Economista por la UNAM. Trabajó por 20 años en el gobierno federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral. Fue Subsecretaria de Planeación y Desarrollo Pesquero. Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia) y participó en la creación de Alianza Cívica y de Causa Ciudadana. Asimismo, integró el Comité Técnico para la Auditoría del Padrón Electoral en 1994 y dirigió el Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995. Encabezó la Secretaría de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000. Participa en el Comité Conciudadano para la Observación Electoral y en el Espacio Social para el Diálogo Estratégico. Formó parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Es autora de diversos libros y ensayos en los temas de desarrollo y política sociales, derechos económicos, sociales y culturales, desigualdad social, prevención social de las violencias y desarrollo de la sociedad civil, entre otros. Actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C., miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y de la Junta de Gobierno y de la Asamblea del CONAPRED.

 

En este texto al hablar de ciudadanía estaremos refiriéndonos a aquel sector de activistas cívicos que no formaban parte de partido político alguno y que decidieron impulsar la instauración de un régimen democrático en el país después de setenta años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.

Tres acontecimientos en materia electoral de los años ochenta marcan el surgimiento de un activismo ciudadano en materia política fuera del ámbito partidario: el “fraude patriótico” perpetrado en el Estado de Chihuahua en 1986, la lucha del Frente Cívico Potosino encabezada por el doctor Salvador Nava y la “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988 utilizada para otorgarle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.

En esa década se abandonó el nacionalismo revolucionario y la responsabilidad social del Estado y se impuso un proyecto de economía abierta de mercado con el debilitamiento del rol del Estado y la conclusión del pacto entre gobierno, empresarios y sindicatos que permitió cierta estabilidad y la distribución de beneficios del crecimiento con el sector obrero.

Por su parte, el embate desde el Vaticano a la “Iglesia mexicana” y a la teología de la liberación fue determinante para el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y del trabajo comunitario en el territorio. Empieza también la emergencia de un amplio movimiento de mujeres en defensa de sus derechos, así como de grupos de ambientalistas. El sismo de 1985 determinó el surgimiento de solidaridades vecinales y civiles para enfrentar la destrucción generada. A nivel internacional se impone el Consenso de Washington y se derrumba el Muro de Berlín. Se impulsan la democracia liberal.

Es decir, se empieza a desquebrajar el partido único desde dentro, se termina con la ideología que lo mantuvo en el poder por varias décadas y emerge una ciudadanía organizada, activa y autónoma que empieza a defender agendas especializadas o de grupos de población. El sindicalismo oficial pierde fuerza y surgen un sindicalismo democrático y disidencias y nuevas alianzas dentro de los partidos y de las organizaciones políticas. Hay un cambio de época y aparecen nuevos actores en la arena pública.

Para muchos de estos nuevos actores era clara la necesidad de modificar los términos, los procedimientos y las instituciones en materia electoral para acabar con los repetidos fraudes y simulaciones y dar mayor confianza y certeza a los procesos electorales y a la representación. Muchos pensábamos que con procesos e instituciones electorales autónomas, confiables y profesionales, lograríamos tener gobernantes que respondieran a los intereses de la población, de modo que se fueran incorporando en la legislación, en las políticas de gobierno y en las instituciones las agendas de derechos que estaban surgiendo. Esto permitiría a su vez contiendas electorales equitativas. La idea ingenua era lograr gobiernos representativos que subordinaran sus actuaciones a los intereses de sus gobernados.

 

 

Las primeras acciones de la ciudadanía en lucha por la democracia

Después del emblemático ejemplo del doctor Salvado Nava en su larga lucha, la primera participación de ciudadanos independientes organizados para el cambio político se dio en la observación de la jornada electoral en elecciones estatales y municipales. Grupos de ciudadanos se colocaban en las afueras de las casillas electorales a observar la forma en que ocurría la votación.

Se trataba de inhibir mediante la presencia de observadores una diversidad de modalidades del fraude electoral comunes en todo el país durante décadas como el acarreo de votantes, el condicionamiento del voto, las urnas embarazadas, los tacos de votos, el robo de urnas y de boletas, los ratones locos, la presencia de personajes que inhibían el voto libre y muchas otras artimañas que se utilizaban para inducir y cambiar los resultados.

