Noticiero IMER.

Uno de los mayores placeres de muchos de las y los viejos servidores públicos era ver cómo lograban hacer realidad una nueva institución, un servicio, un sistema de información, una obra o cualquier otro mecanismo gubernamental que contribuyera a mejorar el bienestar de la población.

Había un claro sentido del servicio público: aportar al desarrollo del país para avanzar hacia una mayor justicia social. Existía un orgullo de trabajar en el gobierno, ya sea como maestro, enfermera, profesionista o empleado de oficina.  El gobierno se constituía en una opción para servir, no para servirse.

Se tenía entonces la oportunidad de construir capacidades públicas para ir respondiendo tanto a las viejas como a las nuevas necesidades de una creciente población, así como de una complejidad cada vez mayor del país y del mundo.

Programas y políticas iban y venían, pero las instituciones, las obras públicas, los servicios de salud o de educación, los archivos y sistemas de información quedarían al servicio de futuras generaciones y se irían ampliando y perfeccionando.

Constituía entonces un orgullo decir que se había estudiado en una escuela pública. Las personas buscaban acceder a los buenos servicios de salud del seguro social.

Los puestos de dirección de las instituciones públicas eran ocupados por personas profesionistas expertas en las respectivas materias: ingenieros civiles o hidráulicos; médicos, profesoras, economistas, abogados e intelectuales reconocidos. La UNAM formaba a los profesionistas necesarios para el desarrollo del país.

Nunca nos imaginamos que vendría una etapa, iniciada en los años ochenta del siglo pasado, donde el afán gubernamental se orientó a reducir la calidad de los servicios públicos, asignándoles presupuestos cada vez más raquíticos, mal pagando y maltratando al personal y propiciando su privatización; asimismo, reduciendo la inversión pública necesaria para el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura productiva, social y cultural del país  o propiciando que empresas nacionales industriales y financieras fueran vendidas a inversionistas extranjeros.

El servicio público se fue desprestigiando y perdiendo dignidad. Los salarios de los profesores, los policías y de los burócratas en general, se fueron deteriorando al igual que los salarios del resto de la población.

Pero muchos guardamos la esperanza y por ello luchamos, de que con el tránsito a “la democracia” los servicios públicos volverían a recuperar su importante papel para el bienestar de la población. Por el contrario, los puestos en la administración pública se volvieron botín de los partidos políticos: legisladores salientes se convertían en delegados de desarrollo social, políticos y empresarios sin experiencia de gestión pública, eran designados como directivos de las instituciones y entidades gubernamentales.

La corrupción floreció al aceptar posiciones públicas para las que no se tenía preparación y al considerar éstas como espacios para utilizar los recursos en beneficio personal o político.

Ahora bien, ¿a qué viene esta reflexión? Me explico.

México ocupa uno de los primeros cinco lugares de los países megadiversos del mundo. En la secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) acaba de ser designada una persona sin experiencia ni antecedente alguno en relación con sistemas de generación y gestión del conocimiento sobre biodiversidad.

Ante lo sucedido, lamentablemente para el país, el Dr. José Sarukhán, prominente científico y servidor público, decidió retirarse de la Coordinación de esa Comisión después de haberla creado y cuidado durante 30 años.

CONABIO es una institución ejemplar, reconocida a nivel mundial: “ha generado un invaluable acervo de información científica sobre la biodiversidad mexicana y desarrollado un conjunto de herramientas de acceso público, que permiten conocer, proteger y manejar sustentablemente el patrimonio natural de México” (CeiBA).

Me pregunto si no incurre en corrupción quien acepta una función directiva en una institución pública tan especializada como la CONABIO para la que no está preparado, no cuenta con experiencia y con ello, pone en riesgo una riqueza nacional en información y conocimiento desarrollados y conservados por servidores públicos tan comprometidos como el Dr. Sarukhán.

Sólo es una pregunta.