Agradezco la invitación de la Dra. María Isabel Monroy y del Dr. Tomás Calvillo para participar en este coloquio en memoria del natalicio del Dr. Salvador Nava a quien no tuve el gusto de conocer personalmente pero a quien aprecié a través de muchos de mis amigos y amigas del movimiento democrático de los años noventa. Para todos Don Salvador era un referente importante y las huellas de su compromiso ciudadano y ético quedaron plasmadas en varias organizaciones e iniciativas de esa década y en la formación de varios actores destacados de las reformas a la legislación e institucionalidad electoral.
Participé en el Consejo del Movimiento Ciudadano por la Democracia el MCD, una red de organizaciones civiles en todo el país creada por iniciativa de la familia Nava y que jugó un papel importante en el desarrollo de la observación ciudadana de las elecciones que dio inició gracias al Dr. Nava. El MCD también jugó un importante rol en 1994 en la contención del enfrentamiento entre las fuerzas armadas y el EZLN, convocando a la construcción de un cerco ciudadano de protección en torno a la zona zapatista, a diez días de la insurrección.
Mi iniciación en el mundo del activismo cívico lo tuve en la observación de la elección en Yucatán en el año de 1991 acompañando a Luis y Patricia Nava. Ellos me salvaron de un posible atropellamiento por una camioneta blanca del Gobierno del Estadoque en ese momento estaba en manos de Cervera Pacheco. La camioneta blanca pasaba constantemente amedrentándonos durante toda la jornada pues en esos años,la observación de elecciones no estaba legalizada ylos gobiernos del PRI nos veían como intrusos.
Tuvo el privilegio de pasar por todo el proceso de formación del activismo ciudadano en lucha por la democracia que floreció en los años noventa a partir de la semilla sembrada por el Dr. Nava. Participé en varias iniciativas de ese movimiento: en la presidencia de ACUDE, en la creación de Alianza Cívica, en los 20 Compromisos por la Democracia, en el Grupo San Angel, en los Compromisos por la Nación y en Causa Ciudadana APN. Dejé de hacerlo hasta el año 2012 cuando desde INCIDE Social A.C. la organización civil de la que formo parte, convocamos a la integración de la tercera y última ronda del Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE). Se trata de una redde personasy organizaciones de varios estadosdel país que en 2005 y 2006 realizó una observación de los procesos de selección y capacitación de los funcionarios de casilla, en 2007 hizo una Propuesta Ciudadana de reforma electoral, en 2009 llevó a cabo una evaluación de la independencia del Consejo del Instituto Federal Electoral y del apego del Tribunal Federal Electoral a los principios de Brandemburgo.
En 2012 analizamos la calidad democrática de los partidos políticos desde varias dimensiones: su transparencia y rendición de cuentas, la promoción de la igualdad y no discriminación y sus procedimientos de selección de sus candidaturas para puestos de elección popular y de sus consejos y comités nacionales y locales.
Entrando en la materia de esta conversación, en esas últimas investigaciones del CCOE, que realiza lo que yo calificaría como observación electoral de segunda generación, donde más que la jornada estudiamos a los actores institucionales que intervienen en los proceso electorales, comprobamosentre otras varias cosas: la baja calidad democrática de todos los institutos políticos; la inconsistencia entre su discurso democrático, su marco normativo, sus procedimientos y sus prácticas; la total desconsideración de los derechos de sus propios militantes; la concentración del poder y de los recursos en sus cúpulas; la simulación discursiva de sus postulados de inclusión e igualdad y la inaccesibilidad para el ingreso de los ciudadanos a sus filas.
Las reformas democrático-electorales, por las que tantos luchamos como movimiento ciudadano amplio desde el gran fraude en las elecciones federales de 1988, fueron de amplio beneficio para los llamados partidos políticos de oposiciónal abrírseles la posibilidad de acceder al poder político y a los recursos que este significa, sin cambiar la cultura política de control cupular y profundamente corrupta. La gran bolsa de recursos y poder en lugar de quedarse en manos de una mafia única, ahora se distribuye esencialmente entre tres mafias.
El movimiento democrático ciudadano no consiguió por la vía pacífica, la transformación estructural de la violencia que domina los procesos electorales en México. Sólo se ampliaron las élites políticas para dar cabida a miembros de los partidos de oposición cuyas conductas corruptas e impunes son similares a las del viejo partido de estado. La vinculación entre élites económicas, políticas e incluso del crimen organizado, es cada vez más estrecha y son quienes deciden el destino del país. Un ejemplo reciente fue el Pacto por México donde las cúpulas de los partidos políticos decidieron las reformas estructurales que requería nuestro país y las élites económicas se han encargado de cabildearlas y de difundir sus supuestas bondades entre la población.
