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Comentario en torno a la publicación La Teoría de la Economía Política del Envejecimiento. Un enfoque para la gerontología social en México.

 

Quisiera agradecer a Ana Díaz- Tendero la invitación para participar en la presentación de la publicación que deriva de su tesis doctoral e iniciar felicitándola ampliamente tanto por el trabajo de investigación realizado como por la posibilidad que brinda a la comunidad interesada en el tema del envejecimiento de acceder a su trabajo vía la publicación de El Colegio de la Frontera Norte.

No es menor esto último conociendo las exigencias del COLEF para apoyar textos a ser publicados bajo su auspicio.

Aunque comenté con Ana mi dificultad de tiempo para hacer una lectura extensa y cuidadosa del amplio texto que nos ofrece, en lo que logré revisar reconozco que realizó una revisión y síntesis cuidadosa de la literatura norteamericana y europea que se ha venido produciendo sobre el tema del envejecimiento durante ya varios años y que ello nos aporta en México marcos teóricos que por lo que ella relata, no necesariamente han estado presentes en las investigaciones y publicaciones que se han realizado en México sobre el tema. Estas se ubican en el campo de “estudios de población” más que como análisis de lo que ocurre en México respecto de alguna de las teorías del mundo occidental desarrollado sobre el envejecimiento que de acuerdo a la autora ya tienen tres generaciones, esencialmente la teorías micro o individualistas; las teorías macro o estructuralistas y la teorías vinculantes.

El desarrollo del primer capítulo del libro me pareció especialmente iluminador y muy claramente expuesto pues sistematiza lo que son hasta ahora estas tres generaciones de teorías y sus principales postulados y me parece que al final reflejan por una parte, las diversas interpretaciones del proceso individual de envejecimiento en los contextos de los países de origen de los autores y por otra las relaciones que se dan entre las estructuras económicas, sociales y culturales de esos mismos países con el envejecimiento.

El tema que me parece que preocupa más a la autora es que esas teorías y conceptualizaciones, como nos sucede en nuestros países en muchos otros campos sociales, se refieren a sociedades con alto grado de homogeneidad y posiblemente equidad y por ello no se integra la dimensión de la diversidad incluso en términos de cohortes, ni tampoco de estratos socioeconómicos, raza, etnia y un poco menos de género.

Al exponer la Teoría de la Economía Política del Envejecimiento en su capítulos tercero y cuarto entiendo, porque no los alcance a revisar, que la autora trata de postular que esta teoría si estaría ofreciendo elementos más apegados a sociedades que como la mexicana adolecen de problemas de profunda desigualdad y falta de equidad, discriminación e inclusión exclusión de grupos de población de distintos estratos socioeconómicos, sexos, etnias, razas, ubicación territorial y cohortes.

Desde mi personal perspectiva me parece de gran pertinencia pensar que el proceso de envejecimiento es una construcción cultural, económica, social e incluso política y por lo tanto histórica, que coloca y forma a las personas adultas mayores en determinados estereotipos y roles según la época y cohorte a la que pertenecen y que los procesos individuales de envejecimiento están cruzados y marcados por esos estereotipos y roles y por su adscripción a determinados grupos socieconómicos, sexo, etnia y raza e incluso territorio y experiencia ocupacional.

No es lo mismo envejecer en una comunidad donde prevalecen valores de solidaridad intra e intergeneracional que en una sociedad dominada por la competencia individual y el éxito personal en el mercado; no es lo mismo ser viejo en un estado de bienestar de coberturas universales que en estados de protecciones sociales duales como ha sido el caso de México; no es lo mismo tener una trayectoria de ocupación formal protegida que provenir del sector informal de la economía; no es lo mismo ser un adulto mayor hombre que serlo como mujer; no son las mismas experiencias de la cohorte actual de viejos entre 65 y 80 años que la que vivirán los millones de jóvenes que actualmente tienen entre 15 y 29 años; no es lo mismo ser viejo en una ciudad de maquila de la frontera norte que serlo en una comunidad rural del sur de la República o en una familia extensa respecto de una familia nuclear.

El tema que se plantea entonces es el de las políticas públicas que deben asumirse frente al proceso de envejecimiento de la población mexicana. Ana Díaz Tendero nos advierte sobre la velocidad a la que envejecerá la población en México cuando nos dice que en Francia transcurrieron más de dos siglos (1750 a 2000) para que la proporción de adultos mayores sobre el total de la población pasara de 5.2 por ciento a 16.2 por ciento. En el caso mexicano, citando a Ham, en un lapso reducido a poco más de tres décadas (2000 a 2036) se hará el mismo recorrido. Actualmente se estima que la población adulta mayor representa el 6 por ciento y en 2036 será de 16 por ciento y en 2050 de 24 por ciento (32.5 millones de personas) de acuerdo a cifras de CONAPO.

No es un asunto menor que de 6 adultos mayores por cada cien personas en 2050 pasemos a 25 adultos mayores por cada 100 personas.

En la lógica de evolución de la estructura demográfica de México durante las etapas de las altas tasas de crecimiento demográfico la preocupación central de las políticas sociales fue ampliar la infraestructura de bienes y servicios dirigidos a la atención de la infancia. Fue una etapa de un crecimiento económico bueno y que permitió disponer de recursos públicos para montar la enorme infraestructura de educación primaria con la que aún actualmente envejecida, aún contamos, también permitió ampliar la infraestructura de salud y el desarrollo de programas de subsidio en materia de alimentación y las posibilidades de empleo, salarios decentes y protección social para los padres de esas generaciones.

No ha ocurrido lo mismo en la etapa de la demografía nacional donde la presencia de las cohortes de jóvenes ha crecido fuertemente. Lamentablemente esta etapa ha coincidido con un estancamiento de la economía nacional que ya dura 30 años, en el que ni la infraestructura social (educativa, de salud, de recreación y esparcimiento) ni los empleos y los salarios, ni la protección social han tenido avances como para incorporar a esas cohortes a niveles de vida dignos y darles un sentido y un proyecto de vida que les brinde esperanza.

Los adultos mayores del mañana provendrán de las generaciones de jóvenes de ahora que han estado privadas de un proyecto de país para su inclusión y su consideración como personas dignas.

La pregunta es ante que características de modelo y de crecimiento económico se va a enfrentar ese veloz proceso de envejecimiento de la población mexicana.

¿Continuaremos con un proyecto económico de economía de mercado no competitiva que privilegia a los grupos de poder monopólico privado? Continuaremos trasladando la propiedad y la riqueza nacional para su explotación y depredación por intereses privados nacionales y extranjeros? ¿Lograremos recuperar nuestro derecho al Estado, a la propiedad nacional de bienes y recursos estratégicos, así como a bienes y servicios públicos que realmente reflejen los intereses de las poblaciones y reconozcan su diversidad?

Agradezco nuevamente a Ana su invitación a esta participación y su aporte a una urgente y necesaria reflexión sobre la gerontología social y las políticas sociales que deberán acompañar la etapa de cambio demográfico hacia la que estamos avanzando de manera acelerada pues lo más preocupante es que no tenemos gobiernos a todos los niveles que se preocupen por el bienestar de las personas y con las capacidades de previsión de largo plazo, tan necesarias en esta etapa de la vida de México. ¿Cómo superar el inmediatismo del beneficio privado en los grupos que han capturado al Estado mexicano?

 

 

El enfoque de derechos humanos en la política social y en la Cruzada contra el Hambre

La importante reforma constitucional del 10 de junio de 2011 amplía el reconocimiento de los derechos humanos y señala obligaciones para el Estado en la elaboración e implementación de las políticas públicas. Eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, adopta el principio pro persona y reconoce que todas las autoridades del país tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Se adoptan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para la aplicación de los derechos humanos, entre otros aspectos destacados.

Los derechos humanos son un conjunto de garantías jurídicas universales que hacen a la dignidad humana y que protegen a los individuos y a los grupos, contra acciones y omisiones con las libertades y los derechos fundamentales. Los derechos y libertades reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos son producto de una larga historia de luchas sociales derivadas de repetidas injusticias y afectaciones a la dignidad humana. Los que se encuentran reconocidos en esos instrumentos internacionales son resultado de negociaciones a lo largo casi 70 años entre países con una diversidad de regímenes sociales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge en 1948 como un acuerdo entre países para generar precisamente un marco normativo de las relaciones entre el Estado y las personas con el propósito de que no se volvieran a repetir los atroces abusos cometidos por regímenes autoritarios tanto capitalistas como socialistas que utilizaron la fuerza del Estado para limitar las libertades, truncar las vidas, despojar de sus identidades y de sus propiedades y desarraigar a millones de seres humanos a lo largo del Siglo XX. Por lo tanto es el Estado el obligado y la población la titular de los derechos humanos.

Además la violación a los derechos humanos realizada por terceros como pueden ser las empresas nacionales y extranjeras, los delincuentes y el crimen organizado, las organizaciones sociales, las iglesias, entre otros actores no estatales se consideran responsabilidad del Estado quien tiene la obligación de “proteger” a las personas de la comisión de abusos y daños por parte de terceros. Desde la perspectiva de esta obligación de protección el Estado Mexicano debe por ejemplo asegurar la calidad, la inocuidad, la disponibilidad, la accesibilidad económica y física y la adecuación cultural de los alimentos que las empresas que producen, procesan y distribuyen alimentos ofrecen a toda la población del país.

