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Presentación de la revista Coyuntura Demográfica

 

Agradezco a Silvia Giorguli la invitación y la oportunidad para participar en la presentación del segundo número de la revista digital Coyuntura Demográfica, un esfuerzo entendería yo de la Sociedad Mexicana de Demografía.

Desearía iniciar este comentario felicitando la iniciativa pues me parece que hace un aporte fundamental a la divulgación de temas centrales de los estudios demográficos. Su formato consistente en textos breves de cinco cuartillas incluyendo figuras relevantes y bibliografía, permite a las personas interesadas aunque no especializadas, una actualización rápida de cuáles son las preocupaciones e intereses actuales de los expertos académicos en el campo de los estudios de población y cuáles son los principales cambios y tendencias de la estructura y dinámica poblacional.

Se trata de 18 artículos que de manera sintética y clara dan cuenta de los hallazgos más relevantes en temas fundamentales de los estudios de población como es la evolución reciente de ésta a partir de la conciliación de las cifras censales de Virgilio Partida, los cambios en las tendencias y volúmenes de la migración de René Zenteno o la evolución de las tasas de fecundidad y de la mortalidad materna de Rosario Cárdenas. Incluyen también los resultados de la exploración de nuevos campos de trabajo de la demografía como es el artículo de Landy Sánchez sobre el consumo energético de los hogares en México o la visión demográfica de los feminicidios de Carlos Echarri y como suele ocurrir en esta disciplina, no falta un tercer grupo de artículos que revisan la calidad de los sistemas de producción de información para estudiar ciertos fenómenos como son el de Ruvalcaba y Schteingart por cuanto al análisis de la vivienda y la estratificación urbana, el de Manuel Angel Castillo en relación a la información sobre extranjeros, el de Sonia Fernández sobre las estadísticas vitales y el relativo a la evaluación de las declaraciones de edad en censos y conteos, formulado por Alejandro Mina. No cabe duda que el aprovechamiento intenso y creciente de la información demográfica producida en México retroalimenta de manera poco equiparable con otras disciplinas a los productores de información y un compromiso permanente de los investigadores en población ha sido examinar con gran detalles los conceptos, los datos y los métodos de captación para señalar las bondades y los riesgos cuando se usa una u otra fuente. Ello aporta a le mejora sostenida de la producción de información demográfica en el país.

La Revista trajo a mi memoria dos importantes esfuerzos que conducidos por Raúl Benitez Zenteno realizaba la comunidad académica de demógrafos. El primero consistía en la realización de una serie de monografías censales una vez que se daban a conocer los resultados de los Censos de Población. Raúl convocaba no sólo a los demógrafos sino también a economistas, antropólogos y sociólogos cercanos a la comunidad de estudios de población para que con base en tabulaciones especiales del Censo que producía el propio INEGI, se pudiesen efectuar estudios a mayor profundidad de los distintos campos incluidos en los cuestionarios censales. Se trataba entonces de aprovechar la evolución que habían tenido los sistemas de cómputo para realizar cruces más sofisticados de los datos y explotar las que fueron las primeras muestras extraídas de la enorme base de datos censales. Se buscaba también motivar a los expertos facilitándoles el manejo de la información, para que realizaran una lectura más compleja de la información censal, como plataforma para las investigaciones de la siguiente década. Seguramente algunos de mis amigos y amigas ahora maestros e investigadores eméritos recordarán mejor que yo cuántos de estos ejercicios se hicieron. Entonces todavía no había las facilidades que existen ahora para manejar bases de microdatos y se requería de un esfuerzo colectivo y concertado con el INEGI para efectuar la tarea.

El otro proyecto también encabezado por el maestro Raúl Benítez Zenteno durante 16 años, consistió en la elaboración de una revista anual denominada Demos en donde nuevamente se convocaba a expertos en temas de población para que en artículos muy breves pudieran contarle al público interesado lo qué estaba ocurriendo en materia demográfica. Mi recuerdo personal en dos o tres números en que fui invitada a colaborar, eran las fantásticas reuniones de preparación y discusión de los materiales a ser publicados. Raúl se las ingeniaba para reunirnos en algún lugar fuera de la Ciudad de México en donde además de conversar sobre los materiales, convivíamos y forjábamos una amistad que perdura hasta la fecha. Benítez Zenteno fue un hombre con un fuerte compromiso social, que además de trabajo intelectual, generaba comunidad y afectos.

Cuando recibí los materiales impresos que me envió Silvia de la revista que hoy se presenta, primero me asusté por el volumen pero en la medida que fui revisando los materiales sentí una enorme alegría por dos razones. La primera porque encontré la iniciativa como muy cercana a las dos promociones que les relaté: se trata de artículos breves, realizados por expertos, utilizando en la mayoría de los casos los datos del Censo de Población del 2010. En segundo lugar porque a medida que leía los artículos iba encontrando respuestas claras a una serie de inquietudes que venía yo acumulando sobre los cambios en la dinámica y estructura de la población en México derivadas del gusanito que sembraron en mi Victor Urquidi, Raúl Benitez, Gustavo Cabrera, Pepe Morelos y muchos otros amigos y amigas demógrafos de El Colegio de México y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Además como parte de mi quehacer ha sido la promoción de investigación para la toma de decisiones y la incidencia en políticas públicas fuera de la comunidad académica formal y más en el activismo cívico, por la dificultad que entraña hacer un seguimiento puntual de la literatura especializada, se me habían ido acumulando dudas en dos sentidos. Uno en relación con la forma en que estaban evolucionando las variables demográficas fundamentales y otro sobre las oportunidades que los censos, las nuevas y diversas encuestas y la sistematización de registros administrativos apoyadas por la maravillosa evolución de la informática, estaban abriendo para explotar bases de microdatos y resolver dudas y definir magnitudes de fenómenos sociales que sabíamos ocurrían pero que por su complejidad y la dificultad para aprenderlos, resultaba muy difícil conocer su magnitud y sus características.

Cito a continuación algunas de esas dudas en donde la lectura de la revista me fue iluminando de manera sintética y concreta.

Una primera interrogante tenía que ver con la calidad y confiabilidad del Censo de Población del 2010. Entre aquellos que seguimos o estudiamos los Censos de la segunda mitad del siglo XX había una especie de convencimiento: a un censo bueno seguía un censo malo y cada vez que venían los preparativos de un nuevo censo de población había que sentarse a discutir con los encargados de llevarlo a cabo, cuando así lo permitían, a fin de evitar que hicieran grandes cambios en los temas captados y promover que introdujeran nuevos temas relevantes. El artículo de Virgilio Partida deja muy claro que la cobertura del censo de 2010 fue muy buena, 99.5% de la población y que los subregistros siguen estando en la infancia menor de tres años y en los varones de ciertas edades, que además la sorprendente cifra de población del Censo para algunos, sireflejaba una realidad a partir de las conciliaciones interesales efectuadas por la Sociedad Mexicana de Demografía.

En los últimos años y así se registra también en la revista, el tema migratorio ha ido adquiriendo mayor relevancia; mi duda en esta materia radicaba en saber qué estaba ocurriendo con los saldos migratorios con Estados Unidos. Todavía hasta el 2006, 2007 estábamos con cifras de un saldo de más de medio millón de mexicanos que se quedaban en Estados Unidos. El fenómeno debió dar un vuelco espectacular con la crisis del 2008 y en el artículo de René Zenteno encontramos la respuesta puntual: hay actualmente un saldo migratorio nulo por la crisis y el consecuente retorno de más de un millón de mexicanos en la administración Obama, acelerado este por la caída de la industria de la construcción y las políticas antimigratorias impulsadas por varios gobiernos estatales de Estados Unidos. Ese retorno ha sido muy doloroso para muchas familias por las separaciones a que ha dado lugar y por el impacto en niños y jóvenes que nacieron y se criaron en Estados Unidos y que llegan a un contexto social y cultural que les es ajeno.

Los artículos de Claudia Masferrer, el de Lozano y Gandini y el de Riosmena y González son buenos ejemplos de las mayores oportunidades disponibles actualmente en materia de bases de información para poder profundizar en la naturaleza y la especificidad del fenómeno migratorio como es la migración calificada o el grado de protección social que tienen los adultos mayores que retornan.

