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Ideas que animan al encuentro cívico (X Encuentro Cívico Iberoamericano )

 

La idea central que anima a este X Encuentro Cívico Iberoamericano es tratar de encontrar una forma para generar un verdadero y fructífero diálogo entre los gobiernos de Iberoamericana y sus sociedades civiles organizadas: verdadero en el sentido de superar simulaciones y lograr abrir la capacidad de escucha y mutuo aprendizaje entre los dos actores, en este caso los gobiernos por una parte y las organizaciones de la sociedad civil por la otra; fructífero en el propósito de que ese diálogo beneficie y mejore las condiciones de vida y bienestar de los millones de iberoamericanos que enfrentan la persistente desigualdad, la exclusión, la discriminación y agudas condiciones de pobreza.

Es en razón de esto último que para las discusiones del Foro Cívico se ha decidido situar los ámbitos sociales seleccionados para la Cumbre de Presidentes referidos a la educación y la cultura como dos poderosas herramientas para enfrentar los graves problemas de desigualdad y exclusión, mismos que han impedido crear sociedades cohesionadas, justas y solidarias en la región. No se quiso asumirlos fundamentalmente como ámbitos que permiten a los individuos ser más productivos, competitivos y eficientes para que logran insertarse con capacidades aumentadas en los mercados de bienes y servicios cuya liberación desde hace cerca de 35 años, fue presentada como el camino al desarrollo y a la modernidad. En realidad la supuesta liberación de los mercados ha sido acompañada por una sostenida devaluación del trabajo humano y de los ingresos que derivan de su venta, propiciando una profundización de la desigualdad y la exclusión.

La educación bajo esta última lógica ha ido perdiendo su papel de formadora de seres humanos para la vida colectiva y para la realización plena de las personas para pasar a ser considerada principalmente como transmisora de capacidades técnico-productivas y como credencial para ingresar a los mercados de trabajo.

Por su parte, la cultura en su más amplio sentido, ha permanecido como un ámbito del quehacer humano que puede relegarse en la agenda pública, destinándosele cada vez menos recursos de los presupuestos gubernamentales, cuando su fomento contribuye al reconocimiento de la diversidad social, a revalorar los saberes que subyacen en la cotidianeidad y a la recreación del tejido social.

Se trata entonces repito en este Encuentro Cívico de recuperar el valor de la educación y de la cultura como dos poderosos instrumentos para enfrentar la desigualdad, la exclusión, la discriminación e incluso las violencias y la delincuencia que afectan la vida de muchas comunidades en la región.

Es en razón de esto último que se decidió que el propósito del encuentro fuera dialogar sobre la innovación social que surge en las organizaciones civiles para la educación y la cultura dirigida a contribuir a la inclusión y a la igualdad.

La globalización y los desarrollos tecnológicos están generando un cambio de época en donde existe una disonancia entre los arreglos sociales e institucionales y la velocidad de los cambios que están ocurriendo en el acceso a información y conocimiento, en las comunicaciones, en la movilidad y en las relaciones entre seres humanos.

Las familias, las escuelas, las relaciones entre pares y los medios de comunicación como agentes socializadores de los seres humanos están experimentando transformaciones muy intensas por el cambio de los contextos tecnológicos, económicos, sociales, culturales y políticos.

La institucionalidad pública tiene una muy escasa capacidad para adecuarse a la velocidad requerida por las transformaciones que se están dando en las sociedades de la región iberoamericana y en ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil por su flexibilidad, tamaño y permanente contacto con las realidades cambiantes en las comunidades, se constituyen en agentes de detección temprana de esos cambios y tienen mayores posibilidades para el desarrollo de innovaciones sociales que potencien los aspectos positivos de los cambios y atenúen sus efectos negativos.

En razón de ello es que el X Encuentro Cívico busca detectar, rescatar y visibilizar esa capacidad de innovación social de las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos de educación y cultura, en especial la que coadyuva a disminuir las brechas de desigualdad y contribuye a la inclusión social, con el fin de generar evidencia para que los gobiernos de los países la tomen en cuenta y la incorporen en sus políticas y programas públicos.

Además se considera indispensable encontrar las rutas concretas en tiempo y forma, que permitan que esas innovaciones sociales sean incorporadas y escaladas en la gestión de los gobiernos iberoamericanos mediante su sistematización, intercambio, adecuación a distintos contextos y en su caso, su mejora.

Reconocer las capacidades de innovación social de las organizaciones de la sociedad civil por parte de los gobiernos conducirá por una parte a generar ambientes propicios para su desarrollo y por otra a mejorar o potenciar un diálogo social ampliado que incluya a esas organizaciones como agentes de cambio.

Es necesario modificar la mirada actual de muchos gobiernos de la región que acuden a las organizaciones de la sociedad civil como proveedoras baratas de servicios sociales que les facilitan suplir sus capacidades públicas disminuidas para atender a la población.

El reto que tenemos en estos dos días consiste en definir una hoja de ruta que permita crear alianzas estratégicas entre los gobiernos y la sociedad civil que lleven a mejorar la accesibilidad, la disponibilidad, la pertinencia y la calidad de los servicios públicos sociales, en particular los de educción y cultura.

No quisiera terminar sin expresar mi enorme pesar por la barbarie que acaba de cometerse con 74 personas en la Ciudad de Iguala, Guerrero: seis de ellas han muerto, 25 fueron heridas y 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapan sufrieron desaparición forzada y muy posiblemente fueron asesinados por la connivencia entre autoridades locales y el crimen organizado. Es un hecho lamentable que la vida de estos jóvenes de comunidades muy pobres que ven en las normales rurales su única posibilidad para salir de la pobreza haya sido cercenada por la ambición de poder y dinero y por la podredumbre que caracteriza la vida política de mi país.

Las mujeres en el activismo cívico y sus agendas.

En mi presentación deseo proporcionar un panorama a vuelo de pájaro de la participación de las mujeres en tres ámbitos de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las agendas que en esos ámbitos están reivindicando. Se trata de su participación en la búsqueda de la igualdad sustantiva de género, en la consecución de la democracia, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana y finalmente, su participación en la promoción del desarrollo social y comunitario.

Introducción

Varios filósofos y psicoanalistas sostienen que toda relación humana implica una relación de poder entre una persona que subordina y otra que es subordinada. Es el llamado poder sobre otros u otras, el poder que se ejerce de manera autoritario dado que se trata del control y la imposición de una o un grupo de personas sobre el pensamiento, las creencias, la conducta, las libertades, el nivel de bienestar, el trabajo, los ingresos, el cuerpo y la sexualidad, las posesiones y muchos otros aspectos de la vida de otras personas.

Las mujeres representan el grupo humano más grande que a lo largo de la historia de la humanidad han sido objeto de subordinación, sometimiento, discriminación, violencia y de una profunda y la mayoría de las veces oculta, injusticia. Han sido históricamente excluidas del ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos como seres humanos. Actualmente la condición de la mayoría de las mujeres del mundo continúa siendo de una profunda sujeción, a pesar de los avances logrados por las mujeres de los países ricos de occidente y las pertenecientes a los grupos de ingresos medios y altos y elevados niveles de educación.

