Espacios-Publicos-rehabilitados

Cohesión social y sustentabilidad en las ciudades

Para la CEPAL cohesión social en América Latina debería entenderse como un diálogo constante entre los mecanismos de inclusión y exclusión sociales (políticas de empleo y bienestar, salud, educación, etc.) y las respuestas y percepciones de la ciudadanía frente a la forma en que actúan esos mecanismos y que se traducen en un sentido de pertenencia a la sociedad. Es ese espacio en el que las políticas sociales hacen que las personas sean y se sientan, parte de la sociedad.

¿Por qué es importante la cohesión social?

La cohesión social es importante porque reconoce los derechos de inclusión de todos los integrantes de una sociedad y procura los medios para su realización generando seguridades básicas a las personas ante eventualidades, así como mecanismos para cerrar las brechas de desigualdad y superar condiciones de pobreza. Cuando las personas reconocen que contarán con mecanismos de protección ante los riesgos sociales, económicos e incluso ambientales, se sienten parte del colectivo y desarrollan un sentido de pertenencia.

En un ambiente de cohesión social es posible alcanzar mejores niveles de desempeño económico, de calidad de vida y fortalecer factores de contención frente a las trasgresiones de las normas que regulan la vida social. Es decir, al sentirse toda la población incluida y con igualdad de derechos es más difícil que proliferen actitudes violentas y de conflicto.

CEPAL señala que la potencialidad del desarrollo se ve limitada en América Latina por la existencia de estructuras excluyentes: pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión social, que limitan tanto el desarrollo individual como el colectivo, entre otras cosas porque generan conflictos distributivos cada vez más difíciles de manejar.

¿Cuáles son los actores vinculados a la cohesión social?

Indudablemente los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado.

La sociedad civil organizada donde participan organizaciones de profesionales, de empresarios, de trabajadores, asociaciones civiles y movimientos sociales, organizaciones religiosas y políticas, entre otras.

La sociedad mercantil

Las personas que integran la sociedad

¿Cuál debería ser el papel de esos actores para fortalecerla?

Al Estado le corresponde cumplir sus obligaciones en materia de protección defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de todos y todas a fin de asegurar la operación universalizada de los mecanismos de inclusión como son las oportunidades de empleo e ingresos dignos, el acceso a salud y educación de calidad, a la alimentación adecuado, a la vivienda digna, a la cultura. Le correspondería respetar a todas las personas que acceden a la satisfacción de sus necesidades de vida por sus propios medios; proteger a aquellos cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados por terceros y satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de aquellos otros que no pueden por si mismos lograr los medios para cubrir las garantías de esos derechos por que no cuentan con los recursos para hacerlo y la sociedad tampoco se los brinda, por ejemplo, es el caso de las poblaciones en pobreza, desempleadas.

Le corresponde también convocar y alentar la participación y el diálogo social en la construcción de planes, políticas y programas a distintos niveles territoriales y crear espacios para construir una interacción positiva entre los actores que deben alcanzar una comunidad de principios de cooperación y comunicación para hacer realidad la cohesión social.

Emitir las leyes que regulen la vida social mediante convocatoria amplia y una representación auténtica de la sociedad.

Garantizar el imperio de la Ley y por lo tanto el acceso a la justicia y a la verdad con equidad e imparcialidad.

A la sociedad civil organizada le tocaría por una parte colocar en la mesa del diálogo social las agendas de derechos que corresponden a la diversidad social como son las mujeres, la infancia, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, los adultos mayores, los empresarios y contribuir a llegar a consenso en la pelea distributiva de los recursos públicos. Por otra parte, puede aportar sus experiencias y sus modelos de intervención para atender a esos grupos de población y ayudarlos a empoderarse para alcanzar una ciudadanía plena, activa y participativa. En el contexto de violencia de México puede aportar sus experiencias en modelos y educación para la paz.

A la sociedad mercantil correspondería reconocer que las personas son dignas y son sujetos de derechos y no meros insumos para la producción en su calidad de trabajadores, ni meros clientes y consumidores finales de sus productos y servicios. Por lo tanto su contribución a la cohesión social sería respetar los derechos de sus trabajadores y de los consumidores.

Finalmente, a la población en general le tocaría participar en los espacios de diálogo y encuentro, practicar valores de respeto y consideración de los otros evitando conductas discriminatorias y excluyentes y ejercer tareas de contraloría social de los otros actores.

