Los actos de terrorismo realizados por el brazo armado de Hamás contra la población civil israelí, planeado durante varios meses y seguramente financiado y asesorado por intereses políticos del complejo mundo de los países árabes, no es aceptable, ni justificable.

Ni el asesinato, ni la tortura, ni el tratamiento cruel, inhumano o degradante ejercido contra cualquier persona, son excusables. Se trata de actos de lesa humanidad.

Masacrar o secuestrar a niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas mayores y con discapacidad, penetrando en sus casas y en sus comunidades para generar muerte, terror, incertidumbre y desconfianza entre la población civil de Israel, no pueden justificarse mediante explicaciones históricas.

Los extremismos ortodoxos confrontados, la intolerancia frente a las diferencias, la polarización utilizada por élites religiosas y políticas para imponer o conservar su poder y someter a millones de personas, son una expresión del abismo al que se dirige la humanidad.

Hace 75 años la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal compartido.  Fue un pacto mundial para evitar la repetición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y del exterminio, ejercidos por los estados de varios países durante la Segunda Guerra Mundial, destacadamente Alemania, contra poblaciones con identidades religiosas, ideológicas y de origen étnico diversas.

Lamentablemente, las instituciones creadas a nivel internacional y nacional para hacer efectivo ese pacto, así como los instrumentos internacionales que se fueron creando para reconocer los derechos humanos y para exigir su cumplimiento, se encuentran impotentes y debilitadas frente a la violación de estos por distintos agentes.

Ya no son sólo los estados que los incumplen, son las empresas globales de tecnología, las productoras y vendedoras de armas, las farmacéuticas, los terroristas, el crimen organizado, entre otros.

La crueldad, las violencias y las guerras se extienden en el mundo sin que exista poder alguno que las pare. Los estados nación y los organismos internacionales resultan impotentes y están rebasados.

Haber llevado a cabo este ataque por mar, tierra y cielo a una población civil indefensa durante la madrugada, merece una reprobación absoluta.

“El reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”

La Silla Rota

14.09.2023

Es indudable el alto nivel de aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con una encuesta promovida por el Centro de Investigaciones Pew, realizada en marzo y abril de 2023, 82% de los mexicanos adultos tienen una opinión positiva de AMLO, 42.5% incluso, muy positiva.

Asimismo, la empresa Oráculos que agrega los resultados de las principales encuestas, estimó que, para agosto de 2023, AMLO tenía un 65% de aprobación.

Un factor fundamental para mantener esos altos niveles, tiene relación con el reconocimiento que éste hace, a través de sus “mañaneras” y de sus políticas sociales, a grupos de la población que históricamente han vivido en condiciones precarias y en una situación subordinada en las relaciones económicas y sociales.

Una primera forma de reconocimiento ha sido el notable aumento del salario mínimo legal otorgado a partir de 2019. El poder adquisitivo de ese salario se ha elevado en más del 90% en la administración de López Obrador.

Es una forma de reconocer el valor del trabajo que aportan millones de mexicanos y mexicanas, que desde 1976 y por veinte años, vieron reducirse cada año y por otros 20, hasta 2018, se mantuvo estable en la quinta parte de su valor inicial.

El no haber elevado el salario mínimo legal fue el gran error cometido por los tres regímenes de la transición democrática: Fox, Calderón y Peña Nieto. Nunca entendieron que ese aumento era una forma de hacer llegar un efecto positivo del cambio democrático a las familias trabajadoras.

Por su parte, mediante las mañaneras, AMLO ha creado, para los mismos grupos, un país de fantasía donde todo marcha bien: la economía, la salud, la educación, la seguridad, la inversión, las mega-obras, el empleo, cuando, en todos ellos, hay gravísimos problemas y una sistemática destrucción de las capacidades institucionales para ofrecer los servicios públicos indispensables y de calidad.

AMLO ha generado una identidad y un reconocimiento, para lo que llama “pueblo bueno y sabio”, que ha sido maltratado y abusado por un gran enemigo formado por los “corruptos”, “conservadores”, “fachos” y “aspiracionistas”, grupo que realmente está integrado por las personas de clase media y media alta, que, con su trabajo y sus impuestos, generan los recursos que AMLO reparte con sus programas sociales.

Curiosamente, las 30 familias milmillonarias de nuestro país no han sido tocadas. Algunos de sus miembros acompañaron al presidente a inaugurar el Tren Maya.

