Bajar presentación: propuesta_academia_arquitectos_2

Con relación a los cuestionamientos clave que se ha formulado el Seminario en Gobernabilidad y Desarrollo Sustentable sobre Seguridad Humana y Democrática, incluidos en la amable invitación que recibí trataría de reflexionar en esta breve ponencia sobre dos de ellos: ¿Cómo armonizar los objetivos sociales, económicos y ambientales del Estado de Derecho? Y si ¿Tenemos las instituciones para enfrentar los retos de una seguridad amplia? En relación con el primero creo que haré una reflexión positiva y esperanzadora, pero respecto el segundo compartiré con ustedes una visión más inclinada al pesimismo.

Considero que un referente fundamental para hablar de Seguridad Humana y Democrática es la doctrina y conceptualización y los desarrollos recientes de los derechos humanos incluidos los civiles, los políticos, los sociales, los económicos, los culturales y los ambientales, así como los derechos colectivos y los relacionados con grupos de población como son la infancia, las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes, los adultos mayores, la población LGTTTBI, las personas con discapacidad, etc.

Los instrumentos internacionales de DDHH signados por un gran número de países, destacan que estos son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes y exigibles y que no puede privilegiarse unos conculcando otros. Su fundamento es el reconocimiento de la dignidad humana.

Los DDHH norman las relaciones entre los poderes del Estado y las personas que viven y transitan en sus territorios y establecen obligaciones claras para estos.

Tres obligaciones del Estado son fundamentales las de proteger, respetar y satisfacer o cumplir (facilitar, promover y proporcionar). Otras incluyen no discriminar, adoptar medidas inmediatas de orden interno para la plena efectividad de los derechos como es modificar los ordenamientos jurídicos internos, definir recursos efectivos ante tribunales que amparen a la persona contra actos que violen sus derechos reconocidos por ley, producir y publicitar información para hacer efectivo el control ciudadano de las políticas públicas y hacer accesible para todos esa información, asegurar la participación de las personas en la definición de las políticas y estrategias para cumplir las obligaciones del Estado en materia de DDHH y la rendición de cuentas.

La ciudadanía plena se relaciona con la seguridad amplia o integral de las personas, garantizando el Estado que todos los derechos humanos serán respetados y protegidos. Un enfoque del desarrollo económico y social desde esta mirada serviría para enmarcar tanto las acciones de prevención y persecución del delito como las de prevención social de las violencias, que aunque sean ambas de prevención significan intervenciones totalmente distintas,. La primera apunta a fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad para disuadir de la comisión de delitos, mediante el aumento de patrullas, vigilancia, cámaras, desarme etc. y la otra significa la ampliación de las oportunidades de desarrollo y la mejoría en la calidad de vida de ls personas y comunidades.

El predominio de los regímenes primero mercantilistas, después capitalistas y ahora llamados de economías de mercado desde el siglo XVII ha determinado una evolución de la legislación relacionada con los derechos civiles y políticos y con las libertades fundamentales, que como señala Christian Curtis, lleva de menos 400 años de evolución y en cambio, la relativa a los derechos sociales cuenta apenas con 200 años. Es solo hasta los últimos 20 años que empiezan a ser incorporados en las legislaciones de los países de occidente los derechos colectivos o de los pueblos, contenidos en el derecho consuetudinario, siendo su importancia fundamental para el reconocimiento y protección de los bienes comunes.

A 62 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aùn ahora para muchas personas e instituciones, interpretan que hablar de derechos humanos es referirse a derechos individuales, civiles y políticos y a la no interferencia del Estado en su ejercicio.

Sin embargo, desde la Conferencia de Viena de 1993 ha habido un avance sustantivo en la incorporación del enfoque de derechos humanos en los planes, programas y presupuestos públicos de varios países. Todas las agencias de Naciones Unidas han incorporado dicho enfoque en la gestión de sus campos de especialidad y se ha observado un avance sustantivo en la operacionalización de los principios relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales referidos a: la aplicación del máximo de recursos disponibles, a garantizar niveles esenciales de esos derechos y a la progresividad y no regresividad en el avance de su garantía. Los aportes de los relatores especiales que revisan la situación que guardan estos derechos en distintos países han sido fundamentales para esos avances como es el caso de Paul Hunt, en relación a cómo hacer realidad el derecho al nivel más alto posible de salud, inclusive en un mundo globalizado.

