Agradezco la invitación de la Maestra Berta Helena de Buen para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la participación social en nuestro país ante la coyuntura política que estamos viviendo, as{i como plantear algunos retos. Lo hago desde la perspectiva de una activista cívica más que desde una mirada académica y parto reconociendo mi poca información sobre el movimiento ambientalista en México en razón de las muy escasas oportunidades que he tenido de interactuar con activistas del mismo.

Nos encontramos frente a un escenario donde seguramente se concretará el retorno al control del Estado Mexicano -o de lo que queda de él- por el Partido Revolucionario Institucional. Por las decisiones recientes sobre los coordinadores de las bancadas del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, asignadas respectivamente a Emilio Gamboa y a Manlio Fabio Beltrones, parece que no se tratará de un PRI renovado o reformado, sino nuevamente de un PRI patrimonialista, vinculado a grupos de interés, alejado de las demandas colectivas, simulador y totalmente desinteresado e incluso opuesto, a la participación ciudadana en el espacio público.

Es decir, podemos augurar tiempos más difíciles para la participación ciudadana y para el desarrollo del asociacionismo en el país si lo vemos desde la perspectiva de un Estado que estuviera interesado en promover y fomentar la participación creando un ambiente propicio para el desarrollo y empoderamiento de la ciudadanía, de la participación y del asociacionismo mediante la eliminación de trabas, la expedición de leyes, la creación de fondos, el establecimiento de espacios institucionales de participación que verdaderamente funcionen e incidan en las decisiones y el desarrollo de capacidades del Estado y de servidores públicos que sepan trabajar esquemas participativos.

Es decir, desde mi experiencia personal no veo en el futuro próximo la posibilidad de contar con la tan necesaria voluntad política para avanzar hacia una democracia participativa.

Los logros

En ese sentido, van a ser ya cuatro décadas en que diversos movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y un amplio número de activistas cívicos que desde la academia, los mismos partidos políticos o desde la administración pública y los medios de comunicación hemos venido luchando por que las voces, las demandas y los intereses de la diversidad social que caracteriza a nuestro país sean escuchados y debatidos en el espacio público. Hemos buscado que mediante el diálogo y la construcción de consensos, facilitando la expresión de la diversidad social en forma incluyente, podamos avanzar hacia una sociedad justa, igualitaria y respetuosa de la dignidad de todas las personas.

En los años setenta fueron los movimientos de derechos humanos, de mujeres y de ambientalistas, a los que posteriormente se sumaron el movimiento indígena y las organizaciones temáticas que surgieron en todo el territorio nacional, los que unieron sus esfuerzos en torno a un reclamo por avanzar en la democracia y superar la dominancia de un partido de Estado que llevaba 70 años en el poder. Ese partido se fue transformando en el curso de los años, abandonado las causas de la Revolución Mexicana para abrazar y promover los intereses del mercado.

La década de los noventa fue una etapa de importantes logros en materia de participación ciudadana. Por la presión de las iniciativas del amplio movimiento ciudadano en lucha por la democracia fue posible lograr modificaciones sustantivas en la legislación e institucionalidad electoral, como fue el rescatar del control del partido en el poder la organización de las elecciones, promoviendo la creación de un IFE ciudadano. Se avanzó también en el establecimiento de órganos autónomos de Estado en todo el territorio en materia de derechos humanos y electorales y se incluyeron en la legislación diversas instancias de participación social para el desarrollo de políticas públicas (consejos consultivos, comisiones, contralorías sociales, buzones de quejas).

En el primer lustro del siglo XXI continuaron los avances mediante la expedición de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil después de más de 10 años de cabildeo para su aprobación; las leyes y los institutos de acceso a la información, la definición de fondos y de comités de dictaminación participativos para apoyar proyectos de la sociedad civil, la creación del CONAPRED con una Asamblea ciudadana y de institutos especializados en la atención de grupos que históricamente han estado sujetos a la discriminación (mujeres, indígenas, personas con discapacidad) con la participación de representantes de la sociedad civil en sus consejos. De manera muy importante, se logró la apertura al escrutinio internacional del desempeño de nuestro país en materia de derechos humanos y el inicio de la elaboración participativa de diagnósticos y planes nacionales y estatales de derechos humanos.