De esta manera, quien llegue a la presidencia en el 2024 heredará un país de fantasía: endeudado, confrontado, militarizado, además de violento, inseguro e ingobernable por la destrucción de instituciones y la presencia del crimen organizado, aunque con mejores tasas de crecimiento de la economía y del empleo por la relocalización de empresas que está ocurriendo a nivel mundial, para acercarse al mercado de Estados Unidos.

¿Son las transferencias monetarias directas una política social de izquierda? ¿Sólo las izquierdas reconocen que la pobreza y la desigualdad son dos graves problemas nacionales?

En nuestro país, fueron los llamados gobierno “neoliberales” los que iniciaron los programas de transferencias monetarias de ingreso: Progresa inició en 1997 en la presidencia de Zedillo; se mantuvo como Oportunidades en la administración de Fox, para transformarse en Progresa, en el gobierno de Peña Nieto.

Buscaron atender educación, salud y alimentación y hasta la última etapa, abrir la entrada a programas para mejorar ingresos y producción. Durante veinte años se avanzó en los sistemas y reglas para controlar el acceso a los beneficios y en la calidad de sus padrones.

La administración actual los mantiene con cambios de nombre, con beneficiaros más específicos e individuales y con menor transparencia y calidad en sus padrones y reglas de operación.

Varias investigaciones encuentran que este tipo de programas generan dependencia, desaniman la participación, no construyen ciudadanía. No son diseñados con la participación de quienes los reciben. No generan agencia, ni el deseo de dejar de depender de ellos.

En algunos casos, incluso, propician los motivos por los cuales se otorgan. Hay familias que acumulan los beneficios de varios de ellos.  Estos riesgos se agudizan cuando su diseño y operación son deficientes y existen posibilidades de duplicación de beneficiarios.

Una justificación para echar mano de ellos es hacerlo de manera temporal en tanto se desarrollan las capacidades de los gobiernos para mejorar la calidad y el acceso a servicios públicos de salud, educación, urbanos o de vivienda.

Lamentablemente, en nuestro país, a pesar de tener más de 25 años centrada la política social en programas de transferencias de ingresos, los gobiernos no han podido y tal vez ni querido, mejorar la disponibilidad de servicios públicos sociales que construyen ciudadanía y responden a los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Las transferencias de ingreso hacen que las personas tengan que acudir al mercado privado para adquirir los bienes y servicios que necesitan en lugar de acceder a bienes públicos. En las últimas décadas han surgido grandes empresas que atienden el mercado de las poblaciones pobres con tiendas de proximidad, para alimentos extra procesados, servicios médicos y medicinas, escuelas y estancias infantiles privadas.

El capital privado ya no sólo extrae ingresos de las familias con malos salarios y prestaciones, sino que también lo hace por la vía del consumo.

Por ello me pregunto si continuar centrando la política social sólo en programas de transferencia de ingresos, sin mejorar sustancialmente el acceso a derechos por la vía de mejores servicios públicos, es realmente una política social de izquierda.

¿No será que los candidatos de oposición ofrecen mantenerlos por temor a no atraer a las clientelas electorales cultivadas por el gobierno de izquierda?

¿Qué es un hombre de Estado?  ¿Por qué lamentamos la partida de Porfirio Muñoz Ledo y lo reconocemos como uno de los pocos mexicanos que merecen ese título?

Tuve la enorme oportunidad de aprender de dos hombres de estado mexicanos: Víctor L. Urquidi y Porfirio Muñoz Ledo.

Los dos tenían un profundo conocimiento del mundo en el que vivían y una enorme capacidad para mirar hacia el futuro y comprender la complejidad. Reconocían la importancia de desarrollar capacidades del estado para revertir los déficits históricos en materia de bienestar y para enfrentar los nuevos retos que surgían a partir de los cambios previsibles en materia política, económica, demográfica, tecnológica, medio ambiental, educativa, del empleo y el trabajo; Urquidi como economista, profesor e investigador destacado y Porfirio como jurista, funcionario y político socialdemócrata. Los dos como excepcionales internacionalistas.

Porfirio me invitó en varias ocasiones a acompañarlo en sus iniciativas. Sólo me referiré a una de ellas: cuando fue secretario del trabajo y previsión social de 1972 a 1975.

