Reunión de Evaluación de la política de equidad de género en los ámbitos federal y estatal.

INMUJERES-COLEF

Gracias por la invitación al Colef y al Inmujeres. Me permite revisar el tema, lo cual me ocurre periódicamente y actualizarme en materia de políticas de género.

Centrada más en el análisis y la promoción de los DESCA y en el análisis de la construcción económica, social y cultural de la violencia social y de género en las ciudades, a partir del estudios sobre la Realidad Social de Juárez que hicimos desde Incide Social en colaboración con el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social de esa ciudad y que publicó la UACJ en 2007 y que ahora estamos utilizando como metodología para analizar lo que ocurre en otras cinco ciudades y actualizando la investigación de Juárez.

Generalmente me he dedicado a los diagnósticos sociales y al diseño y ejecución de programas, el campo de la evaluación de políticas públicas no es mi fuerte y mi comentario en esta reunión  plantea algunas dudas sobre la situación actual de las políticas de género en los gobiernos federal y estatales que refieren más a una evaluación más macro de sus efectos y efectividad.

Intereses prácticos e intereses estratégicos

Parto de reconocer que algunas tendencias en la evolución de diversos indicadores de avance en la condición de las mujeres y en la igualdad de género, traen una inercia derivada de intervenciones públicas que se han realizado a lo largos ya de varios años y que resultan de procesos, desarrollos institucionales e inversiones realizados en distintos momentos.

Con frecuencia la evolución de esos indicadores, se relacionan con avances generales de políticas sociales dirigidas a mejorar en el nivel de vida de la población y que permiten la ampliación de coberturas para incorporar poblaciones marginadas o previamente desprotegidas, entre las que su ubicaron por siglos las mujeres.

Atienden principalmente a los intereses prácticos de las mujeres que se relacionan a necesidades inmediatas vinculadas a las carencias o insuficiencias de servicios y bienes materiales básicos y que fueron el gatillo para desatar la participación de las mujeres en la vida pública; acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al crédito, a la tierra, al ingreso. En estas materias no existe conflicto y hay un reconocimiento amplio de los derechos de las mujeres. Persisten sin embargo, brechas entre hombres y mujeres en el acceso y los niveles de cobertura y protección  y la desigualdad entre mujeres de distintos estratos sociales y ubicaciones territoriales se convierte en un tema central  de preocupación.

Sin embargo, el centro de las preocupaciones actuales en materia de políticas de género se ubica en el campo de las necesidades estratégicas que refieren al reconocimiento y toma de conciencia de la posición de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad. Se trata de la transformación de las relaciones sociales de género y  la consecución  de libertad, igualdad real, construcción de autoestima y de empoderamiento. Son temas como:

Abolición de la división sexual del trabajo

Disminución de la carga doméstica

Eliminación de  la discriminación

Políticas de igualdad y libertad

Reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos

Medidas contra la violencia y el control masculino sobre las mujeres

Participación en las estructuras de toma de decisiones

En el campo de los intereses estratégicos los avances son más difíciles pues cuestionan las bases mismas de las relaciones de poder que sostienen a las sociedades androcéntricas. Son también las materias en las que existe mayor conflicto y tensión y en las que suelen ocurrir retrocesos como vimos en sociedades como Irán y Egipto, por ejemplo, particularmente cuando persisten estructuras de poder religioso arraigadas y muy presentes y las sociedades no se han secularizado suficientemente.

En materia de intereses estratégicos la evolución de los indicadores de avance no suele ser lineal y progresiva. Se pueden presentar rupturas en las tendencias, tanto en sentido positivo como negativo. Por ejemplo, debemos estar atentos a un posible retroceso en los índices de mortalidad materna ante las modificaciones en las constituciones de los estados respecto del derecho a la vida, las hemos observado anteriormente en materia de cobertura del uso de métodos de anticoncepción, ante la reducción de su acceso y disponibilidad en las instituciones de salud de algunos estados.

Es decir, si bien amplios sectores de las mujeres permanecen en condiciones graves de pobreza, estas condiciones también la padecen millones de varones y al avanzar en su superación, es posible que las mujeres también se beneficien.

No es así en las disputas por el poder político o por el control del cuerpo y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, o la eliminación de la violencia de género. Se trata de retos más complejos, enraizados en la cultura y que significan sesiones de espacios de control y poder.

Ubicando así desde mi personal óptica, el reto actual de las políticas de género, plantearía algunos interrogantes que podrían ser objeto de evaluación:

1.- ¿En qué medida estamos desarrollando y aplicando políticas gubernamentales de igualdad de género y no realmente políticas públicas? Es decir políticas que deriven del diálogo y la participación de mujeres y hombres en todo su ciclo de desarrollo; participación que tenga en cuenta la diversidad territorial y de situación social, étnica, religiosa. ¿Cuáles son y cómo funcionan los mecanismos de participación que permiten decir que efectivamente se están aplicando políticas públicas?