Pero también el marco normativo de los derechos humanos establece que el Estado tiene la obligación de “respetar” lo que significa no interferir con su disfrute; es decir, el Estado y sus agentes deben abstenerse de interferir en la realización de los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, no pueden despojar o apoyar el despojo de los recursos de distinto tipo que las personas utilizan para atender sus derechos por sí mismas: por ejemplo, producir sus propios alimentos, acceder al agua, al bosque, al mar, gozar de una vivienda, acceder a medios para allegarse información, etc. Desde esta perspectiva el Estado está claramente violando los derechos humanos de las poblaciones que habitan y viven de las costas, cuando promueve y autoriza la instalación de escaleras naúticas o de desarrollos turísticos que destruyen o afectan los recursos de pesca, o los derechos humanos de las poblaciones serranas cuando realiza concesiones de explotación minera que propician y alientan la expulsión de la comunidades originarias y contaminan y destruyen el medio ambiente o cuando no interviene ante la entrada del exterior de alimentos legales o ilegales que provocan caídas intencionadas de los precios para los productores locales.

Por último el Estado tiene la obligación de satisfacer, facilitar, proveer o tomar medidas que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez que una persona (o grupo) no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí misma con los recursos a su disposición. Esta obligación es la que delimita en qué casos el Estado debe proveer directamente los bienes y servicios que hacen directamente a la realización de los derechos humanos de las personas o promover actividades de terceros para lograr esa provisión y es sólo para aquellas personas que no cuentan con los medios para realizar sus derechos humanos por razones ajenas a su voluntad. Por ejemplo, no es que el Estado daba construir directamente y proveer de vivienda a todas las familias que las necesitan pero si debe promover las acciones necesarias para que el acceso a estas sea posible y asegurar que sean viviendas adecuadas y dignas en los términos definidos y acordados en las instancias internacionales.

Desde la perspectiva de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se puede considerar que la Cruzada contra el Hambre estaría enfocada a cumplir con esta tercera obligación y refiere a satisfacer los requerimientos de alimentación de las poblaciones en pobreza con carencia alimentaria y que se estimó en poco más de 7 millones de personas en el 2010. La Cruzada lo hace por la vía de propiciar el acceso y la disponibilidad de alimentos directamente a esas poblaciones, mediante apoyos monetarios como Oportunidades o la tarjeta Sin Hambre, la entrega directa de alimentos gratuitos o subsidiados por la vía de los comedores comunitarios y de las escuelas de tiempo completo, las tiendas Diconsa y el programa de Liconsa o bien indirectamente, al plantearse como objetivo: “aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas” para lo cual estará tomando medidas que permitan a esos pequeños agricultores contar con recursos suficientes para enfrentar sus requerimientos de vida, entre ellos los alimentos, además de propiciar con estas acciones un aumento en la oferta interna de estos.

En la revisión de los principios de los derechos humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte, surgen otras obligaciones para el Estado mexicano además de las tres fundamentales mencionadas las de respetar, proteger y garantizar y son las siguientes:

  • Tutelar sin discriminación todos los derechos
  • Tomar todas las medidas apropiadas para hacer efectivos los derechos dentro de su territorio.
  • Por la diversidad de regímenes sociales se deja en libertad a cada país sobre el tipo de medidas que adoptará pero se señala que deberán demostrar que las medidas tomadas son las más apropiadas para alcanzar la realización efectiva de los derechos.
  • Lograr progresivamente la satisfacción de los derechos establecidos, entendiendo por progresividad la obligación de hacerlo de manera inmediata y continua;
  • Asegurar niveles mínimos de satisfacción de los derechos, lo que le obliga a definir estándares a partir de los cuales se irá avanzando en la protección universal de los derechos
  • Destinar (y acreditarlo) el máximo de recursos disponibles a cumplir con el objetivo de satisfacer plenamente los derechos;
  • No dar marcha atrás en los niveles de realización alcanzados; en periodos de crisis o ajustes estructurales y cuando no es posible mantener esos niveles por causas de fuerza mayor como catástrofes naturales o humanas dar una explicación sustentada de ello;
  • En periodos de crisis, priorizar la protección de los miembros más vulnerables de la sociedad;
  • Establecer vías judiciales para llevar ante los tribunales las posibles violaciones a los derechos señalados; es lo que refiere a la creación de procedimientos y normas para hacer exigibles y justiciables los derechos.

Ahora bien, desde la perspectiva de INCIDE Social[1], “aterrizar el discurso de los derechos humanos, requiere de la construcción de un marco de políticas que: considere transversalmente sus principios; traduzca las garantías legales en instituciones públicas, políticas públicas y acciones de gobierno; y que éstas hagan realizables cada uno de los derechos para todas las personas. Es así que surge la discusión acerca de lo que significa la “perspectiva o enfoque” de los derechos humanos, a partir del cual se busca articular el acuerdo internacional ético en torno a la defensa de la dignidad humana con el desarrollo de políticas, estrategias y programas para la realización de cada derecho”.

“La literatura acerca de la estructura del enfoque, establece un proceso causal imbricado, que parte de la identificación de principios que dan sentido filosófico, normativo y operativo, cada uno de los cuales deviene en una serie de atributos mínimos indispensables. Una revisión reciente de la discusión internacional, permite establecer un consenso que señala como fundamentales los principios de: a) Universalidad, es decir reconocimiento general de las personas como titulares; b) Igualdad y no discriminación, entendida como la prohibición de distinciones entre personas por su sexo, raza, condición social, opinión o ideología; c) Exigibilidad y justiciabililidad, que consiste en la capacidad personal y existencia de mecanismos institucionales que hagan posible la demanda (vinculante o no) frente a la realización de los derechos; d) Participación, consistente en la posibilidad para todas las personas de intervenir en la toma de decisiones públicas y; e) Integralidad, que refiere a la vinculación que existe entre los derechos y la necesidad de articular mecanismos para su realización. Estos principios, provienen del marco jurídico internacional y para su incorporación en las políticas públicas, se desdoblan en una serie de atributos cuya instrumentación contribuye directamente a la construcción de ciudadanía, creando un “nuevo campo de poder social” (Cunill 2006) (PNUD,2012) (Abramovich, 2006).

“La revisión de la literatura permitió sistematizar un conjunto de 23 atributos para los cinco principios identificados como fundamentales, como muestra la tabla 1.

 

Universalidad Reconocimiento del marco normativo de DD. HH.
Territorialidad
Exigibilidad y justiciabilidad Responsabildiad
Quejas y denuncias
Reparación del daño
Integralidad Realización complementaria
Coordinación y articulación
Intergubernamentalidad
Igualdad y no discriminación Igualdad de oportunidades
Igualdad de género
Justicia distributiva
Respeto a la diversidad
Participación Pluralidad y diversidad
Inclusión
Empoderamiento
Intersectorialidad
Transparencia
Rendición de cuentas
Efectividad Cumplimiento de objetivos
Sustentabilidad
Realización progresiva
Máximo uso de recursos disponibles
Indicadores y puntos de referencia

Tabla 1. Principios y atributos

 

Este conjunto de principios y atributos, constituyen el mapa de características que deberán considerarse para la transversalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y, de manera particular, en la política social”

“Las siguientes tablas muestran una síntesis de los componentes que, mínimamente, deberían establecerse desde el Programa General de Desarrollo para su incorporación en las políticas públicas.

La primera tabla muestra las características que deben contener las políticas para la realización de los derechos sociales. La segunda muestra los componentes mínimos que, una vez incorporados al actuar institucional, permitirán a las personas contar con capacidades para poder hacer exigibles y justiciables sus derechos frente a las autoridades.

Estándar mínimo DESCA
 Dimensiones / Atributos Derechos sociales
 Alimentación  Salud  Educación  Vivienda  Seguridad social Nivel de vida adecuado
  

1.Accesibilidad

•     Ampliación progresiva de cobertura (acceso institucional)

•     Favorecimiento del acceso geográfico a bienes y servicios

•     Mejoramiento de las condiciones de acceso físico a servicios públicos

•     Mejoramiento de las condiciones económicas para el acceso a servicios y bienes asociados con los derechos

 2.Disponibilidad •     Igualación de la magnitud de recursos financieros y físicos (inter e intra institucional e inter e intra espacial)

•     Ampliación progresiva de la oferta (infraestructura, recursos financieros y físicos)

•     Aprovechamiento eficiente de los servicios públicos por parte de la población

•     Monitoreo de la disponibilidad y suficiencia de servicios

 3.Calidad •     Homogeneizar la calidad en servicios (inter e intra institucional e inter e intra espacial)

•     Revaloración los servicios públicos por parte de los usuarios

•     Monitoreo de la calidad

•     Creación y cumplimiento de estándares

 4.Aceptabilidad •      Reconocimiento de programas, servicios y bienes públicos como derechos

•      Eliminación de la discriminación

•      Respeto a la diversidad y prácticas culturales

•      Igualación del uso de servicios entre diferentes grupos sociales

 5.Justiciabilidad •     Introducción de mecanismos institucionales para la exigencia de los derechos sociales

•     Incorporación de mecanismos para la justicia de los derechos sociales

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar mínimo Institucional
 Dimensiones / Atributos   
  

 

1.Transparencia y Acceso a la información

•     Medidas para asegurar los atributos de la información: accesibilidad, aceptabilidad, pertinencia, oportunidad.