Una de las mayores revoluciones del siglo XX fue el ingreso de de las mujeres a la vida pública y su acceso a una serie de libertades así como el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la condición de pobreza e ignorancia en la que viven la mayoría de las mujeres del mundo, así como el control de los varones sobre la institucionalidad religiosa y sobre el poder político, económico y del conocimiento continúan siendo obstáculos para el avance de la condición y posición de las mujeres.

En la práctica, en la vida cotidiana, miles de millones de mujeres siguen siendo discriminadas, maltratadas, excluidas, invisibilisadas, violentadas incluyendo la muerte o el llamado feminicidio por su condición de mujer.

Pero además, las mujeres han aprendido que ninguno de los logros alcanzados en materia de emancipación son irreversibles, y que existen épocas en la historia de los pueblos en donde se ha retrocedido para volver a condiciones que restringen sus derechos y libertades. Son ejemplificativos los casos de Irán a la salida del Shah Reza Pahlevi en 1979, así como de otros países musulmanes como Sudán donde el poder político ha pasado a manos de los sectores más conservadores del islamismo. Pero también tenemos experiencias más cercanas como fue la casi desaparición de la política de planificación familiar y por tanto, del acceso a medios de control natal para las mujeres en los gobiernos panistas y el reconocimiento de la vida desde la concepción, en las constituciones de varios estados mexicanos. Ese último retroceso ha condenado a varias mujeres a la cárcel con juicios similares a los que se practicaban en la época de la Inquisición en donde se exageran los castigos. Los feminicidios son también muestra de un retroceso propiciado por los altos niveles de violencia social en que vivimos y que permite a los varones ejercer el poder de la muerte sobre las mujeres.

La circularidad de la historia es vivida y experimentada constantemente por las mujeres. Así aquellas mujeres del sur del país que escaparon del sometimiento ejercido por sus familias y comunidades hacia las utopías falsas de las ciudades maquiladoras para trabajar y tener ingresos, fueron nuevamente sometidas pero esta vez por las plantas maquiladoras y el machismo dominante en la cultura del norte que conduce a muchas de ellas a la muerte o a la esclavitud de la trata y el trabajo sexual.

Es en razón del reconocimiento de que las relaciones de género son relaciones de poder y que la emancipación de la mujer pasa por el control de su propio cuerpo y del ejercicio libre de su sexualidad que esos dos temas son ejes centrales de los movimientos de mujeres: el acceso al poder y el reconocimiento y realización plena de sus derechos sexuales y reproductivos.

El acceso al poder

En el eje de acceso al poder los movimientos y organizaciones de mujeres introducen otros conceptos de poder como son el poder para lograr objetivos comunes a partir de un liderazgo, el poder compartido con otras mujeres para superar condiciones adversas y el empoderamiento personal como medio para remontar situaciones de violencia, injusticia, discriminación o exclusión en la vida cotidiana.

Es así que los temas seleccionados para esta mesa de diálogo se relacionan con las reivindicaciones del movimiento feminista de acceso al poder.

Desde mi óptica, las mujeres en la academia han optado por introducirse en el mundo de la generación y difusión del conocimiento para tener voz y reconocimiento en primer lugar, pero también para influir en el curso de la historia y de la humanidad y poder cambiar las condiciones de injusticia y discriminación en que viven miles de millones de seres humanos y algunas en particular, mejorar la situación de las mujeres.

Por su parte las mujeres que aspiran y participan en el poder público presentan a veces una dualidad de objetivos: el de alcanzar prestigio, reconocimiento y poder personal y/o el de ser agentes de cambio social y mejorar las condiciones en que viven las mujeres. Lamentablemente en este ámbito suele ocurrir que algunas se mimetizan a los modelos del poder subordinador, controlador y autoritario de los hombres y en ocasiones en el que el afán por alcanzarlo, aceptan ser utilizadas por los varones para contener los avances en las libertades y derechos de las mujeres o bien, por no perder su posición política evitan ser calificadas como feministas y no defienden la mayor igualdad de género.

 El tercer ámbito de participación en lo público

Un tercer ámbito de acceso al poder por parte de las mujeres se presenta en las organizaciones sociales y civiles. Este grupo escogió el camino del activismo cívico y la participación en el espacio público pero fuera de las instituciones políticas. Ello en parte debido a los obstáculos que estas instituciones presentan para el ingreso y la libre participación, o bien porque defienden intereses y grupos específicos y porque tiene un control cupular masculino. Los partidos políticos en México son de las instituciones más impermeables y resistentes a la igualdad de género. Un ejemplo, acaba de ocurrir al habérsele conculcado el derecho de acceder a la presidencia de la Cámara de Diputados a Aleida Alavez, una mujer que por detentar la vicepresidencia en dicha Cámara le correspondía presidirla. El machismo que domina a las cúpulas del Pan, del PRI y del PRD logró relegarla.

La participación de las mujeres en las llamadas organizaciones de la sociedad civil es amplia y destacada aún cuando este sector también es afectado por la presencia conspicua de liderazgos masculinos, que operan con modelos de subordinación semejantes a los del ámbito político y académico.

Destacaría tres ámbitos en donde organizaciones de mujeres o encabezadas por mujeres han realizado aportes importantes para el cambio social:

  • La agenda de igualdad de género
  • La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana
  • Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

La agenda de igualdad de género

La sociedad civil es el espacio donde las mujeres han podido organizarse y participar en defensa de sus derechos y libertades e influir en las decisiones de legislación y políticas públicas que tomen en cuenta sus intereses. Desde los años sesenta empezaron a surgir organizaciones ciudadanas de mujeres fuera del control del partido en el poder y con una influencia y apoyo importante de movimientos y organizaciones feministas de otros países. De manera destacada Argentina y Estados Unidos.

Se trata de organizaciones donde confluyen académicas con activistas cívicas y con frecuencia logran alianzas con mujeres que participan en espacios políticos como son las legisladoras, cuando coinciden en puntos de la agenda feminista.

Para Alma Rosa Sánchez, la presencia organizada de las mujeres en los últimos quince años del siglo XX significó la reivindicación del derecho a la diferencia, a construir una identidad femenina como sujeto político que crítica el ejercicio del poder. (SÁNCHEZ, 2004, p.88).

 

Considera que el movimiento amplio de mujeres (MAM) se construyó a partir de cinco sectores, que plantearon su participación en dos planos, en la lucha por democracia y en la defensa de derechos para las mujeres. Estos cinco sectores serían:

  1. a) El movimiento feminista; constituido principalmente por académicas, periodistas, escritoras, políticas, mujeres de clase media.
  2. b) El movimiento urbano popular; con demandas materiales, servicios, vivienda, agua, drenaje, educación, entre otros, sector marginal urbano.
  3. c) El movimiento de campesinas e indígenas; reclamos sobre acceso a crédito, propiedad, tecnología y capacitación.
  4. d) El movimiento de trabajadoras asalariadas; ampliación de mercado de trabajo, mejoras salariales, denuncias de hostigamiento sexual, entre otras, y;
  5. e) Mujeres militantes de partidos políticos y funcionarias; aquí se asumen como feministas y denuncian las condiciones desiguales de participación de la mujer en México (SÁNCHEZ, 2004, p.90-91).

