Me da mucho gusto estar nuevamente en una de las magnificas reuniones promovidas por la FECHAC con las organizaciones de la sociedad civil o del Tercer Sector de Chihuahua como algunos prefieren denominar a este conjunto de ciudadanos y ciudadanas que se organizan en diversas modalidades y con distintos propósitos para incidir en la vida pública del país sin aspirar a acceder al poder político y sin fines de lucro.

Personalmente pienso que referirse al tercer sector no es una denominación que aplica a la tradición constitucional mexicana donde se plantea la existencia de tres sectores: el público, el privado y el social, estando este último constituido no sólo por ONGs e instituciones de asistencia privada sino fundamentalmente por comunidades, ejidos, sindicatos, cooperativas, asociaciones de profesionistas, gremios, etc.

Al utilizar el término Tercer Sector se desconsidera la enorme tradición mexicana de organización colectiva que viene desde la época prehispánica y que lamentablemente ha sido tan afectada y combatida en las últimas décadas de individualismo dominante.

Pienso que la denominación de Tercer Sector viene más de la tradición sajona donde las representaciones colectivas de trabajadores, agricultores, profesionistas, artesanos, grupos indígenas y colectivos de diversa índole que promueven y defienden los derechos de sus propios integrantes nunca han tenido una presencia importante. Esta presencia y poder son ampliamente superados por la presencia, el poder y los recursos económicos del sector de la filantropía que es de alguna manera, la cara de responsabilidad social del sector privado.

Ahora bien, me pidieron que compartiera con ustedes algunas reflexiones sobre la colectividad ¿el principal reto del sector social?

Si uno busca en el diccionario el significado de colectividad se refiere al conjunto de personas que persiguen un objetivo común o al conjunto de individuos agrupados que comparten los mismos intereses, ideales o que se reúnen para un fin.

Cuando se plantea a la colectividad como posible reto del sector social quisiera traducirlo como una preocupación sobre la construcción un sentido de conjunto, de pertenencia a un grupo, a una comunidad, a un Estado o como la búsqueda de objetivos y fines compartidos que nos brinden el sentido de pertenecer a una colectividad. Esto puede tenerse por afiliación u origen al practicar una religión, pertenecer a un grupo étnico o a una nacionalidad que vive en otro país: la colectividad española en México o la colectividad judía en Argentina. Tiene cierto sentido de automaticidad, simplemente se es parte de esa colectividad y la pertenencia a la misma no demanda de mayor esfuerzo excepto el de aceptar ser parte. Hay ciertamente muchas personas que conscientemente rechazan ser parte de sus colectividades de adscripción originaria.

Pero pienso que el problema que nos preocupa se relaciona más bien con la pérdida en los últimos 30 años de un sentido de pertenencia a una colectividad con la que compartimos ciertos ideales y objetivos comunes, tenemos normas de conducta y convivencia y referencias culturales compartidas y de manera muy importante, contamos con mecanismos de control y sanción para aquellos que no respetan las normas consensuadas por la colectividad y que por lo tanto serán excluidos o castigados como ejemplo para que otros no rompan esas reglas y que la trasgresión no se vuelva a repetir.

La colectividad o la comunidad dispone de cuatro agentes socializadores de los seres humanos que introducen o incorporan a las personas a los objetivos comunes, a los referentes culturales y a las normas de convivencia y de algún modo, les transmiten el papel que deberán jugar en esa colectividad por su sexo, edad y condición socioeconómica. Los cuatro agentes socializadores que contribuyen a la construcción social de los seres humanos son las familias, la escuela, los grupos de amigos y los medios de comunicación, mismos que se supone deberían actuar de manera compatible con los valores y las normas colectivamente compartidos.

Este proceso de socialización o de inclusión de las personas a su colectividad debería tener como propósito último alcanzar una vida buena para todos los integrantes de la misma e impedir que el conflicto destruya los lazos sociales que unen a los integrantes de la colectividad.

La realidad que estamos viviendo donde han aflorado distintas violencias y la conflictividad social está a flor de piel nos indica que algo o varias cosas sucedieron que se rompieron los mecanismos de reproducción social y de socialización de los seres humanos o a lo mejor de contención de los conflictos, que operaron durante varios años en México y permitieron que tuviéramos un país en paz.

