Clara Jusidman

Agosto 12 2024

Los Reyes la Paz, Seminario de Cultura Mexicana

A modo de introducción

Estoy segura de que todas y todos reconocemos la existencia de una profunda e histórica desigualdad en las oportunidades de las mujeres con respecto de los varones.

También somos testigos de las diferencias que existen entre los sexos en materia de los ingresos que perciben, de la riqueza, del poder y del reconocimiento que alcanzan e incluso, del tipo de violencia que experimentan.

Seguramente cada uno tenemos una historia, un recuerdo o una experiencia personal o de alguien cercano de alguna expresión concreta de esa desigualdad y de esas brechas que nunca acaban de cerrarse y que con cierta temporalidad vuelven a abrirse.

Ya sean experiencias personales como mujeres o a través de vivencias de mujeres cercanas o incluso de prácticas observadas en los hombres como el maltrato, el acoso y las violencias de diverso tipo, o la discriminación; la desigualdad en el acceso a oportunidades de trabajo, de educación, de ingreso; o sabemos de limitaciones que los varones les imponen a la libertad de elección, a la forma de vestir, de expresarse, de divertirse.

Pensemos en las experiencias directas de las mujeres que en el transporte público son objeto de acoso sexual o de aquellas que son drogadas o engañadas en las redes sociales y terminan vendidas, esclavizadas y en la prostitución, negocio en aumento en nuestro país.

Seguramente cada uno tenemos una imagen distinta de qué es ser mujer y qué es ser hombre y cuáles son sus responsabilidades, funciones y cuáles sus derechos.

Aprendemos qué es ser mujer y qué es ser hombre en nuestro entorno: por nuestra cultura, por la educación y socialización que recibimos en casa, en la escuela, en la iglesia.

Así es que, con base en diferencias biológicas reales de los sexos, la humanidad a lo largo de la historia les ha asignado roles específicos.

Al principio de la vida de los seres humanos la mayor fuerza física de los hombres era importante cuando era fundamental para sobrevivir; asumían las tareas de caza y de protección frente a animales peligrosos u otros grupos humanos. A las mujeres, se les dejaron las tareas de reproducción y crianza para la preservación de la especie. Ellas fueron quienes iniciaron la agricultura y continúan siendo las principales productoras de alimentos en el mundo.

Quisiera destacar que una de las desigualdades fundamentales entre hombres y mujeres es el valor que la sociedad le da a sus tiempos:

1. Los tiempos productivos, económicamente valiosos son los de los hombres, se asume que generan riqueza y se contabilizan en el producto interno bruto;
2.  A los tiempos de las mujeres en cambio, hasta hace unos veinte años, no se les daba valor económico, pues se destinan a la reproducción doméstica a la construcción de seres humanos, al cuidado.

Actualmente, una lucha fundamental de las mujeres es precisamente que se considere valioso el tiempo dedicado al cuidado de otros y se establezcan sistema de cuidados en los países y en las ciudades.

El patriarcado

En todas las culturas y mitologías encontramos relatos donde la mujer es un subproducto del hombre y se subordina a éste quien dirige, controla, impone, protege, abusa, castiga, viola, mata.

Es lo que las feministas llaman la “cultura del patriarcado”, que determina relaciones desiguales de poder entre los sexos y que se sustenta en que:

• el cuerpo de la mujer sirve fundamentalmente para dar a luz nuevos seres humanos, para criarlos y cuidarlos;
• son sus capacidades reproductivas las que importan y  el resto de sus órganos no son equiparables a los de los varones:
• su cerebro es inferior, no diferente, incapaz de realizar tareas complejas que han sido asignadas al sexo masculino; por lo tanto, su capacidad de aprendizaje, concentración, análisis e inventiva es muy limitada;
• su fuerza física les impide desarrollar trabajos que requieren fortaleza y resistencia;
• deben mantenerse puras y vírgenes pues su cuerpo no les pertenece al haber sido consagradas a la reproducción y a la maternidad.

El patriarcado se define como y cito[1] “un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello considerado como ‘femenino’, con respecto a los varones y lo ‘masculino’, creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado ‘sexo biológico’.Tiene su origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Esta situación se mantiene a través de regímenes, hábitos, costumbres, prácticas cotidianas, ideas, prejuicios, leyes e instituciones sociales, religiosas y políticas que definen y difunden una serie de roles a través de los cuáles se vigila, se apropia y se controla los cuerpos de las mujeres, a quienes no se les permite gozar de una completa igualdad de oportunidades y derechos.”

El orden que impone el patriarcado es normalmente percibido como natural y no como una construcción social que puede ser transformada. Gracias a la lucha feminista y de los colectivos LGTTBI se ha demostrado que ese orden es una construcción social posible de ser transformada, que no es natural, ni inamovible, que ha venido siendo objeto de cambios reconociendo paulatinamente que las mujeres y las personas de la diversidad sexual son sujetos de derechos humanos y merecedores de una vida digna y libre de violencia.[2]

“El sexo viene determinado por la naturaleza, una persona nace con sexo masculino o femenino. En cambio, el género, varón o mujer, se aprende, puede ser educado, cambiado y manipulado”.

Mujeres y hombres son construidos socialmente de manera diferente: las mujeres para la vida privada, doméstica, para la reproducción y los hombres para la vida pública, la producción, el ejercicio del poder y del control.

El origen de la desigualdad

En mi exposición quisiera compartir mi aprendizaje de cómo llegamos hasta las brechas en la igualdad de género y responder a algunas preguntas que yo misma me he formulado como:

¿dónde está la matriz de origen de la persistencia de las brechas? ¿por qué ha sido tan difícil remover los obstáculos del sometimiento de las mujeres al poder de los hombres?

¿por qué el feminismo habla de olas cuando se refiera a la historia de la lucha de las mujeres?

¿cuáles han sido los obstáculos que ha tratado de remover cada una de las cuatro olas de los movimientos de las mujeres?

¿cuáles son los derechos que se han privilegiado en cada ola?

¿en qué medida estamos actualmente en un retroceso de los logros alcanzados por la tercera ola y qué se vislumbra en el surgimiento de la cuarta?

¿en qué medida la pandemia, la austeridad y la fata de compromiso gubernamental contribuyen a ese retroceso?

Importancia de las religiones como sostén del patriarcado

Desde mi óptica las jerarquías religiosas han tenido y siguen teniendo una fuerte influencia para normalizar y hacer aceptables las condiciones de subordinación del cuerpo, la sexualidad, las libertades, los derechos y oportunidades de las mujeres.

La mayoría de las religiones del mundo son controladas por hombres y estos construyen las reglas que deben acatar las personas frente a las distintas divinidades, dentro de ello, de manera fundamental, sus conductas sexuales y reproductivas.

Los dioses más poderosos de las distintas religiones son masculinos Zeus, Júpiter, Alá, Jehová, Cristo, Ra, Amón, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Kukulkán, Odín, Brahma, Visnú. Representan a distintos elementos: el sol, el viento, el mar, el fuego, la lluvia, la guerra, el inframundo.

Las diosas en cambio se identifican generalmente en relación con los dioses hombres: son madres, esposas o hijas como Coatlicue diosa tierra, madre de Huitzilopochtli, Ix chel, esposa de Itzamná, María madre de Jesucristo, Lakshmi esposa de Visnú. Representan la fertilidad, la tierra, la belleza.

Son las jerarquías religiosas, las que interpretan los textos sagrados, las que acaban imponiendo las reglas de las relaciones entre los sexos y limitando las libertades de las mujeres sobre su propio cuerpo, como ocurre con el Corán.

Desde mi perspectiva, en ese control radica el mayor obstáculo para que las brechas de desigualdad entre los sexos se reduzcan. Crean y mantienen una relación de poder sobre las mujeres.

Los líderes religiosos o los líder populistas conservadores en lo moral que controlan el poder político en varios países y que son venerados como líderes religiosos, son los que determinan si se permite a las mujeres trabajar, estudiar, salir solas a la calle, acudir a centros de recreación; así como su forma de vestir, de casarse o separarse, de ejercer su sexualidad y el control sobre su propio cuerpo.

Desde la segunda mitad del siglo veinte hemos sido testigos de mujeres que ante regímenes laicos acceden a múltiples oportunidades: son empresarias, profesoras, investigadoras, periodistas, políticas, legisladoras, jueces y magistradas, ejercen diversas profesiones. En el momento en que llegan al poder grupos religiosos o partidos políticos conservadores y autoritarios sus libertades vuelven a ser conculcadas. Son los casos de Irán, Afganistán y Egipto, incluso China y Corea del Norte, donde se han registrado graves retrocesos en la realización de los derechos de las mujeres.

El triunfo de los talibanes en Afganistán borró veinte años de progreso en el acceso de las mujeres a la educación, al trabajo y a posiciones en el gobierno. En Brasil, Nicaragua, Rusia, Hungría y Bielorrusia con líderes autocráticos populistas de derecha o izquierda como Bolsonaro, Ortega, Putin u Orban, se ha frenado y retrocedido en los derechos de las mujeres y de las colectividades de la diversidad sexual. Incluso en Estados Unidos se ha visto un enlentecimiento de los avances logrados desde 1970 en materia de igualdad de género y derechos reproductivos[3]. La Suprema Corte de ese país deshecho el derecho a la interrupción legal del embarazo. Desde hace 50 años en un juicio histórico se había logrado que se aceptara el aborto a nivel federal.

Una materia fundamental de controversia entre partidos políticos son los derechos de las mujeres: los conservadores de derecha buscan limitar su libertad a tomar decisiones sobre sus cuerpos, postulan el derecho a la vida como uno de sus principales objetivos, rechazan el aborto, la educación sexual en las escuelas y el reconocimiento de la diversidad sexual.

Los republicanos en Estados Unidos a partir de la Presidencia de Trump, están volcados en esa línea de pensamiento y acción. En su actual campaña Donald Trump anuncia que de llegar a la presidencia decretará que sólo existen dos sexos: el femenino y el masculino.

Los conservadores morales de izquierda y de derecha no entienden, ni les interesa, ni se comprometen con la agenda por la igualdad de las mujeres. Así vemos como en nuestro país, el derecho al aborto, el acceso libre a métodos de control natal, a educación sexual y a una vida libre de violencia a veces avanza y otras, retrocede.

Son los partidos laicos progresistas los que incluyen la agenda de los derechos de las mujeres en sus promociones políticas. Por ello, la lucha por la laicidad del Estado se vuelve fundamental para las organizaciones de mujeres.

Las olas por los derechos de las mujeres

Actualmente se reconocen cuatro olas del feminismo mismas que representan cuatro formas de entender el origen de la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto determinó los derechos y libertades defendido por los colectivos de mujeres en cada época e identificaron los obstáculos que había que remontar.  

En las cuatro olas se ha compartido el interés por acceder a la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, ser incluidas, reconocidas y visibilizadas en un mundo regido por la cultura patriarcal.

La metáfora de olas refiere a que los logros de las mujeres a veces avanzan y en otras retroceden, no ocurren en una progresión lineal y acumulativa. Así derechos que se considera ya reconocidos son revertidos por los grupos y gobiernos conservadores.

Lo más lamentable de esta situación son los miles de niñas y mujeres que siguen perdiendo la vida o son esclavizadas por las imposiciones del patriarcado: 37,000 mujeres mueren al año por las prácticas de ablación de las poblaciones musulmanas; como resultado de las políticas de natalidad en China[4] en 2020 había una diferencia de 36.4 millones menos de mujeres que de hombres; según datos de ONU Mujeres  81,000 fueron asesinadas en el mundo por razones de género y  alrededor de una de cada tres mujeres de 15 años o más ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja[5].

Un reporte reciente sobre el crimen organizado detecta que la explotación de las personas, en forma de trata, se ha convertido en la economía criminal más generalizada del mundo.[6] En México este delito aumentó en 32.5% en los últimos cinco años.[7]  

Las dos primeras olas de la lucha colectiva y organizada de las mujeres en los países de occidente, terminaron con encarcelamiento, violencia y muerte de varias de ellas.

América Latina en gran medida, ha seguido los pasos de las pioneras de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Lamentablemente contamos con poca información sobre esta lucha en Asia y África. 

En México en particular, la violencia contra las mujeres se presenta agravada por ser el país más violento en el mundo que no vive en una situación de guerra interna.

En un libro estupendo sobre el feminismo,  citada por Nuria Varela,[8] Victoria Sau lo define como «un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera».

Las estrategias y tácticas aplicadas por las mujeres en su lucha por la reivindicación de sus derechos han sido ejemplo para las organizaciones defensoras de los derechos de otros grupos de población sujetos a discriminación. Las mujeres desarrollan formas de protesta y de exigencia muy imaginativas   como los paros totales de sus actividades, las huelgas sexuales, la formación de barreras con sus cuerpos frente a los enemigos, la realización de actos culturales en sus marchas, componen canciones,  entre otras. Hay una fuerte vinculación entre los movimientos de mujeres y los avances en democracia.

Hagamos un breve repaso de los derechos que han sido reclamados en cada una de las olas del feminismo y de algunos avances teóricos que surgieron en cada una de ellas.

Fuente: Simón, Elena texto basado en los datos extraídos de Álvarez González, M. Isabel. “Los orígenes y la celebración del día Internacional de la Mujer: 1910-1945”. Univ. Oviedo. KRK ed. 1999. Disponible en: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9JESBnCY5PcJ:https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2015/boletin-7/las-olas-del-feminismo.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx [Consultada el 20 de abril de 2022]

Los énfasis en los derechos que las distintas olas han promovido han variado, aun cuando algunos permanecen o se persiguen desde enfoques nuevos.  Todos se relacionan con alcanzar igualdad o derechos equiparables a los de los varones. Las mujeres buscan ser reconocidas como personas dignas, libres, visibles, respetadas y remover las estructuras institucionales, legales, culturales que las someten.

Aun cuando en toda la historia de la humanidad existen mujeres que fueron críticas y tuvieron conductas de ruptura con sus entornos de sujeción[9], es a partir de la Ilustración y de los movimientos revolucionarios y libertarios, cuando se constituyen colectivos de mujeres que al asociarse y participar en la promoción de cambios políticos en sus sociedades, toman conciencia del nivel de subordinación en que se encuentran ellas mismas. Ello las motiva a iniciar una lucha abierta por su propia emancipación.

El feminismo ilustrado

Es la etapa de lo que posteriormente se llamó “feminismo ilustrado” de finales del siglo XVIII, las mujeres lucharon por que los postulados de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa se aplicaran también a ellas.

Fundamentalmente, demandaban el derecho a la educación, al trabajo, al voto, derechos matrimoniales y respecto a los hijos, eliminación de los malos tratos y abusos dentro del matrimonio y abolición de la prostitución. Reclamaban una mayor protección de sus intereses personales y económicos en el matrimonio y la familia y una representación de sus intereses en las instituciones políticas que fueron creadas al triunfo de la Revolución Francesa.

A modo de resumen, cito: «el debate feminista ilustrado afirmó la igualdad entre hombres y mujeres, criticó la supremacía masculina, identificó los mecanismos sociales y culturales que influían en la construcción de la subordinación femenina y elaboró estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres. Los textos fundacionales del feminismo ilustrado avanzaron haciendo énfasis en la idea acerca de la cual las relaciones de poder masculino sobre las mujeres ya no se podían atribuir a un designio divino, ni a la naturaleza, sino que eran el resultado de una construcción social. […] Al apelar al reconocimiento de los derechos de las mujeres como tales, situaron las demandas feministas en la lógica de los derechos»[10].

La respuesta del poder masculino “ilustrado” fue totalmente contraria. Mujeres que destacaron en la consecución de la Revolución Francesa, entre ellas Olimpia de Gauge, murieron en la guillotina entre 1993 y 1995. Los clubes republicanos femeninos que florecieron antes y durante la revolución francesa fueron cerrados y se prohibió que más de cinco mujeres se reunieran en público.

