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20 compromisos por la democracia y órganos autónomos

Democracia

El 17 de enero se cumplieron 30 años de la publicación de los 20 compromisos por la democracia, un importante documento firmado por más de 2500 personas que se sumaron a la lucha por un cambio del partido en el poder.

Habían trascurrido sólo 17 días del levantamiento del EZLN. 1994 fue un año de gran intensidad en la lucha por la democracia en el país.  Por más de seis décadas, el PRI controlaba a los tres poderes del Estado y a los tres órdenes de gobierno.

La demanda de los 20 compromisos era la continuación de un largo camino recorrido desde los años cincuenta por la vía de los movimientos de maestros, de los ferrocarrileros, de los médicos, pasado por la guerra sucia, el movimiento del 68 y por el 10 de junio, por el movimiento navista, la movilización ciudadana para enfrentar el sismo de 1985, por el fraude del 88 y por la muerte de 1500 militantes del frente democrático y del PRD.

Largo, importante y costoso camino en vidas y cárcel de muchos, que ha sido borrado de la historia nacional por quienes ahora detentan el poder y se autodenominan Cuarta Transformación. Un salto mágico de la Revolución de 1917 al 2018.

Los 20 compromisos por la democracia convocaban a los entonces candidatos a la presidencia de la República, a “un acuerdo político para garantizar elecciones limpias, creíbles y con amplia participación ciudadana” y a las reformas del sistema político que aseguraran “el pleno cumplimiento de la división de poderes, el federalismo y el respeto a las garantías individuales que marca nuestra Constitución”.

Como primer compromiso se planteó el respeto al voto mediante un acuerdo de las dirigencias nacionales de los partidos políticos para “vigilar la actuación imparcial de los organismos electorales y la legitimidad y transparencia de los comicios federales de agosto de 1994”.

Ello reflejaba un enorme hartazgo de la ciudadanía por el control y manejo corrupto, sesgado y obscuro de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación, control que tuvo su máxima expresión en el fraude electoral de 1988.

Pero también destacaban como derechos ciudadanos la necesidad de dar autonomía a dos organismos importantes: a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al organismo responsable de elaborar las estadísticas nacionales.

Son dos funciones que, para proteger los derechos ciudadanos, deben quedar bajo el control de organismos imparciales: los derechos humanos son una coraza frente a actuaciones abusivas de los gobiernos y el acceso a información estadística no manipulada permite conocer la evolución real de la economía y de la sociedad.

Posteriormente se hizo evidente que para avanzar en la democracia era necesario pasar otras funciones de gobierno a órganos imparciales.  Es el caso de la transparencia, el acceso a la información pública, las telecomunicaciones y la procuración de justicia.

Por ello, desaparecer los órganos autónomos y devolver sus funciones al gobierno federal, es concentrar nuevamente el poder en el partido que gobierna y darle herramientas para eternizarse en el poder. Es un retroceso y un atentado contra la democracia.

Destruir capacidades de producción de alimentos

Alimentación, Derechos Humanos

Cada mañana despertamos con la noticia de la desaparición de alguna institución, de alguna norma, del cambio de una ley o de la reducción de un presupuesto.

Las capacidades para gobernar, para ordenar la vida colectiva, están siendo sistemáticamente destruidas por un gobierno crecientemente centralizado y autoritario.

Bajo lo que llaman “austeridad republicana”, combate al conservadurismo y respeto a una supuesta voluntad del “pueblo”, un día sí y otro también, destruyen al Estado. Gobiernan con soberbia, resentimiento, confrontando, e imponiendo.

Son los únicos que saben lo que el “pueblo” quiere, no dudan, no preguntan, no dialogan. No consultan ni a la población que afectan con sus decisiones, ni a los expertos, a quienes desprecian profundamente.

Ahora abandonan a su suerte, no obstante, lo que prescribe la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a los productores comerciales de grano de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato y de los estados del Golfo de México, que pertenecen tanto al sector social, como al privado.

Se trata de productores de maíz, trigo, sorgo que fueron sometidos por los gobiernos, a partir de los tratados de libre comercio de América del Norte, a la competencia con una agricultura tecnificada y altamente subsidiada de Estados Unidos, así como a precios impuestos por las poderosas comercializadoras trasnacionales de granos.