Pensemos juntos que ocurrió que esa relativa tranquilidad que existió en el país durante varias décadas, que periódicamente era alterada por el afloramiento de conflictos estructurales como fueron el movimiento estudiantil del 68 o el de ferrocarrileros, el de médicos o los de maestros, actualmente muestre la presencia permanente de conflictos y de violencias que diariamente lastiman la vida, la integridad y el patrimonio de millones de personas.

Me permitiría sugerir algunas cuestiones y me gustaría que pudiéramos conversarlas, modificarlas o enriquecerlas con el fin de qué podamos llegar a algún consenso sobre qué nos ha ocurrido en los últimos 30 años.

1. Pongo en primer lugar la prevalencia de la enorme desigualdad en el país con el ingrediente nuevo de que ahora las poblaciones pobres y ricas comparten el espacio urbano y se encuentran cotidianamente en los espacios públicos: calles y centros comerciales. En tanto que las zonas de vivienda, los servicios escolares, los de salud, los de transporte y de esparcimiento están socialmente segmentados y ya no constituyen espacios de encuentro y de convivencia. Anteriormente la pobreza se concentraba en las zonas rurales y la mayor riqueza en las ciudades. Los excesos de riqueza y de pobreza son observables todos los días entre aquellos que sirven y los que son servidos en los distintos servicios de alimentación, de salud, en los comercios y mercados, en el transporte.

De acuerdo a la percepción de la población captada en la Encuesta Nacional de Discriminación es que la mayor discriminación se origina en las diferencias socioeconómicas lo que significa que las poblaciones pobres se sienten maltratadas por serlo, ya que discriminación es igual a mal trato. Dentro de ello quisiera destacar la criminalización de los jóvenes de los estratos más pobres de la población que son maltratados por los cuerpos de seguridad simplemente por su apariencia y a su vez, son abusados por los grupos criminales.

Las políticas de gobierno en los últimos treinta años han profundizado la desigualdad al alentar la segmentación de los servicios sociales propiciando la pérdida de calidad de los bienes y servicios públicos para justificar el surgimiento de servicios sociales privados, especialmente en materia de salud y de educación. Servicios públicos pobres o ausentes para las poblaciones pobres y servicios sociales privados caros para las poblaciones ricas y de ingresos medios.

La desigualdad atenta contra la construcción de un proyecto de país compartido, contra la construcción de colectividad o comunidad con intereses y objetivos comunes, contra la cohesión social y contra la restitución del tejido social. Ello porque se sabe que una parte importante de la riqueza concentrada en 400 familias en México proviene de la corrupción, de la apropiación de bienes y riqueza pública con la transferencia de empresas públicas a monopolios privados, con la especulación de la tierra y financiera, con el fraude en la venta de viviendas de mala calidad y sobrevaluadas y los créditos hipotecarios recientemente denunciado, con al abuso del poder y de los recursos públicos, con la explotación irracional del subsuelo sin pago a la nación, con el cobro de tarifas altas por servicios de telefonía, telecomunicaciones y bancarios. Es decir, no provienen del ahorro, del trabajo honesto, de la creación de riqueza y de empleos sino de la extracción de recursos e ingresos de los pocos a los muchos con la anuencia de nuestros gobiernos y la participación de una proporción alta de nuestros políticos.

Entre tanto, 60 millones de personas, más de la mitad de la población total viven en la pobreza y de ellas 23 millones en la pobreza extrema.

2. En segundo lugar me referiría a la destrucción o deterioro de los mecanismos históricos de inclusión social en nuestro país. Se trata de la ausencia fundamentalmente de la creación de suficientes oportunidades de trabajo y de generación de remuneraciones dignas y al aumento de las oportunidades de educación de calidad para las mayores cohortes de jóvenes en la historia demográfica de México.

Llevamos treinta años con un crecimiento económico endeble que tiene como consecuencia una generación de empleos formales muy precaria y un deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo derivadas de la venta de fuerza de trabajo, que es la principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias mexicanas. Las nuevas generaciones de infancia y juventud nacidas a partir de la década de los años ochentas, han crecido en hogares con ingresos insuficientes y en la pobreza y no han tenido las oportunidades para ser incluidos a la sociedad como seres humanos productivos ante la falta de fuentes de trabajo.