Un tema que me ha preocupado es el posible efecto en la tasa de fecundidad y en la mortalidad materna derivado de la política conservadora en materia de población que hemos sufrido en los doce años de gobiernos panistas. Rosario Cárdenas en su contribución a la Revista nos sintetiza y corrobora algo que era de esperar: el enlentecimiento de la disminución de la tasa de fecundidad, el aumento del embarazo en edades jóvenes y pocos cambios en la tasa de mortalidad materna que continúa resultando muy elevada comparativamente con otros países de desarrollo semejante al nuestro. Esperemos que el conservadurismo económico previsible en el próximo gobierno priista no se vea acompañado del conservadurismo moral que contagió a varios de sus legisladores en los Estados en relación con la legislación sobre el inicio de la vida.

Un artículo que me produjo un enorme gusto es el de Cecilia Rabell y Edith Gutiérrez pues por alguna razón derivado de mi participación en algunas de las reuniones de consulta para el Censo de Población del 2010 me quedé con la idea de que aún la precaria posibilidad que daban los Censos anteriores para reconstruir arreglos familiares a partir del registro de relaciones de parentesco con el jefe del hogar, se iba a ver afectada por cambios que se introducirían en la forma de captar a los hogares en el nuevo Censo. Una parte importante del trabajo de INCIDE Social A.C. se ha centrado en promover investigación y crear articulación entre la academia y el activismo cívico para incidir en el desarrollo de una política pública hacia las familias, reconociendo su diversidad y las transformaciones en su estructura y dinámica. Consideradas como el ámbito inicial de construcción de los seres humanos hemos promovido su análisis en las investigaciones diagnósticas que hemos impulsado y apoyado en varias ciudades y municipios del país sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias. Derivado de este esfuerzo teníamos y tenemos muchas preguntas y el artículo incluido sobre ¿Con quién vivimos los mexicanos? nos indica que la luz parece empezarse a abrir en el camino de oscuridad que por tanto tiempo ha experimentado el estudio de las familias en México. Por ejemplo, en las ciudades que vivieron crecimientos muy rápidos de su población como son las de maquila, observábamos un fenómeno recurrente que es la presencia de familias recompuestas o reconstituidas, donde los cónyuges arriban a la relación con hijos propios provenientes de arreglos familiares previos, así como la presencia de familias integradas por miembros con relaciones de parentesco pero que no parten de la presencia de los progenitores con sus hijos, como es el caso de las llamadas familias dona constituidas por abuelos y nietos solamente o las de tíos con sobrinos. Las estimaciones que realizan las autoras con base en datos censales nos dicen que en el país había poco más de 325 mil familias reconstituidas, y que 929 mil familias están formadas por corresidentes emparentados. Un fenómeno interesantísimo detectado por las autores es la presencia de 24 mil familias poligámicas donde más de la mitad están constituidas por un jefe con varias esposas. No me quedó muy claro cómo está conformado el resto de este tipo de arreglos, pero indudablemente incluyen formas de relación derivadas de otras culturas y modalidades de convivencia que rompen con los patrones tradicionales. Otro dato relevante es el hecho de que la mayoría de las parejas en relaciones homosexuales 172 mil tiene hijos y conforman familias nucleares. Sólo 57 mil constituyen parejas solas.

Bueno podría yo continuar contándoles lo valioso que me resultó el que Silvia me pidiera hacer este comentario y descubrir este gran aporte que la Sociedad Mexicana de Demografía y las y los autores de los textos están haciendo a la cultura sobre población en México mediante la publicación electrónica de Coyuntura Demográfica.

Para terminar sólo quisiera compartirles una preocupación que me surgió al examinar los textos que alcancé a revisar pues me faltó leer unos cuatro de ellos. Esta preocupación consiste en la casi ausencia total del tema de violencias. De lo leído sólo encontré la referencia que hace Virgilio Partida al incremento entre 2005 y 2010 en el riesgo de morir de los hombres que estaban entre 15 y 44 años en donde los esfuerzos por reducir la incidencia de diabetes se han visto neutralizados por la violencia creciente que ocurre en el país. El otro artículo es el de Carlos Echarri sobre el feminicidio en donde el autor muestra además de la magnitud y comportamiento del fenómeno su justa indignación por lo que está ocurriendo.

En las investigaciones diagnósticas que desde INCIDE Social hemos venido promoviendo sobre las causas sociales de las violencias uno de los capítulos solicita que se analice el posible impacto que han tenido las violencias en los cambios en la estructura y dinámica de la población de las ciudades y municipios estudiados, así como la forma en que las violencias han afectado a la demografía local. Otro capítulo solicita lo mismo respecto de la evolución de las familias.

Consideramos así que cambios en la población y en las familias pueden ser factores de riesgo o generar condiciones propicias para el aumento de las violencias y que en cambio otros, pueden constituirse en factores protectores. Incorporar lo que podríamos llamar el enfoque de violencias en los estudios de población me parece una tarea poco explorada en nuestro país y abre un campo de hipótesis muy interesante y útil para sustentar políticas de prevención social de las violencias.

Bueno, hasta aquí mi comentario y nuevamente muchas felicidades a las y los autores, así como a los promotores de este importante proyecto.

 

 

 

Presentación del libro Caminos por la Igualdad. Ciudadanía y discriminación. CONAPRED

Me da mucho gusto poder participar en este evento que forma parte de los festejos del noveno aniversario de la CONAPRED una de las instituciones emblemáticas de lo que debió ser la modernización y transformación del Estado Mexicano después del cambio democrático del año 2000. La expedición de la Ley en materia de discriminación y la creación del CONAPRED representan el reconocimiento de un déficit histórico de nuestro país con las personas que por su edad, su origen nacional, su etnia, su sexo, su condición física o mental, su orientación sexual, su nivel socioeconómico, su actividad ocupacional o su condición migratoria han sido excluidas, relegadas e incluso maltratadas. Han tenido que remontar condiciones adversas para su crecimiento y desarrollo y sus derechos como personas dignas aún siguen siendo conculcados.

El CONAPRED ha emprendido el arduo camino de una batalla cultural para cambiar percepciones, actitudes y prácticas, reducir temores, visibilizar grupos relegados, propiciar encuentros para el reconocimientos de las diferencias y demostrar que todos somos seres humanos iguales en esas diferencias. Lo ha realizado con un enorme esfuerzo, con pocos recursos y con frecuencia en un contexto institucional que no entiende la enorme trascendencia que su labor tiene para la paz y el desarrollo.

Por ello me da gusto participar en la presentación de este texto Caminos por la Igualdad. Ciudadanía y discriminación que reúne 15 aportaciones realizadas por activistas cívicos de muy diversos orígenes y que defienden un rico abanico de agendas. Felicito el proyecto, a Ricardo Bucio por promoverlo y a Yoloxochitl Casas y sus compañeros por su realización. Me parece una excelente idea haber alentado a distintos miembros de la sociedad civil organizada para que presentaran sus reflexiones sobre la forma en que se han construido esos caminos por la igualdad en nuestro país o como personalmente han aportado a su construcción y han transitado por ellos.

La edición está muy cuidada, las fotos muy bien seleccionadas y los textos resultan muy fáciles y amenos en su lectura.

Lo que me pareció más interesante del contenido son las diferentes ventanas desde donde los autores y autoras se aproximan al tema. Desde relatos de trayectorias personales en la defensa de los derechos humanos en general o de un grupo en particular, el recuento de aportes realizados por las organizaciones en las que hemos trabajando, la exposición de las situaciones en las que viven y sufren los grupos o el relato de la historia de determinados movimiento sociales y cívicos como el de las mujeres que hace Lucía Lagunes, todos los textos expresan un compromiso con las agendas, reconocen el aporte que hemos hecho las organizaciones civiles en la visibilización de los temas, en la legislación, en la institucionalidad y en cambios en las prácticas; también destacan los enormes obstáculos e intereses que tienen que superarse y lo más importante, marcan mapas de ruta posibles.

En mi texto me interesó destacar como de una política social construida después de la segunda guerra mundial en donde se trataba de ofrecer servicios homogéneos para toda la población en materia de educación, salud, infraestructura sanitaria y urbana, vivienda, etc. bajo una concepción de familia formada por padre, madre e hijos y la imagen hegemónica del hombre, blanco. Católico y afluente. Estas fueron las percepciones sobre las que se fundamentó la construcción de los servicios sociales que funcionaron con relativa eficiencia y progresividad hasta la década de los años ochenta.

Las crisis de esa década y la entrada una perspectiva neoliberal del manejo de la economía y de la sociedad empiezan a destejer esa institucionalidad, a deconstruir capacidades del estado y es precisamente entonces cuando las agendas de derechos de los diversos grupos poblacionales emergen con mayor claridad promovidas por las organizaciones civiles que empiezan a surgir en todo el territorio nacional

 

 

 

 

 

A partir de la década de los años setenta del siglo pasado la lucha por el cambio social se enriquece con la surgimiento de la defensa de agendas de derechos de grupos sociales que reivindican su reconocimiento a un trato igualitario teniendo en cuenta su diferencia. Se trata de grupos en situación histórica de discriminación en un modelo hegemónico construido a partir de la figura del hombre, blanco, católico y económicamente poderoso.