Los productores nacionales pasan actualmente una situación crítica. Operan en distritos de riego deteriorados, además han enfrentado una fuerte sequía. El gobierno actual redujo a los huesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y destruyó, recientemente, los últimos instrumentos que aún ayudaban a los productores como la Financiera Rural (FND), debido a deficiencias en su manejo.

En el Acuerdo de Cajeme que elaboraron recientemente, los productores se quejan “de una caída estrepitosa de los precios internacionales que se cruza con incrementos exponenciales en los costos de producción”.

Advierten que “Si el gobierno federal se mantiene sin ver ni oír, sin dimensionar las consecuencias de no acudir al rescate de los productores nacionales, estaremos sufriendo una herida cuyas repercusiones económicas, políticas y sociales tendrán un impacto de consecuencias impredecibles para todos los mexicanos”

Marcan la urgencia de una redefinición absoluta de la política alimentaria, la reinstalación de los instrumentos para lograr duplicar la producción de granos básicos como son precios de garantía, crédito, un sistema nacional de acopio, producción de semillas, extensionismo e infraestructura hidráulica.

México importa en la actualidad el 52 % de su consumo total de granos y oleaginosas. Para 2022 se cubrió un 39% del consumo interno de maíz con importaciones y con 65%, el de trigo. Somos el tercer importador de sorgo en el mundo.

¿A la destrucción de capacidades estatales sigue la destrucción de capacidades productivas?

Índice de Paz México 2023

Derechos Humanos, Estado de derecho, Seguridad, Violencias

El pasado martes el Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer la décima edición del Índice de Paz México, un esfuerzo que permite seguir las tendencias de las violencias y de la paz en nuestro país, tanto a nivel nacional como por estados.

De la valiosa información sistematizada en el documento sólo destacaré algunos datos sobre las tendencias entre 2015 y 2022.

En ese periodo la paz en México se ha deteriorado en 14.8 %, aunque ha mejorado 3.6% en los últimos tres años. Es decir, estamos muy lejos de alcanzar siquiera los ya de por sí bajos niveles de paz que teníamos en 2015.

La tasa nacional de homicidios aumentó en 63% de 15.1 a 24.5 muertes por cada 100,000 habitantes y la de delincuencia organizada en 64.2 % desde 2015, impulsada por un aumento del 149% de la tasa de delitos de narcomenudeo.

En la última década, México se ha convertido en un lugar altamente peligroso para los activistas sociales en defensa de los derechos humanos y ambientales. Ocupa el segundo lugar más mortífero en el mundo para periodistas. En 2022 un total de 403 policías fueron asesinados. Agregaría que un número creciente de sacerdotes son asesinados, 33 en la última década. El más reciente, el de Javier García Villafaña, cometido el lunes en Michoacán. 

Desde mi óptica el tráfico de estupefacientes ha sido la actividad principal del crimen organizado en nuestro país. Lamentablemente, cambios importantes en la composición de la demanda de drogas en Estados Unidos producen mucha inestabilidad en las ganancias que recibe la delincuencia organizada. De un elevado consumo de mariguana, cambió a una mayor demanda de cocaína y a opiáceos sintéticos como el fentanilo, en los últimos años. Las drogas de diseño complejizan las posibilidades de participación en su producción y comercialización.

La política prohibicionista impuesta por el gobierno de Estados Unidos, conlleva la ilegalidad y a que las disputas entre grupos delincuenciales se diriman, con violencia. 

Al ver reducidas sus ganancias, situados en la ilegalidad, con elevados niveles de impunidad y con una política de seguridad laxa, penetran y controlan crecientemente actividades económicas legales. Someten y extraen ingresos de productores y comerciantes por la vía de la extorsión, cobro de piso, control de proveedores y de las ventas.

Asimismo, expanden su actividad a otros delitos como la trata de personas, los desalojos para tomar tierras, bosques y fuentes de agua o la extracción ilícita de combustibles, minerales y especies animales, entre otros.

Es así como la población ha llegado a estar sometida, explotada y abusada por los carteles y las bandas del crimen organizado. Sus actividades, además, están coludidas y protegidas por políticos, empresarios y militares que, con ello, acrecientan su riqueza y su poder.