Tenía una visión amplia y moderna y un proyecto claro de cómo concretar el cambio de la autoridad laboral. Se empeñó en actualizar y ampliar la legislación y la institucionalidad estatal para proteger los derechos de los trabajadores formales, promover el empleo e impulsar la productividad. Fueron años luminosos para esos trabajadores y sus familias.

Desde la Comisión Nacional Tripartita (1973) impulsó varias instituciones en apoyo a los trabajadores como el INFONAVIT para vivienda, el FONACOT para crédito, el CONACURT para la cultura, el CONAPROST para proteger el salario, mismo que llevó a la creación del Instituto Nacional (INCO) y la Procuraduría del Consumidor. También estableció las Direcciones Generales de Productividad y de Formación Profesional y el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo (INET) para investigar y formar personal especializado.

En ese entonces yo estaba poniendo en marcha la primera encuesta continua de población en México, la que ahora se llama de Empleo y Ocupación (ENOE). Mi interés era hacer visibles la magnitud y las condiciones de los trabajadores en la informalidad.

Porfirio me invitó en 1974 como secretaria técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM). En 1975, en ese contexto, se dio un histórico aumento -desde mi punto de vista exagerado- de 23% a los salarios mínimos legales para compensar la devaluación del peso ocurrida en septiembre de ese año. Me tocó firmar esa resolución de la Comisión. Desde ahí fui testigo de los grandes cambios realizados en las autoridades laborales.

Lamentablemente, la institucionalidad promovida por Muñoz Ledo, fue destruida en la etapa neoliberal, por Arsenio Farell, secretario del trabajo de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Asimismo, los salarios disminuyeron duranta dos décadas y se estancaron otras dos.

Sirva este breve testimonio para reconocer la capacidad creativa y el compromiso social de Porfirio Muñoz Ledo como hombre de estado. Descanse en paz.

Enfrentamos una administración pública federal pasmada y disminuida, incapaz siquiera de responder a las necesarias actividades de regulación de la convivencia colectiva, menos a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Instituciones destrozadas, eliminadas o subsumidas en otras; reducidas en sus presupuestos, encabezadas por personas que no tienen la más mínima idea de qué hacer con ellas o, cuando lo tienen, están paralizadas por temor a emprender alguna iniciativa que no le guste al presidente o a su círculo cercano.

Poseedores de la única fórmula para enfrentar la desigualdad, los estrategas de la 4t procuran el empoderamiento y la creación de una identidad común de los “desposeídos”, alias “pueblo”. Para el efecto, mediante estrategias de comunicación que polarizan, construyen un enemigo único: los “conservadores”, los “corruptos”, los “fifis”.

Un enemigo formado por personas que no se acogen al resentimiento social de la 4T y a una sola forma de atender la desigualdad. Son presentados como los verdaderos culpables de la pobreza, la violencia, la explotación y las desgracias que padece el “pueblo”. Incluye a comunicadores, científicos, académicos, lideres de organizaciones, antiguos servidores públicos, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, jueces y magistrados, feministas, artistas, pequeños y medianos empresarios, productores agrícolas comerciales, entre muchos otros y otras.

Los verdaderos estrategas de la 4T están obsesionados por destruir lo que consideran el andamiaje legal, institucional y organizativo que, según su dicho, fue construido por los “conservadores” para acceder y gozar de sus privilegios. Por ello, el embate contra las instituciones, leyes y regulaciones que limitan el poder de la 4T, es sostenido.

En esa lógica, la ignorancia, la mediocridad y la falta de imaginación campean en muchos puestos directivos de la administración federal. En ellos han sido colocados amigos, familiares o “buenas personas” de acuerdo con los criterios definidos desde las mañaneras y que no implican riesgo de que vayan a hacer bien las cosas. Asimismo, se mantiene en posiciones de poder a personajes de probada deshonestidad o de mortal negligencia.

Entre tanto, la presencia del crimen organizado y la violencia se extiende en todo el territorio; comunidades desalojadas, despojadas y empobrecidas; Chiapas al borde de una guerra interna; enfrentamientos entre los carteles con participación del ejército; asesinatos, desapariciones, extorsiones; explotación de las poblaciones migrantes;  escasez de medicamentos, eliminación de normas y ausencia de servicios de salud dignos; protestas de los agricultores que producen granos para los mercados en 22 estados.

El país arde. El miedo se extiende. La destrucción de capacidades estatales se profundiza. La respuesta es el montaje de una gran función de circo, protagonizada por las lastimosamente llamadas “corcholatas”.