Justicia educativa y grupos vulnerables

 

Agradezco al Observatorio Ciudadano de la Educación la invitación a participar en este evento de la Cátedra Pablo Latapí Sarre. Conocí y aprecié al Dr. Latapí desde los años 70 cuando un pequeño grupo discutíamos sobre la vinculación entre formación profesional y mercado de trabajo, entre ellos se encontraba también el Dr. Carlos Muñoz Izquierdo y el Dr. Manuel Ulloa. En El Colegio de México intentábamos aplicar en esa época bajo la dirección de Don Victor Urquidi, otro excepcional mexicano, la metodología del Proyecto Mediterráneo para proyectar las necesidades de egresados del sistema de educación superior de acuerdo al comportamiento esperado de la economía y de sus sectores de actividad.

Al entrar en materia y pensando en aquellos años cuando como política social se buscaba ampliar la oferta de servicios públicos a la población como los de salud o los de educación, se asumía la existencia de una población homogénea a la que había que atender. Los servicios tenían que ser iguales para todos. Solamente los programas de asistencia alimentaria se dirigían a la infancia de manera específica (la distribución de leche subsidiada y los desayunos escolares) y los de seguridad social protegían a los trabajadores de lo que ahora llamamos sector formal de la economía, pero teniendo la meta de incorporar a todo mundo al empleo formal y a la protección de la seguridad social.

También había un claro sesgo androcéntrico en toda la política social pues fue precisamente en esa misma década cuando el movimiento feminista tomó como su principal demanda el acceso de las mujeres al desarrollo, significando con ello el acceso a la educación, a servicios de salud pertinentes a su condición genérica y también el acceso a la tierra, al crédito, al empleo, entre otros.

Como parte de la política social, la política de asistencia social se dirigía a los grupos con mayores vulnerabilidades: los niños y niñas de la calle, los indigentes, los hijos e hijas de familias sumamente pobres o de reclusos, algunos grupos de población con discapacidades como los de discapacidad visual y parálisis cerebral, todo ello con un gran apoyo de recursos e instituciones de asistencia privadas.

Desde mi experiencia, el tema de la diversidad social no fue considerado en la agenda pública sino hasta finales de la década de los noventa cuando el movimiento de mujeres introdujo la teoría del género y empezó a demandar la creación de instituciones responsables de la igualdad de género y a promover lo que se llama “trasversalizar” el enfoque respectivo. La enorme aportación que hizo el movimiento de mujeres fue introducir que la desigualdad de género deviene de una asimetría de poder donde culturalmente se asume que el sexo femenino está subordinado al masculino. Esta misma desigualdad de poder podría extenderse a muchos de los grupos considerados sujetos a discriminación como son los grupos pobres, las poblaciones indígenas, las trabajadoras del hogar, por ejemplo.

Las varias Conferencias de Naciones Unidas de esa misma década Cairo, Copenhague, Río, Viena, etc.) contribuyeron a colocar también en la agenda pública a la infancia y en los textos de las plataformas o documentos resultantes de las mismas se empezó a introducir una larga lista de grupos de personas sujetas a discriminación por que había la percepción de que si se mencionaba a cada grupo eso lo visibilizaría frente al mundo y aquellas organizaciones que defendían la agenda respectiva tendrían un referente para promoverla. Así ocurrió en la Conferencia de Beijing y es frecuente que al mencionarse a las mujeres que serían sujetas de algún derecho o atención se enlistasen a las refugiadas, las migrantes, las indígenas, las desplazadas, etc.

El levantamiento zapatista de 1994 después de siglos de exclusión y subordinación de los pueblos originarios, nos hace tomar conciencia de lo profundamente discriminatoria que es la sociedad mexicana y las negociaciones entre las sociedad blanca y mestiza termina por no entender la causa indígena y por incumplir los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que de algún modo significaban salirse del modelo liberal que domina nuestra legislación, fundamentado en la propiedad privada y las libertades y derechos individuales.

Pero el tema de la diversidad social en México tuvo realmente su reconocimiento en el campo de las políticas públicas hasta los primeros años de este siglo cuando en 2001 se incorporó en el Art. 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos el derecho a la no discriminación, en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en 2004 se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como órgano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. Asimismo se avanzó en legislación y desarrollo de institucionalidad desde la perspectiva de los derechos para los adultos mayores, las personas con discapacidad, la población indígena e incluso para las mujeres.

La inclusión de los derechos humanos en la Constitución apenas el año pasado y la plena comprensión del significado de la discriminación como la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población en razón del sexo, raza, creencia religiosa o política, nacionalidad, situación social, orientación sexual, edad y condición de discapacidad son temas de naturaleza cultural profunda que tomará varias décadas y muchos esfuerzos y recursos para verdaderamente lograr introducirlos en las relaciones sociales de las personas. No basta con plasmarlos en leyes pues se trata de modificar formas de trato y de relación entre las personas muy arraigadas.

La pregunta entonces es cuáles son las posibilidades de contribución de las escuelas en particular y de la educación en general a este cambio cultural en las relaciones sociales de los diferentes. ¿Qué tan factible es hablar de justicia educativa?

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) encontramos que de cada 10 personas los asuntos que provocan división entre las que viven en un mismo lugar: 6 piensan que es la riqueza, 4.7 los partidos políticos y 3.9 las ideas políticas y 4.4 consideran que es la educación. Las causales que obtuvieron los niveles más bajos son la religión (3.6), la etnia (2.9) y las personas que llegan de fuera (2.7).

Es decir, la riqueza, el conflicto político y la educación son los tres factores que la población consideró que provocan mayor división entre las personas.

En esa misma encuesta las población reconoce como los grupos a los que menos se les respeta sus derechos a las personas homosexuales, indígenas, migrantes y a las que trabajan en los hogares.