A pesar de que la Revolución Francesa de 1789 fue el origen de la Declaración de los Derechos del Hombre fundamento del desarrollo de los derechos humanos, excluyó la consideración de las mujeres como ciudadanas.

Sólo quince años después en 1804 quedó consagrada la minoría de edad de las mujeres en el Código de Napoleón, que fue imitado después en toda Europa. Este señalaba que las mujeres:

«Eran consideradas hijas o madres en poder de sus padres,

esposos e incluso hijos. No tenían derecho a administrar su

propiedad, fijar o abandonar su domicilio, ejercer la patria

potestad, mantener una profesión o emplearse sin permiso,

rechazar a su padre o marido violentos. La obediencia, el respeto,

la abnegación y el sacrificio quedaban fijados como sus virtudes

obligatorias. El nuevo derecho penal fijó para ellas delitos

específicos que, como el adulterio y el aborto, consagraban que sus cuerpos no les pertenecían. A todo efecto ninguna mujer era

dueña de sí misma, todas carecían de lo que la ciudadanía

aseguraba, la libertad.»[11]

El feminismo sufragista

La segunda ola es conocida como el “feminismo sufragista”. La lucha de las mujeres que va de la segunda mitad del siglo XIX al primer tercio del siglo XX tiene como antecedente el haber quedado excluidas del ámbito de los derechos civiles y de participación política.

Los objetivos de esta etapa se dirigen precisamente al ámbito de los derechos políticos: a conseguir el voto, el acceso a instituciones de educación superior, a las profesiones y a cargos de todo tipo, así como condiciones laborales y derechos y deberes matrimoniales equiparables a los de los varones.[12]

Las mujeres que inician esta segunda ola fueron activas participantes en los movimientos para la abolición de la esclavitud y es nuevamente a partir de una experiencia de organización y participación política para emancipar a otros, que reconocen los niveles de sujeción que padecen ellas mismas. El movimiento empieza en Estados Unidos y se transmite a Inglaterra.

Fue una etapa de grandes rupturas respecto de los patrones esperados de conducta, lo que les costó vidas, encarcelamiento, exilio y maltrato. Cito: “Escriben, publican, viajan, intercambian ideas y experiencias, escandalizan, se arriesgan, se asocian, se oponen a las autoridades, desafían al poder, consiguen adhesiones, efectúan alianzas interclasistas, interracistas e internacionales, se oponen al matrimonio “obligado”, investigan y practican el control de la natalidad, exigen igual salario, se declaran librepensadoras, se enfrentan a sus correligionarios de izquierdas exigiendo coherencia con las ideas de justicia e igualdad a sus compañeros y camaradas, exigen, incluso de la Iglesia, mayor apertura de miras y consideración de iguales.

Cambian su vestimenta: se cortan las faldas y el cabello.  El corsé es eliminado en 1912. Salen, practican deportes, conducen coches y aviones, frecuentan locales de esparcimiento, diversión y relación social”[13].

Esta etapa del movimiento de mujeres tiene lugar durante la expansión del colonialismo británico, las dos primeras revoluciones industriales, el surgimiento de los movimientos obreros, del socialismo y de las grandes revoluciones sociales, así como de la Primera Guerra Mundial.

La tercera ola

La tercera ola tiene lugar entre la segunda mitad y el final del siglo XX. Es la etapa de la Guerra Fría,  la creación de grandes organizaciones e instrumentos internacionales entre ellos de manera destacada, Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales; desaparece el bloque soviético, se impone el Consenso de Washington y la globalización y con ello, un capitalismo financiero altamente concentrador de riqueza y explotador de las fuerza de trabajo y los recursos naturales de los países que habían sido colonizados.

Desde la mirada de las mujeres. Surge dos instrumentos fundamentales:

1. la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres) adoptada en 1979 por Naciones Unidas y puesta a ratificación de los países y
2. la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Belém do Pará aprobada por la OEA y puesta a ratificación en 1994.

Ambas promueven la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y su derecho a una vida sin violencia.

A partir de 1975 tienen lugar las Conferencias Internacionales de la Mujer:

“Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, que se celebraron en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). A ésta última siguió una serie de exámenes quinquenales.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12 esferas cruciales:

• La mujer y la pobreza
• Educación y capacitación de la mujer
• La mujer y la salud
• La violencia contra la mujer
• La mujer y los conflictos armados
• La mujer y la economía
• La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones
• Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer
• Los derechos humanos de la mujer
• La mujer y los medios de difusión
• La mujer y el medio ambiente
• La niña”[14]

En este periodo de la tercera ola se logra un notable avance en los estudios y teorías sobre las relaciones entre los sexos.

Se acuñan términos, se describen las injusticias como impuestas por las culturas y no por la naturaleza.

Se desarrolla la categoría de género como relaciones de poder asimétricas que construyen socialmente identidades diferenciadas. Se analiza, nombra y describe al patriarcado y las desigualdades y discriminaciones de sexo-género.

Es una etapa donde las mujeres de todo el mundo se encuentran y constituyen colectivos y organizaciones locales, nacionales e internacionales que adquieren influencia. Se crean organismos regionales e internacionales como ONU Mujeres para visibilizar sus áreas de preocupación y promover sus derechos.

Se establecen organismos nacionales especializados en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en forma de Institutos, Secretarías, Centros, Consejos. Se realiza un importante esfuerzo por desarrollar y aplicar metodologías para incorporar las perspectiva o enfoque de género en las políticas públicas, en los presupuestos públicos, en la aplicación de la justicia, en la formulación de leyes, en el acceso al trabajo por pago.

En esta tercera ola se busca la incorporación de las mujeres al desarrollo, el acceso a los derechos sociales, al poder y a una vida libre de violencia. Se logran avances notables en su acceso a la educación, al trabajo, al ingreso económico, a la seguridad social y a pensiones, a la propiedad de la tierra y de la vivienda, al crédito, a la educación sexual, a métodos de control natal, a la regulación y control de la fecundidad, a la despenalización del aborto, a puestos de elección popular y posiciones en la administración pública; al divorcio y a condiciones más equitativas en las relaciones de pareja, sobre los hijos e hijas y sobre los bienes de la familia. Se generalizan las escuelas mixtas y la coeducación. La violencia doméstica deja de verse como un asunto que atañe sólo a la vida privada.

Sin embargo, las brechas de desigualdad y los rezagos se mantienen: el mal trato, la exclusión, la pobreza, las brechas salariales, la división sexual de los trabajos, las dobles y triples jornadas, la desigualdad en el acceso a la salud, a la educación, a las oportunidades de trabajo, al crédito, a la tecnología, a la justicia, al goce del tiempo libre, a la recreación.

Las expresiones de violencias de género se vuelven más cruentas y se normaliza. El comercio internacional de mujeres con fines de prostitución, los feminicidios, el acoso en distintas modalidades se hacen visibles con amplios grados de impunidad por la colusión entre crimen organizado, empresarios, funcionarios y políticos en nuestro país.

El desarrollo de las comunicaciones hace evidente que las condiciones de desarrollo y realización de los derechos de las mujeres difieren entre países, entre grupos socioeconómicos, razas, etnias y religiones.

Se toma conciencia de la desigualdad entre las mujeres relacionado con lo que ahora se llama interseccionalidad, que se refiere a mujeres en las que se suman características diversas como ser indígena, ser pobre, ser vieja y analfabeta o ser blanca, católica, con una profesión, un trabajo, ingresos y propiedades. Ya no es sólo la brecha entre hombres y mujeres, sino también la que se observa entre mujeres. Se reconoce que muchos de los avances logrados benefician a las mujeres de los estratos medios y altos de ingreso especialmente en los países de Occidente y que el rezago se mantiene para las mujeres afrodescendientes, indígenas, pobres, rurales y de la diversidad sexual.

Se inicia un cuestionamiento profundo a las adscripciones e identidades sexo-género para dar paso a una nueva ola del feminismo.

La cuarta ola

Las guerras, la violencia del crimen organizado y de la delincuencia común, la pandemia, la austeridad del neoliberalismo, así como los retrocesos en los derechos de las mujeres ante el surgimiento de gobiernos autoritarios y conservadores, parecen indicar una retracción de los avances logrados en la tercera ola del feminismo y el riesgo de que la espiral de violencia contra las mujeres tanto doméstica, como criminal, que ha caracterizado las primeras décadas de este siglo, se agudice.

Se plantea la llegada de una cuarta ola relacionada con el desarrollo de la teoría queer, el transfeminismo[15], el ciberfeminismo, el anarquismo feminista, los escraches, el movimiento Femen, entre otras manifestaciones que se rebelan contra la permanencia de concepciones, prácticas, estructuras e instituciones que mantienen la explotación de las mujeres en un sistema capitalista que sigue dominado por los varones.

El acoso sexual y laboral, la trata y el turismo sexual, los feminicidios, los secuestros y las desapariciones, el aumento de la violencia doméstica y la violencia política de género son expresiones extremas que se generalizan en el mundo y que prueban la persistencia del patriarcado y el machismo.

Los retrocesos por la pandemia y las políticas para contenerla

La pandemia y las políticas de encierro adoptadas para enfrentarla provocaron efectos distintos entre hombres y mujeres. Ello en el marco de una prolongada y sostenida política de austeridad en el país que ha afectado la calidad, la disponibilidad y el acceso a servicios públicos de salud y educación, que se agregó a la previa destrucción de capacidades nacionales de producción de medicamentos, vacunas, equipos e insumos para la atención de la salud y una ausencia de respuesta de las políticas de gobierno en materia de apoyo a las familias y a las empresas a la altura de las requeridas para enfrentar la emergencia sanitaria y evitar la destrucción de empleos e ingresos de la población.

Si bien parece que en número de afectados y defunciones la COVID 19 tuvo mayores efectos en los varones, el impacto en diversos ámbitos de la vida fue mayor en las mujeres:

1. Mayor pérdida de trabajos e ingresos– Debido a que la proporción de mujeres que trabajan en el sector informal de la economía era mayor, resultaron más afectadas por la pérdida de más de 10 millones de trabajos en ese sector. Entre el primer trimestre y el segundo trimestre del 2020, 3.5 millones de mujeres perdieron sus ocupaciones en el sector informal.

• Aumento de su carga de trabajo– Uno de los persistentes rezagos culturales es la desigual distribución de las tareas de cuidado entre sexos y generaciones y entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Las tareas de cuidado de las familias siguen atribuyéndose a las mujeres. Las políticas de reclusión para evitar la propagación del virus, provocó que tanto servicios públicos, como de las empresas y de la comunidad que apoyan a las familias en el cuidado y atención de sus integrantes, fueran cerrados y que esos cuidados volvieran a recaer en las familias, es decir en las mujeres. El cierre de estancias infantiles, escuelas, casas de retiro, así como la saturación de clínicas y hospitales y el aislamiento de personas que prestan servicios en los hogares, provocó un aumento del tiempo que las mujeres tuvieron que destinar al cuidado doméstico de las niñez y adolescencia, de personas mayores, de afectadas por la COVID, de enfermos crónicos, que no pudieron ser atendidos por los saturados e insuficientes servicios de salud.

Las mujeres que tuvieron la posibilidad de mantener sus trabajos mediante el uso de plataformas aumentaron sus jornadas; otras en cambio, perdieron sus trabajos y sus ingresos:

De acuerdo con el INEGI en 2020 el valor económico del trabajo no remunerado en los hogares fue de 6.4 billones de pesos. Es una cifra equivalente al 27.6 % del PIB del país. De ese valor, por cada peso que aportaron los hombres a las labores domésticas y de cuidados del hogar, las mujeres aportaron tres.

Obviamente el mayor peso recayó en las mujeres casadas o unidas con hijos e hijas menores.

• Aumento de la violencia doméstica y de problemas de salud mental– El aumento de la convivencia diaria de todos los integrantes de las familias, muchas veces en espacios reducidos de vivienda, conllevó a un aumento de la violencia doméstica, de los divorcios, abandono y efectos en la salud mental y emocional particularmente de las mujeres. Abuso, violaciones, golpes, suicidios y hasta homicidios se incrementaron en el ámbito de las familias siendo el mayor número de víctimas mujeres. La violencia doméstica fue el único delito que aumentó durante la pandemia.

• Deserción escolar– Poco más de un millón de mujeres de 3 a 29 años no se inscribió en el ciclo escolar 2020-2021 debido a la COVID. El 86% de los niños y niñas que recibieron apoyo en las actividades escolares durante ese mismo ciclo lo hicieron de sus mamás o de alguna familiar mujer. Otra información señala que 2.6 millones de mujeres renunciaron a sus estudios. De acuerdo con el CONAPRED las niñas representan un 15% más que los niños que no tienen educación.

• Mayor riesgo de contagio– Siete de cada diez trabajadores en el sector salud son mujeres. Al ser la pandemia un grave problema que requirió ser atendido en clínicas y hospitales, las mujeres estuvieron más expuestas a ser contagiadas por el virus, así como sus familias al tener una mayor presencia en los trabajos en la primera línea como enfermeras, cuidadoras, responsables del aseo y la limpieza, incluso médicas. La falta de protección apropiada y suficiente provocó que México fuera el país donde falleció el mayor número de personas del sector salud con motivo de la pandemia.

A modo de conclusión

La pandemia volvió a evidenciar y agudizar la desigualdad estructural entre mujeres y hombres incluso hizo retroceder avances que se habían logrado en la tercera ola del feminismo. Mostró, asimismo, las grandes brechas en la realización de derechos entre mujeres de distintos estratos socioeconómicos, ubicación geográfica y país de origen.

La carga de la pandemia recayó en las espaldas de las mujeres pobres que viven en colonias marginadas de las grandes urbes, no tienen seguridad social, ni servicios de salud accesibles física y económicamente. Perdieron sus trabajos e ingresos y aumentaron sus horas de cuidado a otros integrantes de las familias, se incrementó la violencia que las afecta y sus malestares emocionales y mentales se agudizaron.

Son muchos siglos de opresión, de invisibilización, de maltrato y de violencia y de no reconocer y valorar los aportes de las mujeres al bienestar de la humanidad. Siglos de no ser consideradas como personas dignas con derechos y libertades.

La metáfora de las olas continúa siendo vigente. En los últimos tres siglos se ha avanzado, pero también retrocedido en eliminar obstáculos para alcanzar una igualdad sustantiva. Ello ante a la persistencia de estructuras patriarcales que se niegan a perder sus privilegios y la adopción de un modelo económico y social cuyo objetivo central es obtener lucro y no procurar el bienestar de las personas.

Parecería que es nuevamente el machismo, la misoginia y la fuerza física, así como la construcción androcéntrica de legislación e instituciones, lo que sigue sometiendo a las mujeres y manteniendo las brechas de desigualdad.

A pesar de que en nuestro país presumimos de haber alcanzado paridad en el Congreso Federal, en los puestos del gabinete presidencial, en las gobernaturas, en las presidencias municipales no son necesariamente las mujeres más valiosas, capacitadas y trabajadoras las que llegan a ser diputadas, senadoras, secretarias de gobierno, gobernadoras, etc. Lamentablemente siguen siendo las que eligen los varones políticos: el presidente y los lideres hombres de los partidos políticos. Las escogen porque piensan que son las que obedecerán, se someterán a lo que ellos les ordenen, levantarán sus manos para votar por la legislación que ellos propongan. Indudablemente en los últimos 50 años ha habido mujeres políticas de gran valor y mérito, tristemente son las menos.

Para muchas que participamos en la tercera ola del feminismo pueden resultarnos extraños y lejanos los desarrollos teóricos, las preocupaciones y las formas de actuación de las mujeres de la cuarta ola que se inicia en la última década.

