México está experimentando una violencia delincuencial inédita en su historia. Varios territorios del país son ahora controlados por las bandas del crimen organizado o por pandillas locales que cometen delitos con total impunidad. Se estima que 50,000 personas han sido abatidas en lo que va de la actual administración de gobierno.

Algunos expertos estiman que medio millón de personas están involucradas en las redes delincuenciales. Se habla de la comisión de 22 tipos de delitos y ya no sólo por la producción, trasiego y comercio de droga.

En el año de 2003 cuando la denuncia de los múltiples feminicidios que se estaban cometiendo en Ciudad Juárez  alcanzaba resonancia a nivel mundial, un grupo de organizaciones de la sociedad civil invitaron a Incide Social, a que elaborar conjuntamente un diagnóstico sobre la situación social de esa ciudad.

A partir información obtenida de observaciones del trabajo en comunidad de las organizaciones civiles, se localizaron investigaciones ya realizadas, se sistematizó información estadística y se realizaron entrevistas a profundidad con expertos en diversos temas, a fin de corroborar algunas hipótesis sobre las posibles causas económicas, sociales y culturales de las violencias en esa Ciudad.

El resultado hizo evidente que además de los factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y una vieja cultura de ilegalidad, había intervenciones u omisiones de diversos agentes sociales, que habían generado una ciudad donde la violencia contra las mujeres y la muerte de mujeres jóvenes era aceptada e incluso, acompañada por los cuerpos de seguridad y de justicia.

Las élites económicas sostenían que esas muertes derivaban de asuntos relacionados con la violencia doméstica, que constituía un asunto de la vida privada. Los cuerpos de seguridad y de justicia, simplemente compartían esa visión y no se preocupaban por investigar las desapariciones y muertes de mujeres, excepto cuando se trataba de aquellas pertenecientes a la propia élite.

De 1970 a 1990 las maquiladoras que se montaron en Ciudad Juárez como parte de la estrategia de desarrollo fronterizo, atrajeron fundamentalmente mujeres de muchas regiones del país, provocando cambios importantes en las relaciones entre sexos y en la tasa de masculinidad. Las mujeres venían de otras regiones del país a cumplir dos sueños: liberarse de la opresión de género en sus comunidades de origen y mejorar sus niveles de vida.

Los recursos para el desarrollo social se dedicaron a la construcción de parques para la instalación de maquiladoras y los partidos políticos promovieron invasiones de terrenos para la construcción de viviendas precarias para los trabajadores que llegaban a la Ciudad. Con ello desarrollaron clientelas políticas y revalorizaron predios inadecuados y riesgosos. A pesar de las evidencias que han convertido a Ciudad Juárez en una verdadera catástrofe humana, existen tres proyectos en marcha para ampliar la extensión de la Ciudad a más del doble de su tamaño actual.

En la crisis de 2008 Juárez una ciudad que alcanzó 1.5 millones de personas, perdió 75 mil empleos de la maquila; en 2009, 230 mil personas abandonaron la ciudad. Se estima que hay 10 mil huérfanos y alrededor de 7 mil personas presentan discapacidad por heridas de bala.

Ahora bien, en el año 2009 la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el país (CONAVIM) solicitó a INCIDE Social coordinar una investigación semejante a la de Ciudad Juárez para seis ciudades: dos en la frontera norte (Tijuana y actualizar la investigación de Ciudad Juárez), dos en el centro del país (Aguascalientes y la ZM de Guadalajara) y dos en el sur (Mérida y Tapachula).

El trabajo fue realizado en un plazo de 10 meses, por grupos de investigadores locales bajo una coordinación también local. Participaron más de 60 especialistas de diversas disciplinas. Se propusieron 12 campos de la realidad económica, social y cultural para ser analizados a fin de detectar posibles factores precursores, detonadores y de riesgo de las violencias, así como localizar agentes, procesos o comportamientos que contribuyen a la contención y canalización pacífica de los conflictos y evitan que se traduzcan en violencia.