El movimiento más emblemático y exitoso de esta ola de nuevas organizaciones ciudadanas es el del feminismo, seguido por los defensores de derechos humanos principalmente civiles, los medioambientalistas y posteriormente, los de defensa de los derechos de la infancia, de las personas con discapacidad y de la población LGTBTTT. 1994 marca un hito en la historia de los movimientos con el surgimiento de la agenda de los pueblos indígenas en un enfrentamiento con la sociedad mestiza y criolla que los ha mantenido subordinados y excluidos en su propio territorio.

Hasta entonces el partido en el poder había organizado su militancia por sectores y procuraba darles representación en el Poder Legislativo para que desarrollaran legislación que atendiera sus demandas. Se trataba del sector obrero, del campesino y del popular, este último conformado por organizaciones de profesionistas, pequeños y medianos empresarios, comerciantes y lo que podríamos considerar los sectores urbanos emergentes. Los grandes empresarios y los principales liderazgos sindicales tramitaban directamente con el Ejecutivo la obtención de privilegios bajo un esquema absolutamente corporativo y excluyente del resto de la población.

Recuerdo alguna conversación a principios de los noventa con Angélica Luna Parra que entonces colaboraba con Silvia Hernández en ese entonces líder del sector popular del PRI, donde le comenté que la división sectorial del Partido estaba siendo rebasada por el surgimiento de agendas de grupos de población como el de las mujeres, los jóvenes, la infancia, las personas con discapacidad y que el Partido tendría que actualizarse. Ya para entonces las mujeres priistas intentaban tener una representación específica de su agenda y liberarse de las imposición de liderazgos provenientes de los sectores del partido como fue el caso de Hilda Anderson impuesta por el sector obrero y una de las mujeres más opuestas a las reivindicaciones feministas.

Comentarios de Clara Jusidman Rapoport al Cuaderno de Transparencia Núm. 19 del IFAI.

El acceso a la información en la sociedad de consumo: de la comida chatarra a los productos milagro. Autor: Alejandro Calvillo UNNA

El Cuaderno de Transparencia que hoy se presenta, elaborado por Alejandro Calvillo Unna es un texto muy claro, bien estructurado y de una gran calidad didáctica que introduce al lector en los vericuetos y alianzas bajo las que operan las grandes empresas de alimentos industrializados y las comercializadoras de productos milagro en nuestro país. Muestra asimismo las insuficiencias, omisiones y complicidades de las autoridades que conllevan al sistemático engaño hacia los consumidores, vulnerando su derechos al nivel más alto de salud y a la información.

El autor describe de manera clara y contundente como la actuación de estos agentes económicos provoca efectos nocivos en la salud de los mexicanos e induce grandes cambios en la cultura alimentaria nacional que se inician con un condicionamiento y desarrollo de hábitos, preferencias e incluso adicciones, en la infancia mediante la publicidad tramposa que utiliza premios y regalos y crea vínculos afectivos de los niños con las marcas mediante el uso de personajes reales y ficticios.

No es gratuito señala Calvillo que nuestro país ocupe el primer lugar mundial en materia de obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer -y yo agregaría el creciente número de alergias- están relacionadas con el consumo de alimentos procesados con elevados contenidos de azucares libres, sal, grasa saturadas y ácidos grasos de tipo trans.

El texto adopta como eje conductor de su exposición el derecho a la información de los consumidores en México e incluye una gran cantidad de ejemplos concretos tanto del país como de otros lugares y de organismos internacionales involucrados en la salud y la alimentación.

En ese propósito se analiza la importancia de la disponibilidad de información mediante el etiquetado de los productos para que las personas tomen decisiones adecuadas; el desarrollo de legislación y de normas para que los productores tengan información sobre los parámetros a los que deberán apegar sus procesos de producción y su publicidad, supuestamente para evitar daño a las personas e informarlas adecuadamente; aborda también el importante campo de la publicidad tomado como un importante mecanismo de divulgación de información.

Destaca el uso distorsionado y obscuro de información que hacen los productores en etiquetas y publicidad para inducir al consumo de alimentos procesados y de productos milagro y la insuficiencia de la legislación y de las autoridades regulatorias para modificar conductas reiteradas que claramente atentan contra el bienestar de las personas. Muestra como legislación “sin dientes” por lo bajo de sus multas, permite esas conductas violatorias reiteradas y al fin, la burla a las autoridades y a la población.

Podríamos decir que el autor prueba como la disponibilidad de información sobre los productos procesados que comemos a diario es no sólo insuficiente e inaccesible, sino incluso mentirosa, atribuyendo a los productos promocionados beneficios al consumidor que nunca se demuestran. Utiliza para ello los ejemplos de los jugos y de los panes integrales, dos productos que se publicitan y se han incorporado a los hábitos alimentarios como saludables y convenientes, siendo que en realidad están llenos de azúcares y de harinas refinadas y resultan altamente riesgosos. El caso de las margarinas que son el mejor ejemplo de los ácidos grasos de tipo trans, representa otro de los grandes mitos sobre alimentos saludables mencionados por el autor. No se digan los productos milagro a través de cuya venta Genoma Lab una empresa mexicana, ya está vendiendo abalorios en 14 países.

El texto publicado por el IFAI es un testimonio muy bien sustentado sobre los trágicos resultados en la salud de los mexicanos de la reforma neoliberal de Estado iniciada a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Esta reforma se confrontó en los ochenta con las instituciones y programas construidos durante la vigencia en nuestro país del inconcluso Estado de Bienestar, protagónico y proveedor. Se consolidó en la década de los noventa con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y fue asumida y profundizada por los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.

Desde la mirada que nos ofrece el autor sobre el acceso a la información en la sociedad de consumo con énfasis en alimentos procesados y en productos milagro se puede documentar lo que ha venido ocurriendo en muchos otros sectores de la economía real del país y las consecuencias de las reformas neoliberales en el bienestar de la población.

Queda clara la forma como se han venido articulando la alianza entre los intereses económicos de las grandes empresas de alimentos procesados y comercializadoras de productos milagro con las empresas televisoras y de publicidad, donde el Estado incluyendo al Congreso, a las autoridades de economía y en menor medida a las de salud y educación han sido en el mejor de los casos omisas y complacientes, pero con mayor frecuencia cómplices, en tanto que los ciudadanos hemos mostrado una sistemática incapacidad para organizarnos y ejercer nuestro poder como consumidores.

La avidez y la codicia insaciables de los grandes intereses económicos se juntan con la irresponsabilidad, corrupción e ineficacia de muchos servidores públicos y legisladores, frente a la pasividad y el desinterés de la población.

La crisis de obesidad, sobrepeso y agregaría malnutrición, que hoy enfrentamos y que de acuerdo al Dr. Calvillo tiene a las autoridades de salud en una situación crítica que se prevé empeore en los próximos años, es una ejemplo de lo que podríamos llamar violencia estructural construida y ejercida por las élites económicas y políticas del país a lo largo de muchas décadas en una sociedad profundamente desigual, donde incluso las asimetrías entre productores se hacen evidentes.

Sin estridencias el Cuaderno de transparencia que hoy presentamos muestra con gran claridad los mecanismos y procesos mediante los cuales a través de la información, las grandes empresas de alimentos procesados y las comercializadoras de productos milagro colocan el interés de la ganancia por encima de la salud de las personas y como el Estado ha sido anuente a esta situación.

El ejemplo que relata el autor sobre la Ley Federal de Metrología y Normalización promulgada en 1992 en el Gobierno de Carlos Salinas en los años previos a la firma del TLC y la institucionalidad que derivó de su instrumentación, es emblemático de esto que estoy denominando la reforma neoliberal de Estado. En síntesis condujo a que los regulados fueran los que definieran los términos de la regulación, es decir, la iglesia en manos de Lutero.

En la década previa la Secretaría de Comercio y recuerdo muy bien a la entonces directora de normas, Consuelo Sáez, desarrolló un enorme esfuerzo para meter orden en el desarrollo de normas técnicas para la regulación de la producción, procesamiento y comercialización de diversos productos industriales. Me tocó participar como directora del desparecido Instituto Nacional del Consumidor.