Como resultado de tendencias macrosociales diversos estudios muestran una segmentación creciente por niveles socioeconómicos en la asistencia escolar: los sectores de ingresos medios y altos acuden a escuelas particulares y los sectores de ingresos más bajos utilizan las escuelas públicas. Incluso frente a las crisis económicas los sectores medios que tienen que sacar a sus hijos de las escuelas particulares por los elevados costos tienen una sensación de pérdida de estatus y ello ha llevado al gobierno federal a encontrar diferentes maneras de subsidiar a las familias que utilizan la educación privada.

Asimismo, al interior de la educación pública la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los servicios educativos profundizan la desigualdad de acuerdo al grado de vulnerabilidad social de los grupos de población. Es decir, la accesibilidad económica y física, la disponibilidad de infraestructura educativa y la calidad de las instalaciones, equipamiento, personal docente, materiales educativos, etc. es inversa al grado de marginación y exclusión social de los estudiantes. Comparativamente las escuelas rurales y las de zonas urbanas marginadas respecto de las urbanas y aquellas que atienden población indígena respecto de las que se ocupan de población mestiza y blanca están más alejadas, sus instalaciones se encuentran deterioradas, su calidad es más deficiente, tienen grupos más grandes o más pequeños pero multigrado y el personal docente presenta más ausencias y deficiencias. Posiblemente las escuelas inclusivas son más escasas en las zonas de menor nivel socioeconómico.

Es decir, la educación en México en lugar de integrar e igualar oportunidades entre los diversos, acrecienta la desigualdad y profundiza las distancias sociales.

Tal vez si la política educativa fuera exactamente al revés: que las mejores instalaciones, los mejores maestros, las retribuciones más altas, el mejor equipamiento, el mayor gasto per cápita, la investigación educativa de mayor calidad estuvieran destinados a las poblaciones excluidas, de bajo nivel socioeconómico, en zonas rurales e indígenas sería posible que la justicia educativa abonara a una mayor justicia social.

Es decir, que en el contexto de desigualdad socioeconómica y territorial que vive México la educación profundiza la desigualdad. La trayectoria que ha seguido la política educativa en los últimos años a pesar de los compromisos que se externan verbalmente, no parece revertir eses resultado.

Otra perspectiva del tema es el papel que juega o puede jugar la escuela como ámbito socializador de los seres humanos. Considerada junto con las familias, los grupos de pares y los medios de comunicación como uno de los espacios de relaciones sociales donde se construyen y desarrollan los seres humanos, la escuela tiene un papel fundamental si logra encontrar modelos educativos que aprovechen la confluencia de personas diversas en las aulas para superar el desconocimiento, los miedos, los prejuicios que surgen o se portan respecto de las personas diferentes.

“La escuela actúa como dispositivo de reproducción cultural de la conducta ciudadana. Junto con los conocimientos transmite un sistema de lealtades, la competencia, la creatividad la solidaridad o su ausencia, el autoritarismo y las jerarquías, como forma natural de las relaciones sociales” (Cecilia Lipszyc)

Los estudiantes llegan al ámbito escolar con las cargas que han recibido en sus familias respecto a la percepción que tienen de sí mismos frente al grupo familiar y frente a otros grupos, pero es la escuela la que realmente coloca por primera vez al niño o niña frente a los otros y al final refuerza o contrasta y puede modificar las percepciones y los aprendizajes sobre las relaciones con otros adquiridas en casa, así como la ubicación de su propia persona frente al grupo de diversos. La idea que han adquirido los niños y niñas de quienes son sus iguales y quiénes son los otros puede ser modificada con modelos educativos inclusivos que pongan en sintonía las distintas herramientas de las escuelas desde las instalaciones, los docentes, los equipamientos, el modelo educativo, la organización escolar de manera tal que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades de participar y se integren en las actividades escolares y se cuente con mecanismos de solución pacífica de conflictos.

Tiene que haber una acción planeada e intencionada para lograr la integración y el respeto de los diferentes. Incluso es necesario que la escuela desarrolle en los estudiantes capacidades para enfrentar situaciones en otros ámbitos socializadores que refuerzan actitudes discriminatorias como son los medios de comunicación o los grupos de pares, particularmente en la etapa juvenil donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y una manera de lograrlo es diferenciándose de los otros. Es decir la construcción de resilencia frente a la agenda oculta de discriminación en los medios de comunicación y en las relaciones con los amigos.

En la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia aplicada en escuelas públicas de Nivel Superior entre jóvenes de 15 a 19 años de subsistemas federales, estatales y autónomos encontró que es en el bachillerato donde los niveles de intolerancia a la diversidad son altos: 54% de los jóvenes manifestaron que no les gustaría tener como compañero en la escuela a enfermos de SIDA; otro 52.8% señalo que les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1% desaprueba trabajar con personas con discapacidad; 38.3% con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; mientras que el 35.1% con jóvenes que tengan una religión distinta.

Los elevados niveles de acoso y maltrato entre pares que se observa actualmente en las escuelas son causados y a la vez son causa de la violencia que se está viviendo en el país. Parecería estarse naturalizando la violencia como una forma de relacionarse y provoca que las personas que participan en la vida escolar tiendan a autoprotegerse limitándose a llevar a cabo las funciones que les son prescritas formalmente como alumnos, docentes y directivos. Los profesores prefieren no involucrarse en la vida personal y en los conflictos que viven los estudiantes dado que ya no bastan las buenas intenciones y no cuentan con las herramientas para hacerlo de manera segura y profesional.

Lamentablemente no estamos viviendo contextos económicos, sociales y culturales que faciliten el desarrollo de las escuelas inclusivas y de la justicia educativa.