Las hipótesis básicas de las investigaciones son cuatro:

1. Las personas tienen requerimientos de tipo físico, sicoemocional, de seguridad y culturales para desarrollarse adecuadamente y bien vivir. Estos requerimientos varían con el ciclo vida, el sexo y a la ubicación cultural y territorial de las personas.
2. Los bienes y servicios para cubrir esos requerimientos son provistos por las personas mismas, las familias, el estado y el mercado en acuerdos sociales muchas veces implícitos, y que se traducen en distintos arreglos y responsabilidades.
3. A partir de los años 80 del siglo pasado, en México se produjeron cambios muy importantes en esos arreglos sociales que han tenido efectos en la forma en que la sociedad mexicana construye, atiende y protege a sus integrantes, registrándose un deterioro sistemático.
4. Un efecto de esos cambios ha sido la destrucción de mecanismos sociales de contención y protección de la seguridad de las personas, que surgían del tejido social comunitario. Se han perdido capacidades de tramitación pacífica de los conflictos.

A modo de ejemplo, me referiré a tres ámbitos donde se observan esos cambios a partir de los estudios realizados en las ciudades.

En tal sentido la educación, los profesores y las escuelas debiendo ser espacios y agentes de contención y tramitación pacífica de los conflictos, se han convertido en ámbitos de cultivo de las violencias por varios procesos. Un primero tiene que ver con la falta de pertinencia, sentido y utilidad que los contenidos y las modalidades escolares tienen actualmente para los adolescentes y jóvenes. Ello los mueve a abandonar las escuelas por aburrición o por falta de dinero, las dos causas más importantes de las tasas de deserción en las escuelas secundarias y de educación media superior, que se detectaron en las ciudades analizadas.

Muchos maestros e incluso directores, se declaran carentes de herramientas para acompañar los problemas emocionales que enfrentan sus alumnos o para solucionar pacíficamente los diversos conflictos que se suscitan en las escuelas, por lo que prefieren alejarse y no involucrarse. Esto lo perciben los jóvenes y convierten a las escuelas en territorios de abuso y violencia contra sus compañeros e incluso contra los profesores. Por su parte, los padres y las madres, agobiados por los tiempos que tienen que destinar a la obtención de ingresos para el sostenimiento de sus familias, prefieren no involucrarse en la comunidad educativa y asumen a las escuelas como espacios de guarda de sus hijos mientras ellos y ellas trabajan.

Esto se suma por una parte, a un rezago en la ampliación de la oferta de educación media superior y superior, compatible con el aumento de jóvenes en la estructura demográfica de las ciudades, así como a una deslocalización de la infraestructura social en el territorio urbano respecto de la población que la requiere.

Otro hallazgo que se comparte en las ciudades estudiadas y que contribuye a los niveles de violencia e inseguridad que se vive en las ciudades en México, se refiere a la naturaleza del crecimiento urbano de las últimas tres décadas. Varias medidas adoptadas por los gobiernos mexicanos en los últimos treinta años han convertido a las ciudades en zonas donde se propicia el surgimiento de frustración, conflicto, enojo y violencia, se genera inseguridad y se observa la comisión de diversos delitos mayores y menores.

Se trata entre otras decisiones de la disminución de las capacidades y atribuciones de los gobiernos federal y estatales para llevar a cabo planes urbanos y de desarrollo regional; el traslado, del control y las decisiones sobre los desarrollos de vivienda y usos del suelo a los gobiernos municipales, mismos que presentan una gran debilidad institucional; la liberación del mercado de tierras con los cambios constitucionales realizados en 1992; la transformación de las instituciones de vivienda del Estado en financiadoras y promotoras de proyectos privados altamente rentables, junto al abandono de programas de construcción social y mantenimiento de viviendas.

Este debilitamiento del control y vigilancia del Estado respecto del desarrollo urbano e inmobiliario, convirtió a las ciudades en territorios libres, dominados por las fuerzas del mercado, sujetos a la voluntad e intereses de las empresas inmobiliarias, de los especuladores de la tierra y de funcionarios municipales corruptos. A lo anterior se agrega la apropiación privada por los habitantes de plazas púbicas, calles y paraderos de autobuses para instalar comercios o en las unidades habitacionales para extender estacionamientos o patios privados y actividades económicas.

