Seguridad Humana y Democrática ¿Cómo armonizar los objetivos sociales, económicos y ambientales del Estado de Derecho?

Con relación a los cuestionamientos clave que se ha formulado el Seminario en Gobernabilidad y Desarrollo Sustentable sobre Seguridad Humana y Democrática, incluidos en la amable invitación que recibí trataría de reflexionar en esta breve ponencia sobre dos de ellos: ¿Cómo armonizar los objetivos sociales, económicos y ambientales del Estado de Derecho? Y si ¿Tenemos las instituciones para enfrentar los retos de una seguridad amplia? En relación con el primero creo que haré una reflexión positiva y esperanzadora, pero respecto el segundo compartiré con ustedes una visión más inclinada al pesimismo.

Considero que un referente fundamental para hablar de Seguridad Humana y Democrática es la doctrina y conceptualización y los desarrollos recientes de los derechos humanos incluidos los civiles, los políticos, los sociales, los económicos, los culturales y los ambientales, así como los derechos colectivos y los relacionados con grupos de población como son la infancia, las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes, los adultos mayores, la población LGTTTBI, las personas con discapacidad, etc.

Los instrumentos internacionales de DDHH signados por un gran número de países, destacan que estos son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes y exigibles y que no puede privilegiarse unos conculcando otros. Su fundamento es el reconocimiento de la dignidad humana.

Los DDHH norman las relaciones entre los poderes del Estado y las personas que viven y transitan en sus territorios y establecen obligaciones claras para estos.

Tres obligaciones del Estado son fundamentales las de proteger, respetar y satisfacer o cumplir (facilitar, promover y proporcionar). Otras incluyen no discriminar, adoptar medidas inmediatas de orden interno para la plena efectividad de los derechos como es modificar los ordenamientos jurídicos internos, definir recursos efectivos ante tribunales que amparen a la persona contra actos que violen sus derechos reconocidos por ley, producir y publicitar información para hacer efectivo el control ciudadano de las políticas públicas y hacer accesible para todos esa información, asegurar la participación de las personas en la definición de las políticas y estrategias para cumplir las obligaciones del Estado en materia de DDHH y la rendición de cuentas.

La ciudadanía plena se relaciona con la seguridad amplia o integral de las personas, garantizando el Estado que todos los derechos humanos serán respetados y protegidos. Un enfoque del desarrollo económico y social desde esta mirada serviría para enmarcar tanto las acciones de prevención y persecución del delito como las de prevención social de las violencias, que aunque sean ambas de prevención significan intervenciones totalmente distintas,. La primera apunta a fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad para disuadir de la comisión de delitos, mediante el aumento de patrullas, vigilancia, cámaras, desarme etc. y la otra significa la ampliación de las oportunidades de desarrollo y la mejoría en la calidad de vida de ls personas y comunidades.

El predominio de los regímenes primero mercantilistas, después capitalistas y ahora llamados de economías de mercado desde el siglo XVII ha determinado una evolución de la legislación relacionada con los derechos civiles y políticos y con las libertades fundamentales, que como señala Christian Curtis, lleva de menos 400 años de evolución y en cambio, la relativa a los derechos sociales cuenta apenas con 200 años. Es solo hasta los últimos 20 años que empiezan a ser incorporados en las legislaciones de los países de occidente los derechos colectivos o de los pueblos, contenidos en el derecho consuetudinario, siendo su importancia fundamental para el reconocimiento y protección de los bienes comunes.

A 62 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aùn ahora para muchas personas e instituciones, interpretan que hablar de derechos humanos es referirse a derechos individuales, civiles y políticos y a la no interferencia del Estado en su ejercicio.

Sin embargo, desde la Conferencia de Viena de 1993 ha habido un avance sustantivo en la incorporación del enfoque de derechos humanos en los planes, programas y presupuestos públicos de varios países. Todas las agencias de Naciones Unidas han incorporado dicho enfoque en la gestión de sus campos de especialidad y se ha observado un avance sustantivo en la operacionalización de los principios relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales referidos a: la aplicación del máximo de recursos disponibles, a garantizar niveles esenciales de esos derechos y a la progresividad y no regresividad en el avance de su garantía. Los aportes de los relatores especiales que revisan la situación que guardan estos derechos en distintos países han sido fundamentales para esos avances como es el caso de Paul Hunt, en relación a cómo hacer realidad el derecho al nivel más alto posible de salud, inclusive en un mundo globalizado.