La tardía aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permite ahora que los reclamos por violaciones a esos derechos, puedan llegar a las instancias internacionales, pues anteriormente sólo se atendían las violaciones relacionadas con los derechos civiles y políticos.

La reciente reforma en materia de derechos humanos a nuestra Constitución representa un importante avance en la incorporación del enfoque de derechos humanos en toda nuestra legislación y aunque lentamente, puede significar un cambio importante en el desarrollo institucional, en el manejo de las políticas públicas e incluso, constituirse en un cuestionamiento profundo de la estrategia económica adoptada desde hace treinta años por los gobiernos nacionales.

En la medida que logremos avanzar hacia la exigibilidad y justiciabilidad de todos los derechos humanos se promoverá un empoderamiento ciudadano que obligue al Estado Mexicano a diseñar e implementar con la participación de la población, estrategias, planes y sistemas que garanticen la realización de los DDHH. Esto debería comducir a reconfigurar al menos siete sistemas fundamentales para la vida de las y los mexicanos:

• el sistema judicial,
• el sistema político electoral,
• el sistema nacional de salud,
• el sistema nacional de educación, la seguridad social universal,
• un sistema fiscal equitativo y efectivo que provea al Estado de suficientes recursos y nos libere de la dependencia de los recursos del petróleo, y
• un sistema para el ordenamiento del territorio y el aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos naturales.

Estos siete sistemas son los fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, a la participación política democrática, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a la seguridad ambiental, como fundamento de una mejoría en la calidad de vida, del combate a la desigualdad, la construcción de cohesión social y la protección de las generaciones futuras.

Ahora, conversando sobre la parte obscura de la moneda, quisiera referirme brevemente a la segunda pregunta seleccionada ¿Tenemos las instituciones para enfrentar los retos de la seguridad amplia? Y la respuesta es un contundente no.

Lamentablemente una vez alcanzado el cambio del partido en el poder en el año 2000, dejamos en manos del nuevo gobierno y de los partidos políticos la tarea de reformar a las instituciones del Estado, sin que el movimiento democrático amplio tuviese una clara propuesta de la Reforma del Estado que se debería haber impulsado. En los 10 años de gobiernos panistas, los partidos políticos no se han puesto de acuerdo para llevar a cabo una necesaria y profunda reforma de Estado. Por el contrario han dejado que se deterioren aún más las instituciones que se construyeron en los 70 años de gobiernos del PRI y en particular, en las que se responsabilizan de la protección social amplia o seguridad social en un sentido integral, el Estado se está transformando de un prestador directo de servicios sociales públicos a un financiador de servicios sociales ofrecidos por prestadores múltiples que incluyen ya incluso, proveedores internacionales.

Los servicios públicos sociales (educación, salud, provisión de agua, de energía, desarrollo de vivienda, etc.) se han transformado en nuevos espacios para el desarrollo de empresas lucrativas pagadas con los recursos públicos, sin que el Estado desarrolle sus capacidades para regular y controlar la calidad, oportunidad y los precios de esos servicios y cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos de las personas de violaciones cometidas por terceros, prescrita en los instrumentos internacionales.

Las características hasta ahora monopólicas de prestación de esos servicios por el Estado anuncian su transformación en monopolios privados, como ocurrió con los servicios de telefonía en manos de TELMEX, y rápidamente se convierten en poderes fácticos que subordinan y controlan a las instancias del Estado que deben regular su operación.

Las instancias públicas se transforman así en promotoras de los intereses de los dueños de las empresas, por sobre los intereses de la población y de la comunidad; promueven y aceptan la entrega de bienes públicos y comunes a las empresas como está ocurriendo con la explotación del subsuelo del país a los intereses de las grandes empresas mineras nacionales y trasnacionales.