•     Medidas para que los usuarios de las políticas sean objetivo de la publicación de información.

•     Medidas sobre un nivel básico y periódico de difusión de información «relevante». Esto es de la información sintética de los resultados de la política instrumentada, los recursos utilizados, tendencias y perspectivas

•     Medidas de monitoreo sobre el uso, capacidades y barreras existentes en el uso efectivo de la información.

•     Acciones de capacitación sobre el uso y explotación de la información

 

  

2.Participación

•     Mecanismos de presentación de quejas y propuestas de mejora de los derechohabientes

•     Incorporación de los derechohabientes en el monitoreo de las políticas públicas.

•     Incorporación de los usuarios/derechohabientes en la evaluación de las acciones o programas de la política social.

•     Creación de capacidades y   estímulo en materia de participación

 

  

 

3.Contraloría Social

•     Medidas para el aseguramiento de la «integralidad» de la contraloría social, esto es, la contraloría social como eje de las políticas públicas.

•     Acciones de estímulo y fomento de la contraloría social en la provisión de los servicios social y los programas sociales.

•     Medidas de incorporación de los productos (sugerencias) derivados de los ejercicios de contraloría social para la mejora de la política pública.

•     Medidas para la incorporación de OSC y especialistas externos en la evaluación de la política pública.

 

  

 

4.Educación Cívica

•     Medidas para reforzar el rol de la educación cívica como elemento integrador de las capacidades ciudadanas respecto a los espacios de interacción socio-estatal.

•     Medidas para la integración de los diferentes componentes de la educación cívica en la política pública. Uso de la política social como plataforma para la educación cívica.

•     Medidas para la generación de capacidades para la maximización de los avances en los otros mínimos de operación de la política pública (transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, etc)

•     Medidas para la incorporación de la educación cívica y ética en la estrategia de profesionalización de la administración pública, particularmente de los sectores relacionados con la política social y educativa

 

 

 

El enfoque de DDHH como cambio cultural

Operacionalizar o poner en práctica el enfoque de derechos humanos plasmado en el Artículo primero constitucional en las políticas públicas requiere efectuar un profundo cambio cultural en la forma de concebir y llevar a cabo esas políticas, así como los programas y la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de legislación, la creación de institucionalidad, la impartición de justica y la asignación y aplicación de los presupuestos, pero esencialmente exige de un cambio en los términos de relación entre los servidores públicos y los usuarios de bienes y servicios gubernamentales.

Demanda en primer lugar de un reconocimiento, de una aceptación por parte de los servidores públicos de que en el ejercicio de sus funciones estatales ellos son los obligados en respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población que vive y transita por nuestro territorio y que es la población la titular de esos derechos, misma que debe disponer de mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables.

El reto consiste entonces en adecuar al enfoque de derechos humanos las normas, los procesos y las prácticas del servicio público a todos los niveles de gobierno y fundamentar las acciones educativas a partir de esas adecuaciones.

La hipótesis que manejamos desde INCIDE Social es que en la medida que se adecuen las normas, los procesos y las prácticas que atañen al trabajo específico que realizan los servidores públicos y dentro de ello se establezcan las sanciones a que estarán sujetos si no acatan esa normas específicas, respetan los procesos y realizan las prácticas como han sido definidas, las posibilidades de modificar las conductas de los servidores públicos para que adopten una perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de su función se hace más factible. Es decir, hay que trabajar trajes a la medida de las distintas funciones que realizan los servidores públicos mismos que tendrán que usar hasta que se logre el cambio y que es esencialmente un cambio de actitud y de trato hacia los usuarios de los bienes y servicios públicos. Algo parecido a la imposición de acciones afirmativas.

Se trata entonces de clarificarle al servidor público cómo debe cambiar su actuación para que se encuentre apegada al marco de los derechos humanos y cumpla su papel como sujeto de obligaciones.

Por muchos años el Estado ha definido planes y programas de desarrollo, ha desarrollado legislación, ha creado instituciones pero estos se encuentran tan lejanos de los servidores públicos que tiene que ponerlos en práctica que las inercias derivadas de modalidades de gestión pública anteriores permanecen inalteradas. Ya no digamos el alejamiento y desconocimiento de esos instrumentos de política pública por parte de los habitantes del país.

El Estado no hace un esfuerzo suficiente de traducción y acercamiento de los planes y programas, reformas estructurales, legislación u oferta de servicios institucionales a la práctica concreta de los servidores públicos y al entendimiento y el posible aprovechamiento por la población.

La propuesta consiste en revisar las normas, los procesos y las prácticas de la administración pública desde el enfoque de derechos humanos y a partir de ello educar a los servidores públicos y a la población usuaria o titular de derechos del significado concreto que en su quehacer o en su beneficio tiene el haber realizado el importante cambio al Artículo primero de nuestra constitución para incorporar los derechos humanos y sustituir el enfoque de garantías individuales.

 

 

[1] INCIDE Social Alfonso Celestino, Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. El ¿Cómo? Del “decidamos juntos. Nueva generación de instituciones para el bienestar

Justicia educativa y grupos vulnerables

 

Agradezco al Observatorio Ciudadano de la Educación la invitación a participar en este evento de la Cátedra Pablo Latapí Sarre. Conocí y aprecié al Dr. Latapí desde los años 70 cuando un pequeño grupo discutíamos sobre la vinculación entre formación profesional y mercado de trabajo, entre ellos se encontraba también el Dr. Carlos Muñoz Izquierdo y el Dr. Manuel Ulloa. En El Colegio de México intentábamos aplicar en esa época bajo la dirección de Don Victor Urquidi, otro excepcional mexicano, la metodología del Proyecto Mediterráneo para proyectar las necesidades de egresados del sistema de educación superior de acuerdo al comportamiento esperado de la economía y de sus sectores de actividad.

Al entrar en materia y pensando en aquellos años cuando como política social se buscaba ampliar la oferta de servicios públicos a la población como los de salud o los de educación, se asumía la existencia de una población homogénea a la que había que atender. Los servicios tenían que ser iguales para todos. Solamente los programas de asistencia alimentaria se dirigían a la infancia de manera específica (la distribución de leche subsidiada y los desayunos escolares) y los de seguridad social protegían a los trabajadores de lo que ahora llamamos sector formal de la economía, pero teniendo la meta de incorporar a todo mundo al empleo formal y a la protección de la seguridad social.

También había un claro sesgo androcéntrico en toda la política social pues fue precisamente en esa misma década cuando el movimiento feminista tomó como su principal demanda el acceso de las mujeres al desarrollo, significando con ello el acceso a la educación, a servicios de salud pertinentes a su condición genérica y también el acceso a la tierra, al crédito, al empleo, entre otros.

Como parte de la política social, la política de asistencia social se dirigía a los grupos con mayores vulnerabilidades: los niños y niñas de la calle, los indigentes, los hijos e hijas de familias sumamente pobres o de reclusos, algunos grupos de población con discapacidades como los de discapacidad visual y parálisis cerebral, todo ello con un gran apoyo de recursos e instituciones de asistencia privadas.

Desde mi experiencia, el tema de la diversidad social no fue considerado en la agenda pública sino hasta finales de la década de los noventa cuando el movimiento de mujeres introdujo la teoría del género y empezó a demandar la creación de instituciones responsables de la igualdad de género y a promover lo que se llama “trasversalizar” el enfoque respectivo. La enorme aportación que hizo el movimiento de mujeres fue introducir que la desigualdad de género deviene de una asimetría de poder donde culturalmente se asume que el sexo femenino está subordinado al masculino. Esta misma desigualdad de poder podría extenderse a muchos de los grupos considerados sujetos a discriminación como son los grupos pobres, las poblaciones indígenas, las trabajadoras del hogar, por ejemplo.

Las varias Conferencias de Naciones Unidas de esa misma década Cairo, Copenhague, Río, Viena, etc.) contribuyeron a colocar también en la agenda pública a la infancia y en los textos de las plataformas o documentos resultantes de las mismas se empezó a introducir una larga lista de grupos de personas sujetas a discriminación por que había la percepción de que si se mencionaba a cada grupo eso lo visibilizaría frente al mundo y aquellas organizaciones que defendían la agenda respectiva tendrían un referente para promoverla. Así ocurrió en la Conferencia de Beijing y es frecuente que al mencionarse a las mujeres que serían sujetas de algún derecho o atención se enlistasen a las refugiadas, las migrantes, las indígenas, las desplazadas, etc.

