Claro reflejo de la pluralidad y la diversidad que caracteriza a la sociedad mexicana las organizaciones de la sociedad civil (OSC) representan una gama de posiciones frente a la problemática social y a las políticas que se ponen en práctica para atenderla.

Aún cuando comparativamente con otros países de América Latina y con respecto al tamaño de la población total de México, el número de OSC es muy reducido, sostienen y promueven agendas diversas en lo social, así como en lo económico, lo político y lo cultural.

Tan sólo 19.5 mil organizaciones cuentan con Clave Única de Identificación (CLUNI) en el registro oficial que lleva la Secretaría de Desarrollo Social. Se concentran en unas pocas entidades federativas, observándose una lamentable ausencia en muchas comunidades del país. Ello como consecuencia de una larga historia de oposición gubernamental a la organización autónoma de los ciudadanos, así como por la persistencia de un autoritarismo político en gran parte del territorio nacional.

Los temas de mayor controversia entre las OSC son los referidos a las familias, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población con orientación sexual diversa. Asimismo, se diferencian por cuanto a que tipo de problemáticas sociales les son más importantes y cuáles son sus propuestas de políticas de gobierno para superarlas.

Un grupo importante de OCS se preocupa por los grupos en pobreza, especialmente en pobreza extrema, y por las personas en condiciones de vulnerabilidad por discapacidad, vejez, indigencia, abandono, entre otras causas y proponen medidas preferentemente individualizadas de asistencia social para atenderlas. Sostienen que si es posible son los propios individuos quienes por su esfuerzo deben superar sus condiciones de pobreza. Responden a una posición relacionada con experiencias de acciones de beneficencia privada. Son organizaciones que en general, están de acuerdo y buscan participar en la privatización de los servicios sociales públicos como los de cuidado infantil, la atención a personas con discapacidad, pero también los de educación y salud.

En una posición distinta otro grupo de organizaciones reclaman igualdad, no discriminación y justicia y enarbolan el marco de los derechos humanos para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas al ser parte de diversos instrumentos internacionales en la materia. Promueven la realización de los derechos humanos tanto civiles y políticos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos de los pueblos y comunidades. Algunas postulan la provisión universal de la protección social mediante servicios del Estado, particularmente en los campos de salud, seguridad social y educación; otras defienden un piso básico de servicios sociales para toda la población en pobreza que para algunos puede o no ser provisto directamente por el Estado.

Es decir, entre estas posiciones contrapuestas existen demandas coincidentes y una gama de combinaciones. Sin embargo, es de reconocerse que son las OSC las que tienen una visión más actualizada de los problemas sociales que aquejan al país, entienden la complejidad creciente de lo social y son las que colocan en el debate público los nuevos riesgos sociales y proponen posibles vías de atención a los mismos. Ello en razón de que están más cerca de la población y del territorio, hablan con las personas y detectan con mayor facilidad los problemas emergentes.

En cambio, el alejamiento de las agencias públicas sociales federales, así como de los partidos políticos de lo que ocurre en el territorio y en la cotidianeidad de la vida de las personas y las comunidades, les dificulta actualizarse por lo que se mantienen en una visión puramente sectorial de lo social, ampliada solamente para incluir los programas de combate a la pobreza y las agendas de algunos grupos de población, en consonancia con la tendencia de las agencias internacionales.

A la visión sectorial de la política social (educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, infraestructura básica) las OSC han sumado los temas de discriminación, desigualdad y exclusión que se traducen en trato desigual o mal trato, brechas y conflictos crecientes entre los ricos y los pobres y marginación de amplios sectores de la infancia y la juventud de su derecho al desarrollo y a una vida digna.

De este modo, desde la última década del siglo XX junto con varios movimientos sociales, las OSC agregaron a la cuestión social la dimensión de género, generación y condición étnica, física y mental (infancia y adolescencia, juventud, adultos mayores, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y con orientación sexual diversa) y más recientemente han visibilizado las condiciones en que viven las poblaciones migrantes, las víctimas de las violencias, las poblaciones desplazadas, las personas sujetas a trata y explotación y la juventud de bajos recursos.

Algunos de los temas más generales de las agendas sociales que parecen concitar mayor interés en la actualidad en el mundo de las OSC, seleccionados de varias agendas recientes[1] son los siguientes:

En lo general:

1. Incorporar el enfoque de derechos humanos en la política social, y garantizar el apego del Estado al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
2. Articulación conceptual y operativa entre política económica y política social.
3. Hacer efectiva la participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales y especiales y en los planes de los gobiernos estatales y municipales.
4. Ampliar los mecanismos concretos de participación en la gestión: presupuestos participativos; programación, evaluación y control
5. Fortalecer las instancias y mecanismos de participación ya existentes (consejos ciudadanos, comités de beneficiarios, foros de consulta, solicitudes de información, entre otros) y publicitar y transparentar la selección de los “representantes ciudadanos” en las instancias públicas de deliberación.
6. Crear un ambiente propicio para el desarrollo de la participación y organización libre y autónoma de la población y el apoyo a las OSC ya constituidas, que incluya entre otros aspectos, facilitación de trámites de registro, aumento, transparencia y equidad en la distribución de los recursos públicos destinados al apoyo de las organizaciones, facilidades en el ámbito fiscal, apoyo a la profesionalización y a la protección social de los participantes en OSC.
7. Definir un programa de educación para la paz y derechos humanos que incluya su incorporación en la educación básica y en la media superior.

