Requisitos mínimos para una política de prevención social de las violencias y del delito

Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia:

hacia una política de Estado centrada en los Derechos Humanos.

 

 

 

Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la invitación para participar en esta segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

Se nos ha pedido comentar sobre la importancia de las políticas de prevención social y comunitaria para promover y proteger derechos relacionados con la seguridad ciudadana, sobre las características de esas políticas, o sobre casos de éxito o lecciones aprendidas en la aplicación de políticas de prevención social y comunitaria.

Después de haber realizado un esfuerzo importante desde INCIDE Social A.C. durante al menos 20 años, para que gobiernos de los tres órdenes comprendieran y adoptaran políticas gubernamentales para la prevención social de las violencias, aprovecharía esta oportunidad para hacer una reflexión sobre las lecciones aprendidas frente a un intento fracasado para lograr ese propósito.

Una aclaración que me parece necesario formular consiste establecer una diferencia entre una política o un programa de prevención social y comunitaria de las violencias diseñado y operado por el Estado que puede contar o no con apoyo de actores no estatales, respecto de un programa de prevención social y comunitaria donde quienes operan son los actores no estatales o las organizaciones comunitarias y civiles y el Estado financia sus proyectos. Es decir, considero que hay una gran diferencia entre una política gubernamental o pública diseñada y ejecutada por el Estado, respecto de modelos o experiencias de intervención concretas de actores no estatales. La primera tiene escala en todo el territorio nacional o en territorios seleccionados y las segundas sólo pueden reproducirse en la medida en que el actor no estatal o la organización civil cuente con los medios, los recursos humanos y de dirección necesarios y sostenibles en el tiempo.

El trabajo de INCIDE Social A.C. ha estado orientado a tratar de incidir en el desarrollo de políticas públicas para la prevención social de las violencias.

Como antecedente mencionaré muy brevemente algunas de las acciones que emprendimos en primer lugar desde el Gobierno del Distrito Federal entre 1998 al 2000, las que llevamos a cabo en segundo lugar, en apoyo a la construcción de una política de prevención social en Ciudad Juárez entre 2003 al 2010, en tercer lugar los trabajos para sustentar mediante investigaciones diagnósticas, programas de prevención en cuatro áreas metropolitanas y varios municipios y finalmente, en cuarto lugar, la formulación de un manual para evaluar proyectos de desarrollo inmobiliario con criterios de seguridad ciudadana.

En el Gobierno de la ahora Ciudad de México desarrollamos un programa denominado Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) que consistió en recuperar cerca de trescientos espacios públicos entre centros de desarrollo social, casas de cultura y centros deportivos con el propósito de ofrecer a la diversidad de vecinos de las comunidades circundantes actividades y talleres en tres vertientes principales: salud mental comunitaria, arte y cultura y deporte y recreación. Los objetivos para seleccionar y desarrollar las actividades y talleres consistían en: a) permitir un uso constructivo del tiempo libre particularmente de la infancia y las juventudes, dada la cortedad de los horarios escolares y las actividades de trabajo de los padres; b) construir ciudadanía mediante actividades concretas que permitieran desarrollar valores de respeto, convivencia, solidaridad, confianza, aprendizaje de límites y aceptación de reglas; c) construir comunidad y tejido social mediante la convivencia, el desarrollo de proyectos colaborativos y de redes de protección en la comunidad circundante y d) detectar con oportunidad condiciones personales de salud mental que de no ser atendidas en sus expresiones primarias podían poner en peligro la vida o integridad  de la persona  o de otros.

El SECOI se puso en práctica después de un proceso de negociación con las autoridades de las Delegaciones quienes tenían el control de los espacios públicos mencionados. Estos fueron actualizados y equipados con ludotecas, talleres de estimulación temprana, libroclubs, talleres de ciencias y de artes, entre otros; se capacitaron 1500 promotores en 17 modelos de intervención, además de 1500 educadoras para la salud: También se concertaron actividades con algunos actores no estatales que cumplían con el diseño del programa como los del Teatro del Pueblo.

SECOI tuvo una vida de año y medio. Al entrar en 2000 el nuevo gobierno de la Ciudad se canceló. No se le dio el tiempo suficiente de vida como para probar sus bondades o sus fallas.

En 2003, ya como una organización civil que pretende hacer incidencia en políticas públicas, iniciamos en Ciudad Juárez un ciclo de investigaciones diagnósticas para tratar de conocer las causas de las violencias, particularmente agudas en determinadas ciudades y municipios. El propósito era poner en evidencia la necesidad de programas de prevención social de las violencias para enfrenten con anticipación la evolución de los procesos que conducen a éstas.

La contribución que pretendió hacer INCIDE Social en esa etapa fue la de elevar el interés público y político por la adopción de medidas de prevención social y no sólo de seguridad pública policial o militar. Algún efecto tuvimos en la  inclusión de una política y de programas de prevención social a finales del gobierno de Felipe Calderón y posiblemente incluso con el propósito inicial, posteriormente cancelado, del Gobierno actual, de poner en práctica un Programa de Prevención Social de las Violencias.

También desarrollamos un manual que permite verificar si los proyectos de desarrollo inmobiliario tienen previsiones para elevar la seguridad de sus ocupantes o usuarios. Ello en razón de que encontramos en las investigaciones diagnósticas que una causa que contribuye a las violencias es el crecimiento y la caótica urbanización que hemos experimentado particularmente en los últimos 25 años, a partir de que se modificó el artículo 27 constitucional y se liberó el mercado de tierras.