En ese sentido, la agenda del movimiento amplio de mujeres ha ido modificándose a través de los años. Iniciaron y lograron amplios resultados en ir eliminando los obstáculos que impedían a las mujeres participar en los beneficios del desarrollo y en la mejoría de su bienestar como fue el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a los créditos y fondos económicos y a la alimentación. Con la política poblacional de los años setenta lograron avanzar en algunos de sus derechos reproductivos al incorporarse una política de planificación demográfica.

En la actualidad se concentran en cinco aspectos fundamentales:

  • la erradicación de la violencia contra las mujeres,
  • la eliminación del maltrato y la discriminación, es decir la igualdad sustantiva,
  • el mayor acceso a posiciones de toma de decisión en los ámbitos público y privado,
  • la promoción del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y
  • la conciliación entre trabajo y vida familiar.

La persistencia del machismo, el recrudecimiento debido a la cultura dominante y ampliamente difundida de los grupos criminales, así como la utilización de las mujeres como objetos de trata y explotación, determina que la lucha contra la violencia contra las mujeres en lugar de ir ganando terreno se está perdiendo. Jóvenes que viven en situaciones de pobreza y sin esperanza de salir de la misma, aceptan convertirse en objeto de uso y abuso por parte de los varones frente al espejismo y la riqueza del poder criminal. Ven su vínculo con delincuentes como una forma de salir de sus condiciones de miseria.

Igualmente, la persistencia de desigualdad y maltrato en los ámbitos laborales y en las oportunidades de desarrollo, en la procuración e impartición de justicia, así como los efectos diferenciados por sexo de la ola de violencia que agobia al país determina que varias organizaciones de mujeres, e incluso varias de las organizaciones de derechos humanos hayan tomado la defensa de casos de mujeres víctimas llevándolos incluso a las instancias internacionales para exigir justicia y reparación del daño.

Si bien es mayor el número de víctimas masculinas directas que caen en esa ola de violencia, el número de mujeres víctimas indirectas es creciente debido a la muerte o desaparición de sus parejas o de sus hijos, a la pérdida del patrimonio familiar y al desplazamiento de sus hogares y lugares de origen.

El mayor acceso a posiciones de toma de decisiones ha tenido avances esencialmente en razón de la introducción de acciones afirmativas para la integración de los congresos, sin embargo no es tan evidente en las ramas del ejecutivo y del poder judicial, ni en ámbitos del sector privado y la academia. La mayor resistencia se observa en las instituciones religiosas que además se constituyen en las que mayores obstáculos ponen al avance de los derechos y las libertades de las mujeres.

Posiblemente el tema más difícil por la resistencia de las iglesias y de los sectores moralmente conservadores que existen en todas las ideologías políticas, incluso en las de izquierda, es el del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Refiere esencialmente a la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y que la maternidad o la cancelación del goce de su sexualidad les sea impuesta por su cultura y por instituciones que deciden qué pueden y qué no pueden hacer, pero que además las sancionan duramente cuando trasgreden las normas sociales impuestas.

Finalmente, dentro de la agenda feminista se ha venido incorporando paulatinamente la demanda de armonización entre vida familiar y vida de trabajo y la exigencia de que se distribuyan equitativamente las responsabilidades de la vida familiar entre sexos y generaciones y se tengan políticas y programas públicos de apoyo a las familias. También incluye la necesidad de modificar las condiciones de trabajo para reconocer que ya no son trabajadores hombres de disponibilidad total los que participan en las actividades económicas sino que es creciente la participación de mujeres y que tanto hombres como mujeres tienen que cumplir responsabilidades y disfrutar de la vida familiar.

La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana

Varias de las organizaciones en lucha por los derechos de las mujeres se integraron a las actividades y a las importantes redes que se constituyeron en todo el país en la década de los años noventa para promover el cambio político y la instalación de una democracia en el país. Formaron grupos de observación electoral en sus estados y realizaron campañas para la promoción del voto libre y secreto.

Las mujeres que se integraron a los liderazgos de las organizaciones y redes como el Movimiento Ciudadano por la Democracia y Alianza Cívica en 1994, provenían de organizaciones de base de la iglesia católica progresista, de los llamados grupos eclesiales de base, quienes por su trabajo en las comunidades rurales y en la colonias proletarias se percataban del nivel de deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de la población y habían hecho un compromiso con los pobres. Optaron por el cambio político por la vía pacífica.

Esta matriz católica progresista fue también el origen de la mayor parte de las organizaciones en defensa de los derechos humanos que empezaron a surgir en México en la década de los años setenta, cuando el Vaticano decidió atacar a la Teología de la Liberación en América Latina y muchos hombres que veían en la iglesia un espacio para realizar su compromiso con los pobres tuvieron que refugiarse en otros espacios. Es la razón de que en este ámbito de trabajo de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos, el número de participantes y los liderazgos son mayormente hombres.

En los años más recientes el ingreso de mujeres a las organizaciones de defensa de derechos humanos tiene su origen en el aumento de opciones de formación académica en la materia, tanto a nivel nacional como en otros países. Actualmente en México hay un importante número de mujeres con diplomados, maestrías y doctorados en derechos humanos aunque todavía no acceden a los puestos de mayor nivel en las instituciones ni en las organizaciones ubicadas en este campo; siguen siendo varones los jefes.

El creciente número de activistas cívicos, organizaciones y redes que trabajan por la paz y la no violencia, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y promueven la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, comparte sus orígenes y de alguna manera derivan de esa misma matriz. En estas organizaciones la participación y el liderazgo de mujeres son más frecuentes.

Otras instancias de participación de mujeres en el campo de la lucha por la democracia, en su integración a los consejos estatales y distritales del anterior IFE y en los órganos electorales estatales. La selección de los integrantes de los organismos públicos locales electorales que se está llevando a cabo en el INE ya prevé una equidad en la participación, es decir %0% hombres y 50% mujeres.

La experiencia señala también que en los funcionarios de casilla los días de la jornada electoral son en una proporción más alta mujeres que hombres.

Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario

El trabajo de base en comunidades pobres, indígenas, rurales y en zonas marginadas urbanas y la creación de organizaciones para luchar por el acceso a programas sociales de vivienda, abasto, caminos, servicios urbanos, programas de transferencias monetarias, ha sido un espacio importante de participación y construcción de liderazgos femeninos.

La formación en este trabajo comunitario de base y la apertura de espacios de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas facilitó que en la última década de los noventa del siglo pasado y en la primera de este siglo las organizaciones sociales y civiles empezaran a hacer incidencia en política pública esencialmente social.

Se trata de organizaciones que fueron introduciendo en la agenda pública la necesidad de desarrollar políticas y programas dirigidos a grupos poblacionales específicos como la infancia, la juventud, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población callejera, la población con orientación sexual diversa.

En otra vertiente son las que han luchado por el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, al nivel más alto de salud, a la educación y a la cultura, a trabajo y a condiciones dignas de trabajo, lo que ahora constituyen la agenda ciudadana por los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA.

En estas materias así como en otras agendas de la sociedad civil como son las de seguridad pública y ciudadana, las de migración, las relacionadas con adicciones y víctimas y de manera destacada e histórica, las organizaciones que realizan actividades de asistencia social, las mujeres tienen liderazgos reconocidos y una amplia participación.