El esfuerzo que estaba haciendo Consuelo era tratar por una parte, de acabar con las asimetrías en el desarrollo de normas debida a la presencia en los comités respectivos de representantes de las grandes empresas trasnacionales. Estos representantes estaban más interesados en introducir estándares de producción en las normas que llevaran a la salida del mercado de sus competidores nacionales medianos y pequeños.

El esfuerzo desde la Secretaria de Comercio trataba también de recuperar el protagonismo y la responsabilidad del Estado como ente regulador y promover con ello la protección de los consumidores. Fue la época en que se introdujeron las normas ISO-9000.

Este enorme esfuerzo fue tirado por la borda cuando tres de los cuatro jinetes de la apocalipsis neoliberal: Carlos Salinas, Pedro Aspe y José Córdova, lograron apoderarse de la presidencia de la República y bajo el pretexto de la negociación del TLC se empeñaron con éxito en destruir, desarticular y reducir a su mínima expresión al Estado mexicano y dentro de ello, sus ya de por si precarias capacidades y responsabilidades de regulación de las relaciones entre lo que ahora se llama actores no estatales. Estas intervenciones de regulación eran consideradas por esos personajes como hasta la fecha ocurre, obstáculos para la libertad de los mercados cuya mano invisible se encargaría de poner todas las cosas en su lugar.

De este modo se revirtieron los esfuerzos en materia de normatividad de la década de los ochenta y los comités correspondientes fueron entregados a los grandes intereses económicos que siempre han obstaculizado todo esfuerzo por meterlos en cintura y moderar sus enormes ganancias, ejerciendo el cohecho, las amenazas y las represalias a los servidores públicos,

Aura bien, el autor concentra su análisis sobre el acceso a la información en un tramo de la cadena alimentaria, fundamentalmente el de procesamiento o industrialización de alimentos; posiblemente la opacidad informativa es aún mayor en otros tramos de la misma cadena donde hasta la fecha no hemos desarrollado suficientemente las obligaciones y las modalidades para que los productores y los comerciantes nos alleguen información a los consumidores.

Así muchos de los que consideraríamos alimentos naturales, no procesados, están siendo producidos con la intervención de sustancias y procesos fisicoquímicos que provocan alteraciones en su calidad y contenido. Desde la aplicación de la ingeniería genética en la producción de semillas transgénicas, pasando por la utilización de fertilizantes y agroquímicos, hormonas, antibióticos, colorantes y alimentos industrializados para producir granos, frutas, vegetales, carnes y pescados, los métodos naturales de cultivo y producción de alimentos han sido sustituidos por modelos industriales de producción masiva y controlada que alteran a veces, muy fuertemente, la calidad y naturaleza del producto final.

Hasta la fecha no he visto una etiqueta en un pollo extrañamente amarillo que me explique que le dieron de comer, que medicamentos le aplicaron y como lo estresaron para que tuviera ese tamaño y ese color. Ni tampoco encuentro que en los empaques de barbero o de blanco del Nilo me aclaren qué alimentos les dieron al ser cultivados y que medicamentos pusieron en los estanques. Pero sería aún mejor si me informaran de los riesgos que corro como consumidor vía la ingesta indirecta de hormonas, antibióticos, colorantes, plaguicidas, etc.

Otras cajas negras respecto de la información que recibimos como consumidores, son los tramos de distribución y comercialización de alimentos y el de elaboración y venta de alimentos preparados. Pensamos inocentemente que o los productores y comercializadores son lo suficiente inteligentes como para no envenenarnos de manera rápida, aunque lo hacen de manera lenta y sostenida, o que las autoridades regulatorias agroalimentarias y sanitarias funcionan eficientemente evitando riesgos para la población.

Para terminar reconozco y agradezco al IFAI y al Dr. Calvillo el esfuerzo que hacen en este Cuaderno de transparencia número 19 al proporcionarnos elementos sobre un ámbito tan importante del derecho a la información como es el que se relaciona con aquello que ingerimos todos los días.

Les agradezco también la invitación porque me hizo recordar los tiempos en que como funcionaria pública me dediqué a construir institucionalidad y desarrollar capacidades en lo público para lograr una mejor protección de los derechos de los consumidores en nuestro país, particularmente en materia de alimentos. He sido testigo a lo largo de los años de la destrucción de políticas, programas e instituciones relacionadas con la alimentación de los mexicanos considerada ésta no como una dádiva derivada de programas asistenciales sino como uno de nuestros derechos humanos.

 

Las consecuencias sociales del poder de las televisoras en México

Me da mucho gusto participar en este evento para conformar LA COALICIÓN CIUDADANA DEMOCRACIA Y MEDIOS: La telecracia no es democracia, una convocatoria de AMEDI para que un mayor número de personas y organizaciones exijamos a la clase política que controla los poderes del Estado que se libere de la subordinación, extorsión y amenazas del duopolio televisivo, lleve a cabo un cambio de política pública en materia de telecomunicaciones y promulgue las leyes que amplíen el acceso de otros actores a los servicios de radio y televisión, reconozcan y fortalezcan los medios públicos y comunitarios y regulen el funcionamiento del sector de telecomunicaciones en beneficio de todos los mexicanos.

Se trata también de mostrar a las poderosas empresas televisoras que la ciudadanía está harta de los daños que causan, de las enormes ganancias que obtienen y del poder de hecho que detentan. La democracia en el país se encuentra obstaculizada por la concentración de los medios de comunicación, por la pésima calidad de sus contenidos y por las limitaciones que imponen a la expresión y al encuentro de la diversidad social, económica, étnica, generacional y territorial.

 

 

En este contexto quisiera usar mi intervención para contar brevemente un episodio de esta vieja lucha por la democratización de los medios de comunicación, conocido por muchos de los presentes, pero me parece útil recordarlo por el momento de la historia del cambio democrático en que tuvo lugar. Quiero también señalar las consecuencias sociales que derivan del poder del duopolio televisivo y del enorme daño que causa a nuestra convivencia.

Hace diez años en 2002, un grupo de organizaciones civiles, expertos y académicos nos avocamos a desarrollar una propuesta del Ley de Radio y Televisión conscientes de que para los partidos políticos resultaba muy difícil hacer y promover una propuesta de democratización de los mismos por la subordinación que tenían y siguen teniendo respecto del duopolio televisivo, y que podría resumirse en algo así como “enfrentárseles es suicidarse políticamente”.

Reconocíamos además que ni la Secretaría de Gobernación entonces a cargo de Santiago Creel, ni la presidencia de la República tenían un compromiso verdadero con la transición democrática del país y que no se esforzarían por promover las reformas de Estado tan necesarias para desarmar la institucionalidad del régimen autoritario que vivimos por setenta años.

 

 

Las mesas para la reforma del Estado montadas por la SEGOB después de la entrada del PAN a la presidencia, no eran más que simulaciones para mediatizar los ánimos democratizadores que motivaban a muchas organizaciones y personas. Pero la señal de que todo había cambiado para quedar peor como hemos visto en estos doce años, fue el famoso beso de Martha Sahagún a Bernardo Gómez alto funcionario de TELEVISA después del acuerdo donde el Estado Mexicano cedía a las televisoras tiempos de Estado que servían para difundir información del sector público.

Lamentablemente y contra todo lo esperado, los gobiernos panistas poco han hecho para que la democracia sea percibida por los mexicanos como un mejor régimen político y además, nos han conducido a una situación de emergencia nacional por vía de la guerra declarada contra el narcotráfico.

A pesar del esfuerzo realizado por cuatro senadores Corral, Bartlett, Vicencio y ………. para promover una reforma legislativa que democratizara los medios de comunicación, la poderosa telebancada encabezada por Emilio Gamboa en el Senado de la República, la negativa de la fracción del PRI para apoyar la nueva legislación, la tibieza del Poder Ejecutivo y la sistemática presión, amenaza y extorsión que ejercen las empresas televisoras sobre legisladores y servidores públicos, condujo en 2005 a la aprobación de una contrareforma en materia de radio y televisión diseñada desde el área jurídica de Televisa.

 

 

De entonces a la fecha los beneficios del gobierno hacia las empresas televisoras han continuado avanzando y a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia para modificar varios artículos de la Ley Televisa, el Congreso ha sido omiso. Fuera de la reforma electoral del 2007-2008, el Congreso ha sido anuente al aumento del poder de las televisoras.

Sé que este es sólo un pequeño y conocido fragmento de una histórica batalla y que antes y después ha habido diversos esfuerzos para acabar con ese enorme poder de hecho. El papel de AMEDI ha sido fundamental en este propósito en los últimos años.