Esta trayectoria cancela las posibilidades de una participación democrática diversa y auténtica en el diseño de políticas públicas y por lo tanto el ejercicio de ciudadanía en favor de la calidad de vida de los habitantes del país. Las desigualdades se profundizan y la violencia estructural y de Estado se combina y retroalimenta con la violencia criminal.

Pero personalmente lo que me parece más preocupante es que la formación de las nuevas generaciones de profesionales se sigue haciendo de acuerdo a las teorías del neoliberalismo, con un profundo desconocimiento y descalificación de la historia social, cultural y económica del país, y peor aún, de la diversidad de las realidades concretas que se viven en el territorio nacional. La mediocridad y la incultura acompañan la imposición de los intereses de unos cuantos en contra de los intereses de las mayorías.

Bajar presentación: Causas sociales de la violencia

México está experimentando una violencia delincuencial inédita en su historia. Varios territorios del país son ahora controlados por las bandas del crimen organizado o por pandillas locales que ante la ausencia de Estado de Derecho, cometen los delitos sin consecuencia y con total impunidad. Se estima que 30,000 personas han sido abatidas por esta llamada guerra contra el crimen en lo que va de la actual administración y algunos prevén que, de continuar la estrategia adoptada por el Presidente Calderón, alcance hasta 75,000 personas, al final de su mandato.

Algunos expertos calculan que medio millón de individuos son los que están involucrados en las redes delincuenciales. Se habla de la comisión de 23 tipos de delitos que pasan por los secuestros, la extorsión, el contrabando, la piratería, el tráfico de personas, y no sólo por la producción, trasiego y comercio de droga.

La forma de confrontar la situación se ha centrado en el uso de la fuerza del ejército, la armada y las policías a todos los niveles. Se destinan grandes recursos para la compra de armamento y equipos de las tecnologías más actualizadas para vigilar, perseguir e investigar a las cabezas de las bandas. Mientras tanto, los centros de reclusión en el país son un desastre, llenos de jóvenes que han cometido delitos menores; asimismo. las capacidades y el interés por investigar las muertes de esas miles de personas entre las que hay muchas llamadas “víctimas colaterales” son sorprendentemente escasos y la aplicación y el acceso a la justicia es un servicio ausente en el país.

En el año de 2003 cuando la denuncia de los múltiples feminicidios que se estaban cometiendo en Ciudad Juárez alcanzaba resonancia a nivel mundial y el Gobierno del entonces Presidente Fox, decidió intervenir mediante la creación de una serie de instancias sin mandato claro y por lo tanto sin fuerza, para investigar y castigar, como fue la entonces Comisión para la Prevención de la Violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez o la Fiscalía especializada en la materia, un grupo de organizaciones de la sociedad civil convocaron a Incide Social, -la organización en la que yo participo- a que elaboráramos un diagnóstico sobre la situación social de esa ciudad. Ya entonces estábamos convencidos que las violencias de todo tipo son construcciones económicas, sociales, culturales e incluso, políticas.

A partir información obtenida de lo que nuestros amigos, los activistas sociales observaban en su trabajo en el territorio de esa Ciudad, empezamos a buscar investigaciones ya realizadas, a recabar información estadística y a realizar entrevistas a profundidad con expertos en diversos temas, a fin de corroborar las hipótesis que surgieron de los primeros sondeos.

El resultado hizo evidente que además de factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y una vieja cultura de ilegalidad sobre la que se construyeron varias ciudades de la frontera norte del país, había intervenciones u omisiones de diversos agentes sociales, destacadamente los gobiernos de los tres niveles y las élites empresariales, económicas y políticas de Ciudad Juárez que habían generado una ciudad donde la violencia contra las mujeres y la muerte de mujeres jóvenes era aceptada e incluso, protegida por los cuerpos de seguridad y los de justicia.