El levantamiento zapatista de 1994 después de siglos de exclusión y subordinación de los pueblos originarios, nos hace tomar conciencia de lo profundamente discriminatoria que es la sociedad mexicana y las negociaciones entre las sociedad blanca y mestiza termina por no entender la causa indígena y por incumplir los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, que de algún modo significaban salirse del modelo liberal que domina nuestra legislación, fundamentado en la propiedad privada y las libertades y derechos individuales.

Pero el tema de la diversidad social en México tuvo realmente su reconocimiento en el campo de las políticas públicas hasta los primeros años de este siglo cuando en 2001 se incorporó en el Art. 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos el derecho a la no discriminación, en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en 2004 se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como órgano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. Asimismo se avanzó en legislación y desarrollo de institucionalidad desde la perspectiva de los derechos para los adultos mayores, las personas con discapacidad, la población indígena e incluso para las mujeres.

La inclusión de los derechos humanos en la Constitución apenas el año pasado y la plena comprensión del significado de la discriminación como la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población en razón del sexo, raza, creencia religiosa o política, nacionalidad, situación social, orientación sexual, edad y condición de discapacidad son temas de naturaleza cultural profunda que tomará varias décadas y muchos esfuerzos y recursos para verdaderamente lograr introducirlos en las relaciones sociales de las personas. No basta con plasmarlos en leyes pues se trata de modificar formas de trato y de relación entre las personas muy arraigadas.

La pregunta entonces es cuáles son las posibilidades de contribución de las escuelas en particular y de la educación en general a este cambio cultural en las relaciones sociales de los diferentes. ¿Qué tan factible es hablar de justicia educativa?

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) encontramos que de cada 10 personas los asuntos que provocan división entre las que viven en un mismo lugar: 6 piensan que es la riqueza, 4.7 los partidos políticos y 3.9 las ideas políticas y 4.4 consideran que es la educación. Las causales que obtuvieron los niveles más bajos son la religión (3.6), la etnia (2.9) y las personas que llegan de fuera (2.7).

Es decir, la riqueza, el conflicto político y la educación son los tres factores que la población consideró que provocan mayor división entre las personas.

En esa misma encuesta las población reconoce como los grupos a los que menos se les respeta sus derechos a las personas homosexuales, indígenas, migrantes y a las que trabajan en los hogares.

Como resultado de tendencias macrosociales diversos estudios muestran una segmentación creciente por niveles socioeconómicos en la asistencia escolar: los sectores de ingresos medios y altos acuden a escuelas particulares y los sectores de ingresos más bajos utilizan las escuelas públicas. Incluso frente a las crisis económicas los sectores medios que tienen que sacar a sus hijos de las escuelas particulares por los elevados costos tienen una sensación de pérdida de estatus y ello ha llevado al gobierno federal a encontrar diferentes maneras de subsidiar a las familias que utilizan la educación privada.

Asimismo, al interior de la educación pública la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los servicios educativos profundizan la desigualdad de acuerdo al grado de vulnerabilidad social de los grupos de población. Es decir, la accesibilidad económica y física, la disponibilidad de infraestructura educativa y la calidad de las instalaciones, equipamiento, personal docente, materiales educativos, etc. es inversa al grado de marginación y exclusión social de los estudiantes. Comparativamente las escuelas rurales y las de zonas urbanas marginadas respecto de las urbanas y aquellas que atienden población indígena respecto de las que se ocupan de población mestiza y blanca están más alejadas, sus instalaciones se encuentran deterioradas, su calidad es más deficiente, tienen grupos más grandes o más pequeños pero multigrado y el personal docente presenta más ausencias y deficiencias. Posiblemente las escuelas inclusivas son más escasas en las zonas de menor nivel socioeconómico.

Es decir, la educación en México en lugar de integrar e igualar oportunidades entre los diversos, acrecienta la desigualdad y profundiza las distancias sociales.

Tal vez si la política educativa fuera exactamente al revés: que las mejores instalaciones, los mejores maestros, las retribuciones más altas, el mejor equipamiento, el mayor gasto per cápita, la investigación educativa de mayor calidad estuvieran destinados a las poblaciones excluidas, de bajo nivel socioeconómico, en zonas rurales e indígenas sería posible que la justicia educativa abonara a una mayor justicia social.

Es decir, que en el contexto de desigualdad socioeconómica y territorial que vive México la educación profundiza la desigualdad. La trayectoria que ha seguido la política educativa en los últimos años a pesar de los compromisos que se externan verbalmente, no parece revertir eses resultado.

Otra perspectiva del tema es el papel que juega o puede jugar la escuela como ámbito socializador de los seres humanos. Considerada junto con las familias, los grupos de pares y los medios de comunicación como uno de los espacios de relaciones sociales donde se construyen y desarrollan los seres humanos, la escuela tiene un papel fundamental si logra encontrar modelos educativos que aprovechen la confluencia de personas diversas en las aulas para superar el desconocimiento, los miedos, los prejuicios que surgen o se portan respecto de las personas diferentes.

“La escuela actúa como dispositivo de reproducción cultural de la conducta ciudadana. Junto con los conocimientos transmite un sistema de lealtades, la competencia, la creatividad la solidaridad o su ausencia, el autoritarismo y las jerarquías, como forma natural de las relaciones sociales” (Cecilia Lipszyc)

Los estudiantes llegan al ámbito escolar con las cargas que han recibido en sus familias respecto a la percepción que tienen de sí mismos frente al grupo familiar y frente a otros grupos, pero es la escuela la que realmente coloca por primera vez al niño o niña frente a los otros y al final refuerza o contrasta y puede modificar las percepciones y los aprendizajes sobre las relaciones con otros adquiridas en casa, así como la ubicación de su propia persona frente al grupo de diversos. La idea que han adquirido los niños y niñas de quienes son sus iguales y quiénes son los otros puede ser modificada con modelos educativos inclusivos que pongan en sintonía las distintas herramientas de las escuelas desde las instalaciones, los docentes, los equipamientos, el modelo educativo, la organización escolar de manera tal que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades de participar y se integren en las actividades escolares y se cuente con mecanismos de solución pacífica de conflictos.

Tiene que haber una acción planeada e intencionada para lograr la integración y el respeto de los diferentes. Incluso es necesario que la escuela desarrolle en los estudiantes capacidades para enfrentar situaciones en otros ámbitos socializadores que refuerzan actitudes discriminatorias como son los medios de comunicación o los grupos de pares, particularmente en la etapa juvenil donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y una manera de lograrlo es diferenciándose de los otros. Es decir la construcción de resilencia frente a la agenda oculta de discriminación en los medios de comunicación y en las relaciones con los amigos.

En la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia aplicada en escuelas públicas de Nivel Superior entre jóvenes de 15 a 19 años de subsistemas federales, estatales y autónomos encontró que es en el bachillerato donde los niveles de intolerancia a la diversidad son altos: 54% de los jóvenes manifestaron que no les gustaría tener como compañero en la escuela a enfermos de SIDA; otro 52.8% señalo que les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1% desaprueba trabajar con personas con discapacidad; 38.3% con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; mientras que el 35.1% con jóvenes que tengan una religión distinta.

Los elevados niveles de acoso y maltrato entre pares que se observa actualmente en las escuelas son causados y a la vez son causa de la violencia que se está viviendo en el país. Parecería estarse naturalizando la violencia como una forma de relacionarse y provoca que las personas que participan en la vida escolar tiendan a autoprotegerse limitándose a llevar a cabo las funciones que les son prescritas formalmente como alumnos, docentes y directivos. Los profesores prefieren no involucrarse en la vida personal y en los conflictos que viven los estudiantes dado que ya no bastan las buenas intenciones y no cuentan con las herramientas para hacerlo de manera segura y profesional.

Lamentablemente no estamos viviendo contextos económicos, sociales y culturales que faciliten el desarrollo de las escuelas inclusivas y de la justicia educativa.

 

Comentarios de Clara Jusidman Rapoport al Cuaderno de Transparencia Núm. 19 del IFAI.

El acceso a la información en la sociedad de consumo: de la comida chatarra a los productos milagro. Autor: Alejandro Calvillo UNNA

El Cuaderno de Transparencia que hoy se presenta, elaborado por Alejandro Calvillo Unna es un texto muy claro, bien estructurado y de una gran calidad didáctica que introduce al lector en los vericuetos y alianzas bajo las que operan las grandes empresas de alimentos industrializados y las comercializadoras de productos milagro en nuestro país. Muestra asimismo las insuficiencias, omisiones y complicidades de las autoridades que conllevan al sistemático engaño hacia los consumidores, vulnerando su derechos al nivel más alto de salud y a la información.

El autor describe de manera clara y contundente como la actuación de estos agentes económicos provoca efectos nocivos en la salud de los mexicanos e induce grandes cambios en la cultura alimentaria nacional que se inician con un condicionamiento y desarrollo de hábitos, preferencias e incluso adicciones, en la infancia mediante la publicidad tramposa que utiliza premios y regalos y crea vínculos afectivos de los niños con las marcas mediante el uso de personajes reales y ficticios.