Comprender que hicimos lo posible por lograr avances y dejar una mejor plataforma de partida para las nuevas generaciones, debe llevarnos también a reconocer la enorme capacidad de iniciativa que históricamente hemos mostrado las mujeres en la lucha por la igualdad. Es la hora de las nuevas generaciones.

Bibliografía

Álvarez González, M. Isabel. “Los orígenes y la celebración del día Internacional de la Mujer: 1910-1945”. Univ. Oviedo. KRK ed. 1999. Disponible en: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9JESBnCY5PcJ:https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2015/boletin-7/las-olas-del-feminismo.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx [Consultada el 20 de abril de 2022]

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[1] Diccionario de Asilo. Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi. Disponible en: https://diccionario.cear-euskadi.org/patriarcado/ [Consulta: 18 de abril de 2022]

[2] Ibidem.

[3] Chenoweth, Erica y Zoe M. (march/April 2022) Revenge of the Patriarchs. Why autocrats fear women. Foreign Affairs. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-08/women-rights-revenge-patriarchs [Consulta: 10 de abril de 2022]

[4] Ambrós, Isidre. La Vanguardia. 01 de diciembre de 2016 https://www.lavanguardia.com/internacional/20161207/412448784640/millones-mujeres-china-no-registradas-nacer.html [Consulta: el 22 de abril de 2022]

[5]  ONU Mujeres. Hechos y cifras: poner fin a la violencia contra las mujeres. https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

[Consulta: 25 de abril de 2022]

[6] The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2021) Global Organized Crime Index. Disponible en: https://globalinitiative.net/ [Consulta: 10 de abril de 2022]

[7] Galván, Melissa. La trata crece en México, junto con el desconocimiento oficial del problema. Expansión política, 30 de julio de 2021. Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/30/la-trata-crece-en-mexico-junto-con-el-desconocimiento-oficial-del-problema#:~:text=Un%20informe%20de%20Hispanics%20in,a%C3%B1os%2C%20sin%20pol%C3%ADticas%20para%20encararlo. [Consulta: 10 de abril de 2022]

[8] Varela, Nuria. (2008) Feminismo para principiantes. Barcelona. Ediciones B, S.A. Disponible en: https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf

[9] Sagot Rodríguez, Montserrat (Coord.). Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2017.

[10] Bonilla Vélez, Gloria. (2010) “Teoría feminista, ilustración, modernidad: Notas para un debate. Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica. No. 11. enero-junio de 2010, p.200. Barranquilla – Cartagena de Indias, Colombia.

[11] Sánchez, Víctor. (2017) “Feminismo para principiantes” (2005, Nuria Varela) Disponible en: http://circulosdehombres.es/?p=123 [Consultada el 15 de abril de 2022]

[12] Thomen, Marta. Las cuatro Olas del Feminismo. Disponible en:  https://www.psicologia-online.com/las-cuatro-olas-del-feminismo-4627.html [Consultada el 15 de abril de 2022]

[13] Simón, Elena texto basado en los datos extraídos de Álvarez González, M. Isabel. “Los orígenes y la celebración del día Internacional de la Mujer: 1910-1945”. Univ. Oviedo. KRK ed. 1999. Disponible en: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9JESBnCY5PcJ:https://ieg.ua.es/es/documentos/boletines-2015/boletin-7/las-olas-del-feminismo.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx  [Consultada el 20 de abril de 2022]

[14] https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women consultado 04/08/2024

[15] Herramienta epistemológica que no se desliga del feminismo ni se propone como la superación de éste sino como una red que es capaz de abrir espacios y campos discursivos a todas aquellas prácticas y sujetos de la contemporaneidad y del devenir minoritario que no habían sido considerados de manera directa por el feminismo blanco o institucional. Sayak Valencia Triana, Colegio de la Frontera, Tijuana; México

2 de agosto de 2024

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Me da mucho gusto participar en este merecido homenaje a Nacho Maldonado, así como celebrar sus 90 años de vida.

Una vida muy fructífera, entregada a hacer el bien, a reconocer el valor de todas las personas, a desarrollar capacidades en otras para servir y atender la salud mental y emocional, así como dedicada a ayudar a poder crecer con pleno reconocimiento de nuestras identidades y del valor de nuestras potencialidades y a manejar y superar relaciones familiares conflictivas.

 A pesar de las circunstancias que obligaron a Nacho, a María y a muchos amigos y amigos a salir de sus países frente a las dictaduras militares que proliferaron en Suramérica en las décadas de los años sesenta y setenta, tenemos que celebrar también el hecho de que hayan decidido venir a México y quedarse entre nosotros, construir aquí sus familias y beneficiarnos con sus conocimientos y su compromiso con la humanidad.

Años obscuros y terribles aquellos que parecen estar retornando a nuestro continente con imposiciones de verdades y visiones únicas de distintos signos ideológicos pero que al fin se convierten en dictaduras que persiguen, amenazan y son intolerantes frente a los que consideran distintos.

Recuerdo que en aquellos años tuvieron que salir de Argentina muchos prominentes profesionales de las escuelas de psicoanálisis y psicoterapias que habían florecido y crecido en ese país. Entre ellos llegó Nacho, con Mimi Languer.

No recuerdo si conocí a Nacho por David mi esposo, cardiólogo y aprendiz de psicoanalista, que hasta el final de su vida estuvo haciendo investigaciones sobre la relación entre el estrés y las enfermedades cardiovasculares.

David y Nacho eran buenos amigos y hacían una mancuerna profesional de gran calidad. David le mandaba a Nacho a todos sus pacientes con altos niveles de neurosis con los cuales su paciencia y tanto su buen como mal trato, se habían agotado.

También entonces conocí a María, su esposa, gran conocedora de arte, que tenía una magnifica galería y que ama y crea jardines maravillosos.

Con el tiempo nuestros hijos también se conocieron y aunque por el gran involucramiento que Nacho y María y David y yo teníamos en nuestras profesiones, no desarrollaron entre ellos una relación cercana, los seis sabían que ahí andábamos los cuatro y que contaban con nosotros.

Así transcurría nuestra relación hasta que a mi me llegó la oportunidad de explotar los conocimientos y el compromiso social tanto de Nacho como de los integrantes del maravilloso Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el ILEF.

En 1997 el Ingeniero Cárdenas me dio la oportunidad de convertirme en secretaria de Salud, Educación y Desarrollo Social del gobierno del entonces Distrito Federal.

Dentro del extenso tramo de control que significaban esos tres campos, especialmente en una ciudad de 8 millones de habitantes en ese entonces, con un flujo diario de otros 5 millones que vienen a realizar distintas actividades, y con la urgente necesidad de construir capacidades institucionales de un gobierno de ciudad que por primera vez había elegido democráticamente a su jefe de gobierno, teníamos muy claras ciertos servicios y enfoques que nos interesaba establecer como parte de una política social urbana. En aquellos años lo que se entendía como política social se concentraba en los programas para superar la pobreza rural.

De los servicios que creamos mencionaré los dos en los que Nacho y el ILEF apoyaron de manera generosa y amorosa, poniendo todos sus conocimientos y relaciones para que lo lográramos y una tercera que a Nacho le interesaba especialmente.

La primera consistía en crear un primer nivel de atención a la salud mental comunitaria con los precarios recursos que recibió el primer gobierno democrático de esta ciudad por parte del Congreso y Gobierno federales.

Con apoyo de un consejo de 40 profesionales del ILEF, de la UAM, de la UNAM y de varias sociedades de expertos en salud mental se capacitó y acompañó a 1500 facilitadores para que pudieran recibir y orientar, en 250 centros de desarrollo social dispersos en la ciudad que logramos rehabilitar, a las personas que experimentaran algún problema de tipo emocional como depresión, angustia, violencia, miedo, estrés. Nacho y Carlos Rodríguez Ajenjo, que en paz descanse, fueron fundamentales para armar el proyecto, echarlo a andar y darle seguimiento.

Al llegar el gobierno de López Obrador, la persona que pasó a ocupar mi lugar dijo que ella no estaba mal de la cabeza y que no necesitaba reunirse con el consejo del Programa de salud mental comunitaria para conocer su contenido. Procedió a destruir y cancelar todo el proyecto de Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) que incluía también actividades culturales, deportivas, ludotecas, talleres de estimulación temprana entre otras, con miras a construir ciudadanía y comunidad.

La segunda iniciativa consistió en el montaje y desarrollo de 16 unidades para la atención de la violencia familiar, las llamadas UAVIFs. Una en cada delegación de la ciudad y dos albergues para mujeres víctimas de violencia.

Por primera vez, el gobierno de la ciudad cumplía un mandato de ley que le ordenaba establecer ese tipo de servicios para enfrentar el creciente problema de violencia en los hogares.

Nuevamente Nacho y en este proyecto Flora Aurón, fueron centrales para su desarrollo y sostenimiento.  El excelente trabajo que realizó el equipo del ILEF  se ha podido mantener por varios años con altibajos, según cambia el interés político de las jefaturas de gobierno y su comprensión de la complejidad de la vida urbana.

El tercer proyecto derivado del interés particular de Nacho fue el inicio de talleres de masculinidades. Recuerdo que se pusieron en práctica dos, uno de ellos en Coyoacán. Siempre hemos dado prioridad a empoderar a las mujeres y a honrar sus derechos y poco hemos hecho para entender que los varones son también en parte, producto de construcciones sociales.

Fue un gobierno que duró sólo tres años, muy acosado por el gobierno federal en manos todavía del PRI, con pocos recursos y muchas limitaciones legales. El gobierno de izquierda que le siguió nunca entendió, ni le interesó atender los problemas y necesidades de la población de una enorme y compleja urbe.

Con Nacho seguimos impulsando y reflexionando sobre el tema de las familias. Creamos un observatorio sobre las políticas y los desarrollos sociales y económicos que las afectaban. Participaban personas expertas en demografía, economía, salud, género, masculinidades, violencia. Lupita Ordaz y Lilia Monroy, formadas y activas en el ILEF, desarrollaron e impartieron varios excelentes talleres para sensibilizar a servidores públicos sobre el tema.

Lamentablemente en México nunca hemos logrado comprender la importancia que tienen las familias en la construcción y a veces, destrucción de los seres humanos, y el impacto que en las mismas tienen las políticas públicas: cómo se forman y se transforman y su papel fundamental como unidad primaria del tejido social.

Personalmente estoy muy agradecida de haberme encontrado a Nacho Maldonado en mi camino personal, familiar y profesional. Muy contenta de que haya venido a iluminarnos con su sabiduría, con su gran compromiso social y sentido de responsabilidad por el bienestar de otros seres humanos.

Celebro su vida y los aportes que ha realizado a lo largo de la misma.

Agradezco a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la oportunidad que nos brinda de rendir este reconocimiento y agradecimiento a Nacho.

 Clara Jusidman

19 de junio de 2024.

Articulación de cinco plataformas de paz

1. Persistirá la polarización provocada desde la presidencia de la República con mayor intensidad contra las clases medias y altas, contra la academia, las ciencias y las artes, los comunicadores y los medios a partir de los resultados electorales: de la lista nominal de electores 40% no acudió a las urnas; 35 % lo hizo a favor de Claudia Sheinbaum y AMLO; 15 % por la coalición opositora y 10 % por el MC.
2. Las razones que determinaron el voto a favor de Morena y sus partidos rémora es el aumento de ingresos de la población de menores recursos por los aumentos a los salarios mínimos, las transferencias monetarias, las remesas y la amplia campaña de compra de votos. Las personas prefirieron tener el dinero seguro en su bolsillo que apostar a promesas de realización de sus derechos sociales a programas inciertos de la oposición.

Las clases media y altas que votaron a favor de Morena podría dividirse en dos: las izquierdas de esos sectores piensan que la 4T generó una identidad y un empoderamiento de los sectores de población históricamente excluidos o marginados que les permitirá cambiar sus vidas frente a las élites que han sido insensibles a la desigualdad imperante.  Otros (empresarios, clases medias con mejor formación) votaron por Claudia Sheinbaum por su calidad de científica, piensan que llevará a cabo un mejor gobierno que el de AMLO y tendrá un gabinete con personas con mayor preparación. Le ven más capacidad para gobernar que a Xóchil Galvez a quien consideran una improvisada, sin experiencia y cuya coalición no presentó propuestas interesantes

• El riesgo del empoderamiento de los sectores históricamente excluidos podría generar más violencia hacia los sectores que consideran o les han sido imbuidos como culpables de su situación. Las encuestas sobre la reforma a la Suprema Corte de Justicia muestran el resultado de un proceso de inducción intencionada en esa línea. Posiblemente otras encuestas a la población aprobarán varias de las reformas que ha propuesto AMLO como la desaparición de órganos autónomos, el carácter militar de la guardia nacional o la desaparición de la representación de las minorías en el Congreso.
• La única posibilidad de que esas reformas sean detenidas y revisadas está en la lucha que pienso está ocurriendo entre Claudia Sheinbaum y AMLO para que varias de ellas se discutan en parlamento abierto en donde realmente se escuchen diferentes voces y se hagan los ajustes necesarios a las propuestas y logrando que esos parlamentos no sean un mero trámite.
• Los escenarios en términos de control real de poder entre Claudia y AMLO se irán aclarando con la conformación del Gabinete:
• Un primero es que AMLO dejara que Claudia formar a su gabinete con las personas que ella desee y con aquellas con las que asumió un compromiso personal previo: es el caso ya de los dos líderes de bancadas del Congreso.
• En el otro extremo al escenario es que AMLO controle a Morena imponiendo al sucesor de Mario Delgado y con ello logre también el control del Congreso con las mayorías calificadas en las dos Cámaras; tenga éxito en cambiar la forma de elegir a los integrantes del poder judicial federal y por la vía de Morena se apodere de la Suprema Corte de Justicia y que además coloque a sus incondicionales en la Secretarías de Gobernación, Defensa, Marina y Bienestar. Con ello lograría someter al Ejecutivo y mantener la cohesión de Morena y de sus partidos rémora. En este escenario Claudia terminaría siendo la vicepresidente como señalan algunos editorialistas.
• Un tercer escenario sería que acordaran cumplir con los compromisos que ambos asumieron con las corcholatas que no resultaron electas y en su caso, con los partidos rémora y que acordaran el resto de las posiciones del gabinete permitiéndole a Claudia una mayor posibilidad de elección y  control.
• Existe una clara diferencia entre reformar la forma de elegir al Poder Judicial Federal respecto de una reforma al sistema de justicia en el país. Lo planteado hasta ahora por AMLO, como señala José Ramón Cossio, busca eliminar el contrapeso que ha ejercido la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional, a las reformas a la constitución que eran de interés de AMLO. Se trata más bien de una revancha contra los ministros de la Corte que sería muy costosa para el país y para la presidencia de Claudia Sheinbaum.  
• Una reforma al sistema de justicia, que es lo que la población realmente demanda, implicaría transformas las fiscalías y los poderes judiciales locales, incluyendo policías, ministerios públicos, la actividad forense. Es necesario aumentar los presupuestos a las fiscalías, formar, seleccionar y contratar a mejor personal, con niveles dignos de retribución y fortaleciendo sus capacidades de investigación y desarrollo de expedientes, entre otros aspectos. También implica desvincular a los poderes judiciales de los gobernadores en turno, profesionalizarlos y separar los consejos de la judicatura para que puedan ejercer una verdadera labor de vigilancia. Fortalecer las defensorías de oficio y acercar y simplificar los servicios de procuración e impartición a la población en el territorio. La procuración e impartición de justicia debe dejar de ser una caja negra, costosa e inaccesibles para la población y poder acabar con los altísimos niveles de impunidad, que sólo alientan mayor delincuencia.
• Es previsible y ya está ocurriendo una reacción de los mercados y de las inversiones internacionales ante un país que no de certeza jurídica y no respeta el estado de derecho. Podría desatarse una huida de empresas y de personas con recursos económicos y desalentar la oportunidad de relocalización de empresas ante el cambio de las relaciones globales; con ello reducir la capacidad de generación de empleos y llevar a mayor empobrecimiento.
• La vulneración a derechos humanos y libertades podría profundizarse en materia de libertad de expresión, libertad de organización, de debido proceso, de reparación de daño, de respeto a la vida y al patrimonio, entre muchos otros derechos. Tampoco se ve fácil la recuperación de las capacidades estatales para proveer de bienes y servicios públicos sociales como salud, educación, vivienda, protección social, trabajo y protección del medio ambiente.
• Requerimientos de recursos fiscales para poder sostener las transferencias monetarias que además se propuso ampliar, así como para hacer inversiones en infraestructura necesarias para aprovechar relocalización de empresas y  para dar mantenimiento a una serie de infraestructuras que se encuentran deterioradas como son las de agua (urbana y riego), energías limpias, salud, educación.