Las élites económicas sostenían que esas muertes derivaban de asuntos relacionados con la violencia doméstica y que ésta constituía una cuestión de la vida privada. Los cuerpos de seguridad y de justicia, simplemente asumían la visión de las élites y no se preocupaban por investigar las desapariciones y muertes de mujeres, excepto cuando se trataba de las hijas o mujeres de la propia élite.

Las mujeres particularmente las jóvenes con características mestizas e indígenas, se habían convertido en mercancías negociables y prescindibles anta la enorme presencia de las mismas en la ciudad a lo largo de por lo menos, dos décadas. Eran mujeres que venían de otros territorios al trabajo de maquila a cumplir dos sueños: liberarse de la opresión de género en sus comunidades de origen y poder mejorar sus niveles de vida.

Así de 1970 a 1990 las maquiladoras atrajeron fundamentalmente mujeres de muchas regiones del país, provocando cambios importantes en las relaciones entre sexos; los recursos para el desarrollo social se dedicaron a la construcción de parques para la instalación de maquiladoras y los partidos políticos promovieron la invasión de terrenos inadecuados y riesgosos para la construcción de viviendas precarias, para ser ocupadas por los trabajadores migrantes. Además de desarrollar clientelas políticas, con ello revalorizaban los predios de los históricos especuladores de la tierra que han sido otro poder fáctico presente en esa Ciudad.

A pesar de las evidencias que han convertido a Ciudad Juárez en una verdadera catástrofe humana, existen actualmente en la Ciudad tres proyectos para ampliar la extensión de la misma a más del doble de su tamaño actual con fines industriales o de vivienda masiva popular. El pésimo transporte colectivo continúa siendo un espacio de lucro de algunos grupos empresariales y causa eficiente de la comisión de abusos y delitos en sus unidades, en las zonas de transferencia o en los múltiples terrenos baldíos que las mujeres tienen que recorrer para llegar a sus viviendas. Asimismo, la ciudad carece de un sistema pluvial para la captación y canalización de las lluvias, que aunque escasas, llegan a generar inundaciones y dañar las pocas pertenencias de pobladores de ciertas colonias; la insuficiencia de escuelas medias y medias superiores, así como de estancias para la atención de la primera infancia de los hijos de las trabajadoras de la maquila, son ampliamente reconocidas.

En la crisis de 2008 Juárez una ciudad que alcanzó 1.5 millones de personas, perdió 75 mil empleos de la maquila, 230 mil personas han abandonado la ciudad y muchas familias e infantes están experimentando hambre y abandonando las escuelas. Hay 10 mil huérfanos producto de los que han sido asesinados en sus calles y alrededor de 7 mil personas presentan discapacidad por heridas de bala.

Principales resultados de los estudios en las Zonas Metropolitanas de Tijuana, Guadalajara y Aguascalientes y de la actualización de la investigación en Ciudad Juárez

Ahora bien, en el año 2009 la actual Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el país (CONAVIM) solicitó a INCIDE Social coordinar una investigación semejante a la de Ciudad Juárez para seis ciudades: dos en la frontera norte (Tijuana y actualizar la investigación de Ciudad Juárez), dos en el centro del país (Aguascalientes y la ZM de Guadalajara) y dos en el sur (Mérida y Tapachula).

El trabajo fue realizado en un plazo de 10 meses, por grupos de investigadores locales bajo una coordinación también local, y participaron más de 60 especialistas de diversas disciplinas. INCIDE Social propuso la metodología y se responsabilizó de asegurar que los diversos campos de la realidad económica, social y cultural que se propusieron para ser analizados (12 en total), lo fueran desde la perspectiva de los factores precursores, detonadores, de riesgo y de contención de las violencias que pudiesen detectarse en cada uno de esos campos.

Por ejemplo, la educación, los maestros y los centros escolares debiendo ser espacios y agentes de contención de las violencias, se han convertido en ámbitos de cultivo de éstas por la falta de pertinencia, sentido y utilidad, que los contenidos escolares tienen actualmente para los adolescentes y jóvenes. Ello los mueve a abandonar las escuelas por aburrición o por falta de dinero, las dos causas más importantes de las crecientes tasas de deserción en las escuelas secundarias y de media superior, que se detectaron en las ciudades analizadas.