Tampoco han podido incorporarse a la comunidad a través de las escuelas pues 50 por ciento de los egresados de escuelas primarias no continúan la secundaria y los niveles de deserción escolar son elevados por ausencia de oferta suficiente de escuelas de los niveles medio superior y superior, por el alto costo que aún siendo servicios públicos le significa a las familias enviar a sus hijos a las escuelas y porque un mayor nivel de escolaridad no se traduce en encontrar trabajo o trabajo digno.

La mayoría de las escuelas han perdido su función de socialización positiva de los seres humanos, de mecanismos de incorporación a las normas y valores de la colectividad y de lugares de encuentro de los diferentes. Frecuentemente observamos situación de abuso, acoso y bullying, altos riesgos en los entornos escolares, irresponsabilidad de algunos maestros, deterioro de la infraestructura y poca pertinencia de los programas y contenidos escolares respecto de lo que los niños, niñas y jóvenes viven en la cotidianeidad.

El peyorativo nombre de “ninis” asignado a los jóvenes que ni trabajan, ni estudian desconoce que no lo hacen porque la sociedad no les brinda oportunidades de desarrollo como seres humanos dignos.

3. En tercer lugar mencionaría un profundo cambio cultural originado en la dominancia de la ideología del mercado durante las últimas tres década. La alta ponderación del individualismo como camino al éxito medido este en términos de acceso a bienes materiales de alto costo ha trastocado la valoración de la vida en colectivos, sean familias, comunidades, organizaciones de distinto tipo, empresas colectivas.

El individuo trabajador, ahorrador, altamente competitivo y sin escrúpulos o el hábil en los negocios de cualquier tipo legales e ilegales que viste muy bien es dueños de casas, coches, relojes, aviones, yates y mujeres se ha convertido en el modelo a seguir; establece el estándar para muchos jóvenes y quienes lo miran como inalcanzable se hunden en el desanimo, el inmediatismo, la droga, la vida en constante peligro y los deportes extremos, la delincuencia deshumanizada e incluso el suicidio. El goce inmediato y la vida sin sentido. El no futuro.

4. Un cuarto elemento que ha contribuido a la destrucción del sentido de colectividad es la reducción y desestructuración de la administración pública y de los poderes del Estado en México en los tres niveles: municipio, estados y federación.

Podemos considerar a los poderes del Estado democrático moderno como al conjunto de instituciones y personas a las que la colectividad o la sociedad les encomienda gobernar al colectivo, realizar las consultas y construir los consensos para definir fines y objetivos compartidos, los planes y políticas públicas que se pondrán en práctica y una vez decididas ponerlas en práctica, las leyes y normas que regirán las relaciones sociales y económicas, la provisión de bienes y servicios públicos, la garantía de la seguridad pública y nacional, la administración e impartición de justicia, las relaciones con el exterior y la administración del patrimonio de la nación, entre otras funciones.

Es decir, los poderes del Estado están mandatados por el pueblo mediante la Constitución para llevar a cabo las actividades que nos permiten vivir en paz y en forma ordenada y que tienen que ser encomendadas a algún ente operado por personas para el beneficio colectivo.

Sin embargo, la ideología dominante en el país y en el mundo occidental desde finales del siglo pasado conlleva la idea de que entre menos Estado y más mercado es mejor. Que el Estado coarta la libertad de las personas y que la racionalidad de los mercados y de la libre competencia pone límites a las actuaciones individuales y permiten la convivencia.

Somos testigos de las consecuencias del extremismo en este sentido practicado por el Tea Party en Estados Unidos que tiene en paro a 800 mil trabajadores del Gobierno Federal y al mundo entero al borde de un colapso financiero al no autorizarse la elevación del nivel de endeudamiento autorizado a dicho gobierno.

El Consenso de Washington surgido a principios de la década de los años ochenta y que resume los postulados de la ideología de extremismos como el del Tea Party, planteaba la necesidad de llevar a cabo tres procesos: a) la reducción del tamaño del Estado, b) el traslado de funciones del mismo y de la propiedad de las empresas públicas al sector privado y c) la descentralización de varias funciones hacia los gobiernos subnacionales.