En este sentido, en torno a la recepción y apoyo a las visitas de los relatores de los Sistemas Internacional y Interamericano de derechos humanos y en la preparación de los informes sombra para los mecanismos de seguimiento de esos sistemas se lleva a cabo una amplia participación de expertos y de organizaciones de la sociedad civil. Esta participación se constituye en una herramienta fundamental de incidencia de los ciudadanos en las conductas e intervenciones del Estado mexicano que incumple sus obligaciones y vulnera los derechos fundamentales.

En años más recientes esta incidencia se ha acompañado de otro instrumento ciudadano de reclamo al Estado: el litigio estratégico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como son los casos de Radilla y el Campo algodonero que han obligado al Gobierno a desarrollar una serie de protocolos para el debido proceso, la reparación del daño, la no repetición y el acceso a la justicia. En el mismo sentido se legisló sobre acciones y amparos colectivos importantes innovaciones para enfrentar abusos de gobiernos y empresas sobre los bienes comunes y los intereses colectivos.

Posiblemente el avance más importante en la historia reciente de nuestro país, también producto de una incidencia de la sociedad civil, derivada de una alianza entre expertos académicos y organizaciones, es la reforma constitucional en materia de derechos humanos que amplía el marco de protección de las personas a todos los derechos humanos considerados en los instrumentos internacionales en la materia, otorgándoles a dichos instrumentos igual jerarquía que nuestra Constitución.

Asimismo los intentos hasta ahora poco fructíferos y que aún enfrentan enormes obstáculos, de reforma al sistema de justicia penal para transitar hacia los juicios orales públicos y abiertos a las miradas de todos, tendrá efectos trascendentes en el debido proceso y en extraer de la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción a la procuración, impartición y administración de la justicia en México.

Aún con los avances señalados en la institucionalidad participativa de los últimos doce años, podemos constatar retrocesos y una falta de voluntad política para avanzar en aspectos más estructurales a fin de instaurar una democracia participativa en nuestro país. Estos retrocesos y estas omisiones nos tienen atrapados en un Estado desmantelado por la ideología neoliberal dominante, y como consecuencia de la falta de concreción de una reforma del Estado que avance en una nueva estatalidad y en una nueva gobernanza fundadas en relaciones más equilibrada entre Estado, sociedad y mercado y entre los distintos niveles de gobierno. La actual alianza entre Estado y mercado relegando la participación social, produce enormes ganancias a las élites políticas y económicas y acrecienta la desigualdad y la violencia.

Los pendientes

Mencionaré a continuación sólo algunos aspectos en los que no hemos logrado avanzar para alcanzar una democracia participativa, mismos que han estado en la agenda de la sociedad civil desde hace varios años y que siguen siendo retos importantes:

1. La democratización de los medios de comunicación masiva. Es una demanda reiterada por varios años por académicos y expertos, varios de ellos congregados en la AMEDI[1] y retomada recientemente por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y por el Movimiento Yo Soy 132. Se reconoce que los partidos políticos, la clase política y los funcionarios y servidores públicos están sometidos a los designios de los consorcios televisivos quienes tienen además directamente tomadas posiciones en el poder legislativo, la ahora llamada “telebancada” y en los aparatos de gobierno que deberían regularlos, a fin de defender sus intereses particulares; obstaculizan y socaban la autonomía de los órganos electorales, amenazando y corrompiendo a consejeros y a partidos y corrompen al sistema de justicia. Además imponen cultura y visiones del mundo, generan modelos aspiracionales inalcanzables para las mayorías excluidas y conculcan la libertad de expresión y el derecho a la información al impedir la presencia de otras voces.
2. La universalización de las ciudadanías civiles, políticas y sociales y el cumplimiento del Estado de sus obligaciones en la materia, garantizado el respeto de los derechos humanos de todas las personas y el acceso a niveles básicos de protección en todos los derechos económicos, sociales y culturales, razón de lucha del amplio Movimiento de Derechos Humanos. Se reconoce que la posibilidad de instaurar una democracia participativa pasa necesariamente por reducir la profunda desigualdad social, económica y cultural que afecta a millones de mexicanos y los coloca como sectores subordinados, excluidos y discriminados. Las personas deben dejar de ser considerados como beneficiarios de los programas sociales para convertirse en sujetos de derechos: debe trascenderse su visión como clientelas de los partidos políticos para ser miembros de derecho de estos y combatirse las estrategias culturales comerciales que construyen consumidores adictos y no personas dignas.
3. La incorporación de figuras de democracia directa en la legislación. Si bien la recientemente aprobada, extemporánea e incompleta reforma política introduce figuras como la consulta y la iniciativa populares y las candidaturas independientes no incluyó la reelección, ni la revocación de mandato, ni la eliminación del fuero, tres figuras que aumentan el poder ciudadano para controlar la gestión gubernamental. Tampoco consideró el referéndum y el plebiscito. Materias todas ellas -junto con la defensa de la calidad ciudadana del IFE y de sacar a los medios de comunicación de las contiendas electorales- de las luchas que lleva a cabo el amplio Movimiento en Lucha por la Democracia. Habrá que estar muy atentos a la legislación que regule las figuras de democracia directa aprobadas pues su ejercicio efectivo puede hacerse imposible por los requisitos que se impongan o bien, ser aprovechadas por las élites económicas y sociales para promover sus intereses y ganar más espacios de poder.
4. La instauración de mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas que sean efectivos y prevean sanciones que realmente sirvan para combatir la corrupción, el lavado de dinero y la colusión de intereses entre los funcionarios públicos, los legisladores, los jueces y los poderes de hecho, entre ellos los grupos delincuenciales, y que nos han llevado a niveles de impunidad verdaderamente alarmantes. La autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión de la naturaleza y ubicación de la Secretaría de la Función Pública, así como la autonomía de la Procuración de Justicia son tres asuntos que atañen a este ámbito de las demandas ciudadanas. Esta agenda es actualmente promovida por la Red de Rendición de Cuentas (RRC) formada por cerca de 60 instituciones, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
5. Una reforma municipal urgente que extienda los periodos de gobierno, redistribuya recursos y atribuciones y eleve capacidades de gestión y de participación e interlocución de las autoridades municipales con los ciudadanos en el territorio. La consecución de una participación amplia de ciudadanos de distintos niveles socioeconómicos en el espacio público y no sólo de las clases medias educadas, radica en la posibilidad de desarrollar instancias participativas cercanas a sus domicilios y a sus problemáticas de vida concretas. Uno de los mayores obstáculos para lograr una participación más amplia de la ciudadanía es la escasez de tiempo de que disponen muchas personas para poder dedicarlo a actividades de beneficio colectivo. Ello ante el agobio de la pobreza y la falta de empoderamiento para dialogar en términos de igualdad frente a autoridades que históricamente los han subordinado. Los municipios y las delegaciones deberían desarrollar áreas especializadas y calificadas de participación ciudadana y tener proyectos muy claros donde ésta pudiera concretarse como es la decisión sobre determinadas obras, el seguimiento de las mismas y la seguridad de su puesta en operación. La creación de presupuestos participativos, de consejos de salud y de gestión de las ciudades, son ejemplos que en Brasil han sido modelos muy exitosos de participación ciudadana
6. La revisión de las formas de elección de los integrantes de los tres poderes y de los órganos autónomos de Estado: Esta revisión incluye desde la forma como se designa a los secretarios de gobierno del poder ejecutivo y a los responsables de las pocas empresas públicas que aún quedan, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial, a los Consejeros Generales del IFE, a los Presidentes e integrantes de los consejos de los órganos autónomos y a los candidatos de los partidos a las legislaturas federal y locales, a las gobernaturas y a las presidencias municipales. En ninguno de estos ejemplos hay participación ciudadana y es el Presidente de la República sólo o en combinación con el Senado, la Cámara de Diputados, el Consejo de la Judicatura o las cúpulas de los partidos políticos los que deciden quiénes ocuparán esas importantes posiciones para la gobernabilidad democrática.
7. La revisión, transparencia y apertura a la participación amplia de las formas de elección de los representantes ciudadanos en los consejos, comisiones, juntas de gobierno y otras instancias participativas en donde se toman decisiones, se definen políticas públicas, se discute legislación y regulaciones, entre otros temas. En un examen realizado en el 2011 a 257 leyes vigentes en el ámbito federal y 131 reglas de operación, se encontraron 163 instancias en donde participan actores gubernamentales y no gubernamentales en consejos consultivos, órganos de dictaminación y selección de proyectos y algunas juntas de gobierno[2] En la mayoría de esos casos los representantes no gubernamentales son designados o elegidos por los propios funcionarios encargados del ámbito gubernamental donde operan esas instancias, recayendo la elección en personas que son funcionales al proyecto y a la visión del funcionario que los elige y que de esta manera pasan a legitimar decisiones tomadas exclusivamente por los actores gubernamentales y a simular la participación ciudadana.