El espacio del activismo cívico ofrece muchas oportunidades de desarrollo y de compromiso social para las mujeres. Es un ámbito donde se produce innovación social, se forman personas frente a los nuevos riegos sociales, se desarrollan novedosos modelos de intervención social, se construye ciudadanía y liderazgos y se promueve la participación ciudadana.

Las mujeres hemos contribuido grandemente al desarrollo de un espacio de responsabilidad social que no pasa necesariamente por los gobiernos, ni por el mercado y que busca responder con mayor flexibilidad y oportunidad a las profundas transformaciones que están modificando la vida y el bienestar de las personas.

Entender el papel de la sociedad civil y de las organizaciones que la forman y crear sinergias con ellas por parte de las instituciones del Estado y las empresas en lugar de combatirlas o suplantarlas, abriría una opción fundamental para la mayor participación ciudadana en el ámbito público y para un acercamiento del sistema político con la ciudadanía. Abonaría a la democracia y a un desarrollo compartido y menos desigual.

 

Intervención en la presentación del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014- 2018

 

Como integrante y en representación de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación me congratulo de la presentación pública de este importante Programa que atiende a uno de los grandes problemas sociales del país que es la desigualdad de trato y de oportunidades que afecta a millones de personas.

La discriminación condena a las personas a permanecer en la pobreza al cerrárseles las oportunidades de trabajo o de educación por su origen étnico o racial, su orientación sexual, o por su edad o condición de discapacidad, entre otras causas. Desigualdad, pobreza y discriminación se combinan en un círculo de exclusión que profundiza la vulneración de derechos humanos.

La desigualdad socioeconómica que caracteriza a nuestra sociedad se agrava cuando las personas en condiciones de pobreza son sujetas de discriminación por las políticas, programas y la institucionalidad pública, así como por las empresas del mercado, las instituciones privadas, las comunidades e incluso sus propias familias.

Lograr la igualdad de trato y de oportunidades significa por lo tanto un enorme reto que el programa intenta abordar. Se requiere de un trabajo consistente y persistente a través de varios años, lo que algunos llamarían una política de Estado, a fin de lograr cambios culturales profundos que conduzcan a aceptar y perderle miedo al o la diferente.

Ello incluye una importante tarea de construcción de confianza.

La institucionalidad pública y en especial los servicios y los servidores públicos que interactúan directamente con la población tienen una gran responsabilidad en dos vertientes en primer lugar, otorgar un trato digno a los usuarios de los servicios públicos con enfoque de derechos y en segundo lugar, ser promotores de la no discriminación entre la población con la que están en contacto.

Es necesario eliminar el mal trato en las ventanillas de trámite y entre los servidores públicos que trabajan en servicios de seguridad, educación, salud, recreación, promoción, entre otros; inclusive en las oficinas de contratos y adquisiciones o de contratación de personal que atiende a proveedores o a aspirantes de empleo. Con frecuencia esas funciones se asumen como espacios de poder que se ejercen en forma discriminatoria y abusiva sobre las personas que acuden a recibir un servicio, realizar un trámite, poner una queja, solicitar información y orientación o vender un producto o un servicio.

Todos y todas experimentamos una ciudadanía truncada donde el ejercicio de nuestros derechos está sujeto a una cadena de favores y a mecanismos de intercambio y por lo tanto sólo es factible para los que cuentan con ellos. Está negado para quienes no tienen los contactos y no acceden al intercambio de favores.

Desde mi óptica el éxito entonces del Programa consistirá en trabajar simultáneamente en tres vertientes para lograr la inclusión del buen trato y de igualdad de oportunidades en las normas, los procesos y las prácticas de la institucionalidad pública:

  • Desde arriba mediante el reconocimiento explícito por parte de la institucionalidad pública de sus obligaciones en materia de discriminación y la eliminación de obstáculos y resistencia que dificulten enfrentarla y eliminarla. Esto significa armonizar legislación, normas, reglamentos procedimientos y manuales de operación; lograr que el diseño y la puesta en práctica de las políticas, los programas y los presupuestos se realicen con un enfoque de igualdad y buen trato y sin sesgos de exclusión o de invisibilización de ciertos grupos; además, generar sistemas de monitoreo y evaluación y de consulta y participación ciudadana. Este trabajo que es necesario y de gran importancia con frecuencia toma mucho tiempo y esfuerzo y los resultados concretos en el cambio de la cultura del trato no son percibidos ni recibidos por los usuarios con la oportunidad y urgencia necesarias.
  • Por ellos, la segunda vertiente consiste en atacar el problema desde abajo con resultados en el corto plazo, al revisar los procedimientos de ventanilla y la prestación de servicios públicos directos para adecuarlos a las características culturales de la población usuaria en el territorio; seleccionar al personal que cuenta con cualidades para ofrecer buen trato y otorgándole al mismo un buen trato; “traducir” y difundir la información de los programas y servicios a un lenguaje comprensible para la población y por medios que accedan a ella y trasparentar y difundir los mecanismos y procedimientos de queja. Ello para eliminar lo más posible los sesgos de exclusión de los usuarios por falta de información, de comprensión y conocimiento respecto del derecho a la no discriminación.
  • El tercer ámbito consiste en trabajar con los propios usuarios de los programas, servicios y ventanillas para que se reconozcan como titulares de derechos, se generen en ellos capacidades de agencia, conozcan la manera de acceder y usar la información y los mecanismos de exigibilidad y participen en el monitoreo de la calidad y el buen trato en los servicios y en las ventanillas.

El Programa para adquirir credibilidad y presencia debe encontrar la manera de mostrar a la población en el corto plazo que algo concreto está cambiando en su interacción con la institucionalidad pública y evitar limitarse a las negociaciones y las discusiones con las altas jerarquías burocráticas y a modificaciones en el papel de legislación, políticas, programas y procedimientos o en la elaboración de indicadores.

Es urgente que el buen trato y la igualdad de oportunidades se aplique en la práctica concreta de la gestión pública, en el territorio concreto, para recuperar confianza en las instituciones públicas y eliminar esa percepción de ciudadanía truncada que está aumentando en todo el país.

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIDAS PRESUPUESTARIAS Y DESC

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Ejes temáticos:

1.Efectos del modelo económico y las políticas macroeconómicas en la realización de los DESCA

2.Permanencia de los niveles de pobreza en el país

3.Aumento del número y recursos para programas sociales sin responder a una concepción estratégica y sin definición clara de las poblaciones objetivo

4.Ausencia del enfoque de derechos humanos como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

5.Problemas para la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas y programas públicos que atañen a los DESCA

Introducción al tema de Políticas públicas, medidas presupuestales y DESC

 

Por la amplitud del tema y la escasez del tiempo disponible para esta presentación haré referencia de manera breve sólo a cinco aspectos que podrían desarrollarse en el bloque correspondiente.