Sin embargo, dado el cambio en el mundo del trabajo por las revoluciones industriales en curso, es probable que ocurra una mayor informalización de la economía y una reducción de la captación de ingresos fiscales.

1. Cambio climático plantea aumento de riesgos de catástrofes naturales y antropogénicas (huracán en Acapulco, aumento del nivel del mar, inundaciones, fuertes vientos, aumento de las temperaturas). Su deficiente manejo como está ocurriendo en Acapulco,  genera aumento de la delincuencia y de la violencia y atenta contra la paz.
2. Se menciona la necesidad de la separación del poder político con respecto del poder económico, pero ahora es más importante la separación del poder político del poder criminal e incluso del económico y llegar a acuerdos que limiten las actividades de la delincuencia, como ocurre en otros países. Cada vez extorsiona, despoja, desaloja, mata, desaparece y abusa más de las poblaciones y comunidades en el territorio.

La perspectiva para la construcción de paz no parece ser muy alentadora. Es necesario llevar a cabo un trabajo intenso a partir de proyectos y acciones con recursos comunitarios, empresariales, de sociedad civil, de las iglesias, de las universidades, organizaciones campesinas y de trabajadores, de alianzas binacionales.

Personalmente pienso que son indispensables intervenciones contundentes de contención en zonas donde la violencia y el control del territorio esta totalmente en manos de la delincuencia y la población vive con miedo, con violencia normalizada o está huyendo y abandonando sus comunidades y sus patrimonios, inclusive para huir de México.

Debe haber una voluntad desde el poder político para cambiar la situación y poner recursos, conocimientos e inteligencia, recuperación de experiencias y de articulaciones valiosas para lograrlo. Si esto no existe de origen, será muy difícil esperar que con incidencia local, nacional o internacional se pueda lograr abatir la criminalidad en el país.

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Marzo 1, 2024

Buenos días, saludo a mis compañeros de mesa y a quienes nos acompañan en la presentación de este breve, pero sustancioso texto del Dr. Cordera.

El  libro “Una mirada al desarrollo mexicano” fue publicado en la serie “Cuadernos del Seminario” por el Seminario de Cultura Mexicana en colaboración con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED). El Dr. Cordera y yo somos miembros del Seminario, una interesante e histórica institución fundada por José Vasconcelos en 1942, para la difusión de la cultura en todo el país.

El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo como ustedes saben, es a su vez un importante programa de la Universidad Nacional Autónoma de México que integra a brillantes investigadoras e investigadores de varias generaciones, y es dirigido por el Dr. Cordera.

Estoy segura de que para nadie de las y los presentes es desconocida la profunda capacidad analítica y de articulación conceptual y teórica que, sobre muchos aspectos de la realidad nacional, tiene Rolando Cordera, así como su sostenida convocatoria a la reflexión y a la producción de pensamiento colaborativo. Mantiene asimismo, una aportación constante a la discusión pública mediante su producción editorial semanal.

En particular, destaca su conocimiento y su interés por desentrañar las complejidades de la economía política y de la cuestión social de México y de América Latina, así como la relación con Estados Unidos y el Mundo.

En el texto que hoy presentamos, el Dr. Cordera logra nuevamente combinar el análisis macroeconómico y sectorial con el político. Los relaciona con las visiones ideológicas dominantes en el mundo y las fuerzas en disputa por el poder, así como con la cuestión social expresadas en sus grandes fallas: la persistente desigualdad y la aguda pobreza.

Como ávido lector, investigador y profesor, los escritos de Cordera se alimentan de los teóricos marxistas, de los keynesianos, de la social democracia y de manera muy importante, del pensamiento de la CEPAL en su análisis sobre la heterogeneidad estructural y la importancia del progreso técnico.

En 1981 junto con Carlos Tello, publicó un importante texto “La disputa por la Nación. Perspectiva y opciones de desarrollo” escrito ante el ocaso de un modelo de gestión de la economía nacional gestado después de la Revolución Mexicana.

Como lo señala Cordera en su texto actual, ese modelo se fue estructurando a partir de los años treinta con la presidencia del General Lázaro Cárdenas y se basó en la centralidad de la idea del “desarrollo desde dentro”, con la mira puesta en modernizar la economía nacional mediante la industrialización, teniendo al Estado como principal promotor creando y controlando las industrias básicas como el acero, la electricidad y el petróleo, e invirtiendo en  infraestructura carretera, hidráulica y de comunicaciones.

Ese modelo nos recuerda Cordera incluyó también una serie de medidas para incidir en el bienestar de la población como fue un importante reparto agrario y el desarrollo de servicios públicos de salud, educación y protección social. Fue la etapa de nuestra historia donde se consolida la identidad nacional y se crea un Estado con el desarrollo de una importante institucionalidad pública.

Ese modelo fue muy exitoso en sus primeros 25 años, hasta finales de la década de los años sesenta. Tardó otros veinte años en debilitarse hasta llegar a la llamada década perdida de los años ochenta.

En esa década transitamos entonces a un modelo abierto a la economía mundial, que permitió el ingreso de mercancías e inversiones de todo el mundo. Esa apertura fue realizada en julio de 1986 de manera muy abrupta con la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), durante la presidencia de Miguel de la Madrid. Fue operada fundamentalmente por el grupo de los llamados Doctores que continuaron a cargo de las principales decisiones económicas en la presidencia de Carlos Salinas.

Recuerdo que representó un golpe mortal para varias ramas de la industria manufacturera que habían nacido y vivido protegidas de la competencia extranjera, bajo el modelo de protección del mercado interno, que para algunos analistas se prolongó demasiado. Como directora del Instituto Nacional del Consumidor a finales de la década de los ochenta, fuimos testigos de la invasión de juguetes, ropa, electrónicos, llantas de muy mala calidad, provenientes principalmente de los países asiáticos.

Ese cambio de modelo económico del país significó también una drástica disminución de la injerencia del Estado en la economía. Se vendieron más de 1 000 empresas que estaban en manos del sector público. Lamentablemente se inició asimismo el retiro del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos de calidad en materia de bienestar social, situación que ha subsistido hasta la fecha.

Se pasó al predominio del mercado y de la inversión privada con la expectativa de que ésta sustituyera a la importante inversión pública, que fue el motor del modelo anterior y generó la infraestructura gracias a la cual sigue funcionando nuestro país.

De la lectura del primer capítulo del libro de Cordera, que hace un breve y rico recorrido histórico dividido en tres etapas, creo importante destacar el hecho de que debió transcurrir poco más de un siglo lleno de turbulencias, desatinos y confrontaciones desde el fin de la Guerra de Independencia en 1821, para que las facciones que existían en el territorio, reconocieran a la autoridad federal, se constituyera finalmente una identidad nacional y se empezara a generar un partido político fuerte y a desarrollar una institucionalidad estatal.

Ya el siglo XX nos tardamos setenta años en substituir por la vía pacífica, a ese partido dominante del poder y alcanzar una democracia electoral de baja intensidad que poco se ha traducido en el bienestar para las mayorías y, por tanto, como señala Cordera en desarrollar ciudadanía social.

El proceso histórico de los dos últimos siglos, como reflexiona el autor, fue dejando lastres de élites cada vez más desvinculadas del resto de la población, concentradoras de enormes riquezas, profundizando la desigualdad y la pobreza y una trayectoria de “inconclusiones” como él las llama.

Yo agregaría que fue desarrollando profundos y persistentes entramados de corrupción, comportamientos cada vez más cínicos en política que han sumido al país en las violencias, bajo el manto protector de la impunidad. Cómo dirían los clásicos, el dinosaurio persiste y es cada vez más rijoso.

La lectura del texto del Dr. Cordera, con quien he compartido 60 años de vida pública, me hizo recordar y entender mejor, momentos de nuestra historia en donde tuve algunas experiencias como servidora pública.

Uno de ellos fue cuando el presidente José López Portillo, como lo relata Rolando, decidió que los ingresos públicos aumentados por la explotación de los nuevos yacimientos de petróleo fueran “sembrados” en el país y no guardados en un fondo. Con ese fin y ante el creciente problema del empleo, en el Programa Nacional correspondiente, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social incluimos varios proyectos altamente generadores de empleo como el desarrollo de la acuacultura, la recuperación de suelos erosionados, la reforestación para generar pequeñas fábricas productoras de papel. Como consecuencia, se sembró nopal en muchas regiones secas del país, se impulsó más la acuacultura y floreció el Servicio Nacional del Empleo.

El rápido y profundo recorrido de dos siglos de nuestra historia económica y social y la insistencia de Rolando Cordera en una serie de reformas necesarias y urgentes como es una reforma fiscal acompañada de una revisión reflexionada y sustentada del gasto público, la recuperación de los prácticas de planeación y programación,  la reconstrucción de las capacidades del Estado para proveer bienes públicos de calidad, la importancia de aumentar la inversión pública y el progreso técnico y con ello, el crecimiento con distribución del ingreso y la riqueza para enfrentar la desigualdad y la pobreza, son resultado de muchos años de reflexión, estudio y promoción del diálogo.

El texto que hoy presentamos es por lo tanto, una reiterada convocatoria y propuesta de Rolando Cordera y de los grupos de pensamiento que lo han venido acompañado, así como de los investigadores jóvenes que se han ido incorporado a estos, a cambiar el curso del desarrollo de nuestro país; a pensar y dialogar de manera participativa, incluyente y democrática y conducir a un desarrollo con crecimiento y distribución.  

Con tanto estado como mercado sean necesarios, pero que al fin nos permita llegar a la conclusión de tantas experiencias inconclusas, arribar a una sociedad con mayor y más libre participación política, a mayor justicia social y a un futuro autogenerado y planeado y no como resultado incierto del proceloso cambio de época que estamos viviendo.

San Ildefonso

 2 de mayo de 2024

Agradezco la amable invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México para participar en este merecido homenaje a la obra, acción y pensamiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, una persona que es ejemplo del buen y del bien hacer en la historia de nuestro país.

Me corresponde hablar sobre su participación y legado en la lucha por la democracia en nuestro país, lamentablemente inconclusa como una democracia progresista, tal como él la ha planteado, y que se encuentra en grave riesgo de retroceder, aún en sus precarios, lentos y costosos avances como democracia representativa.

Para exponer el importante aporte del Ingeniero en materia de democracia quisiera abordarla desde mis personales acercamientos a su trayectoria  como promotor de instrumentos y enfoques en la gestión de lo público y en los últimos años, su liderazgo para  promover y exigir la construcción y aplicación de un proyecto de nación que surja de la participación y el diálogo entre la diversidad de actores sociales, marque las rutas para superar las diversas desigualdades; restaure, profundice y actualice un sistema electoral representativo al borde del colapso; recupere la soberanía en la gestión de nuestros recursos naturales, en especial en el campo energético; reduzca el extractivismo que está teniendo efectos irreversibles en el medio ambiente y enfrente con fuerzas civiles debidamente dignificadas, capacitadas,  equipadas y con apoyo de inteligencia de investigación, la creciente violencia que agobia al país.

A riesgo de que Javier Garciadiego me repruebe, quisiera hacer un relato un tanto histórico de mi relación y admiración del trabajo silencioso, sostenido, ético y fundamental del Ingeniero Cárdenas como constructor de una democracia y un proyecto progresista en nuestro país, congruente con su profesional original.

Conocí al Ingeniero Cárdenas a finales de la década de los años setenta del siglo pasado como Subsecretario Forestal y de la Fauna cuando siendo Directora General del Empleo le fuimos a proponer un proyecto de reforestación para la producción de papel y la generación de empleo. Ello como parte del propósito del entonces presidente de la república, José López Portillo, de utilizar los ingresos extraordinarios derivados de los recientes descubrimientos petroleros para enfrentar el aumento del desempleo que venía ocurriendo en México y en el mundo.

Posteriormente, lo busqué de nuevo como Gobernador de Michoacán para proponerle echar a andar los Servicios de Empleo locales con recursos federales.

Para mi generación de economistas el Ingeniero representaba un importante promotor de la planeación del desarrollo como presidente de la Sociedad Mexicana de Planificación que, creada en 1961, fue precursora y promotora de la oleada de planes de desarrollo y de la institucionalización de la planeación urbana a principios de la década de los años ochenta.

No volví a ver personalmente al INGENIERO que, en 1987 junto con un grupo de prominentes priistas con la maestra Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, iniciaron la gran revuelta en favor de la democracia en el partido de estado. Como consecuencia y ya como Frente Democrático Nacional, postularon al Ingeniero Cárdenas para la presidencia de la República en 1988.

El desaseado proceso de 1988 cimbró por fin al sistema electoral que controlaba y manipulaba la Secretaría de Gobernación. Como resultado tres partidos de izquierda se unieron para constituir el Partido de la Revolución Democrática  (PRD), pero además, desde mi perspectiva se desataron dos procesos importantes para la democracia representativa en el país:

1. El Gobierno de Carlos Salinas se vio obligado a depurar, rehacer y garantizar la confianza en el padrón y las listas electorales, modificar y cambiar la estructura y dependencia del sistema electoral mexicano  y a iniciar un importante  proceso de reformas políticas con la participación de representantes de los partidos políticos.
2. En segundo lugar, se motivó el florecimiento y organización del activismo ciudadano que ya había surgido en los sismos de 1985 para hacer frente a la tragedia ante la parálisis de los gobiernos federal y local. En esta ocasión se orientó a impulsar la democracia en el país.

Yo dejé el Gobierno Federal hasta 1991 para incorporarme al activismo ciudadano desde el Acuerdo Nacional por la Democracia (ACUDE). Varios integrantes de ACUDE fuimos a ver la Ingeniero Cárdenas en la calle de Andes como presidente del PRD y, como yo lo percibí en ese momento, casi como fundador de nuestra organización.

No recuerdo si en esa ocasión le pedimos su apoyo para realizar el Plebiscito Ciudadano de 1993 en la Ciudad de México. La  idea de llevarlo a cabo había surgido en ACUDE y fue propuesta al Gobierno de la Ciudad, encabezado por Manuel Camacho, por 9 asambleístas de distintos partidos, entre los que se encontraban Demetrio Sodi y Amalia García, integrantes de ACUDE. Solamente el liderazgo del PRD a cargo del Ingeniero, apoyo claramente ese proceso, en tanto que el gobierno del D.F., pretendió apoyarlo, pero evitó su difusión en los medios de comunicación, provocando una baja participación de la población.

El plebiscito buscaba promover la ciudadanía política plena de los habitantes del entonces Distrito Federal. Un logro que se alcanzó hasta la promulgación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017, casi 25 años después. El Ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y la Maestra Ifigenia, participaron y promovieron esa importante reivindicación ciudadana hasta lograrla. El Ingeniero, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez con otras personas de sociedad civil, de la academia y legisladores participamos en el Grupo Redactor del Proyecto de Constitución.  Porfirio, Alejandro Encinas,  y yo quedamos como diputados constituyentes a propuesta del Jefe de Gobierno. Afortunadamente, también Enrique Provencio entró como diputado por el PRD junto con la Maestra Ifigenia. En todo el proceso que duró un año, se contó con el apoyo constante del grupo de profesionales y expertos amigos que han acompañado al ingeniero en los temas de desarrollo urbano, como Carlos Lavore y  Robeto Eibenshutz.