No es gratuito señala Calvillo que nuestro país ocupe el primer lugar mundial en materia de obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer -y yo agregaría el creciente número de alergias- están relacionadas con el consumo de alimentos procesados con elevados contenidos de azucares libres, sal, grasa saturadas y ácidos grasos de tipo trans.

El texto adopta como eje conductor de su exposición el derecho a la información de los consumidores en México e incluye una gran cantidad de ejemplos concretos tanto del país como de otros lugares y de organismos internacionales involucrados en la salud y la alimentación.

En ese propósito se analiza la importancia de la disponibilidad de información mediante el etiquetado de los productos para que las personas tomen decisiones adecuadas; el desarrollo de legislación y de normas para que los productores tengan información sobre los parámetros a los que deberán apegar sus procesos de producción y su publicidad, supuestamente para evitar daño a las personas e informarlas adecuadamente; aborda también el importante campo de la publicidad tomado como un importante mecanismo de divulgación de información.

Destaca el uso distorsionado y obscuro de información que hacen los productores en etiquetas y publicidad para inducir al consumo de alimentos procesados y de productos milagro y la insuficiencia de la legislación y de las autoridades regulatorias para modificar conductas reiteradas que claramente atentan contra el bienestar de las personas. Muestra como legislación “sin dientes” por lo bajo de sus multas, permite esas conductas violatorias reiteradas y al fin, la burla a las autoridades y a la población.

Podríamos decir que el autor prueba como la disponibilidad de información sobre los productos procesados que comemos a diario es no sólo insuficiente e inaccesible, sino incluso mentirosa, atribuyendo a los productos promocionados beneficios al consumidor que nunca se demuestran. Utiliza para ello los ejemplos de los jugos y de los panes integrales, dos productos que se publicitan y se han incorporado a los hábitos alimentarios como saludables y convenientes, siendo que en realidad están llenos de azúcares y de harinas refinadas y resultan altamente riesgosos. El caso de las margarinas que son el mejor ejemplo de los ácidos grasos de tipo trans, representa otro de los grandes mitos sobre alimentos saludables mencionados por el autor. No se digan los productos milagro a través de cuya venta Genoma Lab una empresa mexicana, ya está vendiendo abalorios en 14 países.

El texto publicado por el IFAI es un testimonio muy bien sustentado sobre los trágicos resultados en la salud de los mexicanos de la reforma neoliberal de Estado iniciada a finales de la década de los setenta del siglo pasado. Esta reforma se confrontó en los ochenta con las instituciones y programas construidos durante la vigencia en nuestro país del inconcluso Estado de Bienestar, protagónico y proveedor. Se consolidó en la década de los noventa con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos y fue asumida y profundizada por los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.

Desde la mirada que nos ofrece el autor sobre el acceso a la información en la sociedad de consumo con énfasis en alimentos procesados y en productos milagro se puede documentar lo que ha venido ocurriendo en muchos otros sectores de la economía real del país y las consecuencias de las reformas neoliberales en el bienestar de la población.

Queda clara la forma como se han venido articulando la alianza entre los intereses económicos de las grandes empresas de alimentos procesados y comercializadoras de productos milagro con las empresas televisoras y de publicidad, donde el Estado incluyendo al Congreso, a las autoridades de economía y en menor medida a las de salud y educación han sido en el mejor de los casos omisas y complacientes, pero con mayor frecuencia cómplices, en tanto que los ciudadanos hemos mostrado una sistemática incapacidad para organizarnos y ejercer nuestro poder como consumidores.

La avidez y la codicia insaciables de los grandes intereses económicos se juntan con la irresponsabilidad, corrupción e ineficacia de muchos servidores públicos y legisladores, frente a la pasividad y el desinterés de la población.

La crisis de obesidad, sobrepeso y agregaría malnutrición, que hoy enfrentamos y que de acuerdo al Dr. Calvillo tiene a las autoridades de salud en una situación crítica que se prevé empeore en los próximos años, es una ejemplo de lo que podríamos llamar violencia estructural construida y ejercida por las élites económicas y políticas del país a lo largo de muchas décadas en una sociedad profundamente desigual, donde incluso las asimetrías entre productores se hacen evidentes.

Sin estridencias el Cuaderno de transparencia que hoy presentamos muestra con gran claridad los mecanismos y procesos mediante los cuales a través de la información, las grandes empresas de alimentos procesados y las comercializadoras de productos milagro colocan el interés de la ganancia por encima de la salud de las personas y como el Estado ha sido anuente a esta situación.

El ejemplo que relata el autor sobre la Ley Federal de Metrología y Normalización promulgada en 1992 en el Gobierno de Carlos Salinas en los años previos a la firma del TLC y la institucionalidad que derivó de su instrumentación, es emblemático de esto que estoy denominando la reforma neoliberal de Estado. En síntesis condujo a que los regulados fueran los que definieran los términos de la regulación, es decir, la iglesia en manos de Lutero.

En la década previa la Secretaría de Comercio y recuerdo muy bien a la entonces directora de normas, Consuelo Sáez, desarrolló un enorme esfuerzo para meter orden en el desarrollo de normas técnicas para la regulación de la producción, procesamiento y comercialización de diversos productos industriales. Me tocó participar como directora del desparecido Instituto Nacional del Consumidor.

El esfuerzo que estaba haciendo Consuelo era tratar por una parte, de acabar con las asimetrías en el desarrollo de normas debida a la presencia en los comités respectivos de representantes de las grandes empresas trasnacionales. Estos representantes estaban más interesados en introducir estándares de producción en las normas que llevaran a la salida del mercado de sus competidores nacionales medianos y pequeños.

El esfuerzo desde la Secretaria de Comercio trataba también de recuperar el protagonismo y la responsabilidad del Estado como ente regulador y promover con ello la protección de los consumidores. Fue la época en que se introdujeron las normas ISO-9000.

Este enorme esfuerzo fue tirado por la borda cuando tres de los cuatro jinetes de la apocalipsis neoliberal: Carlos Salinas, Pedro Aspe y José Córdova, lograron apoderarse de la presidencia de la República y bajo el pretexto de la negociación del TLC se empeñaron con éxito en destruir, desarticular y reducir a su mínima expresión al Estado mexicano y dentro de ello, sus ya de por si precarias capacidades y responsabilidades de regulación de las relaciones entre lo que ahora se llama actores no estatales. Estas intervenciones de regulación eran consideradas por esos personajes como hasta la fecha ocurre, obstáculos para la libertad de los mercados cuya mano invisible se encargaría de poner todas las cosas en su lugar.

De este modo se revirtieron los esfuerzos en materia de normatividad de la década de los ochenta y los comités correspondientes fueron entregados a los grandes intereses económicos que siempre han obstaculizado todo esfuerzo por meterlos en cintura y moderar sus enormes ganancias, ejerciendo el cohecho, las amenazas y las represalias a los servidores públicos,

Aura bien, el autor concentra su análisis sobre el acceso a la información en un tramo de la cadena alimentaria, fundamentalmente el de procesamiento o industrialización de alimentos; posiblemente la opacidad informativa es aún mayor en otros tramos de la misma cadena donde hasta la fecha no hemos desarrollado suficientemente las obligaciones y las modalidades para que los productores y los comerciantes nos alleguen información a los consumidores.

Así muchos de los que consideraríamos alimentos naturales, no procesados, están siendo producidos con la intervención de sustancias y procesos fisicoquímicos que provocan alteraciones en su calidad y contenido. Desde la aplicación de la ingeniería genética en la producción de semillas transgénicas, pasando por la utilización de fertilizantes y agroquímicos, hormonas, antibióticos, colorantes y alimentos industrializados para producir granos, frutas, vegetales, carnes y pescados, los métodos naturales de cultivo y producción de alimentos han sido sustituidos por modelos industriales de producción masiva y controlada que alteran a veces, muy fuertemente, la calidad y naturaleza del producto final.

Hasta la fecha no he visto una etiqueta en un pollo extrañamente amarillo que me explique que le dieron de comer, que medicamentos le aplicaron y como lo estresaron para que tuviera ese tamaño y ese color. Ni tampoco encuentro que en los empaques de barbero o de blanco del Nilo me aclaren qué alimentos les dieron al ser cultivados y que medicamentos pusieron en los estanques. Pero sería aún mejor si me informaran de los riesgos que corro como consumidor vía la ingesta indirecta de hormonas, antibióticos, colorantes, plaguicidas, etc.

Otras cajas negras respecto de la información que recibimos como consumidores, son los tramos de distribución y comercialización de alimentos y el de elaboración y venta de alimentos preparados. Pensamos inocentemente que o los productores y comercializadores son lo suficiente inteligentes como para no envenenarnos de manera rápida, aunque lo hacen de manera lenta y sostenida, o que las autoridades regulatorias agroalimentarias y sanitarias funcionan eficientemente evitando riesgos para la población.

Para terminar reconozco y agradezco al IFAI y al Dr. Calvillo el esfuerzo que hacen en este Cuaderno de transparencia número 19 al proporcionarnos elementos sobre un ámbito tan importante del derecho a la información como es el que se relaciona con aquello que ingerimos todos los días.