  1. Efectos del modelo económico y de las políticas macroeconómicas que se adoptan en la realización de los DESCA. Un modelo que desatiende el bienestar de la población como objetivo y privilegia la estabilidad y el control de la inflación, para lo cual utiliza el equilibrio presupuestal, una regresiva política fiscal, el control salarial, una reducida participación del Estado en la inversión y además incluye una paulatina traslación de las responsabilidades sociales del estado al mercado y a las familias, genera un ambiente poco propicio para la realización de los DESCA y para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia. Bajo este modelo, la baja tasa de crecimiento de la economía desde hace 30 años no produce suficientes empleos dignos para garantizar el derecho al trabajo de millones de jóvenes en una etapa de elevada presencia de jóvenes en la estructura demográfica del país. A su vez, la reciente reforma laboral y la política de contención salarial determinan que aún la población con empleos formales no satisfaga su derecho a condiciones dignas de trabajo e impide que al menos 65 por ciento de las familias que viven solamente de la venta de su fuerza de trabajo, puedan cubrir por su propio esfuerzo sus necesidades fundamentales. El Estado mexicano vulnera el derecho de los trabajadores a una remuneración digna y no permite que se les distribuya la parte del aumento de la productividad que le corresponde. El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza medidio por CONEVAL sigue una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2010 al primer trimestre de 2014, principalmente en la población urbana, esto significa que el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta básica con su ingreso laboral se está incrementando:[1]

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Para el segundo trimestre (abril-junio) del año 2014 (ENOE) el 55% de la población económicamente activa trabaja en actividades informales que no gozan de seguridad social, ni de protección laboral, es decir 28.6 millones de personas respecto 52.1 que es el total de la PEA.

  1. Los niveles de pobreza en el país son similares a los prevalecientes en 1990 lo que resume la ineficacia de los programas sociales para compensar los efectos perversos del modelo económico vigente y de la política macroeconómica del país. Esta política es además determinada por las dos agencias de gobierno que menos contacto tienen con los problemas de la población: la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. De acuerdo con la medición oficial de pobreza extrema realizada por la SEDESOL en 1992 a 20 millones de personas que representaban el 22.5% de la población total[2] Para 2012 de acuerdo al CONEVAL eran 23.5 millones en pobreza extrema, el 20% de la población mexicana.
Población en situación de pobreza
(insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta de alimentación)
Año Porcentaje Millones de Personas
1992* 22.5% 20,094,213
1994* 21.1% 19,446,587
1996* 37.1% 35,240,068
1998* 33.9% 33,096,365
2000* 24.2% 24,227,259
2010** 19.4% 22,200,000
2012** 20.0% 23,500,000
* Datos de Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX, página 15: http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2155/1/images/Docu02.pdf** Datos de la Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza%202012/Anexo%20estad%C3%ADstico%20sin%20combustible%202008-2012.jpg

Nota: Pese a que las mediciones de 1992 al 2000 utilizan una metodología diferente a las mediciones de 2008 a 2012 ambas consideran como condición de pobreza que el ingreso sea inferior a los costos mínimos de alimentación. Para efectos de este ejercicio se considera para 1992 – 2000 el dato de la Línea 1 de Bienestar: Considera los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de alimentación. Para 2010 – 2012 se utiliza el dato de las personas con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo, ya que una persona en dicha condición es aquella cuyo ingreso es insuficiente para adquirir la Línea de Bienestar Mínimo del CONEVAL, misma que considera el precio de la Canasta Alimentaria únicamente.

 

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  1. Los programas sociales si bien han recibido un porcentaje mayor en los últimos años del bajo gasto público mexicano y han aumentado en número, no responden a una concepción estratégica, a prioridades claramente definidas y a una articulación razonada al nivel del territorio y de las poblaciones objetivo. No hay una planeación con enfoque de derechos humanos que defina niveles básicos de satisfacción y compromisos de progresión y no regresión. Para el año 2013 el CONEVAL estimaba que había 5,010 programas y acciones de desarrollo social de los cuales 278 se ubican a nivel federal y 4,732 a nivel estatal y municipal. Históricamente los programas sociales surgen de manera independiente a iniciativa de una agencia o de un funcionario responsable y posteriormente se les agrupa según el tema preferido del gobierno en turno. Un claro ejemplo reciente de esta forma de actuación de acuerdo al análisis realizado por el OPSDH de INCIDE Social, son los 70 programas incluidos originalmente en 2013 en La Cruzada contra el Hambre. Para 2014 ya se eliminaron 38 de ellos y se incluyeron otros 65 y ahora son 90 programas y acciones de La Cruzada. Otra modalidad fue utilizada en la estrategia Todos somos Juárez que obligó a las dependencias del gobierno federal a concentrar su oferta de programas en esa ciudad, respondieran o no a las problemáticas de la población local.

Recientemente CIDE y CONAPRED realizaron un análisis de varios     programas del Gobierno Federal y de sus asignaciones presupuestales para 2010, 2011 y 2012, con el fin de examinar en qué medida los programas de gobierno contribuyen a la discriminación de seis grupos de población (infancia, jóvenes, adultos mayores, población indígena, población con discapacidades y mujeres)

El detallado estudio que pronto será publicado concluye que hay inequidad en la distribución de los recursos entre grupos y que dentro de los grupos hay poblaciones que quedan excluidas a pesar de tener las mismas características de los que si reciben los beneficios de los programas. De este modo, por no adoptar criterios de igualdad de trato en el diseño y asignación del presupuesto público unos grupos son beneficiados con mayor presupuesto que otros sin tener en cuenta por ejemplo su tamaño. Asimismo dentro de los grupos en programas con poblaciones objetivo específicas, hay unos donde los niveles de exclusión son mayores como es el caso de las poblaciones indígenas y de las mujeres. Aunque la cobija es pequeña si desde el diseño del presupuesto hubiera una asignación proporcional al menos al tamaño de los grupos y se definiera una trayectoria definida de ampliación de las coberturas dentro de cada grupo para ir reduciendo la exclusión en un lapso de tiempo, se estaría incorporando un enfoque de derechos humanos.

  1. La no adopción del enfoque de derechos humanos como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 como sí ocurrió con la igualdad de género, dejó el esfuerzo de incorporación de ese enfoque a un Programa Nacional de Derechos Humanos que pretende ser transversal pero que muy difícilmente podrá concretarse si los responsables del mismo no concitan el compromiso político de todas las agencias del Estado mexicano. Si bien se ha incorporado el léxico de los derechos humanos en los discursos y en los textos del ámbito público, la real inclusión del enfoque en las normas, en los procesos y en las prácticas de las instituciones públicas está muy lejos de ocurrir. Los dos Programas Nacionales previos elaborados con mucha dificultad y muy tardíamente, no tuvieron resultados concretos.

La experiencia de INCIDE Social A.C. al analizar el grado de incorporación del enfoque de derechos humanos en tres instancias del gobierno del Distrito Federal para ver la instrumentación del Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal desataca que para realizar una gestión pública con enfoque de derechos humanos se deben definir cambios en dos ámbitos, por un lado en los usuarios de las políticas, mediante el reconocimiento de sus derechos y la generación de capacidades para que se los agencien y por otro mediante el reconocimiento explícito de la institucionalidad pública de sus obligaciones y la eliminación de obstáculos y resistencias que dificultan su implementación.