En razón de esta gravísima situación, varias organizaciones de la sociedad civil han colocado como prioridad en sus agendas, la consecución de paz y la reducción de las violencias.

La 4T y la desigualdad en salud y alimentación

Desigualdad, , ,

Estamos de acuerdo con la 4T en que la desigualdad y la pobreza afectan a millones de mexicanos y mexicanas. Que las políticas que privilegian el funcionamiento del mercado como mecanismo de distribución del ingreso, exacerban esos problemas.

Actualmente en nuestro país al menos 14 familias están incluidas en la lista de Forbes con más de 1,400 millones de pesos. Aún en este pequeño grupo, las diferencias son muy grandes: la de Carlos Slim Helú cuenta con 93,000 millones de pesos, una riqueza 66 veces mayor a la de Alfredo Harp Helú. Otras familias en la lista son Larrea, Salinas Pliego, Bailleres y Aramburuzabala.

En la otra punta de la distribución, en 2020 se encontraban 10.4 millones de personas en pobreza extrema, mismas que aún si dedicaran todo su ingreso a la compra de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para lograr una vida sana.

Cuatro años de políticas de la 4T ¿han modificado en algo esta gran desigualdad?

Indudablemente, elevar sustantivamente los salarios mínimos y llevar a cabo reformas en materia laboral, son medidas importantes tomadas por la actual administración.

Sin embargo, muchos esperábamos acciones para reducir las desigualdades en materia de salud, educación y acceso a servicios básicos. Se optó en cambio por una mala estrategia de transferencias monetarias directas que generan gran dependencia de quienes las reciben.

Hasta el momento los dos mayores fracasos de la 4T se han expresado en dos derechos humanos   de gran relevancia: el acceso a la alimentación y el acceso a la atención en salud.

La extracción de 15 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), el doble de los extraído por el PRI en la “Estafa Maestra”, afectan claramente a los mexicanos en pobreza extrema que experimentan hambre, así como a los productores de alimentos. Además, aumentan nuestra creciente dependencia de importaciones.

Los actos de corrupción hasta ahora detectados en SEGALMEX no explican el enorme fraude cometido. Obviamente, nunca sabremos a donde fue a parar el dinero extraído de nuestras contribuciones.

Por su parte, la reducción en cuatro años de la esperanza de vida de las y los mexicanos, así como un millón de muertes por encima de la tendencia histórica en 2020 y 2021, resultan del fracaso del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), del pésimo manejo de la pandemia y de la compra de medicamentos por el gobierno federal. Dos buenos ejemplos son 22 millones de recetas no surtidas por el IMSS-Ordinario en 2021 y el aumento de 70% de los gastos de bolsillo en salud de la población más pobre.

Es así que, en los cuatro años transcurridos, la 4T terminó contribuyó al aumento de las carencias y de las desigualdades en materia de alimentación y salud, mientras que los milmillonarios, bien gracias.

Franquicias sociales ante la nueva ola de inversiones industriales

Educación, Salud, ,

Sería una ingenuidad esperar que en México los gobiernos y las nuevas empresas prevean y realicen las inversiones requeridas para atender las necesidades de servicios sociales de las personas trabajadoras y sus familias, que se movilizarán en busca de empleos e ingresos, ante la relocalización industrial que está teniendo lugar.

Por años hemos atestiguado la insuficiencia de los servicios públicos de salud, educación, transporte y de infraestructura urbana como calles pavimentadas, drenaje, distribución de agua, así como la falta de mantenimiento de los existentes. Con los cambios de gobiernos programas sociales que daban alguna esperanza como las escuelas de tiempo completo, la recuperación de espacios públicos, las estancias infantiles, de prevención de las violencias, han sido abandonados.  

Hemos vivido con la esperanza de que el Estado provea servicios de salud, educación, seguridad social, energía y acceso al agua de calidad con cobertura universal o al menos, para quienes no pueden acceder con sus propios recursos. Con cada cambio de gobierno nuestras expectativas se ven frustradas.

Las tendencias de los últimos tiempos parecen apuntar hacia rumbos distintos. Se trata del surgimiento de una serie de iniciativas de servicios sociales que son realizados por entes privados a bajo costo, para las poblaciones de menores recursos.