Tres consecuencias en México de la aplicación al pie de la letra de esos postulados del Consenso de Washington:

Por cuanto a la reducción del tamaño del Estado hemos visto el deterioro de los servicios sociales públicos en su calidad y en su disponibilidad en varios sentidos: a) no se le ha dado mantenimiento adecuado a la infraestructura social en salud y educación que se construyó durante los años en que la economía mexicana tenía altas tasas de crecimiento; b) no se ha construido suficiente nueva infraestructura adecuada a la estructura demográfica del país donde desde al menos hace una década existe un amplio volumen de jóvenes, tampoco la creación de infraestructura social y urbana acompaña a la redistribución de la población en el territorio nacional, ni a lo ocurrido en el crecimiento horizontal expansivo de las ciudades el resultado es que los nuevas colonias carecen de infraestructura social guarderías, escuelas, transporte, centros de salud suficientes y adecuadas; c) tampoco se atendieron en las tres décadas pasadas las nuevas necesidades de servicios sociales acordes a la nueva complejidad social y a los cambios en las familias y en la población (estancias infantiles, centros de día y asilos para adultos mayores, atención de adicciones, de violencia, de víctimas y de salud mental comunitaria, espacios de esparcimiento, etc.). Es decir durante las últimas tres décadas, no se mantuvo la infraestructura social que ya se tenía, no aumentó ésta de acuerdo a las necesidades y no se adecuó a las nuevas realidades y complejidades sociales. Los salarios y la plantilla de los servidores públicos responsables de la provisión de servicios públicos sociales se deterioró en relación con el crecimiento de la demanda de servicios y se perdió la dignidad del servicio público. Finalmente los modelos de atención y los contenidos de los programas nos se actualizan con la velocidad necesaria frente a las nuevas complejidades y a la diversidad sociales.

Respecto al traslado de funciones del Estado y de la propiedad de las empresas públicas al sector privado sólo basta con tres ejemplos:

El traslado de los bienes y del servicio telefónico provocó que un monopolio público se mantuviera como un monopolio privado produciendo con sus ganancias y su dominancia en el mercado en varios campos vinculados a esos servicios originales de telefonía haya creado al hombre más rico del Mundo, el Sr. Carlos Slim, Los beneficios para la población mexicana ha sido el pago de tarifas muy elevadas y la obtención de servicios muy mediocres. Los altos costos por recluso, consecuencia de la traslación de la operación de los reclusorios al sector privado recientemente denunciados o el reuso de equipos de diálisis en servicios subrogados del Seguro Social con los altos riesgos de infección que ello conlleva, la pésima calidad de las viviendas de desarrollos realizados por desarrolladoras privadas con recursos públicos muestran que el problema actualmente no es si se trata de lo público o de lo privado sino de ética y responsabilidad social relacionada con la avaricia y la ambición de lucro personal.

Finalmente el resultado de la descentralización de funciones del gobierno federal a los Estados y a los municipios sin los debidos contrapesos y controles y desarrollo de capacidades de los gobiernos subnacionales nos han llevado a niveles de endeudamiento de los gobiernos estatales jamás vistos en la historia del país, a la desviación de los recursos de los Estados para la construcción de instalaciones de salud relacionadas con el seguro popular, a la enorme corrupción en la compra descentralizada de medicamentos y a la creación de empresas y asociaciones civiles simuladas para apropiarse de los contratos y recursos del Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) como algunos ejemplos.

5. Finalmente apuntaría a un quinto aspecto que contribuye a la destrucción del sentido de colectividad: la enorme corrupción y la impunidad que actualmente forma parte de la cultura nacional. Hay un desapego bastante generalizado a la legalidad pues no es exclusivo de los servidores públicos. La presencia misma de un enorme sector informal de la economía, donde se ocupa el 60 por ciento de la población se fundamenta en el incumplimiento de leyes y normas: no se paga impuestos, no se respetan las condiciones de trabajo y se pagan bajos salarios, se evade el pago de la seguridad social, no hay apego a la regulación sanitaria de los servicios, una parte muy grande de la mercancía que se tramita a través del comercio informal proviene del contrabando y la piratería, los consumidores no pueden reclamar y no tienen garantías, etc. Es decir, el sector informal opera al margen de todas las leyes y normas que regulan las actividades económicas en el país.

