexicana en materia de migraciones; además muchas proveen directamente apoyo y protección a las personas de otros países que se ven en la necesidad de llegar o transitar por nuestro país. Para articularse y ser más eficaces en su actuación han formado una importante red nacional con vínculos con organizaciones de otros países.
3. El aumento a las violaciones en materia de derechos humanos por la delincuencia organizada y por las fuerzas del Estado condujeron al fortalecimiento y ampliación de una red de expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil para elevar una sustantiva propuesta de modificaciones a la Constitución Mexicana a fin de incorporar los derechos humanos como eje fundamental de la misma, reconociéndole igual jerarquía que ésta a los instrumentos internacionales firmados por nuestro país. Esta promoción terminó exitosamente en el 2010. Asimismo, las organizaciones de derechos humanos han venido utilizando los informes sombra que se preparan para su presentación a las instancias de seguimiento del desempeño de los países en el cumplimiento de esos instrumentos internacionales, así como la presencia de relatores especializados tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para obligar a un diálogo con diversas instancias del gobierno mexicano sobre las violaciones a los derechos humanos. Un tercer instrumento utilizado por la comunidad de organizaciones de derechos humanos ha sido el litigio estratégico ante instancias internacionales y cuyos exitosos resultados han llevado al reconocimiento por parte del Estado Mexicano de violaciones a derechos humanos de personas específicas, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición mediante el desarrollo de una serie de protocolos e instrumentos para asegurar el debido proceso, la investigación adecuada de los casos, la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones, entre otros temas.
4. Debido al reconocimiento de que la corrupción y la impunidad son dos factores que subyacen en la creciente violencia y desarrollo de la delincuencia organizada y en la colusión entre servidores públicos, empresarios y delincuentes; de la extendida práctica del patrimonialismo en el ejercicio del poder público en el país, así como para defender y avanzar en la autonomía de los organismos de transparencia, acceso a la información, auditoría y rendición de cuentas se creó la red de expertos, académicos, comunicadores y organizaciones civiles e instituciones para la rendición de cuentas (RRD). Esta red construyó una agenda de propuestas que fue presentada a los candidatos; además está formando profesionales muy reconocidos en la materia que permanentemente realizan denuncias y exhiben en los medios de comunicación los déficits que impiden el avance hacia un verdadero y efectivo combate a la corrupción y a la impunidad. Así, evidenciar los abusos en los presupuestos públicos, el manejo discrecional de programas y el gran volumen de recursos destinados a la comunicación social de los gobiernos son ejemplos emblemáticos del tipo de denuncias que realizan las organizaciones participantes en la Red. En esta misma vertiente pudieran ubicarse las organizaciones que han impulsado los juicios orales y cambios necesarios en el sistema de procuración, administración e impartición de justicia.
5. Otro campo de trabajo de las organizaciones civiles se relaciona con una insistente y justificada demanda por la democratización de los medios de comunicación como requerimiento inherente al avance en materia democrática. La democracia es una falacia si las voces de la diversidad no cuentan con espacios en los medios, si la población no puede acceder a información completa y analizada desde diversos enfoques y puntos de vista, si no se alienta la producción nacional de contenidos, entre otros aspectos. Sin embargo, en esta agenda civil podemos concluir que en esta administración se dieron decisiones que aumentaron la concentración del sector de telecomunicaciones en sólo dos consorcios, apoyando el enorme daño cultural difícilmente reversible que ello provoca e impidiendo el avance democrático del país. Ni el legislativo, ni el ejecutivo han acompañado la agenda de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI), de la Coalición por la democratización de los medios de comunicación, ni ahora tampoco la demanda del Movimiento #YoSoy132. Esta situación ha conducido a protestas frente a las instalaciones de las televisoras y de la Secretarías involucradas en las decisiones y recientemente, a un amparo de la AMEDI por la autorización de la fusión de dos empresas de servicios de telefonía en manos de los dos consorcios televisivos.
6. La incorporación de representantes ciudadanos independientes de los partidos políticos en las direcciones y consejos de los órganos autónomos de Estado como son las Comisiones de Derechos Humanos y los Institutos Electorales federal y estatales, así como de los institutos de acceso a la información y las diversas instituciones de auditoría y contraloría de la función pública ha sido otra estrategia seguida por las OSC mexicanas a fin de rescatar el contrapeso que esos órganos pueden representar para los abusos de poder y para la apropiación privada de los recursos públicos. La creación de órganos autónomos de Estado fue en una cierta etapa de la transición a la democracia una estrategia promovida y apoyada por la sociedad civil. Sin embargo la captura de esos órganos por los propietarios en turno de los gobiernos federal y estatales ha conducido a la anulación de su utilidad en defensa de los intereses colectivos y de las personas. Diversas redes de OSC están pendientes del cambio de funcionarios y consejeros de los órganos autónomos y participan en la propuesta y promoción de candidatos ciudadanos.
7. Ante la ausencia, deficiente funcionamiento o cancelación en la actual administración federal de espacios de diálogo sobre la gran diversidad de políticas públicas, muchas OSC nos hemos volcado a la investigación para sustentar nuestras agendas; a la creación de observatorios ciudadanos para dar seguimiento a diversos programas, políticas e instituciones, a incidir en la legislación local y federal o a buscar funcionarios sensibles y democráticos en los niveles locales para desarrollar programas y políticas que pudieran sentar precedentes e introducir innovaciones. Otras han tenido que dedicarse a defender los avances que ya se habían alcanzado ante la presencia de una ola conservadora y neoliberal que busca retroceder en derechos reconocidos, por ejemplo, recluir nuevamente a las mujeres y a los jóvenes en sus casas, promover valores que ni ellos mismos practican y dejar lo público en las manos del mercado y de la supuestamente eficiente y pulcra iniciativa privada.

Sirvan estos siete ejemplos para hacer un breve recuento de las agendas y las herramientas que está siendo promovidas y utilizadas por la sociedad civil mexicana para incidir en las políticas públicas. En conclusión, en materia de incidencia se han buscado caminos alternativos ante la ausencia de acciones y políticas de gobierno, la ignorancia de muchos servidores públicos actuales sobre la importancia y el desarrollo histórico del asociacionismo en México o la cerrazón y el miedo que privó en muchas áreas y funcionarios para establecer un diálogo constructivo con las OSC. Como podemos observar en materia de herramientas el espectro se ha ampliado para incluir el litigio estratégico, los foros internacionales, los amparos, los observatorios, la investigación, la denuncia y la visibilizacion pública de las omisiones o faltas, por ejemplo.

Personalmente no veo avances en la creación de un ambiente propicio para el florecimiento del asociacionismo en México que apoye el desarrollo de una sociedad democrática y ayude a reconstruir cohesión y tejido social. Por el contrario, veo retrocesos y enormes riesgos ante la violencia, la desigualdad urbana y el desencanto con la democracia por parte de una importante proporción de la población mexicana.

Muchas gracias.

[1] Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE social A.C.

[2] Clave de registro ante el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) para accedera apoyos y recursos públicos.