Las ciudades mexicanas han crecido de manera horizontal provocando un rezago en la provisión de servicios de infraestructura social y urbana para los nuevos desarrollos, como agua potable, drenaje, pavimentación, alcantarillado, alumbrado y energía, recolección de basura, protección de la salud, servicios de educación y culturales, entre otros. Hay colonias en las ciudades producto de invasiones ilegales o de desarrollos formales de vivienda popular, que no cuentan con alumbrado, servicios de vigilancia, transporte, calles y avenidas adecuadas y suficientes para entrar y transitar por ellas. Los traslados de sus habitantes hacia sus trabajos, a los centros escolares o a los servicios comerciales y públicos, provocan fuertes gastos de tiempo, energía y dinero, congestionamiento vial, y derivan en enojo, frustración y precariedad económica.

Esto se relaciona también con otro fenómeno que se observa en las ciudades mexicanas que es la segregación por usos del suelo y socioeconómica. Se crean así zonas especializadas en vivienda, otras en industria o en servicios comerciales. Los habitantes pobres son empujados a las periferias de las ciudades en terrenos de alto riesgo. Crecientemente surgen cotos cerrados como si fueran guetos. Los pobladores de los distintos estratos socioeconómicos no conviven, aunque se encuentran en relaciones subordinadas en diversos espacios de las ciudades.

Las consecuencias de esta segregación desde el enfoque de violencias, es la ruptura del tejido urbano y una creciente dificultad para transitar por calles y avenidas, obstáculos para el acceso de los servicios de seguridad y de emergencia a fin de atender denuncias, la ausencia de miradas que vigilen las calles y los edificios durante determinadas horas del día, y por lo tanto, calles solas durante el día o durante la noche; el encerramiento de las personas y las familias y la ausencia de mecanismos y espacios para la recreación del tejido social, de solidaridades y de acompañamiento (plazas, jardines, centros culturales y de desarrollo social, etc.)

Otros aspectos del desarrollo urbano y de vivienda que afectan fuertemente la convivencia y la seguridad de las personas son: la desigualdad en la inversión pública urbana y de los servicios e infraestructura, favoreciendo a las zonas de altos ingresos; el privilegio a la inversión para el automóvil cuando la mayoría de las personas se moviliza en transporte público, en bicicleta o a pie; la construcción de desarrollos inmobiliarios de gran tamaño, alejados de las ciudades, con viviendas muy pequeñas, de mala calidad constructiva, sin vías de acceso y vías alternativas, carentes de espacios públicos, servicios sociales y comerciales; el hacinamiento; la mala calidad y la insuficiente disponibilidad de transporte público; la presencia de una proporción elevada de terrenos baldíos y de una infraestructura urbana que nunca ha sido pensada en términos de los riesgos para la seguridad y el bienestar de las personas (bajo puentes, instalaciones solas y abandonadas, pasos peatonales subterráneos, vías rápidas, obras sin concluir o en construcción, etc.)

Veinte años al menos, de un crecimiento urbano caótico demandarían de una reforma urbana profunda para evitar que las ciudades continúen siendo territorios de construcción y ejercicio de distintos tipo de violencias.

Otro aspecto que se comprobó en las investigaciones como factor precursor de las violencias urbanas se refiere a la relación entre la economía de la producción y la economía del cuidado.

El país ha experimentado desde hace varias décadas, un crecimiento económico insuficiente en términos de la generación de puestos de trabajo y de oportunidades de ingreso para un importante contingente de población joven que forma el llamado bono demográfico. Este precario desempeño de la economía mexicana, se ha visto acompañado por una liberación y flexibilización del mercado de trabajo y una liberación del mercado de capitales y de mercancías con Estados Unidos. Sin embargo, se ha mantenido un rígido control salarial y del movimiento de mano de obra hacia el exterior.

La precarización de las condiciones laborales en los trabajos del sector formal de la economía también ha sido parte de lo ocurrido en las últimas décadas.

