En mi intervención quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre la cuestión social en México de manera general.

Tradicionalmente al referirnos a lo “social” buscábamos examinar cómo andábamos en materia educativa, analizábamos los avances o déficits en materia de acceso de la población a servicios de salud, a viviendas e infraestructura como agua potable, energía, drenaje, la incorporación de personas a los sistemas de seguridad social o bien, revisábamos qué estaba ocurriendo en materia de empleo e ingresos de las personas y las familias.

Educación, salud, seguridad social, vivienda, infraestructura urbana, empleo e ingreso se constituyeron en las vertientes del bienestar humano que como sociedad nos preocupaban y que  colocamos durante muchos años en la mira como los campos del bienestar social sobre las cuales tendríamos que trabajar como sociedad para acceder a mejores niveles de vida.

Es importante reconocer que como sociedad, realizamos avances importantes, construimos una gran infraestructura: escuelas y universidades, hospitales y clínicas, grandes urbes con  servicios, conjuntos habitacionales que llegaron a ser reconocidos como los más grandes de América Latina y protegimos a cerca del 50% de la población  por la seguridad social. Desarrollamos servicios de transporte y comunicación, instalaciones deportivas y de recreación, bibliotecas, parques.

Fue un esfuerzo colectivo enorme y lo logramos porque en paralelo, tuvimos un crecimiento de la economía que durante varias décadas alcanzó en promedio cada año, de seis por ciento. Este crecimiento de la economía y la naturaleza de las actividades económicas en las que estaba basado, fundamentalmente las industriales, generaron durante varias décadas suficientes fuentes de trabajo e ingresos para las personas que vivían en las ciudades y para aquellas que se trasladaron  desde las zonas rurales. Hablábamos del milagro mexicano.

Pero en la década de los años setenta del siglo pasado algo se quebró en la trayectoria de crecimiento y mejoría en el bienestar de la población. La inflación apareció como un fenómeno alarmante, la economía ya no generaba suficientes empleos protegidos y decentes como se llaman ahora, el modelo de crecimiento fundado en el desarrollo del mercado interno y la protección de la industria de la competencia externa, ya no podía prolongarse más por los altos precios que estaba pagando la población y por los precarios esfuerzos que los industriales realizaron para mejorar su productividad y competitividad.

Fue en esa década que comprobamos que a pesar de los esfuerzos realizados, la pobreza de amplios sectores de la población persistía, y el modelo adoptado no logaba abatir en la medida de lo esperado, la enorme desigualdad entre los pobladores del campo y los de la ciudad. Para entonces se empezó a hablar del surgimiento de actividades informales y de amplias zonas de poblamientos marginales en las ciudades. Netzhualcoyotl como un enorme conglomerado urbano marginado, aparece como una gran sorpresa en el Censo de Población de 1970.

En la cuestión social empezamos en ese entonces a debatir un programa de empleo y se realizó un enorme esfuerzo por recuperar y reconocer el aporte de la economía campesina como generadora de alimentos para las ciudades y de  divisas provenientes de sus exportaciones, para financiar el desarrollo industrial y urbano del país, todo ello a costa de  la pobreza de millones de habitantes de las zonas rurales del país.

También en la década de los años setenta del siglo pasado, empezaron a hacerse visibles organizaciones ciudadanas que promovían y defendían agendas de derechos humanos, de las mujeres y del medio ambiente. Incorporaron así el tema de la diversidad en el debate de lo social y cultural, lo que en décadas posteriores se fue enriqueciendo con las organizaciones y movimientos sociales en defensa de las agendas de derechos de la infancia, de la población indígena, de las personas con discapacidad y de la población LGTB. Fue entonces cuando también empieza a fracturarse el Pacto de Gobierno, Empresarios y Trabajadores que subyacía en el modelo del milagro mexicano anterior y que tuvo su último impulso en la Comisión Nacional Tripartita de 1973.

Todos los aspectos de la realidad social mexicana que emergieron en la agenda pública durante el último cuarto del siglo pasado como son:

• la persistencia de la pobreza rural y el surgimiento de la pobreza urbana;
• la presencia de la desigualdad en el ingreso y en la riqueza entre clases sociales y en el territorio nacional,
• la existencia de discriminación y exclusión por género, grupos etarios, etnia, reiligió y diversidad sexual

nos daban claros indicios de la necesidad de repensar el modelo sectorial de política social y de promover una profunda Reforma Social basada en derechos y que reconociera la heterogeneidad y diversidad de la sociedad mexicana. Una reforma que recuperara el objetivo del bienestar de la población, que se preocupara por la cohesión social y protegiera el tejido social. Pero fundamentalmente, que nos permitiera ver un nuevo horizonte hacia el cual avanzar en forma solidaria y mantuviera la idea de nación.

