Diálogo internacional: Hacia la Construcción de una Agenda Nacional para la Convivencia, Cohesión Social y Territorial. RELEX
22, 23 y 24 de junio 2015.
El concepto de cohesión social es polisémico y complejo puesto que incluye factores objetivos, factores institucionales y factores de pertenencia; es decir factores objetivos y subjetivos, cuantitativos y cualitativos. Depende del avance que las distintas sociedades y territorios han tenido en la construcción de sistemas de bienestar, en su desarrollo social, económico y político y en sus bases culturales.
Así, las investigaciones y la literatura en el tema indican que no es lo mismo el concepto de cohesión social en la Unión Europea que el que aplica a América Latina; pero aún dentro de esta región varía de acuerdo a la diferencias en el desarrollo de los sistemas de protección social, de las estructuras y niveles de desarrollo económico, de la presencia de multiculturalidad y de la evolución institucional particularmente relacionada con las calidad de los gobiernos y con su capacidad para implementar planes, programas y políticas de desarrollo.
CEPAL destaca que “La “cohesión social” es un concepto en evolución, en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos para convertirla en un instrumento útil para medir los procesos de integración y desintegración que se producen en las sociedades. Se asocia con categorías como las de capital social, que refiere al acervo de redes y lazos de los agentes sociales; la integración social, que considera el nivel mínimo de bienestar compartido entre los miembros de la comunidad; la inclusión social, que toma en cuenta la incorporación de la población en la toma de decisiones, y la ética social, que alude a los valores compartidos y la solidaridad”[1].
La pregunta que desde hace varios años yo me he tratado de contestar es si dada la complejidad y la evolución seguida por México, resulta útil el concepto de cohesión social y si se justifica la energía colocada en la selección y construcción de indicadores para medirla. Entiendo que por la Ley de Desarrollo Social y por la sugerencia de una conocida diputada, se deben incluir en la medición de pobreza indicadores de cohesión social y que por ello CONEVAL y el INEGI en particular, han estado inmersos en tratar de resolver el problema planteado.
Mi percepción y con base en las investigaciones que desde INCIDE Social hemos venido realizando sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en el país es que la evolución de la sociedad mexicana desde hace cerca de cuatro décadas, ha ido avanzando en sentido contrario a la construcción de una sociedad cohesionada.
Pero además, no encuentro en el horizonte una coalición social capaz de traducir en alternativa política la búsqueda de la cohesión social o como diría un querido amigo “un programa de construcción de capacidades estatales para producir gobiernos efectivos en la provisión de bienestar humano”
Los colectivos sociales funcionales como sindicatos, gremios, organizaciones campesinas o empresariales además de encontrarse bastante disminuidos y debilitados, no incorporan en sus demandas ya no digamos la búsqueda de una cohesión social, pero ni siquiera la de la consecución de un bienestar colectivo y compartido o la realización de los derechos humanos incluidos los económicos, sociales, culturales y ambientales. Continúan inmersos en sus intereses de grupo.
Algo similar ocurre con el sector de organizaciones civiles tan poco desarrollado en nuestro país, que parece estar concentrando en la promoción de los derechos humanos de diversos grupos poblacionales, pero que aún no encuentra un tema, una demanda que lo lleve a constituirse en una coalición social fuerte y a superar sus disputas.
Los partidos políticos por su parte, centran su actuación en ganar elecciones para acceder al poder y a los recursos que el mismo implica, con fines meramente patrimonialistas. Son causa de los conflictos y la ruptura de solidaridades y tejido social no sólo a nivel nacional sino particularmente en las comunidades e incluso en las familias. Son coaliciones que no abonan a la construcción de cohesión social sino que son parte del problema que atenta contra ello. No representan tampoco mecanismos de participación ciudadana y contribuyen a la exclusión política.
Además, el debilitamiento y la destrucción o deterioro de capacidades institucionales para la provisión de servicios sociales públicos de calidad, accesibilidad universal y asequibles a la diversidad cultural, así como la tendencia a la existencia de sistemas segmentados de empleo, educación, salud, seguridad social, servicios y desarrollo urbano y territorial, y vivienda han venido destruyendo los precarios avances de la historia social mexicana tendentes a la construcción de una base mínima universal de derechos sociales.