A estas alturas de nuestra frustrada democracia, como consecuencia de las omisiones, la corrupción, el miedo y la subordinación del gobierno federal y de las cúpulas y fracciones partidarias tenemos un engendro imparable que violenta impunemente las leyes. Utiliza a sus ejércitos de abogados para destruir vidas, arrebatar propiedades y cometer fraudes financieros como lo ha hecho el Sr. Ricardo Salinas, ejemplo de la mala ética privada en el país, o que como es el caso de TELEVISA construye y promueve candidatos a la presidencia del país, tiene capturadas diversas áreas del Estado y concentra y controla el negocio del deporte y del entretenimiento y con ello la vida y destino de miles de personas que se ocupan en estos sectores.

Pero lo que quisiera destacar en esta intervención es el enorme costo social que para el país ha significado la concentración privada de los medios de comunicación electrónica por más de cincuenta años.

Estoy convencida que muchos de los síntomas graves de esto que estamos llamando emergencia nacional tienen que ver con construcciones históricas perversas que como sociedad hemos tolerado y dejado que ocurran y que además se han acelerado a partir del modelo de liberación del mercado y reducción del Estado, vigente en el país desde hace 30 años.

En esas construcciones históricas perversas los medios electrónicos han contribuido de manera destacada. Son causa eficiente de la obesidad y malnutrición, de la normalización de la violencia, de la ruptura de tejido social y la creciente individuación y del consumismo como forma de realización personal.

Los medios de comunicación junto con las familias, la escuela y los grupos de pares son los agentes de socialización de las personas. Son agentes que transmiten la cultura a los nuevos seres humanos que se incorporan a las sociedades: influyen en la alimentación, en la forma de hablar y decir las cosas, en la forma de resolver los conflictos, en los modelos de cortejo y relación con otros, en la forma de relacionarnos con el medio ambiente, entre otras muchas cosas.

Los medios son una herramienta fundamental de la cultura y la civilización actual y es para México una verdadera desgracia que paulatinamente hayan quedado en las manos de empresarios privados cuya calidad moral es muy cuestionable y que los gobiernos y los poderes legislativos hayan renunciado a su función reguladora y a su obligación de proteger los derechos de todos y todas frente a las intervenciones de terceros.

Los medios electrónicos no están interesados ni comprometidos con la formación de seres humanos dignos, responsables, conscientes, críticos. Su objetivo es convertirnos a todos en consumidores acríticos.

Al hacer uso de los conocimientos más actualizados de la psicología nos colocan modelos aspiracionales de consumo, de comportamiento y nos proponen ídolos. Ellos nos establecen el deber ser y alimentan con ello las conductas violentas para alcanzar esos modelos, ante una sociedad tan profundamente desigual y excluyente como la nuestra.

Para la sociedad mexicana representa una alto costo y tiene consecuencias graves las miles de horas que los niños, las niñas y los adolescentes pasan frente a las llamadas “cajas idiotas” con una programación insulsa, de pésima calidad y malintencionada para convertirlos en consumidores desde pequeños y en votantes dóciles de adultos.

 

Construyamos la Coalición Cuidadana Democracia y Medios y demos la bienvenida a esta lucha al movimiento de los jóvenes universitarios. Harían una enorme contribución a la historia de este país si lograran la ruptura del duopolio privado de los medios de comunicación, obligando a los poderes del Estado mexicano a cumplir sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos de todas y todos y entre ellos el derecho al acceso al conocimiento y a los desarrollos tecnológicos y científicos más actualizados. el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.

 

Trabajemos juntos contra la naturalización o normalización de la violencia y la cultura de guerra desde la sociedad civil con acciones directas y con incidencia en políticas públicas.

 

Se recomienda leer uno de los cuentos de Doris Lessing Premio nobel de Literatura en su libro Las abuelas. Cómo en forma sutil se puede pasar de una civilización floreciente respetuosa de las personas y la paz a una sociedad de guerra.

Expertos señalan que tardaremos dos generaciones en cambiar la cultura de la violencia; ello si las élites se percatan de la catástrofe humana que estamos viviendo y se deciden a tomar medidas para revertirla.

Estamos en un contexto de:

  1. Corrupción, impunidad-ausencia de Estado de Derecho y de rendición de cuentas
  2. Mercado internacional de drogas y armas
  3. Presencia de poderes fácticos económicos, sociales y políticos
  4. Creciente individualización moral
  5. Ruptura de tejidos sociales que han sido resultado de una construcción lenta e histórica, su destrucción se ve acelerada por la elevada movilidad de las poblaciones consecuencia de la modernidad y de la economía global, de la pobreza y de la carencia de oportunidades en sus comunidades.

Agentes y procesos que influyen en la socialización de los seres humanos:

  1. Las familias
  2. Las escuelas
  3. Pares y comunidades de trabajo
  4. Medios de comunicación
  5. Entorno y proceso urbano

Estos agentes y procesos desarrollan y/o consolidan en las personas valores, actitudes, comportamientos y creencias.

Socialización en la cultura de la violencia

Familia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pares y comunidades de trabajo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto proceso urbano

 

 

Papel que juega:

Aprendizaje de la forma de resolver conflictos y tomar decisiones

Afectos primarios

Construcción de la identidad

Valores, creencias, actitudes y comportamientos.

Violencia doméstica entre sexos y generaciones

 

Papel que juega:

Aprendizaje de la convivencia con pares y adultos externos.

Aprendizaje a partir de las conductas del maestro de valores, comportamientos

Manejo de grupo por los maestros: participación vs silencio; autoritarismo, represión; sumisión, miedo Bulling

 

Papel que juegan:

Aprendizaje de formas de relacionarse con otros del grupo y externos

De formas de toma de decisiones: democráticas o autoritarias

Amistades y afectos no de familia

Depende del objetivo y el liderazgo del grupo si es una influencia positiva o negativa.

(amigos-enemigos: parejas)

Relaciones asimétricas de poder: jefe-subordinado; líder-miembro de pandilla o banda.

Crueldad, maltrato, discriminación y destrucción de los ‘otros’

Acoso sexual

 

Influyen en:

Formación de hábitos de consumo, de estereotipos y de referentes.

Creencias, valores, actitudes y comportamientos

Lenguaje

Actitudes discriminatorias

Alientan la individuación

Violencia visual: guerra, conflictos domésticos y entre personas, maltrato, asesinatos, muertes, etc.

Construyen y normalizan la cultura de la violencia

 

 

Contribuye a generar en las personas:

Identidad

Mecanismos de defensa y sobrevivencia

Conciencia de clase o estrato socioeconómico

Violencia urbana: barrial, vial, corrupción, impunidad, discriminación, desigualdad

 

La sociedad civil organizada en México es relativamente pequeña; sin recursos; diversa; desarticulada por la diversidad de agendas, de protagonismos y de liderazgos; de bajo impacto social.

Creativa, constructora de colectividad, comprometida, solidaria

Posibles intervenciones o campos de trabajo desde la sociedad civil organizada para la construcción de una cultura de paz.

Familias

  1. Educación en resolución pacífica de conflictos
  2. En modelos democráticos de toma de decisiones
  3. En reconocimiento y respeto a derechos de sexos y generaciones
  4. En establecimiento de límites, responsabilidades y penas a trasgresiones. Cultura de la legalidad
  5. En modalidades de crianza para el afecto y el desarrollo de la infancia
  6. Alentar la lactancia materna al menos por ocho meses

Escuela

  1. Formación de maestros en:
  • Técnicas de resolución de conflictos
  • Democracia en el aula
  • Acompañamiento a estudiantes con problemas y conflictos (psicólogos) o creación de servicios de apoyo psicoemocional en las escuelas.
  • Sistema de límites, responsabilidades y sanciones (cultura de la legalidad)
  1. Reinserción escolar de desertores
  2. Becas escolares
  3. Servicios de estancias y atención extraescolar
  4. Extensión de horarios con actividades creativas y de recreación y formación de ciudadanía
  5. Involucrar a los padres en actividades recreativas y deportivas con los hijos y en la vida de las escuelas.
  6. Uso de los espacios educativos para el encuentro de familias y comunidad en los fines de semana

Pares y comunidades de trabajo

  1. Trabajo comunitario con jóvenes y adolescentes (arte y cultura, educación sexual, solución pacífica de conflictos, adicciones y resiliencia)
  2. Trabajo interbarrial de encuentros y construcción de solidaridades y tejido social
  3. Opciones de educación, capacitación y empleo
  4. Actividades de recreación y encuentro entre las familias de la comunidad de trabajo
  5. Desarrollo de estructuras de participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa.