Les agradezco también la invitación porque me hizo recordar los tiempos en que como funcionaria pública me dediqué a construir institucionalidad y desarrollar capacidades en lo público para lograr una mejor protección de los derechos de los consumidores en nuestro país, particularmente en materia de alimentos. He sido testigo a lo largo de los años de la destrucción de políticas, programas e instituciones relacionadas con la alimentación de los mexicanos considerada ésta no como una dádiva derivada de programas asistenciales sino como uno de nuestros derechos humanos.

 

Los derechos de las personas con discapacidad

Me da mucho gusto compartir esta importante celebración del sesentenario del Instituto Mexicano de la Audición y del Lenguaje, institución ejemplar producto de la pasión compartida por varios miembros de la familia Berruecos que han logrado sostenerla con su empeño. Un homenaje para Doña Paz y Don Pedro, fundadores del proyecto.

Por su relevancia, por su alto nivel de compromiso y por su dedicación a la atención de personas con discapacidad auditiva pero también a la formación de profesionales en el campo de la audición y del lenguaje, el IMAL constituye ya un activo valioso para la sociedad mexicana que estamos obligados a preservar, proteger y apoyar.

Su actividad es un ejemplo para las instituciones privadas cuyo interés es brindar posibilidades de desarrollo e inclusión a miles de personas que por sus problemáticas específicas son altamente vulnerables a vivir aisladas, excluidas y relegadas en un país donde la atención pública no alcanza a ofrecer servicios suficientes, pertinentes y de calidad para las personas afectadas por condiciones de discapacidad.

El IMAL cumple plenamente con el objetivo de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad auditiva y del lenguaje y promueve el respeto de su dignidad inherente, para fraseando el Artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada en marzo de 2007.

Pero también quisiera resaltar el hecho de que el IMAL no sólo se ha preocupado por brindar directamente servicios sino que también se ha hecho el propósito de promover y defender los derechos humanos de las personas con discapacidad y trata de incidir en las políticas públicas que tocan a este grupo de la población.

Por ello su preocupación por la disponibilidad y calidad de los servicios públicos y privados que actualmente se ofrecen en México para la atención de al menos medio millón de mexicanos y mexicanas con discapacidad auditiva de acuerdo al Censo de Población de 2010.

En la Convención citada una de sus disposiciones refiere a la habilitación y rehabilitación para que las personas con discapacidad congénita y las que tengan una discapacidad adquirida, puedan alcanzar y mantener su máxima independencia y capacidad.

Obliga asimismo al Estado entre otras cosas, a proteger y fomentar los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas y a suspender toda práctica que infrinja los derechos de las personas con discapacidad.

El Estado es responsable de velar que tanto el sector público, como el sector privado y los individuos respeten los derechos de las personas con discapacidad y para ello debe desarrollar una serie de capacidades y servicios como lo señala la Convención.

Otras medidas que debe ser implementados por los Estados partes son:

  • Emprender la investigación y desarrollo de productos, servicios y tecnología accesibles a las personas con discapacidad y alentar a otros a que realicen esa investigación.
  • Proporcionar información accesible sobre tecnología de apoyo a las personas con discapacidad.
  • Promover la capacitación sobre los derechos de la Convención de profesionales y personal que trabajen con personas con discapacidad.
  • Consultar a personas con discapacidad y hacer que éstas participen en la formulación y aplicación de legislación y de políticas y en las decisiones que les afecten.[1]

Asimismo, los Estados Parte que firman y ratifican la Convención se obligan a:[2]

Respetar: los Estados partes no deben interferir en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

  • Ejemplo, los Estados no deben realizar experimentos médicos en personas con discapacidad sin su consentimiento ni excluir a ninguna persona de la escuela por razón de discapacidad.

Proteger: los Estados partes deben impedir la vulneración de estos derechos por terceros.

  • Ejemplo, los Estados deben exigir a los empleadores privados que establezcan condiciones de trabajo justas y favorables para las personas con discapacidad, incluido un ajuste razonable. Los Estados deben mostrar diligencia en la protección de las personas con discapacidad contra los malos tratos o abusos.

Realizar: los Estados partes deben tomar las medidas oportunas de orden legislativo, administrativo, presupuestario, judicial y de otra índole que sean necesarias para el pleno ejercicio de estos derechos

 

Esther Fleischman y otros identificaron distintos principios educativos de las personas sordas relacionados con sus derechos humanos[3], entre ellos:

  1. Atención médica. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho
  • a recibir una orientación adecuada en cuanto a su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
  • a que un médico, psicólogo o neurólogo les dé a conocer todas las opciones de rehabilitación (oralismo, lenguaje manual, logogenia, etcétera);
  • a que su caso sea estudiado con atención y cuidado con el objeto de alcanzar resultados óptimos;
  • a tener la orientación adecuada que les permita encontrar la atención médica que requieren.
  1. b) Educación de calidad. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho
  • a recibir la orientación indispensable para seleccionar los métodos de enseñanza más adecuados;
  • a ser respetadas como personas sordas, recibiendo las oportunidades que tiene el resto de la población;
  • a que sus estudios sean interpretados en lenguaje de señas por personal calificado.
  1. c) Derecho a ser oralizados. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho a recibir una orientación adecuada para su oralización, para lo cual debe realizarse un buen diagnóstico, debe adaptarse un auxiliar auditivo, tiene que recibir una terapia de lenguaje realizada eficazmente y conseguir asistencia a una escuela regular.
  • d) Derecho a los avances tecnológicos. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho a utilizar todos los avances tecnológicos, tales como los programas subtitulados de televisión, el despertador, el timbre y los avisos luminosos, el teléfono de teclas, el internet y el correo electrónico, el radiolocalizador, entre otros.
  • e) Derecho a que se estudie la lengua de señas. Las personas que trabajan para brindar un servicio a las personas con pérdida auditiva (médicos, maestros, terapeutas y psicólogos) deben tener la preparación adecuada para que, en un momento dado, puedan comunicarse con lenguaje manual, con el objeto de brindar la atención que todo individuo merece.

Las convenciones e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos nos ofrecen un marco ético estupendo en relación con la dignidad de todas las personas.

El desarrollo de los instrumentos se origina en la declaración Universal de los Derechos Humanos, siguió con los Pactos Internacionales en materia de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Ha continuado definiendo instrumentos para proteger los derechos humanos de la infancia, de las mujeres, de los migrantes y ya contamos con la Convención sobre las personas con discapacidad del 2006.

El Protocolo Facultativos de la misma está en proceso de firma y permitirá que se presenten quejas y demandas ante mecanismos internacionales cuando se violen derechos previstos en la Convención. Hessel, ideólogo de los Indignados participó en la construcción de la Declaración Universal junto con otros destacados humanistas

Por otra parte, México cuenta con la Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), instancia creada por la Ley General para las Personas con Discapacidad, cuenta con varios programas que tienen el objetivo de “asegurar el cumplimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena”.[4]

 

Fuente: INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010.

 

Fuentes

Naciones Unidas. De la exclusión a la igualdad. Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo. 2007.

Fleischman, Mar. Esther, Manero Soto, Consuelo y Carriedo Bonilla, Sonia, Coordinación a cargo de Borjón López-Coterilla, Inés, “Los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva”, México, 2002, Comisión Nacional de Derechos Humanos, p. 14-20.

http://www.conadis.salud.gob.mx/interior/acerca/mision1.html

http://www.inegi.org.mx/default.aspx

[1] Naciones Unidas. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 2006.

[2] Naciones Unidas. De la exclusión a la igualdad. Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo. 2007.

 

[3] Fleischman, Mar. Esther, Manero Soto, Consuelo y Carriedo Bonilla, Sonia, Coordinación a cargo de Borjón López-Coterilla, Inés, “Los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva”, México, 2002, Comisión Nacional de Derechos Humanos, p. 14-20.

[4] Los programas son: Programa Nacional para el Desarrollo de la Personas con Discapacidad; Atención Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad; Tamiz auditivo neonatal; y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la educación Especial y de la Integración educativa. Véase http://www.conadis.salud.gob.mx/interior/acerca/mision1.html

Palabras de Clara Jusidman en el evento de firma de la carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad

Señores y señoras  representantes de diversas organizaciones sociales y civiles de la Ciudad de México.

Señores y señoras integrantes de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de la Ciudad, así como de sus órganos autónomos

Autoridades delegacionales.

Compañeros y compañeras ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal.

En mi calidad de habitante de esta compleja, entrañable y profundamente desigual e injusta Ciudad, quisiera iniciar mi intervención haciendo un amplio reconocimiento a los integrantes de las organizaciones civiles y sociales que desde 2007 han llevado a cabo una labor intensa y persistente para lograr que hoy 13 de julio, arribemos a la firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Un reconocimiento también al Gobierno de la Ciudad por haber acogido e impulsado esta importante iniciativa ciudadana.

El enorme valor e importancia del instrumento que hoy nos entregan y el compromiso para su cumplimiento se ratifica con la presencia de las más altas autoridades de la Ciudad y de cerca de 3000 representantes sociales y habitantes del Distrito Federal.