Por el contrario, contribuye a profundizar la desigualdad y la exclusión social:
a) la segmentación de la disponibilidad de servicios sociales públicos por estratos socioeconómicos,
b) su desigual distribución en el territorio nacional y
c) la ausencia de capacidades y recursos presupuestales para irlos desarrollando y adecuando a la multiculturalidad, así como a la diversidad derivada de requerimientos distintos por grupos de edad y género y a los nuevos riesgos sociales como el envejecimiento, las adicciones, el deterioro de la salud mental comunitaria, el surgimiento de personas desplazadas y despojadas de sus bienes y recursos y de víctimas directas e indirectas de las violencias.
La siguiente pregunta que uno puede formularse es si ¿es necesario un nuevo Pacto Social que coloque el objetivo del bienestar de los seres humanos o el logro de una mayor cohesión social para cambiar el estado de violencia estructural y crónica que ya estamos viviendo en México? O si ¿es posible construir bienestar y cohesión social desde abajo con las familias, las escuelas y las comunidades?
Lo que uno puede concluir de los estudios sobre las causas de la violencia es que los agentes participantes en la fábrica social o en la reproducción de los seres humanos en México son finalmente construcciones sociales que se organizan y transforman de acuerdo al contexto social, económico, cultural y político dominante. Es decir que no son ajenos e independientes de los procesos de globalización, de transformación tecnológica y de las comunicaciones, de los modelos prevalentes de organización económica y social y de los cambios culturales y políticos. Es decir, sus posibilidades de contribuir a una mayor cohesión social dependen de la existencia de un nuevo Pacto Social que redistribuya derechos y responsabilidades entre familias, Estado. mercado y comunidad.
Uno puede observar que las transformaciones en la estructura, organización y relaciones al interior de las familias han debilitado su papel en la reproducción social de calidad de los seres humanos. Enfrentadas a políticas salariales. de retribución y jubilación regresivas, al bombardeo consumista de los medios de comunicación, al envejecimiento poblacional y al deterioro y rezago de los servicios públicos sociales se ven obligadas a redistribuir sus tiempos entre la producción de ingresos y la producción de cuidados, en detrimento de estos últimos y a la presencia de mayores conflictos y violencia entre géneros y generaciones.
El papel de las escuelas en la socialización de la infancia y la juventud y en el desarrollo de capacidades de empleabilidad también se encuentra deteriorado por la rigidez para la actualización de planes y programas acordes a la evolución del conocimiento y de la tecnología, , por la competencia que enfrentan con los medios de comunicación y con el acceso fácil a la información por las nuevas tecnologías, por el deterioro de la infraestructura educativa y de los modelos de gestión de las escuelas, por la captura de los recursos y plazas por grupos de interés, por los conflictos entre profesores, padres y alumnos, y por la creciente desaparición de adultos educadores que profundiza la brecha generacional y afecta el papel de contención y apoyo emocional que los profesores tenían sobre sus alumnos.
Finalmente, la ruptura del tejido social comunitario ha acompañado los procesos de modernización económica descentralizando la producción y destruyendo las comunidades de trabajo y creando modelos de distribución de productos de consumo que destruyen los pequeños comercios locales y la solidaridad y actividad comunitaria que se desarrollaba en su entorno; la liberación del mercado de tierras en México y la desaparición de políticas de apoyo a los micro y pequeños productores del campo ha destruido lo que restaba de organización ejidal y de comunidades rurales, ha generado también una disputa por el territorio y la presencia de agentes externos trasnacionales en su aprovechamiento (productoras agoindustriales y de energía, mineras, productoras de drogas, por ejemplo), así como el surgimiento de grandes desarrollos inmobiliarios de vivienda alejados de las ciudades.
Desde mi mirada todo conspira contra un proyecto de cohesión social, todo apunta a una fábrica social que produce seres humanos abandonados, solos, enajenados, inseguros, consumistas e individualistas y a una clase política cada vez más alejada de la población que sólo mira a sus propios intereses
[1] DECIMO SÉPTIMA REUNIÓN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN ENCUESTAS A HOGARES – DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
XIV REUNIÓN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN ENCUESTAS A HOGARES DEL PROYECTO ANDESTAD 5-7 de agosto 2008 Lima – Perú