En lo sectorial:

8. Avanzar en la creación de un sistema de protección social que garantice el acceso universal y sostenible de la población a servicios de salud, alimentación, educación y seguridad social de calidad.
9. La recuperación del Estado de sus obligaciones y atribuciones constitucionales en materia del control de la educación pública, asegurando una educación de calidad para todos desde la preescolar y hasta la universidad, conforme a estándares internacionales, y promoviendo una ciudadanía activa.
10. Garantizar el respeto al estado laico, buscando que la educación mantenga este carácter, en el marco de respeto a los derechos humanos
11. Aumentar la escolaridad y el número efectivo de horas con los recursos necesarios y con programas atractivos y adecuados al interés de los estudiantes. Dentro de ello ampliar el número de escuelas de tiempo completo enriqueciendo las actividades que se ofrecen para el mejor desarrollo de la población escolar.
12. Desarrollar y aplicar diversas estrategias para asegurar la calidad de los profesores y maestros y la dignificación de la función docente.
13. Impulsar una educación que permita a la población hacerse de las competencias necesarias para una inserción exitosa en el mundo contemporáneo.
14. Desarrollar una política de Estado enfocada a garantizar la seguridad alimentaria asociada a la seguridad nutricional que contemple acciones en toda la cadena alimentaria.
15. Formular y aplicar programas de prevención social de las violencias en el territorio que fortalezcan el tejido social, los factores de contención social, la resiliencia comunitaria, de las familias y las personas e incluyan acciones en materia de desarrollo urbano y vivienda, educación, salud física y mental, deporte, cultura y recreación, impartición y procuración de justicia, cultura de la legalidad y recuperación de espacios públicos con actividades para el empoderamiento, la participación y la organización ciudadana.
16. Establecer un Fondo para Emergencias Sociales para realizar intervenciones sociales y económicas acordes a los requerimientos emergentes en comunidades afectadas por desastres humanos (violencia, desempleo, hambre). y que permita remontar la inflexibilidad derivada de las reglas de operación de los programas sociales.

Para grupos de población:

17. Desarrollar un programa nacional hacia y desde las poblaciones jóvenes que incluya entre otros aspectos: atención psicosocial integral; formación, educación y desarrollo de habilidades para el trabajo; una defensoría de jóvenes; programas y servicios de salud sexual y reproductiva amigables; ampliación de espacios públicos para los jóvenes; protección y atención frente a las adicciones y la ampliación de oportunidades de educación, empleo e ingresos
18. Formular una estrategia y un programa específico para el desarrollo de la infancia y la creación de un sistema de protección de los derechos del niño que incluya: una instancia rectora para formular y evaluar las políticas públicas en los tres niveles: federal, estatal y municipal; una instancia de procuración de los derechos del niño y un mecanismo para el monitoreo de los Derechos del Niño.
19. Proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros y sus familias, así como de sus defensores y adecuar la legislación y las instituciones relacionadas con su protección y atención.
20. La socialización, discusión, actualización y promoción del “Programa Nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres” con una participación sustantiva de organizaciones de la sociedad civil, a la luz del marco jurídico internacional.
21. Homologar causales en la legislación estatal para garantizar el acceso al aborto legal con base en el estándar más alto del país.
22. Aumentar las capacidades del Estado y los presupuestos dirigidos a erradicar, investigar y castigar los feminicidios, las violaciones, desapariciones y la explotación de mujeres y niñas.
23. Desarrollar políticas, programas y legislación para armonizar las tareas productivas y reproductivas y una distribución equitativa de estas funciones entre sexos, generaciones y entre las familias, el mercado y el Estado.
24. Garantizar el cumplimiento del convenio 189 de la Organización Internacional del trabajo en el que se reconocen los derechos de las comunidades originarias, así como la implementación de una política pública transversal en materia de derechos y desarrollo Indígena de acuerdo a los estándares internacionales y con la participación de los pueblos y comunidades.
25. Instrumentar una estrategia nacional para elaborar políticas públicas para la inclusión y reconocimiento de la comunidad LGBTTTI y para garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdad y sin discriminación.

Las anteriores son sólo una muestra de las promociones que defienden en materia social las OSC. En la mayoría de los casos tienen propuestas legislativas, institucionales y presupuestales concretas para ponerlas en práctica.

[1] Se consultaron varias trabajos que resumen propuestas de las OSC y diversas agendas del movimiento feminista, del grupo México a Debate, de las mesas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de la Cumbre Ciudadana y del Espacio Social de Diálogo Estratégico.