Agradezco la invitación de Guadalupe Padierna para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Justicia y Derechos Humanos y quisiera referirme específicamente a la grave situación de vulneración de los derechos humanos y los riesgos para nuestra precaria democracia que derivan de la emergencia nacional en la que estamos viviendo.
Esta emergencia nacional la defino como una situación en la cual el Estado, las instituciones y los agentes estatales depositarios exclusivos de la responsabilidad por la seguridad de las personas de acuerdo a nuestro marco constitucional, han sido rebasados para garantizar la seguridad de quienes habitan y transitan por nuestro territorio frente a las amenazas y desafíos derivados de la violencia y el delito; que además actores del Estado contribuyen a la inseguridad e indefensión de las personas por omisión y por comisión en razón de la corrupción e impunidad que domina la vida del país y que esta situación ha conducido a un aumento en la violación de los derechos humanos de la población tanto civiles como políticos, sociales, económicos y culturales.
A pesar de los importantes avance logrados en la incorporación de los derechos humanos en nuestro marco constitucional, así como en el diseño de políticas y programas nacionales y locales, la posibilidad efectiva de continuar avanzando en la democracia no sólo como forma de organización de los gobiernos sino como “un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico social y cultural de los pueblos”, se encuentra amenazada por las violencias que aparecen en sus distintas expresiones y por las reacciones que generan.
Victor Giorg señala que “entre estas reacciones se encuentra el miedo, la percepción de inseguridad que tiende a sobredimensionar el riesgo real, los reclamos de endurecimiento represivo y la discriminación que se potencializan al adjudicar a los grupos sociales más vulnerables la responsabilidad de la violencia presente en las sociedades”. Señala que estos comportamientos colectivos comprometen la construcción de estilos de vida democráticos basados en la convivencia armónica entre diferentes.
La emergencia nacional no sólo incluye el aumento del número de homicidios dolosos[1] que de acuerdo a datos de la OEA alcanzaron la cifra total de 71 mil entre 2006 by 2010, pasando de 11, 775 en el 2006 a 19, 769 en el 2010.
Comprende también el incremento de violaciones graves a derechos humanos que venían mostrando una tendencia a la baja en años anteriores como son las desapariciones forzadas y la tortura. De acuerdo al Informe sobre las desapariciones forzadas en México presentado por las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada ante el Grupo de trabajo sobre desaparición forzada de la ONU “En el año 2000, con el cambio del partido gobernante, la cifra sobre desapariciones forzadas decrece hasta 2006, cuando bajo el contexto de la llamada “guerra contra la llamada delincuencia organizada” sostenida por el Gobierno Federal, la cifra sobre desapariciones forzadas se incrementa de manera alarmante” De acuerdo a Amnistía Internacional citada en el informe mencionado, como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares.
Entre las desapariciones hay muchas de adolescentes y jóvenes que son “víctimas de levantones” y que por lo general no son sujetas de investigación policial para determinar a los autores de tales desapariciones.
Las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos por militares se incremento en un 1000% entre 2006 y 2009 y el 33% de las quejas recibidas en México durante 2010 correspondió a la SEDENA de cuyo total 13% se refería a desapariciones forzadas. En 2009 las quejas y violaciones de derechos humanos cometidas por militares fueron por privación ilegal de la libertad, tortura, desaparición forzada, violación sexual, ejecución extrajudicial, robo, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y desaparición forzada de personas (La Jornada, Victor Ballinas, 10 de enero del 2010)
Lamentablemente en este contexto de desorden y violencia observamos la aparición de una serie de conductas inéditas en nuestro país que producen la muerte de miles de personas en condiciones absolutamente carentes de toda humanidad; del secuestro, desaparición y sometimiento a sistemas de esclavitud de miles de personas tanto nacionales como extranjeras que transitan por el territorio; del secuestro y la leva de niños, adolescentes y jóvenes para integrarlos al servicio de los ejércitos del crimen organizados; del aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual, violencias todas ellas que atentan contra la vida y la integridad de las personas, pero que además ocurren de manera impune. La ausencia de denuncias se suma a la incapacidad, desinterés y corrupción de las policías, ministerios públicos y jueces para investigar a los autores materiales e intelectuales de tales delitos.
[1] Número de delitos registrados por la policía. Por homicidio doloso se entiende el acto de ocasionar deliberadamente la muerte de otra persona, incluido el infanticidio.. Alertamerica.org.