El pasado 3 de agosto falleció José Agustín Ortiz Pinchetti actor clave en la lucha ciudadana por la democracia. Como amiga de José Agustín y de Loretta Ortiz Ahlf lamento su partida, aunque creo que al final descansó.

Conocí a José Agustín en 1991 cuando fui invitada por Miguel Basáñez a integrarme junto con Amalia García, al grupo que se autodenominaba de Los Nueve y que se había integrado en 1990 con tres militantes de las corrientes democráticas del PRI, PAN y de la izquierda. Su interés era intercambiar posturas e información en relación con eventos importantes que estaban ocurriendo en el país después de la desastrosa elección presidencial de 1988.

Participaban en ese grupo José Agustín, Basáñez y Demetrio Sodi por el PRI, Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Zinser y Graco Ramírez por la corriente de izquierda y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Jesús González Schmal y Bernardo Bátiz   por el PAN.

José Agustín siempre fue un hombre amable, cariñoso, con una profunda espiritualidad y un gran interés por contribuir al avance democrático y a la justicia social. Quisiera recordar sólo algunas actividades en las que participé con José Agustín.

Desde ACUDE, Acuerdo Nacional para la Democracia, organización derivada del grupo de Los Nueve y que José Agustín presidió primero, participamos en actividades de observación electoral en tiempos que éstas causaban enorme enojo al gobierno priista, formulamos los “20 Compromisos por la Democracia” y fuimos una de las siete organizaciones que crearon Alianza Cívica. El plebiscito de 1993 en el Distrito Federal y el Grupo San Ángel también fueron proyectos a los que contribuyó ACUDE.

Cuando José Agustín fue consejero ciudadano del Instituto Electoral participé en el Comité Técnico para la vigilancia de las auditorías al padrón electoral, intervención que contribuyó a dar certeza de que ese padrón ya era confiable.

Varios integrantes de ACUDE colaboraron con José Agustín y Santiago Creel en el Seminario del Castillo de Chapultepec que sentó las bases para la reforma electoral aprobada por los partidos en 1996.

Ese año también formamos Causa Ciudadana, una de las primeras asociaciones políticas nacionales resultantes de esa reforma y que tuvo un desempeño ejemplar.

Finalmente, fui testigo del gran esfuerzo que José Agustín y María de los Ángeles Moreno, otra entrañable amiga, hicieron para que se aprobara la reforma política del Distrito Federal y se otorgara mayor presupuesto al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad.

Un periodo memorable de participación y organización ciudadana en el que José Agustín Ortiz Pinchetti jugó un papel protagónico.

Lamentablemente no logramos avanzar en una democracia participativa fundada en la escucha y el diálogo y en el reconocimiento de la complejidad y la diversidad social, económica y cultural de la población en el vasto territorio nacional. Mucho menos avanzamos en la formulación de un nuevo pacto social para generar un país incluyente, equitativo y con una perspectiva que permitiera desarrollar instituciones novedosas para enfrentar los nuevos riesgos que plantea el cambio de época que está viviendo la humanidad.

Cuando una madre acude a una fiscalía a solicitar que la ayuden a localizar a su hija recién desparecida y le contestan que seguramente se fue con el novio, es que el Estado se ha deshumanizado.

Cuando un grupo de madres buscadoras solicitan la protección de las autoridades para ir a escarbar en los terrenos donde posiblemente se encuentren los restos de sus familiares y nadie las acompaña y protege, es que el Estado está disminuido.

Cuando las personas y las comunidades no saben a quien acudir frente a un grupo de hombres armados que entran a sus casas, a su pueblo o a su barrio con el fin de secuestrarlos, matarlos o despojarlos, es que el Estado ha desaparecido.

¿Dónde quedó el Estado mexicano?

Las respuestas que recibimos ante la crisis de violencias que vive el país son muy diversas como:

• Estamos atacando las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
• Con el Programa “Jóvenes construyendo el futuro” estamos evitando que los jóvenes ingresen a la delincuencia.
• “Abrazos y no balazos” porque los delincuentes también son seres humanos.
• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en marzo de 2023, el 62.1 por ciento de la población se sentía insegura en su ciudad, y para marzo de 2024 ya sólo fue el 61.0 por ciento.
• Lo que ocurre en realidad, nos dicen, es que organizaciones conservadoras como el Frayba y el Prodh están exagerando y montando escenas para que se crea que en Chiapas hay un desastre por la presencia del crimen organizado.

La triste realidad es que las autoridades, a quienes elegimos democráticamente para hacerse cargo de los poderes del Estado, han renunciado al uso legítimo de la fuerza.