Un ejemplo son los consultorios adyacentes a las farmacias que proporcionan el nivel básico de salud, tan abandonado por los gobiernos. Dan una atención rápida y cercana, a cambio de comprar los medicamentos en la farmacia correspondiente.   En 2021 proporcionaron una de cada cinco consultas médicas en el país.

Otro ejemplo son los servicios de Salud Digna que incluyen consultas médicas, lentes, estudios de imagen y de laboratorio a precios muy accesibles. Existen más de 170 en 80 ciudades en México.

Nada que ver con las cadenas privadas que aprovechan el mercado de las poblaciones pobres ofreciendo una variedad de productos chatarra y servicios financieros abusivos para despojarlas de sus precarios ingresos.

Frente a la incapacidad y el desinterés de larga data, mostrado por el Estado mexicano para ampliar el presupuesto y mejorar la calidad y la disponibilidad de servicios sociales públicos ¿será posible que empresas socialmente responsables desarrollen otros servicios sociales accesibles y de calidad para combatir la enorme desigualdad que prevalece en el país?

En ese propósito podrían crearse sinergias interesantes entre organizaciones civiles, sociales y comunitarias y agentes desarrolladores de modelos de atención, bajo un formato de franquicias sociales. Su debida puesta en práctica, sus precios y su funcionamiento sería vigilado por mecanismos de contraloría ciudadana, frente a la destrucción intencionada de capacidades de regulación del Estado.

Una nueva ola de autoritarismo

Ciudadanía, Democracia, ,

La Silla Rota

24.10.2024

La decisión tomada por el Consejo del INE con el voto de siete consejeros para otorgar la mayoría calificada a la coalición de Morena en la Cámara de Diputados responde a nuestra vocación en favor de regímenes autoritarios y centralistas.

En los 200 años de vida independiente de México han existido tres prolongados regímenes autoritarios. En 2018 iniciamos el cuarto.

Antonio López de Santa Anna dominó la vida política por 32 años, entre 1823 y 1855. Fue once veces presidente y dos veces gobernador. A partir de 1876, Porfirio Díaz duró 34 años en el poder. El PRI controló al país por 71 años desde 1929 y colocó a 14 presidentes. En todos ellos hubo un dominio del poder ejecutivo federal sobre el congreso y el poder judicial.

La Constitución de 1924 definió que los Estados Unidos Mexicanos serían una república representativa, democrática, laica y federal. Sin embargo, en el siglo XIX por cerca de 50 años, se dio una batalla entre centralistas y federalistas debido al poder que tenían los jefes regionales. Es a partir de Porfirio Díaz que el ejecutivo federal empezó a controlar también a las gobernaturas.

Desde el año 2000, por un corto período de sólo 24 años, tuvimos alternancia de los partidos en la presidencia y en las gobernaturas, congresos plurales, una mayor independencia, al menos, del poder judicial federal, y la creación de varios órganos autónomos.  Parece que estamos retornando al inicio de una nueva ola de centralización del poder en la presidencia de la República. En esta ocasión con mayores posibilidades de acallar cualquier disidencia por la ampliación de las causas de prisión preventiva y por la militarización.

Otros ejemplos del retorno al autoritarismo son la desaparición en curso de varios órganos autónomos creados para quitarle al gobierno federal las herramientas que usó el PRI para mantenerse en el poder durante 71 años.

El gobierno de Morena busca recuperar el control y organización de las elecciones al subordinar al INE y al TEPJF; concentrar en lo que queda de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y  los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. El control del acceso a la información gubernamental y a la protección de los datos personales se pasarán a la inútil Secretaría de la Función Pública; al INEGI se le agregará la evaluación de programas sociales. Ahora la llaman “austeridad republicana”, hermana de la austeridad neoliberal.

El peor atropello de todo el llamado Plan C a la seguridad ciudadana, son los cambios propuestos para la elección por voto popular de las autoridades del Poder Judicial. Somos un país en donde el Estado ha perdido el control de al menos, una tercera parte del territorio en manos del crimen organizado.  Un país que vive una ciudadanía de baja intensidad por el desinterés de los gobiernos de las últimas cuatro décadas para avanzar en la realización de los derechos humanos de la población.

En lugar de ser la 4T, por “cuarta transformación”, debería ser la 4R por la “cuarta regresión”. Tendremos un septiembre lleno de obscuridad.