Pero volviendo a la década de los noventa del siglo pasado, el 1º de enero de 1994 ocurre el levantamiento zapatista, tienen lugar dos lamentables asesinatos el de Luis Donaldo Colossio y el de José Francisco Ruiz Massieu y se da la elección presidencial.

El movimiento ciudadano en lucha por la democracia se amplió y consolido ese año:

Primero, creando un cerco de protección de organizaciones ciudadanas al MZLN ante la presencia del ejército que rodeó la zona del levantamiento y obligando al Gobierno a sentarse a dialogar para buscar la paz.

Asimismo, se crea Alianza Cívica, un importante movimiento de organizaciones ciudadanas entre ellas ACUDE, que posponen sus agendas propias y dan prioridad a la realización de un inédito proceso de observación electoral en todo el país.

Finalmente, se desarrollaron las comidas promovidas por el Grupo San Ángel con los candidatos a la presidencia de la República.

Entiendo que el Ingeniero asistió a algunas de esas comidas. Su apoyo al activismo ciudadano siempre se mantuvo debido a su sostenida convicción de que la participación ciudadana es un elemento fundamental de toda auténtica democracia.

Por su parte, los partidos políticos continuaron trabajando con la Secretaría de Gobernación para lograr todas las garantías posibles de que en 1994 no se repetiría lo ocurrido en 1988 y que se pondría en operación un sistema electoral modificado y con un padrón confiable. El PRD jugó un importante papel en ese cambio, promoviendo ideas innovadoras, exigiendo y construyendo mecanismos que aseguraran la calidad y certeza del proceso electoral.

Quisiera aprovechar también esta oportunidad para honrar la memoria del Dr. Jorge Carpizo, exrector de esta Universidad, que como Secretario de Gobernación asumió un papel fundamental para garantizar que el proceso electoral de 1994, en el que por segunda ocasión participaba el Ingeniero Cárdenas como candidato de las izquierdas, se desarrollaría de manera limpia, confiable, con una organización impecable, supervisado por observadores nacionales e internacionales y con resultados prontos al incorporar la modalidad de conteos rápidos de los votos.

Una vez realizada la elección como resultado de la importante Reforma Política de 1996 y 1997, el Instituto Federal Electoral “cuidadanizado” pasó a hacerse cargo de la organización del proceso de las elecciones intermedias de 1997.

En esas elecciones, por primera vez, a casi 700 años de la creación de la Ciudad de México, la ciudadanía del Distrito Federal eligió a su primer jefe de gobierno. Para nuestra fortuna, resultó electo el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, terminando con una subordinación de la Ciudad a los poderes federales controlados por el PRI a lo largo de casi 70 años. Los gobiernos de ese partido habían ido perdiendo la orientación social definida en la Constitución del 1917 en favor del mercado y la acumulación privada.

Yo me incorporé a petición del nuevo consejo del IFE, como directora del Registro Federal Electoral para apoyar la confianza en las nuevas herramientas, normas y estructuras electorales. Duré solamente nueve meses en el cargo pues no estuve de acuerdo con la actitud del Consejo General de IFE que empezaba a dar prioridad a los deseos de los partidos políticos por sobre la protección de la información que nos brindaban los ciudadanos.

Al regresar de un viaje con mi familia, me encontré con una llamada del Ingeniero Cárdenas. Realmente yo no lo conocía personalmente. Para mi alegría, me ofreció la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México.

En el gobierno de la Ciudad tuvimos que construir, nuevamente como tarea de ingenieros, una estructura institucional que, por haber sido un Departamento del Gobierno Federal, era casi inexistente o superficial. Nos encontramos, además, con dos descentralizaciones inconclusas, las de salud y las del DIF nacional, con una deuda enorme de los gobiernos anteriores, con un personal desanimado y mal acostumbrado y con un gobierno y un congreso federales resentidos por la pérdida de control de la ciudad más importante del país.

Bajo la acertada, paciente y respetuosa dirección del Ingeniero Cárdenas construimos el edificio institucional que ha permitido gobernar la Ciudad a los siguientes cuatro gobiernos de la izquierda.

En los últimos quince años he acompañado el  afán del Ingeniero por recuperar un proyecto de nación que se preocupe y ocupe de las personas, que cierre las brechas económicas, sociales y de género, que rescate nuestra soberanía energética y alimentaria, desarrolle y recupere nuestra democracia, combata con eficacia las violencias, acabe con la discriminación y maltrato a los pueblos originarios y reconstruya las capacidades del Estado para ofrecer bienes públicos de calidad en materia educativa, de salud y de protección social.

Seguramente en este homenaje en las siguientes intervenciones hablarán de las iniciativas y trabajos convocados por el Ingeniero Cárdenas de Por México Hoy, de la Fundación para la Democracia y del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo.

Mi agradecimiento profundo al Ingeniero Cárdenas por su incansable labor para hacer de nuestro país una nación digna, justa y próspera.

Clara Jusidman

Abril 2024

Aviña

Foro ¿Por qué hemos llegado a estos niveles de violencia?

Pregunta 1: ¿Cuáles son las dinámicas que están detonando los conflictos en la comunidad?

Antecedentes

Con frecuencia nos limitamos a explicar las violencias a la ausencia de una política de seguridad y justicia pertinente y sostenida en el tiempo, aplicada desde los poderes del Estado y articulada entre las instituciones responsables, en los tres niveles de gobierno.

Desde 2003 realizamos en INCIDE Social A.C., en colaboración con varias organizaciones de la sociedad civil de ciudad Juárez y académicos de la UACJ, un diagnóstico sobre las causas económicas, sociales y culturales de la violencia en esa ciudad.[1] A raíz de la visibilización  de una ola de lo que ahora se denominan feminicidios, mostramos que las causas de las violencias son múltiples, estructurales, complejas y se dan en varios niveles.

Tienen que ver con lo que ocurre al interior de las familias, de las escuelas y de las comunidades; que el crecimiento urbano acelerado y descontrolado influye; que el debilitamiento de las capacidades estatales para ofrecer servicios de salud, de educación, de deporte y culturales públicos es un ingrediente importante; que el tipo de manejo que hacen los medios de comunicación que privilegian las “notas rojas” o la exposición de actos violentos también; que las oportunidades de desarrollo personal y el cuidado de los adolescentes es fundamental; que la falta de políticas de acogimiento e inclusión de los migrantes a nuevos entornos, provoca muertes y maltrato; que la histórica debilidad de los gobiernos municipales impide sus tareas de prevención, atención y contención de las violencias o que la proliferación de giros negros, por ejemplo, es un factor precursor de entornos violentos.

A partir de esa experiencia en 2009 y 2010 promovimos y apoyamos la realización de otros cuatro diagnósticos para las áreas metropolitanas de Guadalajara, Tijuana y Aguascalientes[2] y un segundo diagnóstico para Ciudad Juárez, así como una “Nota Metodológica para el diagnóstico territorial de las causas sociales de las violencias”[3].

En 2011 y 2012 a partir de nuestra experiencia se elaboraron varios diagnósticos municipales a partir de un Subsidio para la Seguridad Pública Municipal que en el gobierno actual ya no se mantuvo. En Incide Social logramos rescatar cerca de 170 diagnósticos municipales y se hizo un ejercicio para sintetizar los hallazgos principales en ocho ámbitos:

1. Control de los medios de comunicación por el Estado y poderes Fácticos.
2. Desarrollo del crimen organizado
3. Desarrollo del tejido social
4. Capacidades del Estado para proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos
5. Modelos de socialización de los seres humanos
6. Oportunidades de desarrollo social
7. Composición, estructura y relaciones familiares
8. Modelo de desarrollo territorial y aprovechamiento de recursos naturales

Causas económicas que impactan a las comunidades y la vida familiar

Contexto internacional

Centraré mi intervención en las causas económicas que han influido en la capacidad de las comunidades locales y de las unidades familiares para fijar límites a conductas violentas de sus integrantes y de contribuir al desarrollo de personas dignas.

Debemos partir de que estamos en un contexto mundial de economías de mercado donde priva el interés por la obtención de ganancias de manera lícita o ilícita. En ese sentido, el comercio mundial de drogas, prohibidas por una imposición de Estados Unidos, es un mercado altamente redituable. La principal demanda proviene de países con ingresos personales elevados, como es el propio Estados Unidos y los países de Europa Occidental.

Lamentablemente los oferentes más destacados se han ubicado, desde hace años, en América Latina, primero Colombia y ahora México, lugares cercanos al principal mercado mundial, lo cual fue aprovechado por el mismo gobierno de Estados Unidos para producir droga para sus ejércitos y para controlar conflictos en sus ciudades.

En la región existen los recursos naturales que facilitan la producción de sustancias para la elaboración de drogas (mariguana, cocaína y heroína) y más recientemente, con la participación de China, el establecimiento de laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas, a partir de precursores provistos desde ese país y laboratorios establecidos en nuestros países.

Se trata entonces de empresas globales que funcionan de manera clandestina que controlan la producción, el procesamiento y la distribución de estupefacientes con las tecnologías más modernas.

Al ubicarse en un mercado clandestino, con altos niveles de impunidad, resulta fácil, a quienes participan en éste, incorporarse y desarrollar otros mercados de ese tipo como el tráfico de armas, el de personas y el de órganos, el de especies reservadas, el de combustibles, el de bienes patrimoniales, incluso el de agua, entre otros.

Frente a la ausencia de políticas, eficaces, articuladas y sostenidas en el tiempo, de prevención social y de contención mediante el uso legítimo de la fuerza, y ante la colusión de autoridades a diferentes niveles con las bandas criminales, la delincuencia en México se ha extendido hacia el sometimiento de actividades económicas lícitas como el cultivo y la venta del aguacate, del limón y de otros cultivos, el control de la provisión de bienes de consumo en varios territorios como pollo, huevo, lácteos, materiales de construcción, o el cobro de piso a empresas de distintos giros en zonas que dominan, así como el despojo de bienes colectivos como son tierras, bosques y aguas de comunidades indefensas. El tráfico y secuestro de migrantes se ha convertido en un negocio altamente lucrativo.

Se constituye así una economía negra al nivel mundial, que funciona y rinde enormes ganancias, fuera del control de las instituciones y leyes nacionales, e incluso de los pactos e instrumentos internacionales acordados por los gobiernos de los países.

Los operadores de estas grandes empresas y redes comerciales imponen sus lógicas con un enorme poder de fuego en las comunidades, particularmente en las zonas rurales, mediante la amenaza, el terror, asesinatos, secuestros, desapariciones, desplazamientos, mediante la corrupción y la designación de autoridades locales y actualmente la imposición de candidaturas. 

Llevan a cabo así una destrucción intencionada de los límites que establecían las familias y las comunidades locales para aquellos de sus miembros que trasgredían las reglas de convivencia y de solidaridad, así como el respeto a la naturaleza y a los recursos colectivos: modelos culturales que funcionaron por años y que permitían dirimir conflictos, ejercer justicia, castigar a los trasgresores, configurar conductas de solidaridad, comunicación, participación y organización. Obviamente estos modelos también producían exclusión maltrato e injusticas para algunos de sus miembros, destacadamente las mujeres.

El tejido social de muchas comunidades se fue destruyendo por los cambios en las estrategias de sobrevivencia de los miembros de las comunidades rurales ante la pobreza y el abandono del campo mexicano por los gobiernos desde los años sesenta del siglo pasado, así como por el extractivismo diverso, como la minería, la agricultura comercial de exportación, la silvicultura depredadora del bosque, el uso del agua para abastecer ciudades, etc.

Esas estrategias incluyen la migración hacia Estados Unidos con creciente dificultades para mantener los lazos familiares por las políticas migratorias; la participación en trabajos urbanos, la migración hacia las ciudades y el uso de tierras y de trabajo para la producción de drogas.

Al deterioro de la vida rural contribuye la desaparición de las policías rurales y comunitarias, la persistencia de cacicazgos y la formación de nuevos, la pérdida de vocaciones de la iglesia católica, la exposición de los jóvenes a las nuevas tecnologías, la reducida duración, los bajos presupuestos y nula profesionalización de los gobiernos municipales. Los viejos conflictos agrarios y religiosos y más recientemente, los políticos, han contribuido a disminuir las capacidades de las propias comunidades para procesar y contener las violencias.

¿Por qué se desarrolló en México una economía negra?

Ahora bien, una pregunta deriva de lo anterior es ¿por qué México se ha convertido en el país de origen de los grupos del crimen organizado más protagónicos al nivel mundial? lo que ha perturbado de manera profunda, la vida colectiva y la paz.

¿Cuáles fueron las causas económicas que subyacen en las violencias que estamos viviendo?

La política salarial y laboral del gobierno federal.

Después del aumento de 23% otorgado a los salarios mínimos legales a partir de 1976 para compensar una fuerte devaluación del peso mexicano, los gobierno que siguieron decidieron que era demasiado elevado. La siguiente administración inició a hacer fijaciones anuales que significaron la caída sostenida de su poder adquisitivo a lo largo de casi veinte años hasta reducirlo a la cuarta parte de su valor. La decisión de abrir el país, de manera abrupta a la economía mundial en 1982 reforzó esa estrategia con miras a ofrecer mano de obra barata.

Ante la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994,  el gobierno detuvo la caída del poder adquisitivo de los salarios mínimos legales y pasó a una etapa que duró otros veinte años, en donde se mantuvo ese bajo nivel. Cada año, se les reponía sólo lo que habían perdido con el aumento de los precios. La participación de los salarios en el producto nacional bajo de representar el 40 por ciento a sólo el 28 por ciento.

Es hasta el gobierno actual, se comenta que, a propuestas de los empresarios, que el salario mínimo legal aumentó su poder adquisitivo en más del 100 por ciento. Con el nuevo Tratado de Comercio de Norteamérica, el gobierno se vio obligado a elevar los salarios en la frontera norte del país para hacerlo equiparable con el que se ofrecía en California.

El efecto de la caída de los salarios mínimos legales durante 40 años en el desarrollo de las personas.

Entre el 65 y el 70 % de los ingresos de las familias mexicanas proviene de la venta de su trabajo en los mercados laborales.

La política salarial mexicana desde 1976, consistió en reducir el valor del tiempo de trabajo que destinan las familias a las actividades de trabajo por pago por lo que tuvieron que aumentar los tiempos extras, las dobles jornadas, , segundos y terceros trabajos en la economía informal y la incorporación de otros miembros al mercado de trabajo. Por lo tanto, se vieron obligadas a disminuir el trabajo reproductivo y de cuidado, el que sirve para criar, educar, alimentar bien y hacer crecer con dignidad a las personas, tareas que con mayor frecuencia recaen sobre las mujeres.

Esa política provocó un empobrecimiento del valor del tiempo de trabajo de las personas y de las unidades familiares.  Provocó el desperdicio del bono demográfico, (cuando es mayor el número de población joven en la estructura demográfica del país y de las familias) destruyó los modelos de movilidad social que habían operado hasta la década de los años ochenta: consistente en estudiar, obtener un trabajo digno y con protección social y acceder a una pensión en la vejez.

Ello opero en contra del tiempo dedicado al autocuidado y a cuidar a otros miembros del grupo familiar: niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad.

A lo anterior se han sumado los prolongados tiempos destinados al traslado hacia el trabajo, o a los servicios como escuelas, mercados clínicas, así como un aumento en la proporción del ingreso familiar que se destina al transporte público.