La ausencia de ética en las relaciones económicas y sociales en México y en la gestión de la cosa pública provoca desconfianza entre las personas y entre los ciudadanos y los servidores públicos. Sin confianza no es posible construir colectividad y el conflicto aflora permanentemente.

Hasta aquí los cinco aspectos que desde mi opinión nos están impidiendo construir comunidad y desarrollar el tejido social:

1. Desigualdad
2. Deterioro de los mecanismos de inclusión social: empleo, salario digno y educación
3. Predominio de la ideología del mercado libre
4. Reducción y desestructuración de la administración pública y la corrupción de los poderes del Estado
5. Corrupción, impunidad y desapego a la cultura de la legalidad

Segunda parte

¿Qué podemos hacer el relativamente pequeño sector de organizaciones de la sociedad civil frente a los procesos que han desestructurado a nuestra colectividad?

Primero: Reconocer nuestro tamaño, nuestra diversidad, nuestras debilidades y nuestras fortalezas e instrumentos de actuación para influir en un cambio de la situación descrita y tratar de reconstruir un proyecto compartido de país en el que todos formemos parte y podamos contribuir.

Las organizaciones que actualmente tenemos una Clave Única de Identificación (CLUNI) en el registro de la Secretaría de Desarrollo Social somos alrededor de 23 mil y las que dentro de éstas tienen registro de donatarias son 7 mil. Es decir, frente a la envergadura de los problemas los ciudadanos organizados en OSC somos un número pequeño. Además varias que tiene registro son realmente organismos paraestatales como el Comité Olímpico Nacional.

De acuerdo a la encuesta reciente de CEMEFI sobre el voluntariado hay una participación amplia de ciudadanos en organizaciones de tipo deportivo, escolares o religiosas.

Sabemos que somos muy diversas que la mayoría realizan labores de asistencia social, otras se dedican al desarrollo y a realizar intervenciones en comunidad, otras más a la defensa de los derechos humanos y de agendas de políticas de determinados grupos de población y de personas, otras hacemos investigación y desarrollamos observatorios para la incidencia en políticas, un sector se ubica en la defensa del medio ambiente.

Nuestros intereses están dispersos y excepcionalmente logramos articularnos y encontrar objetivos comunes y construir consensos, nuestras coaliciones y redes tienden a ser precarias y poco duraderas. Enfrentamos conflictos de liderazgos y protagonismos, competimos por recursos y frente a las relaciones con los poderes públicos, diferimos en nuestras bases ideológicas, no tenemos una cultura democrática en nuestro funcionamiento, no nos apegamos a la legislación laboral, muchas veces no sabemos dialogar y negociar en buena lid y preferimos acusar, señalar y marcar con un cierto dejo de soberbia y sin evidencias sustentadas, algunas violentan principio éticos para sobrevivir, etc.

Nuestras fortalezas son que aún con nuestras debilidades contamos con un capital ético reconocido, con algunas excepciones, tenemos líderes de opinión y generamos agenda pública, tenemos capacidad de convocatoria nacional e internacional, desarrollamos innovación social, realizamos pedagogía y sensibilizamos a otros sobre nuevas temáticas e introducimos nuevos marcos de comprensión de la realidad. A veces logramos hacer una labor de intermediaciones entre los grupos sociales con los que trabajamos y los círculos del poder político y económico.

Ante estas realidades del sector de organizaciones civiles considero que ante la difícil y compleja realidad nacional deberíamos mejorar nuestras posibilidades de acercamiento y diálogo con el fin de encontrar objetivos comunes y promoverlos fortaleciendo nuestras propias redes y coaliciones con otros actores sociales.

Promover la democracia, la capacidad de escucharnos y generar confianza a partir del reconocimiento de nuestra diversidad permitiría ir avanzando en la construcción de un futuro compartido y en la superación de las brechas sociales, económicas y culturales que nos separan.

