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Franquicias sociales ante la nueva ola de inversiones industriales

Sería una ingenuidad esperar que en México los gobiernos y las nuevas empresas prevean y realicen las inversiones requeridas para atender las necesidades de servicios sociales de las personas trabajadoras y sus familias, que se movilizarán en busca de empleos e ingresos, ante la relocalización industrial que está teniendo lugar.

Por años hemos atestiguado la insuficiencia de los servicios públicos de salud, educación, transporte y de infraestructura urbana como calles pavimentadas, drenaje, distribución de agua, así como la falta de mantenimiento de los existentes. Con los cambios de gobiernos programas sociales que daban alguna esperanza como las escuelas de tiempo completo, la recuperación de espacios públicos, las estancias infantiles, de prevención de las violencias, han sido abandonados.  

Hemos vivido con la esperanza de que el Estado provea servicios de salud, educación, seguridad social, energía y acceso al agua de calidad con cobertura universal o al menos, para quienes no pueden acceder con sus propios recursos. Con cada cambio de gobierno nuestras expectativas se ven frustradas.

Las tendencias de los últimos tiempos parecen apuntar hacia rumbos distintos. Se trata del surgimiento de una serie de iniciativas de servicios sociales que son realizados por entes privados a bajo costo, para las poblaciones de menores recursos.

Un ejemplo son los consultorios adyacentes a las farmacias que proporcionan el nivel básico de salud, tan abandonado por los gobiernos. Dan una atención rápida y cercana, a cambio de comprar los medicamentos en la farmacia correspondiente.   En 2021 proporcionaron una de cada cinco consultas médicas en el país.

Otro ejemplo son los servicios de Salud Digna que incluyen consultas médicas, lentes, estudios de imagen y de laboratorio a precios muy accesibles. Existen más de 170 en 80 ciudades en México.

Nada que ver con las cadenas privadas que aprovechan el mercado de las poblaciones pobres ofreciendo una variedad de productos chatarra y servicios financieros abusivos para despojarlas de sus precarios ingresos.

Frente a la incapacidad y el desinterés de larga data, mostrado por el Estado mexicano para ampliar el presupuesto y mejorar la calidad y la disponibilidad de servicios sociales públicos ¿será posible que empresas socialmente responsables desarrollen otros servicios sociales accesibles y de calidad para combatir la enorme desigualdad que prevalece en el país?

En ese propósito podrían crearse sinergias interesantes entre organizaciones civiles, sociales y comunitarias y agentes desarrolladores de modelos de atención, bajo un formato de franquicias sociales. Su debida puesta en práctica, sus precios y su funcionamiento sería vigilado por mecanismos de contraloría ciudadana, frente a la destrucción intencionada de capacidades de regulación del Estado.

Una nueva ola de autoritarismo

La Silla Rota

24.10.2024

La decisión tomada por el Consejo del INE con el voto de siete consejeros para otorgar la mayoría calificada a la coalición de Morena en la Cámara de Diputados responde a nuestra vocación en favor de regímenes autoritarios y centralistas.

En los 200 años de vida independiente de México han existido tres prolongados regímenes autoritarios. En 2018 iniciamos el cuarto.

Antonio López de Santa Anna dominó la vida política por 32 años, entre 1823 y 1855. Fue once veces presidente y dos veces gobernador. A partir de 1876, Porfirio Díaz duró 34 años en el poder. El PRI controló al país por 71 años desde 1929 y colocó a 14 presidentes. En todos ellos hubo un dominio del poder ejecutivo federal sobre el congreso y el poder judicial.

La Constitución de 1924 definió que los Estados Unidos Mexicanos serían una república representativa, democrática, laica y federal. Sin embargo, en el siglo XIX por cerca de 50 años, se dio una batalla entre centralistas y federalistas debido al poder que tenían los jefes regionales. Es a partir de Porfirio Díaz que el ejecutivo federal empezó a controlar también a las gobernaturas.

Desde el año 2000, por un corto período de sólo 24 años, tuvimos alternancia de los partidos en la presidencia y en las gobernaturas, congresos plurales, una mayor independencia, al menos, del poder judicial federal, y la creación de varios órganos autónomos.  Parece que estamos retornando al inicio de una nueva ola de centralización del poder en la presidencia de la República. En esta ocasión con mayores posibilidades de acallar cualquier disidencia por la ampliación de las causas de prisión preventiva y por la militarización.

Otros ejemplos del retorno al autoritarismo son la desaparición en curso de varios órganos autónomos creados para quitarle al gobierno federal las herramientas que usó el PRI para mantenerse en el poder durante 71 años.

El gobierno de Morena busca recuperar el control y organización de las elecciones al subordinar al INE y al TEPJF; concentrar en lo que queda de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y  los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. El control del acceso a la información gubernamental y a la protección de los datos personales se pasarán a la inútil Secretaría de la Función Pública; al INEGI se le agregará la evaluación de programas sociales. Ahora la llaman “austeridad republicana”, hermana de la austeridad neoliberal.

El peor atropello de todo el llamado Plan C a la seguridad ciudadana, son los cambios propuestos para la elección por voto popular de las autoridades del Poder Judicial. Somos un país en donde el Estado ha perdido el control de al menos, una tercera parte del territorio en manos del crimen organizado.  Un país que vive una ciudadanía de baja intensidad por el desinterés de los gobiernos de las últimas cuatro décadas para avanzar en la realización de los derechos humanos de la población.

En lugar de ser la 4T, por “cuarta transformación”, debería ser la 4R por la “cuarta regresión”. Tendremos un septiembre lleno de obscuridad.