Los observadores ciudadanos eran muchas veces acosados y amenazados por lo que se fue generando una solidaridad entre organizaciones en todo el país de manera que empezaron a sumarse ciudadanos de otros estados, observadores nacionales e incluso internacionales y representantes de medios de comunicación fundamentalmente internacionales.

En esta primera etapa se empezó a integrar un movimiento ciudadano por la democracia compuesto por activistas de muy diversas causas y organizaciones, en varios casos las iniciativas y la participación provenían principalmente de organizaciones de mujeres, en otros de las organizaciones eclesiales de base y de defensa de los pueblos y de derechos humanos. La lucha por la democracia hizo que las agendas principales de esas organizaciones pasaran a segundo plano.

Había un hartazgo por el autoritarismo, por la injusticia social, por la inexistencia de canales de participación y expresión autónoma, por el combate a las organizaciones independientes, por los abusos del poder, la corrupción y la impunidad y por la violación de derechos humanos y en el fondo, por la persistente desigualdad y subordinación de amplios sectores de la población. En la instauración de una democracia se colocaba la solución a muchos de esos problemas al mejorar la representación y abrir la participación y el diálogo y al permitir la libertad de expresión.

 

 

La consolidación del activismo democrático

Por esos años de finales de los ochenta, se crearon instituciones privadas, grupos y organizaciones de académicos, periodistas y editorialistas, empresarios, líderes sindicales y sociales que empezaron a reflexionar y debatir sobre la transición democrática en México, a poner el tema en la arena pública y a gestar diversas iniciativas de acción dirigidas a abrir los espacios, elaborar propuestas de cambio legislativo e institucional y promover consultas ciudadanas. Destaco tres de estas organizaciones: la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), formada por destacados defensores de derechos humanos, que desarrolló metodologías para vigilar la imparcialidad de los medios de comunicación; el Acuerdo Nacional para la Democracia (ACUDE), formado por intelectuales de línea progresista, y el Consejo por la Democracia (CD), un grupo de empresarios e intelectuales de línea conservadora.

En 1992 se formó el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD)¹, una iniciativa que logró articular a muchos grupos de ciudadanos en todo el país interesados en lograr una transición a la democracia como necesidad para alcanzar la justicia social. El MCD fue la red que permitió el apoyo a varios procesos de observación electoral en los estados y empezó a articularse con organizaciones de observación de otros países. En la red y en el consejo del MCD había una participación destacada de personajes y organizaciones del catolicismo progresista.

ACUDE por su parte promovió y participó en varias iniciativas innovadoras para el cambio democrático como fueron el Plebiscito de la Ciudad de México en 1993, la integración de una de las primeras agendas ciudadanas (los 20 Compromisos por la Democracia), la organización de una primera cumbre de organizaciones ciudadanas y la creación del Grupo San Ángel: varios de sus integrantes colaboraron en la Reforma Electoral de 1996 donde finalmente se logró la “cudadanización” del Instituto Federal Electoral.

Las iniciativas de observación electoral en los estados, las actividades del MCD, los proyectos promovidos desde ACUDE y la AMDH y la incorporación de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (Convergencia), donde participaban muchas de las organizaciones locales, permitieron lograr dos cuestiones muy importantes en esta etapa: primero un trabajo colaborativo de confianza entre grupos de personalidades e intelectuales destacados en el ámbito nacional con liderazgos y activistas de organizaciones que trabajaban en el territorio, y en segundo lugar el desarrollo de metodologías innovadoras que se compartían y difundían y que sentaron precedente para posteriores trabajos de la sociedad civil organizada.

Podríamos decir que la consolidación de toda esta energía, experiencia y conocimiento se conjuntó en la creación de la Alianza Cívica en 1994 derivada de un acuerdo entre siete organizaciones de muy distinto perfil ideológico, pero que confluían en su interés por la democracia. De acuerdo a Sergio Aguayo² para la jornada electoral del 2 de agosto de 1994 se movilizaron 40 mil ciudadanos para hacer una observación muestral y 450 observadores internacionales. Todo el aprendizaje previo se aplicó en esta excepcional experiencia y se realizaron muchas innovaciones.