Mención especial debe hacerse de los partidos políticos pues la sociedad mexicana reconoce a las diferencias en riqueza y a la presencia territorial de los partidos políticos como las dos fuentes principales de conflictos en familias y comunidades. La lucha por el poder está fracturando la cohesión social posiblemente de manera difícil de reparar y sería urgente un pacto de los partidos políticos para cambiar los términos de sus disputas.

 

¿Cuáles son las acciones ciudadanas que contribuyen a mejorar la cohesión social?

Pienso en tres a) la participación en el espacio público para impulsar los intereses colectivos e incidir en las políticas de gobierno, b) el apego a la ley y a las normas de convivencia dentro de los que destaco el respeto a los derechos de los otros y c) la no discriminación ni por diferencias socioeconómicos, ni ideológicas, ni de educación, religión, etnia, orientación sexual, origen nacional ni de sexo ni edad.

¿Cuáles contribuyen a debilitarla? El aislamiento y la no participación en el espacio público, el miedo, la violencia y el conflicto y la falta de respeto a la dignidad de los otros como personas y a la Ley.

¿Cuáles deberían ser los incentivos para que los actores dirijan sus esfuerzos a fortalecerla?

El vivir en una sociedad con justicia, paz y dignidad que elimina los riesgos de caer en situaciones de vulnerabilidad, subordinación y exclusión. En una sociedad donde el conflicto se tramita por medios pacíficos y las personas tienen seguridades básicas de inclusión y protección de sus derechos humanos.

¿De qué manera la buena gestión del espacio público urbano puede contribuir al impulso de la cohesión social? ¿Cuál debe ser su papel para la interacción fructífera de los diversos actores?

Mirar al espacio público como una obra arquitectónica o de ingeniería sea un campo de futbol, una escuela o una casa de cultura y construirla o recuperarla como una obra, limita enormemente el valor de los espacios público en su contribución a la cohesión social.

Muchas veces he sostenido que la política social es el trabajo de personas para personas: los maestros que enseñan, el personal médico que cura, el promotor que trabaja en un centro comunitario, la señora que prepara los alimentos en una cocina comunitaria, el facilitador cultural. Se pueden tener los espacios públicos más bellos, los mejores con la tecnología de más avanzada pero si no hay personas que los gestionen y les den vida con actividades relevantes para la población de su entorno, se vuelven espacios vacíos, sin sentido e incluso riesgosos.

Por ello estoy convencida que lo que encontraron en las evaluaciones que ayer nos explicaban y que decían que la apropiación de los espacios dependía de las actividades que se ofrecieran en ellos, es fundamental. Sin embargo, me parece que llenarlos de actividades por llenarlos de actividades, organizadas por quien quiera y pueda y pensar que será la organización de los vecinos o la responsabilidad de los empresarios la que las sostendrá en el mediano y largo plazo es una premisa que ha probado su falsedad.

Basta sólo ver los miles de espacios púbicos que existen regados en todo el país, muchos de los cuales se construyeron con la participación ciudadana, incluso de organizaciones ya existentes y seguramente nos encontraremos con tres situaciones: o bien están abandonados o han sido privatizados por los grupos y personas que los utilizan y que venden o acuden a las actividades que se llevan a cabo en ellos o se les ha cambiado el uso.

Cuando en el Gobierno del D.F. nos propusimos en 1998 rescatar los centros de desarrollo social, las casas de cultura y los deportivos que habían construidos varios gobiernos anteriores encontramos un centro convertido en tabledance, otro en una fábrica de frituras, varios apropiados por el grupo religioso de La Roca y los más estaban siendo usados por profesores que cobraban por dar clases de tai kwan do y taichi, de bailes folklóricos, de artesanías, de corte y confección, belleza, guitarra, inglés, producción de medicina tradicional, etc. Se habían transformado en espacios de educación informal que generaban ingresos a quienes facilitaban esas actividades. Los deportivos estaban muy abandonados y las zonas mejor conservadas eran las canchas de futbol y de futbol rápido controladas por las ligas que cobraban y organizaban su uso, restringiendo su libre utilización. Incluso encontramos familias viviendo dentro de las instalaciones. La operación del Centro Hípico de la Ciudad de México se había concesionado a una empresa que limitaba el acceso al mismo a la población de altos ingresos de la zona colindante a cambio de cuotas. El deportivo Plan Sexenal esta concesionado a un sindicato. No recuerdo un solo espacio gestionado por la comunidad.

