4 de mayo OPAM
Posiblemente uno de los pocos avances importantes en la arquitectura del Estado Mexicano después de doce años del cambio del partido en el poder y del tránsito hacia un régimen democrático, ha sido la incorporación de normas, instituciones y procedimientos para que los ciudadanos accedamos a la información pública y para que exista transparencia en la gestión pública.
La creación de organismos especializados en esas materias en los diversos niveles de gobierno ha permitido que los ciudadanos podamos pedir y obtener información sobre la forma en que se concretan las responsabilidades y funciones asignadas a las instituciones públicas y el modo en que se utiliza el presupuesto y los recursos públicos. Sin embargo, este avance disperso y fragmentado y a veces abusado, para el escándalo mediático, no satisface la necesidad de los ciudadanos de exigibilidad a los representantes que eligió para el manejo de las instituciones del Estado, para que les rindan cuentas sobre la forma en que han cumplido sus mandatos y han usado los recursos públicos y el presupuesto.
Ello ha impedido que la población cuente con elementos ciertos, claros y confiables para que pueda recompensarlos o castigarlos por la misma vía electoral o en su caso, mediante procesos administrativos o penales. La difusión fragmentada o trunca de abusos cometidos por varios servidores públicos con los recursos de todos, es causa eficiente de la desilusión que expresan los mexicanos con la democracia.
Según Latin-barómetro la confianza de los mexicanos en la democracia ha venido disminuyendo. El 36 por ciento declara que da lo mismo un gobierno autoritario que uno democrático y el 14 de plano prefiere un gobierno autoritario, es decir el 50%. Para América Latina el promedio es que el 58% prefiere la democracia y en México sólo el 40% de la población. Sólo Guatemala está por debajo de ese nivel
Es decir, si bien como parte del avance democrático y la mayor libertad de prensa la población tiene más información sobre los desvíos del presupuesto y el uso patrimonialista de los recursos públicos, muy pocas veces, conoce cual es el curso seguido por los procesos para castigar ese abuso y restituir los bienes o dineros mal-habidos.
En el imaginario colectivo se acrecienta la idea de que todos los políticos y los servidores públicos son corruptos y que además, esto ocurre con total impunidad. Es frecuente escuchar la idea que los que pagan son los servidores públicos de menor jerarquía en tanto que los funcionarios públicos de primer nivel continúan enriqueciéndose utilizando para beneficio propio su puesto o al menos con enormes salarios y prestaciones que se autodefinen, como los famosos casos de varias presidencias municipales.
Considero que dos consecuencia de lo anterior son: en primer lugar la normalización de la cultura de la corrupción en donde se piensa que si las élites políticas y económicas se aprovechan de los recursos públicos sin consecuencias se justifica que todos lo podemos hacer; en segundo lugar, propicia la aceptación de regímenes autoritarios en los cuales todas las decisiones y acciones sobre el uso de los recursos públicos son secretas, y no se publicitan y ni de lejos, existen mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, sin embargo se da idea de que todo funciona tersamente.
De este modo, en la medida que no tengamos avances sustantivos en la rendición de cuentas los riesgos de retorno a sistemas autoritarios están en la puerta de la casa.