¿Qué lecciones aprendimos después de poco más de 15 años de buscar colocar la prevención social de las violencias en la mira de las políticas públicas de seguridad ciudadana?

  1. Persiste una falta de acuerdo sobre qué debería entenderse por programas de prevención social de las violencias, además de una desafortunada competencia entre los funcionarios responsables de promoverla y en su caso, ejecutarla. A esto contribuimos también las propias organizaciones civiles al competir por los recursos destinados a proyectos de las organizaciones.
  2. La equívoca decisión de considerar que la prevención social de las violencias es parte de la seguridad pública y por tanto debe estar a cargo de las agencias de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Estas no la entienden y no saben cómo llevarla a cabo. Desde mi óptica se requiere articular intervenciones de las secretarías sociales como salud, educación, desarrollo urbano y vivienda e incluso de desarrollo económico. Es un error que la Subsecretaría encargada de la prevención social de las violencias sea parte de la Secretaría de Gobernación y que sean las áreas de seguridad de los municipios y de los estados las que manejen los programas y los recursos de prevención social.
  3. Hay una dependencia total de acciones y proyectos realizados por organizaciones civiles y comunitarias sin que exista una estructura propia de los gobiernos municipales, estatales y federal. Se hace lo que se llama acupuntura social sin que esta tenga efecto en todo el cuerpo social, ni alcance la escala de una política pública. La simulación y la discrecionalidad, en un ambiente de corrupción e impunidad, conlleva a un enorme desvío de los recursos destinados a la prevención social.
  4. La suposición de que con intervenciones de prevención terciaria o de mitigación,el grave problema de violencia y la crisis humanitaria que vive el país se van a revertir o dejarán de crecer. Las acciones se concentran en territorios afectados por las violencias o en grupos como son: las víctimas, las personas con adicciones, las pandillas juveniles, la población en reclusorios.
  5. La enorme dificultad para mantener el tiempo necesario los programas y acciones de prevención social de las violencias para empezar a dar resultados en el desarrollo de resiliencia personal y comunitaria, en la recuperación del tejido social y de la confianza, en la creación de una cultura de paz y el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, en la construcción de autoconfianza y el desarrollo de proyectos de vida entre los y las jóvenes, por ejemplo.
  6. Los constantes cambios de gobierno, la destrucción de programas iniciados por gobiernos previos, la ausencia de presupuestos multianuales y la exigencia de cumplir con metas e indicadores programáticos ajenos a las complejas realidades en las que actúan los programas de prevención, anulan toda la posibilidad de permanecer el suficiente tiempo para dar resultados. Esto genera la sensación entre muchos funcionarios de que estos programas son una pérdida de dinero y tiempo pues los resultados no se reflejan en los índices de criminalidad.
  7. Personalmente la principal lección aprendida es que la destrucción del Estado mexicano, la pérdida de estatalidad, que ya lleva por lo menos 35 años, impide o al menos dificulta, el diseño y puesta en práctica de una política pública de prevención social que efectivamente sea llevada a cabo con presupuesto y con personal de gobierno y con la escala social suficiente para atender a la población en general (prevención primaria), así como a las comunidades y a la población que están en riesgo (prevención secundaria) y a la que ya está siendo afectada por las violencias (prevención terciaria)

Por lo anterior, para diseñar y poner en práctica una política de prevención social y comunitaria de las violencias sería necesario:

  1. Que las agencias que participen se pongan de acuerdo en qué se entenderá por prevención social de las violencias y que clarifiquen cuáles serán sus contribuciones y compromisos.
  2. Que la coordinación del programa se ubique en una Secretaría de Desarrollo Social renovada que amplié sus miras y salga de ser una secretaría antipobreza.
  3. Que se defina un programa a por lo menos 20 años cuyo cumplimiento sea obligatorio para todas las agencias estatales que participen y para el cual se prevean mecanismos de ajuste y actualización frente a los cambios que ocurran.
  4. Que este programa y los que de él deriven al nivel de territorios, sean protegidos por ley de modo que al cambio de gobiernos estos se vean obligados a mantener los programas, excepto que demuestren que es necesario hacer cambios.
  5. Que se garantice la disponibilidad de recursos en el tiempo para las acciones clave del Programa: formación y contratación de promotores, desarrollo y adecuación de modelos de intervención, participación y contraloría ciudadana, entre otros.
  6. Que se pongan en práctica metodologías de evaluación de resultados pertinentes a la naturaleza de un programa de prevención con resultados a largo plazo y que se apliquen de manera que puedan aportar para la corrección de rumbos y la superación de errores.
  7. Que el programa sea diseñado y ejecutado por administradores públicos con conocimiento en la materia y se eliminen los tramos de discrecionalidad que facilitan la corrupción.

Finalmente, estoy personalmente convencida de la importancia de una articulación positiva entre los programas de prevención social y comunitaria de las violencias con los programas de seguridad pública. Los primeros no sustituyen a los segundos. Incluso habrá territorios donde no se podrán realizar acciones de prevención si no existe un programa de seguridad pública que proteja y de cobertura a las acciones de prevención.