Treinta años han pasado de esa década de rupturas con el modelo de crecimiento estabilizador de las décadas previas. En los ochentas iniciamos una profunda Reforma Económica conservadora y ortodoxa, que hasta la fecha no muestra efectos claros en materia de crecimiento y generación de empleos decentes, principal gozne entre lo económico y lo social. En los noventas concretamos una Reforma Electoral que no política, que nos permitió tener elecciones creíbles en 1997, 2000 y 2003 y avanzar en lo que  pensamos sería una sociedad más democrática.

Pero examinemos ahora cuál es el saldo en materia social, que ha contribuido -al igual que lo económico, lo político y lo cultural- al desastre en materia de violencia social y criminal y a los retrocesos que en materia de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales  enfrentamos actualmente en todo el territorio nacional:

• Instituciones y políticas sectoriales en educación y salud, capturadas por intereses de grupos, y que no logran actualizarse ni en infraestructura, personal y tecnología, ni integrarse, universalizar el acceso y homologar sus servicios en todo el territorio nacional, y ser más pertinentes a la compleja realidad actual.
• Instituciones y políticas de vivienda e infraestructura urbana que por avaricia e irresponsabilidad pública y privada, nos dejan un reguero de desarrollos de vivienda en todo el territorio nacional, alejados de las ciudades, con tamaños mínimos de las viviendas y ausencia de espacios sociales para la convivencia y un  caldo de cultivo para la violencia.
• 150 programas sociales federales y seguramente muchos más estatales y municipales, desarticulados, focalizados en poblaciones específicas pero que en el territorio no se encuentran ni coordinan, ni provocan sinergias que realmente contribuyan a mejor las condiciones de vida de los grupos más marginados a los cuales están focalizados.
• La creación de institutos e instancias para las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, para los temas de discriminación (CONAPRED) y Derechos Humanos y múltiples intentos por hacer transversales los enfoques de género, medio ambiente y derechos humanos en los programas sectoriales y en las actividades de todos los poderes del Estado y órdenes de gobierno.

Constatamos algunas ausencias importantes:

1. Una política integral para juventud en una etapa crítica en la historia demográfica del país y de la cual depende que seamos un país viable en el futuro o continuemos en el despeñadero, destrucción y retrocesos en que hemos caído.
2. Una política de infancia que reconozca que los seres humanos somos también una construcción social y no solo requerimos de bienes materiales para nuestro desarrollo, sino de ambientes psico-afectivos, de seguridad y culturales propicios.
3. Una política hacia las familias que reconozca su aporte a la construcción de seres humanos, su diversidad y las enormes dificultades que enfrentan frente a las múltiples crisis que estamos viviendo.
4. Una política relacionada con el envejecimiento que permita prever y construir los servicios y capacidades que serán necesarios ante el proceso de cambio de la estructura de edades de la población mexicana.
5. Una política social urbana que asuma la complejidad de las relaciones sociales que se dan en las ciudades, el desorden y segmentación que existe en su desarrollo territorial y la intolerable convivencia de la desigualdad.

En fin, en una sociedad crecientemente compleja, diversa y profundamente desigual y crecientemente violenta, constatamos la ausencia de una  Reforma Social fundada en derechos, que recupere la solidaridad y la corresponsabilidad de todos y todas. Una reforma que surja de un nuevo Pacto Social que incluya a los nuevos actores y colectivos sociales y las demandas e intereses territoriales.

Es una reforma demasiado importante como para dejarla en manos de los traficantes de la política y de las voraces élites económicas. Su construcción e instauración tiene que ser un  proceso colectivo de diálogo y construcción de consensos desde las comunidades, pueblos y ciudades de manera que se constituyan en agendas de cambio que recuperen la centralidad del ser humano en el proyecto de país y obliguen a aquellos y aquellas que quieran acceder a posiciones de poder público a comprometerse con ellas y a cumplirlas.

Es urgente que empecemos a encontrarnos, a organizarnos y a dialogar fuera de los marcos que nos determinan los intereses políticos actuales, y que construyamos un enorme movimiento ciudadano en torno a  una Reforma Social Posible.