2.- ¿En que medida estamos impulsando políticas hacia las mujeres, más que políticas de igualdad de género donde se incida sobre los dos componentes de las relaciones asimétricas: hombres y mujeres? y cómo consecuencia de ello ¿tenemos evaluaciones de la forma en que los hombres están asumiendo y procesando los cambios  como para garantizar que a la vuelta del tiempo, no se retorne a las situaciones asimétricas de origen en las relaciones de poder?

3.- ¿Cuánto están las políticas de género incidiendo en las estructuras y el funcionamiento de las instituciones que fueron construidas bajo una lógica de asimetría del poder entre hombres y mujeres o de determinados roles de género? Por ejemplo, las reglas de funcionamiento del mundo del trabajo, de las instituciones que prestan servicios públicos, de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, de las instituciones del Estado: poder legislativo, poderes ejecutivos y judiciales (carrera judicial dedicatoria y disponibilidad absoluta) ¿Se tiene una reflexión y propuestas de modificación de la arquitectura institucional de los poderes del Estado con perspectiva de género?

4.- ¿Existe una estrategia consistente y mecanismos efectivos que articulen o alinien las intervenciones de distintas agencias gubernamentales y de los distintos niveles de gobierno bajo objetivos compartidos, generando sinergias? ¿O se trata de una miríada de intervenciones o programas llevados a cabo por muchas agencias, con muy pocos recursos, sin revisión de experiencias previas o de otros y por tanto, con poca efectividad e incluso, con riesgo de que se anulen entre sí o se dupliquen?

5.- ¿Cuántas personas en el territorio conocen efectivamente la posibilidad de acceder y los requisitos para hacerlo, a los distintos programas y servicios?¿Existen indicadores de accesibilidad, disponibilidad, calidad y asequibilidad de los servicios y la oferta que significan muchos de los programas?

6.- ¿Existen definiciones claras a partir de mediciones y proyecciones sobre las necesidades de ampliación de coberturas? Pienso por ejemplo, en servicios accesibles de atención psicológica, jurídica, económica, de refugio frente a la violencia de género; servicios de salud; estancias y guarderías; transporte especializado, etc.;

7.- Es frecuente que las políticas en materia de equidad de género se traduzcan en el desarrollo de leyes, normas y la creación de instituciones, y que el progreso en la igualdad de género se mida por el número de normas, leyes e instituciones que se han establecido y dictado ¿Antes de aprobarlas o de echarlas a andar se calcula su costo de implementación (personal, instalaciones, equipamiento, acuerdos de colaboración, etc,)?¿Se asegura que se hubiese llevado a cabo la revisión de experiencias previas nacionales o al nivel local o internacional como para tener mayor seguridad de que la política o programa adoptado tiene mayores posibilidades de éxito respecto del objetivo deseado?

8.- En el mismo sentido ¿Las evaluaciones que se realizan de programas públicos por ejemplo, revisan en qué medida la construcción de los mismos tomó en cuenta lecciones aprendidas de otros programas o políticas similares, o experiencias del sector social o privado como para reducir la extensión y el costo de la curva de aprendizaje? Con frecuencia las agencias y los nuevos funcionarios repiten intervenciones sin consultar esas experiencias y caen o repiten errores e incurren en costos.

9.- ¿Se han cancelado programas cuando las evaluaciones hacen evidente que no cumple con los propósitos que se fijo, o está muy mal montado u operado, o genera efectos secundarios no esperados e inconvenientes? ¿Hay efectos vinculatorios de las evaluaciones para los ejecutores de los programas?

10.- ¿Se cuenta con metodologías de evaluación que nos permitan efectivamente saber si los miles de cursos y talleres de sensibilización en materia de género que se dan a los servidores públicos, provocan algún cambio en sus conductas o ya hay metodologías de sensibilización con mayor seguridad de impacto?

11.- ¿Existen en alguna parte montados mecanismos que vayan haciendo prospectiva en materia de relaciones de género y de las nuevas problemáticas emergentes ante los cambios sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales que se están dando? Por ejemplo: efectos diferenciados de catástrofes naturales y humanas; cambios en las cargas familiares por el envejecimiento poblacional; modificaciones en  las estructuras de solidaridad familiar y reproducción y crianza ante la movilidad territorial en aumento de miembros de las familias. Ello como para ir haciendo prevención y mitigar la profundización de asimetrías, el aumento de las cargas de trabajo y las responsabilidades de las mujeres.

12.- ¿Se han aplicado evaluaciones del efecto que tiene la narcocultura y la creciente violencia social en las libertades y los derechos de las mujeres y en las asimetrías de géneros, más allá del reconocimiento de su condición de víctimas directas de la violencia?