Muchos maestros e incluso directores, se declaran carentes de herramientas para acompañar los problemas emocionales que enfrentan sus alumnos o para solucionar pacíficamente los diversos conflictos que se suscitan en las escuelas, por lo que prefieren alejarse y no involucrarse. Esto lo perciben los jóvenes y convierten a las escuelas en territorios de abuso y violencia contra sus compañeros e incluso contra los maestros y directivos. Por su parte, los padres y las madres, agobiados por los tiempos que tienen que destinar a la obtención de ingresos para el sostenimiento de sus familias, prefieren no involucrarse en la comunidad educativa y ven a las escuelas como espacios de guarda de sus hijos mientras ellos y ellas trabajan.

Veamos a continuación otros dos hallazgos que se comparten entre las ciudades estudiadas como aspectos que han contribuido a los niveles de violencia que se viven en las ciudades en México, niveles que incluso son superados en varias comunidades rurales donde sus habitantes presentan altos grados de indefensión ante batallones de individuos con una enorme capacidad de fuego y una ausencia absoluta de respeto por la vida y la dignidad humana.

Examinemos a continuación la naturaleza del crecimiento urbano de las últimas tres décadas como factor precursor de las violencias. Varias políticas adoptadas por los gobiernos mexicanos en los últimos treinta años han convertido a las ciudades en zonas donde se propicia el surgimiento de frustración, conflicto, enojo y violencia y la comisión cotidiana de múltiples delitos mayores y menores. Se trata de la sostenida disminución de las capacidades y atribuciones de los gobiernos para llevar a cabo planes urbanos y regulación de los usos del suelo; la liberación del mercado de tierras con los cambios constitucionales realizados en 1992; los programas de titulación de predios de las poblaciones pobres (PROCEDE); la desarticulación de las políticas hacia los productores campesinos de bajos ingresos; el traslado, del control y las decisiones sobre los desarrollos de vivienda a los municipios, mismos que presentan una gran debilidad institucional; la transformación de las instituciones de vivienda del Estado en meras financiadoras y promotoras de proyectos privados.

Este debilitamiento del control y vigilancia del Estado respecto del desarrollo urbano e inmobiliario, convirtió a las ciudades en territorios libres, dominados por las fuerzas del mercado, sujetos a la voluntad y los afanes de lucro de un nuevo poder fáctico como son las empresas inmobiliarias, unidas a los viejos especuladores de la tierra, a funcionarios corruptos, ineptos o ignorantes de sus campos de responsabilidad y a ciudadanos que invaden plazas púbicas, calles y paraderos para instalar comercios o para extender sus estacionamientos o patios privados..

Las ciudades mexicanas han crecido en los últimos veinte años de manera horizontal provocando una sistemática y sostenida insuficiencia de recursos públicos y rezago en la provisión de servicios de infraestructura social y urbana para los nuevos desarrollos, entre estos agua potable, drenaje, pavimentación, alcantarillado, alumbrado y energía, recolección de basura, protección de la salud, servicios de educación y culturales, entre otros. Hay colonias en las ciudades producto de invasiones ilegales o de desarrollos formales de vivienda popular, que no cuentan con alumbrado, servicios de vigilancia, transporte, calles y avenidas para entrar y transitar por ellas. Los traslados de sus habitantes hacia sus trabajos, a los centros escolares o a los servicios comerciales y públicos, provocan fuertes gastos de tiempo, energía y dinero, congestionamiento vial, y derivan en enojo, frustración y precariedad económica.

Esto se relaciona también con otro fenómeno que se observa en las ciudades mexicanas que es la segregación por usos del suelo y socioeconómica. Se crean así zonas especializadas en vivienda, otras en industria y otras en servicios comerciales. Asimismo, los pobladores de distintos estratos socioeconómicos no conviven y los habitantes pobres son arrojados a las periferias de las ciudades en terrenos de alto riesgo de derrumbes, deslaves, inundaciones y distintos percances ambientales.