Son estas sólo algunas de las demandas del movimiento ciudadano relativas a cambiar los términos de relación entre estado y sociedad con el propósito de avanzar en una democracia participativa y lograr que las decisiones de gobierno tengan en cuenta los intereses colectivos y dejen de promover y proteger los intereses particulares de poderosos consorcios económicos. Ejemplos de uso discrecional de decisiones de Estado para beneficiar a privados han sido las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo Federal para consolidar el poder de los dos consorcios televisivos y que se suman a la vergonzosa acción del Poder Legislativo Federal que aprobó en 2005 la Ley Televisa y ha incumplido las instrucciones de la Suprema Corte para modificarla en razón de la inconstitucionalidad de varios de sus artículos.

Cambios en los términos de relación entre empresas del mercado y la sociedad

La cada vez más evidente colusión entre los grupos que detentan los poderes del Estado y las empresas del mercado en contra de los intereses colectivos parece indicarnos la urgencia de desarrollar herramientas de la sociedad civil para presionar e incidir en las políticas y decisiones de las empresas del mercado, afectando fundamentalmente sus ganancias, que es donde más les duele. Personalmente tengo enormes dudas sobre la autodeterminación de compromisos de responsabilidad social empresarial, que más bien parecen curitas para aliviar profundas heridas causadas en el tejido social por la avaricia y la irresponsabilidad de muchos empresarios.

Si bienvarios pensamos que es al Estado a quien corresponde regular las actividades de los particulares que afectan a otros particulares -la obligación de proteger prescrita en los instrumentos internacionales de derechos humanos- y es por ello que buscamos incidir con nuestras acciones fundamentalmente en el Estado, la realidad nos demuestra que los grupos que controlan al Estado Mexicano tienen más interés en acrecentar su poder y su patrimonio aliándose y compartiendo las ganancias con los poderes fácticos o de hecho.

Esta triste realidad nos conduce a la necesidad de fortalecer las agendas y las acciones que se encaminan a cambiar los términos de relación entre sociedad y mercado. Ello sin dejar de insistir en las necesarias reformas al Estado para avanzar en una democracia participativa.

En esta línea de reflexión me refiero a apoyar y desarrollar más ampliamente acciones que pongan un freno a los abusos de los grandes consorcios económicos nacionales y extranjeros. En este amplio campo de acción de la sociedad civil incluyendo movimientos sociales y organizaciones civiles ubico las agendas del movimiento indígena y de los pueblos en defensa de la tierra, del subsuelo y del agua y en general de los recursos comunes; los movimientos vecinales y de colonias en contra de los cambios en el uso del suelo y de construcciones, vialidades y desarrollos urbanos que modifican su entorno; o al movimiento ambientalista en contra de la apropiación privada de las costas para la construcción de marinas y grandes desarrollos turísticos excluyentes de la población local; o de la ocupación de zonas agrícolas de alta productividad para desarrollar biocombustibles o para instalar centros comerciales o unidades habitacionales de infame calidad para la vida humana; o de la apropiación del territorio y de los gobiernos locales por los grupos delincuenciales; incluyo aquí a las organizaciones de deudores de la banca y de consumidores de servicios públicos. Es decir, innumerables batallas que están ocurriendo en el territorio, muchas de ellas aisladas y con muy pocas herramientas que efectivamente frenen esta mercantilización masiva de la vida, de los seres humanos y de los recursos del mundo.

Lamentablemente no tenemos un Estado ni capaz, ni interesado por frenar o acotar las actividades de las compañías mineras, de las empresas inmobiliarias, de los grandes consorcios de comercialización de bienes básicos, de las empresas agroalimentarias, de los servicios financieros, etc. Se trata más bien de gobiernos que ven el desarrollo de estas empresas como un símbolo del desarrollo y modernidad, que privatizan servicios públicos y sociales, como el manejo del agua, la distribución de energía, los servicios de telecomunicaciones, la educación, la salud, las carreteras, las calles y avenidas, el manejo de nuestras pensiones y que tienen como meta el convertirnos a todos en consumidores, en clientes y en sujetos de crédito.

Que prefieren rescatar a los corruptos y abusivos servicios financieros que proteger a los usuarios de estos. Por ejemplo, los logros en materia de vivienda no se miden por el número de viviendas dignas que se han construido y se encuentran habitadas, sino por el número de créditos hipotecarios que se han otorgado.

El triunfo en fin del mercado, de los negocios por sobre el interés en la cohesión social, la calidad y la dignidad de la vida humana.