Eso significa renunciar a una facultad que les es exclusiva para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social.

Es una tragedia que instituciones civiles que deberían estar a cargo de las tareas de seguridad pública como las policías municipales y las estatales hayan sido desmanteladas, paralizadas o capturadas por la delincuencia en lugar de haberlas fortalecido, capacitado, dotado de equipamiento, tratado con dignidad y apoyado con inteligencia.

Argumentar que se están enfrentando las “causas estructurales” de las violencias no justifica permitir que tantas vidas se pierdan, que tantas personas sean sometidas a modalidades actualizadas de esclavitud, que miles de niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos violentos y en soledad y vean morir o desaparecer a sus madres, padres, hermanos o compañeros. Con ello se recrean causas estructurales.

Los programas sociales no funcionan como prevención de las violencias en entornos donde éstas se han normalizado si no va acompañados de intervenciones que, haciendo uso legítimo de la fuerza, restauren el orden público, la seguridad y la paz social.

Frente a la difundida y creciente violencia en nuestro país se están desarrollando varios esfuerzos para construir agendas de paz y proponérselas a quienes se disputarán la presidencia, las gubernaturas y las presidencias municipales en nuestro país.

Conozco cinco plataformas de la sociedad civil y de las iglesias que están vinculando a personas y organizaciones interesadas en la materia, así como a aquéllas que llevan a cabo proyectos exitosos de seguridad, justicia, construcción de tejido social y economía solidaria.

Se trata entre otros aspectos, de recuperar y difundir experiencias de buenas prácticas de policías de proximidad, acuerdos y mesas de seguridad, solución pacífica de conflictos, recuperación de la convivencia y de la confianza mediante actividades culturales, fiestas, deportes y rescate de tradiciones. Obviamente además de propuestas para que los gobiernos realicen y se comprometan a reducir la conflictividad y las violencias y recuperan la confianza de las personas y comunidades.

Existe inclusive un importante esfuerzo internacional, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Son más de 100 organizaciones de Guatemala, Honduras, México, Colombia, Estados Unidos y Canadá.  

Incluye a comunidades mexicanas, mexicano-americanas, afrolatinas y latinx que han venido elaborando una Agenda Binacional que presentarán aquí a finales de febrero.

Entre sus demandas a los gobiernos de México y de Estados Unidos plantean detener el flujo legal e ilegal de armas de Estados Unidos a México; abrir los cuarteles a sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia; cooperar en la búsqueda de personas desaparecidas en la región y establecer mecanismos de justicia, verdad, memoria y reparación.

Incluyen el reconocer y terminar el racismo y su legado histórico en todo nivel y garantizar el respeto a las comunidades y pueblos indígenas.

Proponen cambiar el modelo actual de gestión migratoria para acabar con la detención y deportación de personas migrantes; establecer un camino para la desmilitarización completa de los territorios y las fronteras e impulsar acuerdos laborales en ambos países que protejan a las y los trabajadores, sindicatos y castiguen a las compañías que se aprovechan de la migración forzada.

Será una importante agenda que refleja el sentir de trabajadores, agricultores, campesinos, artesanos, mujeres, jóvenes y niños y niñas, migrantes, afrodescendientes, pueblos originarios, que son víctimas de un capitalismo salvaje, globalizado, que explota a miles de millones de seres humanos, extrae recursos naturales en todo el globo, somete gobiernos y compra e impone políticos, se alía y controla bandas delincuenciales y promueve guerras para seguir explotando tierras y personas.

Un capitalismo salvaje que, por la avaricia irrefrenable y el deseo de poder y control de sus protagonistas, está llevando a la humanidad a su extinción.

Muchos y muchas compartimos una gran incertidumbre y un creciente temor sobre lo que ocurrirá en nuestro país en 2024.

En un contexto mundial de guerras y destrucción, aumento de los extremismos políticos y religiosos, elecciones en países donde habitan 3.5 mil millones de personas, creciente concentración de poder en empresas tecnológicas globales y un futuro de riesgos ambientales en aumento, México está participando en condiciones poco favorables.

Posiblemente continuará expandiéndose el control del territorio y de las actividades económicas por el crimen organizado.  Ello frente a una destrucción y centralización de capacidades institucionales para gobernar y brindar bienestar, protección y seguridad a la población.

Desde junio de 2022, a raíz del asesinato en Cerocahui, Chihuahua de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas, la Compañía de Jesús en México inició un proceso de conversatorios y foros para la construcción de paz en todo el país.