Se trata entonces de que se reconozca la titularidad de derechos en las personas usuarias, definiéndolos desde la norma como derechohabientes y no como beneficiarios, transparentar y difundir los mecanismos y procedimientos de queja, “traducir” la información de los programas y servicios a un lenguaje comprensible a la población usuaria y detonar procesos de capacitación sobre sus responsabilidades y derechos frente a la institucionalidad pública.

Y paralelamente, es necesario profesionalizar a los servidores públicos, en términos de otorgar un trato digno a los usuarios con enfoque de derechos, desarrollar sistemas públicos de monitoreo de metas e involucrar en las modificaciones que surjan de las evaluaciones tanto internas como externas y establecer la obligación de consultar a la población usuaria acerca de la calidad de los servicios recibidos.

 

  1. Un grave problema para la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas y programas públicos que atañen a los DESCA tiene que ver con los procesos, las mediaciones y las crecientes desviaciones que ocurren entre la concepción de las políticas y los programas y su implementación o puesta en práctica. Un problema real es la ausencia de traducción de buenos deseos y buenas ideas en intervenciones específicas en territorios y con poblaciones, otro es la gran reducción experimentada de agentes estatales que operen en los territorios y con ello la falta de personal capacitado para llevar a cabo intervenciones cada vez más complejas; otra dificultad es la falta de adecuación de los modelos de intervención a las condiciones y características específicas de las poblaciones junto con la desconsideración de las buenas prácticas de organizaciones locales y por insensibilidad, su destrucción por la competencia de modelos impuestos por las agencias estatales (estancias infantiles y comedores comunitarios). Pero la dificultad más grave es la privatización de los recursos destinados a los programas sociales por la enorme corrupción y la gran impunidad que prevalece en todos los niveles de gobierno y en todos los partidos políticos.

El esfuerzo de incorporación del enfoque de derechos humanos en el diseño de políticas, programas y presupuestos se diluye a la hora de la implementación.

 

Así los dos extremos de la cadena: el modelo económico adoptado y el aterrizaje de las políticas públicas en el territorio y en las obstaculizan a la realización de los DESCA en México.

 

[1] El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) es elaborado con periodicidad trimestral por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El ITLP muestra la tendencia del porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral. Si el Índice sube, significa que aumenta el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso laboral.

 

[2] Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX: http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2155/1/images/Docu02.pdf

La macroeconomía desde los derechos humanos y los derechos humanos desde la macroeconomía.

Taller Regional Gobierno-Sociedad Civil para la discusión de la relación entre el diseño de la Política Macroeconómica y la vigencia de los derechos económicos y sociales.

Presentación: Macroeconomia y Derechos económicos y sociales

El marco de los derechos humanos desarrollado por la comunidad internacional de países y plasmado en varios instrumentos legales firmados por los Estados Nacionales, define las obligaciones de éstos para la realización de los derechos humanos reconocidos como universales, interdependientes, inalienables, indivisibles y exigibles.

Las obligaciones fundamentales de los Estados son a) respetar a las personas cuando estas pueden realizar o ejercer sus derechos por sí mismas, b) proteger cuando la realización de los derechos depende de la relación entre particulares como el derecho del trabajo o el de educación o al nivel más alto de salud cuando su provisión proviene de servicios proporcionados por particulares; c) satisfacer o proveer cuando las personas no se encuentran en condiciones de cubrir por sí mismas los bienes, servicios o condiciones requeridos para la realización de los derechos.

Es decir, las personas son las titulares de derechos y los Estados son los obligados de realizarlos y de proteger que estos se realicen.

Cada Estado escoge el régimen económico y social que adopta pero debe cumplir sus obligaciones en materia de DDHH que al final significan poner en el centro de los objetivos de los regímenes seleccionados la consecución de una vida digna para todos los habitantes del país.

La macroeconomía y la orientación y manejo de las políticas que la integran (fiscal, monetaria, laboral) son instrumentos para concretar el modelo económico seleccionado por el Estado o por sus élites políticas y económicas, y por lo tanto buscan cumplir los objetivos que plantea ese modelo económico.

Se define el objetivo del modelo será el bienestar de la población y la consecución de la dignidad de todas las personas o será el desarrollo con distribución equitativa de sus beneficios o el crecimiento de la economía o la estabilidad de precios, o la competitividad, la eficiencia y la productividad, o el generar un ambiente propicio para los negocios privados. Es frecuente que en esta materia haya simulación expresándose un objetivo en el discurso pero utilizando los instrumentos de política para perseguir el verdadero propósito de las élites gobernantes.

De esta definición de objetivos deriva la intervención que se asigna en el modelo a los agentes económicos y sociales: al propio Estado, a las empresas del mercado nacionales y extranjeras, a las familias y a las personas. Así en un extremo se puede optar por un régimen de amplia participación del Estado en la economía y en la provisión de bienes y servicios públicos o en el otro de mínima participación del Estado, dejando en manos de las empresas del mercado, de las familias y de las personas la actividad económica y la satisfacción de los bienes y servicios necesarios para la vida o para la realización de sus derechos económicos y sociales.

Estos dos extremos: una máxima participación del Estado o una mínima en los social y económico tiene implicaciones en la importancia que adquieren las mencionadas tres obligaciones principales del Estado en materia de derechos humanos económicos y sociales, en las capacidades e institucionalidad que para su cumplimiento debe desarrollar éste y en la orientación que debe dar a las políticas macroeconómicas y también a las sectoriales.

De este modo, la obligación de proveer o garantizar adquiere mayor relevancia en un modelo de Estado omnipresente dado que este deberá generar y operar los bienes y servicios que atienden a los derechos de salud, educación, acceso a la alimentación y a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, en términos equitativos y sin discriminación. Las políticas macro fiscal y monetaria deberán entonces generar los recursos del presupuesto y asegurar la distribución del gasto de manera que el Estado pueda proveer a la población que lo requiera, los bienes y servicios necesarios para alcanzar una vida digna, deberán alentar el crédito y la inversión necesarios para la producción suficiente de bienes y servicios en la economía o propiciar las importaciones a fin de atender el bienestar de las personas.

En el otro extremo, el del Estado ausente en lo económico y lo social que sólo lleva a cabo las funciones de seguridad pública y de cuidar que las relaciones entre los agentes económicos y sociales se realicen dentro del Estado de Derecho, las obligaciones de respetar y proteger adquieren mayor relevancia.

Así el Estado no debe interferir cuando las personas y las familias por medio de sus recursos de capital y trabajo logran allegarse los bienes y servicios para realizar sus derechos humanos económicos y sociales. Tres implicaciones en política macroeconómica como ejemplos: las tasas de impuestos deben ser de tal nivel que le permitan a las personas cubrir dignamente sus requerimientos para la vida; el Estado no debe intervenir en los niveles de remuneración de los trabajadores deprimiendo sus ingresos mediante políticas de contención salarial y por el contrario debe fijar un salario mínimo legal como garantía para permitir que las personas mediante la venta de su fuerza de trabajo puedan alcanzar un ingreso digno; otro ejemplo es que el Estado no puede expropiar o sustraer de la población las tierras y recursos naturales que utilizan para su subsistencia.

