Desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado varias organizaciones de ciudadanos y ciudadanas independientes, acompañadas por intelectuales desilusionados de su militancia en diversos partidos decidieron iniciar una lucha por la democracia en el país. El llamado fraude patriótico en Chihuahua y los resultados de los procesos electorales en San Luis Potosí donde participó el Dr. Salvador Nava, así como de la muy cuestionada elección presidencial de 1988, dejaron clara la necesidad de rescatar la organización de las elecciones de manos de los gobiernos.

Lo que se ha llamado la democracia electoral se consideraba como un paso necesario para alcanzar una democracia participativa en donde la diversidad social estuviera adecuadamente representada en las estructuras del poder y se colocara el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales y corporativos.

La década de los ochenta fue una década pérdida para el desarrollo del país y marcó el cambio hacia un proyecto económico neoliberal que afectó profundamente el bienestar de la población y cambió de manera autoritaria y sin una propuesta alternativa esperanzadora, el proyecto de país que se venía construyendo desde mediados del siglo XX.

En este contexto se inicia una amplia participación de una incipiente sociedad civil organizada con miras en un principio a evitar la repetición de los fraudes electorales, posteriormente a realizar una reforma profunda de la institucionalidad electoral, para finalmente conducir a procesos electorales equitativos donde los votos de los ciudadanas “contaran y se contaran bien”. Era en el fondo una lucha por rescatar los derechos políticos de la población mexicana.

Se puede formular así una periodización de la participación ciudadana en la consecución de una democracia electoral o de procesos electorales confiables, transparentes, equitativos, pacíficos y certeros al nivel federal. La primera etapa buscó atacar los ámbitos e instrumentos de la organización de elecciones respecto de los cuales existía mayor desconfianza de la población: la calidad del padrón electoral y de la jornada electoral. La segunda etapa se centró en apoyar y promover la ciudadanización de las instituciones responsables de organizar las elecciones y ampliar la participación de ciudadanos independientes en la organización y realización de las mismas. La tercera etapa tiene tres componentes, por una parte defender los avances logrados y evitar retrocesos, ampliar los ámbitos de la observación ciudadana al desempeño y participación de los distintos actores involucrados y procurar reducir el costo de las elecciones.

La primera etapa inicia con grupos de ciudadanos que sin mayores instrumentos y metodología deciden observar la jornada electoral desde fuera de las casillas para denunciar acarreo de votantes, llenado y robo de urnas, propaganda de los partidos el día de las elecciones, condicionamiento de programas sociales, etc. Se realiza con la participación de organizaciones con agendas diversas pero interesadas en lograr un cambio. Es animada por el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) que se constituye en una red de organizaciones con un fuerte contenido de activistas provenientes de organizaciones eclesiales de base en todo el territorio nacional. Los observadores del MCD acuden de distintas zonas del país a observar las elecciones estatales e incluso logran convocar a observadores s de otros países. Se inicia asimismo un esfuerzo por revisar y cuestionar públicamente la calidad de la lista de electores y los medios de comprobación para votar.

En la segunda etapa, se introducen a partir de la experiencia acumulada elementos de profesionalización de los procesos de observación electoral y se logra una gran coalición de organizaciones, académicos, y líderes de opinión que conforman Alianza Cívica en 1994. Constituida originalmente por acuerdo de siete organizaciones que contribuyen con activistas distribuidos en todo el territorio, recursos tecnológicos importantes, expertos e intelectuales de la política y voceros en los medios de comunicación, Alianza Cívica logra llevar a cabo un amplio ejercicio de observación en las elecciones federales de ese año. Esta incluyó la revisión y cuestionamiento del padrón electoral, la observación de acciones de compra y coacción y el uso de recursos públicos en apoyo a candidatos, la observación de la jornada electoral con instrumentos de captación homogéneos que después permitieron contabilizar las anomalías observadas, así como un conteo rápido y la participación de observadores internacionales en todo el país.