En una primera etapa se escucharon las voces, las esperanzas, los dolores y los miedos de más de 20 000 personas en comunidades rurales y en ciudades. Cómo resultado de esta primera etapa, un grupo de personas expertas rescataron y ordenaron las preocupaciones y las propuestas y formularon una Agenda Nacional de Paz en torno a cuatro temas: justicia, seguridad, tejido social y cárceles.

La Agenda fue presentada en noviembre al presidente de la República y a las dos candidatas a la presidencia en reuniones con la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Poco después, la sometida Comisión Nacional de Derecho Humanos acompañada por varias instituciones de gobierno y universidades,

emitió una extraña DECLARACIÓN sobre “paz crítica” que pareció ser una respuesta del gobierno federal a la Agenda Nacional mencionada.

En la actualidad se está llevando a cabo una segunda etapa del Diálogo Nacional por la Paz. Se continua con los conversatorios al nivel local y se sumó el trabajo de siete comisiones integradas por personas expertas a nivel nacional. En esta etapa se pretende elaborar agendas de paz locales y profundizar las propuestas en los cuatro temas mencionados, así como abordar de manera particular la situación de los adolescentes y jóvenes.

En la comisión nacional encargada de proponer políticas, programas y acciones para la construcción de tejido social enfrentamos grandes retos: cómo desarrollar modalidades de socialización que generen espacios de confianza y pongan límites a conductas violentas; cómo construir seres humanos que respeten y reconozcan el valor de la vida, de la libertad y de la  integridad de otros; cómo recuperar y reintegrar socialmente a los miles de víctimas-victimarios a partir de que ellos mismos sean reconocidos como seres valiosos y con derechos; como enfrentar las tecnologías que deshumanizan, aíslan y destruyen las relaciones humanas.

Retos de difícil respuesta frente a las revoluciones industriales en curso, la ausencia de mecanismos de gobernanza mundiales, la extensión de conflictos bélicos y un año de elecciones en nuestro país.

Pronto iniciará 2024. Muchos seguramente deseamos que no resulte tan violento, ni tan conflictivo como sería de esperar en un año en el que 20 mil 263 cargos públicos serán objeto de elección. Estos incluyen a la presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados, 9 gobernaturas, entre ellas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y 1,803 presidencias municipales. El resto son sindicaturas, regidurías, concejalías y cargos auxiliares.

Por varios meses  la conversación y la disputa pública han girado en torno a las candidaturas, a las encuestas amañadas, a las confrontaciones entre cúpulas de los partidos,  a la paridad en las candidaturas, a los equipos que acompañarán a quienes resultaron ganadoras de obscuros procesos de selección, así como sobre las múltiples violaciones a la legislación electoral por todos los que están en la pelea por el poder político y también por quienes operan como árbitros del proceso: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF)

No recuerdo haber vivido un proceso electoral tan prolongado, tan descompuesto y con tantos intereses contrapuestos. Ni tampoco que lleve tantos meses desviando la atención de asuntos tan urgentes e importantes para el país como el incremento del control de la delincuencia en actividades económicas legales, la muerte de jóvenes en asesinatos colectivos que quedan totalmente impunes, el aumento de la violencia hacia las mujeres o los daños provocados por el huracán Otis en Guerrero.

Sólo se mira el corto plazo y la superficie y se desatienden problemas estructurales que deterioran cada día más nuestra convivencia.

Quisiera expresar por ello varios deseos para el 2024.

Primero que las autoridades electorales puedan integrarse debida y oportunamente: el Tribunal con los magistrados que faltan tanto en la sala federal como en las regionales, responsabilidad ésta del Senado, y que el INE finalmente acuerde colocar funcionarios con experiencia a cargo de su secretaría y de sus direcciones ejecutivas.

Que los magistrados y los consejeros tengan presente que están al servicio y muy bien remunerados por la ciudadanía y no por los partidos políticos. Que están obligados a preservar su independencia como árbitros, así como la integridad del proceso electoral y la confianza en el mismo.

Que las cúpulas de los partidos políticos reconozcan que son sólo eso, cúpulas sin militantes, y acepten que otras candidaturas son posibles y necesarias y que no postulen delincuentes como candidatos.

Finalmente, que en especial el presidente, las candidatas, los gobernadores y el congreso federal comprendan que han sido muchos años, mucho esfuerzo de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, muchas vidas y años de cárcel y muchos recursos públicos dedicados a construir una democracia que, aunque perfectible e incompleta, nos ha permitido transitar en paz entre gobiernos de diferentes partidos desde hace cerca de un cuarto de siglo.