Estamos reunidos hoy en razón del cierre de un ciclo de la administración del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación que inició hace tres años y que estuvo presidido por Ricardo Bucio, quien fue acompañado por un activo equipo de profesionales comprometidos con los derechos humanos y la igualdad.

La tarea encomendada al Consejo no es nada fácil en un país profundamente desigual, injusto y excluyente. Son más y más poderosos los procesos y los intereses que contribuyen a recrear esas condiciones de desigualdad, injusticia y exclusión que los recursos y las herramientas que tienen los diversos órganos de Estado que se han ido creando para revertirlas, entre los que se encuentra el Consejo.

Sin embargo, con un enorme empeño, esfuerzo y bajo fuerte presión, el equipo que hoy cierra este ciclo de la vida de la institución hizo uso de muy diversas y creativas estrategias e instrumentos dentro del tramo de sus acotadas posibilidades, para contribuir a hacernos conscientes de ese terrible lastre de nuestra cultura que es la desigualdad de trato entre las personas que habitamos y transitamos por la República Mexicana.

Bien sea por nuestro origen, lugar de nacimiento, edad, sexo, orientación sexual, religión, etnia, condición física, creencias y afiliaciones pero fundamentalmente por las profundas diferencias socioeconómicas, los mexicanos no nos reconocemos como iguales e infringimos en los que consideramos diferentes el mal trato, la indiferencia, la desconsideración e incluso la violencia.

De manera natural y normalizada, no vemos ni hablamos con los adultos mayores ni con los niños y niñas; aceptamos la violencia contra las mujeres como una condición natural a sus relaciones de pareja; no nos conmueve el hecho de que más del 80% de las poblaciones indígenas vivan en condiciones de pobreza; los crímenes por homofobia y los feminicidios sólo se agregan al sangriento paisaje de los miles de muertes violentas que ocurren en el país; la criminalización de los jóvenes de las colonias populares por los cuerpos policiacos no es indiferente; no reconocemos el resentimiento creciente hacia los sectores urbanos de altos ingresos y las pugnas y conflictos por las preferencias partidarias nos parecen naturales.

Por ello y con todas las limitaciones presupuestales y de apoyo gubernamental que ha tenido el CONAPRED, y además después del enorme error cometido de haberlo considerado como una institución de asistencia social y no de una que es responsable de reivindicar el derecho a la no discriminación, el actual equipo de la institución se dedicó a incidir en un cambio cultural y de las actitudes de los mexicanos mexicanas mediante varias interesantes y valiosas campañas, eventos y publicaciones.

Además buscó hacerlo con evidencias científicas promoviendo diversas investigaciones como son la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2010) y el recientemente publicado Estudio Diagnóstico sobre el estado que guarda la discriminación en México o los esfuerzos por construir un Índice de la Discriminación. Ahora conocemos mejor los orígenes de la discriminación, los ámbitos donde se ejerce y los grupos afectados, incluso sabemos cuál es su incidencia diferenciada en el territorio. Es evidente que entre más nos demos cuenta de cuáles son las modalidades y las conductas concretas a través de las cuales manifestamos actitudes discriminatorias podremos empezar a revertirlas.

Al concluir la gestión de Ricardo Bucio el próximo tres de diciembre y en mi calidad de integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo me pregunto qué va a suceder con éste Consejo en la nueva administración federal.

Desde hace varios años he sostenido que los principales problemas sociales de México son la desigualdad, la discriminación, la pobreza y la exclusión. En este sexenio debemos agregar la creciente inseguridad por la integridad personal, la vida y la propiedad. Miles de personas han muerto o han perdido a sus familiares y como consecuencia, están siendo discriminadas y excluidas de sus comunidades, otras se encuentran desaparecidas, otras más han perdido sus trabajos, sus propiedades y sus actividades económicas, viéndose obligadas a desplazarse, otras han sido secuestradas, victimizadas y convertidas en victimarios contra su voluntad y las más, que viven en territorios dominados por el crimen organizado, se encuentran aterrorizadas, inmovilizadas y recluidas en sus hogares. Nuevos grupos de personas sujetas a discriminación están surgiendo de esta absurda guerra contra el crimen organizado: los desplazados, las viudas y huérfanos de los asesinados, los hijos y familias de las policías, los migrantes, los jóvenes en pobreza, las víctimas-victimarios, entre otros. La creciente intolerancia y la falta de solidaridad acompañan a esta obscura noche de nuestra historia; es así que a los déficits históricos en materia de maltrato y discriminación que debía enfrentar el CONAPRED se le agregan estas nuevas y en algunos casos inéditas situaciones de trato desigual en nuestro país.

Ahora bien, la reciente decisión del Congreso de aceptar la propuesta del presidente electo para resectorizar al CONAPRED a la Secretaría de Desarrollo Social genera incertidumbre. Por una parte, la experiencia hasta ahora de su sectorización en la Secretaría de Gobernación no ha reportado beneficios particulares a las funciones encomendadas a la institución. A pesar de ser esa Secretaría la que encabeza en el gobierno federal el ámbito del cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y el tratar de garantizar que toda la administración pública federal incluya el respeto de los mismos como parte inherente a su trabajo, en realidad su compromiso y sus logros al respecto han sido más que precarios, incluso cada vez menores. En ese contexto se ha ubicado el trabajo del CONAPRED.

Si bien en la propuesta de reforma a la administración pública de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación se vuelve más poderosa y al quedar como cabeza del gabinete podría impulsar la incorporación del enfoque de derechos humanos, también es de considerarse que queda al mando de los cuerpos de seguridad civiles. El riesgo de tener en el mismo ámbito administrativo estas dos encomiendas y dada la importancia de los temas de seguridad pública, es posible que la función de promover y proteger los derechos humanos quede subordinada a lo primero. Es previsible entonces que continúe desdibujándose la coordinación que debe ejercer la SEGOB en la incorporación del respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos en toda la administración pública federal.

El traslado del CONAPRED a la Secretaría de Desarrollo Social presenta un riesgo pero también posibilita una oportunidad. El riesgo es que continúe dominando la idea de que la SEDESOL es la secretaría encargada de la política de asistencia social del gobierno federal, centrada en los programas de combate a la pobreza y que la población pobre, siga siendo considerada como beneficiaria de programas de asistencia social y no como titular de derechos sociales. Bajo esa óptica, el riesgo de la inclusión en SEDESOL de las instancias de atención a la violencia contra las mujeres y a las responsables de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad y otros grupos sujetos a discriminación, es que estos grupos también sean considerados “vulnerables” y por lo tanto, potenciales beneficiarios de programas de asistencia social.

Si en cambio la SEDESOL pasa a ser considerada como  responsable de promover la ciudadanía social y por lo tanto, los derechos sociales universales y con ello contribuir a superar las condiciones de desigualdad, pobreza, exclusión y discriminación que agobian a amplios sectores de la población mexicana, la incorporación de CONAPRED en esta rama de la administración pública podría resultar positiva para el mejor cumplimiento de los fines de la institución.

Por mi experiencia personal en la administración pública el destino futuro del CONAPRED estará finalmente condicionado a la persona que quede a cargo de la SEDESOL y a la visión que esta tenga sobre el objetivo fundamental de la política social y del papel y la aportación que CONAPRED pueda hacer al logro de ese objetivo. Esperemos que sea una persona comprometida con los derechos humanos y con la construcción de ciudadanía como la opción para remontar los problemas sociales que nos agobian y con ello enfrentar la violencia estructural que vive el país.

En la incertidumbre siempre hay un espacio para la esperanza.