Desafíos y oportunidades en el escenario político 2012

México entra al 2012 experimentando varias crisis y cambios complejos. Una primera crisis refiere a los niveles alcanzados de violencia que si bien son más agudos en ciertos municipios, parecerían estarse extendiendo en la medida que el Estado enfrenta a los grandes cárteles del crimen organizado y estos se fragmentan y dispersan por otros territorios y se dedican a extraer recursos a la población local, por medio de diferentes delitos. La afectación a la población civil de la guerra contra el narcotráfico en un contexto de impunidad e incapacidad de las instituciones de seguridad y justicia, será cada vez mayor.

Una segunda crisis deriva del precario desempeño económico de México, donde el crecimiento, la generación de empleos y los endebles mecanismos de distribución del ingreso y la riqueza han derivado en mayor empobrecimiento, un aumento en la desigualdad y un mayor deterioro del tejido social.

Una tercera crisis se relaciona con el cambio climático donde medio país se encuentra en situación de sequía, otra mitad con inundaciones repetidas anualmente, la presencia de fuertes heladas y un cambio en los patrones del tiempo que rigen las vocaciones de cultivos en el territorio. Además de los daños directos en el patrimonio de las familias y en la infraestructura económica, social y cultural, la pérdida de cosechas pone al país en riesgos de una crisis de hambre, misma que en algunas ciudades ya está ocurriendo por la destrucción de fuentes de trabajo y actividades económicas.

Una cuarta crisis se observa en la gestión de los poderes del Estado en los tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. La inadecuación de la arquitectura política e institucional de los gobiernos municipales dificulta cada vez más la gobernanza a ese nivel y conlleva la captura de territorios completos por mafias de distinto tipo, desde las criminales, hasta los caciques locales y los nuevos poderes fácticos como son las empresas inmobiliarias, turísticas y las mineras. Los gobiernos estatales y el federal tampoco están exentos de su captura por intereses privados, personales o de grupo, que se han apropiado de los presupuestos, de las instituciones, los recursos y el patrimonio público. La corrupción y la impunidad cubren con su manto al país en general.

Finalmente, estamos viviendo un cambio tecnológico que está modificando profundamente conductas y formas de relacionamiento social, modos de acceso al conocimiento y a la información, incluso formas de realizar el trabajo y las actividades económicas. Este cambio presenta oportunidades de acceso a recursos de información, de entretenimiento, de educación y a la formación de redes y relaciones sociales, pero también significa riesgos como la manipulación de la vida privada, la imposición de modelos aspiracionales y una serie de delitos cibernéticos que apenas empezamos intuir.

Ante tal panorama, la pregunta respecto del año electoral que viviremos, es si las y los políticos que finalmente se convertirán en candidatos y candidatos, así como los partidos políticos que los postularán, están a la altura de los retos que enfrenta México. Considero que lamentablemente no es así, pues teniendo en cuenta los desempeños previos en funciones de gobierno o legislativa de algunas y algunos de las y los políticos que parecerían estar accediendo a esas candidaturas, la escases de hombres y mujeres de Estado es preocupante.

A qué me refiero con el calificativo de mujeres y hombres de Estado: se trata de aquellos y aquellas que tienen un claro sentido de la importancia del papel y responsabilidades del Estado en una sociedad tan compleja, desigual y rota como la mexicana, que conocen a las instituciones del Estado y que tienen una clara visión de cómo reformarlas, pero fundamentalmente, que colocan como prioridad el bienestar colectivo por encima de sus intereses personales y de grupo. Son aquellos y aquellas cuyo objetivo al acceder al poder radica en la posibilidad de generar efectos positivos en beneficio de su comunidad y de su país.

Pero que además, en las circunstancias de polarización que seguramente se agudizarán en el curso del proceso electoral, entiendan y promuevan con autenticidad y compromiso, un gran pacto nacional para desarrollar y aplicar un Proyecto Nacional encaminado a enfrentar las mencionadas crisis y realizar una profunda reforma de Estado, definiendo una trayectoria compartida y sustentable de desarrollo del país para los próximos 40 años.

Los institutos políticos también han perdido su capacidad de cumplir y sostener por medio de sus gobiernos y legisladores, sus proyectos de país sustentados en sus principios y valores. Varios se han convertido en agencias de colocación de políticos y políticas en el gran negocio del poder público o son franquicias al servicio de los poderes fácticos.

Lamentablemente, la profunda desigualdad social y ahora el creciente miedo ante la violencia, la inseguridad y la impunidad, dificultan la construcción de coaliciones ciudadanas amplias que puedan revertir la situación y que obliguen a los partidos políticos a elegir hombres y mujeres de Estado para las candidaturas. Obligarlos al menos, a que mediante sus portales y otros medios, pongan a disposición del electorado toda la información necesaria para mostrar quiénes son sus candidatos y candidatas, por qué los eligieron, cómo los eligieron y cuáles son sus cualidades y méritos probados.

Experiencias previas de observación electoral como las de Congreso con Rostro, han mostrado que los procesos de selección de candidaturas por los partidos son poco democráticos y más corporativos y que varios de los partidos ni siquiera cuentan con información curricular de los candidatos y candidatas que postulan.

Menos aún existen las coaliciones ciudadanas que obliguen a los partidos políticos a generar un gran pacto nacional para apoyar un proyecto de país que tome en cuenta los retos y amenazas que enfrentamos y aproveche las oportunidades y fortalezas para sacarnos del abismo en el que estamos cayendo.

Por lo expuesto, las elecciones del 2012 no auguran el cambio profundo y urgente que el país está requiriendo. Esperemos que al menos, no sean un impulso más hacia el abismo y la mayor fragmentación social.