Superar y ser conscientes de nuestras prácticas discriminatorias que generan y profundizan el resentimiento de los sujetos a discriminación o reconocer aquellas acciones que contribuyen a profundizar la desigualdad como es pagar malos salarios, no cumplir con la legislación laboral, abusar en el cobro de nuestros servicios, no contratar a cierto tipo de personas: mujeres, indígenas, población LGTB, migrantes; no brindar nuestros servicios y apoyo a esos grupos, etc.

Es decir, hacer un profundo examen de la forma en que nosotros mismos o nuestras organizaciones contribuimos a las situaciones y procesos señalados en la primera parte de esta plática y encontrar las estrategias para abonar en su superación.

Desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado varias organizaciones de ciudadanos y ciudadanas independientes, acompañadas por intelectuales desilusionados de su militancia en diversos partidos decidieron iniciar una lucha por la democracia en el país. El llamado fraude patriótico en Chihuahua y los resultados de los procesos electorales en San Luis Potosí donde participó el Dr. Salvador Nava, así como de la muy cuestionada elección presidencial de 1988, dejaron clara la necesidad de rescatar la organización de las elecciones de manos de los gobiernos.

Lo que se ha llamado la democracia electoral se consideraba como un paso necesario para alcanzar una democracia participativa en donde la diversidad social estuviera adecuadamente representada en las estructuras del poder y se colocara el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales y corporativos.

La década de los ochenta fue una década pérdida para el desarrollo del país y marcó el cambio hacia un proyecto económico neoliberal que afectó profundamente el bienestar de la población y cambió de manera autoritaria y sin una propuesta alternativa esperanzadora, el proyecto de país que se venía construyendo desde mediados del siglo XX.

En este contexto se inicia una amplia participación de una incipiente sociedad civil organizada con miras en un principio a evitar la repetición de los fraudes electorales, posteriormente a realizar una reforma profunda de la institucionalidad electoral, para finalmente conducir a procesos electorales equitativos donde los votos de los ciudadanas “contaran y se contaran bien”. Era en el fondo una lucha por rescatar los derechos políticos de la población mexicana.

Se puede formular así una periodización de la participación ciudadana en la consecución de una democracia electoral o de procesos electorales confiables, transparentes, equitativos, pacíficos y certeros al nivel federal. La primera etapa buscó atacar los ámbitos e instrumentos de la organización de elecciones respecto de los cuales existía mayor desconfianza de la población: la calidad del padrón electoral y de la jornada electoral. La segunda etapa se centró en apoyar y promover la ciudadanización de las instituciones responsables de organizar las elecciones y ampliar la participación de ciudadanos independientes en la organización y realización de las mismas. La tercera etapa tiene tres componentes, por una parte defender los avances logrados y evitar retrocesos, ampliar los ámbitos de la observación ciudadana al desempeño y participación de los distintos actores involucrados y procurar reducir el costo de las elecciones.

La primera etapa inicia con grupos de ciudadanos que sin mayores instrumentos y metodología deciden observar la jornada electoral desde fuera de las casillas para denunciar acarreo de votantes, llenado y robo de urnas, propaganda de los partidos el día de las elecciones, condicionamiento de programas sociales, etc. Se realiza con la participación de organizaciones con agendas diversas pero interesadas en lograr un cambio. Es animada por el Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) que se constituye en una red de organizaciones con un fuerte contenido de activistas provenientes de organizaciones eclesiales de base en todo el territorio nacional. Los observadores del MCD acuden de distintas zonas del país a observar las elecciones estatales e incluso logran convocar a observadores s de otros países. Se inicia asimismo un esfuerzo por revisar y cuestionar públicamente la calidad de la lista de electores y los medios de comprobación para votar.

En la segunda etapa, se introducen a partir de la experiencia acumulada elementos de profesionalización de los procesos de observación electoral y se logra una gran coalición de organizaciones, académicos, y líderes de opinión que conforman Alianza Cívica en 1994. Constituida originalmente por acuerdo de siete organizaciones que contribuyen con activistas distribuidos en todo el territorio, recursos tecnológicos importantes, expertos e intelectuales de la política y voceros en los medios de comunicación, Alianza Cívica logra llevar a cabo un amplio ejercicio de observación en las elecciones federales de ese año. Esta incluyó la revisión y cuestionamiento del padrón electoral, la observación de acciones de compra y coacción y el uso de recursos públicos en apoyo a candidatos, la observación de la jornada electoral con instrumentos de captación homogéneos que después permitieron contabilizar las anomalías observadas, así como un conteo rápido y la participación de observadores internacionales en todo el país.