La distancia de esas élites con respecto de los sectores subordinadoses cada vez mayor y las prácticas clientelares, con los enormes recursos públicos y privados que reciben los partidos políticos, continúan vigentes y cada vez más sofisticadas.
Si bien en los años noventa logramos incorporar en la legislación varias instancias públicas de deliberación como son los consejos de políticas públicas;y a lo largo de los últimos 25 años, se han venido creando diversos órganos “autónomos”para hacer contrapeso a los poderes del Estado y surgieron una gran cantidad de organizaciones civiles en diversos temas, la participación ciudadana y el diálogo en políticas públicas y en última instancia, el debate sobre el proyecto nacional han sido realmente inexistentes o en el mejor de los casos, absolutas simulaciones.
Pienso que varias personas que nos incorporamos a la lucha por la democracia en México buscamos una forma pacífica -no violenta- para alcanzar la justicia, la igualdad y la libertad. Escogimos como primer paso la transformación de los procesos e instituciones electorales pensando que con elecciones limpias, creíbles y transparentes tendríamos una mejor representación de la pluralidad ideológica y de la diversidad nacional en las instancias del Estado y que por la vía dela participación ciudadana y el diálogo democrático lograríamos revertir las violencias estructurales que aquejan alpaís. Por ello, promovimos la creación de las mencionadas instancias de deliberación en políticas públicas y los consejos ciudadanos de los órganos autónomos, pugnamos por el desarrollo de legislación en materia de participación ciudadana. Ejemplos recientes son la aprobación de la iniciativa ciudadana, las candidaturas ciudadanas y la consulta popular, figuras que aunque han sido aprobadas en la legislación, los partidos políticos se han encargado de obstaculizar en su puesta en práctica con requisitos verdaderamente inalcanzables.
De manera central buscamos la posibilidad de abrir el diálogo social, es decir, la posibilidad de escucha y reconocimiento entre los diversos y las diferencias para la construcción de consensos que nos llevaran a un desempeño de la sociedad mexicana que se centrara más en la consecución del bienestar y la calidad de vida de la población que en el crecimiento, la eficiencia y la productividad.
Creo que cometimos el error de no tener una clara propuesta de reforma del Estado una vez que se diera la alternancia en el poder federal. Las mesas que en la materia se abrieron a principios del siglo XXI en la Secretaría de Gobernación en ese momento a cargo de Santiago Creel, -un personaje que supuestamente se había beneficiado del movimiento democrático nacional al acceder como consejero ciudadano al nuevo IFE- fueron un fracaso. Las organizaciones de la sociedad civil no teníamos una agenda clara de reforma excepto en algunos temas como la democratización de los medios de comunicación. Además las autoridades políticas fueron incapaces de conducir los procesos de diálogo en las mesas de Reforma del Estado hasta que estas desaparecieron, sin mayores avances.
Como en muchas otras acciones de la sociedad civil, nos fijamos un objetivo y pensamos que al lograrlo todo lo demás ocurrirá de forma automática. Desde ese momento empezamos a perder lo logrado y si bien tuvimos un breve periodo de elecciones confiables, los doce años de gobiernos panistas fueron de transición de gobiernos autoritarios y corruptos del PRI a gobiernos autoritarios y corruptos de los tres grandes partidos en alianza con las élites económicas y el crimen orgnizado.
Es obvio que los gobiernos del PAN no estuvieron a la altura del gran cambio que significó la elección del 2000 y aceleraron la profunda desestructuración del Estado Mexicano que se inició desde la década de los años ochenta del siglo pasado. No supieron y seguramente no quisieron tampoco por su ideología en favor del mercado, desarrollar una institucionalidad estatal democrática. Tiraron el agua con todo y niño como popularmente se diría.
El modelo económico vigente es una violencia estructural que hemos padecido por más de treinta años que ha permanecido inmune a los cambios políticos. La desigualdad, la pobreza, y la exclusión de millones de jóvenes de la posibilidad de alcanzar una vida digna, están en el fondo de nuestro fracaso democrático. No es posible avanzar en la ciudadanía política y civil si no están sustentadas en la ciudadanía social. Las generaciones del llamado “bono demográfico” se han incorporado a una sociedad que no les ofrece perspectiva alguna de futuro.
Como movimiento democrático ciudadano seguramente creímos que tendríamos ciudadanos activos e involucrados de manera independiente y autónoma en los procesos electorales si resolvíamos la cuestión electoral y que después participarían en la definición de políticas públicas y en la construcción de un nuevo proyecto nacional. Desarrollamos una utopía falsa que no se sustenta por las profundas relaciones subordinadas que caracterizan a las sociedades desiguales y racistas como la nuestra y por la creciente apatía y desconfianza de la población hacia las instituciones.