Crecientemente surgen cotos cerrados en medio de las ciudades de estratos socioeconómicos diversos, como si fueran guetos. Las consecuencias de esta segregación desde el enfoque de violencias, es la ruptura del tejido urbano y una creciente dificultad para transitar por calles y avenidas, obstáculos para el acceso de los servicios de seguridad y de emergencia a fin de atender denuncias, la ausencia de miradas que vigilen las calles y los edificios durante determinadas horas del día, y por lo tanto, calles solas durante el día o durante la noche; el encerramiento de las personas y las familias y la ausencia de mecanismos y espacios para la recreación del tejido social, de solidaridades y de acompañamiento.

Otros aspectos del desarrollo urbano y de vivienda que afectan fuertemente la convivialidad inclusive al interior de los hogares y aumentan los riesgos de violencia, simplemente enunciados, son: la insuficiencia de espacios públicos y la apropiación privada de los existentes (calles, avenidas, plazas, jardines, centros culturales y de desarrollo social, etc,); la desigualdad en la inversión pública urbana y de los servicios e infraestructura, favoreciendo a las zonas de altos ingresos y en contra de zonas de bajos recursos; el privilegio a la inversión para el automóvil cuando la mayoría de la población se moviliza en transporte público, en bicicleta o a pie; la construcción de desarrollos inmobiliarios de gran tamaño, alejados de las ciudades, con viviendas muy pequeñas, de mala calidad constructiva, sin vías de acceso y vías alternativas, sin servicios de transporte suficientes y carentes de espacios públicos, servicios sociales y comerciales; el hacinamiento; la mala calidad y la insuficiente disponibilidad de transporte público; la presencia de una proporción elevada de terrenos baldíos y de una infraestructura urbana que nunca ha sido pensada en términos de los riesgos para la seguridad y el bienestar de las personas (bajo puentes, instalaciones solas y abandonadas, pasos peatonales subterráneos, vías rápidas, obras sin concluir o en construcción, etc.)

Veinte años al menos, de un crecimiento urbano caótico demandarían de una reforma urbana profunda para evitar que las ciudades continúen siendo territorios de construcción y ejercicio de distintos tipo de violencias. Sería necesario redensificar; aprovechar los predios baldíos y promover usos mixtos del suelo; recuperar, ampliar y reutilizar los espacios públicos para la convivencia de la diversidad cultural y socioeconómica de la población urbana; repensar las prioridades de la movilidad humana en su interior; exigir tamaños de vivienda decente y disponibilidad de servicios y espacios públicos en los desarrollos inmobiliarios; reestructurar el sistema de vialidades y el transporte público y promover y aplicar una fuerte reforma a la arquitectura institucional del municipio y de los gobiernos urbanos y metropolitanos, son algunas de las medidas que deberían aplicarse de inmediato.

Veamos otro aspecto que fue puesto en evidencia en las investigaciones como factor precursor de las violencias urbanas. Se trata de la relación entre la evolución de la economía y la reproducción y desarrollo de los seres humanos. El país ha experimentado desde hace varias décadas, un crecimiento económico insuficiente en términos de la generación de puestos de trabajo y de oportunidades de ingreso para un importante contingente de población joven que ha formado el llamado bono demográfico de la nación. Este precario desempeño se ha visto acompañado de una liberación y flexibilización del mercado de trabajo acompañado sin embargo, por un rígido control salarial y una liberación del mercado de capitales y de mercancías con Estados Unidos, pero no así del movimiento de la mano de obra. La pérdida de prestaciones sociales y la reducción de los salarios en los trabajos formales de la economía también han sido parte de lo ocurrido en las últimas tres décadas.