 

La contribución ciudadana después de 1994

En tan breve espacio sólo es posible enlistar las vertientes que ha seguido la participación ciudadana en el cambio político en México después de la intensidad que alcanzó entre 1988 y 1994, pues ese año alcanzó el punto más alto de una curva que ha venido declinando en razón de que las expectativas colocadas en el cambio democrático no se han cumplido. La injusticia social, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la subordinación de la mayoría de la población se han profundizado, ahora acompañadas además por la creciente violencia y la sistemática violación de los derechos humanos de miles de personas.

Las vertientes de participación ciudadana para el cambio político después de 1994 han sido las siguientes:

1. La participación en las distintas reformas electorales que se dieron a partir de ese año, en particular en la reforma electoral de 1996. Después de un avance importante en la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, con la reciente creación del Instituto Nacional Electoral y las últimas decisiones de su Consejo General, se observan una regresión en la materia y un creciente control de los partidos sobre el Instituto y su Consejo.
2. La participación en los consejos ciudadanos del IFE. Desde la elección de los primeros consejos ciudadanos electorales a nivel estatal y distrital en 1997, después en 2004 y en 2011 se logró que en la mayoría de los consejos al menos estén presentes dos ciudadanos autónomos. Sin embargo, se detecta una creciente desilusión, cansancio y desinterés para continuar participando en esos espacios.
3. La participación en los procesos de observación electoral que se promueven con el fondo de recursos público a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cada tres años en las elecciones federales. En esta vertiente se ha observado un avance en las materias que son objeto de observación ciudadana, más allá de la vigilancia de la jornada electoral. Por ejemplo, el Comité Conciudadano para la Observación Electoral, una red nacional de organizaciones y ciudadanos que se ha articulado en los últimos tres comicios federales, ha observado los procesos de capacitación y selección de los funcionarios de casilla, el desempeño de los consejos distritales y general del IFE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, así como la calidad democrática de los partidos políticos. Sin embargo, en esta materia también se registra un hartazgo ciudadano ante las regresiones que se observan en la autonomía de las instituciones electorales.
4. La formulación y presentación de agendas ciudadanas a los candidatos de los partidos políticos con anticipación a la realización de los comicios, para lograr su cumplimiento una vez elegidos. Durante cada proceso electoral federal desde 1997, algunas organizaciones procuran realizar coaliciones amplias para estructurar agendas de cambios legislativos, institucionales y presupuestales para la atención de problemáticas diversas detectadas en materia de desigualdad, pobreza, discriminación, destrucción ambiental, derechos humanos. Cuando las elecciones son muy competidas, estas organizaciones logran ser escuchadas y comprometer a los candidatos y, posteriormente, se dedican a dar seguimiento al cumplimiento de esos compromisos.
5. La promoción de la reforma legal para la democratización de los medios de comunicación y para acotar la intervención interesada de éstos en los procesos electorales. Desde el año 2000 el movimiento ciudadano ha venido pugnando con mayor intensidad por la democratización de los medios de comunicación masiva, el fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios y los derechos de las audiencias como una de las reformas necesarias apara avanzar en democracia. La Ley de Telecomunicaciones recientemente aprobada no avanza en ninguno de esos temas y el poder de los medios se consolida e influye crecientemente en la conformación de las nuevas administraciones y congresos.

Posiblemente una de las grandes fallas del movimiento ciudadano por la democracia de los últimos 25 años fue el no haber construido y promovido un proyecto integrado de Reforma del Estado. Se pensó que con el cambio de partido en el poder en el año 2000 los nuevos gobernantes se encargarían de realizar las modificaciones necesarias para pasar de una democracia representativa a una democracia participativa; que se ampliarían los espacios de participación ciudadana y que un nuevo proyecto nacional sería construido. La violenta realidad que vivimos muestra una creciente separación entre el proyecto de país de las élites políticas y económicas respecto de las necesidades e intereses de la mayoría donde al menos la mitad de los mexicanos viven en situaciones de pobreza.

 

 

¹ Rosales, Luz (2010), “El movimiento ciudadano por la democracia en México: logros, enseñanzas y perspectiva”, en Oxford University Press and Community Development Journal.

² Aguayo, Sergio (2001), “Alianza Cívica ‘nace para vigilar un proceso electoral, adquiere una autoridad moral impresionante, como para calificar un proceso electoral y la gente cree lo que dice. Lo que no le cree al gobierno, a Alianza Cívica sí le cree’”.