¿Cómo enfrentar desde la participación ciudadana los abusos que se cometen en el mercado? Cómo frenar la ambición y la destrucción de tejido social y de comunidad de los poderosos consorcios económicos? Cómo evitar la subordinación, la exclusión y el abuso de la población por medio de altas tarifas, precios e intereses, de la creación de adicciones mediante la publicidad, de la invasión de espacios con esa publicidad, de la definición de leyes que protegen sus intereses utilizando a sus propios legisladores? del despojo de propiedades y recursos mediante expropiaciones y juicios tramposos? Del abuso de recursos culturales valiosos como son los sitios arqueológicos, que pasan a ser privatizados o destruidos para levantar grandes centros comerciales o parques industriales?

Es posiblemente en el campo de la modificación de las relaciones entre sociedad y mercado donde estaremos enfrentando mayores obstáculos para lograr un democracia participativa y será necesaria la subordinación de los intereses privados a los intereses colectivos compartidos y que en el contexto de la globalización, nos permitirían tener una mejor sociedad: más cohesionada, menos desigual, más justa.

Entiendo que uno de los debates principales en el sector ambiental el relativo al cambio climático, está cruzado por los intereses de las empresas explotadoras y productoras de combustibles fósiles y de las empresas de agrocombustibles y de energías alternativas o que la defensa de la biodiversidad de los mares y costas enfrenta los intereses del turismo, de los agronegocios, de la acuacultura y de la pesca irresponsable.

Es por ello que enfatizamos desde el principio de esta reflexión la necesidad de una gobernanza democrática que reformule las relaciones desiguales entre Estado, mercado y sociedad.

Algunos consideramos que un aspecto central es defender nuestro derecho al Estado como lo señalaba O’Donell, es decir un Estado que se compadezca e interese por el bienestar colectivo, por la inclusión de todos y todas a los beneficios del desarrollo, por moderar la riqueza y erradicar la pobreza, por vigilar el respeto a leyes construidas con la participación y aceptación de todos para reglamentar la vida en común, que modere los conflictos y construya diálogos y consensos y fundamentalmente que cumpla sus obligaciones en materia de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de todos los que viven y transitan por el territorio nacional.

Retos en el corto plazo

En el corto plazo y ante la próxima entrada de la nueva administración Federal, como ciudadanos interesados en la cosa pública considero que hay tres asuntos muy importantes que demandan de la participación de la sociedad y de sus organizaciones y movimientos:

En primer lugar la discusión sobre la estrategia de seguridad pública que adoptará la nueva administración y la incorporación de un enfoque de seguridad ciudadana.

En segundo lugar presionar para que el Gobierno Federal lleve a cabo una convocatoria auténtica, amplia y ordenada de la sociedad para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo que deberá “elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República”; así también lograr la más amplia participación en la elaboración de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales de acuerdo a los prescrito en la Ley de Planeación[3]

En tercer lugar la construcción de una Estrategia Nacional para enfrentar la Emergencia Alimentaria que ya se está presentando por el aumento de los precios internacionales de los alimentos y que elevará el número de personas y familias mexicanas en situaciones de pobreza extrema, si no se toman medidas urgentes y se les protege.

 

A modo de cierre

 

Lamentablemente, el crecimiento y extensión de la violencia delincuencial y la opción del Gobierno federal por enfrentarla mediante la fuerza y la militarización de la seguridad pública ha incrementado las violaciones a los derechos humanos afectando la vida, la integridad, las propiedades y la dignidad de miles de personas mediante asesinatos, secuestros, extorsiones, tortura, desaparición forzada, violaciones.

Esta violencia y el miedo que genera se convierten en un serio obstáculo para la participación ciudadana y para la creación de organizaciones, pues despierta desconfianza, inhibe a las personas para encontrarse en el espacio público y por lo tanto provoca aislamiento y fragmenta aún más el tejido social.

Por ello la importancia por llevar a cabo a la brevedad posible un amplio debate en materia de seguridad pública, pues por el camino que vamos nos estamos alejando cada vez más de la construcción de una democracia participativa.

[1] Asociación Mexicana por el derecho a la Información.

[2] Hevia, Vergara-Lope y Avila (2011)

[3] La Ley de Planeación señala en su Artículo 4 como responsabilidad del Ejecutivo Federal ¨conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales¨ aspecto que después se desarrolla en su Capítulo Tercero.