Nos propusimos hacer una revolución de los usos y las actividades de esas instalaciones, empezamos por recuperarlas y actualizar su estado físico, las dotamos de nuevos equipamientos, por ejemplo los gimnasios tenían equipos de los años treinta y los actualizamos; se echaron a andar las albercas que estaban abandonadas.

Desarrollamos un programa llamado Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) en el cual sistematizamos modelos de intervención comunitaria en tres líneas de trabajo: deporte, cultura y salud mental comunitaria con la participación de la experticia de varias organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Los modelos tenía el propósito de construir ciudadanía es decir desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes que empoderaran a los participantes en las actividades que se ofrecían en los centros y generar capital social que alentara la organización vecinal y contribuyera a resolver problemáticas personales y colectivas, como el analfabetismo, la soledad, la depresión, la violencia familiar, la ausencia de espacios seguros para los niños y las niñas después de la escuela, la falta de ingresos, etc. Formamos a 1,500 facilitadores cuyos ingresos se cubrían con los llamados recursos autogenerados en la operación de los centros. Contábamos con una unidad en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D.F. responsable de localizar modelos de intervención, sistematizarlos, publicarlos, formar y actualizar a los facilitadores, vigilar y retroalimentar la operación de las actividades en los centros y dialogar con los responsables de desarrollo social de las delegaciones, pues estos eran los que controlaban los espacios públicos mencionados.

Se ofrecía un abanico de posibles actividades que deberían ser escogidas de en cada espacio público de acuerdo a los diálogos con la población circundante y con sus características etarias. Equipamos y montamos alrededor de 250 ludotecas y talleres de estimulación temprana, promovimos teatro comunitario en varias colonias y barrios, libro-clubs y pequeñas bibliotecas.

No teníamos recursos, el gobierno de la Ciudad por haberse tratado del primer gobierno de un partido de oposición, fue acosado y limitado en su acceso a recursos al depender estos de decisiones del Congreso Federal.

Un mecanismo muy importante del SECOI eran los grupos interinstitucionales de coordinación (GRICOS) ubicados en cada delegación donde se sentaban los operadores de servicios federales como el Instituto para la Educación de Adultos, los servicios delegacionales como las Comunas y las CEDEPECAS; los pertenecientes al gobierno de la ciudad como las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVIF), los Centros de Atención a la Mujer (CIAM), los servicios de salud y el DIF así como organizaciones civiles cuyas actividades se desarrollaban en el territorio de la delegación. En los GRICOS se hacían acuerdos de colaboración de acuerdo a los servicios y capacidades que cada unidad tenía.

Era un sistema con varios niveles de atención a partir de 2000 educadoras para la salud que recorrían las colonias marginadas de la ciudad, hablaban con la población, le proporcionaban orientación y levantaban diagnósticos. Estas educadoras orientaban a la población para acudir a los servicios de primer nivel cuando detectaban problemáticas de salud, desempleo, violencia, en los hogares.

En fin el sistema se estaba desarrollando pero como fue un gobierno de tres años y lo pusimos en marcha a mediados de la gestión no fue posible consolidarlo y el gobierno siguiente proveniente del mismo partido, decidió que prefería hacer transferencias monetarias directas desarrollar clientelas que trabajar en construcción de ciudadanía y de capital social.

En conclusión de acuerdo a mi experiencia son más importantes las actividades que se desarrollan en los espacios públicos que las instalaciones físicas de los mismos; que estas deben tener objetivos claros en una estrategia de intervención social claramente definida; que la mayor dificultad consiste en superar el terror desarrollado en los últimos años hacia servicios provistos por el gobierno y se requiere de personal debidamente capacitado y permanentemente actualizado para operar y gestionar los espacios públicos; que un problema central es cómo sustentar los servicios y actividades por tiempo suficiente como para que efectivamente se logre incidir en la comunidad y en las personas y lograr que estas participen y se apropien del espacio y lo defiendan ante cambios de administraciones y evitando su privatización.

La gestión de los espacios públicos por organizaciones de la comunidad es una construcción que toma varios años ante la ausencia o debilidad de las organizaciones, el conflicto entre las existentes en el territorio y la tradición clientelar que priva en las relaciones sociales entre políticos, organizaciones y la población.