En México el miedo es posiblemente una de las emociones más compartidas y presentes entre la población. A la percepción de peligros que derivan del hecho de estar vivo, donde los riesgos surgen de causas naturales o generadas por acciones humanas involuntarias, se suman aquellas llevadas a cabo con toda intencionalidad con miras a ejercer el poder sobre otras personas, para subordinarlas, explotarlas y conculcarles sus libertades.
Algunas razones que conducen a las personas a vivir con miedo es el riesgo de perder algo que se logró o se obtuvo y de lo que depende su bienestar. Me refiero al temor de perder el trabajo y caer en la pobreza, a perder las cosechas por eventos climáticos, a fracasar en una empresa, perder patrimonio por cambios en la economía, a enfermar, por ejemplo. Esos miedos son parte natural de la vida.
Sin embargo, una forma de ejercer el poder sobre otras personas consiste en infundirles miedo, generarles inseguridad, incertidumbre y a partir de ello, obtener beneficios de ellas, explotarlas, someterlas. Tres formas de hacerlo son las siguientes:
Amenazar e infundir terror- La delincuencia organizada en México avanza cada día en el territorio nacional a través de acosar e infundir miedo a personas de todo nivel: aquellas que reciben pensiones, las que viven de sembrar y producir alimentos, los comerciantes y empresarios medianos y grandes, los comunicadores y especialmente a las autoridades.
Los recientes acontecimientos en varias ciudades de Baja California, en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y en Ciudad Juárez, donde quemaron autobuses de pasajeros, vehículos particulares y tiendas de conveniencia e incluso, mataron a civiles, de acuerdo a algunos opiniones, parecerían querer enviar un mensaje al gobierno de México para que no acepte, con el de Estados Unidos, convenios de extradición de grandes capos de las mafias del narcotráfico y de la trata de personas o continúe con decomisos de drogas. Según expertos en la materia, de ser ese el caso, de acuerdo a diversas definiciones y al artículo 139 del Código Penal Federal, estaríamos hablando de terrorismo.
Ahora bien, una segunda modalidad como el cobro de piso incluso a vendedores ambulantes, el financiamiento a pequeños productores de alimentos obligándolos a que entreguen sus productos para que sean las bandas que los comercialicen, o el crédito “gota a gota”. Son sólo algunas de las innumerables formas que ha encontrado la delincuencia organizada para obligar a la población a trabajar para ellos. Significan una creciente penetración de las bandas criminales en el corazón de las actividades económicas del país.
Como resultado de este tipo de acciones que se expanden en todo el territorio, las poblaciones están abandonando sus comunidades. Hay un crecimiento notable de población desplazada, cerca de 30,000 personas en 2021 (CMDPDH), fenómeno que hasta hace 15 años era desconocido en México. También se estima que un 40% de los migrantes que llegan a Estados Unidos son mexicanos desplazados por la inseguridad y el miedo. Nuevamente, como dice Tonatiuh Guillén la migración se desbordó.
Se trata de una creciente normalización de la violencia, del nivel de victimización que hemos alcanzado; evidencias de la impotencia, el cansancio, y de la pérdida de esperanza de que la situación cambie.
Pero en México existe una tercera forma de ejercer y conservar el poder infundiendo miedo. Desde hace muchos años, los gobiernos y los partidos políticos utilizan los programas sociales consistentes en entregas de dinero, así como las dádivas en las campañas, para obligar a aquellos que las reciben a ejercer el voto en su favor. Se conoce como “compra y coacción del voto”. A pesar de todas las reformas a las leyes electorales que hemos tenido en las últimas décadas, esta forma de conculcar la libertad del voto no ha podido frenarse.
En este caso, la población tiene miedo de perder los recursos que recibe de los programas sociales o durante las campañas políticas y está dispuesta a ejercer su voto en favor de aquéllos que le garantizan seguir recibiendo esos beneficios. Es una forma de corromper la democracia representativa pues las personas no eligen con libertad quién las representará.
En el Gobierno de Vicente Fox se intentó llevar a cabo un “blindaje de los programas sociales” como “Oportunidades” obligando a que fueran estos fueran transparentes, se publicaran y difundiera de manera accesible las reglas para acceder a ellos, así como los padrones de beneficiarios.
En la actualidad, con una política social ejercida a partir de programas de entregas de dinero a la población y la carencia total de información de cómo operan y quienes las reciben, las personas y las familias viven con un gran miedo de perderlas.
Una acción más que contribuye a vivir con miedo y aceptar sujetarse al poder de otros.