Las familias más afectadas han sido las que están en la primera etapa del ciclo de vida familiar y tienen niños y niñas pequeños, menores de 10 años. Su disponibilidad de tiempo para ofrecer en los mercados laborales es muy reducida: sólo el de una persona en los hogares monoparentales o dos personas. Están frente a la disyuntiva de o consiguen la sobrevivencia de sus pequeñas familias o cuidan y crían a sus hijos. Por ello, una proporción mayor de niños, niñas y adolescentes viven y se crían en familias en pobreza.

He sostenido desde hace años, que la perversa política salarial de los gobiernos de las siete administraciones previas a la actual, tuvieron un nocivo impacto en la construcción de seres humanos con dignidad al obligar a las familias a reducir los tiempos destinados al cuidado. Con la transición democrática en el año 2000 no se dio el urgente y necesario cambio de la política salarial dado que se sostuvo una política favorable al mercado. Posiblemente es una de las causas por la que una proporción creciente de la población mexicana dejó de creer en la democracia. Nunca recibieron beneficio alguno del cambio.

Adicionalmente, ni esos gobiernos, ni el actual, crearon o desarrollaron en el territorio, la oferta de bienes públicos de calidad que podían apoyar a las familias en las tareas de cuidado y procurar armonizar la vida familiar y la vida de trabajo.

Debieron ampliar la inversión en infraestructura social, mejorar la calidad de sus servicios y desarrollarla en los nuevos poblamientos. Crear suficientes estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, centros de día para personas mayores y personas con discapacidad, promover espacios para lactancia en los centros de trabajo, propiciar mediante programas de ordenamiento urbano el acercamiento entre espacios de trabajo, viviendas y servicios públicos; limitar el crecimiento de unidades habitacionales de interés social de gran tamaño, en zonas alejadas de las ciudades, con viviendas pequeñas y de baja calidad, sin servicios sociales y espacio público; desarrollar el transporte público para reducir los tiempos de traslado al trabajo, a las escuelas, a los servicios sociales; concentrar escuelas de distintos niveles de educación para que los padres no tomen tanto tiempo en llevar a sus hijos a las distintas escuelas; y un sin número de posibilidades de políticas de gobierno que pudieron haber compensado, de alguna manera, la nociva política de compresión salarial y precarización de las condiciones de trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras.

Las altas tasas de violencia en los hogares, subyacente en los altos niveles de violencia que padecemos, y que se agudizaron durante la pandemia del SARS COV 19, no son gratuitas: el empobrecimiento, el hacinamiento, los prolongados tiempos de traslado, la frustración ante la falta de una perspectiva de mejorar las condiciones de vida, la promoción de modelos de consumo que se vuelven inalcanzables, se suman a la impunidad, la corrupción, la fácil disponibilidad de estupefacientes y de armas, la discriminación, la exclusión y la visibilidad de una profunda desigualdad y discriminación en las ciudades y al poco trabajo realizado para que los hombres comprendan, acepten y participen en el empoderamiento de las mujeres y su derecho al tiempo propio.

Por ello es importante restablecer la convivencia al interior de las familias, haciendo posible un entorno más favorable para armonizar la vida familiar con el trabajo y la calidad de la crianza y el desarrollo desde la primera infancia.

Las prácticas que deberían promoverse son:

Desde los gobiernos haciendo accesible, económica y territorialmente, los servicios de cuidado: escuelas, estancias infantiles, servicios y cursos de estimulación temprana y de crianza, espacios recreativos y de encuentro; desarrollo del transporte público; aplicando normas sobre el tamaño de las viviendas, la seguridad y de ubicación de las unidades habitacionales e impidiendo la privatización de los espacios públicos.

Desde las empresas y lugares de trabajo, cumpliendo con la obligación de ofrecer trabajo digno y debidamente protegido, con prestaciones y salarios suficientes. La mitad de los trabajadores asalariados en condiciones de informalidad están al servicio de empresas formales y de gobiernos.   También pueden apoyar a mejorar nuestra fallida fábrica social estableciendo comedores, espacios dignos de aseo y descanso para los trabajadores, facilitando la realización de algunas tareas del hogar como pagos mediante cajeros automáticos, espacios y permisos para lactancia materna, tiempo para recoger a los hijos e hijas de las escuelas, creando espacios seguros para NNA hasta que termina la jornada laboral de sus familiares a cargo, otorgando permisos parentales y de maternidad.

Desde las unidades familiares, desarrollando capacidades de solución pacífica de conflictos, estableciendo explícitamente límites, pactos de convivencia y uso de los espacios y equipos de la familia, así como una distribución explícita de las tareas del hogar y de los tiempos propios, entre sexos y generaciones.

Pregunta 2 ¿Qué pasa en las instituciones de seguridad y justicia que no logran desactivar la conflictividad?

La construcción de la paz es una responsabilidad multinivel: mundial, nacional, estatal, municipal, comunitaria, familiar y de las personas. La articulación de las intervenciones de gobierno al nivel territorial es central.

Incluye distintas materias: condiciones económicas y sociales, justicia, seguridad ciudadana y humana, condiciones laborales y creación de empleos dignos, cultura y arte, pactos y servicios de cuidado.

Depende de la intervención de diversos agentes: personas, familias, maestros y maestras, policías, jueces, funcionarios y servidores públicos, empresarios, organizaciones religiosas, sociales y civiles.

Es muy importante fortalecer a los gobiernos municipales con presupuesto, equipamiento y tecnología actualizada, profesionalización y creando un servicio público de funcionarios municipales. Sólo así, será posible contar con policías municipales de proximidad dignificados y con capacidad de desarrollar confianza entre la población.

Las intervenciones en favor de la paz se concretan en territorios con diversas condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales.

Los servicios de seguridad y justicia enfrentan debilidades desde distintas dimensiones:

Falta de accesibilidad económica y territorial para la población.

Baja disponibilidad por insuficiente existencia de sus servicios en todo el territorio nacional acorde con el crecimiento y la ubicación de la población. Insuficiente presupuesto.

Carencia de calidad y calidez de los servicios que prestan a la población. Maltrato, bajos salarios y falta de reconocimiento a los prestadores de servicios públicos más cercanos a la población: policías, maestros y maestras, personal de salud, de limpieza y de mantenimiento urbano.

Falta de asequibilidad por ausencia de su adecuación a las distintas culturas de en las comunidades en el territorio.

Reducir las violencias y construir la paz es una tarea de todos y todas: personal, de las familias diversas, las escuelas, los barrios, las colonias, las comunidades, y de los distintos órdenes de los poderes del Estado.

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[1] Jusidman C. y Almada H. (2007) La realidad social de Ciudad Juárez, Universidad Nacional Autónoma de Ciudad Juárez. Su puede localizar en www.incidesocial.org  biblioteca.

[2] Los respectivos diagnósticos fueron publicados por el CIESAS de Occidente, el Colegio de la Frontera en Tijuana y la UACJ. El de Aguascalientes no está publicado.

[3] La Nota metodológica fue publicada por CONAVIM en junio de 2011. Se puede localizar en www.incidesocial.org en Biblioteca, así como otros materiales elaborados por INCIDE Social A.C. sobre prevención social de las violencias. La nota fue utilizada por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana entonces a cargo de Laura Carrera, para promover en 2011 y 2012, diagnósticos similares para los municipios apoyados con recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN).  En INCIDE Social A.C. logramos rescatar cerca de 170 diagnósticos municipales de calidad variable, no obstante los obstáculos que impusieron las autoridades del SUBSEMUN para acceder a los mismos y para que no supervisáramos su realización  muchas veces por consultores oportunistas coludidos con funcionarios del propio SUBSEMUN a nivel local.

Clara Jusidman

Universidad de Tlaxcala

23 de enero 2024

Agradezco a la maestra Citlalli Hernández Xochitiotzin, presidenta de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Tlaxcala y al Dr. Serafín Ortíz Ortíz, Rector de esta casa universitaria, su amable invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Derecho Humanos y Paz.

Antecedentes

Como seguramente todos y todas ustedes saben la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 en Paris, por 48 estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, formada entonces por sólo 58 naciones, fue resultado de un largo camino recorrido por la humanidad.

La Declaración constituye una especie de acuerdo de paz entre los países participantes, después de una larga guerra que para algunos historiadores inicia desde 2017 y concluye en 1945, es decir consideran que la primera y la segunda guerra mundial son un continuum.

En un texto que preparé para el Seminario hace algunos años, señalaba lo siguiente:

“A lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido personas que controlan y subordinan a otras. Grupos que ejercen poder sobre otros y los someten a su voluntad, los excluyen, les dan un mal trato, los desconsideran como iguales, no les dan oportunidades para desarrollarse como seres humanos dignos. Esto ha ocurrido en todos los tiempos y en las diversas culturas y civilizaciones”

“La desigualdad de trato se ha manifestado históricamente contra las mujeres, contra los no propietarios, contra los que profesan una religión distinta o tienen un color de piel diferente, provienen de otros territorios o países, son de otra raza o piensan distinto con respecto al grupo dominante”

El antecedente más antiguo del reconocimiento de derechos data del año 539 a.c. cuando Ciro el Grande, después de conquistar Babilonia, liberó a todos los esclavos y les permitió regresar a sus casas; asimismo declaró que las personas tenían derecho a escoger su propia religión.

Es hasta el Siglo XVIII en 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se proclama el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Pero el antecedente histórico que mayor reconocimiento tiene es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en agosto de 1989, como el resultado más importante de la Revolución Francesa. Se trata igualmente en un pacto de paz ente los sectores sociales que combatieron el feudalismo y el absolutismo prevaleciente en Francia. Esta Declaración incluyen los derechos de las personas y de la comunidad y establece que los hombres nacen y permanecen libes e iguales en derechos. Define a “la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” como los derechos naturales e imprescriptibles del hombre.

“La Revolución Francesa sentó las bases para que todas las personas fueran consideradas iguales y con derechos. A partir de entonces, los derechos naturales en su momento, o los fundamentales en otro, se fueron incluyendo en las constituciones elaboradas en los países” de occidente, principalmente. Asimismo, se sentaron las bases de la democracia moderna a partir de la representación, basada en el principio de soberanía popular y la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y nacional.

Los derechos de las mujeres

Sin embargo, esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no se refirió a los derechos de las mujeres ni a suprimir la esclavitud, aunque esta última fue abolida en 1794 en Francia.

Por lo que dos años más tarde de la Declaración, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de las Mujeres y la Ciudadana, en la que planteaba la equiparación jurídica y legal de las mujeres respecto de los varones.  Este atrevimiento constituyó una afrenta para los hombres de la Revolución Francesa; se enfrentó a Robespierre y terminó condenada a muerte y en la guillotina

Las mujeres ocuparon las calles durante las semanas previas a la insurrección y tuvieron un papel protagónico al inicio de la Revolución, pero al no permitírseles participar en la Guardia Nacional, que era el pueblo armado, ni en asambleas políticas, se organizaron en clubes femeninos para informarse y hablar en las plazas públicas. Estos clubes fueron prohibidos en 1993. El Código Napoléonico, aprobado en 1804 terminó con la esperanza de las mujeres de redimir sus derechos a la igualdad y a la libertad. Por el contrario, ratificó su condición subordinada a los varones: padres, esposos e hijos.

 Fue ante la experiencia adquirida por algunas mujeres en las luchas en contra de la esclavitud, que empiezan a defender su derecho al voto. La primera manifestación pública por ese derecho se llevó a cabo en Estados Unidos en 1848. Con la Declaración de Niágara Falls se crea el movimiento sufragista en ese país.

Sin embargo, es hasta principios del siglo XX que los estados empiezan a reconocer el derecho al voto de las mujeres. En 1918 les es otorgado en Gran Bretaña y en 1920 en Estados Unidos. En México fue hasta 1953, en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines.

En 1975 en nuestro país, se llevó a cabo la Conferencia Mundial del Año Internacional la Mujer, bajo la consigna de igualdad, desarrollo y paz en la que participaron 133 gobiernos. A partir de entonces se llevan a cabo conferencias de esta naturaleza cada 5 años, destacando por sus resultados la realizada en Beijing en 1995.

En 1979 la Asamblea de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el primer instrumento internacional que reconoce de manera más integral los derechos de la población femenina. Posteriormente, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se volvió un documento clave para el progreso  y el empoderamiento de las mujeres y para el logro de la igualdad de género. Una de sus doce esferas refiere a los derechos humanos de la mujer.

Casi dos siglos después el mundo reconoció que las mujeres también son personas humanas y tienen derechos.

La Carta de las Naciones Unidas

En la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar entre 1939 y 1945, para muchos historiadores considerada como la prolongación de la Primera Guerra Mundial, participaron las que eran entonces las grandes potencias del mundo divididas en dos bloques: las potencias del Eje (lidereadas por la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini y el Imperio Japonés) y las potencias  Aliadas  (comandadas por el Reino Unido con Churchill a la cabeza, Estados Unidos con Franklin D. Roosvelt como presidente y la Unión Soviética de José Stalin).

Fue una guerra donde estuvieron involucrados varios países, incluyendo a Amín al-Husayni, el gran Muftí de Jerusalén. Aliado con el régimen nazi. Provocó entre 50 y 70 millones de víctimas. Una gran parte de las víctimas murieron la ideología racista nazi, que sostenía la supremacía de la raza germana.

Iniciaron en 1939 con el exterminio de 150 mil personas con discapacidad, entre ellos muchos niños y niñas con discapacidades mentales. A partir de ese año empezaron a concentrar a las poblaciones judías del Este de Europa en campos de trabajo denominados guetos y después exterminados en campos de concentración con los más diversos métodos. Los exterminios incluyeron a población homosexual, gitanos, eslavos, Testigos de Jehová, comunistas, españoles republicanos, sacerdotes católicos y de otras religiones. Se calcula que al menos 20 millones de personas fueron exterminadas por su religión, etnia, origen nacional, orientación sexual o ideológica.

El mundo sufrió una gran devastación. Murieron millones de chinos, soviéticos, alemanes, polacos, japoneses y de otras nacionalidades, tanto militares como civiles.

La búsqueda de poder sobre poblaciones, territorios y recursos naturales, la imposición de ideologías y de verdades únicas por parte de los Estados, destruyeron vidas y riquezas acumuladas por varias generaciones en las numerosas ciudades que fueron bombardeadas. La bomba atómica fue utilizada por primera vez en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas.

Una tragedia como la vivida en esos años, no podía repetirse en la historia de la humanidad. Los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, creada el 24 de octubre de 1945, a través de su Consejo Económico y Social establecieron la Comisión de Derechos Humanos, formada por 18 representantes de Estados miembro a quienes encomendaron elaborar una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos frente a posibles abusos de los Estados.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy es la piedra angular del sistema internacional de derechos humanos fue un gran logro de la humanidad y un documento básico en el reconocimiento de la calidad humana de todas las personas en plena igualdad. En diciembre pasado cumplió 75 años de su aprobación. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz.

La Declaración contiene 30 derechos y libertadas que pertenecen a todas las personas: incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, a la libertad de expresión a la educación, a buscar asilo.

1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales

2. Todas las personas son iguales con independencia de su raza, color, sexo. Idioma, religión, política o el lugar donde ha nacido

3. Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad

4. Toda persona tiene derecho a no ser sometido a esclavitud.

5. Toda persona tiene derecho a no ser sometida a tortura

6. Toda persona tiene derecho a ser reconocida ante la ley

7. Todas las personas somos iguales ante la ley.

8. Todas las personas tienen derecho a pedir justicia se  violan sus derechos

9. Ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida, presa, ni desterrada.

10. Toda persona tiene derecho a un juicio justo.

11. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

12. Toda persona tiene derecho a la intimidad y a no sufrir ataques en su honra.

13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a salir de su propio país y regresar a él.

14. Toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de persecución.

15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

16. Toda persona tiene derecho a casarse y a tener una familia

17. Toda persona tiene derecho a la propiedad.

18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

21 Toda personas tiene derecho a participar en el gobierno y a acceder , en condiciones de igualdad, a las funciones públicas

22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social.

23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a una remuneración equitativa, a la protección contra el desempleo y derecho a fundar sindicatos y sindicarse.

24. Toda persona tiene derecho al descanso y al ocio.

25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno, lo que incluye alimentación, vivienda, asistencia médica y servicios sociales.

26. Toda persona tiene derecho a la educación.

27. Toda persona tiene derecho a participar en la cultura, el arte y la ciencia, y a disfrutar de ellos.

28. Toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se hagan plenamente efectivos los derechos contenidos en esta declaración.

29.Tenemos deberes respecto de a las demás personas, cuyos derechos y libertades debemos proteger.

30. Nadie puede arrebatarnos estos derechos y libertades.

Los derechos humanos son los atributos y garantías que toda persona debe gozar para vivir una vida de libertad y dignidad. Se trata de las condiciones fundamentales que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente su inteligencia y conciencia para alcanzar la satisfacción de los requerimientos fundamentales que le imponen su vida espiritual y natural para su realización personal en el contexto de su comunidad.

Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e independientes. Todos los DDHH tienen la misma importancia para la dignidad humana y todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis.

Los Estados que forman parte de los tratados de derechos humanos deben cumplir cuatro obligaciones: respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos que han sido incluidos y aceptados en esos tratados.

Luigi Ferrajoli señala que los derechos fundamentales son los derechos que pertenecen universalmente a todos en cuanto personas con capacidad de obrar y que son tanto indisponibles como inalienables. Es decir, no pueden ser negados por autoridad o gobierno alguno ya que forman parte de la esencia misma de las personas. Sostiene que si se quiere garantizar un derecho como fundamental se debe sustraer tanto a la disponibilidad política como a la del mercado; es decir, no están sujetos a la voluntad de los gobernantes, ni dependen de que exista suficiente oferta en el mercado de los productos y servicios que son necesarios para cubrir esos requerimientos.

Los derechos humanos se hacen efectivos cuando los individuos gozan de las libertades protegidas por el derecho y el ejercicio del derecho está garantizado y cuando hay mecanismos sociales suficientes para resguardar a la persona de la amenaza contra el ejercicio de las libertades amparadas por esos derechos.

La evolución de los derechos humanos

 Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada Guerra Fría, el mundo se dividió en dos bloques: el de las economías capitalistas de mercado y el de las economías socialistas.

En los derechos incluidos en la Declaración Universal se encuentran tanto derechos civiles y políticos que hacen a las libertades y a los derechos individuales, como también derechos económicos, sociales y culturales que son considerados como derechos sociales, que hacen a la colectividad.

Las economías capitalistas o de mercado consideraban como un derecho fundamental el derecho a la propiedad privada de tierras, de bienes de producción, de los recursos naturales, la libertad de los mercados de capitales, de trabajo y de bienes y servicios, una muy reducida participación del Estado en la economía y la responsabilidad de las personas por su propio bienestar y por el disfrute de sus libertades. Por lo tanto, privilegiaban a los derechos y libertades individuales, los de carácter político y civil.

Las economías socialistas en cambio consideraban al Estado como el propietario de los bienes y tierras para producir, fijaba los precios del trabajo y de los bienes, proveían los servicios de educación, salud, vivienda, acceso al trabajo, pero limitaban las libertades de movimiento, de expresar opiniones, de elección del trabajo de las personas.

Con el propósito de hacer ver que los Estados, ya fueran del bloque capitalista o del bloque socialista, debían cumplir sus obligaciones tanto en materia de derechos políticos y civiles, como los derechos económicos, sociales y culturales, en Naciones Unidas el contenido de la Declaración Universal se dividió en dos Pactos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, sociales y culturales mismos que tienen el carácter de legislación internacional que debe ser cumplida obligatoriamente al ser ratificada y firmada por un cierto número de Estados.

La evolución del Sistema Internacional de Derechos Humanos

Actualmente hay diez principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Cada uno de estos tiene un Comité de Expertos encargados de supervisar la aplicación del tratado por los Estados que han aceptado formar parte de estos. Los Estados tienen obligación de presentar informes periódicos sobre la forma como han cumplido sus obligaciones en cada una de las materias de derechos humanos correspondiente a cada instrumento.

En paralelo las organizaciones de la sociedad civil nacionales, expertas en cada campo de los derechos humanos, aportan al Sistema de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, “informes sombra” donde exponen su opinión y sus evidencias sobre el grado de cumplimiento de los Estados de sus obligaciones. Los Comités de los tratados llevan a cabo reuniones con representantes de los Estados y de las organizaciones de la sociedad civil y a partir de la escucha y la respuesta a sus interrogantes, emiten observaciones y recomendaciones a los Estados para que cumplan con los tratados.

Los 10 principales tratados internacionales de Derechos Humanos:

1. Declaración Universal de Derechos Humanos
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con sus dos Protocolos Facultativos
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con un Protocolo Facultativo.
4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
5. Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo.
6. Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y su Protocolo Facultativo
7. Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos. Uno relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados y otro relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.
8. Convención Internacional sobre la protección de Derechos de todos los trabajadores Migrantes y de sus Familiares.
9. Convención internacional para la Protección de todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas
10. Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Los protocolos facultativos abordan cuestiones específicas de los tratados.

Existe también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que parte de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuenta con convenciones en los mismos campos que el sistema internacional. Agrega la protección de otros temas y grupos de población con convenciones específicas.

Son los casos de las convenciones americanas sobre la Abolición de la Pena de Muerte, contra toda forma de discriminación e intolerancia, sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ha establecido también Principios sobre libertad de expresión, sobre la protección de las personas privadas de libertad, sobre políticas públicas de memoria.

Los dos sistemas cuentas con relatores especializados que realizan visitas a los países, evalúan las situaciones y emiten informes a las oficinas de los sistemas de DDHH.

Los derechos humanos son susceptibles de ir aumentando, de acuerdo con las necesidades de protección y el desarrollo científico y tecnológico de una época o un lugar determinado.

Preservan dos características la defensa de la persona humana y las limitaciones del Estado y de otras entidades públicas o privadas sobre las personas.

Hay en el mundo un gran número de instituciones, organizaciones y especialistas que por 75 años han venido reflexionando y avanzando en la protección de los derechos humanos, en la forma de hacerlos exigibles y justiciables y de hacer posible en la práctica el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados parte.

La evolución normativa de los derechos humanos ha dado lugar a tres llamadas generaciones de estos:

De acuerdo con el PNUD la primera generación son los derechos civiles que consagran al individuo frente a la ley y garantizan su habilidad para participar libremente en la vida política, económica y civil de las sociedades.

La segunda generación, la de los derechos económicos, sociales y culturales promueven el florecimiento individual, el desarrollo económico y social, la autoestima y la identidad.

Los derechos de tercer generación son los derechos de solidaridad cuyos instrumentos internacionales son de más reciente factura y se refieren a temas que afectan en común a la humanidad, convocan a que los países tomen medidas en conjunto para atender el derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano, al patrimonio común, el derecho de los pueblos y los derechos de la tierra y la naturaleza

La situación en México

A grandes rasgos lo ocurrido en nuestro país en materia de derechos humanos muestran que hasta finales del siglo pasado los gobiernos provenientes del PRI aprobaban y firmaban todos los pactos y tratados internacionales y regionales de derechos humanos, sin embargo, no tenían interés real en hacerlos efectivos. No era un tema incluido en la agenda pública.

No se permitía la visita de los relatores de los sistemas de DDHH, no había mayor relación con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Constitución Mexicana hablaba de garantías individuales.

Sólo a finales del Gobierno de Ernesto Cedillo se estableció una relación con Mary Robinson que ocupaba la Oficina del Alto Comisionado y se realizaron algunos cursos de capacitación en la materia.

Desde los años setenta del siglo pasado surgieron organizaciones civiles, muchas de matriz religiosa, que empezaron a defender los derechos humanos de personas afectadas por acciones del Estado y a denunciar las violaciones a esos derechos. Fue la época de la llamada Guerra Sucia que es actualmente investigada por una Comisión especial establecida por la actual administración para esclarecer las violaciones cometidas por agentes estatales.

Como parte de la estrategia del presidente Carlos Salinas para proyectar una buena imagen en Estados Unidos, con miras a la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, decidió crear en 1992 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el carácter de agencia descentralizada. Por su parte, los gobiernos estatales establecieron comisiones de derechos humanos a nivel estatal. En 1999, una reforma constitucional, le concedió a la Comisión Nacional su actual autonomía presupuestaria y de gestión, desvinculándola del poder ejecutivo. Es uno de los órganos autónomos que el presidente López Obrador no piensa quitarle su autonomía.

La incorporación de los derechos humanos en la narrativa pública y en la agenda del estado ocurre realmente en el Gobierno de Vicente Fox cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores promueve la creación en nuestro país, de una oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la elaboración en 2003 de un diagnóstico sobre los obstáculos en México para la realización de los derechos humanos y permite la entrada de relatores de los dos sistemas para hacer escrutinios sobre los que venía ocurriendo en relación con el cumplimiento de las obligaciones del estado mexicano en la materia.

Fue un periodo de gran comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajábamos derechos humanos y el gobierno nacional. Se desarrollaron metodologías, indicadores y mucha formación de cuadros expertos en derechos humanos.

En cumplimiento a lo previsto en la Convención de Viena de 1993, se elaboraron dos programas de derechos humanos con la participación y opinión de las organizaciones y se avanzó en la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en los presupuestos públicos.

Incluso se elaboraron algunos programas estatales de derechos humanos.

Fue en 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, que se llevó a cabo la importante reforma constitucional que incorporó el concepto de derechos humanos en el Artículo primero Constitucional, el reconocimiento de los instrumentos internacionales como parte de la legislación nacional y el principio pro homine.

Sin embargo, el inició de la guerra contra el crimen organizado de Calderón disminuyó drásticamente el protagonismo de las agencias estatales de derechos humanos. En el gobierno de Peña Nieto se creó una Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación que poco pudo hacer para rescatar la importancia del cumplimiento de las obligaciones del estado en materia de derechos humanos.

Las organizaciones civiles por su parte han tenido que involucrare en la investigación y defensa de violaciones graves a derechos humanos consecuencia del grave incremento de las violencias en el país, así como a la protección de sus propios integrantes ante el aumento de desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos.

Lamentablemente, en la actual administración el tema de derechos humanos ha quedado fuera de la agenda del gobierno. La militarización de múltiples actividades de gobierno que deberían estar a cargo de autoridades y servidores civiles han aumentado los casos de violaciones de derechos humanos por agentes estatales. Los sujetos de transferencias monetarias de diversa naturaleza han quedado como beneficiarios, más que como sujetos de derecho.

A nivel mundial la polarización social y política, diez países en guerra y el surgimiento de expresiones extremistas están destruyendo el entramado construido después de la Segunda Guerra Mundial como un intento de pacto civilizatorio para avanzar en el respeto a la vida, a la dignidad, al buen vivir y a la libertad de todos los seres humanos.

La construcción de paz

En un contexto de crecientes violencias que atentan contra la vida, la libertad, la integridad y la dignidad de las personas, diversas instituciones, organizaciones y personas se han interesado en la posibilidad de construir entornos de paz, donde se recuperen los vínculos, las relaciones, los acuerdos y la confianza entre vecinos y hacia las instituciones.

Hemos detectado cinco plataformas donde participan personas y organizaciones nacionales e internacionales interesadas en construir agendas de paz. Sus aproximaciones son diversas, así como sus integrantes.

Por ejemplo, una de las plataformas está constituida por treinta organizaciones de derechos humanos que participaron en conversatorios que se llevaron a cabo en todo el país a lo largo de 2018 y como resultado formularon una Agenda de Justicia Transicional, actualmente están trabajando los temas de democracia, seguridad y justicia. Ellos postulan que el Estado debe ser garante de los derechos.

Otra plataforma congrega organizaciones y personas que trabajan el tema de paz desde muy distintos ángulos, con muchas metodologías y en varias partes del país.  Utilizan métodos para la transformación de conflictos, técnicas de fortalecimiento del tejido social, el arte, la atención psicosocial, la no violencia, la defensa jurídica, la incidencia para la construcción de paz, los procesos pedagógicos, la protección de personas defensoras y periodistas, la autoprotección y sanación, la comunicación no-violenta y la generación de materiales educativos. Buscan generar un repositorio de las diversas metodologías de sus integrantes en cuanto a su trabajo por la paz para luego consolidar las formas en las que las diferentes capacidades conectan con procesos de base y comunitarios para atender necesidades concretas señaladas por las propias comunidades.

Cumbre por la Paz. Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia

Su origen fue un esfuerzo binacional para llevar a cabo foros en México y Estados Unidos para convocar a movimientos sociales, organizaciones y

considerando las dinámicas de violencia que se viven en ambos lados de la frontera. Realizaron una Cumbre por la Paz en la Ciudad de México a la que asistieron personas de ambos países. Se generó una agenda con 12 prioridades temáticas que tratan de recuperar los intereses de todas las personas que participaron. Esa agenda inicial, se aterrizó en 10 propuestas concretas, cuya viabilidad y capacidad de avance es distinto.

Entre sus demandas a los gobiernos de México y de Estados Unidos plantean detener el flujo legal e ilegal de armas de Estados Unidos a México; abrir los cuarteles a sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia; cooperar en la búsqueda de personas desaparecidas en la región y establecer mecanismos de justicia, verdad, memoria y reparación.

Incluyen el reconocer y terminar el racismo y su legado histórico en todo nivel y garantizar el respeto a las comunidades y pueblos indígenas.

Proponen cambiar el modelo actual de gestión migratoria para acabar con la detención y deportación de personas migrantes; establecer un camino para la desmilitarización completa de los territorios y las fronteras e impulsar acuerdos laborales en ambos países que protejan a las y los trabajadores, sindicatos y castiguen a las compañías que se aprovechan de la migración forzada.

El Diálogo Nacional por la Paz tuvo lugar en Puebla, en septiembre pasado., como resultado de 15 meses de trabajo a nivel local en los que se llevaron a cabo 1,004 conversatorios y 50 foros estatales albergados en universidades públicas y privadas con la colaboración de asociaciones y empresas. Se recogió la mirada de alrededor de 20 mil personas y 1600 organizaciones en la construcción de tejido social, seguridad, justicia y reclusorios lo que permitió elaborar una Agenda Nacional por la Paz y detectar doscientas buenas prácticas en esos ámbitos.

En una segunda etapa se busca priorizar las acciones impulsadas desde las comunidades, escuelas, parroquias y familias, así como los centros de trabajo.

Este recuento de iniciativas de paz en el país nos muestra que las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las organizaciones sociales y empresariales y las propias comunidades están buscando caminos para restaurar una convivencia pacífica que permita a las familias el cuidado y la crianza de los nuevos ciudadanos en términos no violentos, que abata los niveles de muerte de jóvenes y que permita a las víctimas acceder a la justicia, la memoria, a la verdad y a la reparación del daño.

Me parece que López Obrador se percató de que durante su gobierno le sería imposible reducir los niveles de inseguridad que ya prevalecían en el país. Decidió sacar la seguridad como una de sus prioridades y dejar su atención en manos del ejército. Por precaución, limito las intervenciones de este y de la Guardia Nacional con su frase “abrazos y no balazos” para no correr el riesgo de tener que enfrentar políticamente masacres responsabilidad de las fuerzas armadas.