El proceso mismo de construcción de la Carta ha sido ejemplar y consistente con la vocación democrática que caracteriza a sus promotores. Las consultas y los foros realizados a lo largo de tres años permitieron enriquecer su contenido y tomar en cuenta las diferentes posiciones y puntos de vista en una Ciudad particularmente diversa. El haber llegado a un texto  con un amplio consenso muestra que si bien los procesos de participación ciudadana toman su tiempo para el desarrollo de acuerdos para la convivencia, estos si son posibles y exitosos aún en contextos de tanta complejidad y  presencia de intereses contrapuestos. Pero además los procesos participativos permiten que en la Carta se acuerden y asuman las funciones, responsabilidades y obligaciones de los diferentes agentes sociales que intervienen en la Ciudad,  para que en su momento, ante su incumplimiento les pueden ser exigidas por los demás.

No se trató de imposiciones, sino de construcción de consensos en un contexto de convivencia civilizada. Esperemos que tampoco se convierta en simulaciones y en un nuevo motivo de defraudación de las expectativas ciudadanas.

Si bien se trata de un juego de corresponsabilidades en donde todos deben cumplir sus compromisos,  ello no exenta al Estado como responsable último de la realización de los derechos humanos de las personas,  estando obligado por la legislación internacional a protegerlos, respetarlos y realizarlos,  como debidamente lo señala la Carta en su último capítulo.

La importancia del instrumento que hoy se presenta a firma, parte del reconocimiento de que vivir en ciudad requiere de  la innovación en materia de derechos humanos e implica una  ampliación de las responsabilidades del Estado. Conduce a aceptar que para la vida urbana ya no son suficientes los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales e incorporados en nuestra Carta Magna. Significa una nueva generación de derechos que queda comprendida bajo el concepto comprensivo  de Derecho a la Ciudad.

La catástrofe natural que está viviendo actualmente la Zona Metropolitana de Monterrey por la intensidad de las lluvias que han destruido vidas y propiedades y han causado daños inmensos a la infraestructura urbana de la ciudad, junto con la catástrofe humana que se observa en Ciudad Juárez,  cuyas élites políticas y económicas la convirtieron en una Ciudad Maquila y relegaron la reproducción, el cuidado y la protección de sus habitantes y el respeto de sus derechos humanos, son casos emblemáticos de las ciudades dejadas al libre juego de las fuerzas del mercado, son las ciudades mercancía, donde todo se compra y todo se vende, incluso la vida y la dignidad de las personas.

Representan décadas de ceguera en el país respecto de la enorme transformación urbana que estaba ocurriendo, del desmantelamiento de los primeros esfuerzos y esquemas de planeación urbana que se estaban montando, de la falta de desarrollo de una arquitectura institucional municipal con capacidad, atribuciones y duración suficiente como para afrontar los enormes y nuevos retos que significa administrar grandes ciudades, de la ausencia de acuerdos y modalidades de gestión de zonas metropolitanas integradas por varios municipios, en fin de ausencias y retrocesos que subyacen en los problemas de convivencia y sustentabilidad en las ciudades, de la violencia y la inseguridad que las caracteriza y de la falta de cohesión social, equidad y justicia.

Por ello, es bienvenida la Carta  por el Derecho a la Ciudad pues intenta colocar por acuerdo de los agentes sociales que habitan, transitan, utilizan y aprovechan la Ciudad de México, nuevas reglas del juego a fin de rescatar lo que aún es rescatable y tratar de prevenir el mayor deterioro de la convivencia social relevando los derechos que todos tenemos a una vida digna y plena, con equidad, sin discriminación, con apego a la ley, con respeto y tolerancia y con derecho al Estado.

El reto ahora es encontrar cómo utilizarla para efectuar una evaluación de todo aquello que está ocurriendo en la ciudad con la intervención de los diferentes actores, privados, públicos y sociales, a fin de revisar su apego real a los principios establecidos en la Carta y detectar aquellos que atentan contra una sana convivencia.

Los términos de la Carta permitirían así, realizar un escrutinio cuidadoso y detallado de las políticas,  programas y acciones gubernamentales actuales, estatales y delegacionales e incluso, de aquellos federales que se concretan en el territorio de la ciudad, a fin de verificar su apego a los principios, criterios y prioridades establecidos en la misma, de manera que sea posible encontrar sus omisiones y establecer una trayectoria clara para ir corrigiendo sus fallas. Por ejemplo, la ausencia de auténticos y suficientes espacios de participación en el ciclo de las políticas públicas, la prevalencia de sistemas discriminatorios, la elevada discrecionalidad en el otorgamiento de beneficios, la ausencia de rendición de cuentas, la insostenibilidad ambiental de ciertas actividades, el daño y abuso de los mantos freáticos y las zonas de captación de agua de la ciudad, la destrucción de zonas verdes, la creciente  privatización y captura de los espacios y servicios públicos, entre muchos otros.

Permitiría también encontrar aquellos aspectos y propuestas de la Carta para las que no hay políticas, programas y acciones y establecer los criterios que deben regir  el funcionamiento de espacios e instalaciones públicas.

Proporciona asimismo un mapa de navegación para el poder legislativo de la Ciudad a fin ir incorporando en las leyes,  los nuevos derechos humanos considerados en la Carta, así como ir definiendo los mecanismos de exigibilidad y justiciablidad de todos los derechos considerados, a fin de permitir su concreción efectiva. Pasar con ello de la utopía y el enunciado políticamente correcto a la posibilidad real de su ejercicio, construyendo legislación, desarrollando institucionalidad y reasignando presupuestos y reiterar el carácter innovador de la legislación que ha caracterizado a nuestra ciudad.

La Carta facilita también el  diseño de un protocolo de evaluación de impacto en el derecho a la Ciudad de los nuevos proyectos públicos y privados que se pretendan llevar a cabo tanto por el sector público como el social y el privado, o de nuevos diseños legislativos.

Las posibilidades que brinda la carta para rescatar de manera ampliamente participativa nuestra ciudad de los riesgos naturales y humanos inminentes y de las injusticias prevalecientes, son en fin muy diversas. Por ello la importancia de su amplia difusión, de su traducción a términos accesibles a todos los habitantes de la Ciudad para que se la apropien, la utilicen en la promoción de sus derechos y la apliquen en el ejercicio de las responsabilidades que les corresponden.

Junto con el Programa de Derechos Humanos, la Carta se convierte en una herramienta fundamental para la gestión de la Ciudad con enfoque de derechos humanos, adecuados a la vida urbana.

Con la esperanza de que todos y todas estemos a la altura y asumamos con conciencia y verdad, los compromisos que nos demanda como autoridades, como organizaciones y como personas que habitamos y transitamos por la Ciudad de México,  bienvenido sea este importante esfuerzo colectivo.

El documental como una herramienta en la promoción y protección de los derechos humanos

En mi intervención, quiero iniciar con la exposición de varias situaciones que se presentan en los países de América Latina respecto de los derechos humanos:

1.- Las personas no tienen conciencia de que son sujetos de derechos humanos y que existen instrumentos desarrollados por la comunidad internacional, a lo largo de al menos un siglo, que reconocen la dignidad de todas las personas sin importar sexo, edad, origen, nacionalidad, religión, etnia, raza, orientación sexual, ideología, estatus económico,  etc.

2.- Los Estados no asumen, ni  cumplen sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover  los derechos humanos, mismas que están establecidas en los instrumentos internacionales y regionales que han firmado.

3.- Ni la población, ni los Estados conciben que los derechos humanos son inalienables, interdependientes, universales, indivisibles y exigibles, es decir son para todos y todas, que no se puede proteger los civiles y políticos y vulnerar los económicos, sociales, culturales y ambientales o viceversa.

4.- La calidad de persona digna y de ciudadanía plena implica el goce de todos los derechos humanos independientemente del territorio donde las personas se encuentren

5.- La globalización impone nuevos retos al marco conceptual y político de los derechos humanos ante el debilitamiento de los Estados Nacionales como  referentes centrales de la exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos.

6.- La vulneración de los derechos humanos de millones de personas en el mundo está adquiriendo nuevas modalidades por los avances científicos y tecnológicos y por la apertura de mercados, a la vez que se están recreando viejas formas que se pensaban  superadas, como la esclavitud y la trata de personas.

7.- Que la persistencia y ampliación de la desigualdad y la ausencia de democracia y acceso a la justicia profundizan relaciones de subordinación entre élites económicas, políticas, religiosas y criminales respecto de millones de personas que viven en condición subordinada.

8.- Que el respeto a la dignidad de todas las personas y de sus derechos humanos significa un cambio cultural profundo que a veces, muestra avances y otras más como ahora, evidencia retrocesos.

A partir de estas premisas,  y visto desde la óptica de lo que ocurre al nivel de las tendencias macrosociales, considero que el cine y video documental están haciendo un aporte fundamental en la visibilización, sensibilización y concientización acerca de la problemática de los derechos humanos y en la denuncia de las violaciones a éstos.