La tardía aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permite ahora que los reclamos por violaciones a esos derechos, puedan llegar a las instancias internacionales, pues anteriormente sólo se atendían las violaciones relacionadas con los derechos civiles y políticos.

La reciente reforma en materia de derechos humanos a nuestra Constitución representa un importante avance en la incorporación del enfoque de derechos humanos en toda nuestra legislación y aunque lentamente, puede significar un cambio importante en el desarrollo institucional, en el manejo de las políticas públicas e incluso, constituirse en un cuestionamiento profundo de la estrategia económica adoptada desde hace treinta años por los gobiernos nacionales.

En la medida que logremos avanzar hacia la exigibilidad y justiciabilidad de todos los derechos humanos se promoverá un empoderamiento ciudadano que obligue al Estado Mexicano a diseñar e implementar con la participación de la población, estrategias, planes y sistemas que garanticen la realización de los DDHH. Esto debería comducir a reconfigurar al menos siete sistemas fundamentales para la vida de las y los mexicanos:

  • el sistema judicial,
  • el sistema político electoral,
  • el sistema nacional de salud,
  • el sistema nacional de educación, la seguridad social universal,
  • un sistema fiscal equitativo y efectivo que provea al Estado de suficientes recursos y nos libere de la dependencia de los recursos del petróleo, y
  • un sistema para el ordenamiento del territorio y el aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos naturales.

Estos siete sistemas son los fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, a la participación política democrática, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a la seguridad ambiental, como fundamento de una mejoría en la calidad de vida, del combate a la desigualdad, la construcción de cohesión social y la protección de las generaciones futuras.

Ahora, conversando sobre la parte obscura de la moneda, quisiera referirme brevemente a la segunda pregunta seleccionada ¿Tenemos las instituciones para enfrentar los retos de la seguridad amplia? Y la respuesta es un contundente no.

Lamentablemente una vez alcanzado el cambio del partido en el poder en el año 2000, dejamos en manos del nuevo gobierno y de los partidos políticos la tarea de reformar a las instituciones del Estado, sin que el movimiento democrático amplio tuviese una clara propuesta de la Reforma del Estado que se debería haber impulsado. En los 10 años de gobiernos panistas, los partidos políticos no se han puesto de acuerdo para llevar a cabo una necesaria y profunda reforma de Estado. Por el contrario han dejado que se deterioren aún más las instituciones que se construyeron en los 70 años de gobiernos del PRI y en particular, en las que se responsabilizan de la protección social amplia o seguridad social en un sentido integral, el Estado se está transformando de un prestador directo de servicios sociales públicos a un financiador de servicios sociales ofrecidos por prestadores múltiples que incluyen ya incluso, proveedores internacionales.

Los servicios públicos sociales (educación, salud, provisión de agua, de energía, desarrollo de vivienda, etc.) se han transformado en nuevos espacios para el desarrollo de empresas lucrativas pagadas con los recursos públicos, sin que el Estado desarrolle sus capacidades para regular y controlar la calidad, oportunidad y los precios de esos servicios y cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos de las personas de violaciones cometidas por terceros, prescrita en los instrumentos internacionales.

Las características hasta ahora monopólicas de prestación de esos servicios por el Estado anuncian su transformación en monopolios privados, como ocurrió con los servicios de telefonía en manos de TELMEX, y rápidamente se convierten en poderes fácticos que subordinan y controlan a las instancias del Estado que deben regular su operación.

Las instancias públicas se transforman así en promotoras de los intereses de los dueños de las empresas, por sobre los intereses de la población y de la comunidad; promueven y aceptan la entrega de bienes públicos y comunes a las empresas como está ocurriendo con la explotación del subsuelo del país a los intereses de las grandes empresas mineras nacionales y trasnacionales.

Esta trayectoria cancela las posibilidades de una participación democrática diversa y auténtica en el diseño de políticas públicas y por lo tanto el ejercicio de ciudadanía en favor de la calidad de vida de los habitantes del país. Las desigualdades se profundizan y la violencia estructural y de Estado se combina y retroalimenta con la violencia criminal.

Pero personalmente lo que me parece más preocupante es que la formación de las nuevas generaciones de profesionales se sigue haciendo de acuerdo a las teorías del neoliberalismo, con un profundo desconocimiento y descalificación de la historia social, cultural y económica del país, y peor aún, de la diversidad de las realidades concretas que se viven en el territorio nacional. La mediocridad y la incultura acompañan la imposición de los intereses de unos cuantos en contra de los intereses de las mayorías.