Es decir, evitó el costo político que le representaría no tener avances en materia de seguridad y dejó que el ejército cargara con la responsabilidad. Igual hizo con la pandemia, utilizando como escudo a López Gatel. Este fue el que quedó como culpable de la desastrosa respuesta del gobierno y de los efectos acrecentados de la pandemia en México.

El superempoderamiento del ejército, la cancelación de los trabajos y el maltrato a los espcecialistas de la Comisión relacionada con la Guerra Sucia, y la reducción del número de militares que resultaron involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes, que entiendo eran más de 80 y se redujo a sólo 21, forma parte de las negociaciones de AMLO con el ejército para que aceptaran cargar con la inexistente estrategia de seguridad en el país.

Por el tipo de funcionarios que ha elegido para encargarse de la seguridad nacional y de la procuración de justicia, por el trato que ha dado a las víctimas entre ellas los padres de los estudiantes, así como a los expertos del GIEI, al fiscal del caso Ayotzinapa, a la Comisión para investigar la Guerra Sucia, me parece que no tiene el más mínimos interés y compromiso por la verdad, la justicia y la reparación del daño para los cientos de miles de víctimas que hay en el país, ni para evitar que el territorio quede crecientemente en manos de las bandas delincuenciales.

Tampoco le interesan los efectos que ese empoderamiento del ejército y del crimen organizado tendrá para el futuro de la sociedad nacional. Su mirada es de corto plazo desde el punto de vista político. No mira al futuro, excepto en su deseo de mantener el poder y cambiar la mentalidad de la población que considera ha estado subordinada a las élites. Si el ejército le sirve a eso, lo usa como instrumento. Su  reiterada referencia a los gobiernos pasados como culpables de lo que ocurre a cinco años de su presidencia, es una fórmula más que le ha servido para engañar a la población que difícilmente tiene tiempo para acceder a la información y para analizarla.

Su interés real es que la militarización, la inseguridad creciente y el evidente fracaso para enfrentarla, no lo afecte políticamente.

Sus reacciones y acciones muestran una carencia total de humanidad y de empatía con las víctimas. Nada lo toca, excepto aquello que logra vulnerar su profundo deseo de poder.

Clara Jusidman      13 de diciembre de 2023.

Edición 2023 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

28 de noviembre 2023

Universidad de Guadalajara.

Agradezco al Maestro Tonatiuh Bravo Padilla la invitación a este merecido homenaje a la vida de Porfirio Muñoz Ledo un muy destacado intelectual, diplomático, servidor público, legislador y maestro.

Aunque me pidieron hablar de su participación en el proceso constituyente de la Ciudad de México, quisiera usar unos minutos para contar el porqué de mi enorme reconocimiento, respeto y aprecio por Porfirio Muñoz Ledo como constructor de instituciones del Estado y promotor de la democracia.

Lo conocí en el año de 1974 cuando ocupaba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Luis Echeverría, un personaje de luces y sombras de nuestra historia. Posiblemente algunas de las pocas luces de esa presidencia como la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, se debieron a la gran inteligencia y visión de Porfirio Muñoz Ledo.

Durante la presidencia de Echeverría los avances en materia económica no fueron suficientes para enfrentar la crisis económica internacional, provocada por la escasez de petróleo.  Disminuyó la inversión privada, el gasto público y la deuda externa aumentaron de forma considerable. El tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de 12.50 pesos por dólar, al final de ese sexenio llegó a  20 pesos por dólar. 

Para solucionar de algún modo la crisis y apoyar al sector obrero que empezaba a resentir una creciente inflación, en 1973 se creó la Comisión Nacional Tripartita, un gran espacio de diálogo social, formado por empresarios, líderes sindicales y funcionarios públicos.

De la Comisión Nacional Tripartita y seguramente producto de la enorme capacidad de Porfirio para construir instituciones del estado, nacieron varias destinadas a proteger el salario en su ejercicio, la más destacada fue el INFONAVIT, pero también el FONACOT y el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario CONAMPROS. Este último antecedente de otras dos instituciones impulsadas por Porfirio y creadas en 1975: el Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor.

En ese entonces yo trabajaba en la Dirección General de Estadística montando lo que ahora se conoce como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la primera encuesta continua por muestreo para captar las características de la población en los periodos intercensales.  Porfirio Muñoz Ledo me llamó y me propuso que dejara la Dirección General de Estadística donde “nunca sería reconocida por nada que hiciera ahí” y para que me convirtiera en la secretaria técnica del Consejo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Acepté el ofrecimiento y empecé a trabajar en la Comisión. En 1975, como secretaria técnica me tocó firmar una supuesta resolución del Consejo General de la Comisión donde se aprobaba un significativo aumento al salario mínimo del 23% para 1976. Ello como respuesta a una devaluación equivalente del peso mexicano y para proteger el poder adquisitivo del salario mínimo. En realidad, la decisión de ese aumento fue del propio Luis Echeverría, seguramente promovida por Porfirio Muñoz Ledo.

A partir de ese momento las resoluciones de la Comisión Nacional, influidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, empezaron a dejar caer el salario mínimo legal por los siguientes 20 años hasta alcanzar una cuarta parte del valor que tuvo en 1976. Fue en el gobierno de Ernesto Zedillo que se detuvo esa caída. Sin embargo, por otros 20 años más nuevamente por presión de Hacienda y Banco de México, en las fijaciones anuales sólo se les reponían la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de los precios del año previo. Todo intento por reponerle al salario su poder adquisitivo como fue en 2002 el de Carlos Abascal Carranza, secretario del Trabajo de Vicente Fox era frustrado por esas dos conservadoras instituciones.

Estoy convencida que el fracaso de nuestra democracia, el aumento de la pobreza laboral y de la violencia en el país subyacen en esa sostenida pérdida de ingresos de los trabajadores.

Hasta 2018 el gobierno de López Obrador reconoció que era urgente empezar a reponer el poder adquisitivo perdido por la clase trabajadora a lo largo de 40 años.

Ahora bien, al término de la presidencia de Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo fue designado Secretario de Educación Pública cargo en el que lamentablemente para el país, permaneció por muy poco tiempo debido a intrigas políticas.

Yo permanecí en el sector laboral, en calidad de Directora General del Empleo, invitada por Pedro Ojeda Paullada. Desde esa posición fui testigo de la gran transformación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que había realizado Porfirio Muñoz Ledo y la gran calidad del equipo de personas que lo acompañaron. Como hombre de gran inteligencia supo rodearse de personas inteligentes y expertas.

Porfirio, que estaba al tanto del Programa Mundial del Empleo, lanzado en la década de los años setenta por la OIT, creó una subsecretaría especializada en empleo y productividad, trato de sacar la formación profesional de los trabajadores de la SEP y pasarla a institutos especializados dentro del sector laboral como ocurría en Brasil, Colombia y Costa Rica; creo el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, el INET, para la investigación y la formación de personal especializado para el sector laboral. También incorporó a académicos y funcionarios latinoamericanos muy destacados que huyeron de las dictaduras militares, como expertos de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La Secretaría dejó de ser una institución menor en el gabinete presidencial, encargada solo de la conciliación laboral, los contratos colectivos y las inspecciones del trabajo. Ojeda Paullada tuvo el acierto de mantener las innovaciones introducidas por Porfirio Muñoz Ledo. La mediocridad, los interese y la corrupción de Arsenio Farell, secretario del Trabajo de Miguel de la Madrid, destruyeron la institucionalidad avanzada por Porfirio, para hacer retornar a la Secretaría del Trabajo y PS a las sombras.

La presencia de Muñoz Ledo como secretario del Trabajo de 1971 a 1975 ha sido la época más luminosa del sector público laboral en la historia de México.

Yo permanecí hasta 1991 colaborando en el servicio público. Después de 20 años y una vez incorporada en el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia, Porfirio que estaba participando activamente en las reformas a la legislación e instituciones electorales por el PRD, me llamó en 1994 para pedirme que me integrara al Consejo Técnico para la Evaluación de la Auditoría del Padrón Electoral. Una actividad que permitiría asegurar la calidad del Padrón que por muchos años había sido el instrumento electoral más controvertido y criticado.

Inicié así una relación amistosa con Porfirio que me convocaba a otros emprendimientos que asumía, o para participar en sus programas en televisión mexiquense.

El proceso de la Constituyente de la Ciudad de México

En 2016 el Congreso aceptó los cambios al artículo 122 constitucional para dotar a la Ciudad de México de una constitución política y reconocer los derechos que habían sido conculcados a los ciudadanos del Distrito Federal durante siglos, y que se profundizaron a partir de 1928 cuando Álvaro Obregón canceló la autonomía de los municipios de la Ciudad de México para elegir a sus gobernantes y sustituirlos por zonas delegacionales.

Finalmente, se había vencido la reiterada oposición del Senado de la Republica para que la ciudad, centro de la lucha democrática y de tantos acontecimientos precursores de la misma, se convirtiera en una entidad federativa, en la cual su ciudadanía elegiría con su voto, a sus autoridades. Se superaría, de acuerdo con Muñoz Ledo, “la subordinación política, la marginación económica y la discriminación que desde sus orígenes habían vivido los pobladores de la ciudad de México”. La Constitución sería el primer pacto social de las y los capitalinos.

Miguel Ángel Mancera había nombrado desde el inicio de su gobierno a Porfirio Muñoz Ledo como Comisionado para la Reforma Política del Distrito Federal y secretario ejecutivo de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución para la Ciudad de México.

Me invitaron a formar parte de un grupo de personas que se encargarían de formular un proyecto de constitución para la Ciudad de México que serviría cómo base de discusión de la Asamblea Constituyente qué se crearía en septiembre de ese mismo año.

El grupo se instaló el 5 de febrero de 2016 y estaba conformado por 28 personas entre las cuales se encontraban miembros de la academia, artistas, representantes de la cultura, de organizaciones civiles, de los pueblos originarios, prominentes juristas e historiadores.

Anteriormente, Porfirio desde su oficina había llevado a cabo múltiples reuniones, consultado y escuchado a diversos sectores de la población y personas expertas en la materia, incluso, recibido varias propuestas completas del texto constitucional.

Como era frecuente Muñoz Ledo se había rodeado de un equipo de profesionistas jóvenes de una calidad excepcional y con un gran compromiso. Mencionaría a tres con los cuales interactuamos intensamente durante los 11 meses que tomó el desarrollo del proyecto y los trabajos de la Asamblea Constituyente. Los habitantes de la Ciudad de México, tenemos una gran deuda: Gustavo Vela, Brenda Gómez Carrillo y Andrea Pérez.

La experiencia del desarrollo del proyecto fue sumamente enriquecedora, prevalecía un entusiasmo y un gran interés tanto de algunos de los integrantes del Grupo Redactor, como de varios asesores externos de las universidades, expertos en desarrollo urbano, en derechos humanos, en derechos de los pueblos, en sistemas electorales y en temas de gobernanza.

Se tuvieron que remontar varios obstáculos en el desarrollo del proyecto como fue una competencia por el liderazgo del proceso, intentos de simulación del trabajo del grupo o de imponer  proyectos previamente redactados. Expertos constitucionalistas tomaron posiciones muy críticas por la extensión que estaba adquiriendo el proyecto. Se referían a la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica como el modelo a seguir por su brevedad.

Porfirio resistía con firmeza y convicción. Sabía que la tarea era históricamente trascendente. Decía que sería la primera constitución formulada en el siglo XXI, como secuencia de la serie de constituciones sociales que se aprobaron a finales del siglo XX en América Latina.

El Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México entregado por el Dr. Mancera el 15 de septiembre de 2016 a la Asamblea Constituyente refleja gran parte el pensamiento de Porfirio Muñoz Ledo en los últimos años de su vida.

Ratifica su compromiso y trata de avanzar respecto de la Constitución Política en los derechos laborales y sindicales por ejemplo, propone una jornada laboral de 40 horas; en el derecho a la educación, diseña una sistema de educación con jornadas ampliadas para la ciudad; así para los derechos de los pueblos originarios, la democracia y la participación ciudadana que cruzan todo el proyecto, la revocación de mandato, la reducción de la edad para votar a 16 años, la renta básica universal y la defensa del principio de subsidiariedad. Muñoz Ledo quiso dotar a la ciudad de México de un marco constitucional que le permitiera actualizar y avanzar en el reconocimiento de derechos ciudadanos surgidos a partir de la vida urbana y una organización más avanzada de la institucionalidad de su gobierno como fue la propuesta del sistema de planeación y ordenamiento urbano, con miras de largo plazo.

Propuso usar como como marco de la Constitución, la estructura de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, una iniciativa surgida y negociada desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal por diversas organizaciones del movimiento urbano popular[1].

La Asamblea Constituyente quedó integrada por 87 diputados y diputadas designados por los partidos políticos y por sus fracciones de legisladores, un diputado ciudadano, seis nombrados por el presidente de la República, que de inmediato se sumaron a la fracción del PRI y seis designados por el Jefe de Gobierno.

No fue una Asamblea realmente representativa de los habitantes de la ciudad. La mayoría de los diputados, eran originarios de muy diversas entidades federativas del país, pocos habían nacidos en la ciudad o tenían experiencia de gobierno en ella. No comprendieron el alcance y sentido del Proyecto y procedieron a deslavarlo, a incorporar sus intereses personales o de sus partidos y a frenar cualquier disposición que fuera más allá de lo prescrito en la Constitución Política del país.

La bancada del PRI, poderosa aún debido a que el gobierno federal estaba en manos de ese partido, tomo posesión física de inmediato de las bancas centrales en el Palacio de Xicoténcatl; mostró una disciplina total; el sentido de sus votos les era comunicado por vía de sus teléfonos celulares desde un comando central controlado por la Secretaría de Gobernación; incorporó a expertas que fueron instruidas previamente. Fueron particularmente duras dos diputadas respecto de los artículos relacionados con el derecho a la educación y los derechos de los trabajadores, tan cercanos a Muñoz Ledo.

La bancada del PRD apoyada por el gobierno de la ciudad, asumió la defensa del Proyecto presentado por el Dr. Mancera. Incorporó a varios expertos como diputados. Dolores Padierna, tomó el liderazgo de la fracción y de las discusiones. Se hizo el propósito de sacar la constitución a toda costa y costo, negociando con los diversos partidos. Hizo a un lado a Porfirio evitando que presidiera la Asamblea Constituyente y relegándolo a una comisión para conciliaría lo que se fuera aprobando. Porfirio con su equipo y el pequeño grupo de diputados designados por Mancera, buscamos estrategias para evitar lo más posible los cambios  al Proyecto.

La bancada del PAN funcionaba dividida en tres fracciones: los ultraconservadores, los defensores de los intereses privados en la ciudad y los conciliadores.

Obviamente la bancada menos organizada y más grande, era la de Morena, que apenas estaba en proceso de constitución. A  Bernardo Batiz, coordinador de ésta, le costaba mucho trabajo controlar el protagonismo de algunos personajes que constantemente se oponían a todo y tomaban la tribuna con largas intervenciones.

En fin, habría mucho que contar de las vicisitudes por las que pasó Porfirio Muñoz Ledo en esta experiencia.

Sin embargo, su inteligencia, su extraordinaria memoria, su experiencia, sus amplios conocimientos, su entrega comprometida a la tarea a pesar de sus condiciones de salud y el gran esfuerzo que hizo para dialogar, escuchar e incluir a la diversidad de actores políticos, sociales, económicos y culturales de la ciudad de México, fueron un factor fundamental para que los derechos de los habitantes de ésta se equiparen con los del  resto país.

Fue un honor trabajar a su lado y compartir una partecita de su larga y valiosa lucha.

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[1] Ciudad democrática, Ciudad incluyente, Ciudad sostenible, Ciudad productiva, Ciudad educadora,  Ciudad habitable, Ciudad segura ante los desastres y accidentes, Ciudad segura libre de violencia, Ciudad saludable, Ciudad convivencial y culturalmente diversa