Lo que me interesa destacar particularmente es la importancia que adquiere la obligación de proteger los DES en este modelo de Estado mínimo. Si la provisión de bienes y servicios para realizar los DES queda en manos de empresas del mercado como ha venido ocurriendo crecientemente o se transfiere a organizaciones de la comunidad o de la sociedad civil, el Estado tiene la obligación de asegurar la disponibilidad, calidad y asequibilidad de esos bienes y servicios en todo el territorio nacional. También debe asegurar su accesibilidad económica y física; es decir, cuidar que los precios no sean excesivos de manera que impidan a la población o a una parte de ésta poder adquirirlos y que vigilar que no se discrimine y que se trate con equidad a la población en el acceso a esos bienes y servicios.

El gasto público entonces debe orientarse al fortalecimiento y ampliación de las capacidades institucionales de regulación, vigilancia y control de calidad de la oferta privada de bienes y servicios de manera que se impida la vulneración de los derechos económicos y sociales de la población por las empresas del mercado.

Implica también vigilar que las empresas paguen salarios dignos a sus trabajadores y les garanticen condiciones justas de trabajo.

Entre estos dos extremos hay diversas combinaciones posibles.

La pregunta fundamental a responder es qué papel se quiere que juegue el Estado en la realización de los DES para que las políticas macroeconómicas que se adopten contribuyan a ello.

Lamentablemente la definición del papel del Estado Mexicano en las últimas décadas ha quedado en manos de las élites económicas y políticas que han capturado a ese Estado. Su elección no está en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de DDHH para alcanzar una vida digna de los habitantes del país y cerrar las brechas de desigualdad y discriminación, así como las situaciones de pobreza y exclusión que afectan a millones de mexicanos.

Su decisión está en utilizar los recursos y los bienes públicos para incrementar el poder y la acumulación de riqueza de los pocos que forman parte de esas élites. Los niveles alcanzados de corrupción y apropiación privada de recursos públicos es alarmante y las denuncias al respecto ocupan las primeras planas de los noticieros y prensa escrita. La codicia y el cinismo parecen caracterizar a las élites gobernantes de todos los partidos políticos. Las mediaciones del Estado por tanto entre ricos y pobres han estado desde hace varias décadas en favor de los ricos y en beneficio de la clase política a costa de la subordinación y control de las poblaciones pobres mediante programas asistencialistas.

Una evidencia de lo anterior es la decisión adoptada por la actual administración de no continuar suscribiendo convenios y pactos en materia de derechos humanos y de tramitar por la vía amistosa las observaciones y recomendaciones que en relación con la vulneración de DDHH ha recibido el Estado Mexicano por parte de las instancias regionales e internacionales que vigilan el cumplimiento de los instrumentos (pactos y convenios).

Otros ejemplos son el retraso en el Senado en la aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC y del Convenio 189 de la OIT que protege los derechos de las trabajadoras domésticas. La negación del Gobierno Mexicano de actualizar el deplorable nivel de los salarios mínimos legales que viene cayendo desde hace cerca de 40 años, ejemplifica de qué lado se ha colocado el Estado en esas décadas al permitir que sea el capital el que acumule las ganancias de los incrementos de la productividad durante ese tiempo. Además para las autoridades hacendarias el aumento del salario mínimo es inflacionario, no así los aumentos sistemáticos de la gasolina, la electricidad y el gas.

Hay varias otras obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos como las de transparencia y rendición de cuentas, la de participación de la población, la de no discriminación en la prestación de servicios públicos, la de información, la de desarrollo de mecanismos de queja, de exigibilidad y de justiciabilidad, la definición de sanciones a los servidores públicos que vulneren los DDHH.

Una última observación desde hace al menos 35 años el modelo económico del país y las políticas macroeconómicas son decididas por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de las dos agencias gubernamentales que menos relación y contacto tienen con los problemas y los dolores de la población. Por el contrario, la Secretaría de Hacienda considera a las personas como contribuyentes y posibles evasores o delincuentes y su papel es el de exigirles el pago puntual de impuestos   (mediante tecnologías de la información que poco se compadecen de los niveles de conocimiento de los contribuyentes), y perseguir a quienes no pagan.

Me parece que resulta iluso pensar que esas dos instituciones quieran siquiera asomarse a lo que significaría la gestión de las políticas macroeconómicas del país con un enfoque de derechos humanos.

A la definición y manejo de las políticas macroeconómicas se suma el poder que ejerce la SHCP sobre las secretarias que supuestamente diseñan y operan los programas sectoriales y especiales y por lo tanto, proveen bienes y servicios públicos que permiten la realización de varios de los DES. La rigidez en el manejo del presupuesto, la falta de oportunidad en su entrega y la burocratización de su ejercicio conllevan a subejercicios en programas importantes para el bienestar de la población.

Si queremos gobiernos que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y orienten las políticas macroeconómicas para apoyar su realización, tendríamos que repensar al Estado y convertirlo en un Estado con poderes representativos que pongan en el centro del proyecto nacional el bienestar de la población y no el beneficio de quienes manejan a las instituciones estatales.

1994 un año agitado para el activismo cívico

1994 fue un año particularmente importante y agitado para el activismo cívico en México que empezaba a hacerse más visible y articulado en esa década, tanto mediante el surgimiento de nuevas organizaciones civiles como de movimientos y movilizaciones y a través de lapromoción de agendas comunes.

Una primera e importante manifestación de este nuevo fenómeno social fue el movimiento civil generado a raíz del levantamiento zapatista del 1° de enero de 1994. Participaron organizaciones ciudadanas de todo el país para impedir una respuesta militar violenta del gobierno en contra del levantamiento indígena, inicialmente pronunciándose en los medios de comunicación en contra de ese tipo de respuesta y después organizando el 12 de enero en Chiapas un cerco civil entre el ejército y las fuerzas rebeldes del zapatismo con la participación de miles de personas de orígenes muy diversos. Ciudadanos independientes y organizaciones civiles continuaron brindando un acompañamiento a la rebelión indígena en todo el proceso de diálogo con el gobierno, en la difusión pública amplia de la situación en la zona evitando un cerco de silencio, así como en la construcción de las nuevas formas de gobierno que adoptaron los grupos indígenas.

Una segunda expresión del activismo cívico que afloró en 1994 se dio en torno la agenda por el cambio democrático que se concreto con la creación de Alianza Cívica a partirdel acuerdo y articulación de siete organizaciones con perfiles ideológicos distintos. La red inicial realizó una amplia convocatoria a organizaciones en todo el país algunas de las cuales ya estaban trabajando en articuladas como Convergencia de Organismos Civiles y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. La movilización civil generada a partir de Alianza Cívica esencialmente para llevar a cabo un amplio y organizado proceso de observación de las elecciones federales de ese año, permitió la participación de miles de ciudadanos de todas las edades, de todos los orígenes sociales, niveles académicos y especialidadescuyas vidas quedaron marcadas por esa experiencia y que han continuado promoviendo la participación ciudadana en muy diversos ámbitos.