El cine y el video tienen la maravillosa facilidad de describir y mostrar contextos y documentar casos dentro de ellos que nos llevan a entender y a reflexionar que la no repetición de casos específicos de violaciones tiene una fuerte relación con la modificación de los contextos. Es decir, no depende de la conducta y del buen comportamiento individual y personal, sino del contexto favorable o desfavorable al respeto de los derechos humanos donde la persona se ubica. Refiere  lo anterior  a normas y valores dominantes, niveles de tolerancia, de impunidad, de corrupción, a la existencia y eficacia de las instituciones, a estructuras de poder, a  los niveles de organización y participación ciudadana, a la cultura de la ilegalidad y a muchos otros elementos presentes en una sociedad, en una época determinada y que se convierten en caldo de cultivo propicios para la violación de los derechos humanos. La tolerancia a los feminicidios, a la pederastía, a la trata de personas, a la criminalización de la protesta social y a la limpieza social, la discrecionalidad en la aplicación de la justicia,  la muerte de activistas civiles y sociales, los fraudes electorales, la precarización de las condiciones laborales de millones de trabajadores, ocurren en contextos sociales que requieren modificaciones profundas en varios ámbitos de las relaciones sociales, económicas,  culturales, políticas, tecnológicas y científicas.

En una situación tan y crecientemente compleja cuáles son y podrían ser las aportaciones del cine y el video documental para modificar los factores económicos, sociales, culturales, políticos y religiosos que subyacen en la violación de los derechos humanos de las personas.

1.- Son  un instrumento muy poderoso para que en un tiempo breve muestren un contexto y una situación individual o colectiva que deviene en injusticia, abuso, temor, enojo. Lo vimos con el caso de unos de los documentales ganadores en el 2008 del Encuentro de Contra el Silencio Todas las Voces que duraba sólo un minuto y mostraba la angustia previa a un desalojo de jóvenes.

2.- El desarrollo alcanzado por los medios audiovisuales y el crecimiento del acceso a los mismos  permite una distribución y alcance masivo hacia los sectores poblacionales como  las élites  y  las poblaciones de jóvenes.

3.- Se convierten en voces de las víctimas y contribuyen a la exigibilidad, a la justiciabilidad, a exponer y avergonzar, a proporcionar evidencias, a recrear las realidades injustas.

4.- Permiten también crear conciencia sobre conductas y actitudes personales que violan o contribuyen a la violación de derechos humanos en la vida cotidiana: en las familias, las escuelas, los lugares de trabajo, las instituciones públicas, los espacios públicos, en general. Nos hacen concientes de que en nuestra cotidianeidad nos volvemos perpetradores de violaciones a la dignidad de las personas: maltrato y desprecio  a los cuerpos de seguridad, invisibilización de personas de mantenimiento y limpieza, distintas formas y expresiones de  violencia intrafamiliar, maltrato entre profesores y alumnos, prepotencia y discriminación de “servidores públicos” hacia la población que deben atender; acoso sexual,  violaciones en el tráfico de automóviles, maltrato a las poblaciones de servicios personales, etc. Todas esas pequeñas conductas cotidianas en las relaciones con otros, donde constantemente violentamos derechos y percibimos la vulneración de los nuestros.

5.- Son una poderosa herramienta para inducir el indispensable cambio cultural que se necesita para hacer de los derechos humanos un mapa de ruta para la evolución de nuestras sociedades.

En razón de lo anterior considero que el video y el cine documental podría contribuir a varías tareas que se deberían impulsar:

1.- Concientizar a las élites económicas, políticas y religiosas sobre qué son los derechos humanos y cómo en lo cotidiano ellas los están violando al explotar a sus trabajadores, pagándoles mal, al abusar de los consumidores con precios injustificados, al entregar productos de mala calidad y riesgosos, al ejercer de manera discrecional su poder, al imponer creencias religiosas como normas sociales, al denostar desde el púlpito a ciertas personas o grupos o al promover valores que no honran con sus conductas.

Es decir, ponerlos frente a sus inconsistencias, sus abusos, su imposición, su corrupción y su ausencia total de compasión.

2.- Concientizarnos a todos y todas sobre conductas cotidianas, que pensamos insignificantes y menores, pero que conllevan a la violación de los derechos humanos de terceros.  Antanas Mokus  quien fuera en dos ocasiones alcalde de Bogotá y ahora está contendiendo por la Presidencia de Colombia, utilizo modalidades novedosas y creativas para mostrar a los habitantes de esa ciudad las pequeñas violaciones que cometían al transitar por la ciudad haciendo que ante ellas otros ciudadanos mostraran tarjetas de premiación o sanción, o una zanahoria, que mimos y payasos se convirtieran en agentes de tránsito, por ejemplo. Mokus y varios otros alcaldes de ciudades de Colombia, produjeron cambios culturales profundos con medidas creativas e inteligentes que abatieron los altos niveles de violencia que caracterizaban a Bogotá o a Medellín.

De la serie de videos que me toco dictaminar como jurado en el Encuentro de 2008 de Contra el Silencio Todas las Voces, el que más me impactó fue un video de Brasil donde una alumno de la facultad de Psicología decide ponerse el uniforme del personal de limpieza de su Facultad y empezar a hacer tareas de aseo entre sus compañeros. El resultado es que nadie lo saluda pues el uniforme lo invisibiliza, así se transforma por su uniforme en un individuo que no merece ser reconocido, identificado, saludado.

En las urbes no saludamos, ni sonreímos a los seres humanos  que encontramos a nuestro paso; no vemos a los policías, los carteros, los recogedores de basura, mucho menos platicamos con ellos; al subirnos a un autobús no saludamos al chofer, tratamos de subirnos antes que los demás, no concedemos el asiento a otros con mayor necesidad física, los adultos mayores nos volvemos invisibles y que decir de los pobladores indígenas o pobres.

La vida en las ciudades a pesar de la cercanía territorial, nos ha alejado cada vez más de nuestros congéneres. Tenemos miedo y desconfianza y nos aislamos. Se genera resentimiento, se acrecientan las distancias y se motivan las revanchas, por una espiral de agravios pequeños, sostenidos, continuos, que a veces concluyen en violencia.

Creo que el video y cine documental podrían contribuir a una revolución cultural en las conductas cotidianas al hacer concientes a las personas de sus malas actitudes frente a otros.

3:-Finalmente, continuar siendo las voces de todas las víctimas y grupos excluidos a quienes sistemáticamente se les niega el acceso a la justicia y que no tienen acceso a contar sus historias en los medios de comunicación masiva, concentrados por poderosos grupos económicos; ni tampoco conocen ni usan las modernas redes sociales; algunos inclusive manejan lenguas y desconocen el castellano.

Las posibilidades de los documentalistas de traer desde muy diversos territorios las muestras del abandono, de la precariedad de la vida, de la permanente injusticia y violación de derechos por los caciques y grupos locales de poder, de la violencia doméstica, de la indefensión e incertidumbre de muchos jóvenes, por ejemplo, a las entrañas de los centros de poder nacionales e internacionales, imposibilitan el continuar siendo sociedades donde no pasa nada y van ayudando a construir una conciencia de que o se cambia la profunda desigualdad, la exclusión, la discriminación, la  pobreza y la negación y discrecionalidad en la aplicación de la justicia o el riesgo es convertirse en sociedades fallidas como nos está ocurriendo en mi país donde cada vez hay menos Estado y cada vez  más violencia y delincuencia y una creciente violación de los derechos humanos sin consecuencias.

4.- En México estamos viviendo momentos críticos y de enorme tristeza y miedo. Pienso que los documentalistas también podrían contribuir a renovar la esperanza encontrando y mostrando situaciones e historias que nos hacen evidente que otro mundo es posible, pequeñas experiencias de solidaridad, de convivencia respetuosa, de sociedades que se apegan a la Ley, de niños y jóvenes que crecen y viven sin miedo porque tienen una sociedad de adultos que los protege y se preocupa por ellos, de mujeres que transitan en los espacios públicos y regresan a sus casas sin el temor de ser violentadas y agredidas por su condición genérica; de personas que ayudan y defienden a los migrantes que transitan por territorios cada vez más peligrosos; de legisladores que promueven legislaciones que ampliarán la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos; de experiencias exitosas como las de Palermo, Bogotá y Medellín donde se dio un salto cualitativo en el deterioro social; de ciudades donde se respetan los usos del suelo y conviven personas diversas en espacios con usos mixtos; donde las viviendas se construyen para los seres humanos que las habitarán y no para obtener inmensas ganancias, en fin donde se respetan los derechos humanos de todos y todas y es posible tener una vida buena.

Pero destacando cuáles son las aportaciones que las personas involucradas en esas experiencias tuvieron que hacer, las trayectorias que se tuvieron que seguir para lograrlo, de manera que vayamos entendiendo que somos sólo nosotros los que podemos cambiar las cosas participando, organizándonos, exigiendo colectivamente, revocando mandatos, proponiendo, en fin, impidiendo que los abusos, la impunidad y la corrupción continúen carcomiendo los debilitados cimientos de un edificio que está a punto del colapso.