Es decir, la política económica ha caído sobre las espaldas de las familias de trabajadores quienes han tenido que desarrollar diversas estrategias para sobrevivir. Las más reconocidas son las migraciones indocumentadas que alcanzaron en los últimos años a más de medio millón de personas que abandonaron el país como saldo neto anual. La migración interna hacia las ciudades de frontera y turísticas es otra estrategia familiar y un fenómeno que presiona a las urbes. Otro camino seguido ha sido la incorporación de las mujeres, los jóvenes e incluso los niños, a actividades generadoras de ingreso entre las que se encuentran las actividades informales e incluso las delincuenciales.

Pero lo que se ha analizado insuficientemente es el efecto que todo lo anterior tiene en la crianza, cuidado y desarrollo de la infancia y la juventud en los sectores populares y de bajos ingresos.

Las investigaciones realizadas en materia de transformaciones en la organización y dinámica de las familias y en el desarrollo del empleo, el ingreso y el gasto de las personas y las familias, permiten concluir que la precarización del mundo laboral se ha traducido en una precarización de la economía de la reproducción; que los miembros adultos en promedio han tenido que destinar más tiempo de trabajo a la obtención de ingresos en desmedro de la atención a la vida personal y familiar. La tensión, la fatiga y el enojo derivado de prolongadas jornadas de trabajo y de traslado entre trabajo y viviendas precarias, pequeñas y hacinadas; las bajas remuneraciones y periodos prolongados de desempleo para los adultos hombres, constituyen un factor de riesgo para la violencia doméstica y el abandono de los hogares.

Un número importante de niños, niñas y jóvenes pasan muchas horas solos y están enojados; incluso va en aumento el número que viven solos con sus hermanos, o con sus abuelos, sufren maltrato y violencia y experimentan grandes carencias no sólo materiales, sino fundamentalmente psicoafectivas. Ni los gobiernos, ni las empresas han desarrollado suficientes estrategias y programas para apoyar la conciliación entre vida laboral y vida familiar.

Si a lo anterior agregamos lo que señalaba al inicio de esta ponencia que es la pérdida del sentido protector de las escuelas y los maestros y de la utilidad última de la educación para muchos jóvenes en el mundo actual, arribamos a la situación de muchos de ellos que desertan de las escuelas y no estudian, ni trabajan y forman nuevas familias a través de las bandas y pandillas donde encuentran compañía, afecto, apoyo y solidaridad.

Las élites económicas y políticas no saben qué hacer con los jóvenes, les temen, los discriminan y criminalizan por jóvenes y pobres y los cuerpos de seguridad asumen esa discriminación y criminalización como tarea propia, escalando con ello el ambiente de violencia institucional hacia la juventud. Algunos de ellos asumen conductas de riesgo que los incorporan a una vida que los conduce con frecuencia, a la autodestrucción por la vía de las adicciones, el suicidio, los accidentes, las peleas en el barrio, la participación en barras o en grupos diversos (punks, darketos,) y la incorporación en bandas delincuenciales, incluso de tipo transnacional.

Los aspectos de la realidad social de las ciudades estudiadas hasta aquí descritos, son mostrados en las investigaciones a través de cifras y mapas y de los relatos de personas que desde diversas posiciones, hacen un seguimiento de la fenomenología social de las ciudades. Son sólo parte de otros aspectos estudiados como el papel de los medios de comunicación, las facilidades y los servicios de salud mental y física disponibles, así como culturales, de recreación y deportivos, el papel de las organizaciones sociales y civiles como factores de contención, el desarrollo y el estado de la cultura de la legalidad y la situación de los cuerpos de seguridad y justicia y la percepción que la población tiene de ellos.

Los resultados obtenidos muestran que la violencias de distinto tipo y origen son construcciones sociales donde la pobreza, la exclusión. la discriminación y principalmente, la desigualdad contribuyen grandemente a su desarrollo.

Las políticas de seguridad pública privilegiadas por el gobierno actual no rendirán fruto si no son acompañadas de una política social integral preventiva, de la recuperación del derecho al Estado y de una revisión del modelo económico que tanto daño ha provocado en la vida de millones de mexicanos y mexicanas.