Como integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica decidí participar en 1994 en dos procesos para contribuir al cambio democrático y a la lucha por la reivindicación de los derechos civiles, políticos y sociales de la población. Por una parte, me tocó encabezar la brigada de integrantes de Alianza Cívica que acudió a observar la realización de las elecciones en la zona zapatista a petición expresa del EZLN y por otra, acepté la invitación para participar en el grupo técnico que daría seguimiento a la auditoría del Padrón Electoral que la Secretaría de Gobernación y en particular el Dr. Jorge Carpizo como Secretario de esta, decidió organizar.

No tengo conocimientos estadísticos o en informática comparables con los de los otros integrantes del Grupo Técnico, pero tenía la experiencia de haber montado y participado en algunos sistemas de producción de información estadística como los Censos de Población de 1960 y 1970, el inicio de la actual Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación y de una de las primeras encuestas de ingreso gasto realizadas en México en 1963.

Además por mi participación previa en experiencias ciudadanas de observación electoral,mi contribución al grupo técnico consistió en aportar información sobre las dudas que las organizaciones civiles tenían en torno a la calidad del padrón y de las listas de electores. Varios amigos de las OSC se habían formado haciendo revisiones cuidadosas de las listas de electores y conocían dónde estaban los problemas. De manera que aporté al grupo la histórica suspicacia de los ciudadanos sobre la calidad del Padrón Electoral y algunas sugerencias sobre metodologías de verificación por medio de ejercicios en campo o comparativos de archivos electrónicos.

Recuerdo que parte de la diversión de participar en este ejercicio consistía precisamente en tratar de sorprender a los equipos técnicos del Registro Federal de Electores solicitándoles de manera sorpresiva pruebas que desarrollábamos sin darles tiempo para realizar manipulaciones previas a fin de obtener buenos resultados.

Personalmente, quedé convencida de que el Gobierno realmente se había hecho el propósito de lograr un Padrón Electoral creíble y confiable y otorgar a partir de éste credenciales de muy difícil falsificacióna los ciudadanos. Como todo lo que ha pasado en materia de organización de elecciones en México, finalmente se había logrado remontar a un costo altísimo la tradicional desconfianza en uno de los instrumentos más importantes en los procesos electorales.

Es de reconocerse el trabajo realizado por los funcionarios del RFE que acometieron la enorme tarea de meter orden y dar credibilidad a las listas de electores a principios de la década de los noventa. La elección de 1994 fue la primera en contar con un Padrón Electoral confiable, habiendo tenidos partidos políticos amplio acceso al proceso y a los listados resultantes para realizar ellos mismos verificaciones.

Intervención de Clara Jusidman en la presentación del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México.

 

Museo Interactivo de Economía

Agradezco al Instituto Nacional Electoral y al Dr. Lorenzo Córdova la invitación para participar en la presentación de este importante y valioso trabajo sobre la calidad de la ciudadanía en México. Entiendo que estoy en este presídium en representación de aquellas personas que han intentado ejercer una ciudadanía autónoma, comprometida y organizada a lo largo de varios años. Ello con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad donde la institucionalidad democrática verdaderamente permita que como ciudadanos y ciudadanas nos sintamos representados, escuchados y respetados y contemos con medios para exigir la rendición de cuentas y en su caso la reparación de daños por omisiones del Estado en el respeto, protección y promoción de nuestros derechos humanos.

Los resultados obtenidos en esta encuesta de gran tamaño, así como del ejercicio de consulta a líderes comunitarios y sociales permiten niveles geográficos de representación muy valiosos que seguramente conducirán a análisis detallados sobre la calidad de la ciudadanía en cada uno de los estados y regiones incluidos. Al estudiarse los resultados en contextos más específicos será posible entender mejor los procesos que conducen a niveles diferenciados de calidad ciudadana y que en este primer ejercicio de análisis más global parecen vislumbrarse como hipótesis. Corroborar si la calidad de la ciudadanía realmente cambia con la alternancia de partidos en los gobiernos, con un mejor desempeño de la institucionalidad en materia de contrapesos y controles al desempeño de los poderes: como sería el funcionamiento autónomo de comisiones de derechos humanos y de transparencia y rendición de cuentas, la presencia de un mayor número de organizaciones ciudadanas y de mayor capital social, una clara libertad de expresión y de prensa y una mayor autonomía del poder legislativo y del judicial, entre otros.

Quisiera hacer tres reflexiones motivadas por la lectura del texto que analiza los resultados y que fue preparado por seis destacados investigadores.

En la evolución del significado de Estado de Derecho que actualmente comprende como lo señala el texto comentado, la realización de los derechos civiles y políticos, en congruencia con las bases de lo planteado por T.H. Marshall, sería de esperar que en la concepción de Estado de Derecho se fueran incorporando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ampliaran los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de esos derechos. La firma en el Senado de la República del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales daría una clara señal del interés de uno de los poderes del Estado por aportar a la construcción de ciudadanía social.

Es claro que la participación ciudadana requiere de tiempo pero mucho más de seguridad al menos en tres sentidos: a) una seguridad económica y social que no pueda ser vulnerada en represalia por la participación y que hace directamente al tema de ciudadanía socia; b) que la participación se dé en un marco de respeto a las leyes tanto por parte del ciudadano como de las autoridades de manera que no se adopten medidas extralegales para inhibirla o castigarla y c) que algún resultado por pequeño que este sea, se logre con la participación, al menos por ejemplo, la escucha interesada y la consideración de los argumentos esgrimidos por parte de los servidores públicos y de los representantes electos.

Como se señala en alguno de los capítulos del texto la falta de resultados a la participación de los ciudadanos y ciudadanas y el creciente alejamiento de las élites económicas y políticas respecto de los intereses y las demandas de los ciudadanos, está induciendo cada vez más a prácticas de participación llamadas disruptivas: toma de calles y espacios públicos, de edificios, quema de transportes, destrucción de instalaciones privadas como son los comercios en las marchas. Muchos sentimos que hay un agotamiento de los medios de participación y protesta legales por ineptitud y desinterés de los partidos políticos, de los gobiernos y de los poderes legislativos y judiciales y que ello empuja a formas cada vez más violentas de protesta. Sin embargo, habría que señalar que con frecuencia, esas formas violentas son auspiciadas e incluso financiadas por políticos en pugna como recientemente ocurrió en el informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o con la presencia de los llamados “anarquistas” en las marchas de la Ciudad de México. Es decir las disputas entre políticos y grupos políticos se están dirimiendo no en las urnas, sino en los espacios de participación ciudadana y con las herramientas de protesta e incidencia de ésta.

A pesar de los avances en la institucionalidad democrática muchos sentimos que ejercemos una ciudadanía truncada, constantemente frustrada, de muy baja calidad y crecientemente despojada de los medios legales y pacíficos e incluso de los medios disruptivos, para ser escuchados e incidir en las decisiones que adoptan las élites económicas y políticas en nuestro país, mismos que mantienen y recrean la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la exclusión y alientan la profunda desconfianza. Yo diría que nos sentimos permanentemente abusados por esas élites que utilizan los recursos del presupuesto y su poder para seguir enriqueciéndose, empoderándose, generando legislación y tomando decisiones que profundizan el abuso y la subordinación de la mayoría de la población del país. Que la creatividad ciudadana para participar es frecuentemente capturada y utilizada para las disputas por el poder y no para consolidar una sociedad democrática.

Muchas gracias.