Surgieron entonces otras organizaciones de observadores de carácter nacional como las animadas por la COPARMEX, el SNTE y la ANCIFEM esencialmente abocadas a vigilar la jornada electoral.

Como resultado de la amplia movilización ciudadana del 1994 y del interés de algunos funcionarios públicos se realizan en ese periodo varias acciones que otorgan confianza en el padrón electoral y consolidan el uso de una credencial para votar con diversos dispositivos de seguridad, se establecen mecanismos de participación de los partidos políticos en la organización de las elecciones y lo más importante, se realiza una reforma electoral que sustrae del control del Gobierno Federal la organización de las elecciones y la confía a concejos electorales ciudadanos, a saber: el general, 32 consejos locales y 300 consejos distritales.

La nueva estructura de los consejos electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) se convierte en el pilar de la participación ciudadana en la organización de las elecciones y permite ir difundiendo y mejorando la capacidad de los ciudadanos no partidistas para hacerse cargo de la organización de los procesos electorales.

Los procesos electorales del 2003, 2006 y del 2009 llevaron a las organizaciones de observadores a ampliar las materias objeto de su trabajo ante la evidencia de una creciente captura de las instituciones electorales por los partidos políticos y las distorsiones a la competencia electoral introducida por la poderosa presencia del duopolio de los medios de comunicación electrónica.

Por la preocupación derivada de la composición fuertemente partidista del Consejo General del IFE en 2003, un grupo de organizaciones, académicos y expertos electorales constituyeron una red de observación denominada Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE). Esta red amplió los campos de observación ciudadana e incluyó en el 2006 el seguimiento y análisis de los procesos de selección y capacitación de funcionarios de casilla, la metodología del conteo rápido, la intervención de diversos actores en las campañas políticas y el recuento de votos realizado por el Poder Judicial ante el conflicto derivado de los resultados de la elección presidencial. En el 2009, nuevamente dio seguimiento a la selección y capacitación de funcionarios de casilla, al montaje de la red de monitoreo de medios del IFE y evaluó el apego a los Principios de Brandemburgo de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial y del propio Consejo General de IFE.

En ambos procesos se llevó a cabo un proyecto denominado Congreso con Rostro cuyo propósito es observar la calidad democrática de los métodos de selección de candidatos seguida por los partidos políticos, así como poner a disposición de los ciudadanos información curricular de los candidatos a diputaciones de mayoría con el fin de que los electores pudieran realizar un voto informado y razonado. La idea subyacente es obligar a los partidos a explicar cómo y por qué eligen a sus candidatos y a dar a la ciudadanía información sobre ellos.

Como resultado de sus trabajos el CCOE aportó en el 2006 una propuesta de reforma electoral centrada en la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, que fue tomada en cuenta para la reforma electoral del 2007.

Para el proceso electoral en curso el CCOE ha considerado necesario centrar su observación en una evaluación objetiva del apego de los partidos políticos a la legalidad y de la calidad democrática de su cultura y prácticas. Al tener estos por ley el monopolio de la representación ciudadana resulta fundamental hacer una evaluación del acceso de los ciudadanos a los partidos políticos, del respeto a los derechos de sus militantes, del grado de transparencia en el manejo de sus recursos y de la congruencia entre sus documentos básicos y sus campañas políticas. La mira es derivar en nuevas disposiciones en el COFIPE o proponer una Ley de Partidos Políticos que los obligue a rendir cuentas, apegarse a la legalidad y a respetar los derechos políticos de los ciudadanos y de sus militantes.

Este recuento de algunas experiencias de observación de elecciones sólo toca de manera muy escueta y superficial los muy diversos espacios que tienen los ciudadanos para contribuir al desarrollo de elecciones confiables y evitar retrocesos indeseables. La masa de ciudadanos expertos en procesos electorales se ha ido ampliando y ese sólo hecho es una buena noticia.