Surgieron entonces otras organizaciones de observadores de carácter nacional como las animadas por la COPARMEX, el SNTE y la ANCIFEM esencialmente abocadas a vigilar la jornada electoral.

Como resultado de la amplia movilización ciudadana del 1994 y del interés de algunos funcionarios públicos se realizan en ese periodo varias acciones que otorgan confianza en el padrón electoral y consolidan el uso de una credencial para votar con diversos dispositivos de seguridad, se establecen mecanismos de participación de los partidos políticos en la organización de las elecciones y lo más importante, se realiza una reforma electoral que sustrae del control del Gobierno Federal la organización de las elecciones y la confía a concejos electorales ciudadanos, a saber: el general, 32 consejos locales y 300 consejos distritales.

La nueva estructura de los consejos electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) se convierte en el pilar de la participación ciudadana en la organización de las elecciones y permite ir difundiendo y mejorando la capacidad de los ciudadanos no partidistas para hacerse cargo de la organización de los procesos electorales.

Los procesos electorales del 2003, 2006 y del 2009 llevaron a las organizaciones de observadores a ampliar las materias objeto de su trabajo ante la evidencia de una creciente captura de las instituciones electorales por los partidos políticos y las distorsiones a la competencia electoral introducida por la poderosa presencia del duopolio de los medios de comunicación electrónica.

Por la preocupación derivada de la composición fuertemente partidista del Consejo General del IFE en 2003, un grupo de organizaciones, académicos y expertos electorales constituyeron una red de observación denominada Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE). Esta red amplió los campos de observación ciudadana e incluyó en el 2006 el seguimiento y análisis de los procesos de selección y capacitación de funcionarios de casilla, la metodología del conteo rápido, la intervención de diversos actores en las campañas políticas y el recuento de votos realizado por el Poder Judicial ante el conflicto derivado de los resultados de la elección presidencial. En el 2009, nuevamente dio seguimiento a la selección y capacitación de funcionarios de casilla, al montaje de la red de monitoreo de medios del IFE y evaluó el apego a los Principios de Brandemburgo de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial y del propio Consejo General de IFE.

En ambos procesos se llevó a cabo un proyecto denominado Congreso con Rostro cuyo propósito es observar la calidad democrática de los métodos de selección de candidatos seguida por los partidos políticos, así como poner a disposición de los ciudadanos información curricular de los candidatos a diputaciones de mayoría con el fin de que los electores pudieran realizar un voto informado y razonado. La idea subyacente es obligar a los partidos a explicar cómo y por qué eligen a sus candidatos y a dar a la ciudadanía información sobre ellos.

Como resultado de sus trabajos el CCOE aportó en el 2006 una propuesta de reforma electoral centrada en la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, que fue tomada en cuenta para la reforma electoral del 2007.

Para el proceso electoral en curso el CCOE ha considerado necesario centrar su observación en una evaluación objetiva del apego de los partidos políticos a la legalidad y de la calidad democrática de su cultura y prácticas. Al tener estos por ley el monopolio de la representación ciudadana resulta fundamental hacer una evaluación del acceso de los ciudadanos a los partidos políticos, del respeto a los derechos de sus militantes, del grado de transparencia en el manejo de sus recursos y de la congruencia entre sus documentos básicos y sus campañas políticas. La mira es derivar en nuevas disposiciones en el COFIPE o proponer una Ley de Partidos Políticos que los obligue a rendir cuentas, apegarse a la legalidad y a respetar los derechos políticos de los ciudadanos y de sus militantes.

Este recuento de algunas experiencias de observación de elecciones sólo toca de manera muy escueta y superficial los muy diversos espacios que tienen los ciudadanos para contribuir al desarrollo de elecciones confiables y evitar retrocesos indeseables. La masa de ciudadanos expertos en procesos electorales se ha ido ampliando y ese sólo hecho es una buena noticia.