Es decir, las familias de trabajadores han tenido que desarrollar diversas estrategias para sobrevivir. Las más reconocidas son las migraciones indocumentadas que alcanzaron en los últimos años a más de medio millón de personas como saldo neto anual. La migración interna hacia las ciudades de frontera y turísticas es otra estrategia familiar y un fenómeno que presiona a las urbes. Otro camino seguido ha sido la incorporación de las mujeres, los jóvenes e incluso los niños, a actividades generadoras de ingreso entre las que se encuentran las actividades informales e incluso, las delincuenciales.

Pero lo que se ha analizado insuficientemente es el efecto que todo lo anterior tiene en la crianza, cuidado y desarrollo de la infancia, de la adolescencia y de la juventud en los sectores populares y de bajos ingresos.

Las investigaciones realizadas en materia de transformaciones en la organización y dinámica de las familias y en el desarrollo del empleo, el ingreso y el gasto de las personas y las familias, permiten concluir que la precarización del mundo laboral se ha traducido en una precarización de la economía de la reproducción; que los miembros adultos en promedio han tenido que destinar más tiempo de trabajo a la obtención de ingresos en desmedro de la atención a la vida personal y familiar.

La tensión, la fatiga y el enojo derivado de prolongadas jornadas de trabajo y de traslado entre trabajo y viviendas precarias, pequeñas y hacinadas; las bajas remuneraciones y periodos prolongados de desempleo para los adultos hombres, constituyen un factor de riesgo para la violencia doméstica y el abandono de los hogares.

Un número importante de niños, niñas y jóvenes pasan muchas horas solos y están enojados; hay un aumento de los que viven solos con sus hermanos, o con sus abuelos; sufren maltrato y violencia y experimentan grandes carencias no sólo materiales, sino fundamentalmente psicoafectivas. Ni los gobiernos, ni las empresas han desarrollado suficientes estrategias y programas para apoyar la conciliación entre vida laboral y vida familiar.

Si a lo anterior agregamos lo señalado respecto a la pérdida del sentido protector de las escuelas y los profesores y de la utilidad última de la educación para movilidad social, arribamos a la situación de muchos adolescentes y jóvenes que desertan de las escuelas y no estudian, ni trabajan y forman nuevas familias a través de las bandas y pandillas donde encuentran compañía, afecto, apoyo y solidaridad.

Las élites económicas y políticas no saben qué hacer con los jóvenes, les temen, los discriminan y criminalizan por jóvenes y pobres y los cuerpos de seguridad asumen esa discriminación y criminalización como tarea propia, escalando con ello el ambiente de violencia institucional hacia la juventud.

Algunos jóvenes asumen conductas de riesgo que los incorporan a una vida que los conduce a la autodestrucción por la vía de las adicciones, el suicidio, los accidentes, las peleas en el barrio, la participación en barras o en grupos diversos (punks, darketos,) o a la incorporación en bandas delincuenciales, incluso de tipo transnacional.

Los aspectos de la realidad social de las ciudades estudiadas hasta aquí descritos, son mostrados en las investigaciones a través de cifras y mapas y de los relatos de personas que desde diversas posiciones, hacen un seguimiento de la transformación social de las ciudades. Son sólo parte de otros aspectos estudiados como el papel de los medios de comunicación, la evolución demográfica de las urbes, las facilidades y los servicios de salud mental y física disponibles, así como culturales, de recreación y deportivos, el papel de las organizaciones sociales y civiles como factores de contención, el desarrollo y el estado de la cultura de la legalidad y la situación de los cuerpos de seguridad y justicia y la percepción que la población tiene sobre ellos.

Los resultados obtenidos muestran que la violencias de distinto tipo son construcciones sociales donde la exclusión. la discriminación y principalmente, la desigualdad contribuyen grandemente en su desarrollo.

La política de seguridad pública requiere incluir una política social integral preventiva y programas de mitigación ante las emergencias sociales que ya existen en varias ciudades del país. Sin una estrategia de recuperación del tejido y de contención social el combate a la delincuencia mediante el uso de las fuerzas armadas sólo conduce a una destrucción mayor de las bases económicas, sociales y culturales de la convivencia pacífica.