Medios de comunicación

  1. Concertar revisión de contenidos violentos de la programación
  2. Formación de conductores, artistas y deportistas como referentes positivos para los jóvenes.
  3. Matizar su rol de jueces sin consecuencias
  4. Sistema de premios y reconocimientos a labores contra la cultura de la violencia y en favor de una cultura de paz.
  5. Fijación de estándares y difusión de buenas prácticas en medios de comunicación.

Entorno urbano

  1. Recuperación del espacio público para asegurar la presencia de la diversidad y alentar el encuentro y el diálogo con promotores de diverso origen: público, social, empresarial, debidamente capacitados (SECOI)
  2. Reordenamiento urbano para reconstrucción de tejido social (mezcla de usos, movilidad y accesibilidad, humanizar las ciudades)
  3. Promover una agenda para cambiar y actualizar la institucionalidad municipal y asesoramiento y trabajo con presidencias municipales
  4. Programas de cultura urbana (campañas de paz, de cultura urbana de respecto y paz, de acercamiento vecinal, de respeto a la ciudad, etc.)
  5. Diálogo y sensibilización a los actores que influyen en la construcción del espacio urbano (empresas inmobiliarias, autoridades, empresarios, dueños de la tierra, etc.)
  6. Utilización de los terrenos baldíos para ocuparse o para fines de la comunidad
  7. Alentar y apoyar formas distintas al automóvil con un pasajero para moverse en la ciudad (organización de caminatas, calles sólo para peatones, ciclopistas, uso colectivo de los automóviles, cierre de ingreso de autos a determinadas zonas de las ciudades, mejoramiento en la calidad del transporte público)

Es necesario deconstruir el creciente individualismo, materialismo, la competencia destructiva y la cultura de la violencia.

Hay que trabajar en la reconstrucción de la solidaridad, el tejido social, la responsabilidad compartida y la identidad nacional y territorial y en posicionar una cultura de paz.

Presentación del libro Lobby y democracia. Lo positivo y lo negativo del cabildeo de Walter Astié-Burgos

Quisiera agradecer al Embajador Astié en primer lugar, el haberme invitado a ser una de las personas que presentaran su muy interesante e ilustrativo libro; en segundo lugar, por haber escrito y publicado el texto para lo que entiendo es su interés principal, de sensibilizar a la sociedad civil mexicana de la importancia del cabildeo para promover lo que el autor llama “bien común”, bienestar colectivo o la protección de los intereses de las mayorías por encima de los intereses especiales, de los grupos de interés o poderes fácticos y de las grandes corporaciones y en tercer lugar, por aportar evidencias históricas concretas en distintos contextos de cómo esos intereses especiales logran pervertir y usar en su beneficio, herramientas o instrumentos desarrollados para estar al servicio de la democracia.

Conocí al autor como alto funcionario del servicio exterior en la embajada de México en Estados Unidos cuando Gustavo Petriccioli era embajador. Para entonces yo era Subsecretaria de Pesca en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Corrían los años 1989 a 1991 que marcaban el inicio de la preparación de la gran estrategia de cabildeo por parte de la tecnocracia conservadora gobernante en México, para lograr la aprobación del TELECAN.

Contra la corriente marcada por Salinas de hacer todo lo posible por congraciarse con el gobierno de Bush padre, el equipo de la Secretaría de Pesca que encabezaba María de los Ángeles Moreno, trataba de presentar argumentos sustentados en evidencia científica a fin de defender el derecho de la flota pesquera de atún mexicana para pescar atún aleta amarilla en la zona económica exclusiva del Pacífico Oriental, frente a la costa de nuestro país. Las grandes empacadoras de atún de capital norteamericano que operaban desde Tailandia, después de años de haber explotado con sus propias flotas el recurso en el Pacifico frente a las costas de los países de América Latina y haber capturado miles de delfines en sus redes atuneras, habían armado una estrategia amplia de cabildeo para impedir el acceso del atún embasado en enlatadoras mexicanas al mercado de Estados Unidos. El argumento de las empacadoras y la utilización de organizaciones y congresistas seudoambientalistas como Earth Island y Barbara Boxer de California, consistía en que la flota mexicana estaba capturando delfines en acompañamiento a la pesca de atún y que por lo tanto se tenía que aplicar un embargo al comercio de México de ese producto, si no se cumplían las disposiciones de tasas de mortalidad de diversas especies de delfines, previstas en legislación norteamericana, que esas mismas empacadoras habían cabildeado en el Congreso de Estados Unidos.

Así que de manera colateral, luchando contra el embajador de no grata memoria John Dimitri Negroponte, contra la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) que con sede en Costa Rica pero controlada por Estados Unidos fijaba las cuotas que se autorizaban a las flotas que operaban en el Pacífico Oriental, pero fundamentalmente, sin el apoyo de los doctores en el gobierno de Salinas, me tocó atestiguar la forma como el Gobierno de México fue destinando enormes recursos para contratar empresas de lobbysmo y relaciones públicas como Burson Marsteller para tramitar la aprobación del TELECAN muy bien relatada en el capítulo 4 el texto que hoy se presenta. Esta inició tratando de convencer al público norteamericano de que México estaba llevando a cabo una buena campaña contra las drogas y merecía recibir una buena evaluación de los autodesignados jueces norteamericanos y que por lo tanto, era un país confiable para firmar un tratado de libre comercio.

La defensa del derecho de pesca de México en su ZEE me llevó a tener que hablar con varios senadores norteamericanos y sus equipos representantes de distintos grupos de interés como la flota comercial de Estados Unidos, los pescadores de camarón de Louisiana o de los grupos hispanoamericanos. Me sentía como una desarmada embajadora de una colonia que tenía que acudir al senado del Imperio a pedir permiso para que se le permitiera alimentar a su propia población con sus propios recursos, sin ser castigada por los intereses comerciales de ese Imperio.

Tuvimos que acudir también a hacer cabildeo en varios países de Europa para que nos apoyaran y siguieran comprando atún mexicano, aún cuando el imperio los había amenazado de embargarles a ellos sus ventas de productos marinos, si nos seguían comprando atún a nosotros.

Así que muchas de los apuntamientos que realiza Walter Astié en su muy documentado texto, enriquecido con sus experiencias personales, me tocó vivirlas directamente, como fue la poca experiencia que el gobierno mexicano tenía en estrategias de cabildeo al haber dejado de practicarlo durante varias décadas de gobiernos priistas y a pesar de que en el gobierno de Porfirio Díaz y aún en los primeros gobiernos revolucionarios le habían rendido al país interesantes frutos.

Como señala el autor, aún la extraordinaria experiencia y desarrollo de capacidades de cabildeo y relaciones públicas que se adquirió en torno a las negociaciones del TELECAN y dirigida desde la Secretaría de Comercio y la Presidencia de la República, se dejaron perder una vez conseguido el objetivo, en lugar de haber fortalecido los recursos de lobbysmo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Astié se lamenta de que en México no exista una verdadera política de Estado en materia de cabildeo que le permita al país prever y dar seguimiento a los procesos que ocurren en el mundo globalizado para actuar oportunamente y con estrategias que permitan defender y promover los interese del país y no sólo causas puntuales y dispersas. Como ejemplo incluye los fracasados intentos del Gobierno de Fox por promover una legislación migratoria en Estados Unidos.

Otro asunto apuntado por el autor y que pude comprobar era el escaso desarrollo del cabildeo en Europa en esos años pues tuvimos que hacer uso de la filial europea de la empresa norteamericana Burson Marsteller con muy pocos resultados por su propio desconocimiento de la cultura política de esa región. Tuvimos que apoyarnos más en las propias embajadas de México en ese continente. El impresionante desarrollo que señala el autor del cabildeo en Europa, ocurre en la última década y en relación con los órganos de gobierno de la Unión Europea ubicados fundamentalmente en Bruselas.

Ahora bien con respecto a mi segundo agradecimiento al autor por el esfuerzo que realiza para sensibilizar a la sociedad civil mexicana sobre la utilidad de la herramienta del cabildeo para la promoción de los intereses y agendas más colectivas, dado su convencimiento de que este no es muy utilizado por las organizaciones civiles y sociales en México ahora que el Legislativo ha dejado de estar subordinado al Ejecutivo quisiera compartir algunas reflexiones.

Primero, que al igual que lo ocurrido en Estados Unidos y en Europa, se trata de un asunto de aprendizaje ante las nuevas condiciones de los poderes del Estado en lo que hemos querido llamar democracia en México. Primero, venimos de una historia de gobiernos autoritarios donde cualquier esfuerzo de organización de los ciudadanos o era promovido, cooptado o destruido por el gobierno en turno. Las organizaciones independientes y autónomas de trabajadores, campesinos, profesionistas o ciudadanos eran perseguidas y combatidas a lo largo de varias décadas.