Tuvimos algunos logros como es el avance de la presencia de mujeres en los espacios de poder; la misma alternancia política en los gobiernos de distintos niveles; la incorporación de los derechos humanos en el debate público y en la Constitución, así como la posibilidad de escrutinio internacional de los gobiernos en esa materia; algunos avances en legislación e institucionalidad para proteger los derechos de varios grupos de población como la infancia, la juventud, las mujeres, la población LGTTTB, etc.;legislación e instituciones para la transparencia el acceso a la información y la rendición de cuentas; posiblemente una mayor libertad de expresión (que actualmente está volviendo a ser conculcada mediante las viejas prácticas del PRI), aunque no avanzamos en la democratización de los medios de comunicación, aspecto que algunos consideramos fundamental para alcanzar la efectiva democratización de país.
Pero también aparecieron otros demonios como es la violencia criminal y el surgimiento con ello y con el tipo de política del estado adoptado en materia de seguridad, de una nueva problemática social profunda: el fantasma de la violencia crónica con miles de víctimas que resultaron de la guerra iniciada por el Gobierno de Calderón: desaparecidos, asesinados, huérfanos y viudas, desplazados, personas con discapacidad, personas empobrecidas y una herida muy profunda por la incapacidad del Estado Mexicano para asegurar acceso a la verdad, a la justicia y la reparación del daño.
Tenemos ahora la evidencia de que estamos frente a una debilidad del Estado Mexicano que en mucho deriva del modelo de economía de mercado que mencionaba yo antes. El postulado de más mercado y menos Estado nos ha conducido a esta situación de indefensión frente a la violencia criminal y a la violencia económica provocada por los intereses de las empresas globales.
Así a las violencias estructurales históricas se han sumado violencias de nuevo cuño, que tal vez siempre existieron pero se encontraban sumergidas o eran relativamente controladas por el Estado Mexicano.
La pregunta entonces es cómo frente a este panorama de violencias históricas estructurales y de nuevas violencias, con un estado debilitado y profundamente corrupto y unas élites económicas y políticas también corruptas e impunes, podemos utilizar estrategias de activismo cívico.
Veo dos situaciones que nos dificultan las posibilidades de un activismo cívico exitoso: no encuentro la materia, el tema que provocaría la unificación de los ciudadanos activos y organizados actualmente y la incorporación de nuevos ciudadanos a la participación activa. También observo el agotamiento de la herramientas utilizadas en las luchas ciudadanas.
Respecto de las causas que generaron algún tipo de confluencia: las reformas electorales, la reforma del Estado, las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas para atacar la corrupción y la impunidad, la democratización de los medios de comunicación, los derechos de las mujeres y más recientemente los derechos de las víctimas y los derechos de los jóvenes, ni siquiera la gravedad de la situación de la violencia que estamos viviendo, logran despertar una conciencia ciudadana amplia dispuesta a provocar un urgente y necesario cambio en la vida política, social y económica del país a través de prácticas de activismo cívico.
Respecto de los instrumentos o herramientas de protesta y propuesta ciudadana pienso que las elites políticas y económicas se encuentran vacunadas y el cinismo y la codicia que las domina las hace inmunes. Las marchas, los plantones, el cierre de vías de circulación, los desplegados, las denuncias públicas mediante los medios de comunicación masiva, incluso el escrutinio y el reclamo internacional ya no funcionan. La calidad moral de las élites políticas y económicas es tan baja y tan compartida que se encubren y perdonan entre sí, negociando en el legislativo y mediante los poderes judiciales de manera que la impunidad es un hecho cotidiano y una bofetada constante en la cara de la población. Un ejemplo emblemático de ello es el encubrimiento creciente de la red de prostitución operada por Cuauhtémoc Gutiérrez el líder del PRI en el D.F. Al PRI nacional y al Presidente Peña Nieto no le conviene ese desprestigio cuando la intención es recuperar el control del D.F. y hay líderes de otros partidos que participan en negocios similares.
Un camino nuevo de protesta y movilización se plantea mediante el uso de las redes sociales y por la vía de la judicialización de los reclamos. Sin embargo, esta último sólo es posible si se cuenta con jueces imparciales y autónomos, cosa que también está en entredicho por la deplorable actuación de varios de ellos protegiendo casinos, empresas inmobiliarias y muchos negocios ilícitos.
Parecería que en realidad la única vía que actualmente brinda alguna esperanza es la recomposición de lo político, lo social y lo económico desde la base territorial, desde lo local, reconstruyendo la confianza, la solidaridad y una paz activa.
San Luis Potosí, 20 de mayo de 2014.