Lentamente y partir de los años setenta, empezaron a formarse pequeños grupos de mujeres, de defensores de derechos humanos y de medioambientalistas que defendían agendas que parecían no cuestionar de fondo al sistema.

En la actualidad muchas organizaciones y activistas sociales y cívicos realizan trabajos de cabildeo para promover o parar legislación, incidir en políticas públicas y presentar amicus curie ante la Suprema Corte de Justicia; incluso realizan litigios estratégicos ante organismos internacionales de derechos humanos.

La reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos es resultados de una amplia coalición de organizaciones civiles y de académicos que realizaron un intenso y sostenido trabajo de cabildeo ante el Senado y la Cámara de Diputados y tuvieron que enfrentar y parar la incomprensión de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, las capacidades y los recursos de lo que llamamos sociedad civil organizada no tienen comparación alguna con los que destinan las grandes corporaciones nacionales y trasnacionales que operan en el país como son las farmacéuticas, las automotrices, las tabacaleras, mencionadas también por el autor en su libro, los monopolios de las telecomunicaciones, las cementeras, los bancos, etc. Estas y otros grupos de interés como son la iglesia católica, los grupos delincuenciales, los nuevos gobernadores-caciques y los grupos de ultraderecha hacen uso de todas las prácticas que cita Walter Astié en su libro como es la invitación a viajes todo pagado con las familias de los legisladores o funcionarios, las promesas de trabajo una vez que concluyan su gestión, los costosos regalos, la organización de eventos, reuniones y misas, pasando por las amenazas y culminando en los recursos para las campañas políticas.

Un tema que el autor trata tomando alguna investigación realizada por Jaime Cárdenas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es la presencia creciente y conspicua de empleados de las grandes corporaciones empresariales como legisladores, tanto senadores como diputados, promovidos por todos los partidos políticos. Por ejemplo en esta ocasión el PRI aceptó postular en cada cámara al menos a dos representantes de los intereses de las televisoras. El PVEM se caracteriza por ser un partido franquicia que vende sus posiciones al mejor postor. Los porcentajes que menciona el autor de legisladores actuales que han sido consejeros de organizaciones empresariales es realmente alarmante.

En cambio y ante el monopolio de la representación que ejercen los partidos políticos, no hay candidatos y candidatas de origen ciudadano independiente que no militan en partidos y que no cuentan con recursos para comprarle a los partidos su postulación. El único partido que dejaba una posición para la comunidad LGTB y para las organizaciones de mujeres era el PRD, pero al parecer las peleas de las tribus por candidaturas aún esa representación será cancelada.

Es decir, los intereses especiales y los poderes fácticos se están incrustando paulatinamente en el poder ejecutivo y del legislativo.

Lamentablemente el cabildeo requiere de recursos económicos como lo señala el autor en varias ocasiones y por ello desde mi óptica personal, ya no es un verdadero instrumento del derecho de petición y de gestión de los ciudadanos. Es una más de las herramientas de la democracia que son tomadas y pervertidas por los grupos de interés que encubiertos en la defensa de derechos ciudadanos promueven sus intereses particulares, la mayoría de las veces en contra del interés común.

Creo que el libro que hoy presentamos y cuya lectura recomiendo ampliamente por lo ameno y bien escrito que está, nos permite hacer un recorrido de los orígenes y de la historia del cabildeo en Estados Unidos, Europa, México y del cabildeo internacional, facilita entender su complejidad y las estrategias y prácticas para llevarlo a cabo, pero fundamentalmente nos deja como tarea a aquellos que aún creemos en la democracia que se trata de otro gran instrumento que debemos rescatar, como lo son las instituciones electorales, los órganos autónomos de Estado y la independencia de los Poderes, para proteger y defender los derechos de las personas frente a los intereses especiales,

 

La incorporación de la agenda de los grupos de población en situación de discriminación

 

En el presente texto hago una reflexión sobre la forma y las razones por las que varias organizaciones de la sociedad civil (osc) se fueron creando en torno a la visibilización y la defensa de los derechos humanos de los distintos grupos de la población que en México experimentan situaciones de discriminación y en varios casos, incluso, riesgos particulares que los convierten en poblaciones altamente vulnerables. Estas organizaciones han contribuido ampliamente al desarrollo de políticas públicas dirigidas a la atención de esos grupos, como son los instrumentos internacionales y leyes nacionales que protegen sus derechos, y las instituciones y presupuestos públicos para su atención. Además de esta incidencia en políticas públicas varias organizaciones ofrecen servicios directamente a la población que experimenta discriminación, capacitan y sensibilizan mediante campañas y talleres, a diversos agentes sociales para evitar actos de discriminación y exclusión.

Plantearé tres premisas para sentar las bases de la reflexión. La primera es que después de la segunda Guerra Mundial, el desarrollo de México privilegió un enfoque sectorial para el tratamiento de la cuestión social en el país. En tal sentido, se asignó mayor énfasis a la generación de capacidades nacionales para incorporar a toda la población en edad escolar en oportunidades educativas, construir un sistema de seguridad social que fuera incorporando a la población asalariada urbana, ofrecer servicios básicos de salud a la población que no ingresaba a los servicios de la seguridad social, proveer servicios e infraestructura urbana (calles, agua, energía eléctrica, drenaje) y asegurar la disponibilidad de alimentos.

Ese enfoque acompañó y apoyó el proyecto nacional dominante fundado en la modernización de la economía mexicana a partir del desarrollo de la industria. Los traslados de población rural dedicada a la producción agropecuaria hacia las nacientes urbes para incorporarla como fuerza de trabajo industrial se sustentaron con una oferta creciente de servicios sociales en las ciudades: educación, salud, servicios urbanos, incluso viviendas, subsidios en alimentación y transporte, la garantía de un salario mínimo legal y condiciones de trabajo protegidas.

Se profundizó bajo este modelo la discriminación que históricamente ha existido en México respecto de los pobladores de las zonas rurales, que en muchos territorios son predominantemente indígenas, y se contribuyó al aumento de la desigualdad, exclusión y pobreza diferenciada entre lo rural y lo urbano.

La segunda premisa se refiere al presupuesto de homogeneidad de todos los habitantes del país sobre el que se construyó la oferta de servicios sociales a lo largo de muchos años. Los servicios que se ofrecían no consideraban las diferencias de oportunidades, condiciones y características de la población por sexo, edad, capacidades, situación socioeconómica, ni culturales, ni étnicas. Como han señalado los movimientos feministas, se trataba de modelos androcéntricos construidos en torno al ideal del hombre adulto, blanco y católico, representativo de la elite criolla dominante. Lamentablemente ese modelo subsiste hasta nuestros días.

Otra premisa sobre las que se montó el modelo social de posguerra en México, se refiere a la presunción de que la organización familiar nuclear representaba el tipo de relaciones familiares dominantes. Esto supone el ejercicio de responsabilidades diferenciadas entre sexos y generaciones, y la asignación de roles de género en la construcción social de los seres humanos: el hombre como proveedor, la mujer como cuidadora y los hijos como dependientes. Tal modelo se asienta en una limitación de las libertades y de la autonomía de los distintos miembros de las familias e incluso conlleva una limitación en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Como puede verse, existe en estas bases del desarrollo social moderno de México una clara situación de discriminación y de no reconocimiento de la diversidad.

Las primeras que empezaron a organizarse para demandar la igualdad de derechos fueron las mujeres. En las décadas de los setenta y ochenta del siglo xx, se formaron varias organizaciones civiles de mujeres y comenzó un amplio movimiento feminista que reclamaba el derecho de las mujeres al desarrollo. En sentido estricto se demandaba igualdad de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la vivienda.

Como ocurrió con otros grupos poblacionales que a partir de esos años empezaron a visibilizar sus agendas específicas de derechos, las conferencias mundiales organizadas por el sistema de Naciones Unidas en torno a grupos poblacionales específicos desempeñaron un papel fundamental para decantar y clarificar los derechos de esos grupos. Por ejemplo, se establecieron diálogos y se intercambiaron apoyos entre las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de diversos países del mundo. Las conferencias se convirtieron en espacios de socialización de experiencias y construcción de agendas regionales y mundiales que desembocaron en la formulación de instrumentos regionales e internacionales de protección de derechos de los grupos poblacionales diversos, que obligan a los países parte a su cumplimiento.[1]

La crisis mundial de principios de los años ochenta afectó de manera especial a las mujeres y a la infancia, y varios estudios promovidos por Unicef hicieron evidente esa situación; por ello, a finales de esa década la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño[2] y en la década de los noventa del siglo xx convocó a la Cumbre Mundial a favor de la Infancia.

En nuestro país la década de los noventa fue particularmente importante para colocar el tema de la diversidad y para cambiar el paradigma de la igualdad por el de la equidad, entendido como la igualdad en la diferencia.

El levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas colocó en la escena internacional la discriminación, explotación y despojo sufridos por los pueblos indios desde la Colonia, así como la situación de pobreza a que han sido relegados. Muchas organizaciones civiles, en particular las dedicadas a los derechos humanos y al medio ambiente, fortalecieron sus actividades a favor de los derechos colectivos de los pueblos indios y los defendieron ante las sistemáticas violaciones derivadas de las acciones y omisiones del Estado mexicano. La discriminación de los pueblos originarios se convirtió a partir de ese histórico levantamiento en un tema de debate internacional y motivó el encuentro de esos pueblos en reuniones internacionales para converger sus agendas e impulsar instrumentos de protección de sus derechos de alcance mundial.[3]

El vínculo entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos con los pueblos indios se estrechó en la primera década de este siglo, y actualmente la defensa de violaciones de sus derechos individuales y colectivos motiva nuevas estrategias de defensa utilizadas por las osc, como los llamados litigios estratégicos. Los casos de Vicente Radilla, Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, así como el de las hermanas González Pérez han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de evidenciar a nivel internacional la total desconsideración que el aparato de justicia mexicano tiene respecto de las violaciones de derechos humanos y la discriminación que siguen padeciendo los pueblos indios en nuestro país.

La falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que marcan los compromisos derivados de los diálogos entre el Ejército Zapatista y el gobierno mexicano sigue siendo un reclamo a las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno. A ellos se han agregado, en años recientes, nuevas demandas acompañadas por organizaciones civiles y sus redes en la defensa del subsuelo que está siendo entregado para la explotación minera a empresas monopólicas mexicanas y extranjeras. También la defensa del agua y de las costas ha pasado a ser materia de litigios ante la avaricia de empresas francesas y españolas, apoyadas por autoridades mexicanas corruptas.

Las comunidades indígenas, acompañadas por diversas organizaciones civiles y movimientos sociales, se han convertido en las mayores defensoras de los llamados bienes comunes ante el embate de las empresas globalizadas a las que sólo les interesa aumentar sus ganancias aun a costa de la destrucción ambiental, del tejido social comunitario y de los bienes culturales, con lo que contribuyen al despojo de los pueblos originarios y a la generación de violencia.

En la década de los noventa del siglo xx los poderes del Estado empezaron a cambiar las visiones puramente sectoriales de la política social mexicana para incorporar el tema de la diversidad y reconocer la existencia en el país de una cultura fuertemente discriminatoria hacia los pueblos indios, las mujeres, la comunidad lgbttti, las personas con discapacidad, las y los jóvenes de sectores pobres y las personas adultas mayores. Este reconocimiento entre los tomadores de decisiones tiene su fundamento en el activismo de las organizaciones civiles cuya agenda y razón de ser ha sido la defensa de los derechos de los grupos sujetos de discriminación.

En el segundo lustro de esa década comenzó la formulación de legislación específica sobre los derechos de algunos de estos grupos, la creación de instituciones especializadas en la protección de sus derechos y la asignación de presupuestos directamente vinculados a su atención; todas esas acciones continuaron en primer lustro de este siglo xxi. De manera importante, se impulsó la transversalización de las políticas, programas y acciones de los tres poderes del Estado mexicano con las perspectivas de género y de juventud. El ritmo y el paso en este sentido han sido marcados por las organizaciones de mujeres y las que defienden la igualdad de género, que históricamente han innovado en materia de incidencia en políticas públicas.

Sin embargo, el reconocimiento de la existencia de prácticas y conductas discriminatorias hacia los diversos grupos poblacionales afectados y el subsiguiente reconocimiento de sus derechos y la promoción de políticas públicas específicas e integradas han sido muy desiguales. Tal vez esto se relaciona también con una desigual evolución y poder de organizaciones civiles que asuman la defensa de las agendas de las y los jóvenes, de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, por ejemplo, frente a los poderes del Estado.

Si bien, existen muchas organizaciones de jóvenes y para jóvenes que trabajan con este grupo poblacional a nivel territorial, se trata de organizaciones que ofrecen servicios de distinto tipo, acompañan procesos y apoyan a jóvenes que enfrentan circunstancias de riesgo, pero no muestran mayor interés en trabajar con las instituciones. Ello es también reflejo de la falta de confianza que la población juvenil tiene hacia las instituciones del Estado o incluso hacia las privadas.

Hasta la fecha y a pesar de la importancia que desde hace varios años tienen las y los jóvenes en la estructura demográfica del país, se observa la ausencia de políticas y programas, de legislación, de instituciones y de presupuestos públicos dirigidos a su atención y desarrollo. Sus problemas se miran desde la lupa de la educación y los aumentos de la matrícula; por lo tanto, las acciones se reducen a la ampliación de becas escolares. La solución a los problemas de salud de este sector se traducen en centros para la atención de adicciones.

No se contempla la heterogeneidad de las poblaciones juveniles, los distintos niveles de riesgo y de amenazas que enfrentan, así como su diversidad territorial. La criminalización de las poblaciones juveniles de bajos ingresos por los cuerpos de seguridad policial y militar se ha convertido en uno de los más serios problemas de discriminación en el país, pues las y los jóvenes son perseguidos, desaparecidos, torturados y asesinados por su edad y apariencia física; entre ellos se incluye a las y los jóvenes migrantes centroamericanos. Las poblaciones en los reclusorios mexicanos están integradas sobre todo por personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad, en su gran mayoría primodelincuentes, por delitos menores a tres mil pesos.

México no ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (cidj), tratado internacional firmado el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España, es el primer y único tratado internacional que reconoce a la juventud como un grupo poblacional con derechos específicos.

En relación con las poblaciones con discapacidad fuera de los avances logrados en la década de los noventa del siglo xx en la formulación y adopción de legislaciones locales y la adaptación de algunas instalaciones públicas para hacerlas accesibles, no fue sino hasta la administración de Vicente Fox en que se alcanzaron mayores logros. En ese entonces México desempeñó un papel central en la promoción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el sistema de Naciones Unidas, y logró la adopción de ésta en 2006.

Un grupo que aún no logra una visibilización fuerte en el ámbito de la toma de decisiones públicas son las personas adultas mayores. Aun cuando desde hace años existe una institución nacional que con distintas denominaciones ha logrado promover ciertas prestaciones y servicios a la población adulta mayor, el nivel de asociatividad de esta población y su poder de incidencia aún es muy débil.

Esta mirada a vuelo de pájaro de la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la consecución del reconocimiento de los derechos y el abatimiento de la discriminación en contra de ciertos grupos poblacionales sólo nos habla de los largos caminos que todavía hay que recorrer. Se trata del impulso de cambios culturales necesarios en la población mexicana para que se reconozca a los otros, se acepte su calidad de seres humanos dignos y con derechos, y se enfatice la necesidad de lograr una sociedad más justa, igualitaria y equitativa.

Lamentablemente la situación de guerra interna y de polarización política en que nos encontramos no parece ofrecer muchas esperanzas para seguir avanzando en ese camino. Por el contrario, las miradas progresistas sobre la no discriminación están siendo derrotadas por las miradas conservadoras que han logrado introducir cambios legislativos e institucionales que nos regresan a tiempos de intolerancia y de la imposición de valores y de la legalidad de las elites dominantes: masculinas, católicas, blancas, urbanas y afluentes.

Estamos avanzando a pasos agigantados hacia la intolerancia, el miedo, el aislamiento y el desprecio y la desconsideración de lo diferente y diverso. Se trata de un camino que abona a la violencia y a la guerra, y que atenta contra la construcción de la paz.

[1] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), adoptada y abierta a firma y ratificación el 18 de diciembre de 1979 y en vigor a partir del 3 de septiembre de 1981; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Convención de Belém do Pará, adoptada el 6 de septiembre de 1994.

[2] Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a firma el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.

[3] Sin embargo, fue hasta el 13 de septiembre de 2007 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con la firma de 143 Estados a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América) y 11 abstenciones entre las que se incluyen Colombia y la Federación Rusa. La Declaración aborda, entre otros temas, los derechos individuales y colectivos que abarcan aspectos referentes a la identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma; también condena la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les atañen.